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Recuadro 4.1.1: Previsiones sobre la deuda de las administraciones públicas a medio plazo

Recuadro 4.1.2: El sistema de pensiones español: reformas y retos

Recuadro 4.3.1: Seguimiento de los resultados a la luz del pilar europeo de derechos sociales

Recuadro 4.4.7: Evaluación de los cambios estructurales en las exportaciones y las importaciones españolas de bienes y servicios: elasticidad a la demanda y a la competitividad a largo plazo

Recuadro 4.4.8: Reequilibrio sectorial en España

Recuadro 4.4.9: Retos y reformas en materia de inversiones en España

Recuadro 4.6.1: Puntos destacados de las políticas

Resumen

La continuada y sólida recuperación de España representa una oportunidad para revitalizar el impulso de reforma y completar los logros anteriores. En 2017, la actividad económica y el empleo crecieron de nuevo con fuerza y continuaron corrigiéndose los desequilibrios. Sin embargo, la productividad está aumentando lentamente debido a la reducida capacidad de innovación y a la escasa inversión en conocimiento y cualificaciones, y existe el riesgo de que la fuerte segmentación del mercado de trabajo y los resultados dispares de la política social consoliden la elevada desigualdad de ingresos. La respuesta a estos retos y la garantía de la plena aplicación de las reformas iniciadas, como en la regulación de los mercados de productos, podrían reducir el riesgo de ralentización si la coyuntura económica externa y las condiciones financieras se vuelven menos favorables ( 1 ).

La economía española ha continuado creciendo por encima de las previsiones y de la media de la zona del euro en 2017. En su cuarto año de expansión, el PIB real español ha superado el máximo alcanzado antes de la crisis, en 2008. El crecimiento económico se ha visto impulsado por la demanda interna, y especialmente por el consumo privado, respaldados por la elevada creación de empleo. La inversión, especialmente en bienes de equipo, también aumentó con fuerza. Las exportaciones consolidaron su contribución positiva al crecimiento, apoyadas por una creciente internacionalización de las empresas españolas y mayores mejoras de la competitividad de costes. En general, el crecimiento de la actividad económica prosiguió con arreglo a un patrón más equilibrado que antes de la crisis.

Se espera que el crecimiento se desacelere, pero siga siendo sólido. Las ambiciosas reformas estructurales acometidas tras la crisis sentaron las bases de esta fuerte recuperación. Sin embargo, se prevé que se atenúen paulatinamente otros factores favorables, en concreto los bajos precios del petróleo y el estímulo que representaron los recortes tributarios y la mejora de las condiciones de financiación. Se prevé por tanto que el consumo privado se modere, pero que siga siendo un sólido factor impulsor del crecimiento. El crecimiento de la inversión solo disminuiría ligeramente.

El proceso de reequilibrio económico ha continuado, pero los altos niveles de deuda y de desempleo todavía representan factores de vulnerabilidad. La deuda exterior sigue siendo muy elevada, a pesar de su reducción constante impulsada por un superávit por cuenta corriente sostenido. También ha continuado la reducción de la deuda del sector privado, que tan solo se ha visto ralentizada por la concesión de nuevos créditos, que finalmente está empezando a aumentar de nuevo. Hasta ahora, la ratio de deuda pública ha disminuido lentamente, lo que mantiene los riesgos de sostenibilidad a medio plazo en niveles elevados. La tasa de desempleo ha continuado disminuyendo con rapidez, pero sigue siendo una de las tasas más elevadas de la UE.

España es una fuente potencial de efectos indirectos para los otros países de la zona del euro. Las simulaciones muestran que una aplicación decidida de las reformas del mercado de productos en España tendría un efecto limitado pero positivo en el crecimiento de otros países de la zona del euro.

En términos generales, España ha realizado avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones específicas por país (REP) de 2017. España ha realizado algunos avances en la reforma de la contratación pública, avances limitados en el refuerzo del marco presupuestario y algunos avances en la realización de una revisión exhaustiva del gasto. Se han logrado algunos avances en el refuerzo de la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Se han producido avances limitados en el fomento de la contratación indefinida, en la lucha contra las disparidades en los sistemas de renta mínima garantizada y en la mejora de las ayudas familiares, así como en la mejora de la adecuación de la enseñanza superior al mercado de trabajo y en la reducción de disparidades regionales en los resultados educativos. Por último, España ha realizado avances limitados en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado y en la inversión en investigación e innovación y en su gobernanza, aunque se produjo cierta mejora en este ámbito.

En lo que respecta a los avances realizados en la consecución de los objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020, España está obteniendo buenos resultados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y está en el camino adecuado para alcanzar sus objetivos de eficiencia energética y energías renovables. La tasa de estudiantes de educación superior se sitúa en niveles próximos al objetivo. Aunque las diferencias siguen siendo considerables en lo relativo a la tasa de empleo y el abandono escolar prematuro, volvieron a reducirse de manera sustancial. En cambio, hubo pocos avances en lo que se refiere al logro de los objetivos para la inversión en I+D y la reducción del riesgo de pobreza.

España se enfrenta a una serie de retos en relación con los indicadores del cuadro de indicadores sociales que sustentan el pilar europeo de derechos sociales. Mientras los esfuerzos realizados por promover la creación de empleo empiezan a dar fruto, la creación de empleo indefinido está aumentando lentamente en lo que se refiere a su prevalencia, pero la utilización de contratos temporales sigue siendo una práctica muy extendida. La desigualdad de ingresos se estabilizó, pero sigue siendo relativamente elevada. El abandono escolar prematuro sigue mejorando, pero, junto con el alto riesgo de pobreza entre los niños, lastra la igualdad de oportunidades. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y el de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación están disminuyendo, pero hacen necesario un estrecho seguimiento. La repercusión de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) en la reducción de la pobreza es reducida.

Las principales conclusiones del examen exhaustivo contenido en el presente informe y los retos que de ellas se derivan son los siguientes:

·España no se enfrenta a riesgos inmediatos de tensiones presupuestarias, pero los riesgos para la sostenibilidad a medio plazo siguen siendo elevados. La ratio de deuda de las Administraciones Públicas sigue siendo elevada. Se prevé que su reducción se acelere ligeramente en 2018-2019, entre otras cosas gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal, pero se espera que la ratio de deuda se mantenga en torno al 95 % del PIB a medio plazo. El ahorro previsto en los gastos relacionados con el envejecimiento de la población atenúan los riesgos en materia de sostenibilidad presupuestaria. La eficiencia de algunas partidas de gasto podrá mejorar al hilo de la revisión del gasto recién iniciada y de la aplicación de una nueva Ley de Contratos del Sector Público.

·La deuda privada ha continuado disminuyendo, pero determinados grupos de empresas y hogares siguen estando muy endeudados. La deuda privada, tanto de las empresas como de los hogares, ha continuado disminuyendo en términos generales. El crecimiento del PIB nominal propicia cada vez en mayor medida la reducción de la ratio de deuda, lo que permitió que en 2017 repuntasen los flujos de crédito a los hogares y a las empresas, especialmente a las pymes. El nivel de endeudamiento aún elevado de algunos hogares y sociedades no financieras, en particular de los hogares con ingresos reducidos y en los que ninguno de sus miembros trabaja y de las sociedades del sector de la construcción e inmobiliario, reduce su capacidad de hacer frente a posibles perturbaciones.

·Las mejoras estructurales en los resultados comerciales sustentan la reducción paulatina de los pasivos exteriores de España. La creciente diversificación geográfica de las exportaciones y el aumento del número de empresas que exportan habitualmente han dado lugar a aumentos de las cuotas de mercado de las exportaciones, lo que indica un cambio estructural en el comportamiento de las exportaciones españolas. Además, la dependencia cada vez mayor de la economía de los bienes producidos en el propio país ha limitado el crecimiento de las importaciones. Como consecuencia de ello, en 2017 la balanza por cuenta corriente registró un superávit por quinto año consecutivo. Los superávits por cuenta corriente deberán mantenerse durante un período de tiempo prolongado a fin de reducir de forma determinante los pasivos exteriores, aún muy elevados.

·El empleo continuó creciendo a un ritmo vigoroso y el desempleo continuó reduciéndose rápidamente, pero sigue siendo muy elevado. La fortaleza de la recuperación del mercado de trabajo se debe, en parte, al efecto de las reformas y de la moderación salarial. Ambos factores han contribuido a aumentar la capacidad de reacción del empleo al crecimiento económico. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue siendo una de las más elevadas de la UE, especialmente en el caso de los jóvenes, lo que implica un considerable potencial de competencias sin explotar. Casi la mitad de los desempleados no han tenido ningún trabajo durante más de un año. España está reforzando las políticas de activación dirigidas a los desempleados de larga duración, los jóvenes y los trabajadores de más edad. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de la capacidad de los servicios públicos autonómicos de empleo y de su coordinación con los empresarios y los servicios sociales, que apenas están mejorando lentamente.

·La productividad ha aumentado en algunos sectores, pero la debilidad de la innovación y la inversión refuerza la brecha de productividad entre quienes logran los mejores y los peores resultados. Desde que comenzó la recuperación, la productividad ha crecido más en los sectores de los bienes y servicios exportables que en los de los bienes y servicios no exportables. En algunos de los sectores de bienes y servicios exportables (en los que España tiene cierta ventaja competitiva), el crecimiento de la productividad fue mayor que en otros grandes países de la zona del euro. Sin embargo, la evolución de la productividad de las distintas empresas dentro de cada sector es muy heterogénea, lo que puede explicarse en parte por deficiencias en la capacidad de innovación y, en menor medida, la inversión en capital intelectual.

Otras cuestiones estructurales clave analizadas en el presente informe, que apuntan a desafíos concretos a los que se enfrenta la economía española, son las siguientes:

·Los bancos españoles continuaron su proceso de estabilización y el acceso a la financiación ha mejorado. El sistema bancario en su conjunto cumple holgadamente los requisitos reglamentarios de capital y los préstamos dudosos se han reducido aún más. La resolución con éxito de un banco en junio de 2017 contribuyó a reforzar la estabilidad del sector financiero. Las políticas de apoyo a la financiación mediante recursos propios están resultando eficaces.

·El uso generalizado de contratos temporales afecta negativamente al crecimiento de la productividad y a la desigualdad de ingresos. Mientras que los contratos indefinidos van en aumento en el empleo de nueva creación, el porcentaje de empleados con contratos temporales sigue siendo elevado. Los trabajadores jóvenes y poco cualificados son los más afectados por el empleo temporal, que a menudo no desemboca en una contratación indefinida. Esta perspectiva reduce los incentivos para que los trabajadores y los empleadores inviertan en capacitación y formación permanente, menoscabando la formación de capital humano, lo que a su vez impide un crecimiento más rápido de la productividad. Por otra parte, los trabajadores temporales están expuestos a un mayor riesgo de pobreza y suelen generar menos derechos a prestaciones sociales. España está combatiendo la utilización abusiva de la contratación temporal de forma cada vez más satisfactoria, y tiene intención de aumentar la proporción de puestos permanentes en la Administración Pública. No obstante, los incentivos para fomentar la contratación indefinida en el sector privado han tenido hasta ahora efectos reducidos.

·La inadecuación de las cualificaciones y las carencias en los resultados educativos también lastran el crecimiento de la productividad. Los titulados superiores tienen dificultades a la hora de encontrar empleos adecuados, y tanto la sobrecualificación como la infracualificación son habituales en España. Si bien disminuye, el índice de abandono escolar prematuro sigue siendo uno de los más elevados de la UE y los resultados educativos siguen variando considerablemente de una comunidad a otra. Un elevado porcentaje de los profesores es contratado con contratos temporales. La enseñanza y la adquisición de competencias digitales suponen un desafío que se ha empezado a abordar mediante iniciativas recientes.

·La situación social continuó mejorando con el crecimiento económico y del empleo, pero la desigualdad de ingresos y la proporción de la población en riesgo de pobreza siguen siendo elevadas. La situación laboral de los miembros del hogar desempeña un papel importante en este contexto. En 2016, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó ligeramente, de nuevo, pero sigue siendo elevado, especialmente en el caso de los hogares en los que todos sus miembros están desempleados o en los que trabaja tan solo uno de ellos, así como en el caso de los niños. Además, las políticas familiares y las prestaciones sociales, especialmente los sistemas de renta mínima garantizada, adolecen de disparidades en la cobertura y de baja eficacia. Los altos niveles de desigualdad de ingresos, el abandono escolar prematuro y la pobreza infantil pueden incidir negativamente en la igualdad de oportunidades.

·Si bien se produjeron avances en la contratación pública y la lucha contra la corrupción, los avances para mejorar el entorno empresarial se han ralentizado. La Ley de garantía de la unidad de mercado, respecto de la cual el Tribunal Constitucional dictó varias sentencias en 2017, todavía no se ha aplicado plenamente. Las disparidades y restricciones normativas provocan que los márgenes sean elevados, que la movilidad geográfica de las empresas y de los trabajadores sea baja y que el crecimiento de la productividad sea reducido. Por el contrario, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en caso de aplicarse adecuadamente, puede mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública. La eficiencia del sistema judicial está aumentando y la aplicación de preceptos de lucha contra la corrupción está haciendo más atractivo el entorno empresarial. La percepción de la independencia del sistema judicial ha mejorado.

·Los resultados en materia de innovación siguen siendo débiles, pese a las mejoras en la gobernanza. Prosigue la atonía de la inversión pública y privada en I+D. La baja capacidad de las pequeñas y medianas empresas para adoptar innovaciones y aprovechar las ventajas de la digitalización es una rémora para el crecimiento de la productividad a largo plazo en España. La gobernanza de la investigación y la innovación se ha racionalizado y se ha hecho más inclusiva, pero la coordinación entre las distintas administraciones sigue siendo desigual y la falta de evaluaciones sistemáticas impide el aprendizaje a partir de los resultados de las políticas.

·El transporte y las conexiones energéticas de carácter transfronterizo, así como las infraestructuras hídricas, se enfrentan a déficits de inversiones. Los estrangulamientos en las fronteras de España dificultan una mayor integración en los mercados de gas y electricidad de la UE y ralentizan los flujos comerciales. La gobernanza del agua se está mejorando, pero no se invierte lo suficiente en la infraestructura de redes de suministro y saneamiento.

1. Situación y perspectivas económicas

Crecimiento económico

El crecimiento económico ha continuado sobrepasando las previsiones en 2017. En el segundo trimestre de 2017, el PIB ha superado por fin el máximo alcanzado antes de la crisis, y el ritmo de crecimiento se mantuvo sólido en el tercer trimestre, con un 0,8 % intertrimestral. Según la estimación preliminar del PIB, el crecimiento se ralentizó ligeramente, con un 0,7 % intertrimestral en el cuarto trimestre, lo que situó la tasa de crecimiento anual de 2017 en el 3,1 %. La expansión se fundamenta en un patrón de crecimiento más equilibrado que antes de la crisis. La demanda interna, y más concretamente el consumo privado, sigue siendo el principal factor impulsor del crecimiento, aunque las exportaciones netas también vienen contribuyendo firmemente al crecimiento desde 2016. La fortaleza de la recuperación y de la creación de empleo refleja en parte los efectos de las reformas estructurales llevadas a cabo en los primeros años de la crisis, especialmente las reformas del sector financiero y del mercado de trabajo.

Gráfico 1.1:Composición del crecimiento del PIB

Fuente: Previsiones económicas europeas de otoño de 2017.

Al ir remitiendo los factores favorables, se espera que el crecimiento registre una desaceleración, pero se mantenga sólido. Se espera una moderación del crecimiento del PIB real hasta el 2,6 % en 2018 y el 2,1 % en 2019 (véase el gráfico 1.1). ( 2 ) Se prevé que el consumo privado se ralentice paralelamente a la desaceleración de la creación de empleo y a la atenuación de los factores que favorecieron el aumento de la renta disponible en los últimos años (a saber, la bajada de los precios del petróleo, los recortes tributarios y la mejora de las condiciones de financiación). Sin embargo, se prevé que el consumo privado siga siendo el principal factor de crecimiento hasta 2019, al seguir aumentando la renta disponible y mejorar la posición financiera de los hogares. Tras desacelerarse en 2016, se espera que el crecimiento de la inversión haya repuntado en 2017, impulsado por la construcción de viviendas. Posteriormente, se espera que se ralentice ligeramente en 2018 y 2019, al moderarse el crecimiento de la inversión en bienes de equipo en consonancia con la demanda final. No obstante, existen riesgos de revisión a la baja de las perspectivas, ya que la incertidumbre vinculada a la situación política en Cataluña podría tener un efecto negativo para el crecimiento, cuya intensidad no puede anticiparse por el momento. Al mismo tiempo, una recuperación más fuerte de lo esperado en otros países de la zona del euro es un riesgo de revisión al alza para el crecimiento de las exportaciones.

Gráfico 1.2:Contribuciones al potencial de crecimiento

Fuente: Comisión Europea.

Se prevé que el potencial de crecimiento aumente ligeramente. Tras caer en picado durante los años de la crisis, el potencial de crecimiento de la producción ha comenzado a recuperarse, y se estima que alcanzará el 1,2 % en 2019, aunque permanecerá aún por debajo de la media de la zona del euro (1,5 %) (véase el gráfico 1.2). Más de la mitad de este aumento puede explicarse por la mayor contribución del factor trabajo al crecimiento potencial de la producción. Mientras que la contribución del capital y la productividad total de los factores (PTF) a la producción potencial está actualmente en consonancia con la media de la zona del euro, la contribución del trabajo sigue siendo menor, debido a la tasa de desempleo estructural (NAWRU), que disminuye lentamente.

Posición exterior

Se prevé que el sector exterior continuará contribuyendo al crecimiento del PIB hasta 2019. Desde 2016, el crecimiento de las importaciones ha permanecido contenido, a pesar del fuerte incremento de la demanda interna y de la aceleración de las exportaciones, lo que apunta a una reducción de la propensión a las importaciones (véase el cuadro 4.4.1). Al mismo tiempo, las mejoras estructurales de los resultados de la actividad exportadora, propiciadas por las mejoras de la competitividad de costes y por el incremento del número de exportadores habituales, han contribuido al logro de aumentos considerables en las cuotas de mercado en los últimos años. Tanto las exportaciones como las importaciones se espera que se hayan acelerado en 2017, con la recuperación de los mercados de exportación españoles, antes de moderarse en 2018 y 2019. Se espera que las exportaciones sigan creciendo por encima de las importaciones, de modo que el saldo neto de la balanza comercial debería suponer una contribución positiva al crecimiento hasta 2019.

En 2017, la economía española registró un superávit de la balanza por cuenta corriente, por quinto año consecutivo. El superávit de la balanza por cuenta corriente, tras el aumento experimentado en 2016, se espera que se mantenga prácticamente estable en valores muy cercanos al 2 % durante el período 2017-2019, ya que las oscilaciones de la relación de intercambio debidas a los incrementos del precio del petróleo se ven ampliamente compensadas por los cambios en los volúmenes de importación y exportación. Dado el alto nivel de deuda exterior neta, las reducciones del coste de la deuda en los últimos años han tenido un efecto positivo en la balanza de rentas española. No obstante, el margen para ulteriores mejoras parece reducido, ya que no se espera que los tipos de interés sigan bajando. En términos ajustados en función del ciclo, la balanza por cuenta corriente ha seguido mejorando, lo que sugiere que el superávit exterior se ve impulsado cada vez más por factores estructurales.

Los superávits de la balanza por cuenta corriente están dando lugar a una lenta reducción de los pasivos exteriores netos de la economía española. A pesar de los superávits de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, los efectos de valoración negativos (que reflejan en parte la mejora de la confianza y el aumento de valor de los activos españoles) limitan la posibilidad de mejoras en la posición de inversión internacional neta (PIIN). Sin embargo, la PIIN ha mejorado en más de 16 puntos porcentuales del PIB desde su nivel máximo, pero sigue siendo muy negativa, situándose en el -83,2 % del PIB en el tercer trimestre de 2017. Los cambios en la estructura de los pasivos exteriores en los últimos años en términos de sectores (por ejemplo, al tener un peso cada vez mayor los pasivos del sector público y del banco central), tipo de instrumento (por ejemplo, una mayor proporción de capital que en el pasado) y vencimiento (por ejemplo, vencimientos más lejanos de la deuda pública) pueden mitigar algunos de los puntos débiles asociados con la elevada PIIN negativa. De cara al futuro, el fuerte crecimiento del PIB, el repunte de la inflación y los superávits exteriores netos previstos hasta 2019 deberían propiciar nuevas mejoras de la posición de inversión internacional neta (véase la sección 3.2).

Deuda privada y pública

Continúa la reducción de la deuda del sector privado, aunque se ha ralentizado. A pesar de su rápida disminución, la deuda del sector privado sigue siendo elevada, y subsiste la necesidad de desapalancamiento tanto para las empresas como para los hogares (véase la sección 4.2). El crecimiento del PIB nominal se ha convertido en el principal factor impulsor de la reducción de las ratios de deuda. El proceso de desapalancamiento se ha ralentizado, ya que la concesión de nuevos créditos está creciendo con fuerza, especialmente a los hogares y a las pymes. La reducción de la deuda, sin embargo, está teniendo lugar a mayor velocidad de lo que sugerirían los factores fundamentales, tanto en el caso de las empresas como en el de los hogares, lo que indica que el exceso de deuda acumulado en el pasado se está corrigiendo a un ritmo suficiente (Comisión Europea, 2017) (véase el capítulo 4.2).

La reducción de la deuda del sector público se espera que cobre impulso. Se espera que la ratio de deuda de las Administraciones Públicas disminuya del 99 % en 2016 a alrededor del 95,5 % en 2019. Tras reducirse al 4,5 % del PIB en 2016, el déficit de las Administraciones Públicas españolas continuó descendiendo en los tres primeros trimestres de 2017, en 1,4 puntos porcentuales (véase el gráfico 1.3). Esta reducción se ha fundamentado no solo en la mejora de las perspectivas macroeconómicas, sino también en la limitación del crecimiento del gasto público. Para el conjunto del año, se espera un déficit de las Administraciones Públicas equivalente al 3,1 % del PIB. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el déficit disminuiría al 2,4 % y el 1,7 % del PIB en 2018 y 2019, respectivamente. Se prevé que el déficit estructural se reduzca del 3,3 % del PIB en 2016 al 3,1 % del PIB en 2017 y se mantenga prácticamente sin cambios en los dos años siguientes.

Inflación

Se prevé que la inflación básica aumentará gradualmente. Después de un crecimiento negativo en el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) en 2016, la inflación volvió a crecer con fuerza en la primera mitad de 2017 como consecuencia de la subida de los precios del petróleo. La inflación medida con el IPCA se moderó en el segundo semestre, arrojando una media anual del 2 % en 2017, y se espera que siga disminuyendo en 2018 y 2019 como consecuencia de la evolución del precio del petróleo. La inflación básica debería volver a ascender gradualmente a lo largo de 2018 y 2019, en paralelo con el repunte de los salarios y la consolidación en valores positivos de la brecha de producción.

Gráfico 1.3:Capacidad o necesidad neta de financiación por sector

Fuente: AMECO.

Mercado de trabajo

La situación del mercado de trabajo sigue mejorando, respaldada por la moderación salarial y las reformas en él introducidas en años anteriores. Se prevé que el empleo se haya incrementado en un 2,7 % en 2017. Posteriormente, se prevé que se desacelere el crecimiento, pero que se mantenga sólido, en un 2,1 % este año y un 1,7 % en 2019. La tasa de desempleo sigue descendiendo, al situarse en un 16,6 % en el cuarto trimestre de 2017, frente al 18,6 % de un año antes, y se espera que continúe bajando hasta alrededor del 14 % en 2019. La recuperación del mercado de trabajo ha permitido también una reducción de las disparidades en el PIB per cápita entre las distintas comunidades autónomas españolas (recuadro 1.16). Tras permanecer en un nivel moderado hasta 2017, se espera que el crecimiento de los salarios nominales aumente gradualmente en 2018 y 2019, al reducirse la atonía cíclica de la economía. Se prevé que la productividad crezca solo moderadamente, dando lugar a un aumento modesto de los costes laborales unitarios (CLU) nominales hasta 2019 (gráfico 1.4). No obstante, se prevén mejoras adicionales de la competitividad de costes pues, según las previsiones, el crecimiento de los costes laborales unitarios será más lento que en el resto de la zona del euro.

Gráfico 1.4:Análisis de los costes laborales unitarios (CLU)

Fuente: AMECO, Comisión Europea.

Los elevados niveles de segmentación del mercado de trabajo y de desempleo de larga duración constituyen una rémora para el potencial de crecimiento. La tasa de desempleo juvenil ha disminuido gradualmente (del 53 % en 2014 al 37,5 % en el cuarto trimestre de 2017), al igual que la tasa de desempleo de larga duración (del 12,9 % en 2014 al 7,1 % en el tercer trimestre de 2017) (gráfico 1.5). Sin embargo, ambas tasas siguen estando entre las más elevadas de la UE, lo que sugiere que el desempleo se ha hecho crónico, por lo menos para algunos de estos grupos. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores que tienen contratos temporales respecto del empleo total ha continuado aumentando, concretamente en 0,3 puntos porcentuales interanuales, hasta situarse en el 26,8 % en el cuarto trimestre de 2017, uno de los valores más elevados de la UE. No obstante, el porcentaje de contratos indefinidos en el crecimiento neto del empleo aumentó hasta un 54 % de media en 2017, aunque no pueden evaluarse aún los efectos a más largo plazo sobre la tasa de empleo temporal.

Pobreza, desigualdad e inclusión social

Aunque está disminuyendo, la proporción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo elevada. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó por segundo año consecutivo en 2016 (tomando como referencia la renta de 2015 [ 3 ]) y alcanzó el 27,9 % de la población total, pero sigue estando muy por encima del 23,8 % de 2008. La disminución se debe a una caída de la privación material grave y del porcentaje de personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja o baja, factores que, a pesar de haber mejorado, siguen presentando valores muy elevados. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza económica permaneció estable en 2015, en el 22 %, y es muy superior a la media de la UE. Las estimaciones preliminares ( 4 ) indican que, en el caso de España, no se esperan cambios significativos de este indicador para el ejercicio 2016. A pesar de que está mejorando, la situación de los niños y jóvenes sigue siendo preocupante, tal y como lo demuestran los elevados porcentajes de abandono escolar prematuro, de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación y de niños en situación de pobreza. La intensidad laboral es uno de los factores más determinantes de la pobreza y la desigualdad.

Gráfico 1.5:Actividad, desempleo, desempleo de larga duración, desempleo juvenil, ninis

(1) Tasa de actividad y tasa de empleo (% de la población), 20-64 años. (2) Tasa de desempleo y tasa de desempleo de larga duración (% de la población activa), 15-74 años. (3) Tasa de desempleo juvenil (% de la población activa), 15-24 años. (4) Ninis: jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni reciben formación (% de la población), total, 15-24 años.

Fuente: Eurostat, EPA.

Las desigualdades de renta siguen siendo elevadas y el crecimiento de la renta real es inferior al crecimiento del PIB. Desde que comenzó la recuperación, la renta disponible bruta real de los hogares (entre 2014 y 2017) ha crecido más lentamente que el PIB y los indicadores sociales señalan diversas vulnerabilidades. La desigualdad de ingresos, medida mediante la ratio de distribución de la renta por quintiles, experimentó una ligera disminución en 2016 (tomando como referencia la renta de 2015), pero sigue siendo una de las más elevadas de la UE, ya que el 20 % más rico de la población gana alrededor de 6,6 veces más que el 20 % más pobre. La desigualdad se debe principalmente a la elevada tasa de desempleo, la polarización de cualificaciones y la segmentación del mercado de trabajo. Es especialmente elevada en la parte inferior de la distribución de la renta. La capacidad redistributiva del sistema tributario y de prestaciones es relativamente baja en comparación con otros Estados miembros de la UE. Reduce las desigualdades de ingresos en tan solo un 34,6 %, según lo constatado al comparar los coeficientes de Gini ( 5 ) de los ingresos procedentes del trabajo y de las rentas (antes de impuestos y transferencias) y de la renta disponible (deducidos impuestos y transferencias), por debajo de la media de la UE del 40 %.

Recuadro 1.6: España: diferencias regionales en PIB per cápita

El PIB per cápita se distribuye de forma desigual entre las distintas comunidades autónomas. En España, las disparidades en el PIB per cápita disminuyeron de forma constante antes del inicio de la crisis mundial de 2008, aumentaron a partir de 2008 y disminuyeron de nuevo ligeramente en 2015. A pesar del incremento posterior a 2008, las disparidades regionales son menores que en Italia o Francia y bastante similares a las existentes en Alemania (gráfico 1.6.1.a). ( I ) Especialmente en el caso de Francia, la dispersión del PIB per cápita, medida mediante el coeficiente de variación ponderado, se debe principalmente al efecto de la región de la capital, que es más rica y está más densamente poblada que otras regiones.

La contribución del empleo y la productividad a las disparidades en el PIB per cápita varía de un país a otro. El PIB per cápita es el producto de la producción por trabajador (es decir, la productividad) multiplicada por la ratio de empleo respecto de la población total (es decir, la tasa de empleo), que puede desglosarse en la proporción de la población activa, la tasa de actividad y el porcentaje de la población activa que trabaja (que es inversamente proporcional a la tasa de desempleo). Mientras que la productividad desempeña un papel importante a la hora de explicar las disparidades en el PIB per cápita entre las regiones de Alemania, Francia y los Países Bajos, en España e Italia tiene más importancia la tasa de empleo (gráfico 1.6.1.b).

Las diferencias en las tasas de empleo entre las comunidades autónomas españolas son el principal factor determinante de las disparidades en el PIB per cápita. La menor dispersión del PIB per cápita en 2008 en comparación con el año 2000, tal y como muestra el gráfico 1.6.1.a, se debe en gran medida a cierta convergencia autonómica en la tasa de empleo y, en particular, la proporción de la población activa que trabaja. Del mismo modo, la mayor dispersión del PIB per cápita después de 2008 puede atribuirse al efecto asimétrico de la destrucción de empleo en las distintas comunidades autónomas (gráfico 1.6.2). La recuperación del mercado de trabajo que comenzó en 2014 ha dado lugar a una pequeña disminución de las disparidades en el PIB per cápita en España, que siguen siendo mayores que en el período anterior a la crisis.

En la mayoría de comunidades autónomas españolas, la productividad era relativamente baja y el empleo relativamente alto en 2014. Varias comunidades autónomas españolas registraron algunos de los valores más bajos de productividad total de los factores, sin que ninguna comunidad apareciese en el grupo de las regiones de alta productividad (gráfico 1.6.3). Un dato aún más sorprendente es que ninguna comunidad autónoma registró una tasa de desempleo por debajo de la media de la UE. Además, existe una gran dispersión entre las tasas de desempleo de las distintas comunidades autónomas de España: la tasa de desempleo más elevada es más del doble que la tasa de desempleo más reducida. Las disparidades autonómicas en el mercado de trabajo se reflejan en disparidades en otras variables sociales como, por ejemplo, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Cuadro 1.1:Indicadores económicos y financieros clave: España

(1) Posición de inversión internacional neta, excluidas la inversión directa y la cartera de renta variable.
(2) Bancos individuales y grupos bancarios nacionales, filiales y sucursales de control extranjero (países de la UE y países no pertenecientes a la UE).

Fuente: Eurostat y BCE, con los datos disponibles a 30 de enero de 2018; Comisión Europea (previsiones de invierno de 2018 para el PIB real y el IPCA, previsiones de otoño de 2017 en el resto de los casos).

2. Avances en la aplicación de las recomendaciones específicas por país

Los avances en la aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en 2017 han de verse en una perspectiva a más largo plazo desde la introducción del Semestre Europeo en 2011. Desde entonces, España ha logrado en general avances comparativamente buenos en la aplicación de las recomendaciones específicas por país. Analizando la evaluación plurianual de la aplicación de las recomendaciones específicas por país desde su adopción, el 42 % de todas las recomendaciones dirigidas a España han experimentado «algunos avances» en su aplicación. Respecto del 35 % de las recomendaciones, España ha logrado «avances sustanciales» o las ha aplicado plenamente. Respecto del 23 % de las recomendaciones, se han producido «avances limitados» o no se ha logrado «ningún avance» (véase el gráfico 2.1). Las reformas llevadas a cabo en tiempos de dificultades económicas han contribuido al buen comportamiento de la economía española desde su salida de la crisis. Sin embargo, la firmeza y la velocidad de la aplicación han disminuido ligeramente desde 2014. El actual gobierno en minoría parece concentrar su capital político en unas pocas prioridades políticas, así como en evitar un retroceso respecto de los logros de las reformas anteriores. En varios ámbitos políticos objeto de recomendaciones específicas por país, tanto el gobierno nacional como los autonómicos participan en la aplicación de las reformas. En estos ámbitos, la coordinación y la distribución de responsabilidades siguen planteando dificultades para la aplicación de las REP.

Las recomendaciones relativas al sector financiero, al régimen en materia de insolvencia y a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas han sido atendidas en gran medida. La reestructuración de los bancos que habían recibido ayudas estatales está muy avanzada, y la resolución satisfactoria del Banco Popular en junio de 2017 reforzó la confianza en la estabilidad y la resiliencia del sector bancario español en su conjunto. Las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 incrementaron la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El marco presupuestario ha experimentado varias mejoras desde 2012. La reforma de los regímenes de insolvencia empresarial y personal ha facilitado la reducción de la deuda privada y ha hecho menos onerosas las suspensiones de pagos de las empresas.

En lo que se refiere a las política sociales y del mercado de trabajo, sigue habiendo deficiencias importantes, a pesar de los considerables avances realizados en años anteriores. Las reformas del mercado de trabajo llevadas a cabo desde 2012 han hecho que la creación de empleo sea más sensible al crecimiento económico. La mayor flexibilidad y la moderación salarial continuada han contribuido a esta evolución. Sin embargo, los esfuerzos para hacer frente a la elevada segmentación del mercado de trabajo siguen siendo limitados y no han impedido el aumento de la proporción de contratos temporales. Los avances también han sido menos destacados en el ámbito de las políticas sociales, especialmente en lo que se refiere a los regímenes de apoyo a la renta y las políticas familiares, y de la educación.

Gráfico 2.1:Aplicación plurianual general de las REP 2011-2017 a febrero de 2018

(1) La evaluación plurianual examina los avances en la aplicación desde la adopción inicial de una REP hasta febrero de 2018.
(2) La evaluación de las REP relativas a la política fiscal no incluye el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
(3) Las categorías de evaluación en 2011-2012 diferían de las previstas en los años siguientes.

Fuente: Comisión Europea.

Los avances han sido más moderados en la aplicación de las reformas del mercado de productos y en la mejora de la investigación y la innovación, también desde una perspectiva plurianual. En los últimos años, se ha recomendado a España que haga frente a la fragmentación de la normativa en su mercado interior y fortalezca la investigación y la innovación, un requisito previo para el crecimiento sostenible de la productividad. Si bien la Ley de garantía de la unidad de mercado lleva en vigor cuatro años, la adaptación de la legislación sectorial a sus principios ha sido lenta. El compromiso renovado de las comunidades autónomas y la Administración central en enero de 2017 para reforzar la cooperación en lo que se refiere a la garantía de la unidad de mercado no se ha traducido de momento en resultados tangibles. No se han adoptado medidas para reformar la normativa en función del tamaño o liberalizar los servicios profesionales, lo cual había sido objeto de recomendaciones en años anteriores. Tanto el apoyo público como la promoción de la financiación privada para la investigación y la innovación han aumentado escasamente. Solo se han producido algunos avances aislados en la gobernanza de la innovación y en la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito de la investigación y la enseñanza superior, aunque puede que algunas de las medidas adoptadas necesiten más tiempo para producir efectos mensurables.

Cuadro 2.1:Evaluación general de los avances en la aplicación de las REP de 2017

1) Esta evaluación general de la REP 1 no incluye una evaluación del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Fuente: Comisión Europea.

España ha realizado avances limitados( 6 ) en el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de 2017 (véase el cuadro 2.1). En materia de política presupuestaria y gobernanza (REP 1), se ha aprobado una nueva Ley de Contratos del Sector Público que mejora la transparencia y los mecanismos de control. Su eficacia, especialmente a nivel autonómico y local, dependerá sin embargo de su adecuada aplicación. Si bien no se han adoptado iniciativas legislativas para reforzar el marco presupuestario en 2017, el Gobierno ha seguido aplicando las medidas ya previstas en la ley. En 2017 se puso en marcha una revisión del gasto, centrada en las subvenciones en distintos ámbitos de intervención. Así pues, se han logrado algunos avances en la aplicación de la REP 1, abordando también de este modo ciertos aspectos de las recomendaciones del Consejo de 2017 para la zona del euro a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En lo que se refiere a las políticas del mercado de trabajo, sociales y educativas (REP 2), algunas comunidades autónomas han avanzado hacia una mejor coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo. España ha reforzado la inspección de trabajo para luchar de forma más eficaz contra el abuso de la contratación temporal. Se han adoptado las primeras medidas para reducir el número de contratos de interinidad en la administración pública. Sin embargo, las medidas de promoción de la contratación indefinida en el sector privado han demostrado una eficacia limitada por el momento o todavía no han pasado a la fase de aplicación. La introducción de la Tarjeta Social Universal en 2018 hará que la percepción de prestaciones sociales sea más transparente, pero no mejorará necesariamente la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y de las ayudas familiares en todo el país. Se han puesto en marcha o desarrollado algunas medidas para aumentar la adecuación de la enseñanza superior al mercado de trabajo, pero son aún demasiado recientes como para tener un efecto observable en los resultados. Los esfuerzos para mejorar los resultados educativos no han reducido las persistentes disparidades entre comunidades autónomas. En 2017 se adoptaron algunas medidas para reforzar la formación del profesorado y apoyar a los alumnos, especialmente a los que se encuentran en riesgo de abandono escolar prematuro. La labor parlamentaria en lo que respecta al «Pacto Nacional por la Educación» no ha dado lugar a la adopción de decisiones a fecha de febrero de 2018. En general, los avances en la aplicación de la REP 2 han sido limitados, con pocos logros en lo que se refiere a la recomendación para la zona del euro dirigida a promover la justicia y la convergencia sociales.

La financiación de la innovación experimentó un aumento moderado, pero aún no ha dado lugar a un aumento de la inversión en términos de porcentaje del PIB. No obstante, España ha adoptado una serie de medidas para hacer más inclusiva la gobernanza de la investigación y la innovación (REP 3.1). Hubo pocos avances en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado. Aún están por ver las consecuencias de las sentencias del Tribunal Constitucional por las que se declaran nulos algunos de sus artículos (REP 3.2). Todo ello se traduce en avances limitados en la aplicación de la REP 3, lo que también implica pocos logros sustanciales en relación con la recomendación para la zona del euro de dar prioridad a las reformas que incrementen la productividad y mejoren el entorno empresarial y de inversión.

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son esenciales a fin de hacer frente a las principales dificultades para lograr la convergencia y un crecimiento inclusivo en España. Entre otras cosas, contribuyen a la competitividad de las pymes, al refuerzo de las competencias digitales y la formación profesional y a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. También son fundamentales para promover la inversión en las fortalezas relativas de las comunidades autónomas en el marco de la especialización inteligente y para reducir las disparidades existentes entre ellas a medio plazo (véase el recuadro 2.2).

Recuadro 2.2: Resultados tangibles alcanzados mediante el apoyo de la UE a los cambios estructurales en España

España percibe importantes ayudas al amparo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), y podría recibir hasta 39 800 millones EUR hasta el año 2020. Esto representa en torno a un 1 % del PIB anualmente durante el período 2014-2018 y el 17 % de la inversión pública. Hasta el 31 de diciembre de 2017, se había asignado un importe aproximado de 11 700 millones EUR (30 % del total) a proyectos sobre el terreno. Hasta ahora, esto ha permitido que unas 39 300 empresas hayan recibido ayudas, de las cuales más de 15 200 son empresas emergentes. Hasta finales de 2016, se registraron casi 1,6 millones de participaciones en actividades del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), y en alrededor de 900 000 ocasiones (55 %) se trataba de desempleados (incluidos los desempleados de larga duración). En torno a 44 000 participantes habían conseguido una cualificación al término de la actividad, y 43 800 estaban empleados, incluido el empleo por cuenta propia. Del importe total, 1 700 millones EUR se entregarán a través de instrumentos financieros, lo cual supone el doble que en el período 2007-2013.

Los Fondos EIE contribuyen a hacer frente a las dificultades estructurales y aplicar las recomendaciones específicas por país. Las acciones financiadas incluyen, entre otras cosas, el fomento de la capacidad privada en materia de I+D+i; la mejora de la competitividad de las pymes y el fomento de su crecimiento y potencial de internacionalización; la creación de empresas mediante apoyo financiero y no financiero; el refuerzo de las competencias digitales y la mejora de la eficiencia de la administración, mediante el desarrollo de la administración electrónica; la mejora de la eficacia del sistema judicial; el apoyo a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en particular a través de la mejora de los servicios de guardería; y el refuerzo de los vínculos entre la formación profesional y el mercado de trabajo. Los fondos también están contribuyendo a responder mejor a las necesidades de activación de los demandantes de empleo y favorecen la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad y con ello la contratación indefinida. Los fondos también se utilizan para apoyar la lucha contra el abandono escolar prematuro y la mejora de las competencias de la población de más edad, así como para reforzar los vínculos entre la formación profesional y las oportunidades de formación permanente, en consonancia con las prioridades de la Agenda de Capacidades.

España ya ha emprendido diversas reformas para cumplir las condiciones previas para las ayudas de los Fondos EIE. Se han elaborado estrategias de especialización inteligente en materia de investigación e innovación para concentrar las inversiones en los puntos fuertes de las comunidades autónomas e impulsar la especialización en productos con gran potencial de mercado. También han mejorado la cooperación entre las empresas y las instituciones públicas de investigación y han promovido el uso de las evaluaciones de las ayudas en materia de I+D. Los planes de transporte nacionales y autonómicos han permitido la preparación oportuna de los proyectos, llevados a cabo no solo con la ayuda de los Fondos EIE, sino también del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de financiación nacional. La reforma de la contratación pública aumentará la eficiencia del gasto público. Tras un comienzo lento, se han logrado avances importantes en la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en 2017. España es el primer destinatario de esta Iniciativa, y recibirá 418 millones EUR durante el período 2017-2020, además de los 943 millones EUR asignados para el período 2014-2015 a fin de seguir invirtiendo en los jóvenes y garantizar su integración sostenible en el mercado de trabajo.

España está avanzando en el aprovechamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Hasta diciembre de 2017, el volumen global de operaciones de financiación aprobadas en el marco del FEIE ascendía a 5 000 millones EUR, lo que se espera que dé lugar a inversiones privadas y públicas por un importe total de 30 800 millones EUR. Hasta el momento, se han aprobado 54 proyectos en los que participa España dentro del capítulo de infraestructura e innovación (incluidos 14 proyectos multinacionales), lo que supone 4 800 millones EUR de financiación del BEI en el marco del FEIE. Se espera que ello genere una inversión total de alrededor de 22 900 millones EUR. Hasta el momento, se han aprobado 16 acuerdos con intermediarios financieros a través del capítulo correspondiente a las pymes. Esto supone 779 millones EUR financiados por el Fondo Europeo de Inversiones y posibilitados por el FEIE, que se espera que movilice aproximadamente 8 900 millones EUR de inversión total. Alrededor de 96 500 pequeñas empresas o empresas emergentes se van a beneficiar de esta ayuda.

La financiación en el marco de Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa» y otros fondos directamente gestionados por la UE se suma a los Fondos EIE. A finales de 2017, España había firmado acuerdos por valor de 976 millones EUR para proyectos en el marco del Mecanismo «Conectar Europa». Entre 2016 y 2014, España ha sido el cuarto beneficiario de Horizonte 2020, con una cuota del 8,8 % de la contribución total de la UE a dicho programa.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/ES

3. Síntesis de los principales resultados del examen exhaustivo realizado en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico

3.1.Introducción

En el presente informe se expone el examen exhaustivo de la economía española. En la primavera de 2017, se determinó que España sufría desequilibrios macroeconómicos, en particular relativos a los altos niveles de deuda interna y exterior, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo. El informe sobre el mecanismo de alerta de 2018 (Comisión Europea, 2017i) concluye que debe llevarse a cabo un nuevo examen exhaustivo para España con el fin de evaluar los avances relativos a los desequilibrios detectados. Los análisis correspondientes para el examen exhaustivo figuran en las siguientes secciones: Hacienda pública (sección 4.1.1); Endeudamiento del sector financiero y del sector privado (secciones 4.2.1 y 4.2.3); Mercado de trabajo (sección 4.3.1); e Inversión (sección 4.4). Los posibles efectos indirectos sobre el resto de la zona del euro se estudian en el recuadro 3.4.1.

3.2.Desequilibrios y gravedad de los mismos

La posición de inversión internacional neta (PIIN) de España sigue siendo muy negativa. El gran volumen de pasivos exteriores netos (–83,2 % del PIB en el tercer trimestre de 2017) deja al país expuesto a perturbaciones adversas o a posibles deterioros de la confianza del mercado. Algunos cambios favorables en su composición mitigan en cierta medida las vulnerabilidades que suponen.

A pesar de una reducción significativa, el endeudamiento del sector privado aún se sitúa muy por encima de los niveles prudenciales y basados en fundamentos. La deuda del sector privado, en términos no consolidados, ascendió a un 159,9 % del PIB en el tercer trimestre de 2017 (del volumen total, el 61,8 % del PIB correspondía a endeudamiento de los hogares y el 98,1 % del PIB a deuda de las sociedades no financieras). Un alto nivel de deuda aumenta la vulnerabilidad a las perturbaciones de los tipos de interés, y su correspondiente carga financiera limita la demanda interna. La posición financiera de los hogares españoles se ha reforzado gracias a la mejoría experimentada en el mercado de trabajo y a la disminución de los impuestos sobre la renta. Por otra parte, la carga financiera de la deuda de los hogares ha disminuido gracias a los bajos tipos de interés. Con un crecimiento sostenido del PIB, es probable que continúe la reducción de la deuda de los hogares, pero los parámetros prudenciales y basados en fundamentos muestran que la deuda de los hogares se mantiene a un nivel elevado y que subsisten las necesidades de desapalancamiento (véase la sección 4.2.3). En lo que respecta a las empresas, el proceso de reducción de deuda ha tenido lugar de forma simultánea al aumento de los flujos de crédito hacia las empresas más productivas y menos endeudadas, en apoyo de la inversión (Banco de España, 2017d). A pesar de su disminución significativa, la deuda pendiente de las sociedades no financieras permanece por encima de lo que justificarían los parámetros prudenciales y basados en fundamentos (véase la sección 4.2.3).

Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga disminuyendo ligeramente en 2017, aunque se mantendrá en un nivel muy elevado. Las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión prevén una disminución de 0,6 puntos porcentuales en 2017, hasta el 98,4 % del PIB. Pese a esta tendencia a la baja, el elevado nivel de deuda pública sigue siendo un factor de vulnerabilidad frente a posibles cambios en la confianza del mercado y el entorno de tipos de interés reducidos.

El desempleo, aunque sigue siendo muy elevado, ha continuado disminuyendo rápidamente. El desempleo se estima en un 17,2 % para el conjunto de 2017 y se prevé que baje al 15,6 % en 2018. Esto supone un descenso de más de 10 puntos porcentuales desde los máximos alcanzados en 2013. El desempleo de larga duración y, sobre todo, el desempleo juvenil han experimentado una fuerte caída similar durante el período, aunque más de un tercio de la población activa menor de 25 años todavía no tenía trabajo en el cuarto trimestre de 2017. El 34 % del incremento del empleo entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017 adoptó la forma de contratos temporales. Sin embargo, este aumento es menor que el incremento de la proporción de contratos indefinidos.

El tamaño relativamente grande de la economía española y su integración económica con el resto de la UE hacen que pueda constituir una fuente importante de efectos indirectos para otros Estados miembros, especialmente aquellos con los que España tiene relaciones comerciales, financieras o bancarias importantes. El recuadro 3.4.1 ilustra cómo las medidas de reforma estructural adoptadas en España pueden producir un efecto positivo a nivel tanto nacional como internacional. Las simulaciones que en él se presentan siguen el espíritu de las recomendaciones del Consejo de 2017 para la zona del euro, en particular por lo que respecta al aumento de la productividad y del potencial de crecimiento y a la mejora del entorno institucional y empresarial.

3.3.Evolución, perspectivas y medidas adoptadas

El persistente superávit por cuenta corriente se debe cada vez más a factores estructurales. A pesar del papel clave de la demanda interna como factor impulsor de la recuperación económica, España ha venido registrando un superávit por cuenta corriente desde 2013. Además, entre 2013 y 2017, la capacidad de financiación neta de España ha permanecido relativamente estable en torno al 2 % del PIB, a pesar de la reducción de la brecha de producción. Inicialmente, los factores coyunturales y transitorios (como los bajos precios del petróleo o los tipos de interés reducidos) impulsaron la mejora de la balanza por cuenta corriente, pero, más recientemente, los factores estructurales están desempeñando un importante papel en el mantenimiento de la mejora de la posición exterior. En consecuencia, en términos ajustados en función del ciclo, la balanza por cuenta corriente ha seguido mejorando (véase el gráfico 3.1), rebasando el nivel que sugieren las normas de la balanza por cuenta corriente, es decir, el que explicarían los factores fundamentales (cerca de un 0,4 % del PIB en 2017) ( 7 ). Los incrementos de la cuota de mercado de exportación y los signos de sustitución de las importaciones (por producción nacional) confirman la impresión de que ha tenido lugar un cambio estructural en la economía española (véase el cuadro 4.4.1).

Los superávits de la balanza por cuenta corriente están dando lugar a una lenta reducción de la posición de inversión internacional deudora neta española. Junto con el elevado crecimiento del PIB nominal, los superávits están impulsando una reducción lenta pero constante de la PIIN negativa de España (véase el gráfico 3.2) ( 8 ). Los efectos de valoración negativos han impedido una mayor mejora en 2013 y 2014, así como en 2017 con la apreciación del euro. Los superávits de la balanza por cuenta corriente continuados y el elevado crecimiento del PIB nominal previstos hasta 2019 deberían de facilitar una mayor mejora de la PIIN.

Gráfico 3.1:Balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta

(a) Balanza por cuenta corriente necesaria para estabilizar la PIIN en el nivel de referencia prudencial en 2015 (izquierda): 0,2 % del PIB.
(b) Posición de inversión internacional neta de referencia explicada por factores estructurales: -36 % del PIB.
(c) Posición de inversión internacional neta de referencia prudencial -61 % del PIB.

Fuente: Eurostat.

La modificación de la composición de los pasivos exteriores de España en términos de tipo de activo contribuye a mitigar los factores de vulnerabilidad. Desde 2013, la proporción de instrumentos de capital en el total de pasivos exteriores ha ido aumentando, aunque partía de un nivel muy bajo. El capital no conlleva los mismos riesgos que la deuda para la sostenibilidad exterior, ya que su remuneración, es decir, el pago de dividendos, puede ajustarse durante las fases de recesión económica. El cambio en la composición de la deuda exterior, al ganar importancia los pasivos del sector público y del banco central, que generalmente tienen un menor riesgo de refinanciación y liquidez, también atenúa en cierta medida la vulnerabilidad exterior de la economía española (véase el gráfico 3.3). Además, la mayor parte de la deuda exterior tiene vencimientos a un año o más (aproximadamente el 74 % de la deuda exterior de las administraciones públicas y del sector privado, excluidos los préstamos entre empresas).

España tendría que mantener superávits de la balanza por cuenta corriente durante un período prolongado de tiempo para mejorar de forma determinante sus todavía grandes pasivos exteriores. Aunque los superávits de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013 han impulsado a la PIIN hacia una senda descendente, el importe de los pasivos exteriores netos de España está aún muy lejos de alcanzar un nivel que pudiera considerarse prudencial o en consonancia con los indicadores fundamentales. Esta brecha justifica la realización de nuevos ajustes de forma sostenida en el tiempo (véase el gráfico 3.2) ( 9 ). Incluso con arreglo a un escenario de crecimiento relativamente favorable, sería necesario mantener superávits de la balanza por cuenta corriente durante un período prolongado de tiempo para reducir de forma determinante la elevada PIIN (véase el cuadro 3.1). En consecuencia, es esencial que España prosiga su saneamiento presupuestario y preserve las mejoras de competitividad logradas en los últimos años. Mientras que dichas mejoras obedecieron principalmente a la moderación salarial, las mejoras basadas en el aumento de la productividad y la competitividad no relacionada con los costes siguen presentando dificultades, en general.

Gráfico 3.2:Análisis de la tasa de variación de la PIIN: España

Fuente: Eurostat.

El proceso de desapalancamiento del sector privado está cada vez más impulsado por el crecimiento del PIB, mientras continúa creciendo la concesión de nuevos créditos. La deuda del sector privado se ha reducido en alrededor de 58 puntos porcentuales del PIB desde su máximo alcanzado en 2010. La mayor parte de esta reducción se ha debido a una disminución de la deuda empresarial (aproximadamente 35 puntos porcentuales del PIB), aunque los progresos en la reducción de la deuda de los hogares también han sido notables (23 puntos porcentuales del PIB). Aun así, subsiste la necesidad de desapalancamiento tanto para los hogares como para las empresas, dado que la deuda de ambos sectores institucionales sigue estando por encima de sus niveles prudenciales y basados en fundamentos (véase la sección 4.2.3). Gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal, se espera que la ratio de deuda del sector privado respecto del PIB siga disminuyendo, aunque se reanude la concesión de préstamos bancarios. En efecto, si bien el volumen de créditos al sector privado pendientes sigue reduciéndose, la concesión de nuevos préstamos bancarios a los hogares y a las empresas más productivas o menos endeudadas sigue aumentando, sustentando el fuerte crecimiento económico de España (Banco de España, 2017d).

Gráfico 3.3:Pasivos exteriores por sector-tipo de activos financieros: variación 2013-2017

Fuente: Eurostat, cálculos propios.

En 2017, la calidad de los activos bancarios ha continuado mejorando. El volumen de préstamos dudosos siguió disminuyendo, hasta el 8,1 % en noviembre de 2017, y actualmente se aproxima a la media de la zona del euro. En términos agregados, el sistema bancario cumple holgadamente los requisitos reglamentarios de capital. La resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017 ha reforzado el sector bancario español en su conjunto, sin pérdidas para los contribuyentes y los depositantes.

Tras el fuerte ajuste económico que propiciaron en gran medida las crisis del sector financiero, el mercado de la vivienda y el sector de la construcción han consolidado su recuperación. Los precios de la vivienda han subido durante casi cuatro años consecutivos. Sin embargo, sigue habiendo un gran stock de viviendas sin vender, en particular en algunas comunidades autónomas, y la recuperación no muestra dinámicas de precios potencialmente nocivas (Philiponnet y Turrini, 2017). La evolución del mercado inmobiliario sigue siendo crucial para la rentabilidad de los bancos.

Las reformas en materia de insolvencia de los últimos años han facilitado la reducción de la deuda privada. La utilización de procedimientos preconcursales ha aumentado en cerca del 50 % y los acuerdos extrajudiciales se han hecho habituales para las personas físicas. El número total de procedimientos de insolvencia ha empezado a aumentar en los dos primeros trimestres de 2017, en un 3,9 % y un 4,3 % intertrimestral, respectivamente. En el contexto actual de fuerte crecimiento económico y de mejora del acceso a la financiación, estas cifras indican que los procedimientos de insolvencia propician ahora en mayor medida el desapalancamiento (véase la sección 4.2.2).

Se espera que la reducción de la deuda del sector público cobre impulso. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal y de los ajustes de flujos-fondos de efecto reductor de la deuda en 2015 y 2016, la disminución de la ratio de deuda ha sido moderada, y ascendió al 1,4 % del PIB entre 2014 y 2016. Ello se debe al déficit todavía elevado, pero decreciente, de las administraciones públicas. Desde 2014, el ritmo de reducción del déficit ha dependido en gran medida de las favorables perspectivas macroeconómicas y la mejora de las condiciones financieras. Dado que se prevé que el déficit continúe disminuyendo en 2017 y 2018 (al 3,1 % y 2,4 % del PIB, respectivamente) gracias a la continuación de la recuperación económica y a cierta moderación del gasto, se prevé que la ratio de deuda siga disminuyendo hasta situarse justo por debajo del 97 % del PIB en 2018. Aunque no parece que haya un riesgo inmediato de tensiones presupuestarias, los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria siguen siendo importantes a medio plazo (véase la sección 4.1.1).

El mercado de trabajo ha seguido mejorando, pero el desempleo y la segmentación siguen siendo elevados. A lo largo de 2017 ha proseguido la fuerte creación de empleo, que se espera que sufra una desaceleración, pero que se mantenga sólida hasta 2019. La creación de empleo se ha visto respaldada por la moderación salarial y las reformas del mercado de trabajo realizadas entre 2010 y 2012. Sin embargo, dicha creación de empleo todavía se produce en gran medida a través de contratos temporales, cuya proporción respecto del empleo total es notablemente más elevada que la media de la UE y ha aumentado aún más a lo largo de 2017 (hasta el 26,8 % en el cuarto trimestre de 2017). Esto puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento de la productividad y la cohesión social. España está adoptando medidas encaminadas a respaldar el apoyo individualizado a los desempleados de larga duración, pero su efecto depende de la capacidad de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Esta ha seguido siendo limitada, pese al aumento de recursos y a la mejora de la coordinación con los servicios sociales en algunas comunidades autónomas (véase la sección 4.3.1). Además, es fundamental abordar las carencias en materia de educación y cualificaciones para reducir el desempleo estructural y fomentar la reasignación de recursos humanos hacia actividades más productivas

Cuadro 3.1:Análisis de sensibilidad (balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta)

(1) El cuadro anterior muestra el promedio de la balanza por cuenta corriente necesario para alcanzar una determinada PIIN en 2025, sobre la base de las distintas hipótesis establecidas de crecimiento del PIB nominal, suponiendo que los efectos de valoración no afectan, en promedio, a la PIIN y que la balanza de capital se mantiene estable en su nivel mediano en el período 2016-2018 (0,3 % del PIB). Véase también Comisión Europea (2015) «Refining the methodology for NIIP-based current account benchmarks», LIME Working Group, 17 de junio de 2015.

Fuente: cálculos de la Comisión Europea.

3.4.Evaluación general

Se ha seguido avanzando en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos de España, pero los altos niveles de deuda exterior, pública y privada implican que sigue habiendo vulnerabilidades importantes. Ha continuado reduciéndose la deuda del sector privado, y el menor ritmo de reducción de la deuda en 2017 se debe a los flujos de crédito, que se han vuelto positivos. La deuda del sector público se ha reducido ligeramente, un proceso que se espera que se acelere moderadamente, ya que se espera que los déficits de las administraciones públicas sigan disminuyendo. La mejora de la balanza exterior se fundamenta cada vez más en factores estructurales que respaldan el crecimiento de las exportaciones y limitan el de las importaciones. No obstante, a fin de reducir de forma determinante su nivel de pasivos exteriores, España tendrá que registrar superávits de la balanza por cuenta corriente durante un período de tiempo prolongado. Si bien el desempleo ha venido disminuyendo rápidamente, sigue siendo muy elevado, con una gran proporción de desempleo de larga duración, y el porcentaje de empleo temporal sigue siendo elevado.

Cuadro 3.2:Matriz del PDM

(continúa en la página siguiente)

Cuadro (continuación)

Fuente: Comisión Europea.

Recuadro 3.4.1: Efectos indirectos sobre la zona del euro

Dado el tamaño relativamente grande de su economía, las reformas estructurales en España podrían tener efectos indirectos en otros países de la zona del euro. Desde 2011 se han formulado recomendaciones específicas por país dirigidas a España a fin de mejorar el entorno empresarial mediante la realización de reformas del mercado de productos. El presente recuadro describe los posibles efectos indirectos derivados de la aplicación íntegra de la Ley de garantía de la unidad de mercado, concebida para reducir las disparidades de regulación entre las distintas comunidades autónomas españolas, y de la liberalización de los servicios profesionales. Se espera que estas dos reformas del lado de la oferta den lugar a una reasignación más eficiente de los recursos y favorezcan las mejoras de competitividad en España. Utilizando el modelo QUEST de la Comisión( II ), se simula el efecto de las reformas realizadas en España sobre el PIB real del país y de otros países de la zona del euro (véase el gráfico 3.4.1). Se parte de la hipótesis de que los tipos de la política monetaria en la zona del euro permanecerán sin cambios durante los dos primeros años.

Partiendo del escenario de aplicación íntegra de la Ley de garantía de la unidad de mercado ( III ), disminuye la carga administrativa para las empresas españolas, lo que las haría más competitivas, tanto en el mercado nacional como en los mercados exteriores. Como consecuencia de ello, el PIB real español después de 5 años es alrededor de un 2 % mayor que en el escenario de base. El efecto sobre el PIB real de otros países de la zona del euro es menor, pero persiste durante el período de simulación. El efecto es mayor en los países con fuertes vínculos económicos con España, como Francia.

La liberalización de los servicios profesionales también tiene un efecto positivo, si bien más reducido, sobre el PIB real español. Este escenario parte de la hipótesis de que, en España, el indicador de regulación del mercado de productos en lo que respecta a los servicios profesionales se aproxima a los valores de los países con mejores resultados de la UE ( IV ). Esta reforma, al mejorar la competitividad en los mercados de productos, da lugar a un incremento lento y ligero del PIB real español, de aproximadamente un 0,24 % después de 10 años. El efecto sobre el PIB real de otros países de la zona del euro es limitado, pero positivo.

Además, las dos reformas pueden tener una repercusión positiva en la confianza de los agentes económicos, que se capta añadiendo un shock de confianza de signo positivo al modelo. Los efectos positivos en la confianza, al producir un fortalecimiento de la demanda del sector privado, pueden amplificar los efectos indirectos positivos para otras economías de la zona del euro. El shock de confianza se simula en forma de reducción del diferencial de la deuda soberana entre España y Alemania (que en la actualidad se sitúa en torno a los 100 puntos básicos) a cero, de cuyo importe el 50 % se transmite a los tipos de préstamo a las empresas (hipótesis basada en Zoli, 2013). Esta mejora de las condiciones financieras impulsa la inversión española e incrementa el PIB real en aproximadamente un 0,6 % al cabo de 10 años. El efecto indirecto sobre el PIB real de otros países de la zona euro es mayor, pero sigue siendo limitado.

4. Prioridades de reforma

4.1. Hacienda pública y fiscalidad

4.1.1.Deuda de las administraciones públicas *

La ratio de deuda de las administraciones públicas españolas sigue siendo elevada Tras dispararse en los años que siguieron a la crisis financiera, la ratio de deuda de las administraciones públicas alcanzó un máximo en un valor ligeramente superior al 100 % del PIB en 2014, aproximadamente 65 puntos porcentuales por encima de su nivel mínimo de 2007. Las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión prevén que la ratio de deuda disminuirá del 98,4 % del PIB en 2017 al 95,5 % del PIB en 2019, ya que el crecimiento del PIB nominal relativamente fuerte compensará cada vez en mayor medida los déficits cada vez menores. Dado que la ratio de deuda privada ha disminuido más rápido que la ratio de deuda pública, los niveles de deuda de las Administraciones Públicas representan actualmente una proporción mucho mayor del endeudamiento total de la economía, en torno al 37 % en 2016, frente al 20 % aproximadamente en 2010, año en el que alcanzó su máximo el nivel de deuda privada (véase el gráfico 4.2.3).

No parece que España se enfrente a riesgos inmediatos de «tensiones presupuestarias». ( 10 ) Esto se debe a la mejora de la situación macroeconómica, mientras que las dificultades presupuestarias a corto plazo no son suficientemente graves como para generar tensiones presupuestarias a corto plazo a nivel agregado. En particular, España sigue siendo teniendo una posición de inversión internacional neta negativa importante y una baja tasa de ahorro de los hogares. No obstante, los riesgos se ven mitigados por el fuerte crecimiento del PIB real, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente y la recuperación de la competitividad de costes, así como la baja proporción de deuda a corto plazo de las sociedades no financieras y de los hogares y la debilidad de los flujos de crédito al sector privado. Los riesgos a corto plazo derivados de la vertiente presupuestaria son mayores y están principalmente relacionados con la elevada ratio de deuda de las administraciones públicas y las necesidades brutas de financiación relativamente elevadas. Estos elementos se ven atenuados por la mejora del saldo presupuestario global, una proporción relativamente baja de deuda a corto plazo (en porcentaje del PIB), una diferencia reducida entre el tipo de interés y la tasa de crecimiento y el crecimiento moderado del gasto público.

España afronta altos riesgos en lo que se refiere a la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El análisis de la sostenibilidad de la deuda muestra que, en condiciones económicas normales y suponiendo un saldo primario estructural constante tras el último año de previsiones de la Comisión (2019), se prevé que la deuda de las administraciones públicas españolas se mantenga en torno al 95 % del PIB en 2028 (último año de previsión). Esta previsión se debe principalmente a la mejora gradual del saldo primario durante el período considerado, que compensa el cada vez mayor diferencial entre tipo de interés y tasa de crecimiento, sobre todo en la última parte del período. El análisis también pone de manifiesto que el nivel de la ratio de deuda es muy sensible a las perturbaciones (véase el recuadro 4.1.1). Por otro lado, el saldo primario estructural de la economía española debería mejorar, en términos acumulados, hasta un 5,3 % del PIB durante un período de cinco años (de 2019 a 2024) respecto del escenario de referencia basado en el mantenimiento de la política fiscal, con el fin de alcanzar el valor referencia del 60 % para la ratio deuda/PIB de aquí a 2032. En la evaluación de la Comisión de la sostenibilidad de la deuda, dicho incremento está bastante por encima del umbral que señala que un país se enfrenta a riesgos elevados a medio plazo.

A más largo plazo, los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria debido a la desfavorable posición presupuestaria inicial se ven atenuados por los ahorros logrados en los gastos derivados del envejecimiento de la población. Los ahorros en los gastos no sanitarios relacionados con el envejecimiento de la población (pensiones y prestaciones de desempleo) representan aproximadamente el 2,4 % del PIB, debido a las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y a otros factores. Por el contrario, el gasto público en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración añade un 1,5 % del PIB a la brecha de la sostenibilidad presupuestaria. Esta previsión se basa en la tendencia actual de los gastos y en la evolución demográfica prevista.

El persistente déficit del sistema de seguridad social y la continuación de la aplicación de la tasa de revalorización de las pensiones mínimas están recibiendo atención política. Si bien las dos reformas sucesivas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 contribuirán a contener el gasto en pensiones a largo plazo, también es probable que den lugar a pensiones menos generosas. La comisión parlamentaria dedicada a las cuestiones de pensiones celebró reuniones en 2017 para discutir posibles nuevas reformas. Hasta la fecha, estas no han dado lugar a un consenso. Para consultar un resumen de la situación actual y de los desafíos pendientes, véase el recuadro 4.1.2.

Recuadro 4.1.1: Previsiones sobre la deuda de las administraciones públicas a medio plazo

La trayectoria de la deuda pública se ha simulado con arreglo a diferentes escenarios. En el escenario de base, se prevé que la deuda de las administraciones públicas disminuya ligeramente a lo largo del período de previsión hasta alcanzar aproximadamente el 95,1 % del PIB en 2028 (el final del horizonte de previsión). Este escenario de referencia se ha obtenido a partir de las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión, en consonancia con las previsiones de tipo de interés implícito y la proporción de deuda pública a corto plazo y a largo plazo. En él se formulan diversas hipótesis técnicas. En primer lugar, en el período posterior al período de previsión, al saldo primario estructural se le atribuye un valor constante igual al previsto para 2019. El componente cíclico del saldo primario se calcula utilizando la sensibilidad del saldo presupuestario (específica de cada país) durante el período que va hasta el momento en que se estima que se cerrará la brecha de producción (2022). En segundo lugar, se supone que el tipo de interés a largo plazo sobre la deuda nueva y refinanciada es de un 3 % en términos reales al final del período de previsión, mientras que el tipo de interés real a corto plazo alcanza un valor al final del período de previsión que es coherente con el tipo de interés real a largo plazo del 3 % y el valor de la curva de rendimiento de la zona del euro. En tercer lugar, se parte de que el deflactor del PIB cambiará linealmente hasta llegar al 2 % en 2022, y que se mantendrá constante a partir de entonces. En cuarto lugar, se considera que el ajuste de flujos-fondos es igual a cero a partir de 2019. Por último, las previsiones de crecimiento del PIB real a medio plazo se basan en la metodología T+10 acordada con el Comité de Política Económica, por lo que se parte de que dicho crecimiento del PIB real a medio plazo se situará de media en un 1,5 % en el período 2017-2022, y que se ralentizará hasta situarse en torno a un valor del 1,2 % de media en el período 2023-2028.

Si se partiese de hipótesis más favorables en lo que respecta al crecimiento real, la ratio de deuda seguiría una senda de valores más bajos hasta alcanzar el 90,0 % del PIB en 2028. Por el contrario, si se parte de hipótesis menos favorables en lo que respecta al crecimiento real del PIB, la ratio de deuda se incrementaría hasta el 100,5 % del PIB o 101,4 % del PIB en 2028, respectivamente.

Recuadro 4.1.2: El sistema de pensiones español: reformas y retos

El elevado y continuado déficit del saldo de la Seguridad Social y la erosión gradual del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, constituido con los superávits del sistema de seguridad social durante los años de bonanza, han abierto un debate sobre la necesidad de una nueva reforma del sistema de pensiones en España, tras las dos reformas sustanciales de 2011 y 2013. Desde octubre de 2016, la comisión parlamentaria que se ocupa de la reforma de las pensiones ha celebrado diversos debates sobre un nuevo conjunto de recomendaciones (el llamado proceso del «Pacto de Toledo»), pero no ha logrado conclusiones.

El sistema de Seguridad Social español ha pasado de una situación de cómodos superávits en los años anteriores a la crisis financiera a otra de déficits cada vez mayores, que se han situado en el 1,6 % del PIB en 2016. Esto se debe al estancamiento del PIB nominal y a que los gastos en pensiones contributivas, en particular, continúan aumentando debido a factores demográficos y al incremento de la pensión media. Ante el deterioro de los indicadores fundamentales, España llevó a cabo dos importantes reformas (adoptadas en 2011 y 2013, respectivamente) con el fin de mejorar la sostenibilidad presupuestaria del sistema de pensiones. La reforma de 2011 tenía como objetivos restringir el acceso a las pensiones mediante el incremento gradual de la edad de jubilación legal y reducir la cuantía de las pensiones. La reforma de 2013 introdujo un mecanismo que adapta el nivel inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida en el momento de la jubilación (el «factor de sostenibilidad») y un mecanismo llamado índice de revalorización de las pensiones (IRP), cuyo objetivo es ajustar el gasto del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Esto se logra, dentro de ciertos límites, fijando la revalorización anual de las pensiones en un nivel que permita adaptar gradualmente el gasto a los ingresos. Por lo tanto, si el sistema presenta un déficit, el IRP actúa reduciendo gradualmente la cuantía de las pensiones. Como consecuencia de ello, la sostenibilidad del sistema de pensiones en su forma actual está prácticamente garantizada por el propio diseño del sistema, siempre que sus diversos mecanismos puedan funcionar según lo previsto.

A pesar de que se ha aplicado la revalorización mínima del 0,25 % durante los últimos cuatro años, la inflación contenida ha hecho hasta ahora que el valor real de las pensiones no haya sufrido menoscabo. No obstante, al haber repuntado la inflación en 2017, puede que eso ya no sea así, y que si se sigue aplicando la revalorización mínima, se produzca una reducción gradual del valor real de las pensiones.

Sobre la base de una serie de hipótesis demográficas y económicas, y teniendo en cuenta la repercusión de las dos reformas, el Informe sobre el envejecimiento demográfico de 2015 de la Comisión Europea prevé que el gasto público en pensiones sea inferior en un 0,8 % del PIB en 2060 respecto a su nivel de 2013. Se espera que el porcentaje aumente en primer lugar del 11,8 % del PIB en 2013 al 12,5 % del PIB en 2045, al causar la jubilación de la generación del «baby boom» un aumento de la ratio de dependencia, y que se reduzca posteriormente hasta llegar al 11 % del PIB en 2060, al atenuarse el efecto del «baby boom». En este escenario de base, la ratio de prestaciones (es decir, la media de las pensiones públicas en relación con los salarios medios) disminuye en torno a 20 puntos porcentuales, hasta alrededor del 40 % en 2060, lo que genera ahorros equivalentes al 4,4 % del PIB. Otro 0,6 % del PIB se ahorra gracias a cambios en la ratio de cobertura, es decir, quién puede optar a una pensión. De forma análoga, también se espera que la tasa de sustitución (es decir, la media de la primera pensión pública como porcentaje del salario medio en el momento de la jubilación) disminuya en más de 30 puntos porcentuales hasta situarse ligeramente por debajo del 50 %. Estas reducciones se encuentran entre las mayores de la UE, y pueden tener un fuerte efecto negativo en las condiciones de vida de la población de edad avanzada en España, si bien España aún tendría la ratio de prestaciones y la tasa de sustitución en torno al nivel medio de la UE en 2060 V . Las previsiones más recientes para España confirman que, debido a una importante caída en la ratio de prestaciones, el gasto en pensiones se mantendrá contenido con respecto a la zona del euro y la UE (DG Asuntos Económicos y Financieros, 2018).

La adecuación de las futuras pensiones también dependerá fundamentalmente de la capacidad para hacer frente a los actuales retos del mercado de trabajo, tales como el uso generalizado de contratos temporales (y especialmente aquellos de menos de 3 meses de duración), la incidencia del empleo a tiempo parcial (en particular, el trabajo a tiempo parcial involuntario), la incidencia de las carreras profesionales de corta duración, sobre todo entre las mujeres ( VI ), y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y adaptar el lugar de trabajo a fin de permitir la prolongación de la vida laboral.

4.1.2.Fiscalidad

España presenta una ratio impuestos/PIB relativamente baja y la fiscalidad del trabajo es menor que en otros países de la UE. En 2016, la presión fiscal española representó el 33,3 % del PIB, frente a una media de aproximadamente el 38,9 % para la UE y el 40,1 % para la zona del euro. España obtiene aproximadamente la misma proporción de ingresos de los impuestos indirectos, de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales. Tras una caída pronunciada durante la crisis (del 12,4 % del PIB en 2006 al 8,7 % en 2009), la proporción de los impuestos indirectos se ha recuperado en gran medida (11,8 % del PIB en 2016) como consecuencia del aumento de los tipos del IVA, la mejora del cumplimiento de las obligaciones de pago de IVA y la recuperación económica. Los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales han experimentado cambios más limitados, mientras que los impuestos sobre la renta de sociedades han oscilado significativamente con el ciclo y seguían estando muy por debajo de su nivel anterior a la crisis, en porcentaje del PIB. En 2015 y 2016, tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas como el impuesto sobre la renta de sociedades se vieron afectados por recortes tributarios aprobados por vía legislativa. Una parte de la reducción del impuesto sobre la renta de sociedades se revirtió en 2017, ya que la base imponible del impuesto sobre sociedades se amplió mediante la reducción de la deducibilidad de algunos elementos. En 2015, el tipo impositivo implícito sobre el trabajo fue del 31,3 %, inferior a la media de la UE del 35,9 %, y en 2016 la cuña fiscal ( 11 ) para un asalariado medio con un único salario era del 39,5 %, frente a una media del 40,6 % en la UE. Las cotizaciones sociales empresariales suponen una parte relativamente importante de la carga fiscal, especialmente en los niveles de salarios bajos, lo que se traduce en un sistema menos progresivo.

A pesar de que el tipo normal del IVA está en consonancia con la media de la UE (21 % frente al 21,6 % de media de la UE), España tiene una brecha relativamente grande en cuanto a la política en materia de IVA. La «insuficiencia de la política en materia de IVA» (la brecha resultante después de excluir aquellos conceptos cuya sujeción a IVA sería inviable o quedaría fuera del control de las autoridades nacionales) se situó en el 27 % en 2015, de lo cual algo más de la mitad se debía a la aplicación de los tipos reducido y superreducido. Las simulaciones realizadas por la Comisión Europea partiendo del modelo EUROMOD (véase el recuadro 4.1.2 del informe por país de 2017) muestran que la reducción de la incidencia de estos tipos reducidos aumentaría los ingresos entre un 0,2 % y un 1,4 % del PIB, en función del ámbito de aplicación y del alcance de la reducción. Los efectos negativos sobre la distribución de la renta pueden reducirse o evitarse dando prioridad a artículos para los cuales el tipo reducido tiene un efecto regresivo, o pueden compensarse por otros medios, por ejemplo mediante transferencias sociales.

En algunos casos, los tipos reducidos del IVA tienden a tener un efecto regresivo. Todas las reducciones de los tipos de IVA son potencialmente beneficiosas para todos los consumidores, independientemente de su nivel de renta. Así pues, no son un instrumento eficaz a efectos de redistribución de la renta. Si bien, por término medio, los tipos reducidos en España tienen cierto efecto progresivo, lo que se debe, casi por completo, a los productos alimenticios, para muchos productos tienen un fuerte efecto regresivo. Por ejemplo, este es el caso del tipo reducido aplicable a los restaurantes y hoteles.

La brecha de cumplimiento de las obligaciones de pago de IVA siguió disminuyendo. La brecha, que se calcula como la diferencia entre el IVA teóricamente devengado y los ingresos efectivamente percibidos, en porcentaje de aquel, ascendió al 3,5 % en 2015 (frente al máximo del 13 % alcanzado en 2011), lo cual está significativamente por debajo de la media de la UE del 13 %. En julio de 2017, España estableció un nuevo sistema de información (SII) que exige a las medianas y grandes empresas que informen a la administración tributaria de sus operaciones comerciales en un plazo mucho más breve.

Los impuestos medioambientales aún se encuentran por debajo de la media de la UE, a pesar de los aumentos de los últimos años. En España, los impuestos medioambientales ascendieron a aproximadamente el 1,9 % del PIB en 2016, frente a una media de la UE de aproximadamente el 2,4 % del PIB. En particular, los impuestos sobre la energía (incluidos los impuestos sobre los combustibles destinados al transporte) han generado escasos ingresos, lo que refleja el reducido nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el gasóleo. Este es el caso, en particular, del gasóleo, al que España le aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que tiene un mayor contenido de carbono y de energía que la gasolina sin plomo. Por último, los impuestos sobre el transporte, como, por ejemplo, los impuestos sobre los vehículos, solo generan la mitad de ingresos en España que la media de la UE (0,2 % frente al 0,5 % del PIB).

España aplica un nivel relativamente bajo de impuestos recurrentes en el ámbito de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria. Aunque los ingresos derivados de la imposición de la propiedad inmobiliaria en España están ligeramente por encima de la media de la UE (2,8 % frente al 2,6 % del PIB en 2015), el componente recurrente es inferior a la media de la UE (1,3 % del PIB frente a un 1,6 % en 2015), mientras que los impuestos que gravan las transacciones superan la media de la UE (1,6 % frente al 1 % del PIB). Se considera que los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmobiliaria son de los menos perjudiciales para el crecimiento y son preferibles a los impuestos sobre las transacciones, ya que permiten una asignación más eficiente de los activos y una mayor movilidad laboral. En los últimos años no se han introducido cambios importantes en el ámbito de la fiscalidad de la propiedad inmobiliaria, salvo en lo que se refiere a la eliminación gradual de la desgravación de los pagos de intereses hipotecarios.

Gráfico 4.1.3:Ingresos de las administraciones públicas por categoría

Fuente: Ameco.

El sistema tributario español presenta características que obstaculizan la inversión. Un sesgo elevado en favor del endeudamiento dificulta los avances en los mercados de renta variable (véase el recuadro 4.4.1 del informe de 2017). La diferencia entre el coste del capital para nuevas inversiones financiadas con fondos propios, por un lado, y la inversión financiada mediante endeudamiento, por otro, seguía siendo una de las más grandes de la Unión Europea en 2016, a pesar de haber mejorado algo.

4.1.3.Marco presupuestario

El marco presupuestario español establece la obligación para los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales de cumplir cada año con un objetivo de déficit, de deuda y de gasto. A nivel autonómico, el cumplimiento de los objetivos presupuestarios mejoró considerablemente en 2016 (gráfico 4.1.24). En el período 2013-2016, el objetivo de deuda fue el que se alcanzó con mayor frecuencia, seguido del objetivo de gasto. Sin embargo, los objetivos de déficit han tenido el peor historial de cumplimiento, a pesar de que el déficit público autonómico ha disminuido durante el período 2013-2016 (gráfico 4.1.3.4, izquierda). Sin embargo, en 2016, nueve comunidades autónomas cumplieron el objetivo de déficit, el mayor número desde 2013. Durante el período 2013-2016, fueron las comunidades incluidas en los grupos intermedios en lo que respecta al PIB per cápita las que cumplieron con mayor frecuencia las normas presupuestarias (gráfico 4.1.24).

Gráfico 4.1.4:Porcentaje de comunidades autónomas que cumplieron las normas presupuestarias durante el período 2013-2016, por PIB per cápita y por año (100 % = 17 comunidades autónomas)

(1) Comunidades autónomas con PIB per cápita alto: MAD, CAT, PV, NAV y ARA; Medio alto: RIO, CYL, CANT y BAL; Medio bajo: AST, GAL, VAL; Bajo: AND, CAN, CLM, EXTR, MUR.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Comisión Europea.

Las corporaciones locales, en términos agregados, han superado con creces sus objetivos presupuestarios durante el período 2013-2016. A diferencia de las administraciones autonómicas, han incumplido con mayor frecuencia el objetivo de deuda pública. La mejora del saldo presupuestario de las corporaciones locales se ha visto impulsada por las reducciones de las ratios de gastos por intereses y de gastos corrientes respecto del PIB (gráfico 4.1.35, izquierda), aunque el gasto corriente ha aumentado en términos reales y per cápita (gráfico 4.1.35, derecha).

La recuperación de los ingresos tributarios y el aumento de las transferencias de ingresos facilitan la reducción del déficit por comunidades autónomas. En 2016, la mejora del saldo presupuestario se debió a la reducción del porcentaje de los gastos de capital, corrientes y por intereses respecto del PIB, pero también al incremento de las transferencias de ingresos, a causa de la liquidación tributaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, que aportó a las comunidades autónomas 7 600 millones EUR adicionales (gráfico 4.1.35, izquierda). En los diez primeros meses de 2017, se produjo un nuevo aumento de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómico, lo que implica que es probable que se haya cumplido el objetivo de déficit autonómico para ese año (AIReF, 2017).

Gráfico 4.1.5:Mejora del saldo presupuestario de las administraciones autonómicas y locales, por componentes

Fuente: IGAE (Ministerio de Hacienda) y Comisión Europea.

Las normas de gasto pueden ser un instrumento efectivo para apuntalar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medida que se consolida la recuperación de los ingresos. Al establecer un límite para el crecimiento de los gastos bajo el control del Gobierno con referencia a una tasa de crecimiento a medio plazo —como es el caso en la legislación española—, contribuyen al saneamiento presupuestario en tiempos de bonanza económica, mientras que en períodos de recesión no impiden que la política fiscal desempeñe un papel estabilizador. Las normas de gasto, por lo tanto, reducen el carácter procíclico de la política fiscal. De hecho, la literatura económica asocia las normas de gasto con la mejora de los resultados presupuestarios (FMI, 2015). Durante el período 2013-2016, las comunidades autónomas que habían cumplido la norma de gasto presentaban, de media, saldos primarios más elevados. Sin embargo, las administraciones autonómicas podrían haber optado por reducir los gastos discrecionales, tales como la inversión pública, a fin de intentar cumplir la norma en lugar de optar por formas de saneamiento de carácter más estructural. A las administraciones locales, que en términos agregados están en mejor situación presupuestaria, se les aplican disposiciones especiales, ya que aquellas que tienen unas finanzas públicas saneadas pueden, en determinadas condiciones, utilizar su superávit presupuestario para financiar inversiones sostenibles desde el punto de vista financiero, y este gasto no se computa a efectos de la regla de gasto.

Determinados aspectos de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad siguen sin estar regulados. Por ejemplo, la ley no exige que las administraciones que incumplen la regla compensen las desviaciones de gasto en un plazo previamente definido. Tampoco aclara si el índice de referencia de gasto admisible debe aplicarse al nivel de gastos admisibles a final del ejercicio o al nivel conforme con la norma. Esto puede reducir el efecto de la norma en el saneamiento presupuestario, dependiendo de la interpretación de las disposiciones jurídicas.

Las circunstancias que dan lugar a la aplicación de medidas para evitar el riesgo de incumplimiento de la normativa presupuestaria nacional no están definidas. Aunque esto confiere a las autoridades mayor discrecionalidad para aplicar estas medidas, puede reducir la automaticidad de su aplicación. A principios de diciembre de 2017, poco después de la publicación de los datos trimestrales de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Hacienda envió cartas a determinadas comunidades autónomas para instarlas a que adoptasen medidas para hacer frente a los riesgos de incumplimiento de la regla de gasto. No obstante, debido al momento de envío de las cartas, se redujeron las posibilidades de que las comunidades autónomas adoptasen medidas correctoras antes de que finalizase 2017.

Se han puesto en marcha otras políticas para favorecer el saneamiento presupuestario de las comunidades autónomas e incrementar la eficiencia del gasto. En junio de 2017, se inició una revisión del gasto que comprendía las subvenciones públicas, a fin de mejorar los procedimientos, eliminar los solapamientos y evaluar sus efectos. El 26 de enero de 2018, el Gobierno español adoptó un plan de acción. Está previsto que la primera fase de la revisión haya concluido a finales de 2018.

4.2. Endeudamiento del sector financiero y del sector privado

La economía española sigue siendo muy dependiente del sector bancario. En 2016, el importe total de los préstamos bancarios en la economía representó en torno al 45 % del PIB (véase el gráfico 4.2.1), frente a una media de la UE de aproximadamente el 36 %, mientras que la intermediación financiera no bancaria a través de los mercados de capital, la emisión de deuda y el capital riesgo es inferior a la media de la UE. El nivel de préstamos vivos concedidos al sector privado español ha seguido disminuyendo, pero a un ritmo más lento que en los últimos años. En términos agregados, se han logrado avances en lo que se refiere al desapalancamiento de la deuda del sector privado, pero algunos grupos de hogares y empresas siguen siendo vulnerables.

Gráfico 4.2.1:Fuentes de financiación de la economía española

Fuente: BCE, Ameco.

4.2.1.Sector financiero *

Los bancos han seguido ajustando sus modelos de negocio y sus estructuras de costes, sentando así las bases para la concesión de nuevos préstamos en la economía( 12 ). En términos agregados, los bancos cumplen cómodamente los requisitos reglamentarios de capital, y la calidad de sus activos se ha reforzado aún más. La resolución satisfactoria del Banco Popular en junio de 2017 reforzó aún más la estabilidad del sector bancario y presionó a algunos bancos pequeños a acelerar el saneamiento de sus balances. En 2017, los bancos españoles han seguido siendo rentables. En este contexto, se ha seguido avanzando en la desinversión del FROB (la autoridad de resolución ejecutiva española) en Bankia, así como en la cesión de cartera de la SAREB, la sociedad de gestión de activos española, pero todavía están por completar.

Cuadro 4.2.1:Indicadores de solvencia financiera (todos los bancos).

(1) Deuda dudosa: préstamos y anticipos dudosos y valores de renta fija. Datos consolidados. (2) Préstamos dudosos: Préstamos y anticipos dudosos. Datos consolidados. (3) Balance agregado del BCE: Préstamos, excluidos los concedidos a gobiernos e IFM / depósitos, excluidos los de gobiernos e IFM. (4) Para una mayor comparabilidad, solo se indican los valores anuales.

Fuente: BCE, datos bancarios consolidados.

Excluidas las pérdidas debidas a la resolución de un banco, la rentabilidad de los bancos mejoró en la primera mitad de 2017. Los beneficios aumentaron alrededor de un 4 % interanual en el caso de las operaciones nacionales y en torno a un 19 % interanual si se incluyen las operaciones en el exterior. La mejora se debió principalmente a la disminución de las provisiones por deterioro de valor. Las reservas de capital de los bancos españoles siguieron siendo holgadas en el primer semestre de 2017, a pesar de que la resolución del Banco Popular en junio de 2017 dio lugar a la reducción de la media de la ratio de capital ordinario de nivel 1, del 12,6 % a finales de 2016 al 11,6 % a finales de junio de 2017, al amortizarse su capital (véase el cuadro 4.2.1). No obstante, el adquirente del Banco Popular, el Banco Santander, realizó una ampliación de capital de 7 000 millones EUR en julio para restablecer sus ratios de capital. Así pues, a finales de septiembre, la media de la ratio de capital ordinario de nivel 1 se situó en el 12,4 %.

En 2017, los bancos españoles siguieron saneando sus balances y reduciendo su porcentaje de préstamos dudosos heredados de la crisis. La proporción de préstamos dudosos respecto del total de préstamos en España disminuyó al 8,1 % en noviembre de 2017, frente al 9,2 % de un año antes. Sin embargo, teniendo en cuenta la actividad de los bancos fuera de España, el porcentaje de préstamos dudosos era solo del 5,3 % en el segundo trimestre de 2017, un valor próximo a la media de la UE (véase el cuadro 4.2.1). La SAREB ha seguido avanzando en la enajenación de la gran cantidad de activos heredados derivados de la crisis. No obstante, sus resultados financieros siguieron siendo negativos en 2016 y en el primer semestre de 2017, debido a la recuperación más lenta de lo previsto de los precios de la propiedad inmobiliaria, en particular en las comunidades autónomas en las que la SAREB está sobreexpuesta.

El mercado de la vivienda consolida su recuperación y facilita así el avance en el saneamiento de los activos heredados bancarios. Tras el fuerte ajuste posterior a la crisis, el mercado de la vivienda y el sector de la construcción se están recuperando. Los precios de la vivienda aumentaron un 6,7 % interanual en el tercer trimestre de 2017. Los precios de la vivienda nueva aumentaron un 6,5 %, y los de la vivienda usada un 6,7 %. Por otra parte, durante el período de tres meses que finalizó en noviembre de 2017, el número de transacciones de viviendas aumentó un 17,9 % interanual ( 13 ). Sin embargo, la inversión en vivienda es todavía mucho menor que antes de la crisis, y el stock de viviendas en venta sigue siendo elevado en algunas comunidades autónomas, lo cual explica las diferencias en la evolución de los precios de la vivienda entre las distintas comunidades autónomas.

El volumen de crédito vivo sigue disminuyendo, pero han repuntado con fuerza los nuevos préstamos bancarios a las pymes y a los hogares, especialmente el crédito al consumo. En noviembre, el incremento de los activos nacionales de los bancos se situó aproximadamente en un 1 % interanual, a pesar de la disminución adicional del volumen de créditos vivos al sector privado. La concesión de préstamos a los hogares disminuyó alrededor de un 3 % interanual en noviembre de 2017, mientras que el crédito a las sociedades no financieras se redujo en un 3,3 % interanual (gráfico 4.2.2) (en un 2,1 % interanual si se incluye la emisión de bonos y el endeudamiento en el exterior). Según la Encuesta sobre Préstamos Bancarios (Banco de España, 2018), en el último trimestre de 2017, las condiciones crediticias se mantuvieron estables en el caso de los préstamos a las empresas, mientras que se suavizaron en el caso de los préstamos a los hogares.

4.2.2.Acceso a la financiación

Las pymes españolas ya no consideran el acceso a la financiación un problema importante (encuesta SAFE del BCE, 2017). En 2014 y 2015 se adoptaron diversas medidas para facilitar el acceso de las pymes a la financiación, especialmente los fondos de fondos, la regulación de la financiación participativa y una forma jurídica específica para los fondos de capital riesgo especializados en inversiones en pymes. Sin embargo, se necesita más tiempo para evaluar sus efectos plenos. Ha mejorado la disponibilidad de préstamos bancarios (sección 4.2.1) y también se ha acelerado la financiación a las nuevas empresas de crecimiento rápido por parte de inversores providenciales. Sin embargo, a pesar de los grandes progresos realizados desde 2008, España sigue rezagada en algunos indicadores en este ámbito, como por ejemplo en la financiación mediante recursos propios de las nuevas empresas en crecimiento, los retrasos en los pagos y el capital riesgo (Comisión Europea, 2016b).

Gráfico 4.2.2:Préstamos al sector privado

Fuente: Banco de España, cálculos propios.

El capital riesgo sigue creciendo, pero aún está infradesarrollado (véase el gráfico 4.2.1). Aunque sigue siendo una opción muy especializada en comparación con los métodos tradicionales de financiación, esta fuente de financiación es especialmente importante en el caso de las empresas y los proyectos innovadores y de mayor riesgo. Las inversiones en capital riesgo siguieron creciendo en 2016 y alcanzaron un volumen de 385 millones EUR en 436 operaciones de inversión, con un aumento de la importancia de los inversores nacionales (42 % en 2016)( 14 ). Sin embargo, esta cifra representa solo el 0,5 % de las pymes españolas (frente al 1,3 % en el caso de la UE) (encuesta SAFE del BCE, 2017). Alrededor del 3 % de las pymes consideran relevante el capital riesgo para sus necesidades de financiación (frente a un 10 % en el caso de la UE), y un 3,8 % prefieren la financiación mediante recursos propios (frente a un 6,4 % en el caso de la UE). Mientras tanto, los préstamos bancarios siguen siendo con diferencia su principal fuente de financiación para el crecimiento previsto (en el 71 % de los casos, frente a un 63,8 % en el caso de la UE). ( 15 ) El 1 % de las pymes innovadoras recurren al capital riesgo, lo que no supone un porcentaje significativamente mayor que para el conjunto de las pymes. Más allá del simple acceso a la financiación, el subdesarrollo del mercado de capital riesgo afecta también al bajo nivel de innovación en España (sección 4.4.3).

Gráfico 4.2.3:Composición de la deuda (ES)

Fuente: Eurostat.

4.2.3.Deuda del sector privado *

El endeudamiento del sector privado sigue disminuyendo, pero aún es elevado, especialmente en el caso de ciertos grupos de sociedades y hogares. El nivel de deuda del sector privado no financiero se elevaba al 159,9 % del PIB, en términos no consolidados, en el tercer trimestre de 2017 (61,8 % del PIB los hogares y 98,1 % del PIB las sociedades no financieras), en torno a 58 puntos porcentuales del PIB por debajo del máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2010 (gráfico 4.2.3). A pesar de la importante reducción, los parámetros prudenciales y basados en fundamentos relativos a la deuda privada indican que España aún afronta necesidades de desapalancamiento ( 16 ). Este es el caso, en particular, de las sociedades de los sectores de la construcción y de servicios inmobiliarios y de los hogares de bajos ingresos y cuyos miembros están desempleados (Informe en el marco del capítulo IV, FMI, octubre de 2017). No obstante, la reducción de la deuda ha sido más rápida de lo que inducirían a pensar los indicadores fundamentales.

El crecimiento del PIB real se ha convertido en el principal factor impulsor de la reducción de la deuda de los hogares. Los hogares han reducido su deuda de forma más gradual que las empresas, ya que la mayoría de los préstamos a los hogares son préstamos hipotecarios a largo plazo, que los bancos amortizan con menos frecuencia que los préstamos a empresas. El proceso de reducción de la deuda fue impulsado inicialmente por los flujos de crédito negativos, aunque se ve favorecido cada vez más por la recuperación del crecimiento del PIB (gráfico 4.2.4). El volumen de nuevos créditos a los hogares está creciendo en ambos segmentos, tanto para la adquisición de vivienda como para el consumo. Con un crecimiento sostenido del PIB, es probable que continúe la reducción de la deuda, aunque los parámetros prudenciales y basados en fundamentos ponen de manifiesto que persiste la necesidad de desapalancamiento de los hogares (gráfico 4.2.5). Sin embargo, el ajuste se está produciendo más rápido de lo que inducirían a pensar los indicadores fundamentales, lo que indica una velocidad de desapalancamiento suficiente. Aun así, a largo plazo, la tasa de ahorro de los hogares debería ajustarse ligeramente al alza a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda de los hogares a nivel agregado ( 17 ). Además, la deuda de los hogares se distribuye de manera desigual, y algunos hogares sobreendeudados —a menudo de bajos ingresos o cuyos miembros están desempleados— son particularmente vulnerables a los cambios de las perspectivas económicas y financieras.

Gráfico 4.2.4:Desglose de las variaciones interanuales de las ratios deuda/PIB de los hogares (SEC 2010), España

Fuente: Eurostat.

La carga financiera de los hogares españoles continuó disminuyendo en 2017 Con un mercado hipotecario español caracterizado por los bajos tipos de interés y el predominio, aunque cada vez menor, de los préstamos de interés variable, la carga financiera soportada por los hogares para reembolsar sus deudas ha venido disminuyendo rápidamente. No obstante, y a pesar de las mejoras en el mercado de trabajo y el aumento de la renta bruta disponible, la ratio de préstamos dudosos sobre la deuda de los hogares se mantuvo prácticamente estable en un 5,5 % en los tres primeros trimestres de 2017.

Gráfico 4.2.5:Brecha respecto de los parámetros prudenciales y basados en fundamentos (hogares y sociedades no financieras)

(1) Brecha basada en la ratio deuda consolidada por sector. Un valor positivo significa que persiste la necesidad de desapalancamiento.

Fuente: Comisión Europea.

La reducción de la deuda en el sector empresarial en su conjunto se está produciendo de forma simultánea a la concesión de nuevos préstamos a las empresas más solventes y productivas. Entre 2012 y 2016, los flujos de crédito netos negativos han sido el principal factor impulsor de la caída de la ratio de deuda empresarial respecto del PIB. Sin embargo, en la actualidad, el proceso de desapalancamiento obedece cada vez más al crecimiento del PIB real, mientras que la mejora de las condiciones económicas ha ido emparejada con un aumento en la concesión de nuevos créditos. La concesión de nuevos préstamos a las pymes (estimada mediante los préstamos inferiores a 1 millón EUR) siguió aumentando en 2017 (un crecimiento interanual del 8,3 % de la media móvil de tres meses hasta el mes de noviembre), así como el volumen de nuevos préstamos de más de 1 millón de euros (que registraron un incremento interanual del 2,5 %). En consecuencia, el proceso de desapalancamiento se ralentizó durante el año 2017. Según la Central de Información de Riesgos del Banco de España, mientras que el volumen total de crédito vivo concedido a las sociedades no financieras ha disminuido, se ha incrementado la proporción de empresas que han mantenido o incrementado sus saldos de crédito bancario (Banco de España, 2017d). Al igual que ocurre en el caso de los hogares, el endeudamiento de las empresas se mantiene por encima de los parámetros prudenciales y basados en fundamentos (gráfico 4.2.5), pero el proceso de desapalancamiento progresa a un ritmo suficiente.

La posición financiera del sector empresarial continuó mejorando en 2017. El patrimonio financiero neto de las empresas, aunque sigue siendo negativo, aumentó por cuarto año consecutivo, y pasó del −134,6 % del PIB en 2013 a un valor previsto del −113,8 % del PIB en 2017. Esta mejora se ha visto propiciada por reducciones de los pasivos superiores a las reducciones de los activos. Mientras que los activos se redujeron en casi todas las categorías, la disminución de los pasivos se debió principalmente a reducciones en los préstamos empresariales.

Gráfico 4.2.6: Desglose de las variaciones interanuales de las ratios deuda/PIB, datos trimestrales no consolidados, sociedades no financieras (SEC 2010), ES

Fuente: Eurostat.

Las reformas del marco normativo en materia de insolvencia de 2014 y 2015 han facilitado la reestructuración de la deuda y reducido la onerosidad de la insolvencia. La utilización de procedimientos preconcursales ha aumentado con fuerza, del 55 % de los procedimientos de insolvencia en 2013 al 81 % en 2016. Los acuerdos extrajudiciales para las personas físicas han aumentado del 32 % de los procedimientos totales en 2015 al 84 % en 2016, en parte debido a que la aplicabilidad de dichos acuerdos se amplió a las deudas no relacionadas con la actividad económica. El número total de procedimientos de insolvencia empresariales disminuyó en un 3,6 % en tasa anualizada en los tres primeros trimestres de 2017. Sin embargo, habida cuenta de que en 2017 se produjo un fuerte crecimiento económico y mejoró el acceso a la financiación, esta ligera disminución puede considerarse aun así como una señal de que los procedimientos de insolvencia son un instrumento cada vez más adecuado a efectos de reducir la deuda e impedir que el capital se quede atrapado en empresas improductivas. Los procedimientos con un plan de insolvencia previo siguieron teniendo una duración relativamente larga en 2015 (últimos datos disponibles), pero su duración media (408 días) representa una mejora significativa en comparación con los procedimientos de insolvencia ordinarios (544 días) ( 18 ).

4.3. Políticas de mercado de trabajo, educativas y sociales

4.3.1.Mercado de trabajo *

Los esfuerzos realizados para fomentar la creación de empleo están dando fruto, pero el desempleo y la segmentación siguen siendo elevados. La solidez del crecimiento económico favoreció la fuerte creación neta de empleo en 2017, que, a su vez, contribuyó al incremento de la demanda interna y el crecimiento. En el cuarto trimestre de 2017, la tasa de empleo era del 66,1 %, y la tasa de desempleo siguió disminuyendo de forma constante, hasta el 16,6 %. Sin embargo, ambos indicadores siguen lejos de sus niveles anteriores a la crisis (70 % y 8 % en el tercer trimestre de 2007, respectivamente). El desempleo afecta en particular a los jóvenes (37,5 % para el colectivo de 15 a 24 años), a los trabajadores poco cualificados ( 19 ) (23,8 %) y a los nacionales de terceros países (25,9 %; todas las cifras corresponden al cuarto trimestre de 2017). El desempleo de larga duración está disminuyendo (1,6 millones de personas, frente a 2,1 millones un año antes), pero sigue representando el 43,6 % del total de desempleados. La tasa de empleo temporal es muy elevada (26,8 % en el cuarto trimestre de 2017). No obstante, la proporción de contratos indefinidos en el crecimiento neto del empleo aumentó hasta una media del 54 % en 2017.

Las reformas llevadas a cabo y la moderación salarial siguen favoreciendo la recuperación, que ya se prolonga cuatro años. Las reformas del mercado de trabajo llevadas a cabo entre 2010 y 2012 contribuyeron a aumentar la elasticidad del empleo respecto del PIB real, aproximándola a los niveles anteriores a la crisis (de 0,8 en 2015 a 0,86 en 2017, frente a 0,98 en el período 2000-2007). Considerando que los salarios reales aumentaron en 2015 y 2016 debido a la inflación negativa, se prevé que el crecimiento de los salarios nominales se haya mantenido contenido en 2017 (0,5 %), por debajo de la inflación IPCA (2 %), pero en consonancia, en términos generales, con la productividad (0,3 %).

Los salarios se han ido ajustando gradualmente a las condiciones del mercado de trabajo. Antes de la crisis, los salarios eran relativamente insensibles a las variaciones en el desempleo, y seguían subiendo a una tasa superior al 4 % en 2009. El crecimiento de los salarios empezó a ajustarse a las condiciones generales del mercado de trabajo en 2010, cuando el desempleo se acercaba al 20 %. El ajuste de los salarios se aceleró tras las reformas del mercado de trabajo de 2012, que, entre otras cosas, incrementaron la flexibilidad interna de las empresas y la capacidad de respuesta del sistema de negociación salarial a la evolución de la coyuntura económica (Comisión Europea, 2017a). Durante la recuperación económica, la moderación salarial ha contribuido a la rápida disminución del desempleo. Esta moderación salarial es coherente con la tasa de desempleo, todavía elevada, así como con la capacidad ociosa del mercado de trabajo, en particular con el alto porcentaje de personas que participan marginalmente en el mercado de trabajo o están subempleadas ( 20 ). En el tercer trimestre de 2017, la capacidad ociosa del mercado de trabajo español se estimaba en un considerable 27,1 % de la población activa (de 15 a 74 años). Además, los convenios colectivos con efectos económicos registrados en 2017 muestran signos de incrementos salariales moderados (un 1,45 % de media).

El aumento del salario mínimo en 2017 no influyó de forma significativa en el empleo. El aumento del 8 % ha tenido un efecto limitado en el empleo agregado y la distribución de los salarios (Banco de España, 2017). Para 2018, se ha aprobado un nuevo aumento del 4 %, y el Gobierno ha anunciado planes para definir una senda de incrementos del salario mínimo mensual hasta 850 EUR en 2020 (frente a 736 EUR en la actualidad), supeditados a un determinado crecimiento mínimo del PIB y del empleo. Esto puede ejercer presión sobre la parte inferior de la estructura salarial y tener por tanto un efecto negativo más perceptible sobre el empleo, en particular para los trabajadores jóvenes y poco cualificados.

Recuadro 4.3.1: Seguimiento de los resultados a la luz del pilar europeo de derechos sociales

El pilar europeo de derechos sociales, proclamado el 17 de noviembre de 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, establece 20 principios y derechos en beneficio de los ciudadanos de la UE. Ante las consecuencias de la crisis y los cambios en nuestras sociedades, causados por el envejecimiento de la población, la digitalización y las nuevas formas de trabajo, el pilar sirve de guía para un proceso renovado de convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y trabajo.

España se enfrenta a una serie de retos en relación con diversos indicadores del cuadro de indicadores sociales ( VII ) que sustentan el pilar europeo de derechos sociales, especialmente en el ámbito de «la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo». La situación del mercado de trabajo sigue siendo difícil, aunque está mejorando rápidamente. Sin embargo, una gran proporción de jóvenes (14,6 % en 2016) ni estudian ni siguen estudios ni reciben formación.

Las tasas de abandono escolar prematuro son relativamente elevadas. A pesar de las mejoras recientes, el porcentaje de abandono escolar prematuro en 2016 era del 19 % de la población de entre 18 y 24 años. El escaso nivel de estudios incrementa en gran medida el riesgo de pobreza y exclusión social en el futuro. España también tiene elevados niveles de desigualdad de ingresos. La ratio de distribución de la renta por quintiles S80/S20 aumentó en 0,1 puntos porcentuales en 2016. El elevado grado de segmentación del mercado de trabajo, el estancamiento de los ingresos en la parte inferior de la distribución y el reducido efecto redistributivo de los sistemas tributario y de prestaciones son algunas de las causas que explican ese resultado.

España adoptó medidas relativas al «empleo seguro y adaptable» para luchar contra el abuso de la contratación temporal. El Gobierno aumentó los recursos de la inspección de trabajo, y la integración de bases de datos administrativas incrementó su eficiencia, en particular a través de una mejor focalización de los controles.

Algunas comunidades autónomas españolas están desarrollando planteamientos innovadores para prestar una mejor asistencia a los demandantes de empleo más vulnerables. Por ejemplo, la Región de Murcia ha puesto en marcha recientemente un proyecto cofinanciado por la UE, del que se han beneficiado más de 3 500 mujeres y de cuyos participantes más del 50 % ya han encontrado empleo. El proyecto combina los servicios sociales y de empleo con incentivos para los empleadores. Su objetivo es capacitar a las víctimas de la violencia de género, en su mayoría mujeres, ofreciéndoles el apoyo y las cualificaciones necesarios para lograr la independencia económica a través de la consecución de un empleo.

La evolución de los salarios se ha vuelto más propicia para el ajuste del mercado de trabajo en las distintas comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas se han beneficiado de la recuperación, pero el descenso del desempleo ha sido mayor en las comunidades autónomas donde más había aumentado durante la crisis. Por ejemplo, entre el segundo trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2017, la tasa de desempleo disminuyó en más de 11 puntos porcentuales en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Murcia, donde había aumentado en más de 20 puntos porcentuales entre 2007 y 2013. Antes de la crisis y durante los primeros años de la misma, los salarios aumentaron más en las comunidades con una elevada tasa de desempleo. Tras las reformas del mercado de trabajo de 2012 y los acuerdos interprofesionales entre interlocutores sociales para el período 2012-2014 y 2015-2017, la evolución salarial se ha ajustado en cierta medida a las diferencias en materia de desempleo existentes entre las distintas comunidades (gráfico 4.3.2).

La evolución salarial se ha ajustado poco a la evolución de la productividad por sectores. Según el análisis de la Comisión Europea, entre 2012 y 2016, un aumento del 1 % en la productividad real en una comunidad autónoma y un sector determinados da lugar, por término medio, a un aumento del 0,06 % de los salarios reales en esa comunidad autónoma y ese sector, mientras que un aumento de 1 punto porcentual en el desempleo en dicha comunidad autónoma se traduce en un descenso del 0,2 % de los salarios reales. No obstante, estas estimaciones difieren sustancialmente de un sector a otro (gráfico 4.3.3).

Gráfico 4.3.2:Grado de respuesta de los salarios al desempleo, por comunidades autónomas

La línea continua representa el coeficiente de regresión del crecimiento de los costes laborales respecto de la tasa de desempleo por comunidades autónomas (ajustado según el índice de precios al consumo y una variable de tiempo ficticia común). Las regresiones se estiman mediante ventanas móviles de 18 trimestres. Los valores positivos indican un crecimiento de los salarios más elevado en comunidades autónomas en las que el desempleo es más elevado. Los valores negativos indican un crecimiento de los salarios más reducido en comunidades autónomas en las que el desempleo es más elevado. Las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95 %.

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017.

Gráfico 4.3.3:Grado de respuesta de los salarios a la evolución de la productividad y a los cambios en el desempleo en las comunidades autónomas, por sectores (2012-2016)

% de aumento de los salarios reales para un incremento de un 1 % de la productividad real en un sector y una comunidad autónoma determinados (ajustado según los cambios autonómicos de la tasa de desempleo), a partir de una regresión con datos de panel con efectos sectoriales utilizando las cuentas autonómicas por sectores.
(*) Los valores correspondientes a «Todos los sectores» se calculan utilizando solamente una regresión con datos de panel sin dimensión de sector y con efectos fijos, por comunidades autónomas.

Fuente: INE y Comisión Europea.

Se han puesto en marcha una serie de iniciativas que tienen por objeto favorecer la activación laboral y la inserción de los jóvenes. El porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni reciben formación («ninis») está disminuyendo (del 18,6 % en 2013 al 14,6 % en 2016), pero sigue siendo elevado. A raíz de la reforma aprobada en diciembre de 2016 y del incremento de los esfuerzos de información y sensibilización, el número de jóvenes recién inscritos en la Garantía Juvenil sigue aumentando, en particular en el caso de los comprendidos entre los 25 y los 30 años (alrededor de 1 millón en diciembre de 2017). Además, el porcentaje de jóvenes que continúa trabajando seis meses después de salir de la Garantía Juvenil se ha incrementado sensiblemente, pasando del 38 % en 2015 al 51 % en 2016. Este incremento se debe en parte a la mejora del seguimiento estadístico de los antiguos beneficiarios. ( 21 ) No obstante, siguen existiendo dificultades de aplicación, entre las que destacan la dificultad de llegar a los ninis jóvenes y más vulnerables, la capacidad limitada de los servicios públicos de empleo (SPE) para ofrecer planes de acción personalizados y transmitir ofertas de calidad que se ajusten a los perfiles de los beneficiarios. Además, las asociaciones existentes con los proveedores de educación y formación todavía no han hecho posible una mejora efectiva de la capacitación de una parte de los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil.

España ha prorrogado las medidas de apoyo existentes para los desempleados de larga duración. El programa Prepara (Programa de Recualificación Profesional) se ha prorrogado hasta abril de 2018. Tras una sentencia del Tribunal Constitucional, existen planes para integrar los tres sistemas nacionales de asistencia no contributiva por desempleo (PREPARA, RAI [Renta Activa de Inserción] y PAE [Programa de Activación para el Empleo]) en un único sistema que se financiaría a través del sistema de seguridad social nacional, pero que gestionarían las comunidades autónomas. En caso de aprobarse y aplicarse, este plan permitiría paliar en parte la fragmentación de los sistemas nacionales de renta mínima garantizada y reforzar su componente de activación. El programa de acción conjunta firmado en diciembre de 2016 para prestar apoyo a los servicios públicos de empleo (SPE) autonómicos en lo que se refiere a la financiación de la activación de los desempleados de larga duración se está aplicando (presupuesto: 515 millones EUR). La tasa de salida de la situación de desempleo de los desempleados de larga duración aumentó del 8,6 % en 2013 al 10,7 % en 2015 (Fedea, 2017/07). Sin embargo, únicamente el 8,7 % de todos los desempleados de larga duración inscritos habían suscrito un acuerdo de integración laboral en 2016 (frente a una media del 56,2 % en la UE). De ellos, el porcentaje de los que volvió a conseguir un empleo está próximo a la media de la UE (15,6 % frente a un 14,2 %; Comisión Europea, 2017c).

La Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020 tiene por objeto mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas, con un mayor énfasis en los resultados. La Estrategia comprende asesoramiento, formación y asistencia para los desempleados de larga duración, los mayores de 50 años y los jóvenes poco cualificados. Además, promoverá la modernización y la coordinación de los SPE, incluida una evaluación basada en resultados, y una mejora del sistema de educación y formación profesional (EFP), en particular de la formación dual. Esta estrategia cuenta con un presupuesto de 5 600 millones EUR para 2017 (un 6 % más que en 2016). Alrededor del 37 % de este importe se transferirá a las comunidades autónomas españolas. Estos recursos se supeditarán a los resultados y al rendimiento alcanzados por las comunidades autónomas, especialmente en lo que se refiere al desempleo de larga duración. Sin embargo, el volumen de fondos por desempleado está todavía por debajo de los niveles de 2011.

Se han adoptado nuevas medidas para fomentar el empleo por cuenta propia en un contexto de un número reducido de altas de trabajadores autónomos. La aprobación de una nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en octubre de 2017 tiene por objeto fomentar la creación de empleo a través del espíritu emprendedor( 22 ). La Ley prevé la prórroga de un año de la tarifa plana mensual de 50 EUR para las cotizaciones a la seguridad social de los nuevos trabajadores por cuenta propia, una bonificación del 100 % de las cuotas de seguridad social durante el permiso de maternidad, la deducción de los gastos corrientes en el caso de trabajo desde el hogar y la flexibilización de los procedimientos administrativos (como el alta en el régimen de trabajadores autónomos y los cambios en la base de cotización). Por el momento, estas medidas han tenido una repercusión limitada en el número de trabajadores autónomos inscritos y en la creación de puestos de trabajo adicionales a través del trabajo autónomo. ( 23 )

La falta de recursos y la escasa coordinación siguen lastrando la eficacia de los Servicios Públicos de Empleo (SPE). En España, las políticas activas del mercado de trabajo se gestionan a nivel autonómico y las medidas pasivas a nivel nacional. En 2017, España incrementó los recursos económicos y humanos de los SPE autonómicos y puso en marcha nuevas medidas a fin de mejorar su eficacia, entre las que destacan un modelo de intermediación basado en la gestión de competencias, un sistema común de perfilado estadístico de los demandantes de empleo, la mejora de la funcionalidad del Portal Único de Empleo y un marco jurídico para la colaboración entre el sector público y el privado. Sin embargo, el personal total de los SPE sigue siendo un 3 % más reducido que en 2015, y el gasto correspondiente a los SPE es un 33 % menor (12 000 millones EUR) que en 2012. El número de ofertas gestionadas sigue siendo reducido (2,8 % de las ofertas totales, frente al 10 % de media en la UE). Además, los desempleados españoles tienden a recurrir menos a los SPE que sus homólogos europeos (un 24,6 % en 2017 frente al 46,2 % de la EU-28, la tasa más baja de la UE; basado en datos de la Encuesta de Población Activa). Esta cifra ha disminuido de manera constante desde su nivel máximo, que se situó en el 41,4 % en 2009.

Tras una larga negociación, España aprobó nuevas medidas en materia de formación profesional de los desempleados en julio de 2017. Esta iniciativa, conocida como «cheque formación», se aplicará a nivel autonómico y se espera que favorezca la formación de los desempleados a fin de mejorar su empleabilidad.

En España sigue observándose una fuerte segmentación del mercado de trabajo y el trabajo a tiempo parcial involuntario está generalizado. España sigue siendo uno de los países de la UE con una proporción más elevada de empleados con contratos temporales (el 26,8 % en el cuarto trimestre de 2017, gráfico 4.3.4). No obstante, la proporción de contratos indefinidos en el crecimiento neto del empleo aumentó hasta una media del 54 % en 2017 (desde una media del 39 % en 2015). Aunque el porcentaje de empleo a tiempo parcial ha empezado a disminuir (hasta el 14,9 % en 2016, cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de la UE), el 61,9 % de dicho empleo a tiempo parcial es involuntario (frente a una media del 27,7 % en la EU-28).

La proporción de contratos temporales en España, superior a la media de la UE, no obedece a una estructura sectorial diferente de la economía. La segmentación sigue siendo un rasgo característico del mercado de trabajo español (véase el informe de 2017 para un análisis más detallado). El porcentaje de trabajadores temporales respecto del empleo total es casi 10,7 puntos porcentuales más elevado que la media de la UE, y solo una muy pequeña parte de esta diferencia (en torno a 1,5 puntos porcentuales) se explica por un mayor peso de los sectores en los que el uso de contratos temporales está más generalizado. El porcentaje de empleados con contratos temporales en España es superior al de la UE en todos los sectores, no solo en aquellos con un marcado carácter estacional o cíclico, tales como la agricultura, el turismo y la construcción (Banco de España, 2017) (gráfico 4.3.56).

Gráfico 4.3.4:Tipos de empleo

(1) Entre 20 y 64 años, a partir de datos no ajustados estacionalmente.

Fuente: Eurostat.

El empleo temporal afecta principalmente a los jóvenes, a los trabajadores poco cualificados y a los nacionales de terceros países (74,5 %, 39 % y 39,6 %, respectivamente ( 24 )). Los contratos de duración inferior a tres meses siguen estando muy extendidos. Los datos de España demuestran que cuanto más corta es la duración de los contratos, menos probabilidades tienen los trabajadores de pasar a un contrato indefinido (CaixaBank Research, 2017). Asimismo, los contratos de corta duración generan pocos incentivos para que los trabajadores y los empleadores inviertan en formación continua y formación específica para su puesto de trabajo, lo que obstaculiza la inversión en capital humano. Los trabajadores temporales se enfrentan a riesgos mucho más elevados de pobreza y suelen estar más expuestos a condiciones de trabajo perjudiciales desde el punto de vista físico y psicosocial y a condiciones de salud laboral más precarias y con menores medidas de seguridad (Eurofound 2016) (gráfico 4.3.5). También suelen tener una menor protección del seguro de desempleo e incapacidad y generan menos derechos de pensión.

Gráfico 4.3.5:Características del empleo temporal

(1) Datos más recientes (del 3T-2017 para el porcentaje de contratos temporales, de 2014 para la prima salarial, de 2016 para el resto de indicadores).
(2) Por «transición a muy corta duración» se entiende el paso de la situación de desempleo a contratos de duración igual o inferior a 3 meses.

Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa, SILC. La prima salarial se calcula en el estudio de la Comisión Europea (2017a) sobre la base de la encuesta sobre la estructura de los salarios en la UE de 2014.

Las iniciativas destinadas a luchar contra la utilización abusiva de los contratos temporales están dando fruto. En 2016, se investigaron alrededor de 373 000 contratos temporales (un 21 % más que en 2015), lo que dio lugar a la transformación en contratos indefinidos de un 22 % de ellos ( 25 ). El nuevo marco jurídico de la inspección de trabajo y el aumento de sus recursos parece haber dado lugar a un aumento de la eficiencia y la capacidad (incluidas las herramientas informáticas) y a la mejora de la coordinación con otras instituciones, al tiempo que se está dando prioridad a la lucha contra el abuso de los contratos temporales en determinados sectores. Existen planes para reducir la temporalidad en el sector público español mediante la convocatoria de oposiciones para ocupar puestos permanentes.

Gráfico 4.3.6:Proporción de contratos temporales respecto del empleo total por sectores, ES frente a UE

Fuente: Eurostat.

Se ha reforzado recientemente la participación de los interlocutores sociales en el diseño de las políticas, pero todavía hay margen de mejora. El marco actual permite a los interlocutores sociales participar activamente en el Semestre Europeo, a pesar de que la planificación no siempre es óptima y la consulta a menudo no se centra en los contenidos. A través de la Agenda integral por la calidad en el empleo, el Gobierno ha puesto en marcha cuatro mesas redondas tripartitas en febrero de 2017, sobre empleo y calidad de los puestos, formación, desempleo de larga duración, protección social y tarjeta social y seguridad y salud. Las negociaciones bipartitas sobre la negociación colectiva (es decir, sobre un pacto salarial nacional) sufrieron diversos retrasos en 2017 debido a la dificultad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las dos partes. No obstante, se llegó a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo.

4.3.2.Educación y cualificaciones

Aunque la situación está mejorando, siguen existiendo carencias en materia de educación y desajustes en lo relativo a las cualificaciones. En un contexto de bajos niveles generales de empleabilidad de los titulados superiores (sección 4.3.1), la proporción de titulados superiores empleados en puestos de trabajo que no requieren educación superior era del 39,7 % en 2016 (media de la UE: 23,5 %). La sobrecualificación es especialmente frecuente en España, con un 25 % de trabajadores sobrecualificados tanto en lectoescritura como en cálculo numérico (media en la OCDE: 16,4 %). La tasa de sobrecualificación de los trabajadores nacidos fuera de la UE alcanza el 65 %. La infracualificación también es habitual, y oscila entre el 15 % de los trabajadores en cálculo numérico y el 17 % en competencias de lectoescritura (media en la OCDE: 9 %). Al mismo tiempo, los trabajadores poco cualificados siguen enfrentándose a importantes dificultades de acceso al mercado de trabajo. La tasa de desempleo en el grupo de edad de 20 a 64 años era del 23,5 % en el cuarto trimestre de 2017, 14 puntos porcentuales superior a la de los trabajadores altamente cualificados.

A pesar de haber mejorado, los índices de abandono escolar prematuro siguen siendo elevados y persisten las disparidades entre comunidades autónomas. La tasa de abandono escolar prematuro disminuyó del 23,6 % en 2013 al 18,3 % en 2017, pero aún es alrededor de 8 puntos porcentuales superior a la media de la UE (véase el recuadro 4.3.1). Además, el porcentaje se incrementaba al 38,1 % para los nacionales de terceros países y al 39 % en el caso de las personas con discapacidad en 2016; esta última tasa está entre las más altas de la UE. La situación sigue variando enormemente de una comunidad autónoma a otra. Las tasas autonómicas de abandono escolar prematuro oscilan entre el 7 % y el 26,5 % (2017), aunque la diferencia se ha ido reduciendo desde 2013 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017a).

Persisten las diferencias entre comunidades autónomas con respecto al rendimiento de los alumnos en términos de competencias. En el estudio PISA de 2015, los alumnos españoles obtuvieron resultados similares a la media de la UE. Si bien los resultados de PISA en lectura y matemáticas han mejorado en la mayoría de las comunidades autónomas, las divergencias siguen siendo significativas. Las diferencias de los resultados de los alumnos entre comunidades autónomas oscilan entre 46 y 66 puntos (equivalente a un curso escolar entero) en los tres ámbitos objeto de examen (lectura, matemáticas y ciencias). Esta brecha puede explicarse por el PIB per cápita, las tasas de empleo y de pobreza, el nivel de gasto en educación por familia y la situación económica y social de los alumnos. Dado que la educación es una competencia autonómica, las políticas también difieren considerablemente. La configuración institucional permite la coordinación mediante el intercambio de mejores prácticas y la revisión inter pares entre comunidades autónomas, pero en la práctica, estas posibilidades no se aprovechan de forma sistemática. Por el momento, las medidas específicas para ayudar a las comunidades autónomas a mejorar los resultados educativos han tenido un efecto limitado en la reducción de las diferencias entre ellas.

El Pacto Nacional por la Educación está experimentando retrasos en su negociación en el Parlamento. El Parlamento ya ha acordado una Estrategia Nacional de Educación Universitaria, pero todavía tiene que llegar a un acuerdo relativo a un pacto nacional de educación (no universitaria). El proceso se puso en marcha en diciembre de 2016 mediante la creación de una subcomisión parlamentaria. A lo largo de 2017, se invitó a representantes de diferentes sectores educativos a comparecer en el Parlamento. En 2018, los grupos parlamentarios están elaborando una propuesta para reformar el sistema educativo español que se prevé que esté lista a mediados de año.

No están previstas reformas que afecten al desarrollo profesional y las oportunidades de carrera del profesorado antes de la celebración del pacto. Se prevé reformar la formación práctica inicial del profesorado y el acceso a la profesión docente. Los sindicatos de profesores consideran que los recortes presupuestarios durante la crisis han empeorado sus condiciones de trabajo (aumento de horas lectivas, menos oportunidades de formación permanente y requisitos más estrictos para las bajas y permisos). La elevada proporción de contratos de interinidad afecta a las perspectivas de carrera de muchos profesores. Sin embargo, en una encuesta llevada a cabo por el Ministerio de Educación, el 73 % de los profesores declaran estar satisfechos en su profesión, muy por encima de la media de la OCDE y de la UE (51 % y 46 %, respectivamente). En 2017, se destinaron 115 millones EUR a la formación y la mejora de las competencias y de la movilidad de los profesores en todos los niveles educativos, y existen planes para reducir las tasas de temporalidad de los docentes no universitarios mediante la convocatoria de oposiciones para cubrir puestos indefinidos en el sector público (véase la sección 4.3.1).

El gasto en educación aumentó a lo largo del último decenio, pero permanece por debajo de la media de la UE, en un 4,3 % del PIB en 2015. De 2012 a 2015, el porcentaje del gasto público total dedicado a la educación aumentó hasta el 9,3 %, aún por debajo de la media de la UE. Comparado con el crecimiento del alumnado (en un 13,3 % entre 2005 y 2015), el gasto público en educación en términos reales aumentó solo un 9,1 % durante el último decenio.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 preveía financiación adicional para el sistema educativo y un aumento de la tasa de reposición de los docentes jubilados. En la actualidad, uno de cada cuatro profesores es interino, la tasa más alta desde el año 2009. Para reducir esta elevada proporción, el Gobierno decidió en 2016 reponer el 100 % de los profesores indefinidos que se jubilasen (en lugar del 50 % durante los años anteriores), y a principios de 2018 se adoptaron medidas para lograr ese objetivo. Además, en 2017 el Ministerio de Educación asignó 392 millones EUR a medidas autonómicas de apoyo a nuevos programas de formación profesional inicial, que tienen por objeto establecer nuevos itinerarios en el primer ciclo de enseñanza secundaria y ayudar a los hogares vulnerables con hijos en edad escolar. Se asignaron 20 millones EUR al programa de cooperación territorial PROEDUCAR, cuyo objetivo es mantener a los estudiantes en el sistema educativo y volver a integrar en él a quienes lo hayan abandonado prematuramente.

La tasa de titulados superiores en España se sitúa por encima de la media de la UE y varía ostensiblemente en función del sexo. El 47,5 % de las mujeres tiene un título superior, frente al 34,8 % de los hombres. La tasa general de titulados de educación superior de la población de 30 a 34 años (41,2 %) sigue estando por encima de la media de la UE, pero por debajo del objetivo nacional de la Estrategia Europa 2020, que se ha fijado en un 44 %. Por otra parte, la brecha entre los estudiantes nacidos en España y los nacidos fuera de la UE es sustancial (45,2 % frente al 25,1 %), como lo es también la brecha existente entre las personas con y sin discapacidad (19,9 puntos porcentuales, frente a la media de la UE de 13,6 puntos porcentuales). ( 26 )

Los titulados universitarios tienen dificultades para encontrar un empleo acorde con su nivel educativo. Desde 2013, la tasa de empleo de los titulados superiores aumentó en 5,5 puntos porcentuales, hasta el 72,3 % en 2016, cifra que sigue estando por debajo de la media de la UE y de la tasa nacional anterior a la crisis, que era del 85,3 %. En 2015, España elaboró un mapa de empleabilidad de los titulados superiores con el fin de aumentar la conciencia de los estudiantes sobre sus futuras perspectivas de empleo, que se está actualizando actualmente.

Quedan diversas cuestiones por resolver en materia de educación superior. En diciembre de 2016, el Gobierno adoptó una estrategia para la educación superior, que contempla la modernización de las estructuras de gobernanza, incluida una mayor autonomía para la evaluación del rendimiento y la capacidad institucional. Además, se han elaborado planes para incidir en la formación en el puesto de trabajo y reforzar la colaboración con el sector privado. Es demasiado pronto para evaluar su eficacia.

La cooperación entre las universidades y las empresas en el ámbito de la educación ha mejorado, pero siguen existiendo obstáculos. El programa de doctorado industrial para la formación de investigadores en las empresas es considerado un avance positivo en materia de política educativa por todas las partes implicadas. En 2015, el programa Torres Quevedo dotó 15 millones EUR para ofrecer 200 plazas para estudiantes o titulados en empresas privadas. Algunas administraciones autonómicas y universidades están siendo especialmente proactivas a la hora de seguir la recomendación específica por país de 2016 de promover la cooperación entre universidades y empresas. Sin embargo, las partes interesadas señalan que la falta de financiación, la capacidad limitada de las pymes para asumir becarios o investigadores y la excesiva burocracia son los principales obstáculos para la cooperación.

La matrícula en la formación profesional disminuyó ligeramente, del 35,2 % en 2014 al 34,8 % en 2016. En comparación, la tasa de participación de los adultos en la formación disminuyó del 11,4 % en 2013 al 9,4 % en 2016, por debajo de la media de la UE de 10,8 %. España completó la reorganización del subsistema de formación para el empleo en julio de 2017, así como los planes para mejorar la evaluación y la validación de cualificaciones profesionales, incluidas las del sector de la educación.

Se han tomado algunas medidas para mejorar la enseñanza de competencias digitales. A pesar de cada vez más españoles utilizan Internet, el incremento de los niveles de competencias digitales sigue siendo una cuestión clave para favorecer el crecimiento de la productividad a más largo plazo. En 2017, el 45 % de las personas entre 16 y 74 años carecía de competencias digitales o su nivel era bajo. Los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representan un escaso porcentaje de la población activa (el 3 %, frente al 3,7 % en la UE). España tiene una elevada proporción de titulados en ciencia, tecnología y matemáticas, con 21,6 titulados por cada 1 000 personas. El uso de las TIC en la enseñanza es uno de los aspectos que deben abordarse en la propuesta de pacto nacional de educación. En octubre de 2017, el Gobierno adoptó el último Marco Común de Competencia Digital Docente para mejorar las competencias docentes en materia de TIC y diseñó un Portfolio de la Competencia Digital Docente para registrar y mejorar las competencias digitales de los profesores a través de autoevaluación continua.

La formación en competencias digitales de los jóvenes desempleados es clave para mejorar su acceso al mercado de trabajo. A fin de responder a la demanda de especialistas en tecnologías digitales, el Gobierno (a través de la entidad pública red.es) ha puesto en marcha un programa de ayudas para fomentar la formación y el empleo de los jóvenes en la economía digital denominado «Profesionales digitales» (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2017). Por una parte, el programa ofrece formación que responde a las necesidades de la industria digital y se ajusta a los nuevos modelos de negocio y, por otra parte, facilita el acceso de los jóvenes al empleo en este sector. Ya se han asignado 19,75 millones EUR (alrededor del 98 % del presupuesto total) a proyectos en 15 comunidades autónomas. Además, en 2017 se puso en marcha la Coalición Nacional por las Capacidades y los Empleos Digitales.

4.3.3.Políticas sociales

Mientras la situación social sigue mejorando gracias al constante crecimiento económico y del empleo, el reto es garantizar que los efectos positivos llegan a todos los grupos. En 2016, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social siguió disminuyendo, llegando al 27,9 % (lo que equivale a casi 13 millones de personas) desde el 28,6 % en 2015; aun así, sigue estando 4,1 puntos porcentuales por encima de la tasa de 2008, y cerca de 5 puntos porcentuales por encima de la media de la UE( 27 ). La recuperación económica se tradujo en una disminución del número de personas que viven en condiciones de privación material grave o en hogares cuyos miembros están todos desempleados (gráfico 4.3.7). Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza (calculada a partir de los datos de renta de 2015 [ 28 ]) permaneció casi estable desde 2014 (22,3 % en 2016) y se espera que se siga manteniendo en 2017 ( 29 ). El riesgo de pobreza o exclusión social es especialmente elevado entre los niños, los desempleados, las personas que viven en hogares donde trabaja una sola persona y las personas con discapacidad. Los migrantes también se ven afectados de forma desproporcionada, ya que en 2016, el 51,4 % de las personas no nacidas en la UE estaban en riesgo de pobreza y exclusión social (una diferencia de 27,6 puntos porcentuales con respecto a los nacidos en el país).

La intensidad de la pobreza muestra signos de mejora para todos los grupos de edad. La renta media de las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza (generalmente los desempleados de larga duración y sus hijos) aumentó ligeramente en 2016. Por primera vez en diez años, ha empezado a disminuir la diferencia entre las brechas de pobreza de la población en edad de trabajar (18-64) y la población de edad avanzada (más de 65 años). El porcentaje de personas en riesgo persistente de pobreza ( 30 ) disminuyó al 14,8 % en 2016, pero sigue estando 4 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2008 y de la media de la UE.

Gráfico 4.3.7:Riesgo de pobreza y exclusión social y sus subcomponentes

Fuente: Eurostat, EU-SILC

La pobreza en situación de empleo está estrechamente vinculada a la intensidad laboral de los hogares, y a este respecto tiene gran importancia la fuerte segmentación del mercado de trabajo. En 2016, el 13,1 % de las personas empleadas estaban en riesgo de pobreza, 0,6 puntos porcentuales más que en 2014. La pobreza en situación de empleo era especialmente elevada en el caso de los nacidos fuera de la UE (33,5 %), las personas con un bajo nivel educativo (21,2 %) y con empleos menos estables, como los trabajadores a tiempo parcial (24,3 %) y los trabajadores temporales (20,9 %) (gráfico 4.3.9). Los trabajadores con niños, y sobre todo en el caso de familias monoparentales, eran el grupo con más probabilidad de padecer pobreza en situación de empleo. Las políticas sociales no tienen en cuenta específicamente a este grupo, ya que no hay complementos en la asistencia social.

Sigue disminuyendo el efecto reductor de la pobreza de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) para el conjunto de la población. Disminuyó en 7,6 puntos porcentuales desde 2013, hasta alcanzar el 24,4 % en 2016, es decir, 8,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. Esto obedece, entre otras cosas, a la escasa eficacia de las prestaciones sociales a favor de la población en edad de trabajar (debido especialmente a la escasa cobertura) y al hecho de que durante la recuperación económica la renta mediana de las personas empleadas ha aumentado más rápidamente que la de los beneficiarios de prestaciones. La adecuación de los regímenes de renta mínima (Comisión Europea, 2017b), y de las prestaciones familiares en particular, es baja. Por lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, España se encuentra cerca o por encima de la media de la UE en lo que respecta a la adecuación y a la cobertura del desempleo de corta duración, aunque su duración (con al menos un año trabajado) es relativamente reducida 31 .

Gráfico 4.3.8:Brecha en la tasa de riesgo de pobreza

La mediana relativa de la brecha en la tasa de riesgo de pobreza se calcula como la diferencia entre la mediana de la renta disponible equivalente de las personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza y el umbral de riesgo de pobreza, expresada como porcentaje del umbral de riesgo de pobreza (punto de corte: 60 % de la renta equivalente mediana).

Fuente: Eurostat, EU-SILC.

Las iniciativas destinadas a paliar la limitada eficacia, la fragmentación y las disparidades en los sistemas de renta mínima garantizada realizan progresos muy lentos. El estudio descriptivo de los sistemas de renta mínima garantizada a nivel nacional y autonómico realizado en 2016 todavía no se ha publicado, y el plan de acción de seguimiento está todavía en fase de preparación. Aparte de la integración prevista de los tres sistemas de asistencia por desempleo gestionados a nivel nacional (sección 4.3.1), el Gobierno anunció la puesta en marcha de una «tarjeta social» destinada a integrar la información sobre las prestaciones dinerarias recibidas de todas las administraciones a nivel nacional, autonómico e incluso local. La tarjeta tiene por objeto garantizar la transparencia de las prestaciones recibidas y facilitar la participación en las medidas de activación vinculadas, pero no resolverá per se el problema de la fragmentación de los sistemas existentes.

Las diferencias de cobertura y adecuación de los sistemas autonómicos de renta mínima siguen siendo significativas. La mayoría de las comunidades autónomas establecieron como límite máximo para la renta mínima la cuantía del IPREM ( 32 ), mientras que en otras, la renta mínima alcanza el importe del salario mínimo y en algunas pocas (como Navarra y el País Vasco) lo sobrepasa. Los cálculos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, basados en simulaciones con el modelo Euromod, indican que existe una gran diferencia entre el número potencial de beneficiarios que podrían recibir apoyo a la renta en el marco de los sistemas autonómicos actuales de renta mínima y el número real de beneficiarios. Esta diferencia varía según las comunidades autónomas y se debe, en parte, a la no percepción y a las restricciones presupuestarias aplicadas a estos sistemas en la mayoría de comunidades autónomas, factores que dan lugar a que no reciban ayudas personas que sí podrían acogerse a ellas. Andalucía, las Islas Baleares, Cataluña y Navarra han revisado recientemente sus sistemas de renta mínima, con un posible efecto positivo en su cobertura y adecuación.

El grado de coordinación entre los servicios sociales y de empleo varía según las comunidades autónomas. Los servicios sociales siguen trabajando, en gran medida, sin coordinar su actuación con los servicios de empleo y viceversa, aunque se han producido avances a nivel autonómico. La Red de Inclusión Social tiene por objeto reforzar la colaboración entre los diferentes niveles de la administración. En algunas comunidades autónomas se han firmado acuerdos de cooperación entre los servicios sociales y de empleo públicos en 2017.

El índice de pobreza infantil relativa es uno de los más elevados de la UE, aunque está disminuyendo. La protección social de las familias sigue siendo baja y continúa estando fragmentada. El gasto público en prestaciones familiares en 2014 fue del 1,3 % del PIB, frente a un 2,4 % a nivel de la UE. El efecto de las transferencias sociales sobre la reducción de la pobreza infantil está por debajo de la media de la UE (17,5 % en 2016, frente al 39 % en la UE en 2015) y está disminuyendo desde 2013. Esto se debe en parte al reducido nivel de gasto en prestaciones familiares. La mejora de las condiciones del mercado de trabajo ha contribuido a reducir el porcentaje de niños que viven en hogares cuyos miembros están desempleados, desde el 14,2 % en 2014 al 11,6 % en 2016. Entre los niños cuyo(s) progenitor(es) trabajan, el riesgo de pobreza está entre los más elevados de la EU-28 (22,8 %), en particular si solo trabaja uno de progenitores (42,7 % en 2016, 3,2 puntos porcentuales más que en 2015).

El porcentaje de niños menores de 3 años matriculados en guarderías oficiales ha ido aumentando constantemente, y es superior a la media de la UE (39,7 % frente al 30,3 %). No obstante, las tasas de participación son bajas en los centros públicos, y siguen existiendo disparidades entre comunidades autónomas. El Consejo Escolar del Estado ha señalado la necesidad de crear más plazas para los niños menores de 3 años (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017b).

Gráfico 4.3.9:Pobreza en situación de empleo por tipo de empleo

(1) Empleados con una renta disponible equivalente inferior al 60 % de la renta mediana equivalente nacional.

Fuente: Eurostat, EU-SILC.

Las elevadas tasas de abandono escolar prematuro y la pobreza infantil suponen un riesgo para la igualdad de oportunidades. El coeficiente de Gini de España bajó 0,1 puntos porcentuales en 2016, pero con un valor de 34,5, seguía siendo uno de los más elevados de la UE. La polarización de las cualificaciones y la elevada tasa de abandono escolar prematuro reflejan la desigualdad de oportunidades (Doménech 2016, Castelló y Doménech 2014). La elevada proporción de niños cuyos padres están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social supone un lastre para la capacidad de España de reducir las desigualdades a largo plazo, ya que el contexto socioeconómico de los niños tiene un efecto negativo sobre sus posibilidades de obtener buenos resultados en la escuela. La incidencia de la situación socioeconómica sobre los resultados en ciencias del informe PISA para los alumnos de 15 años está próxima a la media de la UE, pero había empeorado ligeramente en 2015 con respecto a 2006.

Encontrar una vivienda asequible supone una dificultad para los más vulnerables, a pesar de haberse producido algunas mejoras. La tasa de sobrecoste de la vivienda ( 33 ) para el quintil de rentas más bajas fue del 38,4 % en 2016, frente a un 36,3 % en la UE (en 2015). Todo ello a pesar de la creación del Fondo Social de Viviendas en 2013 para aliviar la situación de aquellos que no logran pagar sus hipotecas, gastos de vivienda o alquileres, al que se pueden acoger más de medio millón de hogares (Banco de España 2014, 2016). El acceso a las viviendas sociales es limitado y menos del 0,01 % del PIB se dedica a la protección social en materia de vivienda, que en 2017 se redujo en un 19 % con respecto a 2016 en términos nominales.

Las medidas de eficiencia energética han tenido como efecto indirecto el alivio de la pobreza energética. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza que no pueden calentar convenientemente su hogar aumentó del 17,1 % al 23,3 % entre 2005 y 2015 (por encima de la media de la UE), debido principalmente a la recesión económica. Sin embargo, la recuperación económica y las medidas adoptadas han minorado este indicador en un 5 % en 2016. La modificación de los criterios para beneficiarse del bono social, ya aplicable en 2017, tiene por objeto centrarse más en los hogares con bajos ingresos y reforzar la protección de los consumidores vulnerables. Para el período 2014-2020, España ha asignado importantes cantidades de los fondos de la política de cohesión de la UE a medidas de eficiencia energética, en particular en el sector de la vivienda. Se espera que esto permita a más personas calentar adecuadamente su hogar, un efecto indirecto positivo de los esfuerzos desplegados por España para cumplir sus compromisos en materia de eficiencia energética en el marco de la Estrategia Europa 2020 de la UE (sección 4.5.2).

La prestación de servicios de asistencia de larga duración sigue mejorando, pero las necesidades se cubren de forma desigual en las distintas comunidades autónomas. El número de personas beneficiarias de servicios de asistencia de larga duración aumenta de forma constante, con un incremento del 11,44 % entre 2016 y 2017. Sin embargo, aproximadamente un cuarto de las personas reconocidas como dependientes (315 000 de un total de 1,26 millones) se encontraban en lista de espera en noviembre de 2017. En 2017, todas las comunidades autónomas redujeron sus listas de espera, aunque en diferentes grados. El coste por beneficiario de asistencia está disminuyendo lentamente, y la creación de empleo en los servicios de asistencia a largo plazo fue estable en el primer semestre de 2017. Una parte sustancial de la asistencia la siguen prestando cuidadores informales no formados, en su mayoría familiares de sexo femenino. En diciembre de 2017, el Gobierno aumentó en un 5,3 % la financiación para la prestación de asistencia de larga duración.

Las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria son reducidas en comparación con la media de la UE, aunque han aumentado ligeramente. España tiene una de las tasas más bajas de necesidades de asistencia médica no cubiertas de la UE. No obstante, la diferencia en las necesidades de reconocimiento médico no cubiertas declaradas por los propios interesados entre los grupos de renta más baja y más alta aumentaron de 0,2 puntos porcentuales en 2008 a 1,6 puntos porcentuales en 2014. Aunque esta diferencia sigue estando por debajo de la media de la UE, supone un cambio sustancial (OCDE, 2017c). Además, el copago médico excede la media de la UE en un 50 % (3,5 % del gasto total, frente al 2,3 % en la UE). El 4,4 % de la población dejó de tomar la medicación prescrita porque era demasiado cara( 34 ). Las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria también son considerables. Por ejemplo, los tiempos de espera para cirugía oscilan entre 50 y 160 días según la comunidad autónoma, y hay entre 2,7 y 5,3 médicos por cada 1 000 habitantes ( 35 ). Aunque las competencias en materia de organización y prestación de asistencia sanitaria están transferidas a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, existe un Consejo Interterritorial que puede servir de foro de coordinación.

4.4. Inversión

4.4.1.Competitividad exterior *

El aumento de las exportaciones de bienes y servicios ha cimentado el mantenimiento del superávit de la balanza por cuenta corriente. Se prevé que en 2017 la balanza por cuenta corriente española siga arrojando superávit por quinto año consecutivo, una trayectoria sin precedentes en ninguna otra fase expansiva en España. La balanza por cuenta corriente ajustada en función del ciclo (según las estimaciones, el 2,0 % del PIB en 2017) se sitúa ahora por encima tanto del nivel que sugieren los factores fundamentales (0,4 % del PIB) como del nivel necesario para estabilizar la posición de inversión internacional neta en valores prudentes a medio plazo ( 36 ) (en torno al 0,2 % del PIB) (Comisión Europea, 2017e). Alrededor del 80 % de la mejora de la balanza por cuenta corriente entre 2007 y 2017 obedece a la mejora de la balanza comercial de bienes y servicios, de aproximadamente 10 puntos porcentuales del PIB. El aumento de las exportaciones prácticamente triplicó la disminución de las importaciones en términos absolutos (véase el gráfico 4.4.1). Si bien es cierto que factores transitorios tales como los bajos precios del petróleo han contribuido a la mejora de la balanza comercial, los factores estructurales han cobrado cada vez mayor importancia.

El aumento del número de empresas que exportan de manera habitual y su diversificación geográfica supone una mejora estructural del comportamiento de las exportaciones. La internacionalización de las empresas españolas ha proseguido, impulsada por el hundimiento de la demanda interior en las primeras fases de la crisis y apuntalada por las mejoras de la competitividad de costes logradas desde entonces (véase el recuadro 4.4.1). Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el número de exportadores habituales creció un 27,3 % entre 2007 y 2016, y la diversificación geográfica de las exportaciones a los mercados emergentes y en rápido crecimiento ha aumentado. Por otra parte, en la composición de las exportaciones ahora pesan más los bienes de tecnología media-alta (especialmente, vehículos) y los servicios de alto valor añadido (aumento aproximado del 2 % del PIB desde 2014). Estos factores estructurales han propiciado un incremento constante de las cuotas reales en los mercados de exportación desde 2013. Pese a su evolución positiva, las exportaciones españolas aún siguen concentradas en los bienes en los que la competencia se basa fundamentalmente en el precio.

Gráfico 4.4.1:Variación de la balanza comercial de bienes y servicios: contribución de las exportaciones y las importaciones

1) Una contribución negativa (positiva) indica un aumento (una disminución) de las importaciones o una disminución (un aumento) de las exportaciones.

Fuente: Eurostat y cálculos propios.

La dependencia cada vez mayor de la economía de los bienes producidos en el propio país ha limitado el crecimiento de las importaciones. El reequilibrio sectorial desde el comienzo de la crisis se ha traducido en un mayor peso de las actividades orientadas a la exportación en la economía española (véase el recuadro 4.4.2). Este fenómeno ha tenido lugar en el contexto del aumento de la participación de España en las cadenas globales de valor (Prades y Villanueva, 2017). Teniendo en cuenta el contenido tradicionalmente elevado de insumos importados en las exportaciones, esta evolución debería haber ido de la mano de una mayor intensidad de las importaciones. No obstante, el ritmo de crecimiento de las importaciones españolas se sitúa por debajo del que sugerirían sus factores determinantes fundamentales (véase el recuadro 4.4.1). Aunque el contenido de importaciones de los componentes del PIB español aumentó al inicio de la recuperación, sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis, en particular por lo que respecta al consumo privado (véase el gráfico 4.4.2). Como sugieren los datos de las empresas, los insumos importados estarían siendo sustituidos cada vez en mayor medida por insumos nacionales suministrados por empresas españolas (Banco de España, 2017, pp. 80-107). En conjunto, la repercusión de la devaluación interna registrada desde el inicio de la crisis en las decisiones de gasto de los hogares y las empresas españoles parece explicar el modesto repunte de las importaciones.

Gráfico 4.4.2:Contenido de insumos importados de los componentes del PIB en España

1) El contenido de insumos importados se define como la parte importada directa o indirectamente de cada componente de demanda del PIB (Bussière et al. 2013).

Fuente: Banco de España, a partir de datos de WIOD para 2016.

La moderación salarial sigue impulsando la mejora de la competitividad de costes. Entre 2009 y 2017, la competitividad de costes de la economía española en comparación con la UE, medida por el tipo de cambio real efectivo, mejoró alrededor del 11 % sobre la base de los costes laborales unitarios, y en torno al 4 % sobre la base de los precios de las exportaciones. Pese al repunte de la inflación, la moderación salarial se mantuvo en 2017, al hilo de las reformas estructurales aplicadas en los años precedentes y, más recientemente, debido a los efectos de composición y una deriva salarial negativa. Esta evolución está en consonancia con la tendencia general de crecimiento salarial contenido entre las economías avanzadas. Se prevé que los salarios vayan ascendiendo a medida que la brecha de producción se vuelva positiva. Junto con el bajo crecimiento de la productividad agregada, esta evolución dará lugar a aumentos moderados de los costes laborales unitarios. No obstante, hasta 2019 todavía se prevén mejoras adicionales de la competitividad pues, según las previsiones, el crecimiento de los costes laborales unitarios será más lento en España que en el resto de la zona del euro.

Los salarios y la productividad no han evolucionado de forma coincidente en cada sector, de modo que los costes laborales unitarios divergen sustancialmente en los distintos sectores. La intensa destrucción de empleo registrada durante la crisis dio lugar a un aumento significativo de la productividad aparente en todos los sectores, pero durante la fase de recuperación, la productividad ha seguido aumentando, sobre todo en los sectores «exportables» (es decir, aquellos que fundamentalmente producen bienes y servicios que pueden ser objeto de intercambio internacional; véase el recuadro 4.4.2). Al mismo tiempo, la evolución de los salarios no se ha ajustado a la de la productividad a nivel sectorial. En particular, los salarios han crecido más rápidamente que la productividad desde el segundo trimestre de 2013, principalmente en los sectores «no exportables», al contrario de lo sucedido en los sectores «exportables». Así pues, la evolución de los costes laborales unitarios en los distintos sectores ha sido dispar (gráfico 4.4.3).

Gráfico 4.4.3:Costes laborales unitarios por sector

Fuente: INE y Comisión Europea.

Recuadro 4.4.7: Evaluación de los cambios estructurales en las exportaciones y las importaciones españolas de bienes y servicios: elasticidad a la demanda y a la competitividad a largo plazo

Desde el inicio de la crisis, las exportaciones españolas han crecido por encima de lo que podrían sugerir sus factores determinantes tradicionales (crecimiento de los mercados de exportación y competitividad-precio). Al mismo tiempo, las importaciones han evolucionado a un ritmo más lento del que implicarían los factores fundamentales (demanda final y competitividad-precio). Esta evolución indica que se ha producido un cambio estructural en los resultados de la economía española en el exterior. A fin de determinar los factores impulsores de las importaciones y las exportaciones, así como las modificaciones en su relación tradicional, se han calculado ecuaciones dinámicas de las importaciones y las exportaciones (sobre la base de la metodología presentada en Christodoulopoulou y Tkačevs, 2014), y los resultados principales se presentan en el presente recuadro. ( VIII )

Según estos cálculos ( IX ), el crecimiento de las exportaciones obedece sobre todo al crecimiento en los mercados de exportación de España (gráfico 1a). El efecto de la competitividad de precios en el crecimiento de las exportaciones fue negativo en el periodo anterior a la crisis (1999-2007), pero pasó a ser positivo durante la fase de recuperación (2014-2017). Al mismo tiempo, la elasticidad a la competitividad-precio es inferior a uno (-0,81), lo que sugiere que la sensibilidad de las exportaciones españolas a los cambios en los precios ha disminuido a lo largo del último decenio (-1,3 según el cálculo anterior). Todo ello sugiere que las exportaciones españolas han pasado a ser menos dependientes de la competitividad de precios, lo cual puede explicarse por el cambio en la composición de las exportaciones españolas hacia bienes y servicios con un mayor valor añadido, los cuales son menos sensibles a la evolución de los precios (FMI, 2017, pp. 22-34; Prades y García, 2015).( X ) Además, la participación relativamente elevada de España en las cadenas globales de valor ayuda a aislar la trayectoria de las exportaciones de las fluctuaciones del tipo de cambio.

El colapso de la demanda interna durante la crisis sirvió de acicate para que las empresas españolas intensificaran sus esfuerzos de internacionalización y búsqueda de otros mercados, contribuyendo así al crecimiento de las exportaciones. Este proceso no parece haberse invertido durante la recuperación, pues la recuperación del consumo privado no está teniendo una repercusión negativa importante en las exportaciones (véase el gráfico 4.4.7.a), lo que confirma que los exportadores han consolidado su presencia en los mercados exteriores, como también revela la creciente diversificación geográfica de las exportaciones españolas y el aumento del número de exportadores habituales. Por último, los residuos positivos indican que las exportaciones han venido creciendo sistemáticamente por encima de sus fundamentos, lo que apoya la hipótesis de un cambio estructural en la trayectoria de las exportaciones.

También se ha estimado una ecuación dinámica para las importaciones de bienes y servicios ( XI ), de la que se desprende que la demanda interna ha sido el principal factor impulsor de su crecimiento desde 1999, mientras que la contribución de la competitividad ha sido limitada (gráfico 4.4.7.a). Durante la crisis, solo las exportaciones contribuyeron positivamente al crecimiento de las importaciones. Los residuos negativos en los años de recuperación indican que, al contrario de las exportaciones, las importaciones están creciendo menos de lo que implicarían sus fundamentos, lo que apunta nuevamente a un cambio estructural en la relación. Esto se ha producido en un contexto de aumento de las exportaciones, que normalmente debería haber impulsado el crecimiento de las importaciones, dado su elevado contenido de insumos procedentes del extranjero. En efecto, los datos de las empresas revelan un cierto grado de sustitución de las importaciones durante la actual recuperación (Banco de España, 2017, pp. 52-79). A nivel agregado, la sensibilidad de las importaciones españolas a los ingresos parece haber disminuido desde la crisis, mientras que la elasticidad ante los precios se ha mantenido relativamente estable (gráfico 4.4.7.b).

4.4.2.PRODUCTIVIDAD

Algunos subsectores han registrado aumentos considerables de productividad desde la crisis, sobre todo gracias a la reasignación intrasectorial de los recursos. En términos agregados, la productividad aparente (es decir, el valor añadido por persona empleada) en España es inferior a la de otros grandes países de la zona del euro. Sin embargo, la agricultura, la construcción, la hostelería, así como las telecomunicaciones (un subsector de las TIC) son sectores que representan un alto porcentaje de valor añadido bruto (VAB) en España y en los que, en 2016, la productividad fue superior a la de otras economías de la zona del euro (gráfico 4.4.4). Además, la brecha de productividad entre España y otros grandes países de la zona del euro se ha reducido en algunos subsectores, entre los que cabe citar: equipos eléctricos; servicios jurídicos, de gestión y de ingeniería; mobiliario y joyería; transporte y almacenamiento; servicios a las empresas; y fabricación de equipos de transporte. En algunos de ellos se ha registrado un crecimiento significativo del empleo desde el comienzo de la crisis, lo que apunta a una mejora en la eficiencia de la asignación de recursos. No obstante, en lo que respecta al conjunto de la economía, la reasignación sectorial de mano de obra hacia los sectores más productivos ha desempeñado un papel limitado a la hora de explicar el crecimiento de la productividad agregada (recuadro 4.4.8).

La brecha de productividad entre las empresas más productivas y las demás estaría provocada en parte por diferencias en la capacidad de innovación y en la inversión en capital intelectual. La brecha de productividad se ensanchó durante la crisis, sobre todo en el sector de la información y la comunicación, en el que se registró el mayor aumento (véase el gráfico 4.4.5). Ello sugiere que la digitalización es un factor importante en esta evolución, y apunta a la existencia de obstáculos que impiden la difusión de la innovación (Adalet McGowan et al., 2017). Esta interpretación se ve confirmada por el porcentaje relativamente bajo de empresas con innovaciones en materia de productos, procesos o comercialización en España, y la inversión insuficiente, en promedio, en activos de TIC y capital intangible. Se ha demostrado que esos tipos de activos diferencian a las empresas en la escala mundial de productividad y las alejan de las más rezagadas (Thum-Thysen et al., 2017).

Gráfico 4.4.4:Brecha de productividad de España frente a la media de Alemania, Francia e Italia, 2010, EUR/hora

Fuente: Eurostat.

Recuadro 4.4.8: Reequilibrio sectorial en España

Desde el inicio de la crisis, los sectores de bienes y servicios exportables( XII ) han aumentado su participación global en el valor añadido bruto (VAB) de la economía española. Durante la crisis (2008-2013), el colapso del sector de la construcción (un sector «no exportable») fue acompañado de un descenso brusco del sector manufacturero (sector «exportable»). Al mismo tiempo, la cuota de los servicios no de mercado (otro sector «no exportable») en el total del VAB también aumentó, pues su producción se mantuvo relativamente estable en un período en el que la mayoría de los demás sectores se redujeron. Así pues, el peso total en la economía de los bienes y servicios exportables apenas registró un pequeño aumento durante esos años (gráfico 4.4.8.1.a). No obstante, desde el comienzo de la recuperación, la mayoría de los sectores de bienes y servicios exportables han crecido más rápidamente que los de los bienes y servicios no exportables, de modo que ha aumentado su peso en el VAB total. El sector manufacturero ha vuelto a subir con fuerza desde 2013, aunque su participación en el VAB total sigue por debajo del nivel anterior a la crisis. La participación en el VAB de otros sectores exportables, como el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento y las TIC también ha aumentado durante el período considerado. Curiosamente, la participación en el VAB de las actividades relacionadas con el turismo (servicios de hostelería) era menor en 2016 que en 2008. Al mismo tiempo, sectores como el de los servicios profesionales, clasificados tradicionalmente como no exportables pero que ahora exportan un porcentaje cada vez mayor, también se han expandido con intensidad durante la recuperación, contribuyendo al proceso de reequilibrio interno. La creciente apertura comercial desde el inicio de la crisis ha sido un fenómeno común tanto en los sectores exportables como en los demás, y ha sido especialmente intensa en la agricultura, las manufacturas y los servicios profesionales (gráfico 4.4.8.1.b).

La proporción relativa de los sectores de bienes y servicios exportables y no exportables en el empleo total se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la crisis, aunque se han producido cambios sustanciales en algunos sectores. Las modificaciones más importantes en los porcentajes del empleo total entre 2008 y 2016 se produjeron en la construcción, las manufacturas y los servicios no de mercado. Este último sector (que principalmente engloba servicios públicos) aumentó su participación en el empleo total, pues las plantillas permanecieron relativamente estables durante la crisis, mientras que se redujeron en la mayoría de los demás sectores (gráfico 4.4.8.2.a). Sin embargo, la evolución del empleo total, por sectores, es bastante diferente. Desde 2013, los mayores incrementos en el total del empleo (equivalentes en tiempo completo, en contraposición a los cambios en las proporciones) se han producido en la hostelería, la Administración Pública, el comercio, las actividades administrativas y de apoyo, las manufacturas y los servicios profesionales.

La diferente evolución del valor añadido y del empleo subraya las importantes divergencias en el crecimiento de la productividad aparente entre los distintos sectores. Aunque durante la crisis la destrucción de empleo provocó que la productividad aumentara en la mayoría de los sectores, tanto en los «exportables» como en los «no exportables», desde el comienzo de la recuperación la productividad ha seguido aumentando sobre todo en los primeros (gráfico 2.b), en algunos de ellos con especial intensidad. Por ejemplo, la productividad en el sector manufacturero ha aumentado más de un 25 % respecto a los niveles anteriores a la crisis (gráfico 4.4.8.2.b).

Sin embargo, el reequilibrio sectorial no ha sido un factor impulsor importante del crecimiento de la productividad agregada. En el periodo 2008-2016, únicamente el 17 % del crecimiento de la productividad puede atribuirse a una reasignación sectorial de la mano de obra, mientras que el 83 % restante se explica sobre todo por el crecimiento de la productividad dentro de cada sector (gráfico 4.4.8.3.b). Sin embargo, desde 2013, la reasignación sectorial ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de la productividad. Aunque solo el 24 % del aumento del empleo desde 2013 ha tenido lugar en sectores con productividad superior a la media, se ha producido un cambio en el peso relativo en el empleo de los sectores con productividad inferior a la media, el cual se ha traducido empero en un incremento moderado de la productividad agregada. Por ejemplo, los servicios domésticos, cuya productividad es muy baja, han perdido peso respecto a la hostelería, cuya productividad es superior, aunque inferior a la media (gráfico 4.4.8.3.a). La reasignación intrasectorial de recursos parece explicar gran parte del crecimiento de la productividad dentro de cada sector, y la entrada y salida de empresas ha desempeñado un papel importante en este proceso (Banco de España, 2014). Así pues, los obstáculos institucionales y estructurales (obstáculos financieros, instituciones del mercado de trabajo, desajustes de las cualificaciones, regulaciones del mercado de productos que dificultan la entrada y salida de empresas, etc.) pueden tener efectos negativos sobre la reasignación de recursos y la productividad.

Gráfico 4.4.5:Distribución del crecimiento de la productividad laboral en España (valor añadido real por empleado)

Promedio del crecimiento anual de la productividad entre 2011 y 2013. Los valores mostrados corresponden a las empresas de los percentiles 10º, 50º, 90º, 99º y la media de la productividad en el sector.

Fuente: CompNet.

La brecha de productividad entre empresas obedece también a una inadecuada asignación del capital, pero en los últimos años se vienen observando señales de mejora. Al comienzo de la recuperación, en España había una proporción relativamente elevada de empresas excesivamente endeudadas (véase la sección 4.2.1), que en 2013 representaban más del 15 % del total del volumen de capital (Adalet McGowan et al., 2017). Estas empresas podrían obstaculizar el crecimiento de la productividad, al retener capital y la mano de obra que podrían asignarse a empresas más productivas, en particular empresas emergentes. Los datos confirman también que en los años anteriores a la crisis, en general no se tendía a asignar el capital a las empresas más innovadoras (Haugh et al., 2017). Los últimos datos de las empresas muestran que ahora el crédito vuelve a fluir hacia las empresas más productivas y menos endeudadas (Banco de España, 2017d), lo que contribuye al crecimiento de la inversión en capital productivo (véase la sección 4.2.2).

4.4.3.Investigación, innovación y economía digital

En España el nivel de innovación es moderado, y las actividades de mayor valor añadido representan una proporción limitada en su estructura económica. Entre 2010 y 2016, el rendimiento en materia de innovación disminuyó de un 80,1 % al 78,3 % de la media de la UE( 37 ). En términos relativos, entre los puntos fuertes del sistema de innovación cabe citar el número de nuevos doctorados, el porcentaje de titulados superiores, la penetración de la banda ancha, la firma conjunta de artículos en publicaciones científicas internacionales y el número de solicitudes de marcas. Entre los puntos débiles cabe citar las insuficiencias en lo que respecta a las pymes innovadoras, las colaboraciones público-privadas y las ayudas y la financiación. En cuanto a los recursos humanos, en España se registra una escasez de especialistas en TIC vinculada con la modesta digitalización de las pymes en sectores como el comercio minorista y mayorista ( 38 ) y una falta general de competencias digitales de la población (sección 4.3.2.).

La persistencia de los bajos niveles de inversión en I+D afecta a los resultados en materia de innovación y al crecimiento de la productividad en España. En 2016, la inversión pública en I+D se situaba en el mismo nivel que en 2007 (0,55 % del PIB) después del máximo registrado en 2009-2010 (0,65 % del PIB). A pesar de la fuerte aceleración de la actividad económica, la actual intensidad del gasto público en I+D sigue muy por debajo de la media de la UE (0,55 % frente al 0,69 % del PIB). La intensidad del gasto en I+D (1,19 % del PIB en 2016) sigue una tendencia a la baja desde 2009 (1,35 %). A este fenómeno contribuye en gran medida el bajo y decreciente nivel de ejecución (56,2 % en 2015) del presupuesto público de investigación e innovación (I+i). En el contexto actual, parece muy poco probable que se alcance el objetivo nacional de intensidad del gasto en I+D (2 % del PIB) en el marco de la Estrategia Europa 2020.

Ya está en funcionamiento la nueva Agencia Estatal de Investigación, responsable de gestionar los fondos públicos destinados a este ámbito. Aún está pendiente su contrato de gestión, el marco plurianual que garantiza los recursos que se le destinan. No obstante, en 2017 la Agencia constituyó su Comité Científico y Técnico, estableció un plan de trabajo anual y comenzó a desarrollar metodologías de evaluación. En 2017 España también aumentó el volumen de financiación asignado atendiendo a los resultados científicos.

Aunque la producción nacional de los investigadores altamente cualificados es buena, sus perspectivas profesionales y la movilidad entre las esferas científica y empresarial son limitadas. En España, el número de nuevos doctorados se sitúa en la media y el porcentaje de licenciados en ciencias es superior a la media (Comisión Europea, 2018b), pero el número total de investigadores es bajo, lo que revela lo limitado de la demanda de investigadores en el mercado de trabajo ( 39 ). España ha introducido algunas medidas puntuales de fomento para hacer frente a los retos más acuciantes relacionados con la segmentación del mercado de trabajo del personal académico (funcionarios / contratos de corta duración) y el bajo índice de empleo de los jóvenes doctorados. Los organismos públicos de investigación han sido autorizados a sustituir a todos los investigadores que se jubilen y se han reforzado los programas de apoyo postdoctoral (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etc.). Los programas de apoyo a los doctorados, como las ayudas Torres Quevedo, incentivan los vínculos existentes entre la ciencia y la industria y tratan de aumentar la escasa movilidad entre los ámbitos investigador y empresarial. En cambio, el porcentaje del total de publicaciones científicas conjuntas de los sectores público y privado sobre el total de las publicaciones científicas es inferior a la media de la UE.

Gráfico 4.4.6:Previsiones de la intensidad del gasto en I+D, 2000-2020

(1) Las previsiones de la intensidad del gasto en I+D se basan en las tendencias y se derivan del crecimiento anual compuesto de la intensidad del gasto en I+D en el período 2007-2016.
(2) UE: La previsión se basa en el objetivo del 3,0 % para la intensidad del gasto en I+D para 2020.
(3) ES: La previsión se basa en el objetivo propuesto del 2,0 % para la intensidad del gasto en I+D en 2020.

Fuente: DG de Investigación e Innovación, Eurostat y datos del Estado miembro.

La capacidad de innovación de las empresas sigue siendo débil a pesar de las medidas adoptadas. En España, los servicios intensivos en conocimiento representan una proporción relativamente baja del empleo total en el sector servicios (51,2 % frente al 58 %, en promedio, en la UE). La industria manufacturera de alta tecnología y tecnología media-alta solo representaba el 31 % del empleo en el sector manufacturero, frente al 36,4 % como media en la UE durante el mismo período. La intensidad del gasto en I+D de las empresas ha venido disminuyendo desde el máximo del 0,72 % del PIB en 2008 hasta situarse en el 0,64 % del PIB en 2016. Para aumentar la inversión en I+D de las empresas, España puso en marcha una serie de iniciativas y regímenes de apoyo a fin de mejorar el acceso a la financiación y el entorno empresarial (secciones 4.2 y 4.4.2) y desarrolló incentivos fiscales para el gasto empresarial en I+D. No obstante, los vínculos entre los ámbitos empresarial y científico siguen siendo débiles. El gasto público en I+D financiado por el sector empresarial sigue una tendencia a la baja desde 2010 y su nivel (tan solo 0,034 % del PIB) es muy inferior a la media en la UE (0,052 % del PIB)( 40 ). Algunos regímenes públicos renovados —como el programa «NEOTEC», de apoyo a la creación de empresas que tengan una base tecnológica innovadora— han contribuido a reforzar el espíritu emprendedor y la transferencia de conocimientos. A este último propósito contribuye también el programa «CIEN», que financia proyectos estratégicos innovadores en los que participen conjuntamente pymes, organismos públicos y universidades. Sobre el papel, los incentivos fiscales para la I+D de las empresas son generosos, y los tipos implícitos de las subvenciones fiscales correspondientes figuran entre los más elevados de la OCDE. No obstante, en España su utilización sigue siendo modesta, especialmente por lo que respecta a las pymes. En 2017 ascendieron a 323 millones EUR (OCDE, 2017d). Su progresividad y lo prolongado del lapso entre la solicitud y la decisión de reembolso pueden explicar, en parte, la baja aceptación.

Se está racionalizando la gobernanza de la política de I+D a escala nacional. En 2017 se unificaron en un solo departamento las competencias nacionales sobre las políticas y los instrumentos de apoyo a la I+D privada. El nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 incluye por primera vez una descripción detallada de todos los regímenes de ayuda de los distintos organismos que aportan fondos. De manera similar, las acciones estratégicas sobre la «Industria Conectada 4.0» y la «Economía y Sociedad Digital» pretenden reforzar las sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos.

A pesar de las recientes mejoras, la coordinación de las instancias nacionales y autonómicas en la concepción, la aplicación y la evaluación de la política de I+D sigue siendo escasa. Se ha creado una Coalición Nacional por el Empleo y las Competencias Digitales y se ha reactivado la red de políticas públicas de I+D+i. Su objetivo es generar sinergias en la aplicación de las estrategias de nacionales y autonómicas de especialización inteligente, mejorar la utilización de los recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y evitar duplicaciones. Sus comités temáticos (I+D en materia de energía, sanidad, agua, turismo, diseño y evaluación y sistemas de supervisión) han logrado los primeros resultados. En 2017 también se asistió al nacimiento de la nueva red CERVERA, para fomentar la transferencia de conocimiento y los vínculos entre los ámbitos científico y empresarial a través de centros de excelencia. El segundo Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y algunas iniciativas interautonómicas de contratación pública en el ámbito de la innovación constituyen otros ejemplos de coordinación fructífera entre las instancias nacionales y autonómicas.

El desarrollo insuficiente de la cultura de evaluación dificulta extraer enseñanzas de las políticas para mejorar el apoyo destinado a la I+D. La calidad, la incidencia y la eficiencia de la financiación pública no se evalúan sistemáticamente con metodologías comparables, lo que se traduce en oportunidades perdidas para mejorar la calidad y la competitividad del sistema español de I+D (Fernández-Zubieta et al., 2018). Hay algunas excepciones positivas, en concreto regímenes de cooperación entre las empresas y el mundo científico (CENIT, Torres Quevedo, etc.) y becas de excelencia para investigadores (como las ayudas Ramón y Cajal). La evaluación de programas exitosos ajustados a las normas internacionales de revisión inter pares, como Severo Ochoa y María de Maeztu, o regímenes pertinentes de fortalecimiento de los recursos humanos y los vínculos entre las empresas y el mundo científico, como el programa de doctorados industriales, constituyen una base sólida para extender los planteamientos de evaluación sistemática a otros programas.

Una conectividad de banda ancha alta y rápida refuerza la preparación de España para la economía digital. Es especialmente intenso el crecimiento de la cobertura de las redes con una velocidad de acceso igual o superior a 100 Mbps, al alcance del 83,6 % de la población. El despliegue de las redes de fibra óptica (FTTP) constituye un activo importante de la sociedad digital española, pues su cobertura ya alcanza al 71,4 % de la población, aunque este porcentaje apenas llega al 20,9 % en las zonas rurales menos pobladas. El 59 % de las suscripciones ofrecen velocidades iguales o superiores a 30 Mbps y el 24 % ofrecen 100 Mbps o más. La aplicación enérgica de políticas que favorezcan el acceso a conexiones de banda ancha de alta velocidad reforzará la posición de España en la economía digital.

La digitalización de las empresas ha avanzado en España, pero su potencial aún no se está aprovechando plenamente. El nivel relativamente bajo de digitalización de las pymes españolas (solo el 20 % de las pequeñas empresas pueden realizar ventas por internet) contrasta con el de las grandes empresas (38 %) (Comisión Europea, 2018b) y estaría limitando su potencial de absorción de innovación y crecimiento. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está desarrollando una nueva Estrategia Digital para una España Inteligente.

4.4.4.Entorno empresarial

Las reformas del entorno empresarial se han estancado durante los últimos tres años. En los últimos años, España ha introducido reformas legislativas de gran calado para mejorar el entorno empresarial. Sin embargo, España sigue rezagada por lo que respecta al espíritu emprendedor y otros indicadores del entorno empresarial (Comisión Europea, 2017d). A pesar de estas dificultades, en los últimos años se ha registrado una notable ralentización en la adopción las reformas pertinentes.

Las disparidades de la reglamentación entre comunidades autónomas siguen constituyendo una carga para las empresas. Los solapamientos y las diferencias de las normativas que rigen el acceso y el ejercicio de las actividades económicas en España pueden obstaculizar la libre circulación de bienes y servicios y el establecimiento de empresas en todos los sectores, desde el minorista tradicional a la economía colaborativa. La Ley de garantía de la unidad de mercado tiene por objeto facilitar el acceso a las actividades económicas y su expansión en toda España. Aunque el Gobierno ha tomado medidas, por ejemplo exigiendo una evaluación ex ante del impacto de los proyectos legislativos sobre la unidad del mercado y publicando un catálogo de buenas y malas prácticas, su aplicación ha sido lenta, especialmente a nivel autonómico. Entre junio y noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional español dictó cuatro sentencias sobre la Ley de garantía de la unidad de mercado. Aunque ha avalado la norma, ha declarado nulos y sin efectos algunos de sus artículos, entre otros los preceptos que regulaban el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las licencias y declaraciones previas concedidas por o sometidas a cualquier comunidad autónoma. Es pronto para conocer las consecuencias prácticas de las sentencias para la aplicación de la Ley, puesto que otros principios en ella reconocidos, como los de «necesidad y proporcionalidad de las medidas de las autoridades competentes», pueden ser invocados por los operadores económicos afectados por los obstáculos para lograr resultados similares a la «eficacia en todo el territorio nacional».

El Gobierno está estudiando diversas medidas encaminadas a eliminar los obstáculos al crecimiento de las empresas. El predominio de las pequeñas empresas en España es un factor que explica la escasa productividad de la economía (Comisión Europea, 2016c, y Huertas Arribas y Salas Fumás, 2017). Un informe de la Administración analiza los obstáculos reglamentarios al crecimiento empresarial (Ministerio de Economía, 2017) y precisa tres posibles intervenciones: la supresión de los umbrales previstos en la normativa, la mejora del entorno empresarial y el refuerzo de la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado. En el momento de redactar el presente documento no se estaba dando seguimiento al citado informe.

Reducir las restricciones aplicadas a los servicios aumentaría la productividad más allá del propio sector (van der Marel et al., 2016). En España, el valor añadido procedente del sector de los servicios que se incorpora en el sector manufacturero representa el 33 % del valor añadido en este último (DG Centro Común de Investigación, 2017). Por tanto, eliminar las restricciones en el sector de los servicios aumentaría el valor añadido y la productividad en el sector manufacturero. En concreto, se estima que la supresión de los obstáculos normativos en el sector de los servicios aumentaría en más de un 10 % la productividad de varias industrias manufactureras (Curnis y Manjón Antolín, 2017).

Las restricciones en los servicios minoristas siguen siendo elevadas. Las restricciones normativas son elevadas tanto para el establecimiento como para el funcionamiento de los comercios minoristas, la productividad laboral es muy baja y los márgenes son relativamente elevados. Ya se ha reformado la legislación para flexibilizar los horarios de apertura y suprimir el requisito de autorización de ámbito local y autonómico aplicado a los establecimientos minoristas. No obstante, las medidas para simplificar el establecimiento aún no se aplican plenamente en todas las autonomías.

Las restricciones impuestas a los servicios profesionales son superiores a los niveles de la UE para distintas profesiones, por ejemplo, ingenieros civiles y arquitectos (Comisión Europea, 2017j). Aunque se han modificado los estatutos de determinadas profesiones reguladas, no se ha realizado ningún avance en la reforma de la regulación de los servicios profesionales. En particular, las disparidades entre comunidades autónomas en materia de inscripción en los colegios profesionales pueden entorpecer la libre circulación y la asignación eficiente de los correspondientes servicios en todo el territorio. Desde 2010 está pendiente la aprobación de una ley, según se prescribe en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009. La racionalización de la colegiación obligatoria es uno de los objetivos de la reforma pendiente.

Las restricciones a la economía colaborativa varían en las distintas comunidades autónomas. Así sucede en el sector del alojamiento. En las Islas Canarias, la legislación exigía una autorización previa y prohibía el alquiler por habitaciones de forma separada en viviendas vacacionales. La norma correspondiente fue impugnada, y el tribunal competente declaró nulos y sin efectos los preceptos que prohibían el alquiler por habitaciones de forma separada, la prohibición de ofrecer servicios de alojamiento en alquileres de corta duración en las áreas/zonas turísticas y la obligación de registro. Sin embargo, la regulación del mercado de alquileres de corta duración en otras comunidades autónomas (como la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares) sigue siendo restrictiva e impone requisitos específicos a los servicios ofrecidos por los particulares y las actividades de las plataformas de la economía colaborativa. Los requisitos de autorización autonómica para los servicios de transporte restringen la actividad de las plataformas colaborativas que organizan intercambios de transporte privado (Frazzani et al., 2016). La Comisión Nacional de la Competencia ha impugnado las normativas nacionales y autonómicas sobre transporte y servicios de alojamiento en varias ocasiones (la última, en septiembre de 2017), argumentando que obstaculiza la competencia al crear barreras innecesarias y discriminatorias.

Recuadro 4.4.9: Retos y reformas en materia de inversiones en España

1. Perspectiva macroeconómica

Tras una fuerte reducción durante la crisis, impulsada por el hundimiento del sector de la construcción en España, la inversión ha repuntado considerablemente durante la recuperación, impulsada por la inversión empresarial, y en la actualidad se sitúa algo por encima de la media de la zona del euro. La inversión en sectores distintos de la construcción (10,5 % del PIB en 2017) representa actualmente una proporción del PIB mayor que el máximo que había alcanzado antes de la crisis, apuntalada por la fortaleza de la inversión en bienes de equipo. La inversión en la construcción viene experimentando un fuerte crecimiento desde 2014, pero a partir de niveles muy bajos, y aún se sitúa en el 60 % del nivel máximo que alcanzó antes de la crisis, en 2008. Sin embargo, la inversión en bienes intangibles sigue estando por debajo de la media de la zona del euro, a pesar de su crecimiento constante, incluso durante la crisis. Solo la inversión pública no ha contribuido a la recuperación general de la inversión; por el contrario, ha seguido descendiendo durante la recuperación. Actualmente se sitúa en el 2,2 % del PIB, menos de la mitad del nivel máximo anterior a la crisis.

2. Evaluación de los obstáculos a la inversión y reformas en curso

Si bien es cierto que las perspectivas macroeconómicas para la inversión son globalmente favorables, sus condiciones marco en España plantean diversas barreras. Se han aplicado o adoptado algunas reformas, especialmente del marco de la insolvencia (véase la sección 4.2.2) y de la contratación pública (véase la sección 4.4.4), pero aún no se han eliminado otros obstáculos.

1. La falta de adecuación de las cualificaciones, trátese de sobrecualificación o de infracualificación, limita el crecimiento de la productividad laboral y la calidad del trabajo (véanse las secciones 4.3.1 y 4.3.2). La elevada proporción de empleo temporal reduce los incentivos tanto de los trabajadores como de los empresarios para invertir en la formación y en la mejora de competencias específicas del puesto de trabajo. En particular es deficiente la adecuación de la enseñanza superior a las necesidades del mercado de trabajo, porque las universidades no suelen consultar al sector privado y porque las pymes tienen poca capacidad para acoger becarios e interactuar con el sistema de enseñanza superior. Aunque la formación profesional secundaria se está reforzando y promoviendo, los índices de matriculación siguen siendo bajos. En el sistema de enseñanza superior, los programas de colaboración público-privada como el programa de doctorados industriales o las ayudas Torres Quevedo todavía no se han reproducido para ampliar su alcance.

2. La regulación empresarial restrictiva sigue desincentivando la inversión (véase la sección 4.4.4). Aunque todavía está por ver la repercusión real de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre algunos artículos de la Ley de garantía de la unidad de mercado, el compromiso al que llegaron en 2017 la Administración central y las autoridades autonómicas para impulsar su aplicación apenas ha producido resultados tangibles. Así pues, la disparidad de las normativas sigue obstaculizando la actividad económica de carácter interautonómico. No hay intención de reformar los servicios profesionales durante la actual legislatura, de manera que los márgenes aplicados y los obstáculos a la incorporación a las profesiones afectadas seguirán siendo elevados. El Gobierno está estudiando la manera de mitigar los preceptos innecesarios que establecen limitaciones en función del tamaño e impiden la expansión de las empresas, pero todavía no se han presentado propuestas concretas.

4.5. Administración Pública

Ha sido adoptada una nueva Ley de Contratos del Sector Público, que pretende satisfacer la necesidad de disponer de un marco coherente que garantice la transparencia y unos mecanismos de control eficaces. También pretende mejorar la coordinación entre los distintos niveles de la Administración en el ámbito de la contratación pública, pues la que se lleva a cabo desde instancias locales o autonómicas representa el mayor número y la mayoría del valor total de los contratos correspondientes ( 41 ).

La Ley establece una nueva estructura de gobernanza de la contratación pública. La Junta Consultiva, es decir, el consejo asesor de la Administración central sobre contratación pública establecerá un Comité de Cooperación de las instancias públicas centrales, autonómicas y locales en materia de contratación pública. Este órgano procederá a elaborar una Estrategia Nacional de Contratación Pública, en la que se plasmará una visión estratégica común para todos los niveles de la Administración, con miras a luchar contra la corrupción, fomentar la profesionalización, promover la eficiencia económica, mejorar el uso de la contratación pública electrónica y la contratación estratégica e impulsar la participación de las pymes.

La Ley aspira asimismo a fortalecer los controles ex ante y ex post sobre los poderes adjudicadores. Una nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión llevará a cabo investigaciones y dictará instrucciones vinculantes para los poderes adjudicadores de la Administración central. No obstante, no será competente para interponer acciones legales, anular decisiones o imponer sanciones.

La eficacia de las medidas incluidas en la Ley dependerá del grado de ambición en la fase de ejecución. A la hora de definir la estrategia, incluidos los controles que se llevarán a cabo, gran parte de los detalles habrán de ser decididos por el Comité de Cooperación y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. Al mismo tiempo, la manera en que la nueva estructura de gobernanza se constituya y opere será crucial para lograr resultados eficaces. Por otra parte, la creación de numerosos tribunales administrativos de contratación pública de carácter descentralizado podría mermar la eficacia del actual sistema de recursos.

Los datos más recientes revelan modestas mejoras en la eficiencia de la justicia. Según el cuadro de indicadores de la UE para 2018, la duración de los procedimientos civiles y mercantiles en primera instancia se ha reducido, pero España sigue estando en el tercio inferior de los Estados miembros por lo que se refiere a la duración de dichos procedimientos. Se encuentra también a la zaga en términos de la duración de los procedimientos para resolver los asuntos en determinados ámbitos de la legislación de la UE en materia de comunicaciones electrónicas. En el lado positivo, el porcentaje de resolución de asuntos contenciosos civiles y mercantiles ya es superior al 100 %, ya que por primera vez ha superado el porcentaje de nuevos asuntos. Para contribuir a mejorar la eficiencia del sistema judicial, cincuenta y cuatro juzgados de primera instancia disponen ahora de competencia exclusiva en los litigios relativos a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física y se les han asignado recursos humanos y materiales adicionales. De manera más general, el Gobierno tiene previsto aumentar el número de plazas en la administración de justicia de aquí a 2019.

La percepción de independencia del poder judicial ha mejorado, aunque partía de un nivel bastante bajo. Según el cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2018, durante 2017 la percepción de la independencia del sistema judicial mejoró tanto entre las empresas como entre la ciudadanía en España. No obstante, la cifra correspondiente sigue siendo inferior a la media de la UE, como ha confirmado una encuesta realizada entre los jueces por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Con el fin de corregir este problema, en diciembre de 2016 el Consejo General del Poder Judicial había aprobado unos principios de ética judicial que hacían hincapié en la independencia, la imparcialidad, la integridad y la transparencia de la labor de la judicatura. Sin embargo, el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos ha expresado dudas sobre el régimen de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría abordar esta cuestión.

España se sitúa en la media de la UE por lo que respecta a la calidad de la justicia. Atendiendo a algunos indicadores, como el uso de las TIC en la gestión de los asuntos y las medidas adoptadas para la publicación en línea de las sentencias, España se sitúa por encima de la media de la UE. El proyecto «Justicia Digital» impulsa el tratamiento electrónico de la información en las dependencias judiciales para que puedan ir abandonando el uso de documentación impresa. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2018 muestra también cifras por debajo de la media, como el número de jueces por cada 100 000 habitantes (que podría sin embargo aumentar dado el incremento anunciado del número total de plazas, cf. supra).

La percepción de los ciudadanos y las empresas sobre la corrupción ha mejorado con respecto a 2013, pero la cifra correspondiente sigue figurando entre las más elevadas de la UE. Según el 89 % de las personas entrevistadas en una encuesta del Eurobarómetro, la corrupción está muy extendida en España (media de la UE: 72 %) (Comisión Europea, 2017f). El 44 % de los representantes de las empresas españolas consideran que la corrupción constituye un problema para hacer negocios (media de la UE: 34 %). La proporción de ciudadanos españoles que consideran que aceptar sobornos es una práctica muy extendida entre los políticos y los partidos políticos es la más alta de la UE (respectivamente 78 % y 80 %, frente al 53 % y el 56 % de la media de la UE). Aunque la persecución penal de los asuntos de corrupción avanza a un ritmo sostenido, el porcentaje de ciudadanos que creen que no se persiguen suficientemente los casos de corrupción de alto nivel sigue siendo uno de los más elevados de la UE (81 %). Lo dilatado de los procedimientos judiciales en esos asuntos ha sido un problema importante en España. Para evitar retrasos procesales indebidos, la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 limitó el tiempo que se puede destinar a la instrucción del sumario. El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de los nuevos plazos en julio de 2017. Hasta ahora, las nuevas normas no han obstaculizado las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, pero aún es demasiado pronto para poder valorar su incidencia en los casos complejos de corrupción.

La aplicación de las disposiciones recientemente adoptadas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción avanza ahora sin traba alguna. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado una reducción significativa de la proporción de solicitudes de información que las instituciones públicas dejan sin respuesta. El Gobierno ha anunciado que la Ley de transparencia será objeto de desarrollo reglamentario para reducir el gran número de excepciones que permiten justificar la denegación de acceso a la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está elaborando asimismo una metodología para evaluar el cumplimiento. El análisis de la aplicación de la Ley sobre financiación de los partidos políticos muestra claros signos de mejora en la rendición de cuentas y la divulgación de la información financiera pertinente por los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo varias verificaciones y tiene previsto anunciar las primeras sanciones por incumplimiento de la normativa en 2018. La Oficina de Conflictos de Intereses es competente para investigar las supuestas incompatibilidades de los altos cargos, principalmente relacionadas con las prácticas de paso del sector público al privado y viceversa («puertas giratorias»). Aunque no está facultada para imponer sanciones, sí puede proponerlas a las autoridades competentes, lo que ya se ha traducido en once procedimientos sancionadores en virtud de la nueva normativa, con un porcentaje de resolución del 80 %. Actualmente no hay planes para extender la aplicación de la normativa a otras categorías de funcionarios. Muchas comunidades autónomas cuentan con sistemas equivalentes, pero no existe un marco formal de cooperación entre ellos y la Oficina de la Administración central.

El Parlamento está examinando nuevas iniciativas legislativas destinadas a mejorar la protección de los denunciantes y regular las actividades de los grupos de presión. Aunque en España ya existen algunos preceptos que protegen a los denunciantes, están dispersos en distintas normativas sectoriales y autonómicas y no garantizan la protección plena en la fase de instrucción. Una de las iniciativas examinadas incluye un registro de grupos de presión que abarca a los organismos de la Administración Pública, mientras que otra propuesta se refiere a la creación de un registro específico para el Parlamento. Algunas instituciones o autoridades autonómicas han creado su propio registro de grupos de presión. Un ejemplo de buenas prácticas es el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que publica todas las reuniones de los miembros del Consejo de esa entidad, ofrece cuestionarios deontológicos voluntarios a las empresas y ha creado un canal electrónico para denunciar de forma anónima las infracciones del Derecho de la competencia.

La introducción de mejoras en la calidad de las instituciones ampliaría los beneficios de eliminar las restricciones en los servicios. Los beneficios de las reformas estructurales son menores cuando la gobernanza es deficiente y la calidad de la legislación y las instituciones no es elevada. Si se aumentaran los valores de los indicadores de gobernanza al nivel del Estado miembro de la UE con mejores resultados se multiplicarían las mejoras de la productividad derivadas de las reformas estructurales (Curnis y Manjón Antolín, 2017). Esto pone de relieve la complementariedad de las reformas normativas e institucionales para la maximización de sus efectos económicos y sociales.

4.6. Políticas sectoriales

4.6.1.Transportes

Las infraestructuras de transporte y energía desempeñan un papel decisivo para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo económico de España. La inversión en infraestructuras físicas facilita las actividades de las empresas y la movilidad de los trabajadores, contribuyendo así al crecimiento de la productividad. La calidad de la dotación de las infraestructuras españolas de transporte es superior a la media de la UE. Los esfuerzos invertidos para mejorar su eficiencia se guían por el «Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda» 2012-2024.

En 2017 no han avanzado los planes para abrir a la competencia el mercado del transporte de viajeros por ferrocarril antes del plazo establecido. Las autoridades españolas han decidido agotar el plazo prescrito en el cuarto paquete ferroviario. La labor de transposición del pilar del mercado del cuarto paquete ferroviario está en curso: en 2018 está previsto que se apruebe un anteproyecto de Ley, actualmente en fase de consulta pública, por la que se modificará el actual marco legislativo del sector ferroviario. De no acelerarse el actual ritmo de ejecución de las obras, es dudoso que España logre completar la red ferroviaria principal para 2030. No obstante, se han realizado avances en la finalización de los corredores atlántico y mediterráneo, con el apoyo de 724 millones EUR de contribuciones de la UE al amparo del Mecanismo «Conectar Europa». Aún no se ha resuelto el estrangulamiento del tráfico transfronterizo de los trenes de mercancías procedentes España con destino a Francia o Portugal. Los dos diferentes anchos de vía (UIC e ibérico) que coexisten en España y la diferencia de ancho entre Portugal y Francia constituyen un obstáculo fundamental para mejorar la conectividad ferroviaria, aunque recientemente se han inaugurado nuevos tramos de ancho UIC, el más habitual a escala internacional. El aumento de la cooperación entre España, Francia y Portugal en pos de la interoperabilidad ferroviaria contribuiría a superar estos obstáculos.

Por lo que se refiere a la conectividad de la red, las iniciativas de inversión tienen por objeto mejorar las conexiones terrestres del sistema portuario de titularidad estatal a corto y medio plazo. El Plan de Inversiones de Accesibilidad Portuaria contempla, para los cinco próximos años, inversiones públicas por valor de 1 418 millones EUR. A modo de soporte del Plan, un instrumento financiero innovador, el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, permite canalizar recursos adicionales de las autoridades portuarias para la mejora y el desarrollo de las conexiones portuarias por carretera y ferrocarril, también en la denominada «última milla». Cuenta con una dotación de 559,7 millones EUR, en parte al amparo del programa marco del FEIE.

La ejecución de los proyectos ferroviarios financiados con recursos del Mecanismo «Conectar Europa» y los Fondos Estructurales se ha retrasado. Los plazos para varios proyectos se han reprogramado. Aunque podrían producirse nuevos retrasos que afectasen a la contribución asignada por la UE, la cooperación entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales competentes prosigue y debería contribuir a la detección precoz de deficiencias y a su corrección para cumplir los objetivos antes de que finalice el periodo.

La insolvencia de varias autopistas de peaje sigue siendo una cuestión pendiente. El Gobierno español ha definido una solución para las autopistas de peaje insolventes y se avanza en la hoja de ruta que contempla una nueva licitación en 2018. En caso de que sea necesario, el Estado asumirá temporalmente su gestión a través de SEITTSA hasta que se haya completado adecuadamente la nueva licitación.

En enero de 2017 se adoptó el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria, para aplicar la Directiva sobre las tasas aeroportuarias y mejorar la eficiencia y la competitividad en la gestión de los aeropuertos españoles, encomendada a Aena, una empresa pública cotizada. Se basa en las mejores prácticas en materia de regulación y debería crear un marco más previsible, estable y flexible sustentado en un plan de acción quinquenal. El marco incorpora un nuevo modelo de tarifas con incentivos adicionales para la gestión eficiente de las infraestructuras aeroportuarias.

El aumento de la competencia en los servicios portuarios puede aumentar la eficiencia y la competitividad de los puertos. El transporte marítimo contribuye de manera significativa a la economía española. En mayo de 2017, el Gobierno español adoptó un Real Decreto-ley por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario dando cumplimiento a una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia Europeo, pero aún ha de aprobarse la legislación de aplicación.

En España, el marco estratégico nacional establece objetivos moderados para la movilidad con emisiones reducidas. Prevé un porcentaje relativamente bajo (0,5 %) de vehículos eléctricos en las carreteras para 2020. Las autoridades españolas tampoco han definido objetivos con respecto al número de puntos de recarga de acceso público para 2020 El Marco citado, no obstante, prevé un aumento significativo del número de vehículos propulsados con gas natural o de petróleo y establece objetivos adecuados para la infraestructura de reabastecimiento de estos combustibles. Por lo que respecta al transporte marítimo, el repostaje móvil de GNL está disponible en todos los puertos marítimos de la red básica de la RTE-T y en varios puertos de la red global, y se prevén dispositivos de repostaje de buque a buque y terminales de respostaje adicionales. También se ha previsto el despliegue de veinte puntos de repostaje de hidrógeno de acceso público para 2020.

4.6.2.Energía y cambio climático

Una conectividad insuficiente impide que España saque el máximo partido del mercado interior de la electricidad de la UE. En 2017, el nivel de interconexión eléctrica de España era del 5,8 %, muy por debajo del objetivo del 10 % para 2020, e impidió, por ejemplo, la reducción de los precios diarios de la electricidad, altos en comparación con la UE ( 42 ), y la optimización de la energía renovable. Además, la baja conectividad impide al resto de la red europea aprovechar las vastas fuentes españolas de energía renovable. A pesar de la apertura de nuevas líneas transfronterizas de transporte de energía, la capacidad de interconexión eléctrica con Francia solo es de 2,8 GW. Las nuevas interconexiones con Portugal aumentarán la capacidad de interconexión con el país luso hasta los 3,2 GW antes de que acabe 2020. Tres proyectos contemplados en la Declaración de Madrid de 2015, que cruzarán el Golfo de Vizcaya y los Pirineos, deberían de aumentar significativamente el nivel de interconexión para 2026. El proyecto del Golfo de Vizcaya debería de entrar en funcionamiento antes de 2026 y su finalización contribuirá de manera decisiva a mejorar la conexión de la Península Ibérica con el mercado interior de la electricidad.

La integración de los mercados del gas en la Península Ibérica está avanzando, pero lentamente. El Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) tiene como objetivo acabar creando un mercado único con Portugal. Durante 2016, su primer año completo de funcionamiento, la actividad del mercado se incrementó. Aunque la liquidez del MIBGAS es inferior a la de los principales centros gasísticos europeos, varias medidas aplicadas desde entonces han propiciado su aumento.

También están aumentando la transparencia y la claridad para los consumidores en cuanto al coste de la electricidad. El mercado eléctrico español viene aplicando el sistema de «Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor», PVPC) desde mediados de 2014, que fija el coste de la producción de electricidad de forma justa y transparente (toma el coste de la electricidad directamente del mercado mayorista). Este mecanismo está contribuyendo a reducir las facturas de electricidad de los consumidores en comparación con otros tipos de contratos (como ha señalado la ANR en algunos informes recientes). El PVPC está aumentando la claridad y la transparencia de los procesos de contratación del suministro, pues hace más sencilla la comparación de las alternativas para los consumidores.

Está previsto que la inversión en infraestructuras energéticas alcance su máximo nivel en 2019-2020 y a continuación se mantenga en un nivel elevado. Los principales proyectos son dos proyectos gasísticos de interés común que se pondrán en servicio después de 2020 («STEP», «Midcat» y la tercera interconexión entre España y Portugal), las tres interconexiones transfronterizas mencionadas anteriormente y tres centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo.

Con una cuota de energías renovables del 17,3 % en 2016, España está en vías de alcanzar el objetivo de 2020( 43 ). Las licitaciones organizadas en 2016 y 2017 para la asignación de ayuda a proyectos de electricidad renovable se consideran un paso adelante en el fomento de inversiones sostenibles en energías renovables y el cumplimiento del objetivo de 2020. Se espera que contrarresten la ralentización registrada en 2014-2015 del incremento de la cuota de energías renovables.

Entre 2005 y 2016, España redujo su consumo de energía primaria en un 13,8 %, hasta 117,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). En ese mismo periodo, el consumo de energía final también se redujo en un 18,1 %, hasta llegar a los 82,5 Mtep en 2016. No obstante, las cifras de 2016 muestran un incremento en el consumo de energía primaria y de energía final en comparación con los niveles de 2014. Ello pone de relieve la importancia de mantener el compromiso con las políticas de eficiencia energética para garantizar la consecución de los objetivos también durante el actual período de elevado crecimiento económico.

El Gobierno español prevé que la inversión en eficiencia energética tenga efectos indirectos positivos sobre el empleo. El potencial de empleo que ofrece la mejora de la eficiencia energética en los edificios se estima en alrededor de 55 puestos de trabajo por cada millón de euros de inversión pública (suponiendo un multiplicador del 300 % para la dinamización de la inversión privada).

España avanza al ritmo adecuado para alcanzar sus objetivos de emisiones de CO2 conforme a la Estrategia Europa 2020. Las emisiones procedentes de sectores no incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE se redujeron en un 16,2 % entre 2005 y 2015, por encima del objetivo de reducción del 10 % fijado en el caso de España. Según las últimas previsiones nacionales que tienen en cuenta las medidas en vigor, se prevé que el objetivo para 2020 se cumpla con un margen de 9,1 puntos porcentuales. El reto consiste en mantener desligadas las emisiones del fuerte crecimiento económico actual. La labor sobre el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se inició en abril de 2017.

4.6.3.Medio Ambiente

España se enfrenta aún a importantes retos medioambientales, relacionados principalmente con la gestión del agua y los residuos, así como con la calidad del aire. En cuanto a la gobernanza, a veces se desaprovecha el potencial de coordinación entre las distintas instancias competentes, y el desarrollo sostenible no está sólidamente integrado en otros ámbitos políticos (Comisión Europea, 2017g). La transición hacia una economía hipocarbónica, circular y ecológica puede abrir nuevas e importantes fuentes de empleo en España ( 44 ).

Las cuestiones relacionadas con la economía circular están empezando a recibir mayor atención política. España aún se encuentra lejos del objetivo de la UE de reciclaje del 50 % de los residuos municipales para 2020. Por lo general, el concepto de la economía circular se integra en las políticas de las administraciones central y autonómicas en materia de uso eficiente de los recursos, innovaciones medioambientales, tecnologías limpias y desarrollo sostenible. Además, en 2017 el Gobierno ha empezado a elaborar una estrategia nacional de economía circular.

Algunas zonas de España sufren estrés hídrico, lo que significa que la demanda supera los recursos hídricos disponibles en condiciones sostenibles. Los desafíos que plantea la gestión del agua han aumentado y han ido cobrando cada vez más relevancia durante la grave sequía que viene sufriendo España en los últimos años. La desvinculación del crecimiento económico del uso del agua sigue planteado problemas en España, ya que sectores como la agricultura, el turismo y la energía dependen sobremanera de la disponibilidad de ese recurso.

La actual política de tarificación del agua apenas ofrece incentivos para un uso eficiente, y la infraestructura de suministro hídrico y de saneamiento de aguas residuales adolece de falta de inversión. Los precios actuales no garantizan la recuperación de los costes de todos los servicios relacionados con el agua, y los precios y las subvenciones tampoco son siempre transparentes. Todo ello fomenta el derroche de agua, especialmente en el sector de la agricultura, el mayor consumidor de recursos hídricos. El problema se ve agravado por la excesiva antigüedad de los sistemas de riego y la laxitud del control de la captación de agua. Además, aunque la reutilización de las aguas residuales es relativamente elevada en España, su potencial no se aprovecha plenamente. Las deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales urbanas apuntan a la falta de inversión en las infraestructuras hídricas (Comisión Europea, 2017h). Por otra parte, a veces no se tienen en cuenta las medidas de prevención de las inundaciones, a pesar de que tales fenómenos constituyen un problema recurrente y que su prevención es menos onerosa que las labores de recuperación posteriores.

Se están tomando medidas para mejorar la gobernanza del agua. Para hacer frente a los principales desafíos de la gestión del agua en España, en 2017 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha un proceso encaminado a lograr un Pacto Nacional por el Agua, que se encuentra ahora en fase de consulta con las administraciones autonómicas y las partes interesadas.

Recuadro 4.6.1: Puntos destacados de las políticas

La disponibilidad de datos sobre la ejecución presupuestaria de las instancias locales y autonómicas ha aumentado considerablemente en España. Desde 2013, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publica mensualmente los datos de la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional para las diecisiete comunidades autónomas y la Administración general del Estado. También publica trimestralmente los datos de la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional para las corporaciones locales. Desde abril de 2016, la IGAE publica mensualmente datos que permiten la verificación de la conformidad con la regla de gasto en las administraciones central y autonómica, y cada trimestre en las administraciones central, autonómica y local.

España es el Estado miembro de la UE que cuenta con el mayor número de proyectos seleccionados y financiados en los tres primeros años de funcionamiento (2015-2017) del Instrumento para las Pymes del programa Horizonte 2020, que financia proyectos innovadores de pymes en toda la UE y en el que la competencia es muy alta. Las empresas pueden solicitar ayudas en dos fases diferentes: para estudios de viabilidad inicial, y para apoyar la ejecución del proyecto correspondiente. Al éxito de las empresas españolas también ha contribuido el régimen nacional de apoyo «Horizonte Pyme» dentro del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i. Financia los estudios de viabilidad de pymes que hayan obtenido una puntuación elevada en su solicitud de la primera fase del Instrumento PYME, pero que no hayan podido ser financiadas. Así pueden presentar una solicitud para la segunda fase del Instrumento o buscar otra fuente de financiación para la ejecución de su proyecto. Aunque aumentar la capacidad de innovación de las pymes españolas sigue siendo en general un desafío, este ejemplo demuestra la eficacia de las medidas de apoyo bien concebidas.

Anexo A

Cuadro general

Compromisos	Evaluación sintética( 45 )
Recomendaciones específicas por país (REP) de 2017
REP 1: Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016, incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto.	España ha logrado algunos avances en el cumplimiento de la REP 1:
·Velar por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016,	·Esta evaluación general del cumplimiento de la REP 1 no incluye una evaluación del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
·incluidas también las medidas destinadas a reforzar el marco presupuestario	·Avances limitados. Aunque el Gobierno ha seguido aplicando las medidas contempladas en la legislación nacional para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos presupuestarios, en 2017 no se ha tomado ninguna medida normativa para aumentar su automaticidad y reforzar la contribución de la regla de gasto fijada en la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
·y de contratación pública.	·Algunos avances. Se ha aprobado una nueva Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el 9 de marzo de 2018. Contempla la creación de un órgano consultivo, un comité de cooperación entre los diversos niveles de las administraciones y una nueva oficina de supervisión. Por primera vez, se establece, además, la obligación de adoptar, en un plazo de ocho meses a partir de la entrada en vigor de la Ley, una Estrategia Nacional de Contratación Pública. El éxito de la nueva normativa dependerá en gran medida de la ambición de las decisiones que se adopten en el momento de la ejecución.
·Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto.	·Algunos avances. En 2017 se puso en marcha una revisión del gasto de las administraciones central y autonómica para determinar los ámbitos donde el gasto pueda asignarse de manera más eficiente. Está previsto que la primera fase de la revisión haya concluido a finales de 2018.
REP 2: Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes.	España ha registrado avances limitados respecto a la REP 2:
·Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empresarios.	·Algunos avances. En cuanto a la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y de empleo públicos, algunas comunidades autónomas han avanzado moderadamente. No obstante, la cooperación con los empleadores aún presenta importantes deficiencias. La Red de Inclusión Social puede mejorar efectivamente la coordinación entre los servicios sociales y de empleo a nivel nacional y autonómico. La introducción de la Tarjeta Social Universal a partir de 2018 también debe facilitar el aumento de la coordinación. En general, el alcance de las medidas es limitado y su efecto solo podrá evaluarse una vez que haya comenzado su aplicación.
·Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido.	·Avances limitados. Aunque la lucha contra la utilización abusiva de los contratos temporales ha avanzado en España, la mayoría de las medidas desarrolladas para promover la contratación indefinida han demostrado una eficacia limitada hasta ahora o aún no han entrado en su fase de aplicación.
·Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad.	·Avances limitados. Aunque la fragmentación se ha mitigado en cierta medida, las iniciativas destinadas a aumentar la limitada eficacia de los sistemas nacionales de renta mínima garantizada progresan muy lentamente.
·Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral.	·Avances limitados. Las medidas para incrementar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral se limitan hasta ahora a la prestación de información y asesoramiento o son demasiado recientes para poder evaluar sus efectos entre los licenciados.
·Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes.	·Avances limitados. Persisten las disparidades autonómicas en los porcentajes de abandono escolar prematuro y los resultados de los estudiantes, aunque se han registrado algunas mejoras por lo que respecta al cierre de la brecha entre las comunidades con mejores y peores resultados.
REP 3: Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración. Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.	España ha registrado avances limitados respecto a la REP 3:
·Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración.	·Avances limitados. La financiación pública para la innovación en las pymes ha crecido un tanto, pero las medidas presupuestarias que se han establecido durante la crisis parecen limitar la adecuada ejecución de las líneas presupuestarias de I+D. Se están modificando los procedimientos administrativos para fomentar el aprovechamiento de las medidas de apoyo. Se está intensificando la participación y la interacción de los actores pertinentes en el diseño de la política de innovación. Cabe citar, como ejemplo de las iniciativas, la labor de mejora de la eficiencia de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) a través de la elaboración de un segundo mapa, y el aumento del apoyo a la Red de políticas públicas de I+D+i, que puede mejorar la coordinación de la política de I+D entre las instancias nacionales y autonómicas. No obstante, las evaluaciones sistemáticas de los programas aún no se han convertido en la norma, a pesar de algunos ejemplos de buenas prácticas.
·Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.	·Avances limitados. Se han formulado directrices para la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, pero el compromiso renovado de las comunidades autónomas y la administración central con la cooperación mutua sobre la unidad de mercado y la mejora de la regulación en España no se ha traducido hasta ahora en resultados tangibles. Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la Ley de garantía de la unidad de mercado podrían limitar los avances efectuados en este ámbito por el momento. Las autoridades nacionales han vuelto a dar garantías de que será posible alcanzar los objetivos de la Ley acogiéndose a los preceptos no afectados por las sentencias.
Estrategia Europa 2020 (objetivos y avances nacionales)
Objetivo de tasa de empleo fijado en el PNR: 74 %.	66,2 % en el 3T-2017. Lejos del objetivo, pese a la mejora.
Objetivo de I+D fijado en el PNR: 2 % del PIB	1,19 % del PIB (2016). Lejos del objetivo.
Objetivo nacional de emisiones de gases de efecto invernadero: - 10 % en 2020 respecto a 2005 (en sectores no incluidos en el RCDE)	- 17,2 % (2016) Según las previsiones nacionales presentadas a la Comisión se prevé que se alcance el objetivo.
Objetivo de energías renovables para 2020: 20 %	Con una cuota de energías renovables del 17,3 % (2016), España está en vías de alcanzar el objetivo de 2020.
Eficiencia energética, objetivos de consumo energético para 2020: ·122,6 Mtep (consumo de energía primaria). ·87,23 Mtep (consumo de energía final).	·Consumo de energía primaria: 117,2 Mtep ·Consumo de energía final: 82,5 Mtep España debe mantener su compromiso con las políticas de eficiencia energética a fin de garantizar que la demanda se mantenga por debajo de ambos objetivos durante los próximos años, para los que se prevé un crecimiento del PIB.
Objetivo de abandono escolar prematuro: 15 %.	18,3 % (2017). Lejos del objetivo, pese a la mejora.
Objetivo de enseñanza superior: 44 %.	41,2 % (2017). Cerca del objetivo.
Objetivo de reducción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en relación con 2008 en miles de personas: -1 400	El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó en 2015 y 2016. No obstante, con 2 040 000 de personas en riesgo de pobreza o exclusión social más que en 2008, el objetivo de la Estrategia Europa 2020 aún queda lejos.

Anexo B

Cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico

Cuadro B.1:Cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico para España (IMA 2018)

Etiquetas: p: Provisional.
1) Los datos de este cuadro son los publicados en el informe sobre el mecanismo de alerta de 2018, con información sobre la situación a 24 de octubre de 2017. Téngase en cuenta que las cifras incluidas en el cuadro pueden, por tanto, diferir de otras cifras más recientes presentadas en otras secciones del presente documento.
2) Las cifras resaltadas son las que rebasan el umbral establecido en el informe sobre el mecanismo de alerta de la Comisión Europea.

Fuente: Comisión Europea 2017, anexo estadístico del informe sobre el mecanismo de alerta de 2018, SWD(2017) 661.

Anexo C

Cuadros normalizados

Cuadro C.1:Indicadores del mercado financiero

(1) Datos más recientes: 3er trimestre 2017. Bancos y demás instituciones financieras monetarias, excluidos bancos centrales.
(2) Datos más recientes: 2º trimestre 2017.
(3) Según la definición del BCE de los instrumentos de deuda dudosos (datos brutos).
(4) Los valores trimestrales no están anualizados.
* En puntos básicos.

Fuente: Comisión Europea (tipos de interés a largo plazo); Banco Mundial (deuda externa bruta); Eurostat (deuda privada); BCE (resto de indicadores).

Cuadro C.2:Principales indicadores sociales

El cuadro de indicadores sociales incluye 14 indicadores principales, 12 de los cuales se utilizan actualmente para comparar los resultados de los Estados miembros. Los indicadores «participantes en políticas activas del mercado de trabajo por cada 100 personas que desean trabajar» y «remuneración de los asalariados por hora trabajada (en EUR)» no se utilizan debido a problemas técnicos señalados por los Estados miembros. Las posibles alternativas serán debatidas en los comités pertinentes.

(1) Personas en riesgo de pobreza o exclusión social: personas que corren el riesgo de caer en la pobreza, que sufren privación material grave o que viven en hogares con una intensidad laboral muy baja o nula.

(2) Las personas desempleadas son las que no estaban empleadas, pero habían buscado trabajo activamente y estaban dispuestas a empezar a trabajar inmediatamente o en un plazo de dos semanas.

(3) La renta bruta disponible de los hogares se define en términos no ajustados, con arreglo al proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo de 2018.

(4) Reducción de la tasa del riesgo de pobreza gracias a las transferencias sociales (se comparan los porcentajes de personas en riesgo de pobreza antes y después de las transferencias sociales; las pensiones no se consideran transferencias sociales en el cálculo).

(5) Media de los tres primeros trimestres de 2017 para la tasa de empleo y la brecha de género en materia de empleo.

Fuente: Eurostat.

Cuadro C.3:Indicadores del mercado de trabajo e indicadores educativos

* Indicador ajeno al cuadro

(1) Los desempleados de larga duración son las personas que han estado desempleadas durante al menos 12 meses.

(2) Diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los hombres asalariados y los de las mujeres asalariadas, en porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de aquellos. Se define como «sin ajustes», pues no se corrige atendiendo a la distribución de características individuales (y, por lo tanto, ofrece una visión global de las desigualdades entre hombres y mujeres en términos de retribución). Están incluidos todos los empleados que trabajan en empresas con diez o más empleados, sin restricciones por edad ni horas trabajadas.

(3) Resultados del programa PISA (OCDE) sobre bajo rendimiento en matemáticas a los 15 años.

(4) Incidencia del estatus socioeconómico y cultural en las puntuaciones del programa PISA (OCDE). Los valores para 2012 y 2015 se refieren, respectivamente, a las matemáticas y a las ciencias.

(5) Media de los tres primeros trimestres de 2017, excepto para la tasa de desempleo juvenil (cifra anual).

Fuente: Eurostat y OCDE.

Cuadro C.4:Indicadores de inclusión social y sanitarios

* Indicador ajeno al cuadro

(1) Tasa de riesgo de pobreza: proporción de personas con una renta disponible equivalente inferior al 60 % de la renta mediana nacional equivalente.

(2) Porcentaje de personas que sufren al menos cuatro de una lista de nueve privaciones, a saber, Imposibilidad de: i) pagar el alquiler o las facturas de suministros; ii) mantener adecuadamente caliente su casa; iii) afrontar gastos inesperados; iv) comer carne, pescado o proteína equivalente cada dos días; v) disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa una vez al año; vi) tener coche; vii) tener lavadora; viii) tener televisor en color; ix) tener teléfono.

(3) Porcentaje de la población total que vive hacinada y sufre privaciones en cuanto a la vivienda.

(4) Personas que viven en hogares con muy baja intensidad laboral: proporción de personas de 0 a 59 años que viven en hogares cuyos miembros adultos (excluidos los hijos dependientes) han trabajado menos del 20 % de su tiempo de trabajo potencial total durante los 12 meses anteriores.

(5) Ratio de la pensión bruta individual mediana del grupo de edad 65-74 años respecto de la renta bruta individual mediana del grupo de edad de 50-59 años.

(6) Implantación de la banda ancha fija (33 %), implantación de la banda ancha móvil (22 %), velocidad (33 %) y asequibilidad (11 %), atendiendo al cuadro de indicadores digitales.

Fuente: Eurostat y OCDE.

Cuadro C.5:Indicadores de resultados y de regulación del mercado de productos

(1) Los métodos, incluidas las hipótesis, para este indicador figuran en detalle en la siguiente dirección: http://www.doingbusiness.org/methodology.
(2) Media de la respuesta a la pregunta Q7B_a. «[Préstamo bancario]: Si ha solicitado y ha intentado negociar este tipo de financiación durante los seis últimos meses, ¿cuál ha sido el resultado?». Las respuestas se han codificado del siguiente modo: cero, si la recibió íntegra; uno, si recibió la mayor parte; dos, si solo recibió una pequeña parte; tres, si fue denegada o rechazada y tratada como valores no disponibles, si la solicitud está pendiente o si no se conoce el resultado.
(3) Porcentaje de la población de 15 a 64 años que ha completado la educación superior.
(4) Porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha cursado al menos la enseñanza secundaria superior.
(5) Índice: 0 = sin regulación; 6 = regulación máxima. Los métodos de los indicadores de la OCDE sobre regulación del mercado de productos se muestran con detalle en la siguiente dirección: http://www.oecd.org/competition/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm
6) Indicadores de regulación agregados de la OCDE en los sectores de la energía, el transporte y las comunicaciones.

Fuente: Comisión Europea; Banco Mundial — «Doing Business» (ejecución de contratos y tiempo necesario para crear una empresa); OCDE (indicadores de regulación del mercado de productos); SAFE (para los resultados de las solicitudes de préstamos bancarios de las pymes).

Cuadro C.6:Crecimiento ecológico

Todos los indicadores macroeconómicos de intensidad se expresan como la ratio entre una cantidad física y el PIB (a precios del año 2010).
Intensidad energética: consumo interno bruto de energía (en kgep) dividido por el PIB (en EUR).
Intensidad de carbono: emisiones de gases de efecto invernadero (en kilogramos equivalentes de CO2) divididas por el PIB (en EUR).
Intensidad de recursos: consumo interior de materiales (en kilogramos) dividido por el PIB (en EUR).
Intensidad de residuos: residuos (en kilogramos) divididos por el PIB (en EUR).
Balanza comercial energética: balanza de exportaciones e importaciones de energía, en % del PIB.
Ponderación de energía en IPCA: proporción de las partidas energéticas en la composición del consumo utilizada para el cálculo del IPCA.
Diferencia entre la variación de los precios de la energía y la inflación: componente energético del IPCA e inflación total IPCA (variación porcentual anual).
Coste energético unitario real: costes energéticos reales como porcentaje del valor añadido total para la economía.
Intensidad energética de la industria: consumo final de energía de la industria (en kgep) dividido por el valor añadido bruto de la industria (en EUR de 2010).
Costes energéticos unitarios reales para la industria manufacturera, excluido el refinado: costes reales como porcentaje del valor añadido para los sectores manufactureros.
Participación de las industrias intensivas en energía en la economía: parte del valor añadido bruto de las industrias intensivas en energía en el PIB.
Precios del gas y la electricidad para consumidores industriales de tamaño medio: banda de consumo 500-2 000 MWh y 10 000-100 000 GJ; cifras sin inclusión del IVA.
Porcentaje de reciclado de residuos municipales: ratio de los residuos municipales reciclados y convertidos en compost respecto al total de residuos municipales.
I+D pública en los sectores de la energía o el medio ambiente: gasto público en I+D para estas categorías en % del PIB.
Proporción de emisiones de gases de efecto invernadero cubierta por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (excluida la aviación): basadas en las emisiones de gases de efecto invernadero
(excluidos el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura) notificadas por los Estados miembros a la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Intensidad energética del sector del transporte: consumo final de energía del sector del transporte (kgep) dividido por el valor añadido bruto de dicho sector (en EUR de 2010).
Intensidad de carbono del sector del transporte: emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte divididas por el valor añadido bruto de dicho sector.
Dependencia de las importaciones energéticas: importaciones energéticas netas divididas por el consumo interno bruto de energía, incluido el combustible del transporte aéreo y marítimo internacional.
Índice de concentración de proveedor agregado: incluye el petróleo, el gas y el carbón. Valores menores indican mayor diversificación y por ende menor riesgo.
Diversificación de la combinación energética: índice Herfindahl-Hirschmann para el gas natural, el total de productos petrolíferos, la energía termonuclear, las energías renovables y los combustibles sólidos.
* Comisión Europea y Agencia Europea de Medio Ambiente.

Fuente: Comisión Europea y Agencia Europea de Medio Ambiente (proporción de emisiones de gases de efecto invernadero cubiertos por el RCDE); Comisión Europea (impuestos medioambientales / impuestos sobre el trabajo y PIB); Eurostat (resto de indicadores).

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(1) () El presente informe evalúa la economía española a la luz del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento publicado por la Comisión Europea el 22 de noviembre de 2017. En dicho Estudio, la Comisión insta a los Estados miembros de la UE a aplicar reformas para lograr una economía europea más productiva, resiliente e inclusiva. Al hacerlo, los Estados miembros deberían concentrar sus esfuerzos en los tres elementos del triángulo virtuoso de la política económica: fomento de la inversión, realización de reformas estructurales y aplicación de unas políticas fiscales responsables. Al mismo tiempo, la Comisión publicó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (IMA), que inició la séptima ronda del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. El IMA concluyó que, en el caso de España, estaba justificado un examen exhaustivo, que se presenta en este informe.

(2) () Las previsiones de crecimiento del PIB y de inflación se basan en las previsiones provisionales de invierno de 2018 de la Comisión. Todas las demás variables y los demás componentes del PIB se basan en las previsiones de otoño de 2017 de la Comisión.

(3) () Los datos de renta de EU-SILC de una determinada fecha se refieren al año anterior para todos los Estados miembros salvo IE y UK.

(4) () A fin de facilitar datos más actualizados sobre la eficacia de las políticas sociales, Eurostat ha realizado estimaciones preliminares experimentales para el ejercicio de referencia, 2016, que complementan los datos de EU-SILC y pueden emplearse a efectos de un análisis preliminar hasta que estén disponibles los datos de EU-SILC definitivos.

(5) () El coeficiente de Gini adopta valores comprendidos entre 0 y 1. Los valores más bajos indican una mayor igualdad. A fin de tener en cuenta las diferencias en el tamaño y la composición de los hogares, se calcula una renta disponible equivalente para cada hogar.

(6) () La información sobre los avances realizados y las medidas adoptadas para seguir las orientaciones en las distintas partes de cada REP se presenta en el cuadro general del anexo. Esta evaluación general no incluye la evaluación del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(7) () El parámetro «normal» de la balanza por cuenta corriente se obtiene a partir de regresiones que captan los principales determinantes fundamentales del equilibrio ahorro/inversión (por ejemplo, la demografía, los recursos), así como los factores de decisión política y las condiciones financieras mundiales. Véase también Comisión Europea, 2017, «Empirical current account benchmarks: modelling the impact of demographic variables», LIME Working Group, 24 de abril de 2017.

(8) () La reciente ampliación de los saldos Target 2 se debe principalmente al efecto de la expansión cuantitativa, más que a la fuga de capitales, como fue el caso en 2012.

(9) () El umbral prudencial de la PIIN específico para cada país es resultado de un método de señalización univariante que determina a qué nivel de PIIN es probable que comience una crisis exterior. El nivel de PIIN que se puede explicar mediante los indicadores fundamentales representa la PIIN que se obtendría como resultado si la trayectoria de la balanza por cuenta corriente del país se hubiese ajustado a tales indicadores fundamentales desde 1995. Véase Comisión Europea (2016) «Refining the methodology for NIIP benchmarks», LIME Working Group, 21 de noviembre de 2016.

(10) () Para más información sobre la evaluación de la Comisión Europea de los riesgos de sostenibilidad presupuestaria a corto, medio y largo plazo, véase Comisión Europea (2018), «Debt Sustainability Monitor 2017», Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, European Economy, Institutional Paper 071/2018.

(11) () La cuña fiscal sobre el trabajo representa la diferencia entre el coste laboral total que implica emplear a un trabajador y los ingresos netos del trabajador. Se define como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales a cargo del empleador y del asalariado (netas de prestaciones familiares) como porcentaje de los costes laborales totales (salarios y cotizaciones sociales del empresario).

(12) () La Comisión Europea realiza el seguimiento del sector financiero español en el marco de la supervisión posprograma, conjuntamente con el BCE (DG Asuntos Económicos y Financieros, 2017).

(13) () Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

(14) () Fuente: Asociación española de capital, crecimiento e inversión (ASCRI).

(15) () Fuente: Encuesta SAFE.

(16) () Los parámetros basados en fundamentos se obtienen a partir de regresiones que captan los principales determinantes del crecimiento del crédito y tienen en cuenta un determinado nivel inicial de deuda. Los umbrales prudenciales representan el umbral de deuda a partir del cual la probabilidad de que se produzca una crisis bancaria es elevada, minimizando la probabilidad de no predecir una crisis y la de falsas alarmas de crisis. Véase Comisión Europea (2017), «Benchmarks for the assessment of private debt», nota para el Comité de Política Económica (no disponible públicamente).

(17) () Los indicadores de sostenibilidad de la deuda se corresponden con el ajuste permanente de la tasa de ahorro a fin de: i) alcanzar el parámetro basado en fundamentos correspondiente a la deuda en un plazo de 15 años (S1); y ii) garantizar que los pasivos financieros netos se acaban reembolsando (S2). Véase Comisión Europea (2017), «Benchmarks for the assessment of private debt», nota para el Comité de Política Económica (no disponible públicamente).

(18) () Fuente: Colegio de Registradores de España.

(19) () Aquellos cuyo nivel de cualificación está comprendido entre la educación primaria (o inferior) y la primera etapa de la educación secundaria (CINE 0-2).

(20) () Entre los trabajadores que participan marginalmente en el mercado de trabajo se incluyen las personas disponibles para trabajar, pero que no buscan empleo, y las personas que lo buscan pero no están disponibles inmediatamente; los trabajadores subempleados son aquellos que trabajan a tiempo parcial, pero que desean trabajar más horas.

(21) () Un cambio fundamental en la Garantía Juvenil (GJ) ha sido la simplificación del proceso de inscripción que ha permitido participar a más demandantes de empleo, incluidos los que ya estaban inscritos en actividades compatibles con el sistema de la GJ.

(22) () En 2017, se dieron de alta un total de 10 500 nuevos trabajadores autónomos, lo que representa un aumento neto del 0,33 % (la cifra más baja desde 2014).

(23) () Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (registro de trabajadores autónomos).

(24) () Fuente: Eurostat. Cifras correspondientes al tercer trimestre de 2017.

(25) () Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

(26) () Fuente: estadísticas de la Unión Europea sobre renta y condiciones de vida (EU-SILC).

(27) () Fuente: EU-SILC.

(28) () Los datos de renta de EU-SILC de una determinada fecha se refieren al año anterior para todos los Estados miembros salvo IE y UK.

(29) () Estimaciones preliminares de Eurostat, véase el capítulo 1.

(30) () Porcentaje de personas con una renta disponible equivalente inferior al umbral del riesgo de pobreza en el año en curso y en al menos dos de los tres años precedentes. El umbral se fija en el 60 % de la renta disponible equivalente mediana del país. Fuente: Eurostat (EU-SILC).

(31) Según el estudio comparativo sobre las prestaciones por desempleo y las políticas activas del mercado de trabajo llevado a cabo en el Comité de Empleo. Para más información, véase el proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo de 2018 (Comisión Europea, 2017b).

(32) () Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, empleado desde 2004 como referencia de ingresos a efectos de los programas de protección social.

(33) () Porcentaje de personas que viven en hogares en los que los gastos totales de vivienda representan más del 40 % de la renta disponible total del hogar (ambas cifras netas de los subsidios de vivienda). Fuente: EU-SILC.

(34) () Fuente: Barómetro Sanitario (2016).

(35) () Atlas de variaciones en la práctica médica de 2015.

(36) () Es decir, en el -36 % del PIB para 2025.

(37) () Fuente: Cuadro Europeo de Indicadores de la Innovación 2017.

(38) () http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries

(39) () Fuente: Eurostat.

(40) () Fuente: Eurostat.

(41) () Según el Registro de Público de Contratos, en 2016 el 13,90 % del total de los contratos públicos adjudicados (y el 29,87 % de su valor) correspondieron a la Administración central, el 54,43 % (y el 47,41 % de su valor) correspondieron a las comunidades autónomas y el 23,59 % (y el 18,54 % de su valor) correspondieron a las corporaciones locales (los porcentajes restantes correspondieron a universidades y mutuas de la Seguridad Social).

(42) () El nivel de interconexión es la ratio entre la interconexión de importación y las capacidades de producción neta.

(43) () Fuente: Eurostat SHARES.

(44) () http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

(45) () Para evaluar los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones específicas por país (REP) de 2017 se utilizan las siguientes categorías:Ningún avance:El Estado miembro no ha anunciado ni adoptado de forma creíble medidas para seguir las REP. Esta categoría abarca una serie de situaciones típicas, que deben interpretarse en su contexto y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país. Entre estas situaciones cabe señalar:• no se han anunciado medidas legislativas, administrativas o presupuestarias • en el Programa Nacional de Reformas• o en otra comunicación oficial al Parlamento nacional / a las comisiones parlamentarias competentes o a la Comisión Europea, • públicamente (por ejemplo, en un comunicado de prensa o en el sitio web del Gobierno); • ni el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo han presentado actos no legislativos; • el Estado miembro ha adoptado medidas preliminares para seguir las REP, como encargar un estudio o crear un grupo de estudio para analizar las posibles medidas que deberían adoptarse (a menos que las REP requieran explícitamente que se presenten orientaciones o acciones exploratorias). Sin embargo, no ha propuesto ninguna medida claramente especificada para aplicar las REP.Avances limitados:El Estado miembro:• ha anunciado algunas medidas, pero estas solo siguen las REP de forma limitada; y/o• ha presentado actos legislativos en el órgano ejecutivo o legislativo, pero estos aún no se han adoptado y es necesaria una considerable labor no legislativa adicional para poner en práctica las REP;• ha presentado actos no legislativos, sin que se les haya dado el seguimiento necesario, en términos de puesta en práctica, para seguir las REP.Algunos avances:El Estado miembro ha adoptado medidas • que responden en parte a las REP y/o • que responden en parte a las REP, pero aún queda mucho por hacer para seguir exhaustivamente tales recomendaciones, ya que solo se han aplicado algunas de las medidas adoptadas. Por ejemplo: medidas adoptadas por el parlamento nacional; por decisión ministerial; pero sin que se hayan adoptado decisiones de ejecución. Avances sustanciales:El Estado miembro ha adoptado medidas que siguen en gran medida las REP y que han sido ejecutadas en su mayoría.Aplicadas plenamente: El Estado miembro ha ejecutado todas las medidas necesarias para seguir las REP apropiadamente.

(I) ()En este recuadro se mide la dispersión regional para las 17 comunidades autónomas de España y por regiones de nivel NUTS-2 de Alemania, Francia (incluidos los departamentos y territorios de ultramar), Italia y los Países Bajos.

(II) ()Se puede consultar información detallada sobre el modelo QUEST y sus aplicaciones en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/economy_finance/research/macroeconomic_models_en.htm.

(III) ()Los costes administrativos totales (costes fijos) se reducen de forma inmediata y permanente en un 1,3 % del PIB. Calibración basada en Más Rodríguez y Herrero García (2013).

(IV) ()Véase Thum-Thysen y Canton (2015), y Canton et al. (2015). La simulación arroja una reducción aproximada del indicador de regulación del mercado de productos de la OCDE en lo que respecta a los servicios profesionales de 2,1 a 1,3, lo que se traduce en una reducción de los márgenes permanente en toda la economía de 0,27 puntos porcentuales.

(V) Otras instituciones han llegado a conclusiones similares, por ejemplo, Fedea (Fuente, García Díaz y Sánchez, 2017) y el Banco de España (Hernández de Cos, Francisco Jimeno y Ramos, 2017).

(VI) De acuerdo con el análisis realizado en el Informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones (de próxima publicación), los ingresos medios pueden diferir en 35,3 puntos porcentuales entre una carrera profesional plena de 40 años y otra más corta de 20 años.

(VII) () El cuadro de indicadores sociales incluye 14 indicadores principales, 12 de los cuales se utilizan actualmente para comparar los resultados de los Estados miembros. Los indicadores «participantes en políticas activas del mercado de trabajo por cada 100 personas que desean trabajar» y «remuneración de los asalariados por hora trabajada (en EUR)» no se utilizan debido a problemas técnicos señalados por los Estados miembros. Las posibles alternativas serán debatidas en los comités pertinentes. RBDH: renta bruta disponible de los hogares.

(VIII) ()El período de la muestra estimada va del primer trimestre de 1995 al cuarto trimestre de 2015. Como las series son no estacionarias en todos los niveles, sino que se expresan en primeras diferencias, se ha estimado un modelo de corrección del error en una única etapa a través de mínimos cuadrados no lineales.

(IX) (), donde X representa las exportaciones españolas de bienes y servicios, FD la demanda exterior, Comp la competitividad y PC el consumo privado.

(X) ()Por el contrario, la elasticidad a largo plazo de las exportaciones españolas a la demanda exterior se aproxima a uno.

(XI) ()La especificación de la ecuación de las importaciones viene dada por la ecuación . Para tener en cuenta el diferente contenido de productos importados de la demanda interna (DD) y las exportaciones (X), ambas variables se incluyen por separado en la ecuación, así como un indicador de competitividad.

(XII) Sectores de bienes y servicios exportables: agricultura, manufacturas, energía y conexos, comercio, transporte, hostelería, TIC. Sectores de bienes y servicios no exportables: construcción, servicios financieros, bienes inmobiliarios, servicios profesionales, servicios administrativos, servicios para los hogares y entretenimiento, servicios no de mercado.