15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 340/60

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El traslado a Grecia de solicitantes de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Dublín») está suspendido por los Estados miembros desde 2011, a raíz de sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (2), que detectaron deficiencias sistémicas en el sistema griego de asilo, lo que supone una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional trasladados de otros Estados miembros a Grecia en virtud del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo (3).

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El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha supervisado la situación en Grecia desde que el TEDH dictó en 2011 la sentencia M.S.S/Bélgica y Grecia sobre la base de los informes de situación que Grecia debe presentar como prueba de la ejecución de la sentencia, así como de datos procedentes de ONG y organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que operan en Grecia. A petición de Grecia, presentada en junio de 2016, el Comité ministerial aceptó posponer el procedimiento de evaluación aduciendo que Grecia se encuentra bajo una gran presión migratoria, que la situación es excepcional e inestable y que no es la misma que cuando se dictó la sentencia M.S.S hace cinco años.

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Como consecuencia de la sentencia M.S.S, Grecia se comprometió a reformar su sistema de asilo sobre la base de un Plan de acción nacional de reforma del sistema de asilo y de gestión de la migración presentado en agosto de 2010 y revisado en enero de 2013 (en lo sucesivo, «Plan de acción de Grecia»). El 1 de octubre de 2015, Grecia presentó un calendario de ejecución del programa de reubicación y de establecimiento de los puntos críticos al Consejo, que también define determinadas acciones prioritarias para garantizar la aplicación de las medidas acordadas pendientes en materia de asilo y acogida.

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Al mismo tiempo, la actual crisis migratoria y de los refugiados sigue ejerciendo presión sobre los sistemas de asilo y migración griegos al tratarse del principal país de primera entrada en la ruta del Mediterráneo oriental. Entre el mes de enero y el 4 de diciembre de 2016, han llegado a Grecia 171 909 migrantes de forma irregular (4). Si bien la Declaración UE-Turquía (5) ha dado lugar a un descenso significativo del número de llegadas diarias a Grecia desde Turquía (6), también ha atribuido nuevas responsabilidades a las autoridades griegas. Además, el número medio de llegadas diarias a Grecia ha aumentado desde principios de agosto de 2016 en relación con el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2016 (7). Por otro lado, la situación en Grecia también ha cambiado significativamente tras el cierre de hecho de la ruta de los Balcanes Occidentales, que impide seguir viaje a los nacionales de terceros países. Como consecuencia de ello, se encuentran en Grecia actualmente más de 62 000 nacionales de terceros países llegados de forma irregular (8). Al mismo tiempo, el régimen de reubicación de emergencia basado en dos Decisiones del Consejo (9) (en lo sucesivo, «Decisiones de reubicación»), está mostrando una tendencia positiva, en particular en Grecia, en donde las transferencias de reubicación han ascendido y se han estabilizado actualmente en 1 000 por mes. Sin embargo, son necesarios nuevos esfuerzos de todos los Estados miembros para aliviar la presión sobre Grecia. Con este fin, la Comisión invita a todos los Estados miembros a que realicen compromisos y procedan a reubicaciones mensuales para alcanzar al menos la cifra de 2 000 transferencias de reubicación al mes a partir de diciembre de 2016 y aumentar progresivamente las reubicaciones mensuales (10).

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Los días 10 de febrero y 15 de junio de 2016, la Comisión remitió sendas Recomendaciones a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento de Dublín (11). En dichas Recomendaciones se concluía que la situación en Grecia aún requería considerables mejoras antes de que la Comisión pudiera evaluar la posible reanudación de los traslados a Grecia en virtud de dicho Reglamento. El 28 de septiembre de 2016, la Comisión dirigió una tercera Recomendación a la República Helénica sobre las medidas urgentes específicas que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento de Dublín (12) (en lo sucesivo, «la tercera Recomendación»). La tercera Recomendación concluía que Grecia seguía enfrentándose a la difícil situación creada por la tramitación de un gran número de nuevas solicitudes de asilo, principalmente derivadas del ejercicio de «prerregistro» y de las continuas llegadas irregulares de migrantes. Existían, además, otras medidas importantes que debían adoptarse para subsanar las deficiencias sistémicas restantes del sistema de asilo griego, en particular su insuficiente capacidad. Sobre la base de los nuevos avances logrados, cualquier reanudación futura de los traslados a Grecia en virtud del Reglamento de Dublín debía, de acuerdo con la tercera Recomendación, tener en cuenta el impacto que esta delicada situación tiene sobre el funcionamiento general del sistema de asilo, y debería por lo tanto iniciarse paulatinamente, caso por caso.

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Por carta de 22 de noviembre de 2016, Grecia facilitó a la Comisión información complementaria actualizada sobre la situación de los solicitantes de asilo en Grecia y los progresos realizados para reformar su sistema de asilo. Grecia también expresó su preocupación ante la perspectiva de una posible reanudación de los traslados del sistema de Dublín dado el número de migrantes en Grecia y puso de relieve la carga enorme y desproporcionada en relación con el tamaño del país, lo que ha llevado a una situación en la que su capacidad de asilo y acogida ha alcanzado el límite. Grecia señaló también que el número de reubicaciones desde Grecia a otros Estados miembros sigue estando muy por debajo del nivel previsto en las Decisiones de reubicación. Sin embargo, Grecia subrayó que no busca una exclusión permanente del sistema de Dublín e hizo un llamamiento a una solidaridad y apoyo auténticos hasta que la situación se haya regularizado plenamente en el país.

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Según datos de Grecia de 22 de noviembre de 2016, desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha se han presentado 39 000 solicitudes de asilo al Servicio de Asilo griego. Los casos pendientes de examen en primera instancia ascendían el 30 de septiembre a más de 17 000. Según cálculos de las autoridades griegas, hasta un total de 50 000 solicitudes de asilo se habrán presentado hasta finales de 2016 (13). Debido a la regularización de la situación de Grecia y la mejora del acceso al procedimiento de asilo, entre otros factores, la carga de casos de solicitud de asilo a que hace frente el Servicio de Asilo griego es significativamente mayor que en años precedentes.

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En sus anteriores recomendaciones, la Comisión tomaba nota de las mejoras que Grecia ha introducido en su marco legislativo para garantizar la incorporación a su ordenamiento jurídico de las nuevas disposiciones legales de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) sobre los procedimientos de asilo refundida y de algunas de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) sobre las condiciones de acogida refundida. El 3 de abril de 2016, el Parlamento griego adoptó una nueva ley (Ley 4375/2016) (16). El 22 de junio de 2016, el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley 4375/2016 que, entre otras cosas, modificaba la composición de los comités de apelación y el derecho de los solicitantes de asilo a ser oídos por estos (17). El 31 de agosto de 2016, el Parlamento griego adoptó también una ley relativa a los niños refugiados en edad escolar que residen en Grecia (18).

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Por lo que se refiere a la capacidad de acogida, Grecia ha incrementado significativamente su capacidad total de acogida tanto de migrantes irregulares como de solicitantes de protección internacional. Según la información diaria facilitada por las autoridades griegas, a 6 de diciembre de 2016 se contaba con 71 539 plazas disponibles, principalmente en instalaciones temporales de acogida, incluido el alojamiento proporcionado por el ACNUR (véase el considerando 11), tanto para los migrantes irregulares como para los solicitantes de protección internacional en Grecia (19). No obstante, la masificación en las islas del mar Egeo plantea serios retos en términos de capacidad: la capacidad máxima de acogida sigue siendo de aproximadamente 8 200 plazas, mientras que el número total de migrantes registrados en las islas ascendía a 16 295 a 5 de diciembre de 2016 (20).

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Grecia ha ampliado también el alojamiento de los solicitantes vulnerables, en particular de los menores no acompañados. El 17 de noviembre de 2016 había 1 191 plazas en refugios para menores no acompañados, con independencia de que sean o no solicitantes de asilo. Para finales de 2016 se prevé la habilitación de 130 plazas adicionales para menores no acompañados. Sin embargo, la capacidad destinada a acoger a solicitantes vulnerables dista mucho de ser suficiente teniendo en cuenta que las instalaciones están actualmente completas y que hay una lista de espera de 1 199 menores no acompañados para los que es preciso habilitar instalaciones adecuadas (21). Los progresos son demasiado lentos en este ámbito, y es evidente que Grecia necesita redoblar sus esfuerzos para garantizar que se dispone de un número adecuado de centros de acogida para los menores no acompañados y responder a la demanda de este tipo de alojamiento.

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En enero de 2016, se firmó un acuerdo de delegación entre la Comisión y el ACNUR, por un total de 80 millones EUR, para crear 20 000 plazas de alojamiento abiertas (alquiler de apartamentos, vales para hoteles y programas de acogida familiar), principalmente en beneficio de los solicitantes de protección internacional que pueden optar a la reubicación. El acuerdo de delegación se revisó en julio de 2016, con el fin de incluir también en el plan de alojamiento la posibilidad de crear plazas en los lugares de reubicación gestionados por el ACNUR, y de precisar en el texto que el grupo destinatario del plan incluye no solo a los candidatos a la reubicación, sino también a otros solicitantes de asilo, y en particular a los candidatos a la reunificación familiar del sistema de Dublín, incluidos los menores no acompañados o separados de sus familias, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las familias monoparentales, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y otros. Desde septiembre, las plazas disponibles han aumentado de forma significativa (en torno a 8 100). La ACNUR se comprometió en diciembre de 2015 a crear 20 000 plazas para los solicitantes que pueden optar a la reubicación en el marco del régimen de arrendamiento y, a 6 de diciembre, había 20 145 plazas disponibles, incluidas 6 344 plazas en hoteles y edificios enteros, 11 711 plazas en apartamentos, 484 plazas en familias de acogida, 960 en instalaciones de reubicación y 646 plazas en instalaciones específicas para menores no acompañados (22). Dado que el actual acuerdo de delegación expira el 31 de diciembre de 2016, la Comisión inició las conversaciones con el ACNUR para prorrogar el régimen en 2017 sobre la base de una evaluación actualizada de las necesidades de acogida de Grecia.

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En términos de calidad, muchas de las instalaciones de acogida en Grecia todavía no satisfacen los requisitos estipulados en la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida para los solicitantes de protección internacional, en particular en las islas y en algunas de las instalaciones temporales en el continente. Las instalaciones de los «puntos críticos» en las islas no solo están masificadas, sino que presentan también condiciones materiales deficientes en términos de salubridad e higiene y acceso a servicios básicos tales como la asistencia sanitaria, en particular para los grupos vulnerables. La seguridad es insuficiente, y persisten las tensiones entre las diferentes nacionalidades. En el continente, si bien las condiciones que ofrece el régimen de arrendamiento del ACNUR son adecuadas, gran parte de la capacidad de acogida restante consiste en campamentos (actualmente 53 en uso) e instalaciones de emergencia con niveles muy distintos, y a menudo inadecuados, tanto desde el punto de vista de las condiciones materiales como de la seguridad. Ha comenzado la preparación para el invierno de algunas de estas instalaciones, pero los avances son lentos. Incluso con las mejoras, será difícil convertir algunos de los campos en instalaciones permanentes de acogida adecuadas y tal vez sea preciso cerrar algunos y consolidar otros.

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Por otra parte, la coordinación general de la organización de la acogida en Grecia es deficiente debido a la falta de un marco jurídico claro y de un sistema de seguimiento, con una gestión ad hoc de unos campos por parte del Ministerio de Migración y de otros por parte del Servicio de Acogida e Identificación. Todavía no se ha tomado decisión alguna en cuanto a qué instalaciones deben ser permanentes. El Servicio de Acogida se halla aun inmerso en el proceso de consolidación de las capacidades.

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De lo anterior se desprende que Grecia aún tiene que progresar en la creación de una capacidad de acogida abierta permanente, adecuada y suficiente para los solicitantes de asilo, que debería cumplir las normas previstas en el acervo de la UE. Dicha capacidad debería contar con una gestión centralizada de las instalaciones de acogida, junto con un sistema de seguimiento constante de las normas aplicables a las condiciones materiales de las instalaciones y a los servicios en ellas prestados. Parte de las instalaciones temporales deberán transformarse en permanentes; no obstante conviene conservar una capacidad suficiente en instalaciones temporales para tener en cuenta los problemas de capacidad que se deriven de flujos imprevistos. Además, como ya se solicita en la tercera Recomendación, es de suma importancia que las autoridades griegas faciliten datos más exactos sobre la capacidad de acogida y lleven a cabo una evaluación de las necesidades exhaustiva y actualizada permanentemente en términos de capacidad total de acogida y de la naturaleza de esa capacidad.

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Se han observado mejoras sustanciales en relación con la creación de las oficinas de asilo regionales recogida en las Recomendaciones anteriores. La ley griega prevé el establecimiento de oficinas regionales de asilo en las regiones de Ática, Salónica, Tracia, Epiro, Tesalia, Grecia occidental, Creta, Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Rodas (23). Por decisión del director del Servicio de Asilo, también es posible establecer unidades de asilo autónomas a fin de hacer frente al aumento de las necesidades del Servicio de Asilo. De acuerdo con la información facilitada por Grecia en su carta de 22 de noviembre de 2016, hasta ahora se han puesto en marcha siete oficinas regionales, en las regiones del Ática, Salónica, Tracia, Lesbos, Samos, Rodas y Patras. Además, son operativas nueve unidades de asilo autónomas en el Pireo, Evros, Xanthi, Leros, Kos, Corintio y una unidad de reubicación en Alimos. La Ley dispone que otras tres oficinas de asilo regionales deben entrar en funcionamiento en la zona de Kos, Epiro (Ioannina), Creta (Heraklio) y Tesalia (Volos).

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El servicio de asilo griego está en proceso de incrementar su capacidad. En la actualidad 478 personas trabajan en el Servicio de Asilo (24). Esta cifra incluye el personal del servicio central y de las oficinas regionales y unidades de asilo existentes. El presupuesto nacional cubre 250 puestos, mientras que el resto se financia a través de distintas fuentes de la UE y del EEE. Está previsto que a finales de este año se llegue a una plantilla de 659 personas. A estas cifras se suman los trabajadores con contratos de duración determinada del ACNUR y los expertos de los Estados miembros desplegados a través de la EASO en el Servicio de Asilo griego por un período determinado. La intención de las autoridades griegas es sustituir todo el personal contractual por personal permanente a finales de 2017 y no aumentar la capacidad. El Servicio de Asilo griego ha informado a la Comisión de que no es viable un aumento más rápido de la plantilla debido a la falta de personal directivo para formar, tutelar y supervisar a los recién contratados. Dado que el Servicio de Asilo ha triplicado su talla a lo largo de 2016, ha indicado que necesita urgentemente consolidarse, sobre todo en lo que respecta a la cualificación del personal y de los cuadros directivos intermedios.

(17)

Dada la magnitud del incremento del número de solicitudes de asilo en Grecia, aún no está claro que el nivel de dotación de personal, actual y previsto, del Servicio de Asilo sea suficiente para tramitar a tiempo y de forma adecuada el número de casos existente, y el de los que probablemente se presenten en el futuro. Una de las prioridades principales del Servicio de Asilo debería ser reducir el tiempo transcurrido entre la realización y la presentación de una solicitud, que actualmente es a menudo demasiado largo, afecta a los derechos reconocidos y causa frustración a los afectados. La duración de este tiempo debe reducirse de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los procedimientos de asilo, que exige que la persona que hizo una solicitud de asilo tenga una oportunidad efectiva de presentar la solicitud lo antes posible. También es fundamental que, una vez presentadas, las solicitudes se tramiten en los plazos establecidos en la Directiva y, por tanto, normalmente en un plazo de 6 meses. La tramitación de una solicitud de asilo en la actualidad requiere varios meses en el mejor de los casos, a excepción de los casos de reubicación que son objeto de un tratamiento más breve, y existe una gran incertidumbre sobre la velocidad a la que se absorberá la actual acumulación de solicitudes pendientes. La Comisión, no obstante, toma debida nota de las preocupaciones que Grecia expresó en su carta de 22 de noviembre de 2016 según la cual un aumento aún más rápido del personal del Servicio de Asilo podría amenazar con afectar a la coherencia y la calidad de las decisiones.

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Es urgente valorar si es suficiente el aumento de los efectivos del Servicio de Asilo registrado hasta la fecha y también evaluar cómo la Comisión, las agencias de la UE pertinentes y también los Estados miembros podrían ayudar mejor a Grecia a tratar estas solicitudes en un plazo más breve. Debe llevarse a cabo una evaluación de las necesidades exhaustiva y continuamente actualizada que tenga en cuenta el número de solicitudes de asilo pendientes de resolución y que probablemente tenga que tramitar el Servicio de Asilo griego en su momento, así como el personal disponible necesario o que pueda hacer falta para la tramitación de dichas solicitudes. Este personal puede estar formado por recursos adicionales facilitados por Grecia y a través del despliegue de expertos de los de los Estados miembros en forma de equipo de apoyo de la EASO. Al tiempo que se mantiene la calidad, debe explorarse la forma de racionalizar los métodos de trabajo para que sean más eficientes y para acelerar los procedimientos y entrevistas con el apoyo de la EASO, cuando proceda.

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Los solicitantes de asilo deben poder acceder a una tutela judicial efectiva en caso de denegación de su solicitud. Se han realizado importantes avances a este respecto. En virtud de la Ley 4375/2016, adoptada en abril de 2016, se establecieron el Órgano de Apelación y los comités de apelación. La Ley 4399/2016, aprobada en junio de 2016, establece nuevos comités de apelación. Son competentes para examinar los recursos contra las decisiones del Servicio de Asilo griego presentadas a partir del 20 de julio de 2016. Con carácter prioritario, los comités de apelación se centran principalmente en los recursos presentados en las islas griegas, para contribuir así a la aplicación de la Declaración UE-Turquía. En la actualidad existen seis comités de apelación. Desde el 21 de julio funciona un nuevo comité de apelación suplente de los comités permanentes (25). A fin de hacer frente al creciente número de casos y de gestionar los casos pendientes, Grecia tiene la intención de crear otros siete comités que se espera estén operativos a finales de diciembre de 2016, de forma que a finales de febrero de 2017 se disponga de un total de 20.

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La Ley 4399/2016 también modifica la estructura de dichos comités, que ahora están formados por tres miembros: dos jueces del Tribunal administrativo y un ciudadano griego con antecedentes y experiencia pertinentes propuesto por el ACNUR o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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De acuerdo con la información facilitada por las autoridades griegas en su carta de 22 de noviembre de 2016, desde el 21 de julio de 2016 se han presentado 2 347 recursos antes los comités de apelación, pero tan solo se han emitido 573 resoluciones.

(22)

Los antiguos comités de apelación para los «recursos atrasados», establecidos para conocer de los recursos atrasados en Grecia, recibieron inicialmente un mandato adicional para conocer, además de los recursos de fondo contra las resoluciones en primera instancia, los recursos contra las decisiones por motivos de admisibilidad como parte de la Declaración UE-Turquía. De acuerdo con la información facilitada por las autoridades griegas el 22 de noviembre, más de 2 000 recursos presentados entre el mes de abril y el 20 de julio de 2016 se han interpuesto ante los comités para los «recursos atrasados». La creación de los nuevos comités de apelación el 24 de junio de 2016 (26) ha aliviado la carga de los 20 comités de apelación para los «recursos atrasados», permitiéndoles acelerar el ritmo de resolución de los recursos pendientes.

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Se ha avanzado en los recursos largamente pendientes del antiguo procedimiento regido por el Decreto Presidencial 114/2010. El retraso actual se cifra en unos 6 589 recursos a 22 de noviembre de 2016 (frente a un total de aproximadamente 51 000 recursos atrasados a principios de 2013 y de 8 075 recursos en septiembre de 2016). Las autoridades griegas han concedido permisos con fines humanitarios a las personas cuyas solicitudes de asilo llevaban pendientes mucho tiempo y que reunían las condiciones para obtener permisos de residencia por motivos humanitarios u otros de carácter excepcional, de conformidad con la Ley 4375/2016. Los permisos de residencia se expiden por un período de dos años renovable (27). Otorgan a los beneficiarios, que dejan de ser considerados solicitantes de asilo, los mismos derechos y prestaciones que la protección subsidiaria en Grecia (28). Algunos de los recursos atrasados se examinan, sin embargo, en cuanto al fondo. Pese a los significativos progresos realizados desde la primera Recomendación, Grecia debe proseguir sus esfuerzos para resolver los recursos pendientes, velando por que los afectados tengan la oportunidad de ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva.

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Dado el aumento del número de solicitudes presentadas en Grecia desde la aplicación de la Declaración UE-Turquía, es fundamental contar con un Órgano de Apelación con una dotación de personal plena, capaz de hacer frente al incremento significativo previsto del número de recursos. Al tiempo que se mantiene la calidad y sin perjuicio de la independencia de sus miembros, los comités han de incrementar su eficacia. Esto podría incluir, en particular, una mayor frecuencia de las reuniones de los comités de apelación, el uso de asistencia jurídica en la redacción de las resoluciones, la especialización de los comités y la dedicación a tiempo completo de sus miembros. También debe contratarse más personal de apoyo (29). Asimismo, debe llevarse a cabo una evaluación continua de las necesidades sobre la base del número de recursos actualmente pendientes ante los diversos órganos de apelación y que probablemente les corresponda resolver a fin de determinar si el número de comités y sus métodos de trabajo son los adecuados.

(25)

La prestación de asistencia jurídica gratuita se ha incluido en la nueva Ley 4375/2016 para los solicitantes en la fase de recurso. Sin embargo, no se han adoptado aún todas las medidas para poner en práctica esta Ley. El 9 de septiembre de 2016 se adoptó una Decisión Ministerial de aplicación de las disposiciones en materia de asistencia jurídica contempladas en la Ley 4375/2016. La financiación de la prestación de asistencia jurídica gratuita se ha garantizado a través del programa nacional en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Además, se otorgó un acuerdo de subvención al ACNUR con cargo a la financiación en concepto de ayuda de emergencia del FAMI, por un importe total de 30 millones EUR (30). El ACNUR está utilizando esta financiación, entre otras cosas, para prestar asistencia jurídica gratuita a los solicitantes de protección internacional en la fase de recurso hasta principios de 2017, momento en el que las autoridades griegas deben establecer su propio régimen de asistencia jurídica gratuita. Se están ejecutando dos proyectos en colaboración con organizaciones no gubernamentales (Metaction y Greek Council for Refugees): uno en las islas, con plena cobertura de todos los recursos, y otro en el continente, con una cobertura parcial para recursos interpuestos en Atenas y Salónica, aunque no para los solicitantes de asilo en internamiento. El 19 de septiembre, Grecia informó a la Comisión de que la lista de abogados que debe elaborar el Servicio de Asilo se establecerá a principios de 2017. Grecia debería adoptar las medidas necesarias para garantizar sin demora el derecho a la asistencia jurídica gratuita de todos los solicitantes de asilo que interponen un recurso.

(26)

Sigue existiendo una seria preocupación por la protección de los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados, en particular debido a la falta de un sistema de tutela que funcione correctamente, a las deficiencias en términos de alojamiento adecuado y a una preocupación en general en relación con su seguridad. La nueva Ley 4375/2016 prevé la creación de dos nuevas entidades —una Dirección de Acogida y una Dirección de Integración Social— que incluyen servicios especializados para la acogida e integración de los menores no acompañados dentro del Ministerio de Interior y Reconstrucción Administrativa, incluida la puesta a disposición de un representante legal. A pesar de ello, las autoridades griegas todavía tienen que adoptar medidas de ejecución para asegurar que los menores no acompañados disfruten en la práctica de garantías procesales y condiciones de acogida apropiadas. Todavía está pendiente de adopción un nuevo marco legislativo que prevea un sistema de tutela eficiente. Las autoridades griegas han confirmado que el Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, a cargo de los menores no acompañados, está elaborando una nueva ley de tutela que debería estar lista antes de que finalice 2016. Con arreglo a la misma se crearía un servicio especial, posiblemente un departamento, encargado del sistema de tutela. Aunque el Gobierno griego ya ha adoptado una Decisión ministerial relativa a la determinación de la edad de los menores no acompañados que soliciten asilo (31), se sigue informando de la preocupación que suscita la aplicación de la misma en la práctica debido a la falta de identificación y a la falta de tutela judicial legal en relación con la determinación de la edad llevada a cabo por la policía.

(27)

Se han registrado avances significativos en lo que se refiere al acceso a la educación. La Ley 4415/20 16 de agosto de 2016, tiene por objeto, en particular, garantizar apoyo psicosocial y educación a los hijos menores de los solicitantes de asilo, así como facilitar la integración en el sistema educativo griego de quienes permanecerán en Grecia, tras un período de preparación transitorio. Pese a la resistencia local, las autoridades griegas están tomando medidas importantes para aplicar este marco jurídico plenamente y de manera efectiva.

(28)

Según diversas partes interesadas, la situación de los menores no acompañados sigue siendo precaria por lo general, con numerosas dudas en cuanto a su seguridad en las instalaciones de recepción en el continente y en las islas. Algunas partes señalan que los menores son aún objeto de internamiento o destinados a «zonas protegidas» en las instalaciones de acogida abiertas durante largos períodos, hacinados en condiciones insalubres, y sin representante alguno ni acceso a la asistencia jurídica gratuita, hasta que se encuentra alojamiento adecuado para ellos (32). Como se indica en el considerando 10, la falta de alojamiento adecuado para los menores es un problema importante que aún debe solventarse a la mayor brevedad posible.

(29)

La Comisión Europea ha proporcionado una financiación sustancial a Grecia para apoyar al país en sus esfuerzos por adaptar su sistema de gestión de asilo a las normas de la UE. Desde principios de 2015, se han adjudicado a Grecia más de 352 millones EUR en ayuda de emergencia a través de los Fondos de Asuntos de Interior [Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y Fondo de Seguridad Interior (FSI)], bien directamente a las autoridades griegas o a través de las agencias de la Unión y las organizaciones internacionales que operan en el país. De esta cantidad, en julio de 2016 se adjudicaron unos 90 millones EUR directamente a las autoridades griegas para reforzar su capacidad de mejora de las condiciones de vida y prestación de servicios de asistencia sanitaria primaria en los centros de alojamiento de refugiados, así como de prestación de servicios de acogida y asistencia sanitaria a los migrantes. También se está aportando a las organizaciones humanitarias asociadas a través del recientemente creado Instrumento de Ayuda de Emergencia una financiación considerable (aproximadamente 198 millones EUR), destinada a cubrir las necesidades humanitarias básicas de los migrantes y refugiados. Esta financiación contribuye a la puesta en práctica del plan de respuesta a situaciones de emergencia elaborado conjuntamente por la Comisión, la administración griega y las partes interesadas pertinentes para hacer frente a la situación humanitaria sobre el terreno y a la aplicación de la Declaración UE-Turquía.

(30)

Esta asistencia de emergencia viene a sumarse a los 509 millones EUR asignados a Grecia para el período 2014-2020 a través de sus programas nacionales en el marco del FAMI y el FSI, convirtiendo a Grecia en el primer beneficiario de los Fondos de Asuntos de Interior de la UE de entre los Estados miembros de la UE.

(31)

Grecia debe garantizar que dichos recursos financieros se utilicen plenamente, de la forma más eficaz y efectiva posible y sin más demora. A tal efecto, se están revisando los programas nacionales de Grecia al amparo de los Fondos de Asuntos de Interior (FAMI y FSI) para adaptarlos a las nuevas prioridades. Ha concluido la revisión del programa nacional del FAMI y la del programa nacional del FSI se encuentra en su fase final y debería concluirse en breve. Además, aunque ya ha terminado la designación formal de la nueva autoridad responsable, de conformidad con los requisitos establecidos en las bases jurídicas, aún deben racionalizarse los procedimientos y medidas operativas para asegurar que las autoridades griegas inician la plena movilización de la financiación disponible en el marco de los programas nacionales con el fin de hacer frente a necesidades urgentes, en particular en el ámbito de la acogida y otros servicios para los migrantes presentes en el país.

(32)

Tal como se reconocía en la Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2016 titulada «Restablecer Schengen» (33), garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Dublín es una parte fundamental de los esfuerzos necesarios a mayor escala para estabilizar la política de asilo, migración y fronteras. Los esfuerzos por normalizar el funcionamiento del sistema de Dublín deberían permitir que el espacio Schengen volviera a su vez a un funcionamiento normal. El incentivo que para los solicitantes de asilo llegados de forma irregular a Grecia supone la posibilidad de desplazarse a continuación a otros Estados miembros, cuyo origen está en la suspensión de los traslados del sistema de Dublín a Grecia desde 2011, es uno de los principales factores que llevan a los movimientos secundarios que han dificultado el funcionamiento correcto del sistema de Schengen. Por consiguiente, es importante que las autoridades griegas adopten urgentemente las medidas pendientes que se indican en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, debe ser prioritaria la reforma del Reglamento de Dublín propuesta por la Comisión (34), que se funda en el objetivo de solidaridad y de reparto justo de la carga entre los Estados miembros. Las negociaciones sobre esta propuesta están en curso.

(33)

La Comisión reconoce los importantes avances realizados por Grecia, con la asistencia de la Comisión, la EASO, los Estados miembros y las organizaciones internacionales y no gubernamentales para mejorar el funcionamiento del sistema de asilo griego desde la sentencia M.S.S. en 2011. No obstante, Grecia sigue enfrentándose a la difícil situación creada por la tramitación de un gran número de nuevas solicitudes de asilo, principalmente derivadas del ejercicio de prerregistro y de las continuas llegadas irregulares de migrantes, aunque a niveles inferiores a los registrados antes de marzo de 2016, así como de sus responsabilidades en la aplicación de la Declaración UE-Turquía. Existen, además, otras medidas importantes que deberán tomarse para remediar las persistentes deficiencias del sistema griego de asilo, en particular por lo que respecta a la calidad de los servicios de acogida, al tratamiento de los solicitantes vulnerables y a la velocidad de registro, presentación y examen de las solicitudes de asilo en ambas instancias. Con objeto de tener en cuenta la incidencia de esta delicada situación sobre el funcionamiento general del sistema de asilo y de cara a evitar la imposición de una carga insostenible para Grecia, aún no es posible recomendar una plena reanudación de los traslados del sistema de Dublín a Grecia, aunque este siga siendo el objetivo final.

(34)

Sin embargo, Grecia ha realizado avances significativos en la creación de las estructuras institucionales y jurídicas fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema de asilo y, por otra parte, hay buenas perspectivas para el pleno funcionamiento del sistema de asilo en un futuro próximo, una vez que se hayan subsanado las demás deficiencias, en particular por lo que respecta a las condiciones de acogida y al tratamiento de las personas vulnerables, incluidos los menores no acompañados. Por lo tanto, procede recomendar la reanudación gradual y sobre la base de garantías individuales de las traslados, teniendo en cuenta las capacidades de acogida y de tratamiento de las solicitudes de conformidad con la legislación pertinente de la UE, y teniendo también en cuenta el actual tratamiento deficiente de determinadas categorías de personas, en particular, los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados. Además, la reanudación no debe aplicarse con carácter retroactivo, sino referirse a los solicitantes de asilo de los que Grecia sea responsable a partir de una fecha específica para evitar someter al país a una carga insostenible. Debe recomendarse que dicha fecha se fije en el 15 de marzo de 2017.

(35)

Sobre la base de lo anterior, la presente Recomendación establece las medidas que las autoridades griegas deben adoptar o mantener con vistas a la reanudación de los traslados del sistema de Dublín de los solicitantes de asilo que hayan entrado de forma irregular en Grecia a través de las fronteras exteriores a partir del 15 de marzo de 2017 en adelante, o de los que Grecia sea responsable en virtud de criterios distintos de los establecidos en el artículo 13 del capítulo III del Reglamento (UE) n.o 604/2013 a partir de esa fecha. Teniendo presente este objetivo, Grecia debe adoptar urgentemente todas las medidas indicadas en la presente Recomendación. De conformidad con el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, los demás Estados miembros también deberían contribuir a la consecución de este objetivo, en particular mediante el despliegue de expertos para ayudar a las autoridades respondiendo a las distintas convocatorias de la EASO y mediante el pleno cumplimiento de las obligaciones de reubicación que les correspondan en virtud de las Decisiones de reubicación.

(36)

La presente Recomendación también establece las modalidades para la reanudación de los traslados, entre las que deberían figurar una estrecha cooperación entre las autoridades griegas y las autoridades del Estado miembro desde el que se realiza el traslado en casos individuales de traslado, sobre la base del deber de cooperación leal entre Estados miembros, incluidas las destinadas a garantizar que la persona vaya a estar convenientemente alojada de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 2013/33/UE y que su solicitud se tratará de conformidad con la Directiva 2013/32/UE. Para ello será necesario que Grecia ofrezca garantías concretas en relación con el modo en que será tratada la persona que vaya a ser trasladada. Además, debería establecerse un mecanismo de información y de apoyo de la EASO compuesto por un equipo de expertos de los Estados miembros con objeto de ayudar a garantizar que estas normas se apliquen en la práctica en lo que se refiere a las personas trasladadas.

(37)

La información periódica por parte de Grecia sobre los avances realizados en la aplicación de estas medidas es esencial para garantizar la plena aplicación de la presente Recomendación. Grecia debe, por tanto, presentar un primer informe a más tardar el 15 de febrero de 2017, de acuerdo con lo establecido en la presente Recomendación, que debe incluir, en particular, una descripción de la forma en que las autoridades griegas están aplicando el procedimiento para ofrecer garantías en casos individuales de transferencia en relación con la legislación pertinente de la UE. A partir de esa fecha, Grecia debe presentar cada dos meses un informe sobre la aplicación de la presente Recomendación.

(38)

Sobre la base de estos informes y de cualquier otra información pertinente a su alcance o como consecuencia de otros acontecimientos; la Comisión informará regularmente sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente Recomendación y, en caso necesario, actualizará las recomendaciones contenidas en la misma.

(39)

La responsabilidad de decidir sobre la reanudación de los traslados en casos individuales incumbe exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros bajo el control de sus órganos jurisdiccionales, que podrán plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo sobre la interpretación del Reglamento de Dublín.

1.

Grecia debería proseguir sus esfuerzos para velar por que las instalaciones de acogida sean suficientes para alojar a todos los solicitantes de protección internacional en su territorio y para que las condiciones de acogida en todas estas instalaciones cumplan las normas establecidas en el Derecho de la UE. Como primera prioridad, Grecia debería:

Grecia también debería velar por que, además de los centros permanentes, se disponga, o pueda disponerse a corto plazo, de un número adecuado de centros de acogida abiertos temporales con el fin de permitir alojar en condiciones adecuadas a los flujos imprevistos de solicitantes de protección internacional y a las personas a su cargo.

Las autoridades griegas deberían llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades en términos de capacidad de acogida total requerida y de la naturaleza de esa capacidad, y actualizar continuamente esta evaluación conforme evolucione la situación.

2.

Grecia debería continuar sus esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de protección internacional tengan acceso efectivo al procedimiento de asilo, en particular:

La evaluación de las necesidades a que se refiere la letra a) debería actualizarse continuamente y contener información sobre el número de personas contratadas.

3.

Grecia debería proseguir sus esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de protección internacional gocen de una tutela judicial efectiva, asegurando en particular:

Las autoridades griegas deberían determinar, sobre la base de una evaluación de las necesidades completa y continua, el número de comités de apelación dependientes del nuevo Órgano de Apelación que se necesiten para examinar todos los recursos presentados por los solicitantes de protección internacional, el personal preciso para asegurar el buen funcionamiento de dichos comités, y cualesquiera otras medidas, como cambios en los métodos de trabajo, que pudieran ser necesarias. Esto debería incluir en particular determinar si son suficientes los 20 comités de apelación cuya creación está prevista para finales de febrero de 2017.

4.

Grecia debería garantizar que el marco jurídico de acceso a la asistencia jurídica gratuita sea eficaz en la práctica y que todos los solicitantes de asilo cuenten con la asistencia jurídica necesaria para la revisión judicial de las decisiones administrativas sobre las solicitudes de protección internacional. En particular, Grecia debería:

5.

Grecia debería garantizar el establecimiento de estructuras adecuadas y adoptar las medidas apropiadas para la identificación y el trato de los solicitantes vulnerables, incluidos los menores no acompañados. En particular, Grecia debería:

6.

Grecia debería garantizar que la financiación sustancial de la UE se utiliza plenamente, en particular mediante la movilización sin demora de los recursos disponibles con cargo al FAMI y al FSI en el marco de sus programas nacionales y la exploración de vías de financiación complementaria con cargo a los Fondos Estructurales. En este contexto, Grecia debería adoptar las medidas necesarias para movilizar plenamente los fondos disponibles en el marco de los programas nacionales con el fin de hacer frente a necesidades urgentes, especialmente en el ámbito de la acogida y otros servicios para los migrantes presentes en Grecia, en particular mediante la mejora de la coordinación entre las partes interesadas pertinentes, el refuerzo de la capacidad operativa y la mejora de los mecanismos de aplicación.

7.

Se invita a los Estados miembros a proporcionar apoyo adicional a Grecia mediante el nombramiento de expertos para responder a las diversas convocatorias de la EASO, la ampliación del período de despliegue y la identificación de perfiles de expertos más especializados y experimentados.

8.

Se recomienda que el traslado de solicitantes de asilo a Grecia en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 se reanude en las condiciones y con arreglo a las modalidades establecidas en los puntos 9 y 10.

9.

La reanudación de los traslados debería aplicarse a los solicitantes de asilo que entraron de forma irregular en Grecia a través de las fronteras exteriores a partir del 15 de marzo de 2017 o a otras personas para las que Grecia es responsable con arreglo a criterios distintos de los del artículo 13 del capítulo III del Reglamento (UE) n.o 604/2013 a partir de esa fecha gradualmente, en función de las capacidades de acogida y tratamiento de solicitudes en Grecia de conformidad con las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE. Los solicitantes de asilo vulnerables, incluidos los menores no acompañados no deberían ser trasladados a Grecia por el momento.

10.

Previamente al traslado de un solicitante a Grecia, se invita a las autoridades de los Estados miembros a cooperar estrechamente con las autoridades griegas para garantizar el cumplimiento de las condiciones señaladas en el punto 9 y, en particular, que se recibirá al solicitante en una instalación de acogida que cumpla las normas establecidas en la legislación de la UE, y en concreto en la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida, que su solicitud se examinará dentro de los plazos que se especifican en la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo, y que será tratada de acuerdo con la legislación de la UE en cualquier otro aspecto pertinente. Se invita a las autoridades griegas a cooperar plenamente en la prestación de esas garantías a los demás Estados miembros.

11.

La EASO debería crear y desplegar en Grecia un equipo de expertos de los Estados miembros con el cometido de apoyar la cooperación entre los Estados miembros y de informar de si las personas trasladadas de vuelta a Grecia con arreglo al Reglamento de Dublín son tratadas de conformidad con las garantías que ha de facilitar Grecia y a las que se hace alusión en el punto 10.

12.

Grecia debería presentar, el 15 de febrero de 2017 a más tardar, un informe sobre los progresos en la aplicación de la presente Recomendación. El informe deberá incluir, en particular, una descripción de las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias pendientes detectadas en la presente Recomendación, incluido el modo en que las autoridades griegas han desplegado, o tienen previsto desplegar, los recursos humanos y materiales necesarios a que se hace referencia en los puntos 1 a 5 de la presente Recomendación y una descripción de la evaluación constante de las necesidades a la que se refieren los puntos 1 a 3 de la misma. Además, debería describir de forma detallada el modo en que las autoridades griegas tienen la intención de aplicar el procedimiento para ofrecer las garantías individuales a las que se hace referencia en el punto 10.

13.

El informe debería incluir la información siguiente:

14.

A partir del 15 de febrero de 2017, Grecia debería presentar un informe cada dos meses sobre la aplicación de la presente Recomendación.