26.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 187/1

(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a esas categorías de ayudas estatales. El Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo faculta a la Comisión para declarar, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que, bajo determinadas condiciones, las siguientes categorías de ayudas pueden quedar exentas de la obligación de notificación: las ayudas a las pequeñas y medianas empresas (PYME), las ayudas de investigación y desarrollo, las ayudas a la protección del medio ambiente, las ayudas al empleo y la formación, y las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la concesión de ayudas regionales. Sobre esta base, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (2). El Reglamento (CE) no 800/2008 era aplicable en un principio hasta el 31 de diciembre de 2013, pero fue prorrogado posteriormente por el Reglamento (UE) no 1224/2013 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 800/2008 en lo relativo al período de aplicación (3), y ahora expira el 30 de junio de 2014. El 22 de julio de 2013, el Reglamento (CE) no 994/98 fue modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 994/98 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (4) a fin de facultar a la Comisión para ampliar la exención por categorías a nuevas categorías de ayudas, respecto de las cuales pueden definirse condiciones claras de compatibilidad. Estas nuevas categorías de ayudas incluyen las destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, las ayudas de carácter social para transporte en favor de residentes en regiones alejadas, las ayudas a las infraestructuras de banda ancha, las ayudas a la innovación, las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio, y las ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales. A condición de que pueda acumular experiencia suficiente que le permita elaborar criterios de exención operativos que garanticen la compatibilidad ex ante de otrascategorías de ayudas, la Comisión tiene la intención de revisar el ámbito de aplicación del presente Reglamento con vistas a incluir determinados tipos de ayudas en esos ámbitos. En particular, la Comisión prevé elaborar criterios aplicables a las infraestructuras portuarias y aeroportuarias a más tardar en diciembre de 2015.

(2)

Con su Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE (5), la Comisión puso en marcha una revisión más amplia de las normas relativas a las ayudas estatales. Los principales objetivos de este proceso de modernización son los siguientes: i) conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo, que contribuya al mismo tiempo a los esfuerzos de los Estados miembros por utilizar de forma más eficiente los fondos públicos, ii) concentrar el examen ex ante de la Comisión de las medidas de ayuda en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la cooperación de los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, y iii) simplificar las normas y agilizar y racionalizar las decisiones, fundamentándolas en una motivación económica clara, un planteamiento común y unas obligaciones inequívocas. La revisión del Reglamento (CE) no 800/2008 es un elemento clave de la modernización de las ayudas estatales.

(3)

El presente Reglamento debe prever una mejor priorización de las actividades de ejecución de las ayudas estatales y una mayor simplificación, y debe mejorar la transparencia, la evaluación efectiva y el control del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales a nivel nacional y de la Unión, preservando al mismo tiempo las competencias institucionales de la Comisión y los Estados miembros. De conformidad con el principio de proporcionalidad, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(4)

La experiencia adquirida por la Comisión en la aplicación del Reglamento (CE) no 800/2008 le ha permitido definir mejor las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones por categorías. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la transparencia y el control y de prever una adecuada evaluación de los regímenes muy grandes, teniendo en cuenta sus efectos sobre la competencia en el mercado interior.

(5)

Las condiciones generales de aplicación del presente Reglamento deben definirse sobre la base de un conjunto de principios comunes que garanticen que las ayudas contribuyen a un objetivo de interés común, tienen un efecto incentivador claro, son apropiadas y proporcionadas, se conceden con plena transparencia y están sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica y no afectan a las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común.

(6)

Las ayudas que reúnan todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento, tanto generales como específicas de la categoría de ayudas pertinente, deben quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(7)

Las ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, no contempladas en el presente Reglamento, continúan sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas cuyos objetivos correspondan a objetivos en él previstos.

(8)

Teniendo en cuenta el mayor impacto potencial de los grandes regímenes en los intercambios comerciales y la competencia, los regímenes cuyo presupuesto medio anual en ayudas estatales rebase un determinado umbral basado en un valor absoluto deben someterse, en principio, a evaluación. Esta evaluación ha de tener por objeto comprobar si se cumplen las hipótesis y condiciones para la compatibilidad del régimen, así como verificar la eficacia de la medida de ayuda a la luz de sus objetivos generales y específicos, y debe proporcionar indicaciones sobre el impacto del régimen en la competencia y el comercio. Con el fin de garantizar la igualdad de trato, la evaluación de las ayudas estatales debe llevarse a cabo sobre la base de un plan de evaluación aprobado por la Comisión. Si bien este plan normalmente debe estar preparado en el momento de la concepción del régimen y aprobado a tiempo para que el régimen pueda entrar en vigor, esto puede no ser posible en todos los casos. Por tanto, a fin de no demorar su entrada en vigor, el presente Reglamento será aplicable a dichos regímenes durante un período máximo de seis meses. La Comisión podrá decidir prorrogar este período, tras la aprobación del plan de evaluación. A tal efecto, el plan de evaluación debe notificarse a la Comisión en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor del régimen. La Comisión también puede decidir, con carácter excepcional, que la evaluación no es necesaria habida cuenta de las especificidades del caso. La Comisión debe recibir del Estado miembro la información necesaria para poder examinar el plan de evaluación y solicitar información adicional sin demora injustificada que permita al Estado miembro completar los elementos que falten, de forma que la Comisión pueda adoptar una decisión. Debido a la novedad que supone este proceso, la Comisión proporcionará, en un documento separado, orientaciones detalladas sobre el procedimiento aplicable durante el período de seis meses para la aprobación del plan de evaluación y las correspondientes plantillas que deberán utilizarse parapresentar este plan. Las modificaciones de los regímenes objeto de evaluación, distintas de las modificaciones que no puedan afectar a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado, deben examinarse teniendo en cuenta el resultado de dicha evaluación y excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. No debe considerarse, en principio, que las modificaciones que constituyan un cambio de naturaleza puramente formal, las modificaciones administrativas o las que se lleven a cabo en el marco de las medidas cofinanciadas por la UE afectan de forma significativa al contenido del plan de evaluación.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados ni a las ayudas a las actividades relacionadas con la exportación. Concretamente, no debe aplicarse a las ayudas para financiar el establecimiento y el funcionamiento de una red de distribución en otros países. Las ayudas destinadas a los gastos de participación en ferias comerciales o de estudios o servicios de consultoría, necesarios para el lanzamiento de un producto nuevo o existente en un nuevo mercado de otro Estado miembro o de un tercer país, no constituyen normalmente ayudas a actividades relacionadas con la exportación.

(10)

El presente Reglamento debe aplicarse, en principio, en la mayoría de los sectores de la economía. Sin embargo, en algunos sectores, como la pesca y la acuicultura y la producción agrícola primaria, el ámbito de aplicación debe limitarse, teniendo en cuenta las normas específicas aplicables.

(11)

El presente Reglamento debe aplicarse a la transformación y comercialización de productos agrícolas siempre que se cumplan determinadas condiciones. A efectos del presente Reglamento, ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, ni la primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores, ni la actividad de preparación de un producto para una primera venta deben considerarse transformación o comercialización.

(12)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, que se abordan en la Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas (6). El presente Reglamento debe aplicarse a otros tipos de ayudas en el sector del carbón, con la excepción de las ayudas regionales.

(13)

La Comisión debe velar por que las ayudas autorizadas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Por consiguiente, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las ayudas concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.

(14)

Las ayudas concedidas a empresas en crisis deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que este tipo de ayudas debe evaluarse con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 (7), prorrogadas mediante la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 (8), o a las directrices que las sustituyan, a fin de evitar su elusión, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales. En aras de la seguridad jurídica, conviene establecer criterios claros que no requieran una evaluación de todas las particularidades de la situación de una empresa para determinar si ha de considerarse que está en crisis a efectos del presente Reglamento.

(15)

La aplicación de las normas sobre ayudas estatales depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros. Así pues, estos deben tomar todas las medidas necesarias para velar por el cumplimiento del presente Reglamento, incluido el cumplimiento de las ayudas individuales concedidas al amparo de regímenes de exención por categorías.

(16)

Puesto que las ayudas de gran cuantía presentan un riesgo elevado de alterar las condiciones de los intercambios, es conveniente que sean evaluadas individual o conjuntamente por la Comisión tras su notificación. Por consiguiente, para cada categoría de ayudas incluida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben fijarseumbrales cuyo nivel tenga en cuenta la categoría de las ayudas y sus posibles repercusiones en las condiciones de los intercambios. Las ayudas concedidas que rebasen dichos umbrales deben seguir estando sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Los umbrales establecidos en el presente Reglamento no deben ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o los proyectos de ayudas en varios regímenes o proyectos de características, objetivos o beneficiarios similares.

(17)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas cuyo equivalente de subvención bruto pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo («ayudas transparentes»). Con respecto a determinados instrumentos de ayuda específicos, como préstamos, garantías, medidas fiscales, medidas de financiación de riesgo y, en particular, anticipos reembolsables, el presente Reglamento debe definir en qué condiciones pueden considerarse transparentes. Las aportaciones de capital no deben considerarse ayudas transparentes, sin perjuicio de las condiciones específicas aplicables a las ayudas a la financiación de riesgo y las destinadas a nuevos proyectos empresariales. Las ayudas consistentes en garantías deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruto se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas para el tipo de empresa de que se trate. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME), la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (9) indica los niveles de las primas anuales por encima de los cuales una garantía del Estado no se consideraría constitutiva de ayuda.

(18)

Con objeto de garantizar que las ayudas son necesarias y sirven de incentivo para desarrollar determinadas actividades o proyectos, el presente Reglamento no debe aplicarse a aquellas ayudas destinadas a actividades que el beneficiario llevaría a cabo de todas formas, incluso en ausencia de las ayudas. Las ayudas solo deben quedar exentas de notificación en virtud del presente Reglamento si el trabajo en el proyecto o actividad subvencionados empieza después de que el beneficiario haya presentado por escrito una solicitud de ayuda.

(19)

En cuanto a las ayudas ad hoc cubiertas por el presente Reglamento concedidas a beneficiarios que sean grandes empresas, el Estado miembro debe velar por que, además de cumplir las condiciones relativas al efecto incentivador aplicables a los beneficiarios que son PYME, el beneficiario haya analizado, en un documento interno, la viabilidad del proyecto o actividad con y sin ayudas. El Estado miembro debe verificar que este documento interno confirma un incremento sustancial del alcance del proyecto o actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o actividad subvencionados, o una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate. Debe considerarse que las ayudas regionales tienen un efecto incentivador si, de no ser por ellas, el proyecto de inversión no se habría llevado a cabo en la región asistida en cuestión.

(20)

Los regímenes de ayudas automáticos en forma de ventajas fiscales deben seguir estando sujetos a una condición específica en cuanto al efecto incentivador, debido al hecho de que este tipo de ayudas se concede con arreglo a procedimientos distintos de los de las demás categorías de ayudas. Estos regímenes deben haber sido adoptados antes del inicio de los trabajos en el proyecto o actividad subvencionados. Sin embargo, esta condición no será aplicable en el caso de regímenes fiscales sucesorios, siempre que la actividad ya se encontrase cubierta por los regímenes fiscales anteriores en forma de ventajas fiscales. Para la evaluación del efecto incentivador de dichos regímenes, el momento crucial es aquel en que la medida fiscal se haya establecido por primera vez en el régimen original, sustituido ulteriormente por el nuevo régimen.

(21)

Por lo que se refiere a las ayudas regionales de funcionamiento, las ayudas regionales para el desarrollo urbano, las ayudas para el acceso de las PYME a la financiación, las ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos, las ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad y para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad, las ayudas en forma de reducciones de los impuestos medioambientales, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, las ayudas de carácter social para transporte en favor de residentes en regiones alejadas y las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio, el requisito relativo a la existencia de un efecto incentivador no es aplicable o debe presumirse que se cumple si concurren las condiciones específicas establecidas para estas categorías de ayudas en el presente Reglamento.

(22)

Con el fin de garantizar que las ayudas sean proporcionadas y se circunscriban al importe necesario, siempre que sea posible los importes máximos de ayuda deben expresarse en términos de intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables. Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de ayuda por la imposibilidad de determinar los costes subvencionables o a fin de facilitar instrumentos más sencillos cuando se trate de pequeñas cantidades, deben establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de las medidas de ayuda. A la luz de la experiencia de la Comisión, la intensidad de ayuda y los importes máximos de ayuda deben fijarse en niveles que minimicen el falseamiento de la competencia en el sector beneficiario y palíen al mismo tiempo las deficiencias del mercado o los problemas de cohesión. En las ayudas regionales a la inversión, la intensidad de ayuda debe atenerse a las intensidades de ayuda autorizadas en los mapas de ayudas regionales.

(23)

Para el cálculo de la intensidad de ayuda, solo deben incluirse los costes subvencionables. El Reglamento no se aplicará a las ayudas que rebasen la intensidad de ayuda pertinente como consecuencia de la inclusión de costes no subvencionables. La determinación de los costes subvencionables debe basarse en pruebas documentales claras, concretas y actualizadas. Todas las cifras utilizadas deben entenderse antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas. Las ayudas pagaderas en varios plazos deben actualizarse a su valor en el momento en que se concedan. Los costes subvencionables también deben actualizarse a su valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que debe emplearse a efectos de actualización y para calcular el importe de las ayudas en caso de que no consistan en subvenciones debe ser, respectivamente, el tipo de actualización y el tipo de referencia aplicables en el momento de la concesión, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (10). Cuando las ayudas se concedan en forma de beneficios fiscales, los tramos de ayuda deben actualizarse sobre la base de los tipos de actualización aplicables en las distintas fechas en que se hagan efectivos dichos beneficios. Debe fomentarse la utilización de ayudas en forma de anticipos reembolsables, ya que dichos instrumentos de riesgo compartido contribuyen a reforzar el efecto incentivador de la ayuda. Conviene, por tanto, establecer que cuando la ayuda se conceda en forma de anticipos reembolsables las intensidades de ayuda aplicables previstas en el presente Reglamento puedan incrementarse, con la excepción de las ayudas regionales, puesto que estas pueden quedar exentas únicamente si cumplen los mapas aprobados.

(24)

En el caso de los beneficios fiscales sobre futuros impuestos, el tipo de actualización aplicable y el importe exacto de los tramos de ayuda puede no conocerse de antemano. En tales casos, los Estados miembros deben fijar previamente un límite máximo para el valor actualizado de la ayuda, que respete la intensidad de ayuda aplicable. Posteriormente, cuando se conozca el importe del tramo de ayuda en una fecha determinada, podrá calcularse la actualización sobre la base del tipo de actualización aplicable en ese momento. El valor actualizado de cada tramo de ayuda debe descontarse del importe global del límite máximo (importe máximo).

(25)

Con el fin de determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda que establece el presente Reglamento, debe tenerse en cuenta el importe total de las medidas de ayuda estatal en favor de la actividad o proyecto beneficiarios. El presente Reglamento debe especificar además en qué circunstancias pueden acumularse diferentes categorías de ayudas. Las ayudas exentas en virtud del presente Reglamento y cualquier otra ayuda compatible exenta en virtud de otro Reglamento o aprobada por la Comisión podrán acumularse siempre y cuando dichas medidas se refieran a costes subvencionables identificables diferentes. Cuando diferentes fuentes de ayuda se refieran —parcial o totalmente— a los mismos costes subvencionables identificables, debe autorizarse la acumulación si no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe de ayuda más elevado aplicables a dicha ayuda en virtud del presente Reglamento. El presente Reglamento debe también establecer normas particulares en materia de acumulación de medidas de ayuda con o sin costes subvencionables identificables, de acumulación con ayudas de minimis y de acumulación con ayudas en favor de trabajadores con discapacidad. Las ayudas de minimis no suelen concederse o atribuirse a costes subvencionables identificables específicos. En ese caso, debe ser posible acumular libremente las ayudas de minimis con las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento. No obstante, cuando las ayudas de minimis se concedan en relación con los mismos costes subvencionables identificables como ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento, la acumulación debe permitirse únicamente hasta la intensidad máxima de la ayuda, tal como se establece en el capítulo III del presente Reglamento.

(26)

La financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no quede directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la Unión se combine con ayudas estatales, únicamente deben tomarse en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda de los porcentajes máximos de financiación establecidos en la normativa europea aplicable.

(27)

Dado que las ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado están, en principio, prohibidas, es importante que todas las partes puedan comprobar si se conceden de conformidad con las normas aplicables. Por consiguiente, la transparencia de las ayudas estatales es esencial para la correcta aplicación de las normas del Tratado y propicia un mejor cumplimiento, una mayor rendición de cuentas, la revisión inter pares y, en definitiva, un gasto público más eficaz. Para garantizar la transparencia, conviene obligar a los Estados miembros a crear sitios web completos sobre ayudas estatales, a nivel regional o nacional, que contengan información resumida relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento. La compatibilidad de las ayudas con el mercado interior debe quedar supeditada al cumplimiento de esa obligación. Conforme a la práctica habitual en relación con la publicación de información, establecida en la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (11), debe utilizarse un formato estándar que permita buscar, descargar y publicarfácilmente la información en internet. Los enlaces a los sitios web de todos los Estados miembros deben publicarse en el sitio web de la Comisión. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 994/98, modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013, debe publicarse en el sitio web de la Comisión un resumen de la información relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento.

(28)

A fin de garantizar una supervisión efectiva de las medidas de ayuda, de conformidad con el Reglamento (CE) no 994/98, modificado por el Reglamento (UE) no 733/2013, conviene establecer requisitos en cuanto a la presentación de informes por parte de los Estados miembros sobre las medidas de ayuda que hayan sido objeto de una excepción en virtud del presente Reglamento y sobre la aplicación del presente Reglamento. Conviene asimismo fijar normas relativas a los registros que los Estados miembros deben llevar sobre las ayudas exentas en virtud del presente Reglamento, teniendo en cuenta el plazo de prescripción previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (12).

(29)

Para reforzar la eficacia de las condiciones de compatibilidad establecidas en el presente Reglamento, conviene prever la posibilidad de que la Comisión retire el beneficio de la exención por categorías a futuras medidas de ayuda en caso de incumplimiento de dichos requisitos. La Comisión debe tener la posibilidad de restringir la retirada del beneficio de la exención por categorías a determinados tipos de ayudas, a determinados beneficiarios o a medidas de ayuda adoptadas por determinadas autoridades, cuando el incumplimiento del presente Reglamento solo afecte a un grupo limitado de medidas o a determinadas autoridades. Esta retirada selectiva debe representar una solución proporcionada directamente vinculada al incumplimiento constatado del presente Reglamento. En caso de que no se cumplan las condiciones de compatibilidad establecidas en los capítulos I y III, las ayudas concedidas no quedarán cubiertas por el presente Reglamento y constituirán, por consiguiente, ayudas ilegales, que la Comisión examinará en el marco del procedimiento pertinente contemplado en el Reglamento (CE) no 659/1999. En caso de incumplimiento de los requisitos previstos en el capítulo II, la retirada del beneficio de la exención por categorías por lo que se refiere a futuras medidas de ayuda no afectará al hecho de que las anteriores medidas conformes con el presente Reglamento hayan sido objeto de exención por categorías.

(30)

Con objeto de eliminar diferencias que puedan dar pie a falseamientos de la competencia y de facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas nacionales y de la Unión relativas a las PYME, así como por razones de claridad administrativa y seguridad jurídica, la definición de «PYME» utilizada a efectos del presente Reglamento debe basarse en la que figura en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (13).

(31)

Al atender a las desventajas que padecen las regiones menos favorecidas, las ayudas regionales contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto. La finalidad de las ayudas regionales es contribuir al desarrollo de las zonas más desfavorecidas mediante el apoyo a la inversión y la creación de empleo en un contexto sostenible. En zonas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado, podrán concederse ayudas regionales destinadas a promover la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento o un cambio fundamental en el proceso de producción global de un establecimiento existente. Considerando que a las grandes empresas les afectan menos que a las PYME las desventajas regionales a la hora de invertir en zonas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas regionales a grandes empresas deben quedar exentas del requisito de notificación únicamente en el caso de inversiones iniciales en favor de nuevas actividades económicas en esas zonas.

(32)

Cuando los regímenes de ayudas regionales están dirigidos a un número limitado de sectores económicos, su objetivo y repercusiones probables pueden ser sectoriales en vez de horizontales. Por lo tanto, los regímenes sectoriales no pueden quedar exentos de la obligación de notificación. No obstante, la Comisión puede evaluar, tras la notificación, sus posibles efectos positivos de conformidad con las directrices, marcos o decisiones aplicables. Es lo que sucede, en particular, con los regímenes de ayudas que afectan a actividades económicas de los sectores del carbón, la construcción naval y el transporte. Además, debido a las características específicas de los sectores de la siderurgia y las fibras sintéticas, se considera que los efectos negativos de las ayudas regionales en esos sectores son mayores que los efectos positivos en términos de cohesión, por lo que no podrán concederse ayudas regionales en estos sectores. Por último, los sectores turístico y de la banda ancha desempeñan un importante papel en las economías nacionales y, en general, repercuten de forma especialmente positiva en el desarrollo regional. Así pues, los regímenes de ayudas regionales destinados a las actividades turísticas y la banda ancha deben quedar exentos de la obligación de notificación. Las actividades de transformación y comercialización de productos agrícolas tienen también fuertes vínculos con las economías locales y regionales y deben beneficiarse de la exención por categorías.

(33)

La producción y distribución de energía y las infraestructuras energéticas están sujetas a la legislación sectorial del mercado interior, lo que se refleja en los criterios para garantizar la compatibilidad de las ayudas en estos ámbitos con el mercado interior y su coherencia con las políticas en materia de medio ambiente y energía de la Unión. Las ayudas regionales concedidas en virtud de la sección 1 del presente Reglamento persiguen objetivos de cohesión y desarrollo económico, quedando, por tanto, sujetas a condiciones de compatibilidad muy diferentes. Por consiguiente, las disposiciones del presente Reglamento sobre ayudas regionales no deben aplicarse a las medidas relativas a la producción y distribución de energía y a las infraestructuras energéticas.

(34)

Las inversiones que permiten a las empresas ir más allá de las normas de la Unión o incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la Unión, las inversiones para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión, las inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética, en particular los proyectos de eficiencia energética en edificios, las inversiones para el saneamiento de terrenos contaminados y las ayudas para estudios medioambientales, no influyen directamente en el funcionamiento de los mercados de la energía. Al mismo tiempo, esas inversiones pueden contribuir tanto a los objetivos de la política regional como a los objetivos energéticos y medioambientales de la Unión Europea. En tales casos, pueden ser aplicables las disposiciones del presente Reglamento relativas a las ayudas regionales y a las ayudas para la protección del medio ambiente, en función del objetivo principal perseguido por la medida de que se trate.

(35)

Con objeto de no favorecer las inversiones de capital respecto a las inversiones en costes laborales, debe ser posible medir las ayudas regionales a la inversión, bien sobre la base de los costes de la inversión, bien sobre la base de los costes salariales del empleo creado directamente por el proyecto de inversión.

(36)

Las ayudas regionales a la inversión no deben quedar exentas de la obligación de notificación cuando se concedan a un beneficiario que haya puesto fin a una actividad idéntica o similar en el EEE durante los dos años anteriores a su solicitud de ayuda regional a la inversión o que, en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, tenga planes concretos para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de dos años después de que la inversión se haya completado en la zona de que se trate.

(37)

La Comisión ha adquirido suficiente experiencia en la aplicación del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado en lo que respecta a las ayudas regionales de funcionamiento para compensar los costes adicionales del transporte de mercancías producidas en las regiones ultraperiféricas o en zonas con baja densidad de población, y de los bienes transformados en esas zonas, así como los costes adicionales de producción y explotación (distintos de los costes adicionales de transporte) en que incurren los beneficiarios establecidos en regiones ultraperiféricas. Habida cuenta de que existe un riesgo de compensación excesiva en relación con los gastos de transporte, como consecuencia de la ayuda adicional concedida en el marco de los programas POSEI en el sector agrícola, y toda vez que no puede descartarse que algunos productos agrícolas no se produzcan en otra parte, el sector agrícola debe quedar excluido de las ayudas regionales de funcionamiento destinadas a compensar los costes adicionales del transporte de mercancías producidas en las regiones ultraperiféricas o en zonas escasamente pobladas con arreglo al presente Reglamento. Las ayudas regionales de funcionamiento destinadas a compensar los costes adicionales de las regiones ultraperiféricas, distintos de los costes adicionales de transporte, solo deben considerarse compatibles con el mercado interior y quedar exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado si su nivel no sobrepasa el 15 % del valor añadido bruto generado anualmente por el beneficiario en la región ultraperiférica de que se trate o el 25 % de los costes laborales anuales en que haya incurrido el beneficiario en la región ultraperiférica de que se trate, o bien el 10 % del volumen de negocios anual del beneficiario en la región ultraperiférica de que se trate. Cuando la ayuda no supera el importe resultante de uno de esos diferentes métodos para determinar los costes de explotación adicionales (distintos de los costes de transporte), puede considerarse justificada, en términos de contribución al desarrollo regional, y proporcionada, habida cuenta de las dificultades a que se enfrentan las empresas en las regiones ultraperiféricas.

(38)

Al abordar la elevada concentración de problemas económicos, medioambientales y sociales de las zonas urbanas situadas en zonas asistidas contempladas en un mapa de ayudas regionales, las ayudas al desarrollo urbano contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto. Las deficiencias del mercado que pretenden paliar las ayudas al desarrollo urbano se refieren al marco de financiación del desarrollo urbano, la inexistencia de un enfoque de desarrollo urbano integrado, un déficit de financiación que requiera un mayor efecto multiplicador de los escasos recursos públicos, y la necesidad de un enfoque más comercial en la regeneración de zonas urbanas. Las ayudas al desarrollo urbano para apoyar el desarrollo de estrategias participativas, integradas y sostenibles y hacer frente a los problemas adicionales detectados en las zonas asistidas deben, por tanto, ser objeto de la exención por categorías.

(39)

Las inversiones correspondientes a las prioridades de la Estrategia Europa 2020 (14) en el ámbito de las tecnologías verdes y el paso a una economía con bajas emisiones de carbono, realizadas en zonas asistidas señaladas en el mapa de ayudas regionales pertinente, deben poder beneficiarse de ayudas por un importe superior mediante una bonificación regional.

(40)

Las PYME desempeñan una función decisiva en la creación de empleo y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y desarrollo económico. No obstante, su expansión puede verse entorpecida por deficiencias del mercado que las expongan a una serie de dificultades características. A menudo encuentran obstáculos para obtener capital o créditos, dadas las reticencias de determinados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas garantías que pueden ofrecer. Sus limitados recursos también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a los mercados potenciales. En consecuencia, para facilitar el desarrollo de sus actividades económicas, el presente Reglamento debe dejar exentas determinadas categorías de ayudas en favor de las PYME. Esas categorías deben incluir, en particular, las ayudas a la inversión en favor de las PYME y la participación de las PYME en ferias comerciales.

(41)

Las PYME que participan en proyectos de cooperación territorial europea (CTE) regulados por el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (15), a menudo encuentran dificultades para financiar los costes adicionales derivados de la cooperación entre socios situados en regiones diferentes y en Estados miembros diferentes o en terceros países. Dada la importancia de la CTE para la política de cohesión, que ofrece un marco para la realización de acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes Estados miembros o terceros países, el presente Reglamento debe abordar algunas de las dificultades a que se enfrentan los proyectos CTE, con el fin de facilitar su conformidad con las normas sobre ayudas estatales. Las cuestiones específicas de la CTE que conviene tratar en el presente Reglamento se refieren a la intensidad de ayuda regional aplicable en el caso de los proyectos CTE y los costes de la cooperación de las PYME vinculados a los proyectos CTE y a las obligaciones en materia de publicación e información, declaración y mantenimiento de registros con fines de seguimiento.

(42)

Vistas las diferencias existentes entre PYME y sus desventajas específicas, podrán aplicarse diferentes intensidades básicas de ayuda y bonificaciones.

(43)

Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para fomentar inversiones de capital riesgo en PYME (16), existen diversas deficiencias específicas en el mercado de capital riesgo de la Unión respecto a determinados tipos de inversiones en las diferentes etapas de desarrollo de las empresas. Esas deficiencias se deben a desajustes entre la oferta y la demanda de capital riesgo. Como consecuencia de ello, el volumen de capital riesgo que ofrece el mercado puede ser demasiado limitado, lo que impide a las empresas obtener financiación a pesar de contar con un modelo de negocio valioso y con perspectivas de crecimiento. La principal fuente de deficiencias de los mercados de capital riesgo, que afecta particularmente al acceso de las PYME al capital y que puede justificar la intervención pública, es la imperfección o la asimetría de la información. Ello no solo afecta al suministro de capital riesgo, sino que también dificulta el acceso de algunas PYME a la financiación de deuda. Por tanto, las medidas de financiación de riesgo que pretendan atraer capital privado para la financiación de riesgo de PYME no cotizadas afectadas por un déficit de financiación y que garanticen decisiones de financiación de carácter lucrativo y la gestión comercial de los intermediarios financieros deben quedar exentas de la obligación de notificación, con arreglo a determinadas condiciones.

(44)

Las ayudas para la puesta en marcha de pequeñas empresas, las ayudas a las plataformas de negociación alternativas especializadas en PYME y las ayudas para costes relacionados con la prospección de PYME también deben quedar exentas del requisito de notificación en determinadas condiciones.

(45)

Las ayudas de investigación y desarrollo y las ayudas a la innovación pueden contribuir a un crecimiento económico sostenible, reforzar la competitividad y fomentar el empleo. La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (CE) no 800/2008 y el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (17) muestra que las deficiencias del mercado pueden impedir que este alcance un grado óptimo de producción y generar ineficiencias, ligadas generalmente a efectos externos, a efectos de desbordamiento del conocimiento/bienes públicos, a una información imperfecta y asimétrica, y a fallos de coordinación y de red.

(46)

Las PYME pueden experimentar dificultades para acceder a nuevos avances tecnológicos, a la transferencia de conocimientos o a personal altamente cualificado. Las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, las ayudas a estudios de viabilidad y las ayudas a la innovación en favor de las PYME, incluidas las destinadas a sufragar los costes de los derechos de propiedad industrial, pueden solucionar esos problemas y, por tanto, deben quedar exentas de la obligación de notificación en determinadas condiciones.

(47)

En las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo, la parte subvencionada del proyecto debe corresponder plenamente a las categorías de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental. Si un proyecto abarca distintas tareas, debe indicarse, para cada una de ellas, a cuál de estas categorías corresponde o si no corresponde a ninguna de dichas categorías. Tal clasificación no tiene por qué seguir un orden cronológico, desde la investigación fundamental a actividades más próximas al mercado. Consecuentemente, una tarea realizada en una etapa avanzada de un proyecto puede corresponder a la categoría de investigación industrial. Del mismo modo, una actividad desarrollada en una fase anterior puede constituir desarrollo experimental. La parte subvencionada del proyecto puede incluir también los estudios de viabilidad previos a las actividades de investigación.

(48)

Unas infraestructuras de investigación de alta calidad son cada vez más necesarias para una investigación y una innovación pioneras, ya que atraen talentos de todo el mundo y son fundamentales para apoyar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías facilitadoras esenciales. Las infraestructuras públicas de investigación deben seguir asociándose con la investigación industrial. El acceso a infraestructuras de investigación financiadas con fondos públicos debe concederse sobre una base transparente y no discriminatoria, y en condiciones de mercado. Si no se respetan esas condiciones, la medida de ayuda no debe quedar exenta de la obligación de notificación. Es posible que la propiedad, la explotación y la utilización de estas infraestructuras correspondan a múltiples partes y que entidades y empresas públicas las utilicen en colaboración.

(49)

Las infraestructuras de investigación pueden realizar tanto actividades económicas como no económicas. Con objeto de evitar que se concedan ayudas estatales a actividades económicas a través de la financiación pública de actividades no económicas, deben separarse claramente los costes y la financiación de las actividades económicas y no económicas. Cuando una infraestructura se utiliza tanto para actividades económicas como no económicas, la financiación mediante recursos estatales de los costes vinculados a las actividades no económicas de la infraestructura no constituye ayuda estatal. La financiación pública entra dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales únicamente si cubre costes relacionados con actividades económicas. Solo estas últimas deben tenerse en cuenta con vistas a garantizar el cumplimiento de los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda. Si la infraestructura se utiliza casi exclusivamente para una actividad no económica, su financiación puede quedar excluida en su totalidad del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, si la utilización económica es puramente accesoria, es decir, una actividad que esté relacionada directamente con el funcionamiento de la infraestructura o sea necesaria para el mismo, o que esté estrechamente vinculada a su principal uso no económico, y tenga un alcance limitado. Debe considerarse que tal es el caso cuando las actividades económicas consumen los mismos insumos (como material, equipos, mano de obra y capital fijo) que las actividades no económicas y la capacidad asignada cada año a dicha actividad económica no es superior al 20 % de la capacidad anual general de la infraestructura de investigación.

(50)

Las ayudas a las agrupaciones empresariales (clusters) innovadoras pretenden paliar las deficiencias del mercado relacionadas con problemas de coordinación que impiden el desarrollo de agrupaciones o limitan sus posibilidades de relacionarse entre sí y establecer flujos de conocimiento. Las ayudas estatales pueden favorecer la inversión en infraestructuras abiertas y compartidas para las agrupaciones empresariales innovadoras, o bien apoyar el funcionamiento de estas agrupaciones, de modo que mejore la colaboración, la interacción y el aprendizaje. Las ayudas de funcionamiento a las agrupaciones empresariales innovadoras deben, no obstante, concederse únicamente con carácter temporal, durante un período de tiempo limitado, no superior a diez años. La ratio entre el importe total de la ayuda concedida y el total de los costes subvencionables no debe superar el 50 % durante el período para el que se concede la ayuda.

(51)

La innovación en materia de procesos y organización puede adolecer de deficiencias del mercado en forma de una información imperfecta y la falta de externalidades positivas, que deben abordarse mediante medidas específicas. Las ayudas a este tipo de innovación son especialmente pertinentes en el caso de las PYME, ya que se enfrentan a dificultades que pueden obstaculizar su capacidad de mejorar sus métodos de producción o suministro o de reforzar notablemente sus prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo y las relaciones exteriores. Con el fin de estimular la colaboración de grandes empresas con PYME en actividades de innovación en materia de procesos y organización, las medidas de ayuda que financien los costes soportados por las grandes empresas para la realización de tales actividades también deben beneficiarse de la exención por categorías en determinadas condiciones.

(52)

El fomento de la formación y la contratación o el empleo de trabajadores desfavorecidos y de trabajadores con discapacidad constituye un objetivo primordial de las políticas económicas y sociales de la Unión y de sus Estados miembros.

(53)

Por lo general, la formación genera efectos externos positivos para la sociedad en su conjunto, dado que incrementa el número de trabajadores cualificados del que pueden abastecerse otras empresas, mejora la competitividad de la industria de la Unión y desempeña una función importante en la estrategia de empleo de la Unión. Las ayudas para fomentar la formación deben, por tanto, quedar exentas de la obligación de notificación, en determinadas condiciones. Habida cuenta de las dificultades particulares que experimentan las PYME y de los costes relativos más elevados que han de soportar cuando invierten en formación, las intensidades de ayuda exentas en virtud del presente Reglamento deben aumentarse en el caso de las PYME. Además, las intensidades de ayuda exentas en virtud del presente Reglamento deben incrementarse si la formación se imparte a trabajadores desfavorecidos o con discapacidad. Las características de la formación en el sector del transporte marítimo justifican un planteamiento específico para este sector.

(54)

Algunas categorías de trabajadores desfavorecidos o con discapacidad siguen teniendo dificultades particulares para incorporarse al mercado de trabajo y mantenerse en él. Por esta razón, las autoridades públicas pueden aplicar medidas que contemplen incentivos para que las empresas aumenten los niveles de empleo de estas categorías de trabajadores, en particular los jóvenes. Puesto que los costes salariales forman parte de los costes de explotación normales de cualquier empresa, las ayudas al empleo de trabajadores desfavorecidos y de trabajadores con discapacidad deben repercutir positivamente sobre los niveles de empleo de esas categorías de trabajadores y no deben limitarse a permitir que las empresas reduzcan unos costes que, de otro modo, tendrían que soportar. En consecuencia, dichas ayudas deben quedar exentas de la obligación de notificación cuando permitan ayudar a esas categorías de trabajadores a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y a permanecer en el mismo. Tal como se establece en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (18), los elementos principales de la estrategia de la UE en materia de discapacidad combinan medidas antidiscriminatorias, de igualdad de oportunidades y de inclusión activa y reflejan la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la que la UE y la mayoría de los Estados miembros son parte. El presente Reglamento debe referirse a las ayudas a los trabajadores con discapacidad en el sentido del artículo 1 de la Convención.

(55)

Como se indica en la Comunicación de la Comisión «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (19), el crecimiento sostenible para la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos y que sea más verde y competitiva es uno de los principales pilares del objetivo de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El desarrollo sostenible se basa, entre otras cosas, en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. La protección del medio ambiente se enfrenta a deficiencias del mercado, de manera que, en condiciones normales de mercado, es posible que las empresas no se sientan incentivadas a reducir la contaminación que originan, ya que dicha reducción puede suponer un aumento en sus costes, sin reportarles beneficio alguno. Ahora bien, cuando las empresas no están obligadas a internalizar los costes de la contaminación, es el conjunto de la sociedad quien debe soportarlos.

(56)

La introducción de normas obligatorias en materia de medio ambiente puede subsanar esta deficiencia del mercado. Puede conseguirse un mayor nivel de protección del medio ambiente mediante inversiones que vayan más allá de las normas obligatorias de la Unión. Con el fin de inducir a las empresas a mejorar el nivel de protección medioambiental más allá de estas normas obligatorias de la Unión, las ayudas estatales en este ámbito deben beneficiarse de la exención por categorías. Para no disuadir a los Estados miembros de establecer normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que las correspondientes de la Unión, esas ayudas estatales deben quedar exentas, con independencia de la presencia de normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que la norma de la Unión.

(57)

En principio, las ayudas no deben concederse en caso de que las inversiones permitan a las empresas ajustarse a normas de la Unión ya adoptadas pero que todavía no estén en vigor. No obstante, las ayudas estatales pueden dar lugar a una mejora del comportamiento medioambiental de las empresas si inducen a las empresas a adaptarse anticipadamente a futuras normas de la Unión antes de su entrada en vigor y siempre que dichas normas no se apliquen con carácter retroactivo. Las ayudas a las empresas para adaptarse a futuras normas de la UE pueden conducir a la consecución de un elevado nivel de protección medioambiental de forma anticipada, por lo que dichas ayudas deben beneficiarse de la exención.

(58)

En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Unión se ha fijado el objetivo de incrementar un 20 % la eficiencia energética de aquí a 2020 y, en particular, ha adoptado la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (20), que establece un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión, persiguiendo el objetivo general de ahorrar al menos un 20 % del consumo de energía primaria de la Unión. Para facilitar la consecución de esos objetivos, las medidas de apoyo a la eficiencia energética, a la cogeneración de alta eficiencia energética y a sistemas urbanos de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes deben incluirse en la exención por categorías.

(59)

Las medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética de los edificios están en consonancia con las prioridades de la Estrategia Europa 2020 en relación con un cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Debido a la falta de un enfoque integrado respecto de la eficiencia energética de los edificios, estas inversiones pueden sufrir a menudo un déficit de financiación que requiere un mayor efecto multiplicador de los escasos recursos públicos. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de prestar apoyo a las inversiones en eficiencia energética de edificios mediante la concesión de ayudas en forma de subvenciones directas a los propietarios o arrendatarios de los edificios, en consonancia con las disposiciones generales relativasa las medidas de eficiencia energética, y también en forma de préstamos y garantías a través de intermediarios financieros elegidos en el marco de un mecanismo de selección transparente, con arreglo a las disposiciones específicas aplicables a los proyectos de eficiencia energética en edificios.

(60)

A fin de lograr los objetivos de la Unión en materia de energías renovables establecidos en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (21), y en la medida en que sea necesario un apoyo adicional, además de un marco normativo, como el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (22), las ayudas concedidas a las inversiones que apoyen la energía procedente de fuentes renovables deben beneficiarse de la exención por categorías.

(61)

La exención por categorías también debe aplicarse a las ayudas de funcionamiento para instalaciones de pequeña escala que producen energía renovable, con sujeción a condiciones bien definidas, habida cuenta de su limitado potencial de falseamiento del comercio y la competencia. Las ayudas de funcionamiento para instalaciones de mayor escala deben quedar cubiertas por la exención por categorías cuando el falseamiento de la competencia sea limitado. Así pues, tales ayudas de funcionamiento solo pueden beneficiarse de la exención por categorías si se conceden a tecnologías nuevas e innovadoras sobre la base de un procedimiento de licitación abierto como mínimo a una tecnología de este tipo que utilice un mecanismo que exponga a los productores de energías renovables a los precios del mercado. El total de las ayudas concedidas sobre esta base podrá beneficiar como máximo al 5 % de la nueva capacidad de producción de electricidad prevista a partir de fuentes de energía renovables. Las ayudas concedidas a través de procesos de licitación abiertos a todas las tecnologías vinculadas a energías renovables deben quedar plenamente cubiertas por la exención por categorías. En principio, los regímenes de ayudas de funcionamiento deben estar abiertos a otros países del EEE y a partes contratantes de la Comunidad de la Energía con objeto de limitar los efectos de falseamiento de la competencia. Se anima a los Estados miembros a que se planteen la posibilidad de contar con un mecanismo de cooperación antes de permitir el apoyo transfronterizo. En ausencia de un mecanismo de cooperación, la producción a partir de instalaciones en otros países no se computará a efectos de su objetivo nacional en materia de energía renovable. Habida cuenta de tales imperativos, debe concederse a los Estados miembros un plazo suficiente para diseñar regímenes de apoyo adecuados que estén abiertos a otros países. Por tanto, esta apertura no constituye una condición para la exención de la notificación, en la medida en que no se requiere en virtud del Tratado.

(62)

Con respecto a las ayudas para la producción de energía hidroeléctrica, su impacto puede ser doble. Por una parte, hay un impacto positivo en términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, puede tener también un impacto negativo en los sistemas hídricos y la biodiversidad. Por consiguiente, al conceder ayudas a la energía hidráulica los Estados miembros deben cumplir la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (23), y, en particular, su artículo 4, apartado 7, que establece los criterios de cara a permitir nuevas modificaciones de las masas de agua.

(63)

Las ayudas solo deben concederse a formas sostenibles de energías renovables. Las ayudas a los biocarburantes solo deben quedar cubiertas por el presente Reglamento en la medida en que se concedan a biocarburantes sostenibles, de conformidad con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, las ayudas a los biocarburantes basados en cultivos alimentarios deben quedar excluidas de las ayudas contempladas en el presente Reglamento, a fin de incentivar la evolución hacia la producción de formas más avanzadas de biocarburantes. Las ayudas a los biocarburantes que están sujetos a una obligación de suministro o de mezcla deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la exención por categorías, ya que la obligación legal citada puede ofrecer incentivos suficientes para las inversiones en estos tipos de energía renovable.

(64)

Las ayudas en forma de reducciones fiscales con arreglo a la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (24), que favorezcan la protección del medio ambiente cubierta por el presente Reglamento pueden beneficiar indirectamente al medio ambiente. Sin embargo, los impuestos medioambientales deben reflejar el coste social de las emisiones, mientras que las reducciones de impuestos pueden afectar negativamente a este objetivo. Parece, por tanto, conveniente limitar su duración al período de aplicación del presente Reglamento. Una vez transcurrido este período, los Estados miembros deben volver a evaluar la idoneidad de las reducciones fiscales en cuestión. A fin de minimizar el falseamiento de la competencia, las ayudas deben concederse de la misma manera a todos los competidores que se hallen en la misma situación de hecho. Para salvaguardar mejor la señal de precios que el impuesto medioambiental pretende transmitir a las empresas, los Estados miembros deben tener la opción de diseñar el régimen de reducción fiscal sobre la base de un mecanismo de pago de un importe fijo de compensación anual (devolución del impuesto).

(65)

A la luz del «principio de quien contamina paga», los costes de las medidas para tratar la contaminación deben ser soportados por el responsable de la misma. Las ayudas para el saneamiento de terrenos contaminados se justifican en los casos en que la persona responsable de la contaminación con arreglo a la normativa aplicable no puede ser identificada. Sin embargo, serán de aplicación las condiciones sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, tal como se define en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (25), en su versión modificada por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE (26), y la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (27). Por consiguiente, a fin de facilitar la corrección de los daños medioambientales existentes, las ayudas de este tipo deben beneficiarse de la exención por categorías en determinadas condiciones.

(66)

En consonancia con la jerarquía de residuos establecida por la Directiva marco sobre residuos de la Unión Europea, el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente señala la reutilización y el reciclado de residuos como prioridades clave de la política medioambiental de la Unión Europea. Las ayudas estatales a estas actividades pueden contribuir a la protección del medio ambiente, a condición de que se respete lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Directiva marco sobre residuos) (28). Por otra parte, esas ayudas no deben liberar indirectamente a los contaminadores de una carga que debe ser soportada por ellos con arreglo a la legislación de la Unión, o de una carga que debe considerarse un coste empresarial normal. Por tanto, las ayudas en favor de tales actividades deben poder acogerse a la exención por categorías, en particular cuando se trate de residuos de otras empresas y cuando, en otras circunstancias, los materiales tratados se habrían eliminado o se habrían tratado de manera menos respetuosa con el medio ambiente.

(67)

Disponer de unas infraestructuras energéticas modernas es crucial para un mercado integrado de la energía y para que la Unión pueda respetar sus objetivos en materia de clima y energía. En particular, la construcción y la rehabilitación de infraestructuras en regiones asistidas contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto, favoreciendo la inversión y la creación de empleo y el funcionamiento de los mercados de la energía en las zonas más desfavorecidas. Con el fin de limitar efectos de falseamiento indebidos de estas ayudas, solo deben ser objeto de exención por categorías las ayudas a infraestructuras sujetas a la legislación del mercado interior de la energía y que se atengan a esta legislación.

(68)

Los estudios medioambientales pueden ayudar a determinar las inversiones necesarias para lograr un mayor nivel de protección del medio ambiente. Las ayudas estatales para apoyar la realización de estudios medioambientales destinados a propiciar las inversiones en protección del medio ambiente con arreglo al presente Reglamento deben, por tanto, beneficiarse de la exención por categorías. Puesto que las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas, estas no deben beneficiarse de ayuda estatal.

(69)

De conformidad con el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales son compatibles con el mercado interior. Para garantizar la seguridad jurídica es necesario definir el tipo de sucesos que pueden constituir desastres naturales exentos en virtud del presente Reglamento. A efectos del presente Reglamento, los terremotos, los corrimientos de tierras, las inundaciones, en particular las provocadas por el desbordamiento de ríos o lagos, las avalanchas, los tornados, los huracanes, las erupciones volcánicas y los incendios de origen natural deben considerarse sucesos que constituyen desastres naturales. Los perjuicios causados por condiciones meteorológicas adversas, como heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que se producen de forma más regular, no deben considerarse desastres naturales a tenor del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado. A fin de garantizar que las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales puedan acogerse a la exención, el presente Reglamento debe establecer las condiciones, según la práctica establecida, cuyo cumplimiento garantice que los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por desastres naturales pueden beneficiarse de la exención por categorías. Esas condiciones deben referirse, en particular, al reconocimiento formal por las autoridades competentes de los Estados miembros del carácter de desastre natural del suceso y a la relación causal directa entre el desastre natural y el perjuicio sufrido por la empresa beneficiaria, que puede incluir a empresas en crisis, y deben procurar que se evite la compensación excesiva. Las indemnizaciones no deben superar el importe necesario para que el beneficiario pueda volver a la situación existente con anterioridad al desastre.

(70)

En el transporte aéreo y marítimo de pasajeros, las ayudas tienen carácter social cuando abordan el problema de la conectividad permanente de los residentes en regiones alejadas rebajando determinados costes de los billetes de transporte. Es lo que puede ocurrir en las regiones ultraperiféricas, Malta, Chipre, Ceuta y Melilla, otras islas que formen parte del territorio de un Estado miembro y zonas con baja densidad de población. Cuando una región alejada esté conectada con el Espacio Económico Europeo por varias rutas de transporte, incluidas rutas indirectas, las ayudas deben poder aplicarse a todas esas rutas y al transporte por todos los transportistas que operen en ellas. Las ayudas deben concederse sin discriminación por razón de la identidad del transportista o el tipo de servicio, y podrán incluir, en particular, servicios regulares, chárter y de bajo coste.

(71)

La conectividad mediante banda ancha reviste importancia estratégica para la consecución del objetivo de Europa 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y para la innovación, así como para la cohesión social y territorial (29). El objetivo de las ayudas a la inversión para infraestructuras de banda ancha es incentivar el despliegue de estas infraestructuras y las obras de ingeniería civil conexas en zonas en las que no existan infraestructuras comparables ni es probable que vayan a ser desplegadas por los operadores del mercado en un futuro próximo. A la luz de la experiencia de la Comisión, estas ayudas a la inversión no dan lugar a un falseamiento indebido de los intercambios comerciales y la competencia, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Estas condiciones deben estar encaminadas, en particular, a limitar el falseamiento de la competencia sometiendo las ayudas a un proceso de selección competitiva tecnológicamente neutra y garantizando un acceso mayorista a las redes subvencionadas, teniendo en cuenta las ayudas recibidas por el operador de la red. Aunque en determinadas condiciones la desagregación virtual puede considerarse equivalente a la desagregación física, hasta que no se adquiera más experiencia será necesario evaluar caso por caso si un determinado producto de acceso mayorista no físico o virtual debe considerarse equivalente a la desagregación del bucle local de una red de cobre o fibra. Por esta razón, y hasta que dicha experiencia en casos de ayudas estatales individuales o en el contexto de regulación ex ante pueda tenerse en cuenta en una futura revisión, debe exigirse la desagregación física para poder acogerse al presente Reglamento de exención por categorías. En los casos en que los gastos e ingresos futuros son inciertos y existe una fuerte asimetría de información, los Estados miembros deben también adoptar modelos de financiación que incluyan elementos de supervisión y recuperación, a fin de permitir un reparto equilibrado de beneficios imprevistos. Con objeto de no imponer una carga desproporcionada a pequeños proyectos locales, estos modelos deben aplicarse únicamente en el caso de proyectos que superen un umbral mínimo.

(72)

En el sector de la cultura y la conservación del patrimonio, algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros pueden no constituir ayuda estatal por no cumplir todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, por ejemplo porque la actividad no sea económica o porque no afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros. En la medida en que dichas medidas entren en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado, las instituciones y proyectos culturales no suelen dar lugar a un falseamiento significativo de la competencia, y la práctica ha demostrado que estas ayudas tienen efectos limitados sobre los intercambios comerciales. El artículo 167 del Tratado reconoce la importancia del fomento de la cultura para la Unión y sus Estados miembros y establece que la Unión debe tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas. Puesto que el patrimonio natural es a menudo determinante en la definición del patrimonio artístico y cultural, debe entenderse que la conservación del patrimonio en el sentido del presente Reglamento incluye también el patrimonio natural vinculado al patrimonio cultural o reconocido oficialmente por las autoridades competentes de un Estado miembro. Debido a la doble naturaleza de la cultura (por una parte, es un bien comercial que ofrece importantes oportunidades para la creación de riqueza y empleo, y, por otra, es un vehículo de las identidades, valores y significados que reflejan y configuran nuestras sociedades), las normas sobre ayudas estatales deben reconocer su carácter específico y el de las actividades económicas relacionadas. Conviene elaborar una lista de fines y actividades culturales subvencionables y especificar los costes subvencionables. La exención por categorías debe aplicarse tanto a las ayudas a la inversión como a las de funcionamiento por debajo de determinados umbrales, siempre que quede excluida una compensación excesiva. En general, deben quedar excluidas las actividades que, aunque puedan presentar una vertiente cultural, sean de carácter predominantemente comercial debido al mayor potencial de falseamiento de la competencia, como la prensa y las revistas (en soporte escrito o electrónico). Por otra parte, la lista de fines y actividades culturales subvencionables no debe incluir actividades comerciales, como la moda, el diseño o los videojuegos.

(73)

Las obras audiovisuales desempeñan un papel importante en la configuración de las identidades europeas y reflejan las distintas tradiciones de los Estados miembros y las regiones. Si bien existe una fuerte competencia entre las películas producidas fuera de la Unión, la circulación de películas europeas fuera de sus países de origen es limitada, a causa de la fragmentación en mercados nacionales o regionales. Se trata de un sector caracterizado por unos elevados costes de inversión, una percepción de falta de rentabilidad por lo limitado de las audiencias y dificultades para generar financiación privada adicional. Debido a estos factores, la Comisión ha elaborado criterios específicos para evaluar la necesidad, proporcionalidad y adecuación de las ayudas a la creación de guiones y al desarrollo, producción, distribución y promoción de obras audiovisuales. Los nuevos criterios se determinaron en la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones delsector audiovisual (30) y deben reflejarse en las normas de exención por categorías aplicables a los regímenes de ayudas a las obras audiovisuales. Se justifican intensidades de ayuda más elevadas para las producciones y coproducciones transfronterizas, que tienen más probabilidades de ser difundidas en varios Estados miembros.

(74)

Las ayudas a la inversión para infraestructuras deportivas deben poder acogerse a la exención por categorías si cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, en la medida en que constituyan ayudas estatales. En el sector del deporte, algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros pueden no constituir ayudas estatales si el beneficiario no lleva a cabo una actividad económica o las ayudas no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En determinadas circunstancias, es lo que puede ocurrir con las medidas de ayuda de carácter puramente local o que se adoptan en el ámbito del deporte no profesional. En el artículo 165 del Tratado se reconoce la importancia de fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa. Las ayudas a las infraestructuras que se destinan a más de un fin recreativo y que son, por tanto, multifuncionales deben beneficiarse también de la exención por categorías. Sin embargo, las ayudas a infraestructuras turísticas multifuncionales, como parques de atracciones e instalaciones hoteleras, solo deben quedar exentas si están incluidas en un régimen de ayudas regionales destinado a actividades turísticas en una región asistida con efectos especialmente positivos en el desarrollo regional. Las condiciones de compatibilidad en relación con las ayudas a infraestructuras deportivas o recreativas multifuncionales deben garantizar, en particular, un acceso abierto y no discriminatorio a las infraestructuras y un proceso justo de asignación de concesiones a terceros, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y con la jurisprudencia de la Unión, para construir, mejorar y/o explotar la infraestructura. Si las infraestructuras deportivas son utilizadas por clubes deportivos profesionales, debe hacerse público el régimen de precios por la utilización de las mismas por esos clubes, a fin de garantizar la transparencia y la igualdad de trato de los usuarios. Debe garantizarse la exclusión de una compensación excesiva.

(75)

Como ya se puso de relieve en las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en las que se refrenda la Estrategia Europa 2020 (31), los esfuerzos deben intentar resolver las principales trabas que limitan el crecimiento a escala de la UE, incluidas las relativas al funcionamiento del mercado interior y las infraestructuras. La disponibilidad de infraestructuras locales es un requisito previo importante para el desarrollo del entorno de las empresas y los consumidores, y para la modernización y desarrollo de la base industrial, a fin de garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior, conforme a la Recomendación del Consejo sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (32), que forma parte de las directrices integradas de Europa 2020.Estas infraestructuras, puestas a disposición de las partes interesadas sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, permiten la creación de un entorno propicio para la inversión privada y el crecimiento, contribuyendo así positivamente a los objetivos de interés común y, en particular, a las prioridades y objetivos de la Estrategia Europa 2020 (33), y limitando al mismo tiempo los riesgos de falseamiento de la competencia. Diversas medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con las infraestructuras locales no constituyen ayuda estatal, ya que no cumplen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, por ejemplo, porque el beneficiario no realiza una actividad económica o porque no tiene ningún efecto en el comercio entre Estados miembros, o bien porque la medida consiste en una compensación por un servicio de interés económico general que cumple con todos los criterios de la jurisprudencia Altmark (34). No obstante, en caso de que la financiación de dichas infraestructuras locales constituya ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, dicha ayuda debe quedar exenta de la obligación de notificación únicamente cuando se conceden pequeñas cantidades de ayuda.

(76)

Puesto que las ayudas en favor de otros tipos de infraestructuras pueden estar sujetas a criterios específicos y debidamente diseñados que garanticen su compatibilidad con el mercado interior, las disposiciones del presente Reglamento relativas a las ayudas a infraestructuras locales no deben aplicarse a las ayudas a los siguientes tipos de infraestructuras: infraestructuras de investigación, agrupaciones empresariales innovadoras, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, infraestructuras de energía, reciclado y reutilización de residuos, infraestructuras de banda ancha, cultura y conservación del patrimonio, infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales, aeropuertos y puertos.

(77)

A la luz de la experiencia de la Comisión en este ámbito, la política de ayudas estatales debe revisarse periódicamente. Por tanto, el período de aplicación del presente Reglamento debe limitarse. Conviene prever disposiciones transitorias, incluidas las normas aplicables a los regímenes de ayudas exentos, al final del período de aplicación del presente Reglamento. Estas normas deben dar tiempo a los Estados miembros para adaptarse a cualquier futuro régimen. Sin embargo, el período de adaptación no debe aplicarse a los regímenes de ayudas regionales, incluidos los regímenes de ayudas regionales al desarrollo urbano, en los que la exención debe finalizar en la fecha de expiración de los mapas de ayudas regionales aprobados, ni a determinados regímenes de ayudas a la financiación de riesgo.

CAPÍTULO I:

CAPÍTULO II:

CAPÍTULO III:

Sección 1 —

Sección 2 —

Sección 3 —

Sección 4 —

Sección 5 —

Sección 6 —

Sección 7 —

Sección 8 —

Sección 9 —

Sección 10 —

Sección 11 —

Sección 12 —

Sección 13 —

CAPÍTULO IV:

a)

ayudas de finalidad regional;

b)

ayudas a las PYME en forma de ayudas a la inversión, ayudas de funcionamiento y ayudas para el acceso de las PYME a la financiación;

c)

ayudas para la protección del medio ambiente;

d)

ayudas de investigación y desarrollo e innovación;

e)

ayudas a la formación;

f)

ayudas a la contratación y empleo de trabajadores desfavorecidos y trabajadores con discapacidad;

g)

ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales;

h)

ayudas de carácter social para el transporte en favor de residentes en regiones alejadas;

i)

ayudas para infraestructuras de banda ancha;

j)

ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio;

k)

ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales; y

l)

ayudas a infraestructuras locales.

a)

los regímenes contemplados en las secciones 1 (a excepción del artículo 15), 2, 3, 4, 7 (a excepción del artículo 44) y 10 del capítulo III del presente Reglamento, si el gasto anual medio en ayudas estatales es superior a 150 millones EUR; a partir de seis meses después de su entrada en vigor; la Comisión podrá decidir que el presente Reglamento siga aplicándose a cualquiera de estos regímenes de ayudas durante un período más largo, tras haber examinado el plan de evaluación pertinente notificado por el Estado miembro a la Comisión, en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor de dicho régimen;

b)

las modificaciones de los regímenes contemplados en el artículo 1, apartado 2, letra a), distintas de las modificaciones que no puedan afectar a la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de forma significativa al contenido del plan de evaluación aprobado;

c)

las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora;

d)

las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

a)

las ayudas concedidas en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, cubierto por el Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) no 1184/2006 y (CE) no 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (35), a excepción de las ayudas a la formación, las ayudas para el acceso de las PYME a la financiación, las ayudas en el ámbito de la investigación y el desarrollo, las ayudas a la innovación en favor de las PYME y las ayudas a los trabajadores desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad;

b)

las ayudas concedidas en el sector de la producción agrícola primaria, a excepción de la compensación de los costes adicionales, distintos de los costes de transporte, en las regiones ultraperiféricas, prevista en el artículo 15, apartado 2, letra b), las ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME, las ayudas a la financiación de riesgo, las ayudas de investigación y desarrollo, las ayudas a la innovación en favor de las PYME, las ayudas para la protección del medio ambiente, las ayudas a la formación y las ayudas a los trabajadores desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad, y las ayudas a la inversión para infraestructuras locales;

c)

las ayudas concedidas en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

d)

las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, tal como se contemplan en la Decisión 2010/787/UE del Consejo;

e)

las categorías de ayudas regionales excluidas en el artículo 13.

a)

los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales;

b)

las ayudas ad hoc en favor de empresas contempladas en la letra a);

c)

las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.

a)

las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su sede en el Estado miembro pertinente o de que esté establecido predominantemente en ese Estado miembro; sin embargo, se autoriza el requisito de disponer de un establecimiento o de una sucursal en el Estado miembro que concede las ayudas en el momento en que se hagan efectivas;

b)

las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales;

c)

las medidas de ayuda que restrinjan la posibilidad de que los beneficiarios exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros Estados miembros.

a)

esté reconocida como persona con discapacidad con arreglo a la legislación nacional, o

b)

tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan dificultar su participación plena y efectiva en un entorno de trabajo, en igualdad de condiciones con los demás trabajadores;

a)

no haya tenido un empleo fijo remunerado en los seis meses anteriores, o

b)

tenga entre 15 y 24 años, o

c)

no cuente con cualificaciones educativas de formación secundaria o profesional superior (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 3), o haya finalizado su educación a tiempo completo en los dos años anteriores y no haya tenido antes un primer empleo fijo remunerado, o

d)

tenga más de 50 años, o

e)

sea un adulto que viva como soltero y del que dependan una o más personas, o

f)

trabaje en un sector o profesión en un Estado miembro en donde el desequilibrio entre sexos sea por lo menos un 25 % superior a la media nacional en el conjunto de los sectores económicos del Estado miembro de que se trate, y forme parte de ese grupo de género subrepresentado, o

g)

sea miembro de una minoría étnica en un Estado miembro y necesite desarrollar su perfil lingüístico, de formación profesional o de experiencia laboral para mejorar sus perspectivas de acceso a un empleo estable;

a)

los gastos de transporte y los costes de manipulación y de almacenamiento temporal, en la medida en que estos costes se refieran al trayecto;

b)

los costes del seguro aplicado a las mercancías;

c)

los impuestos, derechos o exacciones aplicados a las mercancías y, en su caso, al peso muerto, tanto en el punto de origen como en el punto de destino, y

d)

los costes de los controles de seguridad y protección, y los recargos por el incremento de los costes del combustible;

i)

una ayuda ad hoc, y

ii)

ayudas concedidas a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas;

a)

si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (37) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;

b)

si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE;

c)

cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;

d)

cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;

e)

si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores:

40)

Las definiciones aplicables a las ayudas para infraestructuras de banda ancha (sección 10) son también aplicables a las disposiciones pertinentes relativas a las ayudas regionales.

41)

«ayudas regionales a la inversión»: ayudas regionales concedidas para una inversión inicial o una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica;

42)

«ayudas regionales de funcionamiento»: ayudas para reducir los gastos corrientes de una empresa no relacionados con una inversión inicial; incluye categorías de costes tales como los costes de personal, materiales, servicios contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres, administración, etc., pero excluye los gastos de amortización y los costes de financiación si se incluyeron en los costes subvencionables cuando se concedió la ayuda a la inversión;

43)

«sector del acero»: toda actividad relacionada con la producción de uno o más de los siguientes productos:

44)

«sector de las fibras sintéticas»:

45)

«sector del transporte»: el transporte de pasajeros aéreo, marítimo, por carretera o ferrocarril y por vía navegable o los servicios de transporte de mercancías por cuenta ajena; más concretamente, el «sector del transporte» abarca las siguientes actividades económicas de la clasificación NACE Rev. 2:

46)

«régimen dirigido a un número limitado de sectores específicos de actividad económica»: régimen que abarca actividades incluidas en el ámbito de aplicación de menos de cinco categorías (código numérico de cuatro dígitos) de la Nomenclatura Estadística NACE Rev. 2;

47)

«actividades turísticas»: las siguientes actividades económicas de la clasificación NACE Rev. 2:

48)

«zonas con baja densidad de población»: zonas reconocidas como tales por la Comisión en las decisiones sobre los mapas de ayudas regionales para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020;

49)

«inversión inicial»:

50)

«la misma actividad o una actividad similar»: una actividad que entra en la misma categoría (código numérico de cuatro dígitos) de la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Rev. 2, establecida en el Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (38);

51)

«inversión inicial en favor de una nueva actividad económica»:

52)

«gran proyecto de inversión»: inversión inicial con unos costes subvencionables superiores a 50 millones EUR, calculados a los precios y tipos de cambio vigentes en la fecha de concesión de la ayuda;

53)

«punto de destino»: lugar en el que se descargan las mercancías;

54)

«punto de origen»: lugar en el que se cargan las mercancías para su transporte;

55)

«zonas que pueden optar a ayudas de funcionamiento»: una región ultraperiférica contemplada en el artículo 349 del Tratado o una zona con baja densidad de población, tal y como aparezcan en el mapa de ayudas regionales aprobado para el Estado miembro en cuestión para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020;

56)

«medio de transporte»: transporte ferroviario, transporte de mercancías por carretera, transporte por vías de navegación interior, transporte marítimo, transporte aéreo y transporte intermodal;

57)

«fondo de desarrollo urbano» («FDU»): vehículo especializado de inversión creado con el fin de invertir en proyectos de desarrollo urbano en el marco de una medida de ayuda al desarrollo urbano; los FDU son gestionados por un gestor de fondos de desarrollo urbano;

58)

«gestor de fondos de desarrollo urbano»: sociedad de gestión profesional con personalidad jurídica que selecciona proyectos de desarrollo urbano e invierte en ellos;

59)

«proyecto de desarrollo urbano» («PDU»): proyecto de inversión con potencial para apoyar la ejecución de las intervenciones previstas por un enfoque integrado de desarrollo urbano sostenible y contribuir a la consecución de los objetivos definidos en el mismo, incluidos los proyectos con una tasa interna de rentabilidad que puede no ser suficiente para atraer financiación atendiendo a criterios puramente comerciales; un proyecto de desarrollo urbano puede organizarse como bloque financiero independiente en el seno de las estructuras jurídicas del inversor privado beneficiario o como entidad jurídica independiente, por ejemplo una entidad con cometido especial;

60)

«estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible»: estrategia oficialmente propuesta y certificada por una autoridad local u organismo del sector público pertinente, definida para una zona geográfica urbana y un período determinados, que establezca medidas integradas para hacer frente a los problemas económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas;

61)

«contribución en especie»: aportación de terrenos o bienes inmuebles cuando el terreno o el bien inmueble forme parte del proyecto de desarrollo urbano.

a)

que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o

b)

cuyos costes de investigación y desarrollo representen un mínimo del 10 % del total de sus costes de explotación durante al menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la auditoría del ejercicio fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo;

83)

«organismo de investigación y difusión de conocimientos»: toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos; cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado; las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, podrán no gozar de acceso preferente a los resultados que genere;

84)

«investigación fundamental»: trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación o utilización comercial directa;

85)

«investigación industrial»: la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica;

86)

«desarrollo experimental»: la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios;

el desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación;

el desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos;

87)

«estudio de viabilidad»: la evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y débiles, y sus oportunidades y amenazas, así como de determinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito;

88)

«costes de personal»: los costes relacionados con los investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o actividad pertinente;

89)

«condiciones de plena competencia»: las condiciones de una operación entre las partes contratantes que no difieren de las que se darían entre empresas independientes y que no contienen ningún elemento de colusión; toda operación que resulte de un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio se considerará conforme con el principio de plena competencia (arm's length principle);

90)

«colaboración efectiva»: colaboración entre al menos dos partes independientes para el intercambio de conocimientos o tecnología, o para alcanzar un objetivo común sobre la base de la división del trabajo, en la que las partes implicadas definen conjuntamente el ámbito del proyecto en colaboración, contribuyen a su aplicación y comparten sus riesgos y sus resultados; una o varias de las partes pueden soportar la totalidad de los costes del proyecto y liberar así a otras partes de sus riesgos financieros; la investigación bajo contrato y la prestación de servicios de investigación no se consideran formas de colaboración;

91)

«infraestructura de investigación»: las instalaciones, los recursos y los servicios afines utilizados por la comunidad científica para llevar a cabo investigaciones en su sector respectivo; esta definición abarca los bienes de equipo o instrumental científicos, los recursos basados en el conocimiento, como colecciones, archivos o información científica estructurada, infraestructuras de carácter instrumental basadas en tecnologías de la información y la comunicación, como red, computación, programas informáticos y comunicaciones, o cualquier otra entidad de carácter único necesaria para llevar a cabo la investigación; estas infraestructuras pueden encontrarse en un solo lugar o estar descentralizadas (una red organizada de recursos), de conformidad con el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 723/2009 del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de investigación europeas (ERIC) (40);

92)

«agrupaciones empresariales innovadoras»: estructuras o grupos organizados, constituidos por partes independientes (como empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y grandes empresas, así como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos relacionados) cuyo objetivo es estimular la actividad innovadora mediante el fomento del uso compartido de instalaciones y el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, así como mediante la contribución efectiva a la transferencia de conocimientos, la creación de redes, la difusión de información y la colaboración entre las empresas y otras organizaciones de la agrupación;

93)

«personal altamente cualificado»: personal que posea un título universitario y un mínimo de cinco años de experiencia profesional pertinente, que podrá incluir la formación en doctorado;

94)

«servicios de asesoramiento en materia de innovación»: consultoría, asistencia y formación en los ámbitos de la transferencia de conocimientos, la adquisición, protección y explotación de activos inmateriales, y el uso de normas y reglamentos que las incorporen;

95)

«servicios de apoyo a la innovación»: suministro de locales, bancos de datos, bibliotecas, investigación de mercados, laboratorios, etiquetado de calidad, ensayo y certificación, con el fin de desarrollar productos, procesos o servicios más eficaces;

96)

«innovación en materia de organización»: la aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; no se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados;

97)

«innovación en materia de procesos»: la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos); no se incluyen los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados;

98)

«comisión de servicio»: empleo temporal de personal por parte del beneficiario con derecho del personal a regresar al anterior empleador.

a)

no haya tenido un empleo fijo remunerado durante al menos 24 meses, o

b)

no haya tenido un empleo fijo remunerado durante al menos 12 meses y pertenezca a una de las categorías b) a g) mencionadas en la definición de «trabajador desfavorecido»;

a)

norma obligatoria de la Unión que establece los niveles que deben ser alcanzados en materia de medio ambiente por las empresas individuales, u

b)

obligación, en virtud de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (41), de utilizar las mejores técnicas disponibles y de garantizar que los niveles de las emisiones de agentes contaminantes no sean más elevados que los que resultarían de aplicar las mejores técnicas disponibles; en caso de que los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles hayan sido definidos en actos de ejecución adoptados con arreglo a la Directiva 2010/75/UE, dichos niveles serán aplicables a efectos del presente Reglamento; cuando estos niveles se expresen en forma de intervalo, será aplicable el límite en el que se alcance en primer lugar la mejor técnica disponible;

a)

en relación con la electricidad:

b)

en relación con el gas:

c)

en relación con el petróleo:

d)

en relación con el CO2: red de conducciones, incluidas las estaciones de bombeo correspondientes, para el transporte de CO2 a los lugares de almacenamiento, con el objetivo de inyectar el CO2 en formaciones geológicas subterráneas adecuadas para su almacenamiento permanente;

a)

en las ayudas regionales a la inversión: el «importe ajustado de la ayuda» de las ayudas, calculado con arreglo al mecanismo definido en el artículo 2, punto 20, para una inversión con unos costes subvencionables de 100 millones EUR;

b)

en las ayudas regionales al desarrollo urbano: 20 millones EUR, como establecido en el artículo 16, apartado 3;

c)

en las ayudas a la inversión en favor de las PYME: 7,5 millones EUR por empresa y por proyecto de inversión;

d)

en las ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME: 2 millones EUR por empresa y por proyecto;

e)

en las ayudas para la participación de las PYME en ferias comerciales: 2 millones EUR por empresa y por año;

f)

en las ayudas a los costes de cooperación en que incurran las PYME que participen en proyectos de cooperación territorial europea: 2 millones EUR por empresa y por proyecto;

g)

en las ayudas a la financiación de riesgo: 15 millones EUR por empresa subvencionable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 9;

h)

en las ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales: los importes establecidos por empresa en el artículo 22, apartados 3, 4 y 5;

i)

en las ayudas de investigación y desarrollo:

j)

en las ayudas a la inversión para infraestructuras de investigación: 20 millones EUR por infraestructura;

k)

en las ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras: 7,5 millones EUR por agrupación;

l)

en las ayudas a la innovación en favor de las PYME: 5 millones EUR por empresa y por proyecto;

m)

en las ayudas a la innovación en materia de procesos y organización: 7,5 millones EUR por empresa y por proyecto;

n)

en las ayudas a la formación: 2 millones EUR por proyecto de formación;

o)

en las ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos: 5 millones EUR por empresa y por año;

p)

en las ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad en forma de subvenciones salariales: 10 millones EUR por empresa y por año;

q)

en las ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad: 10 millones EUR por empresa y por año;

r)

en las ayudas para compensar los costes de la asistencia prestada a trabajadores desfavorecidos: 5 millones EUR por empresa y por año;

s)

en las ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente, excluidas las ayudas a la inversión para el saneamiento de terrenos contaminados y las ayudas a la parte de la red de distribución de las instalaciones de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes: 15 millones EUR por empresa y por proyecto de inversión;

t)

en las ayudas para proyectos de eficiencia energética: 10 millones EUR con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39, apartado 5;

u)

en las ayudas a la inversión para el saneamiento de terrenos contaminados: 20 millones EUR por empresa y por proyecto de inversión;

v)

en las ayudas de funcionamiento para la producción de electricidad procedente de fuentes renovables y en las ayudas de funcionamiento para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables en instalaciones de pequeña escala: 15 millones EUR por empresa y por proyecto; cuando la ayuda se conceda sobre la base de un procedimiento de licitación con arreglo al artículo 42: 150 millones EUR por año, teniendo en cuenta el presupuesto combinado de todos los regímenes sujetos al artículo 42;

w)

en las ayudas a la red urbana de distribución de calefacción y refrigeración: 20 millones EUR por empresa y por proyecto de inversión;

x)

en las ayudas a la inversión para infraestructuras energéticas: 50 millones EUR por empresa y por proyecto de inversión;

y)

en las ayudas para infraestructuras de banda ancha: 70 millones EUR de costes totales por proyecto;

z)

en las ayudas a la inversión en cultura y conservación del patrimonio: 100 millones EUR por proyecto; en las ayudas de funcionamiento a la cultura y la conservación del patrimonio: 50 millones EUR por empresa y por año;

aa)

en los regímenes de ayudas para obras audiovisuales: 50 millones EUR por régimen y por año;

bb)

en las ayudas a la inversión para infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales: 15 millones EUR o los costes totales que superen 50 millones EUR por proyecto; en las ayudas de funcionamiento para infraestructuras deportivas; 2 millones EUR por infraestructura y por año, y

cc)

en las ayudas a la inversión para infraestructuras locales: 10 millones EUR o los costes totales que superen 20 millones EUR por la misma infraestructura.

a)

las ayudas consistentes en subvenciones y bonificaciones de tipos de interés;

b)

las ayudas consistentes en préstamos, siempre y cuando su equivalente de subvención bruto se haya calculado sobre la base del tipo de referencia vigente en el momento de la concesión;

c)

las ayudas consistentes en garantías:

d)

las ayudas en forma de ventajas fiscales, cuando la medida en cuestión establezca un límite que garantice que no se supera el umbral aplicable;

e)

las ayudas regionales al desarrollo urbano, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 16;

f)

las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgo, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 21;

g)

las ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 22;

h)

las ayudas para proyectos de eficiencia energética, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39;

i)

las ayudas en forma de primas añadidas al precio de mercado, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 42;

j)

las ayudas en forma de anticipos reembolsables, si el importe nominal total del anticipo reembolsable no supera los umbrales aplicables con arreglo al presente Reglamento o si, antes de la aplicación de la medida, el método para calcular el equivalente de subvención bruto del anticipo reembolsable ha sido aceptado tras su notificación a la Comisión.

a)

nombre y tamaño de la empresa;

b)

descripción del proyecto, incluidas sus fechas de inicio y finalización;

c)

ubicación del proyecto;

d)

lista de costes del proyecto;

e)

tipo de ayuda (subvención, préstamo, garantía, anticipo reembolsable, aportación de capital u otros) y el importe de la financiación pública necesaria para el proyecto;

a)

en el caso de las ayudas regionales a la inversión: la realización de un proyecto que no se habría llevado a cabo en la zona en cuestión o no habría sido suficientemente rentable para el beneficiario en la zona en cuestión de no haber sido por la ayuda;

b)

en todos los demás casos, que se produce:

a)

que la medida establezca un derecho a la ayuda de acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional, y

b)

que la medida haya sido adoptada y esté en vigor antes de que se haya empezado a trabajar en el proyecto o actividad subvencionados, excepto en los casos de regímenes sucesorios, en los que la actividad ya estuviese cubierta por los regímenes anteriores en forma de ventajas fiscales.

a)

las ayudas regionales de funcionamiento, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 15;

b)

las ayudas para el acceso de las PYME a la financiación, si se cumplen las condiciones pertinentes establecidas en los artículos 21 y 22;

c)

las ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos en forma de subvenciones salariales y las ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad en forma de subvenciones salariales, si se cumplen las condiciones pertinentes, establecidas en los artículos 32 y 33, respectivamente;

d)

las ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 34;

e)

las ayudas en forma de reducciones de los impuestos medioambientales con arreglo a la Directiva 2003/96/CE, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 44 del presente Reglamento;

f)

las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 50;

g)

las ayudas de carácter social para transporte en favor de residentes en regiones alejadas, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 51;

h)

las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 53.

a)

cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables identificables diferentes;

b)

cualquier otra ayuda estatal, correspondiente —parcial o totalmente— a los mismos costes subvencionables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables a dicha ayuda en virtud del presente Reglamento.

a)

la información resumida a que se refiere el artículo 11 en el formato normalizado establecido en el anexo II o un enlace que permita acceder a esta información;

b)

el texto completo de cada medida de ayuda, a que se refiere el artículo 11, o un enlace que permita acceder al texto completo;

c)

la información a que se refiere el anexo III sobre cada ayuda individual concedida que sea superior a 500 000 EUR.

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30, y

30 o más.

a)

los enlaces a las páginas web de las ayudas estatales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo;

b)

la información resumida mencionada en el artículo 11.

a)

a través del sistema de notificación electrónica de la Comisión, información resumida relativa a cada medida de ayuda exenta en virtud del presente Reglamento en el formato normalizado establecido en el anexo II, junto con un enlace que permita acceder al texto completo de la medida de ayuda, incluidas sus modificaciones, en un plazo de 20 días laborables a partir de su entrada en vigor;

b)

un informe anual, contemplado en el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (52), en su versión modificada, en formato electrónico, sobre la aplicación del presente Reglamento, que contenga la información indicada en el Reglamento de aplicación, en relación con cada año o cada parte del año en que el presente Reglamento sea aplicable.

a)

las ayudas que favorezcan las actividades del sector del acero, el sector del carbón, el sector de la construcción naval, el sector de las fibras sintéticas, el sector de los transportes, así como la infraestructura conexa, la producción y distribución de energía y las infraestructuras energéticas;

b)

las ayudas regionales en forma de regímenes dirigidos a sectores específicos de actividad económica; los regímenes dirigidos a actividades turísticas, a las infraestructuras de banda ancha o a la transformación y comercialización de productos agrícolas no se considerarán dirigidos a sectores específicos de actividad económica;

c)

las ayudas regionales en forma de regímenes que compensen los costes de transporte de las mercancías producidas en las regiones ultraperiféricas o en zonas con baja densidad de población y concedidas en favor de:

d)

las ayudas regionales individuales a la inversión concedidas a un beneficiario que haya puesto fin a una actividad idéntica o similar en el Espacio Económico Europeo durante los dos años anteriores a su solicitud de ayuda regional a la inversión o que, en el momento de la solicitud de ayuda, tenga planes concretos para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de dos años después de que la inversión inicial para la que se solicita la ayuda se haya completado en la zona de que se trate;

e)

las ayudas regionales de funcionamiento concedidas a empresas cuyas actividades principales estén incluidas en el ámbito de la sección K «Actividades financieras y de seguros» de la NACE Rev. 2 o a empresas que realicen actividades intragrupo y cuyas actividades principales estén incluidas en las categorías 70.10 «Actividades de las sedes centrales» o 70.22 «Otras actividades de consultoría de gestión empresarial» de la NACE Rev. 2.

a)

los costes de inversión en activos materiales e inmateriales;

b)

los costes salariales estimados derivados de la creación de empleo como consecuencia de una inversión inicial, calculados durante un período de dos años, o

c)

una combinación de las letras a) y b) que no exceda del importe de las letras a) o b), tomándose como referencia el importe más elevado.

a)

en el caso de terrenos y edificios, el arrendamiento deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años después de la fecha prevista de finalización del proyecto de inversión en el caso de las grandes empresas, o de tres años en el caso de las PYME;

b)

en el caso de instalaciones o maquinaria, el arrendamiento deberá constituir un arrendamiento financiero e incluir la obligación de que el beneficiario de la ayuda adquiera el activo al término del contrato de arrendamiento.

a)

utilizarse exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda;

b)

ser amortizables;

c)

adquirirse en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador, e

d)

incluirse en los activos de la empresa beneficiaria y permanecer asociados con el proyecto al que se destina la ayuda durante al menos cinco años, o tres años en el caso de las PYME.

a)

que el proyecto de inversión conduzca a un incremento neto del número de trabajadores en el establecimiento en cuestión, en comparación con la media de los 12 meses anteriores, lo que significa que los puestos de trabajo suprimidos se deducirán del número aparente de puestos de trabajo creados en ese período;

b)

que los puestos se cubran en un plazo de tres años a partir de la terminación de los trabajos, y

c)

que cada puesto de trabajo creado gracias a la inversión se mantenga en la zona de que se trate durante un período de cinco años como mínimo a partir de la fecha en que el puesto se haya cubierto por primera vez, o de tres años en el caso de las PYME.

a)

las ayudas se concederán únicamente en zonas en las que no exista una red de la misma categoría (banda ancha básica o NGA) y en las que no sea probable que dicha red se desarrolle en condiciones comerciales en un plazo de tres años a partir de la decisión de concesión de la ayuda, y

b)

el operador de la red subvencionada deberá ofrecer acceso mayorista activo y pasivo en condiciones equitativas y no discriminatorias, con inclusión de la desagregación física en el caso de las redes NGA, y

c)

las ayudas deberán otorgarse sobre la base de un proceso de selección competitiva.

a)

los costes adicionales del transporte de mercancías producidas en zonas que puedan optar a ayudas de funcionamiento, así como los costes adicionales del transporte de mercancías transformadas en esas zonas, con arreglo a las siguientes condiciones:

b)

los costes adicionales de funcionamiento, distintos de los costes de transporte, incurridos en las regiones ultraperiféricas como efecto directo de una o varias de las desventajas permanentes a que se refiere el artículo 349 del Tratado, con arreglo a las condiciones siguientes:

a)

que su ejecución se lleve a cabo a través de fondos de desarrollo urbano en zonas asistidas;

b)

que estén cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

c)

que apoyen la ejecución de una «estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible».

a)

los gestores de fondos de desarrollo urbano serán seleccionados mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la legislación de la Unión y nacional aplicable; en particular, no se discriminará entre gestores de fondos de desarrollo urbano por motivos de su lugar de establecimiento o constitución en cualquier Estado miembro; podrá exigirse a los gestores de fondos de desarrollo urbano que cumplan unos criterios previamente definidos que se justifiquen objetivamente por la naturaleza de las inversiones;

b)

los inversores privados independientes serán seleccionados mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la legislación de la Unión y nacional aplicable, destinada a establecer acuerdos adecuados de reparto de beneficios y pérdidas, en virtud de los cuales, en el caso de las inversiones distintas de las garantías, la participación asimétrica en los beneficios tendrá preferencia sobre la protección frente a pérdidas; si los inversores privados no son seleccionados mediante una convocatoria de este tipo, la tasa de rendimiento justa para los inversores privados será determinada por un experto independiente seleccionado a través de una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria;

c)

en caso de reparto asimétrico de pérdidas entre inversores públicos y privados, la primera pérdida asumida por el inversor público no podrá superar el 25 % del total de la inversión;

d)

en el caso de las garantías para inversores privados en proyectos de desarrollo urbano, la tasa de garantía se limitará al 80 % y las pérdidas totales asumidas por un Estado miembro no podrán superar el 25 % de la cartera garantizada subyacente;

e)

se autorizará a los inversores a estar representados en los órganos de gobernanza del fondo de desarrollo urbano, como el órgano supervisor o el comité consultivo;

f)

el fondo de desarrollo urbano se establecerá de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; el Estado miembro deberá prever un procedimiento de diligencia debida para garantizar una estrategia de inversiones rentables desde el punto de vista comercial, a efectos de la aplicación de la medida de ayuda al desarrollo urbano.

a)

estarán obligados por ley o contrato a actuar con la diligencia de un gestor profesional y de buena fe, evitando conflictos de intereses; se aplicarán las mejores prácticas y la supervisión reguladora;

b)

su remuneración se ajustará a las prácticas del mercado; este requisito se considerará cumplido cuando el gestor sea elegido mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, basada en criterios objetivos vinculados a la experiencia, los conocimientos y la capacidad operativa y financiera;

c)

percibirán una remuneración vinculada a los resultados o compartirán una parte de los riesgos de inversión coinvirtiendo recursos propios a fin de garantizar que sus intereses estén permanentemente en consonancia con los intereses de los inversores públicos;

d)

establecerán una estrategia y criterios de inversión y propondrán el calendario de inversiones en proyectos de desarrollo urbano, determinando la viabilidad financiera ex ante y las repercusiones previstas sobre el desarrollo urbano;

e)

cada inversión de capital y cuasicapital contará con una estrategia de salida clara y realista.

a)

en el caso de préstamos, el importe nominal del préstamo deberá tenerse en cuenta al calcular el importe máximo de la inversión a efectos del apartado 3 del presente artículo;

b)

en el caso de garantías, el importe nominal del préstamo subyacente deberá tenerse en cuenta al calcular el importe máximo de la inversión a efectos del apartado 3 del presente artículo.

a)

los costes de la inversión en activos materiales e inmateriales;

b)

los costes salariales estimados relativos al empleo creado directamente por el proyecto de inversión, calculados a lo largo de un período de dos años.

a)

una inversión en activos materiales o inmateriales para la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente, o

b)

la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a)

se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda;

b)

se considerarán activos amortizables;

c)

se adquirirán en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador;

d)

estarán incluidos en los activos de la empresa durante al menos tres años.

a)

deberá crearse en los tres años siguientes a la finalización de la inversión;

b)

se producirá un incremento neto del número de empleados en el establecimiento de que se trate, comparado con la media de los últimos 12 meses;

c)

deberá mantenerse durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha en que se haya cubierto el puesto por primera vez.

d)

del 20 % de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas empresas;

b)

del 10 % de los costes subvencionables en el caso de las medianas empresas.

a)

los costes de la cooperación en materia de organización, incluidos los costes de personal y oficinas, en la medida en que estén relacionados con el proyecto de cooperación;

b)

los costes de los servicios de asesoramiento y apoyo relacionados con la cooperación y prestados por consultores y proveedores de servicios externos;

c)

los gastos de viaje, los costes del material y los gastos de inversión relacionados directamente con el proyecto, y la amortización de instrumentos y equipos utilizados directamente para el proyecto.

a)

capital o cuasicapital, o dotación financiera para proporcionar inversiones de financiación de riesgo, directa o indirectamente, a empresas subvencionables;

b)

préstamos para proporcionar inversiones de financiación de riesgo, directa o indirectamente, a empresas subvencionables;

c)

garantías para cubrir las pérdidas derivadas de inversiones de financiación de riesgo proporcionadas, directa o indirectamente, a empresas subvencionables.

a)

que no hayan operado en ningún mercado;

b)

que lleven operando en cualquier mercado menos de siete años a partir de su primera venta comercial;

c)

que necesiten una inversión inicial de financiación de riesgo que, sobre la base de un plan de negocio elaborado con vistas a introducirse en un nuevo mercado geográfico o de productos, sea superior al 50 % de la media de su volumen de negocios anual en los últimos cinco años.

a)

que no se supere el importe total de la financiación de riesgo mencionado en el apartado 9;

b)

que en el plan de negocio original estuviera prevista la posibilidad de realizar inversiones de continuidad;

c)

que la empresa beneficiaria de las inversiones de continuidad no haya quedado vinculada, a tenor del artículo 3, apartado 3, del anexo I, a otra empresa distinta del intermediario financiero o del inversor privado independiente que proporciona la financiación de riesgo en el marco de la medida, a menos que la nueva entidad cumpla las condiciones de la definición de PYME.

a)

10 % de la financiación de riesgo proporcionada a las empresas subvencionables antes de su primera venta comercial en cualquier mercado;

b)

40 % de la financiación de riesgo proporcionada a las empresas subvencionables contempladas en el apartado 5, letra b), del presente artículo;

c)

60 % de la financiación de riesgo proporcionada a las empresas subvencionables contempladas en el apartado 5, letra c), y para inversiones de continuidad en empresas subvencionables tras el período de siete años mencionado en el apartado 5, letra b).

a)

se ejecutarán a través de uno o varios intermediarios financieros, excepto en el caso de los incentivos fiscales a inversores privados en relación con sus inversiones directas en empresas subvencionables;

b)

los intermediarios financieros, así como los inversores o los gestores de fondos, serán seleccionados mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, efectuada de conformidad con la legislación de la Unión y nacional aplicable, destinada a establecer acuerdos adecuados de reparto de beneficios y pérdidas, en virtud de los cuales, en las inversiones distintas de las garantías, la participación asimétrica en los beneficios tendrá preferencia sobre la protección frente a pérdidas;

c)

en caso de reparto asimétrico de pérdidas entre inversores públicos y privados, la primera pérdida asumida por el inversor público no podrá superar el 25 % del total de la inversión;

d)

en el caso de las garantías contempladas en el apartado 2, letra c), la tasa de garantía se limitará al 80 % y las pérdidas totales asumidas por un Estado miembro no podrán superar el 25 % de la cartera garantizada subyacente. Únicamente podrán ofrecerse gratuitamente las garantías que cubran pérdidas esperadas de la cartera garantizada subyacente. Si una garantía también comprende la cobertura de pérdidas inesperadas, el intermediario financiero deberá abonar, en relación con la parte de la garantía que cubra las pérdidas inesperadas, una prima de garantía conforme al mercado.

a)

los intermediarios financieros se establecerán de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

b)

el Estado miembro, o la entidad encargada de la ejecución de la medida, deberá prever un procedimiento de diligencia debida para garantizar una estrategia de inversión comercialmente razonable a efectos de la ejecución de la medida de financiación de riesgo, que incluya medidas adecuadas de diversificación del riesgo encaminadas a alcanzar la viabilidad económica y una escala eficiente en términos de volumen y ámbito territorial de la cartera de inversiones pertinente;

c)

la financiación de riesgo proporcionada a las empresas subvencionables se basará en un plan de negocio viable, que contenga detalles de la evolución del producto, las ventas y la rentabilidad, y establezca la viabilidad financiera ex ante;

d)

cada inversión de capital y cuasicapital contará con una estrategia de salida clara y realista.

a)

estarán obligados por ley o contrato a actuar con la diligencia de un gestor profesional y de buena fe, evitando conflictos de intereses; se aplicarán las mejores prácticas y la supervisión reguladora;

b)

su remuneración se ajustará a las prácticas del mercado; este requisito se considerará cumplido cuando el gestor o el intermediario financiero sea elegido mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, basada en criterios objetivos vinculados a la experiencia, los conocimientos y la capacidad operativa y financiera;

c)

percibirán una remuneración vinculada a los resultados o compartirán una parte de los riesgos de inversión coinvirtiendo recursos propios, a fin de garantizar que sus intereses estén permanentemente en consonancia con los intereses del inversor público;

d)

establecerán una estrategia y criterios de inversión, y propondrán el calendario de inversiones;

e)

se autorizará a los inversores a estar representados en los órganos de gobernanza del fondo de inversión, como el órgano supervisor o el comité consultivo.

a)

como consecuencia de las medidas, el intermediario financiero deberá realizar inversiones que no se habrían llevado a cabo o que se habrían llevado a cabo de una manera limitada o diferente sin la ayuda; el intermediario financiero deberá poder demostrar que aplica un mecanismo que garantiza la transmisión de todas las ventajas, en la mayor medida posible, a los beneficiarios finales en forma de mayores volúmenes de financiación, carteras con un mayor grado de riesgo, menores requisitos en materia de garantías, primas de garantía menos elevadas o tipos de interés más bajos;

b)

en el caso de los préstamos, el importe nominal del préstamo deberá tenerse en cuenta al calcular el importe máximo de la inversión a efectos del apartado 9;

c)

en el caso de las garantías, el importe nominal del préstamo subyacente deberá tenerse en cuenta al calcular el importe máximo de la inversión a efectos del apartado 9; la garantía no deberá ser superior al 80 % del préstamo subyacente.

a)

a nivel de las PYME, las ayudas cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 1407/2013, y

b)

se cumplan todas las condiciones establecidas en el presente artículo, a excepción de las previstas en los apartados 5, 6, 9, 10 y 11, y

c)

en el caso de las medidas de financiación de riesgo que proporcionen inversiones de capital, cuasicapital o préstamos a empresas subvencionables, las medidas movilicen financiación adicional de inversores privados independientes, a nivel de los intermediarios financieros o de las PYME, de tal manera que se obtenga un porcentaje total de participación privada que alcance como mínimo el 60 % de la financiación de riesgo proporcionada a las PYME.

a)

préstamos con tipos de interés que no se ajusten a las condiciones del mercado, con una duración de diez años y hasta un máximo de 1 millón EUR de importe nominal, o 1,5 millones EUR en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, o 2 millones EUR en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado; en el caso de los préstamos con una duración comprendida entre cinco y diez años, los importes máximos podrán ajustarse multiplicando los importes mencionados por la ratio entre diez años y la duración real del préstamo; en el caso de los préstamos con una duración inferior a cinco años, el importe máximo será el mismo que en los préstamos con una duración de cinco años;

b)

garantías con primas que no se ajusten a las condiciones de mercado, con una duración de diez años y hasta un máximo de 1,5 millones EUR de importe garantizado, o 2,25 millones EUR en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, o 3 millones EUR en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado; en el caso de las garantías con una duración comprendida entre cinco y diez años, los importes máximos garantizados podrán ajustarse multiplicando los importes mencionados por la ratio entre diez años y la duración real de la garantía; en el caso de las garantías de una duración inferior a cinco años, el importe máximo garantizado será el mismo que en las garantías con una duración de cinco años; la garantía no deberá ser superior al 80 % del préstamo subyacente;

c)

subvenciones, incluidas inversiones de capital o cuasicapital, y reducciones de los tipos de interés y de las primas de garantía de hasta 0,4 millones EUR de equivalente de subvención bruto, o 0,6 millones EUR en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado; o 0,8 millones EUR en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado.

a)

investigación fundamental;

b)

investigación industrial;

c)

desarrollo experimental;

d)

estudios de viabilidad.

a)

los costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto;

b)

los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto; en caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados;

c)

los costes de edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto; en lo que respecta a los edificios, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados; en el caso de los terrenos, serán subvencionables los costes de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente se haya incurrido;

d)

los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto;

e)

los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.

a)

del 100 % de los costes subvencionables, para la investigación fundamental;

b)

del 50 % de los costes subvencionables, para la investigación industrial;

c)

del 25 % de los costes subvencionables, para el desarrollo experimental;

d)

del 50 % de los costes subvencionables, para los estudios de viabilidad.

a)

en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas;

b)

en 15 puntos porcentuales si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a)

la actividad de la agrupación para facilitar la colaboración, el intercambio de información y la prestación o canalización de servicios especializados y personalizados de apoyo a las empresas;

b)

la comercialización de la agrupación para aumentar la participación de nuevas empresas u organizaciones y reforzar la visibilidad;

c)

la gestión de las instalaciones de la agrupación, la organización de programas de formación, talleres y conferencias para fomentar el intercambio de conocimientos y el trabajo en redes, así como la cooperación transnacional.

a)

los costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales;

b)

los costes de envío en comisión de servicio de personal altamente cualificado procedente de un organismo de investigación y difusión de conocimientos o una gran empresa, que trabaje en actividades de investigación, desarrollo e innovación en una función recientemente creada en la entidad beneficiaria y que no sustituya a otro personal;

c)

los costes de servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación.

a)

los costes de personal;

b)

los costes de instrumental, material, edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto;

c)

los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia;

d)

los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.

a)

que el proyecto subvencionado se llevará a cabo;

b)

los objetivos del mismo;

c)

la fecha aproximada de publicación de los resultados esperados del proyecto subvencionado y su lugar de publicación en internet;

d)

una indicación de que los resultados del proyecto subvencionado se pondrán gratuitamente a disposición de todas las empresas que ejerzan actividades en el sector o subsector en cuestión.

a)

los costes de personal de los formadores, correspondientes a las horas en que estos participen en la formación;

b)

los costes de explotación en que incurran los formadores y los beneficiarios de la formación, directamente relacionados con el proyecto de formación, como gastos de viaje, materiales y suministros vinculados directamente al proyecto, y la amortización de instrumentos y equipos, en la medida en que se utilicen exclusivamente para el proyecto de formación; se excluyen los costes de alojamiento, excepto los costes mínimos de alojamiento necesarios para los beneficiarios de la formación que sean trabajadores con discapacidad;

c)

los costes de servicios de asesoramiento relacionados con el proyecto de formación;

d)

los costes de personal de los beneficiarios de la formación y los costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres, gastos generales) por las horas en las que los beneficiarios participen en la formación.

a)

en 10 puntos porcentuales si la formación se imparte a trabajadores con discapacidad o a trabajadores desfavorecidos;

b)

en 10 puntos porcentuales si la ayuda se concede a medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si se concede a pequeñas empresas.

a)

que los beneficiarios de la formación no sean miembros activos de la tripulación, sino supernumerarios a bordo, y

b)

que la formación se imparta a bordo de buques inscritos en los registros de la Unión.

a)

los costes de adaptación de las instalaciones;

b)

los costes de empleo de personal exclusivamente durante el tiempo que dedique a asistir a trabajadores con discapacidad y de formación de dicho personal para ayudar a los trabajadores con discapacidad;

c)

los costes de adaptación o adquisición de equipos, o de adquisición y validación de programas informáticos, destinados a trabajadores con discapacidad, incluidas las instalaciones tecnológicas adaptadas o de ayuda, suplementarios a los costes que habría soportado el beneficiario si hubiera contratado a trabajadores sin discapacidad;

d)

los costes directamente relacionados con el transporte de los trabajadores con discapacidad al lugar de trabajo y para actividades relacionadas con el trabajo;

e)

los costes salariales de las horas empleadas por un trabajador con discapacidad en rehabilitación;

f)

cuando el beneficiario proporcione empleo protegido, los costes de construcción, instalación o modernización de las unidades de producción de la empresa en cuestión, así como cualesquiera costes de administración y transporte, siempre que se deriven directamente del empleo de trabajadores con discapacidad.

a)

los costes de empleo de personal exclusivamente durante el tiempo que dedique a asistir a los trabajadores desfavorecidos a lo largo de un período máximo de 12 meses a partir de la contratación del trabajador desfavorecido o a lo largo de un período máximo de 24 meses a partir de la contratación de un trabajador muy desfavorecido;

b)

los costes de formación de dicho personal para ayudar a los trabajadores desfavorecidos.

a)

deberán permitir al beneficiario incrementar el nivel de protección medioambiental derivado de sus actividades superando las normas de la Unión aplicables, independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que las de la Unión;

b)

deberán permitir al beneficiario aumentar el nivel de protección medioambiental derivado de sus actividades en ausencia de normas de la Unión.

a)

la adquisición de nuevos vehículos de transporte por carretera, ferrocarril, vía navegable y marítimo que cumplan las normas de la Unión, a condición de que la adquisición ocurra antes de que dichas normas entren en vigor y de que, una vez que sean obligatorias, no se apliquen a vehículos ya adquiridos antes de dicha fecha;

b)

las operaciones de adaptación de vehículos de transporte por carretera, ferrocarril, vía navegable y marítima existentes, siempre que las normas de la Unión todavía no estuviesen vigentes en la fecha de entrada en funcionamiento de dichos vehículos y de que, una vez que sean obligatorias, no se apliquen retroactivamente a esos vehículos.

a)

cuando los costes de la inversión en protección medioambiental puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, estos costes relacionados con la protección del medio ambiente serán subvencionables;

b)

en todos los demás casos, los costes de la inversión en protección medioambiental se determinarán por referencia a una inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente, que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda; la diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la protección medioambiental y será el coste subvencionable.

a)

cuando los costes de la inversión en protección medioambiental puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, estos costes relacionados con la protección del medio ambiente serán subvencionables;

b)

en todos los demás casos, los costes de la inversión en protección medioambiental se determinarán por referencia a una inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente, que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda; la diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la protección medioambiental y será el coste subvencionable.

a)

del 20 % de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas empresas, del 15 % de los costes subvencionables en el caso de las medianas empresas y del 10 % de los costes subvencionables en el caso de las grandes empresas, si la ejecución y la finalización de la inversión tienen lugar más de tres años antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva norma de la Unión;

b)

del 15 % de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas empresas, del 10 % de los costes subvencionables en el caso de las medianas empresas y del 5 % de los costes subvencionables en el caso de las grandes empresas, si la ejecución y la finalización de la inversión tienen lugar entre uno y tres años antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva norma de la Unión.

a)

cuando los costes de la inversión en eficiencia energética puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, estos costes relacionados con la eficiencia energética serán subvencionables;

b)

en todos los demás casos, los costes de la inversión en eficiencia energética se determinarán por referencia a una inversión similar, que implique menor eficiencia energética, que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda; la diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la eficiencia energética y será el coste subvencionable.

a)

los gestores de los intermediarios financieros, así como los gestores de los fondos de eficiencia energética, serán seleccionados mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la legislación de la Unión y nacional aplicable; en particular, no se discriminará por motivos del lugar de establecimiento o constitución en cualquier Estado miembro; podrá exigirse a los intermediarios financieros y a los gestores de los fondos de eficiencia energética que cumplan unos criterios previamente definidos que se justifiquen objetivamente por la naturaleza de las inversiones;

b)

los inversores privados independientes serán seleccionados mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la legislación de la Unión y nacional aplicable, destinada a establecer acuerdos adecuados de reparto de beneficios y pérdidas, en virtud de los cuales, en el caso de las inversiones distintas de las garantías, la participación asimétrica en los beneficios tendrá preferencia sobre la protección frente a pérdidas; si los inversores privados no son seleccionados mediante una convocatoria de este tipo, la tasa de rendimiento justa para los inversores privados será determinada por un experto independiente seleccionado a través de una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria;

c)

en caso de reparto asimétrico de pérdidas entre inversores públicos y privados, la primera pérdida asumida por el inversor público no podrá superar el 25 % del total de la inversión;

d)

en el caso de las garantías, la tasa de garantía se limitará al 80 % y las pérdidas totales asumidas por un Estado miembro no podrán superar el 25 % de la cartera garantizada subyacente; únicamente podrán ofrecerse gratuitamente las garantías que cubran pérdidas esperadas de la cartera garantizada subyacente; si una garantía también comprende la cobertura de pérdidas inesperadas, el intermediario financiero deberá abonar, en relación con la parte de la garantía que cubra las pérdidas inesperadas, una prima de garantía conforme al mercado;

e)

se autorizará a los inversores a estar representados en los órganos de gobernanza del fondo de eficiencia energética o del intermediario financiero, como el órgano supervisor o el comité consultivo;

f)

el fondo de eficiencia energética o el intermediario financiero se establecerá de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y el Estado miembro deberá prever un procedimiento de diligencia debida para garantizar una estrategia de inversión rentable desde el punto de vista comercial, a efectos de la aplicación de la medida de ayuda a la eficiencia energética.

a)

estarán obligados por ley o contrato a actuar con la diligencia de un gestor profesional y de buena fe, evitando conflictos de intereses; se aplicarán las mejores prácticas y la supervisión reguladora;

b)

su remuneración se ajustará a las prácticas del mercado; este requisito se considerará cumplido cuando el gestor sea elegido mediante una convocatoria abierta, transparente y no discriminatoria, basada en criterios objetivos vinculados a la experiencia, los conocimientos y la capacidad operativa y financiera;

c)

percibirán una remuneración vinculada a los resultados o compartirán una parte de los riesgos de inversión coinvirtiendo recursos propios a fin de garantizar que sus intereses estén permanentemente en consonancia con los intereses del inversor público;

d)

establecerán una estrategia y criterios de inversión y propondrán el calendario de inversiones en proyectos de eficiencia energética, determinando su viabilidad financiera ex ante y sus repercusiones previstas sobre la eficiencia energética;

e)

los fondos públicos invertidos en el fondo de eficiencia energética o concedidos al intermediario financiero deberán contar con una estrategia de salida clara y realista, que permita al mercado financiar proyectos de eficiencia energética cuando el mercado esté dispuesto a ello.

a)

cuando los costes de la inversión en la producción de energía procedente de fuentes renovables puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, por ejemplo como componente añadido, fácilmente identificable, a una instalación ya existente, estos costes relacionados con la energía procedente de fuentes renovables serán subvencionables;

b)

cuando los costes de la inversión en la producción de energía procedente de fuentes renovables puedan identificarse por referencia a una inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente, que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda, la diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la energía procedente de fuentes renovables y será el coste subvencionable;

c)

en el caso de determinadas instalaciones de pequeño tamaño, cuando no pueda establecerse una inversión menos respetuosa con el medio ambiente al no existir instalaciones de tamaño limitado, los costes totales de la inversión para lograr un nivel de protección medioambiental más elevado serán los costes subvencionables.

a)

del 45 % de los costes subvencionables si estos costes se calculan sobre la base del apartado 6, letras a) o b);

b)

del 30 % de los costes subvencionables si estos costes se calculan sobre la base del apartado 6, letra c).

i)

el potencial a largo plazo de una tecnología nueva e innovadora dada, o

ii)

la necesidad de diversificación, o

iii)

las limitaciones y la estabilidad de la red, o

iv)

el sistema (de integración) de costes, o

v)

la necesidad de evitar que las primas de apoyo a la biomasa falseen el mercado de las materias primas

a)

que las autoridades públicas competentes de un Estado miembro hayan reconocido formalmente que el suceso constituye un desastre natural, y

b)

que exista una relación causal directa entre el desastre natural y los daños sufridos por la empresa afectada.

a)

los costes de inversión para el despliegue de una infraestructura de banda ancha pasiva;

b)

los costes de inversión de obras de ingeniería civil relacionadas con la banda ancha;

c)

los costes de inversión para el despliegue de redes de banda ancha básica, y

d)

los costes de inversión para el despliegue de redes de acceso de nueva generación («NGA»).

a)

museos, archivos, bibliotecas, centros o espacios artísticos y culturales, teatros, teatros de ópera, salas de concierto, otras organizaciones que realicen actuaciones en directo, instituciones de patrimonio cinematográfico y otras infraestructuras, organizaciones e instituciones artísticas y culturales similares;

b)

patrimonio material, incluidas todas las formas de patrimonio cultural y zonas arqueológicas muebles o inmuebles, monumentos y lugares y edificios históricos; patrimonio natural vinculado al patrimonio cultural o reconocido oficialmente como patrimonio cultural o natural por las autoridades públicas competentes de un Estado miembro;

c)

patrimonio inmaterial en cualquier forma, incluidas costumbres y artesanía folclóricas;

d)

eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales similares;

e)

actividades de educación artística y cultural, así como la promoción de la comprensión de la importancia de la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales mediante programas de educación y sensibilización de la opinión pública, utilizando también las nuevas tecnologías;

f)

redacción, corrección, producción, distribución, digitalización y edición de música y literatura, incluidas las traducciones.

a)

ayudas a la inversión, en particular para la construcción o mejora de infraestructuras culturales;

b)

ayudas de funcionamiento.

a)

los costes de construcción, rehabilitación, adquisición, conservación o mejora de infraestructuras, si al menos el 80 % de la capacidad temporal o espacial anual se destina a fines culturales;

b)

los costes de adquisición, incluido el arrendamiento, la cesión o reubicación física, de patrimonio cultural;

c)

los costes de protección, conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio cultural material e inmaterial, incluidos los costes adicionales de almacenamiento en condiciones adecuadas, herramientas especiales, materiales y los costes de documentación, investigación, digitalización y publicación;

d)

los costes necesarios para mejorar la accesibilidad del público al patrimonio cultural, incluidos los costes de digitalización y otras nuevas tecnologías, los costes de mejora de la accesibilidad para personas con necesidades especiales (en particular, rampas y ascensores para personas con discapacidad, indicaciones en Braille y exposiciones interactivas en los museos) y de fomento de la diversidad cultural con respecto a las presentaciones, los programas y los visitantes;

e)

los costes de proyectos y actividades culturales, programas de cooperación e intercambio y subvenciones, incluidos los costes de los procedimientos de selección, los costes de promoción y los costes directamente derivados del proyecto.

a)

los costes de la institución o el bien cultural vinculados a actividades permanentes o periódicas, incluidas exposiciones, representaciones y manifestaciones, y actividades culturales similares que se desarrollen en el marco de actividad normal;

b)

los costes de las actividades de educación artística y cultural, así como de la promoción de la comprensión de la importancia de la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales mediante programas de educación y sensibilización de la opinión pública, utilizando también las nuevas tecnologías;

c)

los costes de la mejora del acceso del público a instituciones culturales o bienes y actividades de interés cultural, incluidos los costes de la digitalización y de la utilización de las nuevas tecnologías, así como los costes de la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad;

d)

los costes de explotación directamente relacionados con el proyecto o la actividad cultural, como alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles y centros culturales, gastos de viaje, materiales y suministros vinculados directamente al proyecto o actividad cultural, estructuras arquitectónicas para exposiciones y decorados, amortización de instrumentos, programas informáticos y equipos, los costes de acceso a obras amparadas por derechos de autor y otros contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, los costes de promoción y los costes directamente derivados del proyecto o actividad;

e)

los costes del personal que trabaje para la institución cultural o el bien de interés cultural o para un proyecto;

f)

los costes de los servicios de asesoramiento y apoyo prestados por consultores externos y proveedores de servicios, derivados directamente del proyecto.

a)

ayudas a la producción de obras audiovisuales;

b)

ayudas a la preproducción, y

c)

ayudas a la distribución.

a)

exigir que hasta el 160 % del importe de la ayuda concedida a la producción de una determinada obra audiovisual se gaste en el territorio del Estado miembro que la concede, o

b)

calcular el importe de la ayuda concedida a la producción de una determinada obra audiovisual como porcentaje de los gastos de producción realizados en el Estado miembro que la concede, lo que ocurre generalmente en el caso de regímenes de ayudas en forma de incentivos fiscales.

a)

en las ayudas a la producción: los costes globales de la producción de obras audiovisuales, incluidos los costes para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad;

b)

en las ayudas a la preproducción: los costes de la elaboración de guiones y del desarrollo de obras audiovisuales;

c)

en las ayudas a la distribución: los costes de distribución y promoción de las obras audiovisuales.

a)

hasta el 60 % de los costes subvencionables en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro y en las que participen productores de más de un Estado miembro;

b)

hasta el 100 % de los costes subvencionables en el caso de las obras audiovisuales difíciles y las coproducciones en las que participen países de la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.

a)

ayudas a la inversión, en particular para la construcción o mejora de infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales;

b)

ayudas de funcionamiento para infraestructuras deportivas.