(1)

Para constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión debe garantizar la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores, formular una política común de asilo y migración, control de fronteras exteriores y retornos, y prevenir los movimientos no autorizados entre los Estados miembros, sobre la base de la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros, lo que también sea justo para los nacionales de terceros países y los apátridas y respete plenamente los derechos fundamentales.

(2)

Se requiere un enfoque integral que permita fortalecer la confianza mutua entre los Estados miembros y en el que se reconozca que la eficacia del enfoque general depende de que todos los componentes se aborden conjuntamente y se apliquen de forma integrada.

(3)

La Unión y sus Estados miembros podrían enfrentarse a retos migratorios que pueden variar considerablemente, entre otras cosas, en función de la magnitud y la composición de las llegadas. Por lo tanto, es esencial que la Unión disponga de herramientas diversas para responder a todo tipo de situaciones. El enfoque integral descrito en el Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), también por medio de la cooperación con los terceros países interesados, debe velar por que la Unión disponga de normas específicas para gestionar eficazmente la migración, en particular en lo que respecta a la activación de un mecanismo de solidaridad obligatorio, y por que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan crisis. El presente Reglamento establece normas que son complementarias de dicho enfoque y de las normas establecidas en la Directiva 2001/55/CE del Consejo (5), que pueden aplicarse de manera simultánea.

(4)

Sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas necesarias, no puede excluirse la posibilidad de que se produzca una situación de crisis o de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo debido a circunstancias que escapen al control de la Unión y sus Estados miembros. Entre dichas situaciones excepcionales cabe incluir la llegada masiva de nacionales de terceros países y apátridas al territorio de uno o más Estados miembros, la instrumentalización de los migrantes por un tercer país o un agente no estatal hostil con el fin de desestabilizar a un Estado miembro o a la Unión, o una situación de fuerza mayor en un Estado miembro. En dichas circunstancias, es posible que las medidas y la flexibilidad establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1351 y en el Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) no basten para hacer frente a dichas situaciones excepcionales. Dichas situaciones excepcionales son diferentes de aquellas en las que un Estado miembro se enfrenta a una situación migratoria importante debido al efecto acumulado de las llegadas en su sistema de asilo, acogida y migración bien preparado, o en las que está sometido a presión migratoria debido a un volumen de llegadas que, sin llegar a alcanzar los niveles de las llegadas masivas, crea, sin embargo, obligaciones desproporcionadas para sus sistemas bien preparados, situaciones estas para las cuales el Reglamento (UE) 2024/1351 establece medidas pertinentes. Por otra parte, el presente Reglamento se entiende sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

(5)

El presente Reglamento tiene por objeto mejorar la preparación y la resiliencia de la Unión para gestionar situaciones de crisis y facilitar la coordinación operativa, el apoyo a las capacidades y la disponibilidad de financiación en situaciones de crisis.

(6)

El presente Reglamento garantiza la aplicación efectiva del principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros y la adaptación de las normas pertinentes sobre el procedimiento de asilo, incluida la aplicación del procedimiento acelerado, de modo que los Estados miembros y la Unión dispongan de las herramientas jurídicas necesarias para reaccionar rápidamente ante situaciones de crisis y de fuerza mayor, incluida la adaptación de los plazos para llevar a cabo todos los procedimientos.

(7)

El presente Reglamento vela por que los Estados miembros reciban el máximo apoyo en situaciones de crisis y de fuerza mayor, también a través del mecanismo de solidaridad, que asegura un reparto equitativo de las responsabilidades y un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en situaciones de crisis.

(8)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países y los apátridas y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular el respeto y la protección de la dignidad humana, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, el respeto de la vida privada y familiar, el principio del interés superior del niño, el derecho de asilo y la protección en caso de devolución, expulsión y extradición, así como los principios reconocidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, complementada por el Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»). El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con la Carta y con los principios generales del Derecho de la Unión y del Derecho internacional. Con el fin de reflejar la atención primordial que debe prestarse al interés superior del niño, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, y la necesidad de respetar la vida familiar y de garantizar la protección de la salud de las personas afectadas, deben aplicarse salvaguardias respecto a los menores y los miembros de su familia, así como a los solicitantes de protección internacional (en lo sucesivo, «solicitantes») cuyo estado de salud requiera apoyo específico y adecuado. Las normas y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1348 deben seguir aplicándose con respecto a las personas sujetas a las excepciones establecidas en el presente Reglamento, salvo que este último disponga otra cosa. Las normas establecidas en la Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), incluidas las relativas al internamiento de solicitantes de protección internacional, deben seguir aplicándose desde el momento en que se formule una solicitud de protección internacional.

(9)

El presente Reglamento no establece excepciones a las normas y garantías, incluidas las relativas a las condiciones materiales de acogida, en virtud de la Directiva (UE) 2024/1346. Un Estado miembro en una situación de crisis debe proporcionar recursos humanos y materiales adicionales y suficientes de modo que pueda cumplir sus obligaciones en virtud de dicha Directiva.

(10)

Las normas y garantías establecidas en los Reglamentos (UE) 2024/1356 (8), (UE) 2024/1358 (9) y (UE) 2024/1347 (10) del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva (UE) 2024/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (11) deben seguir aplicándose independientemente de las excepciones aplicadas con arreglo al presente Reglamento. Los Estados miembros deben aplicar las medidas establecidas en el presente Reglamento únicamente de conformidad con las condiciones a las que están sujetas dichas medidas, según disponga la correspondiente decisión de ejecución del Consejo adoptada con arreglo al presente Reglamento y cuando sea estrictamente necesario y proporcionado.

(11)

La adopción de medidas en virtud del presente Reglamento respecto de un determinado Estado miembro debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de aplicar el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(12)

Las llegadas masivas de nacionales de terceros países o de apátridas podrían dar lugar a una situación en la que un Estado miembro no esté en condiciones de tramitar las solicitudes de protección internacional de nacionales de terceros países y apátridas con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1351 y el Reglamento (UE) 2024/1348, y que repercuta en el funcionamiento del sistema de asilo y migración, no solo en ese Estado miembro, sino en la Unión en su conjunto. Es necesario, por tanto, establecer mecanismos y normas específicas que permitan adoptar medidas eficaces para abordar este tipo de situaciones.

(13)

Los Estados miembros deben disponer de las infraestructuras y los recursos humanos y financieros suficientes para aplicar eficazmente las políticas de gestión del asilo y la migración. Los Estados miembros deben encargarse de que haya una coordinación adecuada entre las autoridades nacionales competentes, así como con las autoridades nacionales de los demás Estados miembros, a fin de asegurarse de que su sistema de asilo, acogida, incluidos los servicios de protección de menores, o retorno estén bien preparados, también en lo relativo a la preparación y los planes de contingencia, y de que cada componente tenga suficiente capacidad.

(14)

Podría darse una situación de instrumentalización cuando un tercer país o un agente no estatal hostil fomente o facilite el desplazamiento de nacionales de terceros países o de apátridas a las fronteras exteriores de la Unión o a un Estado miembro, cuando tales acciones sean indicativas de la intención del tercer país o del agente no estatal hostil de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro, y cuando tales acciones puedan poner en peligro funciones esenciales de un Estado miembro, como el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de su seguridad nacional.

(15)

Las situaciones en las que un agente no estatal esté implicado en actos de delincuencia organizada, en particular de tráfico ilícito, no deben considerarse casos de instrumentalización de migrantes cuando no haya intención de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro.

(16)

La ayuda humanitaria tampoco debe considerarse instrumentalización de migrantes cuando no haya intención de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro.

(17)

Sin perjuicio de las medidas aplicables según otros ámbitos de actuación e instrumentos jurídicos para asegurarse de responder de forma inmediata y adecuada a las amenazas híbridas de conformidad con el Derecho de la Unión y las obligaciones internacionales, el presente Reglamento se centra en las medidas específicas aplicables en el ámbito de la migración que estén destinadas a solventar las situaciones de instrumentalización.

(18)

En una situación de instrumentalización, los nacionales de terceros países y apátridas podrían solicitar protección internacional en las fronteras exteriores o en una zona de tránsito de un Estado miembro, siendo a menudo personas aprehendidas en relación con el cruce no autorizado de la frontera exterior por tierra, mar o aire o desembarcadas tras operaciones de búsqueda y salvamento. Esta situación puede dar lugar, en particular, a un aumento significativo e inesperado en la carga de solicitudes de protección internacional en las fronteras exteriores. En ese sentido, es preciso asegurar un acceso real y efectivo al procedimiento de protección internacional de conformidad con el artículo 18 de la Carta y la Convención de Ginebra.

(19)

Por lo que se refiere a Chipre, el Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo (12) establece normas específicas que se aplican a la línea que delimita las zonas de la República de Chipre en las que ejerce el control efectivo el Gobierno de ese país y aquellas en las que no lo ejerce. Aunque dicha línea no constituye una frontera exterior, una situación en la que un tercer país o un agente no estatal hostil fomente o facilite la circulación de nacionales de terceros países o apátridas para cruzar dicha línea debe considerarse instrumentalización, siempre que se den los demás elementos de instrumentalización.

(20)

Un Estado miembro también puede tener que enfrentarse a circunstancias excepcionales e imprevisibles que escapen a su control y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse ni aun habiendo actuado con la máxima diligencia. Tales situaciones de fuerza mayor podrían impedir al Estado miembro cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión y repercutir no solo en ese Estado miembro sino en el conjunto de la Unión. Como ejemplos de situaciones de fuerza mayor cabe mencionar, entre otros, las pandemias y las catástrofes naturales.

(21)

Si considera que se encuentra en una situación de crisis o de fuerza mayor, un Estado miembro debe poder solicitar autorización para aplicar las excepciones y las medidas de solidaridad que se prevén en el presente Reglamento. Esa solicitud debe incluir una descripción de la situación y debe especificar qué medidas se solicitan para hacer frente a la situación específica. También debe proporcionar las razones por las que la situación requiere recurrir a dichas medidas y, en su caso, indicar qué medidas ya se hayan adoptado para hacer frente a la situación.

(22)

El recurso a medidas incluidas en el conjunto de instrumentos permanentes de apoyo de la UE en materia de migración establecido en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1351 (en lo sucesivo, «conjunto de instrumentos») no debe constituir un requisito para acogerse a las medidas de solidaridad establecidas en el presente Reglamento.

(23)

El Estado miembro que se enfrente a una situación de crisis debe tener la posibilidad, para gestionarla, de solicitar a otros Estados miembros las medidas de solidaridad y apoyo que mejor se adapten a sus necesidades y requieran mayor solidaridad que la establecida en el Reglamento (UE) 2024/1351 para aliviar la responsabilidad que conlleva para el Estado miembro enfrentarse a una situación de crisis. Las medidas reforzadas de solidaridad y apoyo pueden consistir en reubicaciones, contribuciones financieras, medidas de solidaridad alternativas o una combinación de las anteriores.

(24)

El Estado miembro que se enfrente a una situación de crisis o de fuerza mayor debe tener la posibilidad de solicitar autorización para aplicar las excepciones a las normas pertinentes sobre el procedimiento de asilo, incluidas las relativas al procedimiento fronterizo de asilo. Cuando proceda, el Estado miembro de que se trate también debe indicar en dichas solicitudes la opción que elige entre la exclusión de determinadas categorías específicas de solicitantes y el cese del procedimiento fronterizo para dichas categorías. Junto con esa solicitud, el Estado miembro de que se trate debe poder notificar a la Comisión su intención de aplicar la excepción al plazo de registro, antes de que le autorice una decisión de ejecución del Consejo, así como las razones precisas por las que se requiere una acción inmediata. La aplicación de dicha excepción no debe exceder los diez días a partir del día siguiente a la solicitud, a menos que se autorice en la decisión de ejecución del Consejo. La Comisión y el Consejo, en el ejercicio de sus responsabilidades respectivas en el marco del procedimiento de autorización, deben actuar con rapidez para reducir el lapso de tiempo entre el final de dicho período y la adopción de la correspondiente decisión de ejecución del Consejo.

(25)

Teniendo en cuenta que un Estado miembro podría enfrentarse al mismo tiempo a varias de las situaciones que se describen en el presente Reglamento, es posible que los Estados miembros soliciten diversas medidas en virtud del presente Reglamento y que se les autorice a aplicar o acogerse a dichas medidas simultáneamente, concebidas como complementarias.

(26)

Con el fin de propiciar la correcta gestión de una situación de crisis, incluida la instrumentalización, o de fuerza mayor, y de asegurar la previsibilidad y la adecuada adaptación de las normas pertinentes sobre el procedimiento de asilo a tales situaciones, incluido el procedimiento fronterizo de asilo, debe conferirse a la Comisión la facultad de evaluar la situación, previa solicitud motivada del Estado miembro de que se trate, y de determinar, mediante una decisión de ejecución, si el Estado miembro solicitante se enfrenta a una situación de crisis, incluida la instrumentalización, o de fuerza mayor.

(27)

Las medidas de solidaridad que se adopten para hacer frente a una situación de crisis no deben limitarse a las establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1351. Por esa razón, al evaluar la situación, la Comisión debe tener en cuenta los indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos en el artículo 9 de dicho Reglamento, la información fundamentada facilitada por el Estado miembro solicitante y la información recopilada de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), así como con el informe europeo anual sobre asilo y migración a que se refiere el Reglamento (UE) 2024/1351. En situaciones de instrumentalización, la Comisión debe tener también en cuenta las razones por las que el conjunto de instrumentos no es suficiente para hacerles frente. La Comisión debe recopilar suficiente información para evaluar adecuadamente si el Estado miembro solicitante se enfrenta a una situación de crisis, incluida la instrumentalización, o de fuerza mayor, en consulta con las agencias pertinentes, en particular la Agencia de Asilo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Agencia de Asilo»), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como organizaciones internacionales, en particular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y otras organizaciones pertinentes.

(28)

A fin de lograr un alto nivel de control y apoyo políticos y la expresión de la solidaridad de la Unión, conviene tener en cuenta si el Consejo Europeo ha reconocido que la Unión o uno o varios de sus Estados miembros se enfrenta a una situación de instrumentalización de migrantes. La instrumentalización de migrantes puede poner en peligro las funciones esenciales de un Estado miembro, como el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de su seguridad nacional.

(29)

A fin de dar una respuesta adecuada, necesaria para hacer frente a la situación y proporcionada a ella, la propuesta de la Comisión debe indicar, cuando proceda, las excepciones específicas que los Estados miembros deben estar autorizados a aplicar. En una situación de instrumentalización, debe especificarse claramente a qué personas objeto de instrumentalización podrían aplicarse las excepciones pertinentes. En una situación de crisis, cuando proceda y previa consulta al Estado miembro que la afronte, la Comisión debe incluir en su propuesta un proyecto de plan de respuesta de solidaridad, indicando las medidas de solidaridad pertinentes y el nivel necesario de tales medidas para la situación específica, incluida la cantidad total de reubicaciones, contribuciones financieras o medidas de solidaridad alternativas y el nivel de tales medidas, reconociendo que los distintos tipos de solidaridad tienen el mismo valor, y respetando plenamente la discrecionalidad de los Estados miembros para elegirlas.

(30)

Mientras que, en una situación de presión migratoria, las reubicaciones o las compensaciones de responsabilidad deben cubrir el 60 % de las necesidades de reubicación de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351, en una situación de crisis es importante que se atiendan todas las necesidades de solidaridad del Estado miembro de que se trate. Por este motivo, si una decisión de ejecución del Consejo establece un plan de respuesta de solidaridad, el Estado miembro que se enfrente a la situación de crisis debe tener prioridad para utilizar los compromisos de solidaridad no asignados o los que aún no se hayan ejecutado y estén disponibles en el contingente anual de solidaridad establecido de conformidad con el artículo 57 del Reglamento (UE) 2024/1351. Si eso no es posible o si el contingente anual de solidaridad no dispone de suficientes compromisos para cubrir las necesidades detectadas, el Estado miembro que se enfrente a la situación de crisis también debe poder hacer uso de las contribuciones incluidas en la decisión de ejecución del Consejo, en el reconocimiento del igual valor de los diferentes tipos de solidaridad. Con el fin de atender todas las necesidades del Estado miembro de que se trate, si la combinación de los compromisos de reubicación disponibles en el contingente anual de solidaridad y establecidos en la decisión de ejecución del Consejo no es suficiente, las compensaciones de responsabilidad deben ser obligatorias al objeto de cubrir las necesidades establecidas en el plan de respuesta de solidaridad. Para que ello suceda, debe haber personas presentes en el territorio del Estado miembro contribuyente a quienes se apliquen las compensaciones.

(31)

Las situaciones de crisis o de fuerza mayor también pueden poner en peligro las funciones esenciales de un Estado miembro. A fin de reforzar la confianza mutua entre los Estados miembros y mejorar la coordinación a escala de la Unión, deben conferirse al Consejo competencias de ejecución para la adopción de una decisión de ejecución por la que se autorice a un Estado miembro a aplicar las excepciones y las medidas de solidaridad establecidas en el presente Reglamento cuando se cumplan las condiciones fijadas. El plazo para la aplicación de las medidas autorizadas por la decisión de ejecución inicial debe ser de tres meses. Dicho plazo debe ser prorrogable otros tres meses previa confirmación de la Comisión de que persiste la situación de crisis o de fuerza mayor. El Consejo debe estar facultado para prorrogar hasta tres meses la autorización para aplicar las excepciones y las medidas de solidaridad, sobre la base de una propuesta de la Comisión, si persisten las circunstancias que justifican la prórroga de las excepciones y las medidas de solidaridad. Debe ser posible prorrogar dicho plazo otros tres meses previa confirmación de la Comisión de que persiste la situación. El Consejo debe estar facultado para derogar la aplicación de las medidas, sobre la base de una propuesta de la Comisión, cuando dejen de darse las circunstancias que justifiquen la aplicación de las excepciones y las medidas de solidaridad. La decisión de prórroga de la autorización debe poder modificar las excepciones aplicadas. En el ejercicio de sus competencias y atribuciones, la Comisión y el Consejo deben velar en todo momento por que se respeten los principios de proporcionalidad y de necesidad.

(32)

La decisión de ejecución del Consejo debe especificar, cuando proceda, las excepciones específicas que el Estado miembro que se enfrente a una situación de crisis o de fuerza mayor está autorizado a aplicar, en función del carácter de cada excepción, y fijar la fecha a partir de la cual puedan aplicarse. Además, deben indicarse en la decisión los motivos que la fundamentan y el ámbito de aplicación personal de las excepciones.

(33)

La decisión de ejecución del Consejo debe establecer, cuando proceda, un plan de respuesta de solidaridad, en el que se indiquen las medidas específicas de solidaridad y apoyo necesarias y los niveles correspondientes, así como los compromisos asumidos por los Estados miembros contribuyentes. A tal efecto, la asunción de compromisos debe tener lugar en el marco de la adopción de la decisión de ejecución del Consejo. Es importante que se vele por la plena discrecionalidad del Estado miembro contribuyente para elegir entre los tipos de medidas de solidaridad y apoyo.

(34)

Dada la importancia de aplicar las medidas establecidas en el presente Reglamento únicamente durante el tiempo y en la medida estrictamente necesarios, la Comisión y el Consejo deben hacer un seguimiento y examen constantes de la situación en lo que respecta a la necesidad y proporcionalidad de dichas medidas. En ese contexto, la Comisión debe prestar especial atención al respeto de los derechos fundamentales y las normas humanitarias, pudiendo solicitar a la Agencia de Asilo que emprenda un ejercicio de supervisión del sistema de asilo o de acogida del Estado miembro de que se trate en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2303.

(35)

Las normas procedimentales establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1351 se aplican para llevar a cabo la reubicación con el fin de asegurar la correcta ejecución de las medidas de solidaridad en una situación de crisis, teniendo en cuenta la gravedad y la urgencia de esta.

(36)

Para asegurarse de la aplicación fluida del mecanismo de solidaridad en virtud del presente Reglamento, el coordinador de la UE para la solidaridad, además de las funciones establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1351, debe apoyar las actividades de reubicación y promover una cultura de preparación, cooperación y resiliencia entre los Estados miembros. En una situación de crisis, el coordinador de la UE para la solidaridad debe presentar, cada dos semanas, un boletín sobre el estado de aplicación y funcionamiento del mecanismo de reubicación. Se debe dotar a la oficina del coordinador de la UE para la solidaridad de personal y recursos suficientes para desempeñar su papel de manera eficaz con arreglo al presente Reglamento. Al llevar a cabo las reubicaciones, debe prestarse una atención primordial a las personas vulnerables.

(37)

Debe prestarse una atención primordial a la reubicación de las personas vulnerables, en particular cuando tienen necesidades de acogida especiales en el sentido del artículo 24 de la Directiva (UE) 2024/1346 o precisan las garantías procedimentales especiales mencionadas en los artículos 20 a 23 del Reglamento (UE) 2024/1348. De conformidad con el artículo 24 de la Directiva (UE) 2024/1346, los solicitantes incluidos en alguna de las siguientes categorías tienen más probabilidades de presentar necesidades de acogida especiales: menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la trata de seres humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos mentales, incluido el síndrome de estrés postraumático, y personas que hayan sufrido torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, como las víctimas de violencia de género, de mutilación genital femenina, de matrimonio infantil o forzoso, o de actos de violencia por motivos sexuales, de género, racistas o religiosos.

(38)

A diferencia de las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1351, con arreglo a las cuales los Estados miembros no están obligados a asumir una responsabilidad por encima de su parte equitativa, en una situación de crisis, la aplicación del plan de respuesta de solidaridad podría dar lugar a que uno o varios Estados miembros contribuyentes asuman la responsabilidad de examinar solicitudes de protección internacional por encima de su parte equitativa. En tales casos, tal Estado miembro debe tener derecho a reducir proporcionalmente la parte por encima de su parte equitativa de la ejecución de los compromisos de solidaridad en el marco de los próximos ciclos anuales del Reglamento (UE) 2024/1351 durante un período de cinco años. Dicha reducción también podría aplicarse en una decisión de ejecución del Consejo adoptada en virtud del artículo 4, apartado 3, al número de solicitudes por encima de la parte equitativa y en el plazo de cinco años a partir de la fecha en la que deje de estar en vigor la decisión de ejecución del Consejo que haya llevado al Estado miembro a exceder su parte equitativa. Las reducciones en el marco de los próximos ciclos anuales e incluidas en una decisión de ejecución del Consejo deben poder aplicarse de forma alternativa o simultánea, siempre que correspondan y no sean superiores al número de solicitudes respecto de las cuales dicho Estado miembro haya contribuido por encima de su parte equitativa.

(39)

Cuando un Estado miembro se enfrente a situaciones de crisis o de fuerza mayor podría necesitar desviar recursos para gestionar la llegada de nacionales de terceros países y apátridas a sus fronteras. En consecuencia, dicho Estado miembro podría necesitar tiempo para reorganizar sus recursos y aumentar su capacidad, inclusive con el apoyo de las agencias de la Unión competentes. Tal Estado miembro también podría necesitar más tiempo para poder decidir sobre sus solicitudes sin permitir la entrada en su territorio. En tal situación, dicho Estado miembro debe poder acogerse a excepciones a los plazos para el registro y el procedimiento fronterizo.

(40)

Cuando un Estado miembro aplique una o varias de las medidas establecidas en el presente Reglamento, debe informar a los nacionales de terceros países y a los apátridas, en una lengua que comprendan o cuya comprensión sea razonable suponer, sobre las excepciones aplicadas y la duración de las medidas. Los Estados miembros están obligados a atender cualquier necesidad procedimental y de acogida especial de los solicitantes que pueda surgir, y a facilitar la información correspondiente de manera adecuada. Además, son de aplicación el artículo 8, relativo a la transmisión de información, y el artículo 36, apartado 3, relativo a la información sobre la posibilidad de recurrir la decisión adoptada sobre la solicitud, del Reglamento (UE) 2024/1348.

(41)

Cuando se apliquen excepciones al procedimiento de asilo, las autoridades competentes deben prestar una atención primordial a las salvaguardias para los solicitantes con necesidades procedimentales y de acogida especiales, incluidos los problemas de salud. Por ese motivo, el Estado miembro que se enfrente a una situación de crisis o de fuerza mayor no debe aplicar, o debe dejar de aplicar, las excepciones al procedimiento de asilo cuando existan razones médicas para no aplicar el procedimiento fronterizo con arreglo al artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2024/1348, cuando no pueda prestarse el apoyo necesario a los solicitantes con necesidades procedimentales especiales con arreglo al artículo 53, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento o cuando no pueda prestarse el apoyo necesario a los solicitantes con necesidades de acogida especiales con arreglo a la Directiva (UE) 2024/1346. El Estado miembro de que se trate debe dar prioridad al examen de las solicitudes de personas con necesidades procedimentales especiales con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1348 y con necesidades de acogida especiales según se definen en el artículo 2, punto 14, de la Directiva (UE) 2024/1346, en particular los menores y los miembros de su familia.

(42)

En situaciones de crisis y de fuerza mayor, debe autorizarse al Estado miembro a acogerse a una excepción al Reglamento (UE) 2024/1348 a fin de registrar las solicitudes de protección internacional a más tardar a las cuatro semanas de su formulación. Esta prórroga debe aplicarse sin perjuicio de los derechos de los solicitantes de asilo garantizados por la Carta, el Reglamento (UE) 2024/1348 y la Directiva (UE) 2024/1346. Sin perjuicio de la excepción establecida durante el período comprendido entre la solicitud y la adopción de la decisión de ejecución del Consejo, en una situación de crisis, caracterizada por llegadas masivas de nacionales de terceros países o apátridas, la prórroga del plazo de registro de las solicitudes solo debe aplicarse durante el período de tiempo establecido en la decisión de ejecución del Consejo inicial.

(43)

El Estado miembro que se enfrente a situaciones de crisis o de fuerza mayor debe tener la posibilidad de prorrogar por seis semanas el plazo de examen de las solicitudes de protección internacional en la frontera. Dicha prórroga no debe utilizarse de forma adicional al período a que se refiere el artículo 51, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2024/1348.

(44)

En situaciones de crisis o de fuerza mayor, un Estado miembro debe poder solicitar medidas entre varias opciones con respecto a la aplicación del procedimiento fronterizo, teniendo en cuenta la composición de los flujos y su carácter diverso en función de la situación concreta de crisis.

(45)

En situaciones de crisis, caracterizadas por llegadas masivas de nacionales de terceros países y apátridas, o de fuerza mayor, podría resultar necesario permitir que un Estado miembro deje de aplicar el procedimiento fronterizo a las personas procedentes de terceros países con respecto a los cuales la tasa media de reconocimiento a escala de la Unión sea inferior al 20 %. A fin de aplicar esa excepción, la decisión de ejecución del Consejo debe evaluar si las medidas que figuran en el plan de contingencia del Estado miembro de que se trate mencionado en el artículo 32 de la Directiva (UE) 2024/1346 no son suficientes para hacer frente a la situación. En cualquier caso, los Estados miembros están obligados a aplicar el procedimiento fronterizo en las situaciones a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letras c) y f), del Reglamento (UE) 2024/1348.

(46)

En situaciones de crisis caracterizadas por llegadas masivas de nacionales de terceros países y apátridas que solicitan protección internacional, podría resultar necesario permitir que los Estados miembros reduzcan el umbral para la aplicación obligatoria del procedimiento fronterizo establecido en el artículo 42, apartado 1, letra j), del Reglamento (UE) 2024/1348. En cualquier caso, el umbral reducido no debe ser inferior al 5 %. Los Estados miembros están obligados a aplicar el procedimiento fronterizo en las situaciones a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letras c) y f), de dicho Reglamento.

(47)

En una situación de crisis caracterizada por llegadas masivas de nacionales de terceros países y apátridas que solicitan protección internacional, podría resultar necesario ampliar el ámbito de aplicación del procedimiento fronterizo establecido en el artículo 43 del Reglamento (UE) 2024/1348, y permitir que un Estado miembro decida, en el marco de un procedimiento fronterizo, sobre el fundamento de la solicitud en los casos en los que el solicitante sea nacional o, tratándose de apátridas, antiguo residente habitual de un tercer país con respecto al cual la proporción de decisiones de concesión de protección internacional a escala de la Unión sea del 50 % o inferior. Por consiguiente, en la aplicación del procedimiento fronterizo de crisis, los Estados miembros deben seguir aplicando el procedimiento fronterizo establecido en los artículos 43 a 54 de dicho Reglamento, pero podrían hacer extensiva la aplicación del procedimiento fronterizo a los nacionales de terceros países o apátridas procedentes de terceros países con respecto a los cuales la tasa media de reconocimiento a escala de la Unión sea superior al 20 %, pero inferior al 50 %, teniendo en cuenta la rápida evolución de las necesidades de protección que puedan surgir en el país de origen de acuerdo con la actualización trimestral de los datos de Eurostat. Esta ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento fronterizo no debe afectar a los motivos y a otras normas aplicables al procedimiento fronterizo obligatorio con arreglo al citado Reglamento. Cuando un Estado miembro esté autorizado a ampliar el ámbito de aplicación del procedimiento fronterizo, las solicitudes que examine en el marco de dicho procedimiento no deben incluirse en la capacidad adecuada en virtud del artículo 47 de dicho Reglamento, ni contabilizarse a efectos de la aplicación de su número máximo de solicitudes por año en virtud del artículo 50 de dicho Reglamento.

(48)

El internamiento de solicitantes debe regirse por el principio subyacente de que nadie puede ser internado por el único motivo de estar buscando protección internacional, especialmente de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados miembros y con el artículo 31 de la Convención de Ginebra. De conformidad con la Directiva (UE) 2024/1346, por regla general, los menores no deben estar internados, sino instalados en alojamientos acondicionados especialmente para ellos, incluidos, en su caso, alojamientos de instituciones de carácter comunitario que no supongan la privación de libertad. Habida cuenta de las repercusiones negativas del internamiento en los menores, solo debe recurrirse a él, de conformidad con el Derecho de la Unión, en circunstancias excepcionales, cuando sea estrictamente necesario, únicamente como medida de último recurso y durante el período más breve posible, y nunca en centros penitenciarios o u otro centro utilizado con fines policiales. Los menores no han de ser separados de sus padres o cuidadores, y el principio de unidad familiar debe conducir, por lo general, a la utilización de alternativas al internamiento adecuadas a familias con menores, en alojamientos apropiados para ellas. Además, debe hacerse todo lo posible por garantizar la disponibilidad y el acceso a una gama viable de alternativas adecuadas al internamiento de menores.

(49)

En una situación de instrumentalización y con el fin de impedir que un tercer país o un agente no estatal hostil apunte hacia nacionalidades o categorías específicas de nacionales de terceros países o apátridas, un Estado miembro debe poder establecer excepciones al procedimiento de asilo establecido en el presente Reglamento, al decidir, en el marco del procedimiento fronterizo establecido en los artículos 44 a 55 del Reglamento (UE) 2024/1348 sobre el fundamento de todas las solicitudes de protección internacional. Deben respetarse los principios y garantías establecidos en dicho Reglamento. La decisión de ejecución del Consejo por la que se autorice al Estado miembro a aplicar las excepciones mencionadas debe especificar los nacionales de terceros países o apátridas objeto de la situación de instrumentalización. Cuando se aplique esta excepción, debe prestarse especial atención a determinadas categorías de nacionales de terceros países y apátridas que hayan sido objeto de instrumentalización, en particular menores de 12 años y miembros de su familia y personas vulnerables con necesidades procedimentales o de acogida especiales. Por lo tanto, debe excluirse a esos grupos del procedimiento fronterizo, o bien debe dejar de aplicarse este procedimiento cuando una evaluación individual determine que es probable que la solicitud esté bien fundada. La elección entre ambas opciones queda a discreción del Estado miembro que solicite la aplicación de esa excepción. La opción indicada en la solicitud debe reflejarse en la decisión de ejecución del Consejo por la que se autorice la aplicación de tal excepción. La ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento fronterizo ante una situación de instrumentalización no debe afectar a los motivos y a otras normas aplicables al procedimiento fronterizo obligatorio con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1348. Cuando un Estado miembro esté autorizado a ampliar el ámbito de aplicación del procedimiento fronterizo, las solicitudes que examine en el marco de dicho procedimiento no deben considerarse parte de la capacidad adecuada en virtud del artículo 48 ni contabilizarse a efectos de la aplicación de su número máximo de solicitudes por año en virtud del artículo 51 de dicho Reglamento.

(50)

A fin de ayudar al Estado miembro de que se trate a prestar la asistencia necesaria a los nacionales de terceros países y apátridas que estén incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, las agencias de las Naciones Unidas, en particular el ACNUR, y otras organizaciones asociadas competentes a las que los Estados miembros hayan encomendado tareas específicas, deben tener acceso efectivo a la frontera en las condiciones establecidas en la Directiva (UE) 2024/1346 y el Reglamento (UE) 2024/1348. Debe permitirse que el ACNUR tenga acceso a los solicitantes de protección internacional, incluidos los que se encuentren en la frontera. A tal fin, el Estado miembro de que se trate debe mantener la cooperación con estas organizaciones.

(51)

Se deben establecer normas concretas para situaciones de crisis caracterizadas por llegadas masivas, y de fuerza mayor, con el fin de permitir que los Estados miembros prorroguen los plazos fijados en el Reglamento (UE) 2024/1351, en condiciones estrictas, cuando sea imposible cumplir dichos plazos debido a lo extraordinario de la situación. Dicha prórroga debe aplicarse simultáneamente a los plazos de envío y respuesta a las peticiones de toma a cargo y las notificaciones de readmisión, así como a los plazos para trasladar a un solicitante al Estado miembro responsable. Los plazos deben prorrogarse independientemente de que dicho Reglamento establezca plazos más breves para determinadas situaciones.

(52)

A fin de asegurar un acceso efectivo al procedimiento de concesión de protección internacional, cuando el traslado no se produzca debido a la persistencia de la situación de crisis caracterizada por llegadas masivas, o de fuerza mayor, o cuando el Estado miembro que efectúe el traslado no lo haga cuando el solicitante esté a disposición de las autoridades competentes de dicho Estado miembro, debe fijarse un plazo máximo para que se produzca el traslado al Estado miembro que se enfrente a esa situación. Dicho plazo máximo no debe ser superior a un año a partir de la aceptación de la petición de toma a cargo o de la confirmación de la notificación de readmisión por otro Estado miembro, o a partir de la decisión definitiva sobre el recurso o la revisión de una decisión de traslado que tenga efecto suspensivo de conformidad con el artículo 43, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1351. Dicho plazo máximo se entiende sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar los plazos, en virtud del artículo 46, apartado 2, de dicho Reglamento, para efectuar un traslado.

(53)

A fin de evitar que el Sistema Europeo Común de Asilo deje de ser funcional debido a llegadas masivas de una magnitud e intensidad tan extraordinarias que, incluso teniendo un Estado miembro un sistema de asilo, acogida y retorno bien preparado, si la Unión en su conjunto no aborda la situación se pueda correr un grave riesgo de que el trato dado a los solicitantes adolezca de graves deficiencias, el Estado miembro debe poder, en circunstancias tan excepcionales, quedar eximido de su obligación de readmitir a un solicitante en virtud del artículo 16, apartado 2, y del artículo 38, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1351. No obstante, al objeto de velar por que la aplicación de dicha excepción no dé lugar a presiones adicionales sobre el Estado miembro que se enfrente a tal situación, tal excepción únicamente debe aplicarse retroactivamente a aquellas solicitudes ya registradas en dicho Estado miembro durante los cuatro meses anteriores a la fecha de adopción de la decisión de ejecución del Consejo.

(54)

Cuando, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347, se den circunstancias objetivas que indiquen que las solicitudes de protección internacional de grupos de solicitantes de un determinado país de origen o residencia habitual anterior, o de parte de ese país, o sobre la base de los criterios que se desprenden de dicho Reglamento, podrían estar bien fundadas, redunda en interés tanto de las autoridades decisorias como de los solicitantes de que se trate que el examen del fundamento de la solicitud concluya cuanto antes y permita la concesión rápida y eficiente de protección internacional en una situación de crisis.

(55)

Los solicitantes cuyas solicitudes se examinan en el contexto del procedimiento acelerado establecido en el presente Reglamento disfrutan de todos los derechos y garantías a los que tienen derecho los solicitantes de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348, incluido el derecho a la información y a la tutela judicial efectiva.

(56)

Si bien al aplicar una recomendación de la Comisión sobre el procedimiento acelerado no debe celebrarse una entrevista sobre el fondo, tal entrevista podría ser necesaria en caso de que existan dudas sobre si el solicitante pertenece a la categoría o categorías de personas establecidas en dicha recomendación, o si se dan los motivos de exclusión. En todos los casos, el procedimiento no debe durar más de cuatro semanas a partir de la fecha de formalización de la solicitud. Cuando un Estado miembro haya establecido que un solicitante constituye una amenaza para la seguridad interior, debe poder no aplicar el procedimiento acelerado a dicho solicitante. En tales circunstancias, la solicitud debe examinarse de conformidad con los artículos 36 y 40 del Reglamento (UE) 2024/1348.

(57)

Los solicitantes cuyas solicitudes se examinen en el contexto del procedimiento acelerado establecido en el presente Reglamento deben recibir, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento (UE) 2024/1348, un documento que certifique su estatuto en una lengua que puedan comprender o cuya comprensión sea razonable suponer.

(58)

En las diferentes fases de la solicitud del procedimiento acelerado se puede consultar a las agencias pertinentes de la Unión, al ACNUR y a otras organizaciones pertinentes.

(59)

Con el fin de asegurar un grado de preparación suficiente ante una situación de crisis, los Estados miembros deben incluir en sus planes de contingencia las medidas necesarias para responder a una situación de crisis y resolverla, incluidas las medidas necesarias para superar los retos del funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo y proteger los derechos de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, así como fomentar la resiliencia en el futuro en los Estados miembros afectados. Los Estados miembros también deben utilizar todos los instrumentos disponibles en virtud del Derecho de la Unión y del Derecho nacional, incluido el uso de herramientas de anticipación y alerta temprana en el marco del mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias establecido en la Recomendación (UE) 2020/1366 de la Comisión (15).

(60)

Sin perjuicio de lo que precede y, si procede, en una situación de crisis deben movilizarse todos los mecanismos de crisis incluidos en el conjunto de instrumentos, en particular el apoyo financiero y operativo que pueden proporcionar los órganos y organismos de la Unión, los fondos de la Unión y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión de conformidad con los actos jurídicos aplicables. Posteriormente, en el marco del Foro a nivel técnico de la UE sobre la migración, la Comisión debe asegurar la coordinación y el intercambio de información con otras plataformas pertinentes para la gestión de una situación de crisis, entre ellas la Red de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias de la UE, de conformidad con la Recomendación (UE) 2020/1366, y el Dispositivo de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis (Dispositivo RPIC).

(61)

Un Estado miembro que se enfrente a una situación de crisis o de fuerza mayor puede solicitar apoyo de la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas o Europol, de conformidad con sus mandatos. Asimismo, cuando proceda, la Agencia de Asilo puede ofrecer asistencia por iniciativa propia de conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2021/2303, mientras que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas puede ofrecer asistencia en el ámbito del retorno de conformidad con los artículos 48, 50, 52 y 53 del Reglamento (UE) 2019/1896, de acuerdo con el Estado miembro de que se trate, y Europol puede ofrecer asistencia de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(62)

Al objeto de ayudar a los Estados miembros que asuman la reubicación como medida de solidaridad, debe proporcionarse apoyo financiero del presupuesto de la UE, entre otros a través del mecanismo temático que establece el Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(63)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, disponer la adaptación necesaria de las normas relativas a los procedimientos de asilo y, en su caso, las relativas a la solidaridad, a fin de lograr que los Estados miembros puedan abordar situaciones de crisis y de fuerza mayor, en el ámbito de la gestión del asilo y la migración en la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la magnitud y a los efectos de la acción propuesta pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(64)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Dado que los artículos 12 y 13, y los artículos 1 a 6 en la medida en que se refieren a las excepciones de los artículos 12 y 13, del presente Reglamento constituyen modificaciones con arreglo al artículo 3 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (18), Dinamarca ha de notificar a la Comisión su decisión de aplicar o no el contenido de dichas modificaciones en el momento de su adopción o en los 30 días subsiguientes.

(65)

De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(66)

En relación con Islandia y Noruega, los artículos 12 y 13, y los artículos 1 a 6 en la medida en que se refieren a las excepciones de los artículos 12 y 13, del presente Reglamento constituyen nueva legislación en un ámbito cubierto por el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega (19).

(67)

Con respecto a Suiza, los artículos 12 y 13, y los artículos 1 a 6 en la medida en que se refieren a las excepciones de los artículos 12 y 13, del presente Reglamento constituyen actos o medidas que modifican o desarrollan las disposiciones del artículo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Suiza (20).

(68)

Con respecto a Liechtenstein, los artículos 12 y 13, y los artículos 1 a 6 en la medida en que se refieren a las excepciones de los artículos 12 y 13, del presente Reglamento constituyen actos o medidas que modifican o desarrollan las disposiciones del artículo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Suiza a los que se refiere el artículo 3 del Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza (21).