Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres fuera del mercado laboral

ASPECTOS CLAVE

Ámbito de aplicación

La Directiva se aplica a los bienes y servicios ofrecidos al público, independientemente de las circunstancias personales del destinatario del servicio, y que se ofrecen fuera de las esferas privada y familiar. El término «servicios» indica aquí los servicios prestados a cambio de una remuneración.

La Directiva no se aplica a los contenidos mediáticos o publicitarios ni a la educación.

Prohibición de la discriminación en el ámbito de los bienes y servicios

La Directiva prohíbe:

• cualquier trato menos favorable de los hombres o de las mujeres por razones de sexo;
• cualquier trato menos favorable de las mujeres por motivos de embarazo o maternidad;
• el acoso¹, el acoso sexual² o cualquier incitación a discriminar con respecto a la oferta o la demanda de bienes o servicios.

Solo podrán admitirse diferencias de trato cuando estén justificadas por un propósito legítimo como la protección de las víctimas del abuso sexual (por ejemplo, la creación de refugios para mujeres), la libertad de asociación (por ejemplo, la afiliación a clubes privados para un solo sexo) o la organización de actividades deportivas para un solo sexo. Toda limitación deberá ser adecuada y necesaria.

El principio de igualdad de trato no se opone a la adopción de medidas positivas con el fin de prevenir o compensar las desigualdades por razones de sexo en el ámbito de los bienes y servicios.

La Directiva solo establece condiciones mínimas para permitir a los Estados miembros de la UE mantener niveles de protección más elevados o amplios si así lo desean.

Aplicación al ámbito de los seguros

La Directiva prohíbe la utilización del sexo como criterio en el cálculo de primas y prestaciones en materia de convenios de seguros que se celebren después del 21 de diciembre de 2007. No obstante, ha previsto la posibilidad de que los Estados miembros no apliquen esta prohibición en aquellos casos en los que el sexo sea un factor determinante en la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia en el caso Test-Achats (C-236/09) declaró inválida la excepción al principio de igualdad de trato que permitió a los Estados miembros diferenciar entre hombres y mujeres en materia de las primas y prestaciones de seguros, a partir del 21 de diciembre de 2012. Para todos los nuevos acuerdos firmados desde dicha fecha, se aplica el principio de una tarifa con independencia del sexo al sector de los seguros. Para facilitar la aplicación de la sentencia del Tribunal, la Comisión Europea adoptó directrices sobre la aplicación de la Directiva para al sector de los seguros. En cualquier caso, los costes asociados con el embarazo y la maternidad no deben dar lugar a diferencias en términos de primas y prestaciones.

Organismos de promoción de la igualdad de trato

La Directiva de modificación (UE) 2024/1499 aclara el papel de los organismos designados a nivel nacional para promover la igualdad de trato y combatir la discriminación (organismos de igualdad). Establece requisitos mínimos que los Estados miembros deben aplicar en relación con el papel y el funcionamiento de estos organismos, incluida la manera en que deben ayudar a las víctimas tras recibir su denuncia. Dichos organismos deben:

• ser independientes en cuanto a su estructura jurídica, la rendición de cuentas, el presupuesto, el personal y las cuestiones organizativas;
• disponer de suficientes recursos para desempeñar todas sus funciones y ejercer sus responsabilidades de manera eficaz;
• poder investigar posibles casos de discriminación y emitir un dictamen no vinculante o adoptar una decisión vinculante;
• ser consultados periódicamente por gobiernos y otras instituciones públicas sobre legislación y políticas que incluyan aspectos relacionados con la igualdad y la no discriminación;
• estar obligados a recopilar datos sobre sus propias actividades;
• planificar e informar al público sobre su trabajo y el estado de la igualdad de trato y la no discriminación de forma periódica.

En virtud de la Directiva (UE) 2024/1499, los Estados miembros también deben:

• introducir normas que permitan la posibilidad de resolver extrajudicialmente litigios;
• garantizar que los organismos de igualdad tengan derecho a actuar procesos judiciales civiles y contencioso-administrativos relacionados con la ejecución del principio de igualdad de trato;
• velar por que los organismos de igualdad presten sus servicios sin coste alguno a los denunciantes de todo su territorio, incluidas las zonas rurales y remotas;
• exigir a los organismos de igualdad que garanticen la accesibilidad y ofrezcan ajustes razonables a las personas con discapacidad en relación con todos sus servicios y actividades.

Defensa de los derechos de las víctimas

La Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que las víctimas tengan acceso a un procedimiento judicial o administrativo para proteger sus derechos, y que las víctimas puedan obtener una indemnización o compensación adecuada.

Aquellas asociaciones, organizaciones y otras personas jurídicas que tengan un interés legítimo también podrán participar en un procedimiento judicial o administrativo con el fin de que las víctimas puedan proteger sus derechos y obtener una reparación o indemnización.

Cuando los hechos presentados ante un tribunal apoyan la presunción de la existencia de discriminación, la parte demandada debe poder demostrar que no ha habido incumplimiento del principio de igualdad de trato (refutar la acusación).

Los Estados miembros deben establecer sanciones en caso de infracción del principio de igualdad de trato.