(1)

El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) requiere a la Unión y a los Estados miembros que luchen contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. La Unión debe apoyar las actividades que se realicen en dichos ámbitos.

(2)

El apoyo anteriormente prestado a ese tipo de actividades por medio de la Decisión n.o 804/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) (programa Hércules), modificada y prorrogada por la Decisión n.o 878/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (programa Hércules II), derogada y sustituida por el Reglamento (UE) n.o 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (programa Hércules III) ha permitido mejorar las actividades emprendidas por la Unión y los Estados miembros en la lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

(3)

La legislación de la Unión que establece normas para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis, y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, así como para el Instrumento de Ayuda Preadhesión en lo que respecta al período de programación 2014-2020 y posterior, establece una obligación por parte de los Estados miembros, los países candidatos y los candidatos potenciales de notificar las irregularidades y el fraude que afecten a los intereses financieros de la Unión. El sistema de gestión de irregularidades es una herramienta de comunicación electrónica segura que facilita a los Estados miembros, así como a los países candidatos y los candidatos potenciales el cumplimiento de su obligación de notificar las irregularidades detectadas y también brinda apoyo para la gestión y el análisis de las irregularidades.

(4)

Si bien la importancia del trabajo realizado por la Comisión en el contexto de la prevención del fraude es indiscutible, también debe reconocerse plenamente la importancia, entre otras cosas, de la ejecución del sistema de información antifraude, así como de las estrategias de lucha contra el fraude a escala nacional.

(5)

El Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (6) y la Decisión 2009/917/JAI del Consejo (7) establecen que la Unión debe apoyar la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.

(6)

Ese apoyo se facilita a una serie de actividades operativas. Estas incluyen el sistema de información antifraude, una plataforma de tecnología de la información que consiste en un conjunto de aplicaciones informáticas que se ejecutan en el marco de un sistema de información común gestionado por la Comisión. El sistema de gestión de irregularidades también se ejecuta dentro de la plataforma del sistema de información antifraude. A fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de información común, este requiere una financiación estable y previsible a lo largo de un número de años.

(7)

La plataforma del sistema de información antifraude integra varios sistemas de información, entre los que se encuentra el Sistema de Información Aduanero. El Sistema de Información Aduanero es un sistema de información automatizado cuya finalidad es ayudar a los Estados miembros a prevenir, investigar y perseguir las operaciones contrarias a la legislación aduanera o agraria aumentando, mediante una difusión más rápida de la información, la eficacia de los procedimientos de cooperación y control de las administraciones aduaneras cuyo mandato abarca tales operaciones. La infraestructura única del Sistema de Información Aduanero reúne tanto la cooperación policial como la cooperación administrativa sobre la base del antiguo pilar de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión. La dimensión de cooperación policial del Sistema de Información Aduanero no puede disociarse técnicamente de su dimensión administrativa, dado que ambas se integran en un sistema informático común. Habida cuenta de que el Sistema de Información Aduanero es solo uno de los múltiples sistemas de información ejecutados en el marco de la plataforma del sistema de información antifraude y que el número de casos de cooperación policial es inferior al de casos de cooperación administrativa en el Sistema de Información Aduanero, la dimensión de cooperación policial de la plataforma del sistema de información antifraude se considera auxiliar de su dimensión administrativa.

(8)

Con el fin de aumentar las sinergias y la flexibilidad presupuestaria y de simplificar la gestión, el apoyo de la Unión en los ámbitos de la protección de los intereses financieros de la Unión y la notificación de irregularidades, así como de la asistencia administrativa mutua y la cooperación en materia aduanera y agraria, deben aunarse y concentrarse en un único programa, el Programa de la Unión de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «Programa»). El Programa debe establecerse por un período de siete años a fin de adaptar su duración al marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (8).

(9)

El Programa debe contener por lo tanto un componente similar al programa Hércules III, un segundo componente que garantice la financiación del sistema de gestión de irregularidades y un tercer componente que financie las actividades encomendadas a la Comisión en el marco del Reglamento (CE) n.o 515/97, entre las que se incluye la plataforma del sistema de información antifraude.

(10)

El Programa debe facilitar la cooperación entre las autoridades pertinentes de los Estados miembros y entre los Estados miembros, la Comisión y otros organismos pertinentes de la Unión, incluida la Fiscalía Europea, cuando proceda, por lo que respecta a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (9), a fin de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión, así como la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, sin interferir con las responsabilidades de los Estados miembros, y a fin de garantizar un uso más eficaz de los recursos del que cabría lograr a escala nacional. La acción a escala de la Unión es necesaria y está justificada, ya que ayuda a los Estados miembros a proteger colectivamente los intereses financieros de la Unión y fomenta el uso de estructuras comunes de la Unión para aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes, apoyando al mismo tiempo la notificación de datos sobre irregularidades y sobre casos de fraude.

(11)

Además, el apoyo a la protección de los intereses financieros de la Unión debe abordar todos los aspectos del presupuesto de la Unión, tanto por la parte de los ingresos como por la de los gastos. En este contexto, debe tenerse debidamente en cuenta que el Programa es el único programa de la Unión que respalda la parte de los gastos del presupuesto de la Unión.

(12)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (10), que ha de constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(13)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») es aplicable al presente Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y el reembolso a los expertos externos. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(14)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución con arreglo al presente Reglamento deben escogerse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y de producir resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo previsto de incumplimiento. En este sentido, debe tomarse en consideración el uso de sumas a tanto alzado, financiación a tipo fijo y costes unitarios, así como una financiación no vinculada a los costes, tal como se recogen en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(15)

El presente Reglamento debe presentar una lista indicativa de las acciones que han de financiarse para garantizar la continuidad de la financiación de todas las acciones encomendadas a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.o 515/97, incluida la plataforma del sistema de información antifraude.

(16)

La admisibilidad de las acciones debe decidirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos del Programa. Los objetivos específicos del Programa deben consistir en prestar asistencia técnica especial a las autoridades competentes de los Estados miembros, por ejemplo, aportando conocimientos específicos, equipos especializados y técnicamente avanzados y herramientas informáticas eficaces; garantizando el apoyo necesario a las investigaciones y facilitándolas, particularmente mediante la creación de equipos conjuntos de investigación y operaciones transfronterizas; o reforzando los intercambios de personal para proyectos específicos. Por otra parte, las acciones subvencionables también deben incluir la organización de formación especializada específica y talleres de análisis de riesgos y, en su caso, conferencias y estudios.

(17)

La compra de equipo a través del instrumento de apoyo financiero de la Unión para equipo de control aduanero establecido mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establezca, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero, tendría efectos positivos en la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. Con arreglo a dicho instrumento, existiría una obligación de evitar toda duplicación de ayuda de la Unión. El Programa debe garantizar asimismo que se evite cualquier duplicación de la ayuda de la Unión y, en principio, debe destinar su ayuda a la adquisición de categorías de equipo que no entren en el ámbito de aplicación del Instrumento de Apoyo Financiero de la Unión para Equipo de Control Aduanero, o de equipo cuyos beneficiarios sean autoridades distintas de las destinatarias del citado instrumento. Además, debe garantizarse que el equipo financiado sea adecuado para contribuir a la protección de los intereses financieros de la Unión.

(18)

El Programa debe estar abierto a la participación de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE). Además, debe quedar abierto a la participación de los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, así como los países de la política europea de vecindad, conforme a los principios y condiciones generales de participación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los correspondientes acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares. El Programa debe además estar abierto a otros terceros países, siempre que estos celebren un acuerdo específico que regule las condiciones concretas de su participación en programas de la Unión.

(19)

Habida cuenta de las evaluaciones anteriores de los programas Hércules y con el fin de reforzar el Programa, debe poder permitirse con carácter excepcional la participación de entidades establecidas en un tercer país no asociado al Programa.

(20)

En particular, debe fomentarse la participación de las entidades establecidas en países terceros que tengan un acuerdo de asociación en vigor con la Unión, con vistas a reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la cooperación en materia aduanera y mediante el intercambio de las mejores prácticas, en particular por lo que respecta a las modalidades de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión y por lo que respecta a los retos relacionados con los nuevos avances tecnológicos.

(21)

El Programa debe ejecutarse teniendo en cuenta las recomendaciones y medidas recogidas en la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 2013 titulada «Estrategia general de la UE para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otras formas de tráfico ilícito de productos del tabaco», así como en el Informe, de 12 de mayo de 2017, sobre la aplicación de dicha Comunicación.

(22)

En 2016, la Unión ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (en lo sucesivo, «Protocolo»). El Protocolo sirve para proteger los intereses financieros de la Unión en la medida en que trata de la lucha contra el comercio ilícito transfronterizo de productos de tabaco, que provoca pérdidas de ingresos. El Programa debe ofrecer a la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco asistencia en sus funciones relacionadas con el Protocolo. Debe, asimismo, prestar apoyo a otras actividades organizadas por la Secretaría en conexión con la lucha contra el comercio ilícito de productos de tabaco.

(23)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (13), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (14) y (UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (15). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, en el caso de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(24)

Los terceros países miembros del EEE pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (16), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas.

(25)

En virtud de la Decisión 2013/755/UE del Consejo (17), las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(26)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Programa, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La Comisión debe adoptar programas de trabajo que establezcan, entre otras cosas, las prioridades y los criterios de evaluación para las subvenciones destinadas a acciones.

(27)

El presente Reglamento debe determinar el porcentaje máximo de cofinanciación para las subvenciones.

(28)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (18), el Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas excesivas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa en la práctica. La evaluación debe llevarse a cabo de manera oportuna, independiente y objetiva.

(29)

Con arreglo al artículo 290 del TFUE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos por lo que respecta a la modificación de la lista de indicadores para medir la consecución de los objetivos generales y específicos cuando sea necesario, así como para completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(30)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido al carácter transfronterizo de las cuestiones abordadas, sino que, por razón del valor añadido de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(31)

Los apartados 1 y 2 del artículo 42 bis del Reglamento (CE) n.o 515/97 constituyen la base jurídica de la financiación del sistema de información antifraude. El presente Reglamento debe sustituir dicha base jurídica por otra nueva. Procede, por lo tanto, suprimir los apartados 1 y 2 del artículo 42 bis del Reglamento (CE) n.o 515/97.

(32)

El Reglamento (UE) n.o 250/2014 por el que se establece el programa Hércules III abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. El presente Reglamento debe prever una continuación del programa Hércules III a partir del 1 de enero de 2021. Debe por lo tanto derogarse el Reglamento (UE) n.o 250/2014.

(33)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Programa pretende contribuir a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar objetivos climáticos.

(34)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo podrán ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran gastos subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible disponer en la decisión de financiación que los costes sean subvencionables desde el comienzo del ejercicio 2021, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027 y únicamente en casos debidamente justificados aun cuando se hubiera incurrido en dichos gastos antes de la presentación de la solicitud de subvención.

(35)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir la ejecución del Programa desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.