Vertiente correctora: procedimiento de déficit excesivo

PUNTOS CLAVE

El procedimiento de déficit excesivo consta de varios pasos.

Inicio del procedimiento

Los Estados miembros han acordado determinados valores de referencia para el déficit y la deuda públicos en relación con su producto interior bruto (PIB), que se recogen en el Protocolo (n.^o 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo: una ratio de déficit del 3 % y una ratio de deuda del 60 %. La Comisión Europea debe supervisar la disciplina presupuestaria de los Estados miembros en función de los dos criterios siguientes.

• La ratio de déficit debe mantenerse por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB, a menos que el exceso sea excepcional o temporal y la ratio se mantenga cercana al 3 % del PIB.
• La ratio de deuda debería mantenerse por debajo del valor de referencia del 60 % del PIB o disminuir lo suficiente y aproximarse a este valor a un ritmo satisfactorio. El ratio de deuda se considera suficientemente decreciente si el Estado miembro respeta la senda fiscal fijada por el Consejo de la Unión Europea para situar la deuda en una senda plausiblemente decreciente, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1263 (véase la síntesis). Se considera que un Estado miembro se desvía de esa senda fiscal si las desviaciones registradas en una cuenta de control superan determinados umbrales anuales o acumulativos.

Si al menos uno de estos criterios no parece cumplirse, la Comisión debe elaborar un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE.

El informe incluirá una evaluación equilibrada de todos los factores pertinentes, como:

• el grado de dificultad de la deuda pública;
• la evolución de la situación presupuestaria a medio plazo del Estado miembro y su posición económica;
• los avances en la aplicación de reformas e inversiones;
• el aumento de la inversión pública en defensa;
• los factores alegados por el Estado miembro.

Fases del procedimiento

• Cuando la Comisión considera que es necesario incoar un procedimiento de déficit excesivo, informa de ello al Consejo, que examina las posibles observaciones del Estado miembro afectado y adopta una decisión que contiene una evaluación global sobre la existencia de un déficit excesivo.
• A continuación, el Consejo adopta una recomendación dirigida al Estado miembro en cuestión, que contiene una senda de gasto neto correctiva, expresada en términos numéricos, y un plazo. Esta senda correctiva debería poner fin a la situación de déficit excesivo en el plazo previsto. En particular, debería situar o mantener el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB y, en los casos en que el procedimiento de déficit excesivo se haya abierto sobre la base del criterio de deuda, corregir las desviaciones acumuladas.
• Cuando el procedimiento de déficit excesivo se haya abierto sobre la base del criterio de déficit, la senda correctiva debe ser coherente con un ajuste estructural anual mínimo de al menos el 0,5 % del PIB como valor de referencia.
• Cuando el procedimiento de déficit excesivo se haya abierto sobre la base del criterio de deuda, la senda correctiva debe ser al menos tan exigente como la senda de gasto neto, fijada por el Consejo, de la que se haya desviado el Estado miembro.
• El Estado miembro debe tomar las medidas necesarias en un plazo de seis meses, aunque puede reducirse a tres meses en situaciones graves.
• Los Estados miembros deben informar al Consejo y a la Comisión sobre las medidas adoptadas en respuesta a la recomendación del Consejo. El informe debe incluir los objetivos presupuestarios y contener información sobre las medidas adoptadas para alcanzarlos.
• El Consejo y la Comisión supervisan periódicamente las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con el procedimiento de déficit excesivo.

Sanciones

Si un Estado miembro de la zona euro sigue sin aplicar la recomendación, el Consejo puede decidir la formular una advertencia formal para que tome medidas que reduzcan el déficit en el plazo especificado. El Consejo puede imponer una multa de hasta el 0,05 % de la última estimación del PIB del año anterior, que deberá pagarse cada seis meses hasta que el Consejo considere que el Estado miembro ha tomado medidas efectivas en respuesta a la notificación emitida.