(1)

La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicha Directiva establece un marco jurídico completo, que la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) vino a reforzar al abordar los riesgos emergentes e incrementar la transparencia de la titularidad real. No obstante los logros bajo dicho marco normativo, la experiencia ha demostrado que la Directiva (UE) 2015/849 debe seguir mejorándose para atenuar adecuadamente los riesgos y detectar de forma eficaz las tentativas de hacer un uso indebido del sistema financiero de la Unión con fines delictivos, así como para promover la integridad del mercado interior.

(2)

Desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/849, se han detectado una serie de ámbitos en los que sería conveniente introducir modificaciones a fin de garantizar que el sistema financiero de la Unión cuente con la resiliencia y capacidad necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(3)

En la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 se detectaron divergencias importantes en las prácticas y enfoques de las autoridades competentes en toda la Unión, así como una falta de mecanismos suficientemente eficaces de cooperación transfronteriza. Procede, por tanto, definir requisitos más claros que contribuyan a una cooperación fluida en toda la Unión, al tiempo que permiten a los Estados miembros tener en cuenta las especificidades de sus sistemas nacionales.

(4)

La presente Directiva forma parte de un paquete completo destinado a reforzar el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) de la Unión. Conjuntamente, esta Directiva y los Reglamentos (UE) 2023/1113 (6) y (UE) 2024/1624 (7) y (UE) 2024/1620 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo conformarán el marco jurídico que regulará los requisitos de LBC/LFT que deberán cumplir las entidades obligadas y sustentará el marco institucional de la Unión en materia de LBC/LFT, incluido el establecimiento de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC).

(5)

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia, en un contexto internacional. Las medidas adoptadas a escala de la Unión que no tienen en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Toda medida adoptada por la Unión en este ámbito debe ser, por tanto, compatible con las que se tomen a escala internacional y, como mínimo, igual de rigurosa. En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los actos jurídicos de la Unión pertinentes deben ajustarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 («Recomendaciones revisadas del GAFI») y sus modificaciones posteriores.

(6)

Las amenazas, riesgos y vulnerabilidades específicos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan a determinados sectores económicos a escala nacional merman la capacidad de los Estados miembros para contribuir a la integridad y solidez del sistema financiero de la Unión. En consecuencia, conviene permitir que los Estados miembros, una vez detectados dichos sectores y riesgos específicos, apliquen requisitos en materia de LBC/LFT a sectores distintos de los obligados por el Reglamento (UE) 2024/1624. Con vistas a preservar la eficacia del mercado interior y del sistema de LBC/LFT de la Unión, la Comisión debe poder evaluar, con el apoyo de la ALBC, si la aplicación de los requisitos en materia de LBC/LFT a otros sectores previstas por los Estados miembros están justificadas. En los casos en que el interés superior de la Unión se alcance actuando a escala de la Unión por lo que respecta a sectores específicos, la Comisión debe informar al Estado miembro que pretenda aplicar los requisitos en materia de LBC/LFT de su intención de adoptar, en su lugar, medidas a escala de la Unión, y el Estado miembro debe abstenerse de adoptar las medidas nacionales previstas, a menos que dichas medidas tengan como finalidad abordar un riesgo urgente.

(7)

Determinadas categorías de entidades obligadas están sujetas a requisitos reglamentarios o de concesión de licencias para la prestación de sus servicios, mientras que para otras categorías de operadores el acceso a la profesión no está regulado. Independientemente del marco aplicable al ejercicio de la profesión o actividad, todas las entidades obligadas actúan como guardianas del sistema financiero de la Unión y deben desarrollar capacidades específicas en materia de LBC/LFT para desempeñar dicha tarea. Los Estados miembros deben valorar la conveniencia de ofrecer formación a las personas que deseen acceder a la profesión de dichas entidades para que puedan desempeñar sus funciones. Los Estados miembros pueden valorar, por ejemplo, la inclusión de cursos sobre LBC/LFT en la oferta académica vinculada a dichas profesiones o la cooperación con asociaciones profesionales para formar a quienes se incorporen a dichas profesiones.

(8)

Cuando las entidades obligadas no estén sujetas a requisitos específicos de concesión de licencias o de registro, los Estados miembros deben disponer de sistemas que permitan a los supervisores conocer con certeza la magnitud de su población supervisora a fin de garantizar una supervisión adecuada de dichas entidades obligadas. Esto no significa que los Estados miembros deban imponer requisitos de registro específicos en materia de LBC/LFT cuando no sea necesario para la identificación de las entidades obligadas, como es el caso, por ejemplo, cuando el registro a efectos del IVA permite la identificación de los operadores que llevan a cabo actividades incluidas en el ámbito de aplicación de los requisitos de LBC/LFT.

(9)

Los supervisores deben cerciorarse de que, con respecto a los establecimientos de cambio de moneda, las entidades de cobro de cheques, los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos (del tipo «trust»), y los proveedores de servicios de juegos de azar, las sociedades financieras mixtas de cartera, las personas que de hecho gestionan las actividades de dichas entidades y los titulares reales de estas gocen de honorabilidad, actúen con honestidad e integridad y posean los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar sus funciones. Los criterios para determinar si una persona cumple esos requisitos deben reflejar, como mínimo, la necesidad de proteger a tales entidades de la posibilidad de que sus directivos o sus titulares reales las utilicen indebidamente con fines delictivos. A fin de fomentar que los supervisores compartan un enfoque común a la hora de verificar que el personal de gestión y los titulares reales de las entidades obligadas cumplen dichos requisitos, la ALBC debe publicar directrices sobre los criterios para evaluar la honorabilidad, honestidad e integridad, así como los conocimientos y la experiencia.

(10)

A efectos de la evaluación de la idoneidad de las personas que desempeñan una función de gestión en entidades obligadas o las controlan de algún otro modo, todo intercambio de información sobre condenas penales debe realizarse de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo (9) y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo (10). Además, los supervisores deben poder acceder a toda la información necesaria para verificar los conocimientos y la experiencia de la alta dirección, así como su honestidad e integridad y la de los titulares reales de la entidad obligada, incluida la información disponible a través de fuentes fiables e independientes.

(11)

Los programas de residencia para inversores plantean riesgos y vulnerabilidades, en particular en cuanto al blanqueo de capitales, la elusión de las medidas restrictivas de la Unión, la corrupción y el fraude fiscal, que en última instancia podrían dar lugar a determinados riesgos para la seguridad de la Unión. Por ejemplo, las deficiencias en el funcionamiento de determinados programas, incluida la ausencia de procesos de gestión de riesgos o una aplicación deficiente de dichos procesos, pueden crear oportunidades para la corrupción, mientras que la aplicación deficiente o incoherente de controles para el origen de los fondos y del patrimonio de los solicitantes puede aumentar el riesgo de que los solicitantes exploten dichos programas con fines delictivos para legitimar los fondos obtenidos a través de medios ilícitos. A fin de evitar que los riesgos derivados del funcionamiento de dichos sistemas afecten al sistema financiero de la Unión, los Estados miembros cuyo Derecho nacional permita la concesión del derecho a residir a cambio de cualquier tipo de inversión deben adoptar, por tanto, medidas para atenuar los riesgos asociados de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. Dichas medidas deben incluir un proceso adecuado de gestión de riesgos, incluido un seguimiento efectivo de su aplicación, controles del perfil de los solicitantes, como la obtención de información sobre el origen de sus fondos y patrimonio, y la comprobación de la información sobre los solicitantes con la información que obre en poder de las autoridades competentes.

(12)

La Comisión se encuentra en una situación idónea para estudiar las amenazas transfronterizas específicas que podrían afectar al mercado interior y que los Estados miembros por separado no pueden detectar ni combatir eficazmente. Por consiguiente, procede encomendarle la responsabilidad de coordinar la evaluación de los riesgos que guardan relación con actividades transfronterizas. Para que el proceso de evaluación de los riesgos sea eficaz es fundamental contar con la participación de los especialistas pertinentes, como el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), así como, en su caso, la de otros organismos a escala de la Unión, como la ALBC. La experiencia y evaluaciones de riesgos a escala nacional también constituyen una importante fuente de información para ese proceso. Dicha evaluación por la Comisión de los riesgos transfronterizos no debe implicar el tratamiento de datos personales. En todo caso, los datos deben estar totalmente anonimizados. Las autoridades que supervisan la protección de datos a escala de la Unión y nacional solo deben intervenir si la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo afecta a la privacidad y a la protección de datos de personas. Para aumentar al máximo las sinergias entre la evaluación de riesgos a escala de la Unión y nacional, la Comisión y los Estados miembros deben procurar aplicar métodos coherentes.

(13)

Los resultados de la evaluación de riesgos a escala de la Unión pueden ayudar a las autoridades competentes y a las entidades obligadas a detectar, comprender, gestionar y atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como los riesgos de no ejecución y elusión de sanciones financieras específicas. Por lo tanto, es importante que los resultados de la evaluación de riesgos se hagan públicos.

(14)

Los Estados miembros siguen siendo los más indicados para detectar, evaluar, comprender y decidir cómo atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que les afectan directamente. Por consiguiente, cada Estado miembro debe adoptar las medidas adecuadas para detectar, evaluar y comprender adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le conciernen, así como los riesgos de no aplicación y elusión de sanciones financieras específicas, y definir una estrategia nacional coherente para adoptar medidas con el fin de atenuar dichos riesgos. Dicha evaluación nacional de riesgos debe incluir una descripción de la estructura institucional y los procedimientos generales del régimen de LBC/LFT del Estado miembro, así como de los recursos humanos y financieros asignados, en la medida en que se disponga de esa información. A fin de mantener un conocimiento constante de los riesgos, los Estados miembros deben actualizar periódicamente su evaluación nacional de riesgos y también deben poder complementarla con actualizaciones y evaluaciones específicas de los riesgos asociados a sectores, productos o servicios concretos.

(15)

Las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos pueden proporcionar a los delincuentes un medio para ocultarse tras un velo de legitimidad y, por tanto, podrían utilizarse indebidamente para blanquear el producto de actividades ilícitas, ya sea a escala nacional o transfronteriza. Para atenuar estos riesgos, es importante que los Estados miembros conozcan los riesgos asociados a las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos que se encuentran en su territorio, ya sea porque las entidades estén establecidas en él, porque los fiduciarios de fideicomisos (del tipo «trusts») expresos o personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jurídicos análogos estén establecidos o residan en ellos, o porque gestionen el instrumento jurídico desde allí. En el caso de los instrumentos jurídicos, habida cuenta del derecho del fideicomitente en cuanto a la elección del Derecho aplicable al acuerdo, es también importante que los Estados miembros conozcan los riesgos asociados a los instrumentos jurídicos que pueden constituirse con arreglo a su Derecho, independientemente de que sus leyes los regulen explícitamente o de que su creación se derive de la libertad contractual de las partes y esté reconocida por los órganos jurisdiccionales nacionales.

(16)

Dada la naturaleza integrada del sistema financiero internacional y la apertura de la economía de la Unión, los riesgos asociados a las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos no se limitan a los del territorio de la Unión. Por lo tanto, es importante que la Unión y sus Estados miembros conozcan la exposición a los riesgos derivados de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos extranjeros. Dicha evaluación de riesgos no tiene que abordar cada una de las entidades jurídicas o instrumentos jurídicos extranjeros que tengan un vínculo suficiente con la Unión, ya sea en virtud de la adquisición de bienes inmuebles o por la adjudicación de contratos a través de procedimientos de contratación pública, o debido a operaciones con entidades obligadas que les permitan acceder al sistema financiero y a la economía de la Unión. No obstante, la evaluación de riesgos debe permitir a la Unión y a sus Estados miembros comprender qué tipo de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos extranjeros disfrutan de dicho acceso al sistema financiero y a la economía de la Unión, y cuáles son los tipos de riesgos asociados a dicho acceso.

(17)

Los resultados de las evaluaciones de riesgos deben ponerse a disposición de las entidades obligadas en el momento oportuno, a fin de que estas puedan detectar, comprender, gestionar y atenuar sus propios riesgos. Estos resultados pueden compartirse de forma resumida y ponerse a disposición del público, y no deben incluir información clasificada ni datos personales.

(18)

Además, para detectar, comprender, gestionar y atenuar riesgos a escala de la Unión en una medida aún mayor, los Estados miembros deben permitir el acceso a los resultados de sus evaluaciones de riesgos a los demás Estados miembros, la Comisión y la ALBC. La información clasificada o los datos personales no deben incluirse en dichas transmisiones a menos que se considere estrictamente necesario para el desempeño de las tareas de LBC/LFT.

(19)

A fin de atenuar eficazmente los riesgos detectados en la evaluación nacional de riesgos, los Estados miembros deben garantizar una actuación coherente a escala nacional, ya sea designando una autoridad para coordinar la respuesta nacional o estableciendo un mecanismo a tal efecto. Los Estados miembros deben velar por que la autoridad designada o el instrumento establecido dispongan de competencias y recursos suficientes para llevar a cabo esa tarea de forma efectiva y garantizar que se dé una respuesta adecuada a los riesgos detectados.

(20)

Para poder evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben mantener estadísticas al respecto y mejorar su calidad. Con vistas a aumentar la calidad y la coherencia de los datos estadísticos recogidos a escala de la Unión, la Comisión y la ALBC deben hacer un seguimiento de la evolución de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala de la Unión y publicar estudios periódicos.

(21)

El GAFI ha elaborado criterios para que las jurisdicciones detecten y evalúen los riesgos de una posible no aplicación o elusión de las sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación, y para que adopten medidas de atenuación de dichos riesgos. Estas nuevas normas introducidas por el GAFI no sustituyen ni socavan los estrictos requisitos existentes para que los países apliquen sanciones financieras específicas en cumplimiento de la reglamentación pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativos a la prevención, la supresión y la interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación. Estas obligaciones existentes, tal como se aplican a escala de la Unión mediante las Decisiones 2010/413/PESC (11) y (PESC) 2016/849 (12) del Consejo, así como por los Reglamentos (UE) n.o 267/2012 (13) y (UE) n. o 2017/1509 (14) del Consejo, siguen siendo vinculantes para todas las personas físicas y jurídicas en la Unión. Habida cuenta de los riesgos específicos de la no aplicación y la elusión de sanciones financieras específicas a los que está expuesta la Unión, procede ampliar la evaluación de riesgos para incluir todas las sanciones financieras específicas adoptadas a escala de la Unión. La naturaleza, basada en el riesgo, de las medidas de la LBC/LFT en materia de sanciones financieras específicas no elimina la obligación que incumbe en la Unión a todas las personas físicas y jurídicas de inmovilizar fondos u otros activos y de no ponerlos a disposición de las personas o entidades designadas.

(22)

A fin de reflejar la evolución a escala internacional, especialmente las Recomendaciones revisadas del GAFI, y garantizar un marco global para la aplicación de sanciones financieras específicas, la presente Directiva debe introducir requisitos para detectar, comprender, gestionar y atenuar los riesgos de no aplicación o elusión de sanciones financieras específicas a escala de la Unión y de los Estados miembros.

(23)

Los registros centrales de información sobre la titularidad real (en lo sucesivo, «registros centrales») son cruciales para luchar contra el uso indebido de entidades jurídicas y de instrumentos jurídicos. Por tanto, los Estados miembros deben velar por que la información sobre la titularidad real de las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos, sobre los acuerdos de nominatario, y sobre las entidades jurídicas extranjeras y los instrumentos jurídicos extranjeros se conserve en un registro central. Para garantizar que esos registros centrales sean fácilmente accesibles y contengan datos de alta calidad, deben introducirse normas coherentes sobre la recopilación y la conservación de dicha información por parte de los registros. La información conservada en los registros centrales debe ser accesible, en un formato fácilmente utilizable y de lectura mecánica.

(24)

En aras de una mayor transparencia que permita combatir la utilización indebida de las entidades jurídicas, los Estados miembros deben garantizar que la información sobre la titularidad real se registre en un registro central situado fuera de la entidad jurídica, respetando plenamente el Derecho de la Unión. Los Estados miembros deben utilizar a tal fin una base central de datos que reúna información sobre la titularidad real, ya sea el registro de empresas u otro registro central. Los Estados miembros pueden decidir que las entidades obligadas tengan la responsabilidad de aportar determinada información al registro central. Los Estados miembros deben asegurarse de que, en todos los casos, esta información se ponga a disposición de las autoridades competentes y se facilite a las entidades obligadas cuando apliquen medidas de diligencia debida con respecto al cliente.

(25)

La información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») expresos y de los instrumentos jurídicos análogos se debe registrar en el lugar de establecimiento o residencia, o donde se gestione el instrumento jurídico, de los fiduciarios y de las personas que ostenten una posición equivalente en instrumentos jurídicos análogos. El control efectivo y el registro de la información sobre la titularidad real de dichos fideicomisos (del tipo «trust») expresos e instrumentos jurídicos análogos requieren, además, la cooperación entre los Estados miembros. La interconexión de los registros de titulares reales de tales fideicomisos expresos e instrumentos jurídicos análogos que existan en los Estados miembros debe hacer accesible dicha información y, además, debe garantizar que se evite el registro múltiple de los mismos fideicomisos (del tipo «trust») expresos e instrumentos jurídicos análogos dentro de la Unión.

(26)

Es necesario, por lo demás, garantizar el acceso oportuno a la información sobre la titularidad real de un modo tal que evite todo riesgo de que la entidad jurídica o los fiduciarios o las personas que ostenten una posición equivalente afectadas tengan conocimiento de ese acceso.

(27)

La exactitud de los datos incluidos en los registros centrales es fundamental para todas las autoridades pertinentes y otras personas a las que se permita el acceso a dichos datos, y para adoptar decisiones válidas y legítimas basadas en dichos datos. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que las entidades encargadas de los registros centrales verifiquen, en un plazo razonable tras la presentación de la información sobre la titularidad real y posteriormente de manera periódica, que la información presentada es adecuada y precisa y que está actualizada. Los Estados miembros deben velar por que las entidades encargadas de los registros centrales puedan solicitar cualquier información que necesiten para verificar la información sobre la titularidad real y la información relativa al nominatario, así como las situaciones en las que no haya titular real o en las que no se haya podido determinar el titular o titulares reales. En esos casos, la información facilitada al registro debe ir acompañada de una justificación que incluya todos los documentos justificativos pertinentes para que el registro central pueda determinar si este es el caso. Los Estados miembros deben velar también por que las entidades encargadas de los registros centrales dispongan de las herramientas adecuadas para llevar a cabo verificaciones, incluidas las verificaciones automatizadas, de tal manera que se protejan los derechos fundamentales y se eviten resultados discriminatorios.

(28)

Es importante que los Estados miembros confieran a la entidad encargada de los registros centrales competencias y recursos suficientes para verificar la titularidad real y la veracidad de la información que se le haya facilitado, así como para comunicar cualquier sospecha a su UIF. Dichas competencias deben incluir la facultad de realizar inspecciones en las instalaciones empresariales de las entidades jurídicas y a las entidades obligadas que actúen como fiduciarias de fideicomisos (del tipo «trust») expresos o personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jurídicos análogos, ya sean realizadas por las entidades encargadas de los registros centrales o por otras autoridades en su nombre. Los Estados miembros deben velar por que se apliquen las salvaguardias adecuadas cuando dichos fiduciarios o personas que ostenten una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo sean profesionales del Derecho, o cuando las instalaciones de la empresa o el domicilio social coincidan con su residencia privada. Dichas competencias deben ampliarse a los representantes de entidades jurídicas extranjeras y de instrumentos jurídicos extranjeros en la Unión cuando dichas entidades e instrumentos jurídicos tengan su domicilio social o representantes en la Unión.

(29)

Cuando una verificación de la información sobre la titularidad real lleve a una entidad encargada de un registro central a concluir que existen incoherencias o errores en dicha información, o cuando dicha información incumpla de otro modo los requisitos, la entidad debe poder denegar o suspender la prueba de inscripción en el registro central hasta que se hayan corregido las deficiencias.

(30)

Las entidades encargadas de los registros centrales deben desempeñar sus funciones sin influencia indebida, incluida cualquier influencia política o industrial indebida en relación con la verificación de la información, la imposición de medidas o sanciones y la concesión de acceso a personas con un interés legítimo. A tal fin, las entidades encargadas de los registros centrales deben contar con políticas para prevenir los conflictos de intereses y gestionarlos.

(31)

Las entidades encargadas de los registros centrales gozan de una posición adecuada para identificar, de un modo rápido y eficiente, a las personas que poseen o controlan en última instancia entidades jurídicas e instrumentos jurídicos, así como a las personas designadas en relación con sanciones financieras específicas. La detección oportuna de tales estructuras de propiedad y control contribuye a mejorar el conocimiento de la exposición a los riesgos de no aplicación y elusión de sanciones financieras específicas, y a la adopción de medidas de atenuación para reducir tales riesgos. Por tanto, es importante que se exija a las entidades encargadas de los registros centrales que cotejen la información sobre la titularidad real que posean con las designaciones relacionadas con las sanciones financieras específicas, tanto inmediatamente después de la designación en cuestión como posteriormente, de manera periódica, con el fin de detectar si los cambios en la estructura de propiedad o control de la entidad jurídica o el instrumento jurídico pueden conllevar riesgos de elusión de sanciones financieras específicas. La indicación en los registros centrales de que las entidades jurídicas o los instrumentos jurídicos están asociados a personas o entidades sujetas a sanciones financieras específicas debe servir de apoyo a las actividades de las autoridades competentes y de las autoridades encargadas de aplicar las medidas restrictivas de la Unión.

(32)

La notificación de discrepancias entre la información sobre la titularidad real contenida en los registros centrales y la información sobre la titularidad real de que disponen las entidades obligadas y, en su caso, las autoridades competentes, es un mecanismo eficaz para verificar la exactitud de la información. Toda discrepancia detectada debe notificarse rápidamente y resolverse, de conformidad con los requisitos en materia de protección de datos.

(33)

Cuando la notificación de discrepancias por las UIF y otras autoridades competentes pueda poner en peligro un análisis de una operación sospechosa o una investigación penal en curso, la UIF u otras autoridades competentes deben aplazar la notificación de que se trate hasta el momento en que las razones que les hayan inducido a no notificarla dejen de existir. Además, las UIF y otras autoridades competentes no deben notificar ninguna discrepancia cuando ello vaya en contra de cualquier disposición de confidencialidad contemplada en el Derecho nacional o cuando la divulgación no autorizada constituya un delito.

(34)

Para garantizar la igualdad de condiciones en la aplicación del concepto de titular real, es esencial que, en toda la Unión, existan canales y medios de notificación uniformes para las entidades jurídicas y fiduciarios de fideicomisos (del tipo «trusts») expresos o personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jurídicos análogos. A tal fin, el formato para la presentación de la información sobre la titularidad real a los registros centrales pertinentes debe ser uniforme y ofrecer garantías de transparencia y seguridad jurídica.

(35)

A fin de garantizar condiciones de competencia equitativas entre los diferentes tipos de formas jurídicas, también los fiduciarios deben estar obligados a obtener y conservar información sobre la titularidad real y a comunicarla a un registro central o a una base de datos central.

(36)

Es esencial que la información sobre la titularidad real siga estando disponible a través de los registros centrales y del sistema de interconexión de los registros centrales durante un mínimo de cinco años desde que se haya disuelto la entidad jurídica o el instrumento jurídico haya dejado de existir. Los Estados miembros deben poder establecer por ley motivos adicionales para tratar la información sobre la titularidad real con fines distintos de la LBC/LFT si dicho tratamiento cumple un objetivo de interés público y constituye una medida necesaria y proporcionada para la consecución de un objetivo legítimo en una sociedad democrática.

(37)

Las UIF, otras autoridades competentes y los organismos autorreguladores deben tener acceso inmediato, sin filtrar, directo y gratuito a la información sobre la titularidad real con el fin de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo. Las entidades obligadas también deben tener acceso a los registros centrales cuando lleven a cabo la diligencia debida respecto del cliente. Los Estados miembros pueden optar por supeditar el acceso de las entidades obligadas al pago de una tasa. No obstante, dichas tasas deben limitarse a lo estrictamente necesario para cubrir los costes destinados a garantizar la calidad de la información almacenada en dichos registros y hacer que esta información esté disponible, y no deben socavar el acceso efectivo a la información sobre la titularidad real.

(38)

El acceso directo, oportuno y sin filtrar a la información sobre la titularidad real por parte de las autoridades públicas nacionales también es crucial para garantizar la correcta aplicación de las medidas restrictivas de la Unión y para prevenir el riesgo de no aplicación y elusión de las medidas restrictivas de la Unión, así como para investigar las infracciones de dichas medidas. Por estas razones, las autoridades competentes para la aplicación de tales medidas restrictivas, designadas con arreglo a los Reglamentos del Consejo pertinentes adoptados sobre la base del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), deben disponer de acceso directo e inmediato a la información conservada en los registros centrales interconectados.

(39)

Los órganos y organismos de la Unión que desempeñen un papel en el marco de la LBC/LFT de la Unión deben poder acceder a la información sobre la titularidad real en el ejercicio de sus funciones. Es el caso de la Fiscalía Europea, pero también de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en la realización de sus investigaciones, así como de Europol y Eurojust cuando apoyan investigaciones de las autoridades nacionales. Como autoridad de supervisión, se ha de conceder a la ALBC acceso a la información sobre la titularidad real cuando lleve a cabo actividades de supervisión. A fin de garantizar que la ALBC pueda apoyar eficazmente las actividades de las UIF, también debe poder acceder a la información sobre la titularidad real en el contexto de los análisis conjuntos.

(40)

Con el fin de limitar las injerencias en el derecho al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, el acceso del público a la información sobre titularidad real conservada en los registros centrales debe estar supeditado a la demostración de un interés legítimo. Los enfoques divergentes de los Estados miembros con respecto a la verificación de la existencia de tal interés legítimo pueden obstaculizar la aplicación armonizada del marco de la LBC/LFT y la finalidad preventiva para la que se permite dicho acceso por parte del público. Por lo tanto, es necesario concebir un marco para el reconocimiento y la verificación de los intereses legítimos a escala de la Unión, respetando plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Cuando exista un interés legítimo, el público debe poder acceder a la información sobre la titularidad real de las entidades e instrumentos jurídicos. El interés legítimo debe presumirse para determinadas categorías del público. El acceso en virtud de un interés legítimo no debe estar supeditado al estatuto o la forma jurídica de la persona que solicita el acceso.

(41)

Las organizaciones no gubernamentales, los profesores universitarios y los periodistas de investigación han contribuido a los objetivos de la Unión en la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. Por lo tanto debe considerarse que tienen un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real, lo que es de vital importancia para que desempeñen sus funciones y ejerzan un control público, en su caso. La capacidad de acceder a los registros centrales no debe estar condicionada al medio o la plataforma a través de los cuales lleven a cabo sus actividades, ni a la experiencia previa en este ámbito. A fin de que dichas categorías puedan llevar a cabo sus actividades de manera efectiva y evitar el riesgo de represalias, deben poder acceder a la información sobre entidades jurídicas e instrumentos jurídicos sin demostrar un vínculo con dichas entidades o instrumentos. Tal como se establece en las normas de protección de datos de la Unión, cualquier acceso de los titulares reales a la información sobre el tratamiento de sus datos personales no debe afectar negativamente a los derechos y libertades de terceros, incluido el derecho a la libertad personal. Comunicar al titular real que personas que actúan con fines periodísticos u organizaciones de la sociedad civil han consultado sus datos personales puede socavar la seguridad de los periodistas y de los miembros de organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo investigaciones sobre posibles actividades delictivas. Por lo tanto, al objeto de conciliar el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información para los periodistas, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y para garantizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, con arreglo al artículo 23, apartado 1, letra d) de dicho Reglamento, las entidades encargadas de los registros centrales no deben compartir información con los titulares reales sobre el tratamiento de sus datos por parte de esas categorías de público, sino únicamente el hecho de que personas que actúan con fines periodísticos u organizaciones de la sociedad civil han consultado sus datos.

(42)

La integridad de las operaciones comerciales es fundamental para el adecuado funcionamiento del mercado interior y del sistema financiero de la Unión. A tal fin, es importante que las personas que deseen emprender actividades comerciales con entidades jurídicas o instrumentos jurídicos en la Unión puedan acceder a la información sobre sus titulares reales para verificar que sus posibles contrapartes comerciales no están implicadas en el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo. Hay pruebas abundantes de que los delincuentes ocultan su identidad tras estructuras empresariales, y permitir que quienes puedan ejecutar operaciones con una entidad jurídica o un instrumento jurídico tengan conocimiento de la identidad de los titulares reales contribuye a combatir el uso indebido de entidades o instrumentos jurídicos con fines delictivos. Una operación no se limita a las actividades de negociación o a la prestación o compra de productos o servicios, sino que también puede incluir situaciones en las que es probable que una persona invierta fondos, tal como se definen en el artículo 4, punto 25, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), o criptoactivos en la entidad o el instrumento jurídicos, o adquiera la entidad jurídica. Por lo tanto, no debe considerarse que únicamente las personas que llevan a cabo actividades económicas o comerciales cumplen el requisito de interés legítimo para acceder a la información sobre la titularidad real.

(43)

Dada la naturaleza transfronteriza del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo, debe reconocerse que las autoridades de terceros países tienen un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real de las entidades e instrumentos jurídicos de la Unión, cuando dichas autoridades requieran dicho acceso en el contexto de investigaciones y análisis específicos para desempeñar sus funciones en el ámbito de la LBC/LFT. Del mismo modo, las entidades sujetas a requisitos en materia de LBC/LFT en terceros países deben poder acceder a la información sobre la titularidad real almacenada en los registros centrales de la Unión cuando estén obligadas a adoptar medidas de diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con los requisitos en materia de LBC/LFT de dichos países relativos a las entidades e instrumentos jurídicos establecidos en la Unión. Todo acceso a la información contenida en los registros centrales debe respetar el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales y, en particular, el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679. A tal fin, los registros centrales también deben tener en cuenta si las solicitudes de personas establecidas fuera de la Unión cumplen las condiciones para acogerse a una excepción en virtud del artículo 49 de dicho Reglamento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo, son de interés público general, y que los objetivos de seguridad pública le son conexos. Con el fin de preservar la integridad de las investigaciones y los análisis realizados por las UIF y las autoridades policiales y judiciales de terceros países, los registros centrales deben abstenerse de dar a conocer a los titulares reales cualquier forma de tratamiento de sus datos personales por parte de dichas autoridades en la medida en que dicha divulgación pueda afectar negativamente a las investigaciones y análisis de dichas autoridades. No obstante, para proteger los derechos de los interesados, los registros centrales únicamente deben abstenerse de divulgar dicha información hasta que dicha divulgación deje de poner en peligro una investigación o análisis. Este plazo debe fijarse en un máximo de cinco años y prorrogarse únicamente previa solicitud justificada de la autoridad del tercer país.

(44)

Con el objetivo de garantizar un régimen de acceso que sea lo suficientemente flexible y pueda adaptarse a las nuevas circunstancias que surjan, los Estados miembros deben poder conceder acceso a la información sobre la titularidad real, en función de cada caso, a cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo vinculado a la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo y la lucha contra ellos. Los Estados miembros deben recopilar información sobre los casos de interés legítimo que trasciendan las categorías que se enumeran en la presente Directiva y notificarlos a la Comisión.

(45)

Los delincuentes pueden hacer un uso indebido de las entidades jurídicas. Sin embargo, algunas fases del ciclo de vida de las entidades jurídicas se asocian a mayores riesgos, como la etapa de constitución de la sociedad o los momentos en los que se producen cambios en su estructura, como las transformaciones, fusiones o escisiones, que permiten a los delincuentes adquirir el control de la entidad jurídica. El marco de la Unión contempla la supervisión por parte de las autoridades públicas de esas fases de la existencia de una entidad jurídica en virtud de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). Con el fin de garantizar que dichas autoridades públicas puedan llevar a cabo sus actividades de manera eficaz y contribuir a prevenir el uso indebido de las entidades jurídicas con fines delictivos, las autoridades públicas deben tener acceso a la información contenida en los registros centrales interconectados.

(46)

Con el fin de garantizar la legalidad y la regularidad de los gasto incluidos en las cuentas presentadas a la Comisión en el marco de los programas de financiación de la Unión, las autoridades de los programas deben recopilar y almacenar en sus sistemas de gestión y control información sobre los titulares reales de los beneficiarios de dicha financiación. Por consiguiente, es necesario garantizar que las autoridades de los programas de los Estados miembros tengan acceso a la información sobre la titularidad real almacenada en los registros centrales interconectados para que puedan cumplir sus obligaciones de prevención, detección, corrección y notificación de irregularidades, incluido el fraude, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (18).

(47)

Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, las autoridades de los Estados miembros que apliquen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) deben tener acceso al registro central interconectado para recopilar la información sobre la titularidad real del perceptor de los fondos o el contratista de la Unión que se requiere en virtud de dicho Reglamento.

(48)

La corrupción en la contratación pública menoscaba el interés público, mina la confianza pública y tiene repercusiones negativas sobre la vida de la ciudadanía. Dada la vulnerabilidad de los procedimientos de contratación pública a la corrupción, el fraude y otros delitos subyacentes, las autoridades nacionales con competencias en los procedimientos de contratación pública deben poder consultar los registros centrales para conocer la identidad de las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan a los licitadores y detectar los casos en los que existe el riesgo de que haya delincuentes implicados en el procedimiento de contratación. Es fundamental que las autoridades públicas que lleven a cabo procedimientos de contratación pública puedan acceder de manera oportuna a la información conservada en los registros centrales para garantizar que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz, en particular la detección de casos de corrupción en dichos procedimientos. La definición de autoridades públicas en el ámbito de los procedimientos de contratación debe abarcar el concepto de órganos de contratación según los actos jurídicos de la Unión en materia de procedimientos de contratación pública de bienes y servicios, y los de concesiones, así como cualquier autoridad pública designada por los Estados miembros para verificar la legalidad de los procedimientos de contratación pública que no sea una autoridad competente a efectos de la LBC/LFT.

(49)

Productos como el cribado de los clientes proporcionado por proveedores terceros ayudan a las entidades obligadas en el ejercicio de la diligencia debida con respecto al cliente. Estos productos les ofrecen una imagen global del cliente que les permite tomar decisiones informadas en cuanto a su clasificación del riesgo, las medidas de mitigación que deben aplicarse y las posibles sospechas sobre sus actividades. También contribuyen a la labor de las autoridades competentes de cara al análisis de operaciones sospechosas y la investigación de posibles casos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiación del terrorismo, al completar la información sobre la titularidad real a través de otras soluciones técnicas que permiten a las autoridades competentes tener una visión más amplia de las tramas delictivas complejas, en particular mediante la localización de los autores. Por tanto, desempeñan un papel fundamental en la trazabilidad de los movimientos cada vez más complejos y rápidos que caracterizan a los mecanismos de blanqueo de capitales. En virtud de su función consolidada en las infraestructuras de cumplimiento, resulta justificado considerar que los proveedores que ofrecen esos productos tienen un interés legítimo en acceder a la información almacenada en los registros centrales, siempre que los datos obtenidos del registro se ofrezcan únicamente a las entidades obligadas y a las autoridades competentes de la Unión para el desempeño de las tareas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo y la lucha contra ellos.

(50)

Con el fin de evitar que se adopten enfoques divergentes al aplicar el concepto de interés legítimo a efectos del acceso a la información sobre la titularidad real, deben armonizarse los procedimientos para el reconocimiento de dicho interés legítimo. Para ello, se deben establecer plantillas comunes para la solicitud y el reconocimiento del interés legítimo, que facilitarían el reconocimiento mutuo por parte de los registros centrales de toda la Unión. A tal fin, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer plantillas y procedimientos armonizados.

(51)

Para garantizar que los procesos para conceder acceso a personas cuyo interés legítimo ya se haya verificado previamente no sean excesivamente gravosos, el acceso puede renovarse a través de procedimientos simplificados por los que la entidad encargada del registro central se asegure de que la información obtenida previamente para realizar la verificación sea correcta y pertinente y de que se actualice cuando sea necesario.

(52)

Además, con el propósito de garantizar un enfoque proporcionado y equilibrado y de garantizar los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales, los Estados miembros deben establecer exenciones tanto a la divulgación de la información personal sobre el titular real a través de registros centrales como al acceso a dicha información, en circunstancias excepcionales, cuando tal información pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación. Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de exigir un registro en línea para poder identificar a cualquier persona que solicite información del registro central, así como el pago de una tasa para el acceso a la información registrada por parte de personas con interés legítimo. No obstante, dichas tasas deben limitarse a lo estrictamente necesario para cubrir los costes derivados de garantizar la calidad de la información almacenada en los registros centrales y facilitar esta información, y no deben menoscabar el acceso efectivo a la información sobre la titularidad real.

(53)

Es necesario identificar a los solicitantes para velar por que solo las personas con un interés legítimo puedan acceder a la información sobre la titularidad real. No obstante, el proceso de identificación debe llevarse a cabo de tal manera que no dé lugar a discriminación, en particular por razón del país de residencia o la nacionalidad de los solicitantes. A tal fin, los Estados miembros deben proporcionar mecanismos de identificación suficientes, incluidos, entre otros, los medios de identificación electrónica establecidos por el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), y los servicios de confianza cualificados pertinentes, para permitir que las personas con un interés legítimo accedan de manera efectiva a la información sobre la titularidad real.

(54)

La Directiva (UE) 2018/843 logró la interconexión de los registros centrales de los Estados miembros que contienen información sobre la titularidad real a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132. La interconexión ha demostrado ser esencial para que las autoridades competentes, las entidades obligadas y las personas con un interés legítimo tengan un acceso transfronterizo eficaz a la información sobre la titularidad real. Se necesitará un trabajo continuo para aplicar a tiempo la evolución de los requisitos normativos antes de la transposición de la presente Directiva. Por lo tanto, la labor de interconexión debe proseguir con la participación de los Estados miembros en el funcionamiento del sistema en su conjunto, lo que debe asegurarse por medio de un diálogo periódico entre la Comisión y los representantes de los Estados miembros sobre las cuestiones referentes al funcionamiento del sistema y su futuro desarrollo.

(55)

Mediante la interconexión de los registros centrales de los Estados miembros, el acceso tanto nacional como transfronterizo a la información sobre la titularidad real de los instrumentos jurídicos presente en el registro central de cada Estado miembro debe concederse sobre la base de la definición de interés legítimo, en virtud de una decisión adoptada por la entidad a cargo del registro central pertinente. Para garantizar que puedan revisarse las decisiones sobre la limitación del acceso a la información sobre la titularidad real, deben establecerse mecanismos de recurso contra dichas decisiones. Con objeto de asegurar la coherencia y la eficiencia del registro y el intercambio de información, los Estados miembros deben velar por que su entidad responsable del registro central de su Estado miembro coopere con sus homólogas en otros Estados miembros, también compartiendo con ellas información sobre los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos que se rigen por el Derecho de un Estado miembro y se administran en otro Estado miembro o cuyo fiduciario esté establecido o resida en otro Estado miembro.

(56)

El Reglamento (UE) 2016/679 es aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva. Las personas físicas cuyos datos personales se conserven en los registros centrales como titulares reales deben ser informadas de las normas aplicables en materia de protección de datos. Además, solo deben facilitarse los datos personales que estén actualizados y correspondan a los titulares reales verdaderos, y se debe informar a los titulares reales de sus derechos con arreglo al marco normativo de protección de datos de la Unión, así como de los procedimientos aplicables al ejercicio de dichos derechos.

(57)

Todo retraso en el acceso de las UIF y otras autoridades competentes a la información sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias, de pago, de valores y de criptoactivos y cajas de seguridad obstaculiza la detección de las transferencias de fondos vinculadas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Resulta, por lo tanto, esencial establecer en todos los Estados miembros mecanismos automatizados centralizados —por ejemplo, un registro o un sistema de recuperación de datos—, como medio eficiente de obtener acceso en tiempo oportuno a la información sobre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias, de pago, de valores y de criptoactivos, así como de las cajas de seguridad, sus autorizados y sus titulares reales. Tal información debe incluir la información histórica sobre clientes-titulares de cuentas, cuentas bancarias o de pago, incluidos los números internacionales de cuenta bancaria virtuales (IBAN, por sus siglas en inglés) (en lo sucesivo, «IBAN virtuales»,), cuentas de valores, cuentas de criptoactivos y cajas de seguridad que se hayan cerrado. Cuando se apliquen las disposiciones relativas al acceso, conviene recurrir a los mecanismos ya existentes siempre y cuando las UIF nacionales puedan acceder, de forma inmediata y sin filtrar, a los datos que son objeto de indagaciones. Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de alimentar este tipo de mecanismos con otra información que se considere necesaria y proporcionada con objeto de lograr una atenuación más eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. Debe garantizarse la confidencialidad completa en cuanto a tales indagaciones y a las solicitudes de información conexa por parte de las UIF, la ALBC en el contexto de análisis conjuntos y las autoridades competentes.

(58)

Los IBAN virtuales son números virtuales emitidos por entidades de crédito y entidades financieras que permiten redirigir los pagos a cuentas bancarias o de pago físicas. Si bien las empresas pueden utilizar los IBAN virtuales con fines legítimos, por ejemplo, para agilizar el proceso de cobro y envío de pagos transfronterizos, también están asociados a un mayor riesgo de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo, ya que pueden utilizarse para ocultar la identidad del titular de la cuenta, lo que dificulta que las UIF rastreen el flujo de fondos, localicen la cuenta e impongan las medidas necesarias, incluida la suspensión o el control de la cuenta. A fin de atenuar dichos riesgos y facilitar que las UIF rastreen y detecten los flujos ilícitos, los mecanismos automatizados centralizados deben incluir información sobre los IBAN virtuales asociados a una cuenta bancaria o de pago.

(59)

Con el fin de respetar la privacidad y proteger los datos personales, deben almacenarse en mecanismos automatizados centralizados para cuentas bancarias o de pago, de valores y de criptoactivos los datos mínimos necesarios para el desarrollo de las investigaciones en materia de LBC/LFT. Debe permitirse a los Estados miembros determinar qué otros datos resulta útil y proporcionado recabar. Al transponer las disposiciones relativas a dichos mecanismos, los Estados miembros deben fijar períodos de conservación equivalentes al período de conservación de la documentación y la información obtenidos en aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Debe permitirse a los Estados miembros prorrogar excepcionalmente el período de conservación a condición de que aleguen motivos de peso para ello. La prórroga del período de conservación no debe exceder de un período de cinco años adicionales. Dicho período se entiende sin perjuicio de que el Derecho nacional establezca otros requisitos de conservación de datos que permitan que decisiones caso por caso faciliten las diligencias penales o administrativas. La base del acceso a esos mecanismos debe ser la necesidad de saber.

(60)

Gracias a la interconexión de los mecanismos automatizados centralizados de los Estados miembros, las UIF nacionales podrían obtener rápidamente información transfronteriza sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias, de pago, de valores, de criptoactivos y cajas de seguridad en otros Estados miembros, lo que reforzaría su capacidad para llevar a cabo análisis financieros de manera eficaz y cooperar con sus homólogas de otros Estados miembros. El acceso transfronterizo directo a la información sobre cuentas bancarias, de pago, de valores, de criptoactivos y cajas de seguridad permitiría a las UIF elaborar análisis financieros en un plazo suficientemente breve para rastrear los fondos canalizados a través de diversas cuentas, en particular utilizando IBAN virtuales, y detectar posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y garantizar una actuación policial rápida. La ALBC también debe tener acceso directo a los mecanismos automatizados centralizados e interconectados para prestar apoyo operativo a las UIF en el marco de los ejercicios de análisis conjuntos. Los Estados miembros deben garantizar que el acceso directo a los mecanismos automatizados centralizados e interconectados se amplíe a las autoridades de supervisión para que puedan desempeñar eficazmente sus funciones.

(61)

Con el fin de respetar el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad, y limitar el impacto del acceso transfronterizo a la información contenida en los mecanismos automatizados centralizados nacionales, el alcance de la información accesible a través del sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias (BARIS, por sus siglas en inglés) se restringiría al mínimo necesario de conformidad con el principio de minimización de datos, a fin de permitir la identificación de cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas bancarias o de pago, de valores, de criptoactivos y cajas de seguridad. Las UIF y la ALBC, así como los supervisores, deben tener acceso inmediato y sin filtrar al sistema de interconexión de los registros de cuentas bancarias. Los Estados miembros deben velar por que el personal de las UIF observe unas estrictas normas profesionales en materia de confidencialidad y protección de datos, tenga un elevado nivel de integridad y esté debidamente cualificado. Además, los Estados miembros deben establecer medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos con arreglo a normas tecnológicas estrictas.

(62)

La interconexión de los mecanismos automatizados centralizados de los Estados miembros (registros centrales o sistemas centrales electrónicos de recuperación de datos) que contienen información sobre cuentas bancarias y de pago, de valores, de criptoactivos y cajas de seguridad a través del sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias requiere la coordinación de sistemas nacionales con características técnicas variables. A tal fin, deben desarrollarse medidas y especificaciones técnicas que tengan en cuenta las diferencias entre los mecanismos automatizados centralizados nacionales.

(63)

Los bienes inmuebles son una mercancía atractiva para que los delincuentes blanqueen el producto de sus actividades ilícitas, ya que permiten ocultar la verdadera fuente de los fondos y la identidad del titular real. La identificación adecuada y oportuna de los bienes inmuebles y de las personas físicas, las entidades jurídicas y los instrumentos jurídicos propietarios de bienes inmuebles por las UIF y otras autoridades competentes es importante tanto para detectar los mecanismos de blanqueo de capitales como para la inmovilización y el decomiso de activos, así como para las medidas de inmovilización administrativa por las que se ejecuten sanciones financieras específicas. Por consiguiente, es importante que los Estados miembros faciliten a las UIF y a otras autoridades competentes un acceso inmediato y directo a la información que permita llevar a cabo correctamente los análisis e investigaciones de posibles causas penales relacionadas con bienes inmuebles. Para facilitar el acceso efectivo, dicha información debe proporcionarse gratuitamente a través de un punto de acceso único, por medios digitales y, cuando sea posible, en formato de lectura mecanizada. En ella debe figurar información histórica, incluidos el historial de la titularidad de los bienes inmuebles, los precios a los que se han adquirido en el pasado y las cargas conexas durante un período definido en el pasado, a fin de que las UIF y otras autoridades competentes del Estado miembro puedan analizar y detectar cualquier actividad sospechosa relacionada con operaciones de bienes inmuebles, también de terrenos, que pueda constituir un indicio de blanqueo de capitales u otros tipos de delincuencia. Tal información histórica abarca tipos de información que ya se habrían recopilado al realizar las operaciones de bienes inmuebles. Por consiguiente, no se imponen nuevas obligaciones a las personas afectadas, lo que garantiza el debido respeto de la confianza legítima de los interesados. Dado el frecuente carácter transfronterizo de las tramas delictivas relacionadas con bienes inmuebles, conviene definir un conjunto mínimo de datos que las autoridades competentes deben poder consultar y compartir con sus homólogos de otros Estados miembros.

(64)

Los Estados miembros han creado, o deben crear, UIF independientes y autónomas desde el punto de vista operativo con la misión de recoger y analizar la información, a fin de establecer vínculos entre operaciones y actividades sospechosas y la actividad delictiva subyacente a los efectos de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La UIF debe ser la única unidad nacional central responsable de la recepción y el análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas, las comunicaciones sobre movimientos físicos transfronterizos de efectivo a través del Sistema de Información Aduanero y sobre las operaciones notificadas cuando superen determinados umbrales (divulgación de información basada en umbrales), así como otra información pertinente para el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo presentada por las entidades obligadas. La independencia y la autonomía operativas y la autonomía de la UIF deben garantizarse otorgando a la UIF la autoridad y la capacidad de desempeñar sus funciones libremente, incluida la capacidad de tomar decisiones autónomas en lo que respecta al análisis, las solicitudes y la difusión de información específica. En todos los casos, la UIF debe tener el derecho independiente de transmitir o difundir información a las autoridades competentes pertinentes. La UIF debe disponer de los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, de manera que se garantice su autonomía e independencia y se le permita ejercer su mandato de manera eficaz. La UIF debe poder obtener y utilizar los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, tanto en casos concretos como de forma rutinaria, libre de cualquier influencia o injerencia política, gubernamental o industrial indebida que pueda comprometer su independencia operativa. Con el fin de evaluar el cumplimiento de tales requisitos y de detectar deficiencias y buenas prácticas, se debe facultar a la ALBC para que coordine la organización de las revisiones por pares de las UIF.

(65)

El personal de las UIF debe tener un elevado nivel de integridad, contar con la capacitación adecuada y respetar estrictos criterios profesionales. Las UIF deben disponer de procedimientos para prevenir y gestionar eficazmente los conflictos de intereses. Debido a la naturaleza de su trabajo, las UIF reciben grandes cantidades de información personal y financiera delicada y tienen acceso a ella. Por lo tanto, el personal de las UIF debe contar con las capacidades adecuadas en lo que respecta al uso ético de las herramientas analíticas de macrodatos. Además, las actividades de las UIF pueden tener repercusiones sobre los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la vida privada y el derecho a la propiedad. Por consiguiente, las UIF deben nombrar un agente de derechos fundamentales, que puede ser un miembro del personal existente de la UIF. Sin obstaculizar ni retrasar las actividades de las UIF, el agente de derechos fundamentales debe encargarse del seguimiento y la promoción del cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de la UIF, la prestación de asesoramiento y orientación a la UIF sobre las repercusiones de sus políticas y prácticas en materia de derechos fundamentales, el control de la legalidad y la ética de las actividades de la UIF y la emisión de dictámenes no vinculantes. El nombramiento de un agente de derechos fundamentales ayudaría a velar por que, en el desempeño de sus funciones, las UIF respeten y protejan los derechos fundamentales de las personas afectadas.

(66)

Las UIF deben poder difundir información a las autoridades competentes encargadas de luchar contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. Se debe entender que dichas autoridades incluyen a las autoridades con funciones de investigación, fiscales o judiciales. En todos los Estados miembros, otras autoridades desempeñan funciones específicas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo, y las UIF también deben poder facilitarles los resultados de sus análisis operativos o estratégicos cuando consideren dichos resultados pertinentes para el desempeño de sus funciones. Los resultados de estos análisis proporcionan inteligencia valiosa que se debe utilizar en el seguimiento de las pistas en el transcurso de la labor de investigación y enjuiciamiento. Al divulgar la información, no debe revelarse la fuente de la comunicación de la operación o actividad sospechosas. Sin embargo, esto no debe impedir que las UIF difundan información pertinente, incluida, por ejemplo, la información sobre números IBAN o códigos BIC o SWIFT. Además, las UIF deben poder compartir otra información que obre en su poder, especialmente cuando lo soliciten otras autoridades competentes. En el ejercicio de su autonomía e independencia, las UIF deben valorar de qué manera una negativa a facilitar información podría afectar a la cooperación y al objetivo general de luchar contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. La negativa debe limitarse a circunstancias excepcionales; por ejemplo, cuando la información proceda de otra UIF que no haya consentido su ulterior difusión o cuando la UIF tenga motivos para creer que la información se va a utilizar para fines diferentes a aquellos para los que se solicita. En tales casos, la UIF debe justificar la negativa. Para ello, se podría aclarar que la UIF no posee la información o que no se ha dado consentimiento para su ulterior difusión.

(67)

Es crucial para la integridad y la estabilidad del sistema financiero que haya una cooperación y un intercambio de información eficaces entre las UIF y los supervisores. De esta manera, se vela por que se adopte un enfoque global y coherente en materia de prevención del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo y lucha contra ellos, se refuerza la eficacia del régimen de LBC/LFT de la Unión y se protege a la economía frente a las amenazas que plantean las actividades financieras ilícitas. La información que poseen las UIF relativa, por ejemplo, a la calidad y cantidad de las comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por las entidades obligadas, la calidad y la puntualidad de las respuestas de las entidades obligadas a las solicitudes de información de las UIF e información sobre blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes, y la financiación del terrorismo, tipologías, tendencias y métodos puede ayudar a los supervisores a identificar los ámbitos en los que los riesgos son mayores o en los que el cumplimiento es deficiente y, por lo tanto, ofrecerles una idea de si es necesario reforzar la supervisión de entidades o sectores obligados específicos. A tal fin, las UIF deben facilitar a los supervisores, de forma espontánea o previa solicitud, determinados tipos de información que podrían ser pertinentes a efectos de supervisión.

(68)

Las UIF desempeñan un importante papel en la detección de las operaciones financieras de las redes terroristas, especialmente las transfronterizas, y en la identificación de quienes les aportan respaldo financiero. La inteligencia financiera podría tener una importancia fundamental para descubrir la facilitación de delitos de terrorismo y las redes y sistemas de las organizaciones terroristas. Las UIF mantienen diferencias significativas en cuanto a sus funciones, competencias y facultades. Las diferencias actuales no deben, sin embargo, afectar a la actividad de las UIF, especialmente a su capacidad de elaboración de análisis preventivos en apoyo del conjunto de autoridades encargadas de las actividades de inteligencia, de investigación y judiciales, y a la cooperación internacional. En el ejercicio de sus tareas, resulta esencial determinar el conjunto mínimo de datos al que las UIF deben tener acceso rápido y que deben poder intercambiar sin impedimentos con sus homólogas de otros Estados miembros. Siempre que se sospeche la existencia de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo, la información debe circular directa y rápidamente [entre las UIF], sin demoras indebidas. Resulta esencial, por lo tanto, seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las UIF, especificando sus competencias y las modalidades de cooperación entre ellas.

(69)

Las competencias de las UIF incluyen el derecho a acceder directa o indirectamente a la información «financiera», «administrativa» y «policial» que necesitan para luchar contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. La falta de definición de los tipos de información incluidos en dichas categorías generales ha dado lugar a que se haya concedido a las UIF acceso a conjuntos de información considerablemente diversificados, lo que repercute en las funciones analíticas de las UIF y en su capacidad para cooperar eficazmente con sus homólogas de otros Estados miembros, especialmente en el contexto de los ejercicios de análisis conjuntos. Por consiguiente, es necesario definir los conjuntos mínimos de información «financiera», «administrativa» y «policial» que deben ponerse directa o indirectamente a disposición de todas las UIF en toda la Unión. Las UIF también reciben y almacenan en sus bases de datos información relativa a las operaciones que se comunican cuando se superan los umbrales especificados (comunicaciones basadas en umbrales), o tienen acceso a ella. Dichas comunicaciones constituyen una importante fuente de información y son ampliamente utilizadas por las UIF en el contexto de los análisis nacionales y conjuntos. Por lo tanto, los informes basados en umbrales son uno de los tipos de información que se intercambian a través de FIU.net. Es importante que las UIF dispongan de un acceso directo para garantizar su eficacia operativa y su capacidad de respuesta. A tal fin, los Estados miembros deben poder proporcionar a las UIF acceso directo a un conjunto de información más amplio que el que se prevé en la presente Directiva. Paralelamente, la presente Directiva no obliga a los Estados miembros a crear nuevas bases de datos o registros en los casos en que determinados tipos de información, por ejemplo, la información relativa a la contratación pública, se encuentre dispersa en varios depósitos o archivos. Cuando no se haya creado una base de datos o un registro, los Estados miembros deben adoptar otras medidas necesarias para garantizar que las UIF puedan obtener dicha información a la mayor brevedad posible. Además, las UIF deben poder recabar rápidamente de cualquier entidad obligada toda la información necesaria relativa a sus funciones. Las UIF también deben poder obtener esa información a petición de otra UIF e intercambiar dicha información con la UIF solicitante.

(70)

Debe considerarse que el acceso es directo e inmediato cuando la información esté recogida en una base de datos, un registro o un sistema electrónico de recuperación de datos que permita a la UIF obtenerla directamente, a través de un mecanismo automatizado, sin la participación de un intermediario. Cuando la información obre en poder de otra entidad o autoridad, se entenderá que el acceso es directo cuando dichas autoridades o entidades transmitan la información a la UIF a la mayor brevedad posible, sin interferir en el contenido de los datos solicitados o la información que debe facilitarse. La información no debe filtrarse de ninguna forma. Sin embargo, en algunas situaciones, los requisitos de confidencialidad vinculados a la información podrían impedir que se facilitase la información sin filtrar. Esto es así, por ejemplo, cuando la información fiscal solo pueda facilitarse a las UIF previo acuerdo de una autoridad tributaria de un tercer país, cuando el acceso directo a la información policial pueda poner en peligro una investigación en curso y en lo relacionado con los datos del registro de nombres de los pasajeros recopilados de conformidad con la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). En tales casos, los Estados miembros deben hacer todo lo posible por garantizar el acceso efectivo de las UIF a la información, en particular concediéndoles unas condiciones de acceso similares a las que se establecen para las autoridades a nivel nacional con el fin de facilitar sus actividades analíticas.

(71)

Se ha otorgado a la gran mayoría de las UIF la competencia de tomar medidas urgentes y suspender o no autorizar el consentimiento para una operación a efectos de realizar los análisis, confirmar la sospecha y difundir los resultados de las actividades de análisis a las autoridades competentes. Sin embargo, existen ciertas variaciones en relación con la duración de los poderes de suspensión en los Estados miembros, lo que repercute no solo en el aplazamiento de actividades de carácter transfronterizo a través de la cooperación entre UIF, sino también en los derechos fundamentales de las personas. Además, con el fin de garantizar que las UIF tengan la capacidad de restringir rápidamente los fondos o activos de origen delictivo e impedir su disipación, también a efectos de incautación, debe otorgarse a las UIF el poder de suspender el uso de una cuenta bancaria, de pago o de criptoactivos o una relación de negocios con el fin de analizar las operaciones realizadas a través de la cuenta o la relación de negocios, confirmar la sospecha y difundir los resultados del análisis a las autoridades competentes pertinentes. Dado que dicha suspensión afectaría al derecho a la propiedad, las UIF deben poder suspender las operaciones, las cuentas o las relaciones de negocios durante un período de tiempo limitado con el fin de preservar los fondos, llevar a cabo los análisis necesarios y difundir los resultados de los análisis a las autoridades competentes con vistas a la posible adopción de las medidas adecuadas. Habida cuenta de las repercusiones especialmente significativas sobre los derechos fundamentales de una persona afectada, la suspensión de una cuenta o de una relación de negocios debe imponerse por un período más limitado, que debe fijarse en cinco días laborables. Los Estados miembros pueden establecer un período de suspensión más largo cuando, con arreglo al Derecho nacional, la UIF ejerza competencias en el ámbito de la recuperación de activos y tenga la función de rastrear, incautar o inmovilizar y decomisar activos de origen delictivo. En tales casos, debe garantizarse el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas y las UIF deben ejercer sus funciones de conformidad con las garantías nacionales adecuadas. Las UIF deben levantar la suspensión de la operación, cuenta o relación de negocios tan pronto como deje de ser necesaria. Cuando se establezca un período de suspensión más largo, las personas afectadas cuyas operaciones, cuentas o relaciones de negocios que se hayan suspendido deben tener la posibilidad de recurrir la orden de suspensión ante un órgano jurisdiccional.

(72)

En circunstancias específicas, las UIF deben poder solicitar, en nombre propio o en nombre de otra UIF, a una entidad obligada que supervise, durante un período determinado, las operaciones o actividades realizadas a través de una cuenta bancaria o de pago o una cuenta de criptoactivos u otro tipo de relación de negocios con respecto a personas que presenten un riesgo significativo de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo. Una mayor supervisión de una cuenta o de una relación de negocios puede proporcionar a la UIF información adicional sobre los patrones de las operaciones del titular de la cuenta y propiciar la detección oportuna de operaciones o actividades inusuales o sospechosas que podrían justificar la adopción de nuevas medidas por parte de la UIF, incluida la suspensión de la cuenta o la relación de negocios, el análisis de la información recopilada y la difusión de sus resultados a las autoridades encargadas de la investigación y el enjuiciamiento. Las UIF también deben poder alertar a las entidades obligadas de la información pertinente a efectos del ejercicio de la diligencia debida con respecto al cliente. Dichas alertas pueden ayudar a las entidades obligadas a fundamentar sus procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y garantizar su coherencia con los riesgos, actualizar sus sistemas de evaluación y gestión de riesgos en consecuencia y obtener información adicional que podría confirmar la necesidad de reforzar la diligencia debida con respecto a determinados clientes o operaciones que presenten riesgos más elevados.

(73)

A efectos de una mayor transparencia y rendición de cuentas y con el fin de aumentar la sensibilización con respecto a sus actividades, las UIF deben publicar informes de actividad con periodicidad anual. Dichos informes deben proporcionar al menos datos estadísticos en relación con las comunicaciones de operaciones sospechosas recibidas y su seguimiento, el número de comunicaciones efectuadas a las autoridades nacionales competentes y el seguimiento dado a dichas comunicaciones, el número de solicitudes presentadas a otras UIF y recibidas de ellas, e información sobre las tendencias y tipologías detectadas. Dichos informes deben hacerse públicos, excepto aquellas partes que contengan información sensible y clasificada.

(74)

Al menos una vez al año, la UIF debe facilitar a las entidades obligadas observaciones sobre la calidad de las comunicaciones de operaciones sospechosas, su puntualidad, la descripción de las sospechas y cualquier documento adicional facilitado. Dichas observaciones pueden facilitarse a las entidades obligadas individuales o a grupos de entidades obligadas y debe tener por objeto seguir mejorando la capacidad de las entidades obligadas para detectar y señalar operaciones y actividades sospechosas, mejorar la calidad de las comunicaciones de operaciones sospechosas, reforzar los mecanismos generales de notificación y proporcionar a las entidades obligadas información relevante sobre las tendencias, las tipologías y los riesgos asociados al blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. Al determinar el tipo de observaciones y la frecuencia con la que se deben facilitar, las UIF deben tener en cuenta, en la medida de lo posible, los ámbitos en los que pueda hacer falta mejorar las actividades de comunicación. Con el fin de contribuir a que se adopte un enfoque coherente entre las UIF y se faciliten unas observaciones adecuadas a las entidades obligadas, la ALBC debe formular recomendaciones a las UIF sobre las mejores prácticas y enfoques para formular las observaciones. Las UIF podrían plantearse la posibilidad de formular observaciones sobre el uso o el resultado de las comunicaciones de operaciones sospechosas, tratando los informes de forma individual o agregada, siempre que hacerlo no ponga en peligro la labor de análisis o investigación. Al menos una vez al año, las UIF también deben formular observaciones sobre la eficacia y el seguimiento de las comunicaciones sobre movimientos físicos transfronterizos de efectivo a las autoridades aduaneras.

(75)

La finalidad de las UIF consiste en recoger y analizar información con miras a establecer vínculos entre operaciones o actividades sospechosas y la actividad delictiva subyacente, a fin de prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y difundir los resultados de tales análisis, así como información adicional, a las autoridades competentes cuando existan motivos para sospechar de la existencia de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiación del terrorismo. Las UIF no deben rechazar el intercambio de información con otras UIF ni negarse a llevarlo a cabo, de forma espontánea o previa solicitud, por motivos como la falta de identificación de un delito subyacente, las características de las legislaciones penales nacionales y las diferencias entre las definiciones de delitos subyacentes o la ausencia de referencias a determinados delitos subyacentes. Las UIF han informado de sus dificultades en el intercambio de información basadas en diferencias en las definiciones nacionales de determinados delitos subyacentes, como los delitos fiscales, que no han sido objeto de armonización por el Derecho de la Unión. Esas dificultades no deben obstaculizar el intercambio mutuo de información, su difusión a otras autoridades competentes ni la utilización de esa información. Las UIF deben garantizar, de forma rápida, constructiva y eficaz, la cooperación internacional más amplia posible con las UIF de terceros países en relación con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo, en consonancia con las normas de protección de datos aplicables a las transferencias de datos, las Recomendaciones del GAFI y los Principios Egmont para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera. A tal fin, debe alentarse a las UIF a celebrar acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento con sus homólogas de terceros países, teniendo en cuenta al mismo tiempo las obligaciones en materia de derechos fundamentales y la necesidad de proteger el Estado de Derecho.

(76)

Toda UIF puede imponer determinadas restricciones y limitaciones en relación con el uso ulterior de la información que facilite a otra UIF. La UIF receptora debe utilizar la información únicamente para los fines para los que se haya solicitado o facilitado. Una UIF debe otorgar su consentimiento previo a otra UIF para que esta transmita la información a otras autoridades competentes, independientemente del tipo de posible delito subyacente conexo y de si se ha identificado el delito subyacente conexo en el momento del intercambio, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la función de difusión de información. Dicho consentimiento previo para una difusión ulterior debe concederse con prontitud y no debe denegarse a menos que quede fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de LBC/LFT o que no sea conforme con los principios fundamentales del Derecho nacional. Las UIF deben ofrecer una explicación siempre que se deniegue la concesión del consentimiento.

(77)

Las UIF deben utilizar medios seguros, incluidos canales de comunicación protegidos, para cooperar e intercambiar información entre sí. A este respecto, debe establecerse un sistema de intercambio de información entre las UIF de los Estados miembros (en lo sucesivo, «FIU.net»). El sistema debe ser gestionado y alojado por la ALBC y debe proporcionar el nivel máximo de seguridad y el cifrado total de la información intercambiada. Las UIF deben utilizar FIU.net para cooperar e intercambiar información entre ellas y también pueden utilizarla, cuando proceda y supeditado a una decisión de la ALBC, para intercambiar información con UIF de terceros países y con otras autoridades, órganos y organismos de la Unión. Las UIF deben utilizar plenamente las funcionalidades de FIU.net. Estas funcionalidades deben permitir a las UIF cotejar sus datos con los de otras UIF de forma seudonimizada, con el fin de detectar objetivos de interés para las UIF en otros Estados miembros e identificar los productos de sus actividades y sus fondos, garantizando al mismo tiempo una protección plena de los datos personales. A fin de detectar los vínculos entre la información financiera y la inteligencia criminal, las UIF también deben poder utilizar las funcionalidades de FIU.net para cotejar de forma seudonimizada sus datos con la información que obre en poder de los órganos y organismos de la Unión, en la medida en que dicha correspondencia cruzada entre en el ámbito de los respectivos mandatos jurídicos de estos últimos y respete plenamente las normas aplicables en materia de protección de datos.

(78)

Es importante que las UIF cooperen e intercambien información entre sí de manera eficaz. A ese respecto, la ALBC debe prestar la asistencia necesaria, no solo mediante la coordinación de análisis conjuntos de las comunicaciones de operaciones sospechosas transfronterizas, sino también mediante la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución y de regulación relativas al formato que debe utilizarse para el intercambio de información entre las UIF, la plantilla para la presentación de comunicaciones de operaciones sospechosas y los criterios de pertinencia y selección que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si una comunicación de operación sospechosa afecta a otro Estado miembro, así como directrices sobre la naturaleza, las características y los objetivos del análisis operativo y estratégico y sobre los procedimientos que se pondrán en marcha cuando se transmita y se reciba una comunicación de operación sospechosa que afecte a otro Estado miembro y el seguimiento que se le dará. La ALBC también debe establecer un proceso de revisión interpares para reforzar la coherencia y la eficacia de las actividades de las UIF y para facilitar el intercambio de mejores prácticas entre las UIF.

(79)

Las UIF se encargan de recibir las comunicaciones de operaciones o actividades sospechosas de las entidades obligadas establecidas en el territorio de sus Estados miembros. No obstante, determinadas operaciones o actividades sospechosas comunicadas a las UIF pueden referirse a actividades llevadas a cabo por entidades obligadas en otros Estados miembros, cuando operen sin disponer de un establecimiento. En esos casos, es importante que las UIF difundan dichas comunicaciones a sus homólogas del Estado miembro al que atañe la operación o la actividad, sin supeditar el uso de las comunicaciones a condiciones. El sistema FIU.net permite la difusión de comunicaciones transfronterizas de este tipo. Con el fin de mejorar esta funcionalidad, el sistema se está actualizando para permitir una difusión rápida de las comunicaciones y fomentar intercambios significativos de información entre las UIF y, por tanto, la aplicación efectiva de la presente Directiva.

(80)

Es necesario fijar plazos para el intercambio de información entre las UIF de forma que se garantice una cooperación rápida, eficaz y coherente. Deben establecerse límites temporales para garantizar un intercambio eficaz de información en un plazo de tiempo razonable o para cumplir los requisitos procedimentales. En casos excepcionales, justificados y urgentes, deben fijarse plazos más breves para que la UIF requerida pueda acceder directamente a las bases de datos en las que se conserve la información solicitada. En los casos en que la UIF requerida no esté en condiciones de facilitar la información en los plazos establecidos, debe informar a la UIF solicitante al respecto.

(81)

La circulación de dinero ilícito atraviesa fronteras y puede afectar a distintos Estados miembros. Los casos transfronterizos, que afectan a múltiples jurisdicciones, son cada vez más frecuentes y tienen mayor trascendencia, también debido a las actividades realizadas por las entidades obligadas a escala transfronteriza. A fin de tratar eficazmente los casos que afectan a varios Estados miembros, las UIF deben poder ir más allá del simple intercambio de información para la detección y el análisis de operaciones y actividades sospechosas y llevar a cabo de forma conjunta la propia actividad analítica. Las UIF han señalado algunas cuestiones importantes que limitan o condicionan su capacidad para realizar análisis conjuntos. La realización de análisis conjuntos de las operaciones y actividades sospechosas permitirá a las UIF aprovechar las posibles sinergias, utilizar información procedente de distintas fuentes, obtener una imagen completa de las actividades anómalas y enriquecer el análisis. Las UIF deben poder llevar a cabo análisis conjuntos de operaciones y actividades sospechosas, crear equipos de análisis conjuntos para fines específicos y por un período limitado, con la ayuda de la ALBC, y participar en dichos equipos. la ALBC debe utilizar el sistema FIU.net para estar en condiciones de enviar, recibir y efectuar un cotejo de la información de las UIF y prestar apoyo operativo a las UIF en el contexto del análisis conjunto de casos transfronterizos.

(82)

La participación de terceros, incluidos los órganos y organismos de la Unión, puede ser fundamental para que los análisis de las UIF, incluidos los análisis conjuntos, tengan resultados satisfactorios. Por consiguiente, las UIF pueden invitar a terceros a participar en el análisis conjunto cuando dicha participación esté comprendida en los mandatos respectivos de dichos terceros. La participación de terceros en el proceso analítico podría ayudar a detectar vínculos entre la inteligencia financiera y la información y la inteligencia criminal, enriquecer el análisis y determinar si hay indicios de que se ha cometido un delito.

(83)

La supervisión eficaz de todas las entidades obligadas es esencial para proteger la integridad del sistema financiero de la Unión y del mercado interior. A tal fin, los Estados miembros deben implantar una supervisión eficaz e imparcial de la LBC/LFT y establecer las condiciones para una cooperación eficaz, oportuna y sostenida entre los supervisores.

(84)

Los Estados miembros deben velar por una supervisión efectiva, imparcial y basada en los riesgos de todas las entidades obligadas, preferentemente a cargo de autoridades públicas por medio de un supervisor nacional distinto e independiente. Los supervisores nacionales deben poder desempeñar una amplia gama de tareas con el fin de ejercer una supervisión efectiva de todas las entidades obligadas.

(85)

La Unión ha sido testigo en ocasiones de un enfoque laxo con respecto a la supervisión de las obligaciones de las entidades obligadas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por consiguiente, es necesario que los supervisores nacionales, como parte del mecanismo integrado de supervisión establecido por la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2024/1620, obtengan claridad en cuanto a sus derechos y obligaciones respectivos.

(86)

A fin de evaluar y controlar de forma más eficaz y regular los riesgos a los que están expuestas las entidades obligadas y las políticas, los procedimientos y los controles internos establecidos para gestionar y mitigar esos riesgos, y para aplicar sanciones financieras específicas, es necesario aclarar que los supervisores nacionales están tanto facultados como obligados a llevar a cabo comprobaciones a distancia, in situ y temáticas necesarias, así como cualquier otra indagación y evaluación que consideren necesaria. También deben poder reaccionar sin demora indebida a cualquier sospecha de incumplimiento de los requisitos aplicables, y adoptar las medidas de supervisión pertinentes para abordar las denuncias de incumplimiento. Esto no solo ayudará a los supervisores a decidir sobre aquellos casos en los que los riesgos específicos inherentes a un sector están claros y se han comprendido, sino que también les proporcionará las herramientas necesarias para seguir difundiendo la información pertinente a las entidades obligadas a fin de que sirva de fundamento a su comprensión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

(87)

Las actividades de divulgación, incluida la difusión de información por parte de los supervisores a las entidades obligadas bajo su supervisión, son esenciales para garantizar que el sector privado tenga una comprensión adecuada de la naturaleza y el nivel de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que se enfrentan. Ello incluye la difusión de designaciones objeto de sanciones financieras específicas y sanciones financieras de las Naciones Unidas, que debe tener lugar inmediatamente después de que se realicen dichas designaciones para permitir al sector cumplir con sus obligaciones. Dado que la aplicación de los requisitos de LBC/LFT por parte de las entidades obligadas implica el tratamiento de datos personales, es importante que los supervisores estén familiarizados con las orientaciones y otras publicaciones de las autoridades de protección de datos, ya sea a escala nacional o de la Unión a través del Comité Europeo de Protección de Datos, y que incluyan esta información, según proceda, en su difusión a las entidades bajo su supervisión.

(88)

Los supervisores deben adoptar un enfoque basado en el riesgo para su trabajo, que les permitiría concentrar sus recursos allí donde los riesgos sean más elevados, garantizando al mismo tiempo que ningún sector o entidad quede expuesto a intentos delictivos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. A tal fin, los supervisores deben planificar sus actividades con carácter anual. Al hacerlo, no solo deben garantizar una cobertura basada en el riesgo de los sectores bajo su supervisión, sino que también deben poder reaccionar rápidamente en caso de indicios objetivos y significativos de infracción dentro de una entidad obligada, en particular a raíz de revelaciones públicas o de información presentada por los denunciantes. Los supervisores también deben garantizar la transparencia respecto de las actividades de supervisión que hayan llevado a cabo, como los colegios de supervisores que hayan organizado y en los que hayan participado, las actuaciones de supervisión in situ y a distancia que hayan adoptado, las sanciones pecuniarias que hayan impuesto o las medidas administrativas que hayan aplicado. La ALBC debe desempeñar un papel de liderazgo en el fomento de una comprensión común de los riesgos, por lo que debe encargarse de desarrollar los parámetros de referencia y una metodología para evaluar y clasificar el perfil de riesgo inherente y residual de las entidades obligadas, así como la frecuencia con la que debe revisarse dicho perfil de riesgo.

(89)

La divulgación a las UIF de hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de los supervisores es una de las piedras angulares de una supervisión eficiente y eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y permite a los supervisores subsanar deficiencias en el proceso de comunicación de las entidades obligadas. A tal efecto, los supervisores deben poder comunicar a la UIF los casos de sospechas que la entidad obligada no haya comunicado o complementar las comunicaciones presentadas por la entidad obligada con información adicional que detecten en el transcurso de sus actividades de supervisión. Los supervisores también deben poder comunicar sospechas de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo por parte de los empleados de las entidades obligadas, o de personas en una posición equivalente, por parte de su personal de gestión o de sus titulares reales. Por consiguiente, es necesario que los Estados miembros establezcan un sistema que garantice que las UIF sean informadas adecuada y rápidamente. No debe entenderse que la comunicación de sospechas a la UIF sustituye a la obligación de las autoridades públicas de comunicar a las autoridades competentes pertinentes cualquier actividad delictiva que descubran o de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La información amparada por la prerrogativa de secreto profesional no debe recopilarse ni consultarse en el contexto de las tareas de supervisión, a menos que se apliquen las exenciones establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1624. En caso de que los supervisores den con esa información o estén en posesión de la misma, no deben tenerla en cuenta a efectos de sus actividades de supervisión, ni comunicársela a la UIF.

(90)

La cooperación entre los supervisores nacionales es esencial para garantizar un planteamiento común de supervisión en toda la Unión. Para ser eficaz, dicha cooperación debe ponerse en práctica en la mayor medida posible e independientemente de la naturaleza o el estatuto respectivo de los supervisores. Además de la cooperación tradicional —como la capacidad de llevar a cabo investigaciones en nombre de una autoridad de supervisión solicitante— conviene encargar la constitución de colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector financiero con respecto a las entidades obligadas que operen en varios Estados miembros a través de establecimientos y con respecto a las entidades obligadas que formen parte de un grupo transfronterizo. Se puede invitar a los supervisores financieros de terceros países a dichos colegios en determinadas condiciones, incluidos los requisitos de confidencialidad equivalentes a los correspondientes a los supervisores financieros de la Unión y al cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de tratamiento y transmisión de datos personales. Las actividades de los colegios de supervisores de LBC/LFT deben ser proporcionales al nivel de riesgo al que está expuesto la entidad de crédito o la entidad financiera y a la dimensión de su actividad transfronteriza.

(91)

La Directiva (UE) 2015/849 incluía un requisito general de cooperación para los supervisores de los Estados miembros de origen y de acogida. Dicho requisito se reforzó posteriormente para evitar que el intercambio de información y la cooperación entre supervisores se prohibieran o restringieran injustificadamente. Sin embargo, a falta de un marco jurídico claro, la constitución de colegios de supervisores de LBC/LFT se ha basado en directrices no vinculantes. Por tanto, es necesario establecer normas claras para la organización de los colegios en materia de LBC/LFT y prever un enfoque coordinado y jurídicamente sólido, reconociendo la necesidad de una interacción estructurada entre supervisores en toda la Unión. En consonancia con su función de coordinación y vigilancia, debe encomendarse a la ALBC la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación que definan las condiciones generales en las que los colegios de supervisores de LBC/LFT puedan funcionar correctamente.

(92)

Las entidades obligadas que operan en el sector no financiero también pueden llevar a cabo actividades transfronterizas o formar parte de grupos que lleven a cabo actividades transfronterizas. Procede, por tanto, establecer normas que definan el funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT para los grupos que lleven a cabo actividades tanto financieras como no financieras, y que permitan la constitución de colegios de supervisores en el sector no financiero, teniendo en cuenta la necesidad de aplicar salvaguardias adicionales en relación con los grupos o entidades transfronterizas que presten servicios jurídicos. A fin de garantizar una supervisión transfronteriza eficaz en el sector no financiero, la ALBC debe prestar apoyo al funcionamiento de dichos colegios y emitir periódicamente su dictamen sobre el funcionamiento de los mismos a medida que avance la aplicación del marco facilitador establecido en la presente Directiva.

(93)

Cuando una entidad obligada opere en otro Estado miembro mediante establecimientos, inclusive a través de una red de agentes, el supervisor del Estado miembro de origen debe ser responsable de supervisar la aplicación por parte de la entidad obligada de las políticas y los procedimientos de LBC/LFT a nivel de grupo. Ello puede implicar visitas in situ a establecimientos ubicados en otro Estado miembro. El supervisor del Estado miembro de origen debe cooperar estrechamente con el supervisor del Estado miembro de acogida e informarle de cualquier cuestión que pudiera afectar a su evaluación del cumplimiento por parte del establecimiento de las normas de LBC/LFT vigentes en el Estado miembro de acogida.

(94)

Cuando una entidad obligada opere en otro Estado miembro a través de establecimientos, también a través de una red de agentes, el supervisor del Estado miembro de acogida debe conservar la responsabilidad de velar por el cumplimiento por parte del establecimiento de las normas de LBC/LFT, también en su caso, mediante la realización de inspecciones in situ y seguimiento a distancia y la adopción de medidas adecuadas y proporcionadas para hacer frente a infracciones relativas a estas obligaciones. Lo mismo debe aplicarse a otros tipos de infraestructuras de entidades obligadas que operan en régimen de libre prestación de servicios, cuando dicha infraestructura sea suficiente para exigir la supervisión del supervisor del Estado miembro de acogida. El supervisor del Estado miembro de acogida debe cooperar estrechamente con el supervisor del Estado miembro de origen e informarle acerca de cualquier cuestión que pudiera afectar a su evaluación de la aplicación por parte de la entidad obligada de las políticas y los procedimientos de LBC/LFT, y debe permitir que el supervisor del Estado miembro de origen adopte medidas para hacer frente a las infracciones detectadas. No obstante, cuando se detecten infracciones graves, reiteradas o sistemáticas relativas a normas de LBC/LFT que requieran soluciones inmediatas, el supervisor del Estado miembro de acogida debe poder aplicar temporalmente las medidas correctoras adecuadas y proporcionadas que serían aplicables en circunstancias similares a las entidades obligadas bajo su competencia, para hacer frente a tales infracciones graves, reiteradas o sistemáticas, en su caso, con la asistencia o la cooperación del supervisor del Estado miembro de origen.

(95)

En ámbitos que no estén armonizados a escala de la Unión, los Estados miembros pueden adoptar medidas nacionales, incluso cuando dichas medidas constituyan restricciones a las libertades del mercado interior. Es el caso, por ejemplo, de las medidas adoptadas para regular la prestación de servicios de juegos de azar, especialmente cuando dichas actividades se lleven a cabo en línea, sin que exista ninguna infraestructura en el Estado miembro. No obstante, para ser compatibles con el Derecho de la Unión, dichas medidas deben aspirar a alcanzar un objetivo de interés general, no ser discriminatorias y ser adecuadas para alcanzar dicho objetivo, y no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzarlo. Cuando los Estados miembros supediten la prestación de servicios regulados por el marco de LBC/LFT de la Unión a requisitos específicos de autorización, como la obtención de una licencia, también deben ser responsables de la supervisión de dichos servicios. La obligación de supervisar dichos servicios no prejuzga las conclusiones que el Tribunal de Justicia pueda extraer sobre la compatibilidad de las medidas nacionales con el Derecho de la Unión.

96)

A la luz de las vulnerabilidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales relacionadas con los emisores de dinero electrónico y los prestadores de servicios de pago y servicios de criptoactivos, los Estados miembros deben poder exigir que los proveedores establecidos en su territorio en formas distintas de una sucursal o a través de otros tipos de infraestructura y cuya sede central esté situada en otro Estado miembro designen un punto de contacto central. Dicho punto de contacto central, actuando en nombre de la institución que lo haya designado, debe garantizar el cumplimiento por parte de los establecimientos de las normas de LBC/LFT.

(97)

Para garantizar una mejor coordinación de los esfuerzos y contribuir eficazmente a las necesidades del mecanismo integrado de supervisión, deben aclararse las obligaciones respectivas de los supervisores en relación con dichas entidades obligadas que operan en otros Estados miembros a través de establecimientos o formas de infraestructura que justifiquen la supervisión del Estado miembro de acogida, y deben establecerse mecanismos de cooperación específicos y proporcionados.

(98)

Los grupos transfronterizos deben contar con políticas y procedimientos de gran alcance a escala de grupo. Para garantizar que las operaciones transfronterizas vayan acompañadas de una supervisión adecuada, es necesario establecer normas de supervisión detalladas que permitan a los supervisores del Estado miembro de origen y a los del Estado miembro de acogida cooperar entre sí en la mayor medida posible, independientemente de su naturaleza o estatuto respectivos, y con la ALBC para evaluar los riesgos y seguir la evolución que pueda afectar a las distintas entidades que forman parte del grupo, coordinar las actuaciones de supervisión y resolver conflictos. Habida cuenta de su papel de coordinación, debe confiarse a la ALBC la obligación de elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación que definan las obligaciones respectivas detalladas de los supervisores de grupos de origen y de acogida, así como las disposiciones para la cooperación entre ellos. La supervisión de la aplicación efectiva de la política de grupo en materia de LBC/LFT debe hacerse con arreglo a los principios y métodos de supervisión consolidada establecidos en los actos jurídicos sectoriales de la Unión pertinentes.

(99)

El intercambio de información y la cooperación entre supervisores son esenciales en el contexto de unos sistemas financieros mundiales cada vez más integrados. Por un lado, los supervisores de la Unión, incluida la ALBC, deben informarse mutuamente de los casos en que el Derecho de un tercer país no permita aplicar las políticas y procedimientos necesarios en virtud del Reglamento (UE) 2024/1624. Por otro lado, los Estados miembros deben poder autorizar a los supervisores a celebrar acuerdos de cooperación que prevean la colaboración y el intercambio de información confidencial con sus homólogos de terceros países, de conformidad con las normas aplicables a las transferencias de datos personales. Dada su función de vigilancia, la ALBC debe prestar ayuda según sea necesario para evaluar la equivalencia de los requisitos de secreto profesional aplicables al homólogo del tercer país.

(100)

La Directiva (UE) 2015/849 permitía a los Estados miembros encomendar la supervisión de algunas entidades obligadas a organismos autorreguladores. No obstante, la calidad e intensidad de la supervisión llevada a cabo por dichos organismos autorreguladores ha sido insuficiente y no ha sido objeto de control público o este ha sido casi nulo. Cuando un Estado miembro decida encomendar la supervisión a un organismo autorregulador, también debe designar a una autoridad pública encargada de vigilar las actividades del organismo autorregulador a fin de garantizar que la realización de dichas actividades se ajusta a la presente Directiva. Dicha autoridad pública debe ser una entidad de la administración pública y desempeñar sus funciones al margen de influencias indebidas. Las funciones que debe ejercer la autoridad pública que supervisa a los organismos autorreguladores no implican que la autoridad deba ejercer funciones de supervisión con respecto a las entidades obligadas, ni tomar decisiones en casos concretos gestionados por el organismo autorregulador. No obstante, esto no impide a los Estados miembros asignar tareas adicionales a dicha autoridad si lo consideran necesario para alcanzar los objetivos de la presente Directiva. Al hacerlo, los Estados miembros deben garantizar que las tareas adicionales estén en consonancia con los derechos fundamentales y, en particular, que dichas tareas no interfieran en el ejercicio del derecho de defensa ni en la confidencialidad de la comunicación entre abogado y cliente.

(101)

La importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe llevar a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional sanciones pecuniarias y medidas administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1624. Los supervisores nacionales deben estar facultados por los Estados miembros para aplicar tales medidas administrativas a las entidades obligadas con objeto de poner remedio a la situación en caso de infracción y, cuando la infracción lo justifique, para imponer sanciones pecuniarias. En función de los sistemas organizativos existentes en los Estados miembros, dichas medidas y sanciones también pueden aplicarse en cooperación entre los supervisores y otras autoridades, ya sea mediante delegación de los supervisores en otras autoridades o mediante solicitud por parte de los supervisores a las autoridades judiciales. Las sanciones pecuniarias y las medidas administrativas debe ser suficientemente amplias para permitir a los Estados miembros y a los supervisores tener en cuenta las diferencias entre entidades obligadas, en particular entre las entidades de crédito y las entidades financieras y las demás entidades obligadas, por lo que se refiere a su tamaño, sus características y la naturaleza de su actividad.

(102)

En la actualidad, los Estados miembros pueden aplicar una amplia variedad de sanciones pecuniarias y medidas administrativas por infracciones relativas a las principales disposiciones preventivas en vigor, pero el enfoque es incoherente en lo que respecta a la investigación y la sanción de las infracciones de los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales. Además, no existe un entendimiento común entre los supervisores sobre lo que debe constituir una infracción «grave» que les permita distinguir cuándo debe imponerse una sanción pecuniaria. Esta diversidad resulta perjudicial para los esfuerzos realizados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la respuesta de la Unión está fragmentada. Por lo tanto, deben establecerse criterios comunes para determinar la respuesta de supervisión más adecuada a las infracciones y debe preverse una serie de medidas administrativas que los supervisores puedan aplicar para subsanar las infracciones, ya sea junto con la imposición de sanciones pecuniarias o, cuando las infracciones no sean lo suficientemente graves como para ser castigadas con una sanción pecuniaria, por sí solas. Con el fin de incentivar a las entidades obligadas a cumplir las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1624, es necesario reforzar el carácter disuasorio de las sanciones pecuniarias. En consecuencia, debe aumentarse el importe mínimo de la sanción máxima que puede imponerse en caso de infracciones graves del Reglamento (UE) 2024/1624. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que la imposición de sanciones pecuniarias y la aplicación de medidas administrativas, y la imposición de sanciones penales, con arreglo al Derecho nacional, no vulnere el principio non bis in idem.

(103)

En el caso de las entidades obligadas que sean personas jurídicas, las infracciones relativas a los requisitos de LBC/LFT se producen tras la actuación, o bajo la responsabilidad, de las personas físicas facultadas para dirigir sus actividades, en particular a través de agentes, distribuidores u otras personas que actúen en nombre de la entidad obligada. A fin de garantizar que las actuaciones de supervisión en respuesta a tales infracciones sean eficaces, la entidad obligada también debe considerarse responsable de las actuaciones de dichas personas físicas, ya se lleven a cabo de forma deliberada o por negligencia. Sin perjuicio de la responsabilidad de las personas jurídicas en los procesos penales, cualquier intento de obtener beneficio de las infracciones para la entidad obligada apunta a disfunciones más amplias en las políticas, los procedimientos y los controles internos de la entidad obligada para prevenir el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. Dichas disfunciones socavan el papel de la entidad obligada como guardiana del sistema financiero de la Unión. Cualquier intento de obtener beneficios de una infracción relativa a requisitos de LBC/LFT debe, por tanto, considerarse como un circunstancia agravante.

(104)

Los Estados miembros disponen de diferentes sistemas para la imposición de sanciones pecuniarias, la aplicación de medidas administrativas y la imposición de multas coercitivas. Además, algunas medidas administrativas que los supervisores están facultados a aplicar, como la retirada o la suspensión de una licencia, dependen de la ejecución de dichas medidas por parte de otras autoridades. A fin de atender a esta diversidad de situaciones, conviene permitir flexibilidad en lo que respecta a los medios con los que cuentan los supervisores para imponer sanciones pecuniarias, aplicar medidas administrativas e imponer multas coercitivas. Con independencia de los medios elegidos, corresponde a los Estados miembros y a las autoridades implicadas velar por que los mecanismos aplicados logren el resultado previsto de restablecer el cumplimiento e imponer sanciones pecuniarias efectivas, disuasorias y proporcionadas.

(105)

Con el fin de garantizar que las entidades obligadas cumplan los requisitos de LBC/LFT y mitiguen eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo a los que estén expuestas, los supervisores deben poder aplicar medidas administrativas no solo para subsanar las infracciones detectadas, sino también cuando detecten que las deficiencias en las políticas, los procedimientos y los controles internos pueden dar lugar a incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT, o cuando dichas políticas, procedimientos y controles sean inadecuados para mitigar los riesgos. El alcance de las medidas administrativas aplicadas y el calendario concedido a las entidades obligadas para aplicar las acciones solicitadas dependen de las infracciones o deficiencias específicas detectadas. Cuando se detecten infracciones o deficiencias múltiples, pueden aplicarse plazos diferentes para la ejecución de cada medida administrativa individual aplicada. En consonancia con el objetivo punitivo y educativo de las publicaciones, solo deben publicarse las decisiones de aplicar medidas administrativas en relación con los incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT, pero no las medidas administrativas aplicadas para evitar dichos incumplimientos.

(106)

El cumplimiento oportuno por parte de las entidades obligadas de las medidas administrativas que se les aplican es esencial para garantizar un nivel adecuado y coherente de protección contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo en todo el mercado interior. Cuando las entidades obligadas no cumplan las medidas administrativas en el plazo establecido, es necesario que los supervisores puedan ejercer mayor presión sobre la entidad obligada para restablecer el cumplimiento sin demora. A tal fin, los supervisores deben poder imponer multas coercitivas a partir del plazo fijado para restablecer el cumplimiento, en particular, con efecto retroactivo cuando la decisión por la que se imponga la multa coercitiva se adopte en una fase posterior. Al calcular los importes de las multas coercitivas, los supervisores deben tener en cuenta el volumen de negocios global de la entidad obligada y el tipo y la gravedad de la infracción o deficiencia objeto de la medida de supervisión para garantizar su efectividad y proporcionalidad. Dado su objetivo de presionar a una entidad obligada para que cumpla una medida administrativa, las multas coercitivas deben limitarse en el tiempo y aplicarse durante un máximo de seis meses. Si bien los supervisores deben poder renovar la imposición de multas coercitivas por un máximo de otros seis meses, deben considerarse medidas alternativas para hacer frente a una situación de incumplimiento prolongada que estén en consonancia con la gran variedad de medidas administrativas que pueden aplicar los supervisores.

(107)

Cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro no permita la imposición de sanciones pecuniarias previstas en la presente Directiva por medios administrativos, las normas sobre sanciones pecuniarias pueden aplicarse de tal manera que la sanción sea incoada por el supervisor e impuesta por las autoridades judiciales. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros que estén en la situación descrita se aseguren de que la aplicación de las normas y las sanciones pecuniarias tenga un efecto equivalente al de las sanciones pecuniarias impuestas por los supervisores. Al imponer tales sanciones pecuniarias, las autoridades judiciales deben tener en cuenta la recomendación del supervisor que haya incoado la sanción. Las sanciones pecuniarias impuestas han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(108)

Las entidades obligadas pueden beneficiarse de la libre prestación de servicios y de establecimiento en todo el mercado interior para ofrecer sus productos y servicios en toda la Unión. Un sistema de supervisión eficaz exige que los supervisores sean conscientes de las deficiencias en el cumplimiento, por parte de las entidades obligadas, de las normas de LBC/LFT. Por lo tanto, es importante que los supervisores puedan informarse mutuamente de las sanciones pecuniarias impuestas y las medidas administrativas aplicadas a las entidades obligadas, cuando dicha información sea pertinente para otros supervisores.

(109)

La publicación de una sanción pecuniaria o una medida administrativa por infracción del Reglamento (UE) 2024/1624 puede tener un fuerte efecto disuasorio contra la repetición de dicha infracción. También informa a otras entidades de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a la entidad obligada sancionada antes de que entablen una relación de negocios y asiste a los supervisores de otros Estados miembros en relación con los riesgos asociados a una entidad obligada cuando opera en su Estado miembro con carácter transfronterizo. Por estas razones, debe confirmarse la obligación de publicar las decisiones sobre sanciones pecuniarias contra las que no quepa recurso, y debe ampliarse a la publicación de determinadas medidas administrativas aplicadas para subsanar incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT y a las multas coercitivas. No obstante, toda publicación de este tipo debe ser proporcionada y, al adoptar la decisión de publicar una sanción pecuniaria o medida administrativa, los supervisores deben tener en cuenta la gravedad de la infracción y el efecto disuasorio que es probable que logre la publicación. A tal fin, los Estados miembros pueden decidir retrasar la publicación de las medidas administrativas recurridas cuando dichas medidas se apliquen para subsanar una infracción que no sea grave, reiterada o sistemática.

(110)

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) se aplica a la denuncia de infracciones de la Directiva (UE) 2015/849 relativa al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo y a la protección de las personas que informen sobre tales infracciones, a que se refiere la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937. Dado que la presente Directiva deroga la Directiva (UE) 2015/849, la referencia a la Directiva (UE) 2015/849 que figura en el anexo II de la Directiva (UE) 2019/1937 debe entenderse como una referencia a la presente Directiva. Al mismo tiempo, es necesario mantener normas específicas sobre la denuncia de infracciones relativas a los requisitos de LBC/LFT que complementen la Directiva (UE) 2019/1937, en particular, en lo que respecta a los requisitos para que las entidades obligadas establezcan cauces internos de denuncia y la identificación de las autoridades competentes en materia de recepción y seguimiento de las denuncias respecto de infracciones de las normas relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la lucha contra los mismos.

(111)

Resulta fundamental disponer de una nueva política plenamente integrada y coherente a escala de la Unión en materia de LBC/LFT, con funciones específicas para las autoridades competentes tanto de la Unión como nacionales, tiene el objetivo de garantizar la cooperación fluida y constante de dichas autoridades. A este respecto, la cooperación entre todas las autoridades nacionales y de la Unión en materia de LBC/LFT reviste la máxima importancia y debe aclararse y reforzarse. Sigue siendo obligación de los Estados miembros establecer las normas necesarias para garantizar en el ámbito nacional que los responsables políticos, las UIF, los supervisores, incluida la ALBC, y otras autoridades competentes implicadas en la LBC/LFT, así como las autoridades tributarias y las autoridades policiales y judiciales, cuando actúen dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordinarse, en particular mediante un enfoque restrictivo de la negativa de las autoridades competentes a cooperar e intercambiar información a petición de otra autoridad competente. Independientemente de los mecanismos establecidos, dicha cooperación nacional debe dar lugar a un sistema eficaz para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiación del terrorismo, así como para evitar la no aplicación y la elusión de sanciones financieras específicas.

(112)

A fin de facilitar y promover una cooperación eficaz, y en particular el intercambio de información, debe exigirse a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión y a la ALBC la lista de sus autoridades competentes y los datos de contacto pertinentes.

(113)

El riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo puede ser detectado por todos los supervisores responsables de las entidades de crédito. La información de naturaleza prudencial relativa a las entidades de crédito y las entidades financieras, como la información relativa a la aptitud y adecuación de directores y accionistas, a los mecanismos de control internos, a la gobernanza o al cumplimiento y la gestión del riesgo, resulta a menudo indispensable para la supervisión adecuada de dichas entidades en lo que respecta a la LBC/LFT. Del mismo modo, la información relativa a la LBC/LFT también es importante para la supervisión prudencial de dichas entidades. Por consiguiente, la cooperación y el intercambio de información con los supervisores en materia de LBC/LFT y la UIF deben ampliarse a todas las autoridades competentes encargadas de la supervisión de dichas entidades obligadas de conformidad con otros instrumentos jurídicos de la Unión, como las Directivas 2013/36/UE (23), 2014/49/UE (24), 2014/59/UE (25) y 2014/92/UE (26) del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2015/2366. Para garantizar la aplicación efectiva de esta cooperación, los Estados miembros deben informar anualmente a la ALBC de los intercambios realizados.

(114)

La cooperación con otras autoridades competentes para la supervisión de entidades de crédito con arreglo a las Directivas 2014/92/UE y (UE) 2015/2366 puede reducir las consecuencias no deseadas de los requisitos en materia de LBC/LFT. Las entidades de crédito pueden optar por poner fin o restringir las relaciones de negocios con clientes o categorías de clientes con el fin de evitar, en lugar de gestionar, el riesgo. Estas prácticas de reducción del riesgo pueden debilitar el marco de LBC/LFT y la detección de operaciones sospechosas, ya que empujan a los clientes afectados a recurrir a canales de pago menos seguros o no regulados para satisfacer sus necesidades financieras. Al mismo tiempo, las prácticas de reducción de riesgos generalizadas en el sector bancario pueden dar lugar a la exclusión financiera de determinadas categorías de entidades de pago o consumidores. Los supervisores financieros son los más indicados para detectar situaciones en las que una entidad de crédito se haya negado a entablar una relación de negocios pese a estar obligada a hacerlo sobre la base de la legislación nacional de transposición de la Directiva 2014/92/UE o de la Directiva (UE) 2015/2366, y sin una justificación basada en la diligencia debida documentada con respecto al cliente. Los supervisores financieros deben alertar a las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la Directiva 2014/92/UE o de la Directiva (UE) 2015/2366 por parte de las entidades financieras cuando se produzcan tales casos o cuando se ponga fin a las relaciones de negocios como resultado de las prácticas de reducción del riesgo.

(115)

La cooperación entre los supervisores financieros y las autoridades responsables de la gestión de crisis de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, como, en particular, las autoridades designadas de los sistemas de garantía de depósitos y las autoridades de resolución, es necesaria para conciliar los objetivos de prevención del blanqueo de capitales con arreglo a la presente Directiva y de protección de la estabilidad financiera y los depositantes en virtud de las Directivas 2014/49/UE y 2014/59/UE. Los supervisores financieros deben informar a las autoridades designadas y las autoridades de resolución en virtud de dichas Directivas cerca de cualquier situación en la que detecten una mayor probabilidad de quiebra o de no disponibilidad de los depósitos por motivos relacionados con la LBC/LFT. Los supervisores financieros también deben informar a dichas autoridades de cualquier operación, cuenta o relación de negocios que haya sido suspendida por la UIF para que las autoridades designadas y las autoridades de resolución puedan desempeñar sus funciones en caso de aumento del riesgo de quiebra o de no disponibilidad de los depósitos, independientemente de las razones que lo motiven.

(116)

Para facilitar dicha cooperación en relación con las entidades de crédito y entidades financieras, la ALBC, en consulta con la Autoridad Bancaria Europea, debe publicar directrices en las que se especifiquen los principales elementos de dicha cooperación, en particular la forma en que debe intercambiarse la información.

(117)

Los mecanismos de cooperación también deben ampliarse a las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia de los auditores, ya que dicha cooperación puede mejorar la eficacia del marco de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

(118)

El intercambio de información y la asistencia entre autoridades competentes de los Estados miembros son esenciales para los fines de la presente Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros no deben prohibir dicho intercambio de información o la asistencia entre autoridades competentes, ni imponerles condiciones injustificadas o indebidamente restrictivas.

(119)

Los supervisores deben poder cooperar e intercambiar información confidencial, independientemente de su naturaleza o estatuto respectivos. A tal fin, deben disponer de una base jurídica adecuada para el intercambio de información confidencial y para la cooperación. El intercambio de información y la cooperación con otras autoridades competentes para supervisar o vigilar a las entidades obligadas en virtud de otros actos jurídicos de la Unión no deben verse obstaculizados involuntariamente por la inseguridad jurídica que puede derivarse de la falta de disposiciones explícitas en este ámbito. La aclaración del marco jurídico resulta incluso aún más importante dado que la supervisión prudencial se ha encomendado en ocasiones a supervisores que no eran responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el Banco Central Europeo (BCE).

(120)

La información que obre en poder de los supervisores puede ser crucial para el desempeño de las actividades de otras autoridades competentes. Para garantizar la eficacia del marco de la Unión en materia de LBC/LFT, los Estados miembros deben autorizar el intercambio de información entre los supervisores y otras autoridades competentes. Deben aplicarse normas estrictas en relación con el uso de la información confidencial intercambiada.

(121)

La eficacia del marco de la Unión en materia de LBC/LFT depende de la cooperación entre una amplia gama de autoridades competentes. Para facilitar dicha cooperación, debe encomendarse a la ALBC que elabore directrices, en coordinación con el BCE, las Autoridades Europeas de Supervisión, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea, sobre la cooperación entre todas las autoridades competentes. Dichas directrices también deben describir la forma en que las autoridades competentes para la supervisión o vigilancia de las entidades obligadas en virtud de otros actos jurídicos de la Unión deben tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el desempeño de sus obligaciones.

(122)

El Reglamento (UE) 2016/679 es aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva. El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (27) es aplicable al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión a efectos de la presente Directiva. Los Estados miembros reconocen que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una cuestión importante de interés general. No obstante, las autoridades competentes responsables de investigar o enjuiciar el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiación del terrorismo, o las que tienen la función de rastrear, incautar o inmovilizar y decomisar activos de origen delictivo deben respetar las normas relativas a la protección de los datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, incluida la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (28).

(123)

Resulta fundamental que la adaptación de la presente Directiva a las Recomendaciones revisadas del GAFI se efectúe respetando plenamente el Derecho de la Unión, en particular en lo que respecta a la normativa de la Unión en materia de protección de datos, incluidas las normas sobre transferencias de datos, y a la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta. Determinados aspectos de la transposición de la presente Directiva implican la recogida, el análisis, la conservación y el intercambio de datos dentro de la Unión y con terceros países. Este tratamiento de datos personales debe permitirse, respetando plenamente los derechos fundamentales, únicamente para los fines establecidos en la presente Directiva y para las actividades requeridas en virtud de la presente Directiva, como el intercambio de información entre autoridades competentes.

(124)

Los derechos de acceso de los interesados son aplicables a los datos personales tratados a efectos de la presente Directiva. No obstante, el acceso de los interesados a cualquier información relacionada con una comunicación de operación sospechosa podría socavar gravemente la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por ello puede estar justificada la imposición de excepciones y restricciones a este derecho, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679 y, cuando proceda, en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725. El interesado tiene derecho a pedir que una de las autoridades de control a que se refiere el artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679 o, cuando corresponda, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, verifique la licitud del tratamiento, y a interponer el recurso judicial a que se refiere el artículo 79 de dicho Reglamento. La autoridad de control a que se refiere el artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679 puede actuar también de oficio. Sin perjuicio de las restricciones del derecho de acceso, la autoridad de control debe poder informar al interesado de que ha realizado todas las verificaciones necesarias y del resultado de las estas en lo que respecta a que el tratamiento de datos de que se trate se ajusta a Derecho.

(125)

Con el fin de garantizar un intercambio continuo de información entre las UIF durante el período de establecimiento de la ALBC, la Comisión debe seguir alojando FIU.net con carácter temporal. A fin de garantizar la plena participación de las UIF en el funcionamiento del sistema, la Comisión debe realizar periódicamente intercambios con la Plataforma de Unidades de Inteligencia Financiera de la UE (en lo sucesivo, «Plataforma de UIF de la UE»), un grupo informal compuesto por representantes de las UIF, activo desde 2006, y utilizado para facilitar la cooperación entre las UIF y cambiar impresiones sobre cuestiones relacionadas con la cooperación.

(126)

Las normas técnicas de regulación deben garantizar una armonización coherente en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados en el ámbito de la LBC/LFT, conviene encomendar a la ALBC la elaboración, para su presentación a la Comisión, de proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones políticas.

(127)

A fin de garantizar enfoques coherentes entre las UIF y entre los supervisores, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a definir indicadores para clasificar el nivel de gravedad de los incumplimientos de la obligación de comunicar información adecuada, exacta y actualizada a los registros centrales, Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (29). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(128)

Deben conferirse poderes a la Comisión para adoptar normas técnicas de regulación elaboradas por la ALBC que especifiquen los criterios relativos a la pertinencia y selección a la hora de determinar si una operación sospechosa afecta a otro Estado miembro, establecer parámetros de referencia y métodos para evaluar y clasificar el perfil de riesgo inherente y residual de las entidades obligadas y la frecuencia de las revisiones del perfil de riesgo; para establecer los criterios que determinan las circunstancias relativas al nombramiento y las funciones del punto de contacto central de determinados prestadores de servicios; concretar las obligaciones de los supervisores de origen y de acogida y las modalidades de cooperación entre ellos, especificar las condiciones generales para el funcionamiento de los colegios de supervisores en materia de LBC/LFT y el funcionamiento operativo de dichos colegios en el sector financiero, el modelo para el acuerdo escrito que deben firmar los supervisores financieros, cualquier medida adicional que deban aplicar los colegios cuando los grupos incluyan entidades obligadas del sector no financiero y las condiciones para la participación de supervisores financieros en terceros países; especificar las condiciones generales para el funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero, el modelo para el acuerdo escrito que deben firmar los supervisores no financieros, las condiciones para la participación de supervisores no financieros en terceros países y cualquier medida adicional que deban aplicar los colegios cuando los grupos incluyan entidades de crédito o entidades financieras; establecer los indicadores para clasificar el nivel de gravedad de las infracciones de la presente Directiva, los criterios que deben tenerse en cuenta al fijar el nivel de las sanciones pecuniarias o aplicar medidas administrativas y un método para la imposición de multas coercitivas. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con el artículo 49 del Reglamento (UE) 2024/1620.

(129)

Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presente Directiva, se deben conferir a la Comisión competencias de ejecución para establecer un método de recopilación de estadísticas, fijar el formato para la presentación de la información sobre la titularidad real al registro central, definir las especificaciones técnicas y procedimientos necesarios para la aplicación del acceso a dicha información en virtud de un interés legítimo por parte de los registros centrales; definir el formato para la presentación de información a los mecanismos centralizados automatizados; establecer las condiciones técnicas y los procedimientos s para la conexión de los mecanismos centrales automatizados de los Estados miembros con el sistema de interconexión de registros de cuentas bancarias; establecer las especificaciones técnicas y procedimientos necesarios para proporcionar la interconexión de los registros centrales de los Estados miembros; y definir la especificaciones técnicas y procedimientos necesarios para proporcionar la interconexión de los mecanismos centralizados automatizados de los Estados miembros Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (30).

(130)

Deben conferirse poderes a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la ALBC que especifiquen el formato que debe utilizarse para el intercambio de información entre las UIF de los Estados miembros y el modelo común para los acuerdos de cooperación entre los supervisores de la Unión y los homólogos de terceros países. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 53 del Reglamento (UE) 2024/1620

(131)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de empresa.

(132)

La igualdad entre mujeres y hombres y la diversidad son valores fundamentales de la Unión que esta se propone promover en todas sus actividades. Si bien se han logrado avances en dichos ámbitos, hacen falta más para lograr una representación equilibrada en la toma de decisiones, ya sea a escala nacional o de la Unión. Sin perjuicio de la aplicación primaria de criterios basados en el mérito, al nombrar a los responsables de sus autoridades nacionales de supervisión y UIF, los Estados miembros deben procurar garantizar el equilibrio de género, la diversidad y la inclusión, así como tener en cuenta, en la medida de lo posible, las intersecciones entre estos factores. Los Estados miembros deben poner sumo cuidado en garantizar una representación equilibrada e inclusiva también a la hora de seleccionar a sus representantes para las Juntas Generales de la ALBC.

(133)

Cuando elabore el informe de evaluación sobre la aplicación de la presente Directiva, la Comisión debe tomar debidamente en consideración el respeto de los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta.

(134)

La sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-37/20 y C-601/20 WM y Sovim SA/ Luxembourg Business Registers (31), anuló la modificación introducida por la Directiva (UE) 2018/843 al artículo 30, apartado 5, en la Directiva (UE) 2015/849 en la medida en que obligaba a los Estados miembros a garantizar que la información sobre la titularidad real de las sociedades y de otras entidades jurídicas constituidas en su territorio fuera accesible en todos los casos a cualquier miembro del público en general. A fin de garantizar la claridad jurídica, es importante adaptar dicha disposición aclarando que solo las personas u organizaciones con intereses legítimos deben poder acceder a esa información. La misma condición debe aplicarse al acceso a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») o instrumentos jurídicos similares. Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2015/849. Las implicaciones de dicha sentencia van más allá del artículo 30, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849 y son similares para las disposiciones que regulan el acceso a la información sobre la titularidad real de los instrumentos jurídicos. A fin de garantizar que el marco de la Unión logre el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos fundamentales y la consecución de un objetivo legítimo de interés general, como la protección del sistema financiero de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procede, por tanto, introducir modificaciones al artículo 31, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849. Debe concederse a los Estados miembros un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para transponer dichas modificaciones. Dada la importancia de garantizar un marco proporcionado de la Unión en materia de LBC/LFT, los Estados miembros deben hacer todo lo posible por transponer dichas modificaciones lo antes posible antes de dicho plazo.

(135)

Dada la necesidad de aplicar urgentemente un enfoque armonizado en lo relativo al acceso a los registros centrales sobre la base de la demostración de un interés legítimo, los Estados miembros deben transponer las disposiciones pertinentes a más tardar el 10 de julio de 2026. Sin embargo, dado que el período inicial del nuevo régimen de acceso basado en la demostración de un interés legítimo probablemente experimentará un pico de solicitudes que las entidades encargadas de los registros centrales deberán procesar, los plazos para la concesión del acceso no deben aplicarse durante los cuatro primeros meses de aplicación del nuevo régimen. Los Estados miembros deben establecer puntos de acceso únicos para la información sobre los registros de bienes inmuebles a más tardar el 10 de julio de 2029. Los mecanismos centralizados automatizados que permitan la identificación de los titulares de cuentas bancarias o de pago, de valores, de criptoactivos y de cajas de seguridad también deben estar interconectados a más tardar en esa fecha.

(136)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de un mecanismo coordinado y coherente para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(137)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (32), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(138)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 22 de septiembre de 2021 (33).

(139)

Procede derogar la Directiva (UE) 2015/849 en consecuencia.