(1)

A fin de determinar si los Estados miembros deben permitir a las entidades situadas en su territorio acogerse a unas obligaciones simplificadas, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE obliga a los Estados miembros a garantizar que las autoridades competentes y las autoridades de resolución evalúen el impacto que la inviabilidad de una entidad podría tener debido a una serie de factores que se especifican en dicho artículo.

(2)

Dicha evaluación debe ser distinta de cualquier otra evaluación llevada a cabo por las autoridades de resolución, incluida, en particular, cualquier evaluación de la viabilidad de la resolución de una entidad o de un grupo o del cumplimiento de las condiciones de resolución contempladas en la Directiva 2014/59/UE y en el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y no debería predeterminar estas evaluaciones.

(3)

La especificación de los criterios contemplados en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE debe ser práctica, eficiente y eficaz. Por consiguiente, el impacto que puede tener la inviabilidad de una entidad de crédito debe evaluarse, en primer lugar, sobre la base de criterios cuantitativos y, posteriormente, sobre la base de criterios cualitativos. En general, la evaluación sobre la base de criterios cualitativos solo deberá llevarse a cabo cuando la evaluación sobre la base de criterios cuantitativos no lleve a la conclusión de que, a la luz del impacto que la inviabilidad de la entidad podría tener, es necesario imponer unas obligaciones plenas, y no meramente unas obligaciones simplificadas.

(4)

Con objeto de garantizar una aplicación efectiva y eficaz del presente Reglamento, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben evaluar los criterios cuantitativos respecto de un umbral común de la Unión en forma de una puntuación cuantitativa total. Las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben calcular la puntuación cuantitativa total con arreglo a una serie de indicadores, utilizando los valores sacados del marco aplicable en materia de comunicación de información con fines de supervisión establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 (3).

(5)

A fin de garantizar un equilibrio adecuado en lo que se refiere a la ratio esperada de las entidades que no puedan acogerse a las obligaciones simplificadas en los Estados miembros y la distribución de estas entidades entre los distintos Estados miembros, el umbral de la Unión para la puntuación cuantitativa total de las entidades de crédito debe establecerse, en principio, en 25 puntos básicos. No obstante, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben poder elevar o rebajar este umbral de 25 puntos básicos y situarlo dentro de un intervalo de 0 a 105 puntos básicos, en función de las características específicas del sector bancario del Estado miembro considerado. Un sector bancario muy concentrado puede justificar un umbral más elevado, mientras que un gran número de pequeñas entidades combinado con un pequeño número de grandes entidades puede justificar un umbral más bajo. El umbral debe encontrar el equilibrio adecuado entre el valor acumulado de los activos totales de las entidades de crédito que podrían acogerse a obligaciones simplificadas en un determinado Estado miembro y el de las entidades de crédito que no podrían acogerse a dichas obligaciones simplificadas sobre la base de la evaluación cuantitativa.

(6)

Las autoridades competentes y las autoridades de resolución deberán utilizar aproximaciones adecuadas sobre la base de los principios contables nacionales generalmente aceptados (PCGA) cuando las entidades no les faciliten el valor de cada indicador en el marco de su comunicación de información con fines de supervisión. Las autoridades competentes o las autoridades de resolución deben poder asignar un valor nulo a un indicador cuando la determinación de aproximaciones sea excesivamente compleja. No obstante, dicha posibilidad debe limitarse a las entidades que no informan basándose en el modelo 20 de conformidad con el artículo 5, letra a), punto 4), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014, debido a que no rebasan el umbral a que se hace referencia en dicho artículo.

(7)

Para garantizar que el enfoque adoptado en el presente Reglamento respete plenamente el principio de proporcionalidad y a fin de eliminar cualquier carga desproporcionada, debe existir la posibilidad de que las pequeñas entidades sean evaluadas cuantitativamente atendiendo únicamente a su tamaño. Por consiguiente, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben poder concluir, sin aplicar la puntuación cuantitativa total, que la inviabilidad de una entidad de crédito probablemente no tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación, siempre que su evaluación cualitativa respalde esta conclusión. Para las pequeñas entidades de crédito, la evaluación de los criterios cualitativos también debe llevarse a cabo de manera proporcionada.

(8)

A fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de la evaluación de la repercusión de la inviabilidad de entidades en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación, la especificación de los criterios cuantitativos y los criterios cualitativos debe basarse en los términos y categorías ya establecidos en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(9)

En particular, con arreglo al artículo 131, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, las entidades de importancia sistémica mundial (EISM) son identificadas como tales sobre la base, entre otras cosas, de su tamaño, su interconexión con el sistema financiero, su complejidad y sus actividades transfronterizas. Dado que estos criterios se solapan en gran medida con los criterios del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben poder decidir que la inviabilidad de una EISM probablemente tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación sin tener que llevar a cabo una evaluación cuantitativa.

(10)

Además, de conformidad con el artículo 131, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE, las otras entidades de importancia sistémica (OEIS) se identifican como tales sobre la base, entre otras cosas, de su tamaño, su importancia para la economía de la Unión o del Estado miembro pertinente, la importancia de sus actividades transfronterizas y su interconexión con el sistema financiero. Dado que dichos criterios son muy similares a los criterios del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben poder decidir que la inviabilidad de una OEIS probablemente tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación sin tener que llevar a cabo una evaluación cuantitativa.

(11)

Por otra parte, el artículo 107, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE dispone que la Autoridad Bancaria Europea (ABE), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), debe elaborar Directrices sobre procedimientos y metodologías comunes para el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). Las autoridades competentes y las entidades financieras, a quienes están dirigidas estas Directrices, están obligadas a hacer todo lo posible por atenerse a ellas. Por lo tanto, la clasificación efectuada por las autoridades competentes de conformidad con las Directrices de la ABE sobre el PRES debe tenerse en cuenta en el contexto de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE. Las autoridades competentes clasifican las entidades en cuatro categorías. La primera categoría (categoría 1 del PRES) se compone de las EISM y las OEIS y, en su caso, de otras entidades clasificadas como tales por la autoridad competente sobre la base de su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Por consiguiente, si la autoridad competente ha determinado que una entidad está comprendida dentro de la categoría 1 del PRES, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben poder decidir que la inviabilidad de la entidad probablemente tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación sin tener que llevar a cabo una evaluación cuantitativa.

(12)

Para garantizar una evaluación coherente de las entidades, es necesario especificar una lista mínima de consideraciones sobre la base de los cuales las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben realizar sus evaluaciones cualitativas, sin impedir a dichas autoridades tener en cuenta otras consideraciones pertinentes. La lista mínima de consideraciones cualitativas debe referirse a circunstancias que indiquen que la inviabilidad de una entidad podría tener un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación.

(13)

A la luz de la diversidad de las empresas de servicios de inversión reguladas por la Directiva 2014/59/UE y de la necesidad de no predeterminar los trabajos en curso a nivel de la Unión sobre la revisión de los requisitos prudenciales que les son aplicables, el presente Reglamento solo debe especificar los indicadores que las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben tener en cuenta para evaluar el criterio del tamaño. Dichas autoridades deben establecer las ponderaciones asignadas a estos indicadores y determinar los umbrales aplicables.

(14)

Una entidad que forme parte de un grupo sujeto a supervisión consolidada de conformidad con los artículos 111 y 112 de la Directiva 2013/36/UE (grupo transfronterizo) está muy interconectada y sus actividades son mucho más complejas que las de una institución autónoma. Así pues, el impacto de la inviabilidad de una entidad perteneciente a un grupo transfronterizo será probablemente más significativo. Por consiguiente, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben concluir que la inviabilidad de una entidad perteneciente a un grupo transfronterizo probablemente tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o las condiciones de financiación cuando alguna de las evaluaciones a nivel de los distintos Estados miembros en los que esté presente el grupo lleve a una conclusión en este sentido. Para ello, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben coordinar sus evaluaciones e intercambiar toda la información necesaria, en el seno de la estructura de la Unión Bancaria y en el marco de los colegios de autoridades de supervisión y de resolución.

(15)

Las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben poder decidir que la inviabilidad de determinadas entidades probablemente no tendría un impacto negativo significativo, tal como se contempla en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE, incluso cuando su puntuación cuantitativa total alcance el umbral fijado previamente. La diferencia de trato de estas entidades debe estar justificada por sus características excepcionales. El primer grupo de estas entidades está formado por los bancos de fomento cuyo propósito consiste en promover los objetivos de una administración central, regional o local de un Estado miembro a través de la concesión de préstamos promocionales en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro. Los préstamos que estas entidades conceden están garantizados de forma directa o indirecta por la administración central, regional o local en cuestión. Así pues, los bancos de fomento pueden considerarse como entidades cuya inviabilidad probablemente no tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación, siempre que esta conclusión esté en consonancia con la evaluación cualitativa realizada para dichos bancos. El segundo grupo está compuesto por las entidades de crédito que han sido sometidas a un proceso de liquidación ordenada. Puesto que un proceso de liquidación ordenada generalmente impide que se emprendan nuevas actividades, las entidades de crédito que hayan sido sometidas a un proceso de este tipo pueden considerarse también como entidades cuya inviabilidad no tendría un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras entidades o en las condiciones de financiación, siempre que ello esté en consonancia con la evaluación cualitativa realizada para dichas entidades de crédito.

(16)

A la vista de las diferentes finalidades de los planes de reestructuración y resolución, las autoridades competentes y las autoridades de resolución del mismo Estado miembro deben poder alcanzar conclusiones diferentes en relación con sus evaluaciones llevadas a cabo de conformidad con el presente Reglamento. En particular, es posible que tomen decisiones diferentes al establecer los umbrales para la puntuación cuantitativa total o aplicar un trato especial a los bancos de fomento y a las entidades sometidas a un proceso de liquidación ordenada, o que alcancen conclusiones distintas sobre la posibilidad de conceder obligaciones simplificadas. En tales casos, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben evaluar periódicamente si la diferencia sigue estando justificada.

(17)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la ABE a la Comisión Europea.

(18)

La ABE ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre el proyecto de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.