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El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se introdujo en el marco de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Se diseñó para garantizar que los Estados miembros de la UE mantuvieran unas finanzas públicas saneadas después de la introducción de la moneda única.
En términos formales, el Pacto constaba originalmente de una Resolución del Consejo Europeo (adoptada en 1997) y dos Reglamentos del Consejo, , que establecían disposiciones técnicas detalladas (uno sobre la supervisión de las posiciones presupuestarias y la coordinación de políticas económicas y otro sobre la aplicación del procedimiento de déficit excesivo).
Los reglamentos se modificaron en 2005, a raíz de los debates sobre el funcionamiento del Pacto. Sin embargo, la debilidad de su ejecución generó graves desequilibrios presupuestarios en algunos Estados miembros de la UE, que se pusieron de manifiesto cuando estalló la crisis económica y financiera en 2008.
A partir de la crisis, se ha reforzado la normativa sobre gobernanza económica de la UE mediante ocho reglamentos de la UE y un tratado internacional:
Esta serie de medidas es ahora parte integrante del Semestre Europeo, el mecanismo de coordinación de la política económica de la UE.
En enero de 2015, tras llevar a cabo una revisión, la Comisión Europea publicó unas orientaciones detalladas sobre la aplicación de las normas existentes en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de reforzar el vínculo entre las reformas estructurales, la inversión (en concreto, en vista de la reciente creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas) y la responsabilidad fiscal en apoyo a la creación de empleo y el crecimiento.
En febrero de 2020, la Comisión publicó una revisión cuyo objetivo era evaluar la eficacia del marco actual de supervisión económica y fiscal, especialmente las reformas abordadas por los paquetes legislativos de dos y de seis medidas. Asimismo, se puso en marcha un debate público.
En noviembre de 2022, la Comisión presentó sus orientaciones (directrices) de cara a una reforma del marco para la gobernanza económica, que proponían una amplia reforma del diseño y el funcionamiento del PEC.
En marzo de 2023, la Comisión adoptó una comunicación por la que se proporcionaban orientaciones a los Estados miembros sobre el desarrollo y la coordinación de la política fiscal en 2024.