Tribunal de la Función Pública

Hasta su disolución en 2016, el Tribunal de la Función Pública trataba los litigios relacionados con la función pública de la Unión Europea (UE). Esta jurisdicción estaba previamente en manos del Tribunal de Justicia y, tras su creación en 1989, del Tribunal de Primera Instancia (ahora, Tribunal General). Este Tribunal, junto con el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, formó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las competencias del Tribunal fueron asumidas por el Tribunal General en 2016.

En virtud del artículo 270 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal tenía jurisdicción para dirimir disputas entre la UE y sus empleados. Tales disputas podían estar relacionadas con el pago, la contratación, la promoción y las prestaciones de la seguridad social relativas a las enfermedades, la jubilación y los complementos familiares.

Las decisiones del Tribunal podían ser objeto de apelación, limitada a cuestiones de derecho, ante el Tribunal General. Por su parte, en circunstancias excepcionales, la decisión sobre la apelación del Tribunal General podía ser reexaminada por el Tribunal de Justicia.

El Tribunal de la Función Pública estaba formado por siete jueces designados por el Consejo durante un periodo de seis años.