(1)

De conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la Comisión ha revisado la aplicación y el alcance de dicha Directiva y ha llegado a la conclusión de que se han cumplido en su mayoría los objetivos de integración del mercado de fondos de inversión alternativos (FIA) de la Unión, garantizando un elevado nivel de protección de los inversores y salvaguardando la estabilidad financiera. Sin embargo, en su revisión, la Comisión también llegó a la conclusión de que es necesario armonizar las normas aplicables a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) que gestionen FIA que conceden préstamos, así como aclarar las normas aplicables a los GFIA que delegan sus funciones en terceros, garantizar la igualdad de trato de entidades que ofrecen servicios de custodia (en lo sucesivo, «custodios»), mejorar el acceso transfronterizo a los servicios de depositaría, optimizar la recopilación de datos de supervisión y facilitar el uso de instrumentos de gestión de la liquidez en toda la Unión. Por lo tanto, resulta necesario introducir modificaciones para colmar esas necesidades a fin de mejorar el funcionamiento de la Directiva 2011/61/UE.

(2)

Resulta igualmente necesario para la gestión de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) garantizar un régimen de delegación sólido, la igualdad de trato de los custodios, la coherencia de la información a efectos de supervisión en particular eliminando las duplicaciones y los requisitos redundantes, y un enfoque armonizado del uso de los instrumentos de gestión de la liquidez. Procede, por tanto, modificar también la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que establece normas relativas a la autorización y el funcionamiento de los OICVM, y sus sociedades de gestión en lo que respecta a la delegación, la custodia de activos, la presentación de información a efectos de supervisión y la gestión del riesgo de liquidez.

(3)

El mercado de FIA de la Unión alcanzó los 6 800 000 000 000 EUR en valor liquidativo a finales de 2022. Los inversores profesionales representan aproximadamente el 86 % del valor liquidativo de los FIA gestionados o comercializados por GFIA autorizados y por GFIA por debajo de cierto umbral, es decir, los GFIA a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2011/61/UE, en la Unión. El mercado de FIA de la Unión proporciona más de 250 000 000 000 EUR a las empresas de la Unión en créditos privados, y los inversores de la Unión son responsables del 30 % del capital mundial asignado a todo el sector. El tamaño del mercado agregado de FIA de la Unión ha seguido creciendo, aumentando un 15 % entre 2020 y 2022, y los FIA llegaron a representar un tercio del sector de los fondos del Espacio Económico Europeo a finales de 2020. No obstante, el sector sigue teniendo margen de crecimiento con la oferta a los inversores institucionales de más posibilidades de elección y con la mejora de la competitividad de la unión de los mercados de capitales.

(4)

Para aumentar la eficiencia de las actividades de los GFIA, debe ampliarse la lista de servicios auxiliares establecida en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2011/61/UE para incluir las tareas que lleva a cabo un administrador de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) («administración de índices de referencia») y las actividades de administración de créditos de conformidad con la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). En aras de la exhaustividad, debe aclararse que, en tanto que asuma las tareas propias del administrador o realice actividades de administración de créditos, el GFIA debe quedar sometido al Reglamento (UE) 2016/1011 y a la Directiva (UE) 2021/2167, respectivamente.

(5)

Con el fin de reforzar la seguridad jurídica, debe aclararse que la gestión de FIA también puede comprender las actividades de concesión de préstamos por cuenta de un FIA y de administración de vehículos de finalidad especial de titulización.

(6)

Con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM en relación con los servicios que pueden prestar a terceros, debe aclararse que los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM están autorizados a desempeñar, en beneficio de terceros, las mismas funciones y actividades que ya desempeñan en relación con los FIA y los OICVM que gestionan, siempre que se gestione adecuadamente cualquier posible conflicto de intereses creado por la prestación de dicha función o actividad a terceros. Esas funciones y actividades incluyen, por ejemplo, servicios a empresas tales como los recursos humanos y las tecnologías de la información (TI), así como servicios informáticos para la gestión de carteras y la gestión de riesgos. Tal posibilidad también respaldaría la competitividad internacional de los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM de la Unión al permitir economías de escala y ayudaría a diversificar las fuentes de ingresos.

(7)

Para garantizar la seguridad jurídica, procede aclarar que los GFIA que prestan servicios auxiliares relacionados con instrumentos financieros están sujetos a las normas establecidas en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Por lo que respecta a los activos que no sean instrumentos financieros, debe obligarse a los GFIA a cumplir los requisitos de la Directiva 2011/61/UE.

(8)

A fin de garantizar la aplicación uniforme de los requisitos establecidos en la Directiva 2011/61/UE en relación con los recursos humanos necesarios de los GFIA, debe aclararse que, en el momento de la solicitud de autorización, el GFIA deben facilitar a las autoridades competentes información sobre los recursos humanos y técnicos que emplearán para desempeñar sus funciones y, en su caso, para supervisar a sus delegados. Para dirigir la actividad del GFIA deben nombrarse un mínimo de dos personas físicas que estén empleadas por el GFIA o sean miembros ejecutivos o miembros del órgano de gobierno del GFIA, a tiempo completo, y que estén domiciliadas, es decir que tengan su residencia habitual, en la Unión. Independientemente de dicho mínimo legal, podrían necesitarse más recursos en función del tamaño y la complejidad del GFIA y de los FIA que gestiona.

(9)

Algunos Estados miembros tienen requisitos en el Derecho nacional o en las normas sectoriales relativas al grado de independencia de uno o varios miembros del órgano de gobierno de un GFIA o del órgano de dirección de una sociedad de gestión de OICVM o de una sociedad de inversión. Conviene alentar a los GFIA que gestionen FIA comercializados entre inversores particulares así como a las sociedades de gestión de OICVM y a las sociedades de inversión a que designen como mínimo a un directivo independiente o no ejecutivo como miembro de su órgano de gobierno o de su órgano de dirección, cuando sea posible con arreglo al Derecho nacional o a las normas sectoriales del Estado miembro de origen del GFIA, la sociedad de gestión de OICVM o la sociedad de inversión, con el fin de proteger los intereses de los FIA y los OICVM y de los inversores en los FIA que el GFIA gestione o en los OICVM. Al proceder a dicha designación, el GFIA, la sociedad de gestión de OICVM o la sociedad de inversión debe garantizar que dicho directivo sea independiente por su carácter y su criterio y posea los conocimientos y experiencia suficientes para poder evaluar si el GFIA, la sociedad de gestión del OICVM o la sociedad de inversión gestiona los FIA o los OICVM en el mejor interés de los inversores.

(10)

La comercialización de los FIA no siempre la lleva a cabo el GFIA directamente, sino uno o varios distribuidores por cuenta del GFIA o por cuenta propia. En concreto, podría darse el caso de que un asesor financiero independiente comercializara un fondo sin el conocimiento del GFIA. La mayoría de los distribuidores de fondos están sujetos a requisitos normativos en virtud de la Directiva 2014/65/UE o de la Directiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo (7) que definen el ámbito y el alcance de sus responsabilidades con respecto a sus propios clientes. La Directiva 2011/61/UE debe, por tanto, admitir la diversidad de los acuerdos de distribución y distinguir, por un lado, los acuerdos por los que un distribuidor actúa por cuenta del GFIA, que deben considerarse acuerdos de delegación, y, por otro lado, los acuerdos por los que un distribuidor actúa por cuenta propia cuando comercializa FIA con arreglo a la Directiva 2014/65/UE o a través de productos de inversión basados en seguros de vida de conformidad con la Directiva (UE) 2016/97, en cuyo caso las disposiciones de la Directiva 2011/61/EU relativas a la delegación no deben aplicarse, independientemente de cualquier acuerdo de distribución entre el GFIA y el distribuidor.

(11)

La delegación puede permitir una gestión eficiente de las carteras de inversión y la obtención de los conocimientos especializados necesarios en un mercado geográfico o una clase de activos concretos. No obstante, conviene que los supervisores dispongan de información actualizada sobre los principales elementos de los acuerdos de delegación. A fin de ofrecer una visión de conjunto fidedigna de las actividades de delegación en la Unión, los GFIA deben facilitar periódicamente a las autoridades competentes información sobre los acuerdos de delegación que impliquen la delegación de funciones de gestión colectiva o discrecional de carteras o de gestión de riesgos. Por consiguiente, los GFIA deben presentar información, respecto de cada FIA que gestionen, sobre los delegados, una lista y una descripción de las actividades delegadas, el importe y el porcentaje de los activos de los FIA gestionados que están sujetos a acuerdos de delegación que afectan a la función de gestión de cartera, una descripción de la forma en que el GFIA supervisa, sigue y controla al delegado, información sobre los acuerdos de subdelegación y la fecha de inicio y finalización de los acuerdos de delegación y subdelegación. En aras de la claridad, debe especificarse que los datos recopilados sobre el porcentaje de los activos de los FIA gestionados que están sujetos a acuerdos de delegación que afectan a la función de gestión de carteras tienen por objeto ofrecer una mayor visión de conjunto del funcionamiento de la delegación y no constituyen por sí solos una prueba determinante de la idoneidad del contenido o los mecanismos de gestión del riesgo, o de la eficacia de los mecanismos de supervisión o control a nivel de gestor. Esa información debe comunicarse a las autoridades competentes en el marco del régimen de presentación de información a efectos de supervisión regulado por la Directiva 2011/61/UE.

(12)

Para garantizar la aplicación uniforme de la Directiva 2011/61/UE, procede aclarar que las normas de delegación que esta prevé resultan aplicables a todas las funciones enumeradas en el anexo I de la Directiva y a la lista de servicios auxiliares contemplados en el artículo 6, apartado 4, de dicha Directiva.

(13)

Los fondos de inversión que conceden préstamos pueden ser una fuente de financiación alternativa para la economía real. Tales fondos pueden proporcionar una financiación fundamental para las pequeñas y medianas empresas de la Unión, las cuales encuentran más dificultades de acceso a las fuentes de crédito tradicionales. Sin embargo, los diferentes enfoques reguladores nacionales pueden dar lugar a un arbitraje regulador y a niveles dispares de protección de los inversores, obstaculizando así el establecimiento de un mercado interior eficiente para la concesión de préstamos por parte de los FIA. La Directiva 2011/61/UE debe reconocer el derecho de los FIA a conceder préstamos. También deben preverse normas comunes a fin de establecer un mercado interior eficiente de concesión de préstamos por parte de los FIA, garantizar un nivel uniforme de protección de los inversores en la Unión, permitir que los FIA desarrollen sus actividades mediante la concesión de préstamos en todos los Estados miembros y facilitar el acceso a la financiación de las empresas de la Unión, objetivo clave de la unión de los mercados de capitales, como se afirma en la Comunicación de la Comisión de 24 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción». Sin embargo, habida cuenta del rápido crecimiento del mercado de crédito privado, es necesario abordar los posibles riesgos micro y macroprudenciales que podría plantear la concesión de préstamos por parte de los FIA y que podrían extenderse a todo el sistema financiero. Deben armonizarse las normas aplicables a los GFIA que gestionan FIA que concedan préstamos a fin de mejorar la gestión de riesgos en todo el mercado financiero y aumentar la transparencia para los inversores. En aras de la claridad, las disposiciones establecidas en la presente Directiva que son aplicables a los GFIA que gestionan FIA que concedan préstamos no deben ser óbice para que los Estados miembros establezcan marcos nacionales relativos a productos que definan determinadas categorías de FIA con normas más restrictivas.

(14)

El FIA no siempre lleva a cabo directamente la concesión de préstamos. Puede haber casos en los que un FIA concede un préstamo indirectamente a través de un tercero o un vehículo especializado que concede el préstamo en nombre o por cuenta del FIA, o en nombre o por cuenta del GFIA en relación con el FIA, antes de adquirir exposición al préstamo. Con el fin de evitar la elusión de la Directiva 2011/61/UE, cuando dicho FIA o GFIA participe en la estructuración del préstamo o en la definición o acuerdo previo de sus características, tales casos deben considerarse actividades de concesión de préstamos y les debe ser aplicable dicha Directiva.

(15)

Los FIA que concedan préstamos a consumidores están obligados a cumplir los requisitos de otros instrumentos del Derecho de la Unión aplicables a los préstamos al consumo, entre ellos la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y la Directiva (UE) 2021/2167. Esos instrumentos del Derecho de la Unión proporcionan las protecciones básicas de los prestatarios a escala de la Unión. No obstante, y por razones imperiosas de interés público, los Estados miembros deben poder prohibir la concesión de préstamos a los consumidores por parte de los FIA.

(16)

A fin de apoyar la gestión profesional de los FIA y disminuir los riesgos para la estabilidad financiera, los GFIA que gestionan FIA que se dediquen a la concesión de préstamos, independientemente de que estos últimos cumplan la definición de FIA prestamistas, deben contar con políticas, procedimientos y procesos eficaces para la concesión de préstamos. También deben aplicar políticas, procedimientos y procesos eficaces para la evaluación del riesgo de crédito y la administración y el seguimiento de su cartera de crédito si los FIA que gestionan se dedican la concesión de préstamos, también cuando dichos FIA adquieran exposición a préstamos a través de terceros. Dichas políticas, procedimientos y procesos deben ser proporcionados al alcance de la concesión del préstamo y deben revisarse periódicamente.

(17)

Para contener el riesgo de interconexión entre los FIA que conceden préstamos y otros participantes en los mercados financieros, los GFIA de dichos FIA deben estar obligados, cuando el prestatario sea una entidad financiera, a diversificar el riesgo y a someter su exposición a límites específicos.

(18)

Para garantizar la estabilidad y la integridad del sistema financiero e introducir salvaguardias proporcionadas, los FIA prestamistas deben estar sujetos a un límite de apalancamiento que varíe en función de si son de tipo abierto o cerrado. El riesgo para la estabilidad financiera es mayor en los FIA de tipo abierto, que pueden ser objeto de niveles elevados de reembolso. En consonancia con el objetivo de preservar la estabilidad financiera, el límite de apalancamiento no debe depender de si un FIA prestamista se comercializa entre inversores profesionales y particulares o solo entre inversores profesionales. El método del compromiso proporciona un marco exhaustivo y sólido para calcular el apalancamiento de conformidad con las normas internacionales y, en particular, para tener en cuenta el apalancamiento sintético generado por los productos derivados. Esos límites de apalancamiento no deben ser óbice para que las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA impongan límites de apalancamiento más estrictos cuando se considere necesario para garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero.

(19)

A fin de limitar los conflictos de intereses, los GFIA y su personal no deben recibir préstamos de ningún FIA que gestionen. Del mismo modo, debe prohibirse al depositario del FIA y al delegado del depositario, o al delegado del GFIA y a su personal, y a las entidades que pertenezcan al mismo grupo que el GFIA, recibir préstamos del FIA de que se trate.

(20)

Para evitar el riesgo moral y mantener la calidad crediticia general de los préstamos concedidos por los FIA, dichos préstamos deben estar sujetos a requisitos de retención de riesgos cuando se transfieren a terceros. Con el mismo objetivo, debe prohibirse a los GFIA gestionar un FIA que conceda préstamos con el único fin de venderlos a terceros (en lo sucesivo, «estrategia de conceder para distribuir»), independientemente de que dicho FIA se ajuste a la definición de FIA prestamista. Los préstamos deben concederse con el único fin de invertir el capital obtenido por el FIA de conformidad con su estrategia de inversión y sus limitaciones legales. No obstante, el GFIA debe poder aplicar dicha estrategia de inversión en el mejor interés de los inversores del FIA. Ello implica que son necesarias excepciones a las normas de retención de riesgos y deben abarcar los casos en que la retención de una parte del préstamo no sea compatible con la aplicación de la estrategia de inversión del FIA o con los requisitos normativos, incluidos los requisitos relativos al producto que se hayan impuesto al FIA y a su GFIA. Tales casos incluyen situaciones en las que la retención de una parte del préstamo daría lugar a que el FIA superara sus límites de inversión o diversificación o incumpliera los requisitos normativos, como las medidas restrictivas adoptadas con arreglo al artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o cuando el FIA esté entrando en liquidación, o cuando la situación del prestatario haya cambiado, por ejemplo, en caso de fusión o de impago del prestatario si la estrategia de inversión del FIA no consiste en gestionar activos deteriorados, o cuando se modifica la asignación de activos del FIA, lo que da lugar a que el FIA deje de estar expuesto a un sector específico o a una categoría de activos específica. A petición de las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, un GFIA debe justificar su decisión de hacer uso de dicha excepción a las normas de retención de riesgo, y se le obligar a cumplir de forma permanente el principio general de prohibición de las estrategias de concesión para distribución.

(21)

Los préstamos no líquidos a largo plazo mantenidos por un FIA podrían crear desajustes de liquidez si la estructura abierta de los FIA permitiera a los inversores exigir con frecuencia el reembolso de sus participaciones o acciones. Por lo tanto, es necesario mitigar los riesgos relacionados con la transformación de vencimientos imponiendo una estructura de tipo cerrado para los FIA prestamistas. No obstante, los FIA prestamistas deben poder operar como FIA de tipo abierto, siempre que cumplan determinados requisitos, como disponer de un sistema de gestión de la liquidez que minimice los desajustes de liquidez, garantice el trato justo de los inversores y esté bajo la supervisión de las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA. Para garantizar que se establecen criterios coherentes que permitan a las autoridades competentes determinar si un FIA prestamista puede conservar una estructura de tipo abierto, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), creada por el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para determinar tales criterios, teniendo debidamente en cuenta la naturaleza, el perfil de liquidez y la exposición de los FIA prestamistas.

(22)

Procede aclarar que, cuando un FIA que concede préstamos o un GFIA, en relación con las actividades de préstamo de los FIA que gestiona, esté obligado a cumplir los requisitos establecidos en la Directiva 2011/61/UE y los requisitos establecidos en los Reglamentos (UE) n.o 345/2013 (10), (UE) n.o 346/2013 (11) y (UE) 2015/760 (12) del Parlamento Europeo y del Consejo, deben primar los requisitos específicos relativos a productos establecidos en el capítulo II del Reglamento (UE) n.o 345/2013, el capítulo II del Reglamento (UE) n.o 346/2013 y el Reglamento (UE) 2015/760 sobre las normas más generales establecidas en la Directiva 2011/61/UE.

(23)

Debido a la naturaleza potencialmente ilíquida y a largo plazo de los activos de los FIA que conceden préstamos, los GFIA podrían experimentar dificultades para cumplir los cambios en los requisitos normativos introducidos durante el ciclo de vida de los FIA que gestionan sin afectar a la confianza de sus inversores. Por consiguiente, es necesario aplicar disposiciones transitorias a determinados requisitos aplicables a los FIA constituidos antes de la adopción de la presente Directiva. No obstante, dichos FIA y GFIA también deben poder optar por estar sujetos a dichas normas, siempre que se notifique en consecuencia a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA. Además, las normas aplicables a la concesión de préstamos y a los FIA prestamistas, con excepción de los límites de apalancamiento e inversión y la obligación de que los FIA prestamistas operen como FIA de tipo cerrado, solo deben aplicarse a los préstamos concedidos con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva.

(24)

Para facilitar el seguimiento del mercado por parte de las autoridades de supervisión, debe mejorarse la recopilación y el intercambio de la información presentada a efectos de supervisión. Podría eliminarse la duplicación de los requisitos de información que existe con arreglo al Derecho de la Unión y nacional, en particular a los Reglamentos (UE) n.o 600/2014 (13), (UE) 2019/834 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo, a los Reglamentos (UE) n.o 1011/2012 (15) y (UE) n.o 1073/2013 (16) del Banco Central Europeo, a fin de mejorar la eficiencia y reducir la carga administrativa para los GFIA. La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), creada mediante el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), creada mediante el Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y la AEVM (designadas colectivamente como «Autoridades Europeas de Supervisión» o «AES») y el Banco Central Europeo (BCE), con el apoyo de las autoridades competentes, en caso necesario, deben evaluar las necesidades en materia de datos de las distintas autoridades de supervisión para que los cambios en la plantilla de presentación de información a efectos de supervisión de los GFIA sean eficaces.

(25)

A fin de reducir la duplicación de la obligación de información y las correspondientes cargas que se derivan de la obligación de información para los GFIA y garantizar una reutilización eficiente de los datos por parte de las autoridades, los datos comunicados por los GFIA a las autoridades competentes deben ponerse a disposición de otras autoridades competentes pertinentes, de las AES y de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), tal como se establece en la Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 7 de diciembre de 2017 (19), siempre que sea necesario para el desempeño de sus funciones, así como de los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) únicamente con fines estadísticos.

(26)

En previsión de futuros cambios en las obligaciones de presentación de información a efectos de supervisión, el alcance de los datos que se pueden exigir a los GFIA debe ampliarse mediante la eliminación de limitaciones sobre dicho alcance, centradas en las principales operaciones y exposiciones o contrapartes, y mediante la introducción de otras categorías de datos que habrán de facilitar a las autoridades competentes. Si la AEVM considera justificada la comunicación periódica a los supervisores de información completa sobre la cartera, las disposiciones de la Directiva 2011/61/UE deben dar cabida a la necesaria ampliación del alcance de la información.

(27)

A fin de garantizar la armonización coherente de las obligaciones de presentación de información a efectos de supervisión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 para especificar el contenido, los formularios y los procedimientos a fin de normalizar el proceso de presentación de información para su supervisión por parte de los GFIA, sustituyendo así el modelo de presentación de información establecido en el acto delegado adoptado en virtud del artículo 24 de la Directiva 2011/61/UE, así como la frecuencia y el calendario de presentación de la información. Por lo que se refiere a la información que debe comunicarse sobre los acuerdos de delegación, las normas técnicas de regulación deben limitarse a establecer el nivel adecuado de normalización de la información que debe comunicarse. Las normas técnicas de regulación no deben añadir ningún elemento que no esté previsto en la Directiva 2011/61/UE.

(28)

Para normalizar el proceso de presentación de información a efectos de supervisión, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM en lo que respecta al formato, las normas sobre datos y los métodos y modalidades de presentación de información por parte de los GFIA. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

(29)

A fin de garantizar una respuesta más eficaz a las presiones de liquidez en tiempos de tensión en los mercados y de proteger mejor a los inversores, deben establecerse normas en la Directiva 2011/61/UE para poner en práctica la Recomendación de la JERS de 7 de diciembre de 2017.

(30)

Para que los GFIA de FIA de tipo abierto establecidos en cualquier Estado miembro puedan hacer frente a las presiones de reembolso en condiciones de tensión en el mercado, se les debe obligar a que elijan e incluyan en las normas o documentos constitutivos del FIA al menos dos instrumentos de gestión de la liquidez de la lista armonizada que figura en el anexo V, puntos 2 a 8, de la Directiva 2011/61/UE. A modo de excepción, cuando gestione un FIA autorizado como fondo del mercado monetario de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), el GFIA debe poder decidir seleccionar un único instrumento de gestión de la liquidez de dicha lista. Dichos instrumentos de gestión de la liquidez deben ser adecuados para la estrategia de inversión, el perfil de liquidez y la política de reembolso del FIA. Los GFIA deben activar dichos instrumentos de gestión de la liquidez cuando sea necesario para salvaguardar los intereses de los inversores del FIA. Además, los GFIA de FIA de tipo abierto deben tener siempre la posibilidad de suspender temporalmente las suscripciones, recompras y reembolsos o de activar carteras separadas de activos ilíquidos, en circunstancias excepcionales y cuando esté justificado por los intereses de los inversores del FIA. Si un GFIA toma la decisión de suspender suscripciones, recompras y reembolsos, debe notificarlo sin demora indebida a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen. Si un GFIA decide activar o desactivar carteras separadas de activos ilíquidos, debe notificarlo a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen en un plazo razonable antes de la activación o desactivación de dicho instrumento de gestión de la liquidez. Los GFIA también deben notificar a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen cuando activen o desactiven cualquier otro instrumento de gestión de la liquidez de una manera que no esté en el curso normal de la actividad según lo previsto en el reglamento o los documentos constitutivos del FIA. Ello permitiría a dichas autoridades de supervisión gestionar mejor los posibles efectos indirectos de las tensiones de liquidez sobre el conjunto del mercado.

(31)

En particular, y para reforzar la protección de los inversores, debe especificarse que el recurso al reembolso en especie no es adecuado para los inversores particulares y, por lo tanto, solo debe activarse para satisfacer las solicitudes de reembolso de los inversores profesionales. Al mismo tiempo, deben abordarse los riesgos de desigualdad de trato entre inversores que solicitan el reembolso y otros titulares de participaciones y accionistas.

(32)

Para poder tomar una decisión de inversión acorde con su propensión al riesgo y sus necesidades de liquidez, los inversores deben ser informados de las condiciones para el uso de los instrumentos de gestión de la liquidez.

(33)

A fin de garantizar una armonización coherente en lo que respecta a la gestión del riesgo de liquidez por parte de los GFIA de fondos de tipo abierto y facilitar la convergencia del mercado y de la supervisión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, para especificar las características de los instrumentos de gestión de la liquidez establecidos en el anexo V de la Directiva 2011/61/UE, teniendo debidamente en cuenta la diversidad de las estrategias de inversión y de los activos subyacentes de los FIA. Dichas normas técnicas de regulación deben adoptarse sobre la base de un proyecto elaborado por la AEVM y no deben restringir la capacidad de los GFIA para utilizar cualquier instrumento de gestión de la liquidez adecuado en todas las clases de activos, jurisdicciones y condiciones del mercado. A fin de garantizar un nivel uniforme de protección de los inversores en la Unión, la AEVM debe elaborar directrices sobre la selección y calibración de los instrumentos de gestión de la liquidez por parte de los GFIA. Dichas directrices deben reconocer que la responsabilidad principal de la gestión del riesgo de liquidez recae en los GFIA.

(34)

Los depositarios desempeñan un papel importante en la protección de los intereses de los inversores y deben poder desempeñar sus funciones con independencia del tipo de custodio que custodie los activos de los FIA. Por consiguiente, si prestan servicios de custodia a los FIA, es necesario incluir a los depositarios centrales de valores (DCV) en la cadena de custodia, a fin de garantizar que, en todos los casos, exista un flujo de información estable entre el custodio del activo de un FIA y el depositario. Para evitar tareas innecesarias, los depositarios no deben llevar a cabo el procedimiento de diligencia debida ex ante cuando tengan la intención de delegar la custodia en DCV.

(35)

A fin de mejorar la cooperación en materia de supervisión y la eficacia de esta, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de un GFIA deben poder presentar una solicitud motivada a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de dicho GFIA para que adopte medidas de supervisión respecto de este.

(36)

Para mejorar la cooperación en materia de supervisión, la AEVM debe poder solicitar que una autoridad competente someta un caso a la AEVM, cuando dicho caso tenga implicaciones transfronterizas y pueda afectar a la protección de los inversores o a la estabilidad financiera. Los análisis que realice la AEVM de esos casos proporcionarían a otras autoridades competentes una mejor comprensión de los aspectos examinados, contribuirían a prevenir casos similares en el futuro y protegería la integridad del mercado de FIA.

(37)

Para favorecer la convergencia de la supervisión en lo que respecta a la delegación, la AEVM debe recibir información más completa sobre la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva en todos los Estados miembros, en particular en el ámbito de la supervisión y el control adecuados de los acuerdos de delegación. A tal fin, debe basarse en las obligaciones de información a las autoridades competentes y en el ejercicio, en el ámbito de la delegación, de sus facultades en materia de convergencia de la supervisión, antes de que se lleven a cabo las próximas revisiones de la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2011/61/UE. La AEVM debe presentar un informe en el que se analicen las prácticas de mercado en relación con la delegación y el cumplimiento de las normas sobre delegación, así como los requisitos sustantivos —tales como los relativos a los recursos humanos y técnicos— que los GFIA, las sociedades de gestión y sus delegados emplean en el desempeño de sus funciones.

(38)

El Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) establece normas armonizadas sobre la transparencia que deberán aplicar los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad y el análisis de las repercusiones adversas en materia de sostenibilidad en sus procesos y la prestación de información en materia de sostenibilidad respecto de productos financieros. Conviene adoptar un enfoque horizontal de las normas de transparencia en materia de sostenibilidad para los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros. Los FIA y los OICVM pueden contribuir de manera importante a la consecución de los objetivos de la unión de los mercados de capitales. El crecimiento del mercado de FIA y OICVM también debe ser coherente con otros objetivos de la Unión y, por tanto, debería tender a la promoción de su crecimiento sostenible. Los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM deben poder demostrar que cumplen en todo momento sus obligaciones con arreglo al Reglamento (UE) 2019/2088. Por consiguiente, los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM deben integrar parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza en las normas de gobernanza y de gestión de riesgos utilizadas para respaldar sus decisiones de inversión. Los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM también deben aplicar normas de gobernanza y gestión de riesgos a sus decisiones de inversión y a su evaluación de los riesgos pertinentes, incluidos los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza. Ello es tanto más importante cuando los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM hacen valer las políticas de inversión sostenible de los FIA y los OICVM que gestionan. Dichas decisiones de inversión y evaluaciones de riesgos deben adoptarse en el mejor interés de los inversores de los FIA y los OICVM. La AEVM debe actualizar sus directrices sobre políticas de remuneración adecuadas con arreglo a la Directiva 2011/61/UE y la Directiva 2009/65/CE en lo que respecta a la correlación, en las políticas de remuneración, de los incentivos y los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza.

(39)

La comercialización de los OICVM no siempre la lleva a cabo la sociedad de gestión directamente, sino uno o varios distribuidores por cuenta de la sociedad de gestión o por cuenta propia. En concreto, podría darse el caso de que un asesor financiero independiente comercializara un OICVM sin el conocimiento de la sociedad de gestión. La mayoría de los distribuidores de fondos están sujetos a requisitos normativos en virtud de la Directiva 2014/65/UE o de la Directiva (UE) 2016/97, que definen el ámbito y el alcance de sus responsabilidades con respecto a sus propios clientes. La Directiva 2009/65/CE debe, por tanto, admitir la diversidad de los acuerdos de distribución y distinguir, por un lado, los acuerdos por los que un distribuidor actúa por cuenta de la sociedad de gestión, que deben considerarse acuerdos de delegación, y, por otro lado, los acuerdos por los que un distribuidor actúa por cuenta propia cuando comercializa OICVM con arreglo a la Directiva 2014/65/UE o a través de productos de inversión basados en seguros de vida de conformidad con la Directiva (UE) 2016/97, en cuyo caso las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE relativas a la delegación no deben aplicarse, independientemente de cualquier acuerdo de distribución entre la sociedad de gestión y el distribuidor.

(40)

En algunos mercados concentrados no existe una oferta competitiva de servicios de depositaría. Para hacer frente a esa escasez de proveedores de servicios que puede dar lugar a un aumento de los costes para los GFIA y a una menor eficiencia del mercado de FIA, los Estados miembros deben poder permitir a sus autoridades competentes autorizar la designación de un depositario establecido en otro Estado miembro. Tal posibilidad solo debe utilizarse cuando se cumplan las condiciones establecidas en la presente Directiva y previa aprobación de las autoridades competentes del FIA. Dado que la decisión de permitir la designación de un depositario establecido en otro Estado miembro no debe ser automática, incluso cuando se cumplan esas condiciones, las autoridades competentes solo deben adoptar dicha decisión tras llevar a cabo una evaluación caso por caso de la falta de servicios de depositaría pertinentes en el Estado miembro de origen del FIA, teniendo en cuenta la estrategia de inversión de dicho FIA.

(41)

Como parte de su revisión de la Directiva 2011/61/UE, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación del funcionamiento de la excepción que permite la designación de un depositario establecido en otro Estado miembro y de los posibles beneficios y riesgos, incluidas las repercusiones sobre la protección de los inversores, sobre la estabilidad financiera, sobre la eficiencia de la supervisión y sobre la disponibilidad de opciones en el mercado, de modificar el ámbito de aplicación de dicha excepción, en consonancia con los objetivos de la unión de los mercados de capitales.

(42)

La posibilidad de nombrar a un depositario establecido en otro Estado miembro debe ir acompañada de una supervisión más amplia. Por consiguiente, se debe obligar al a cooperar no solo con sus autoridades competentes, sino también con las autoridades competentes del FIA para el que se haya designado el depositario y con las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA que gestione el FIA, si dichas autoridades competentes están situadas en un Estado miembro distinto del depositario.

(43)

A fin de proteger mejor a los inversores, debe incrementarse el flujo de información de los GFIA a los inversores en los FIA. Para que los inversores en un FIA puedan hacer un mejor seguimiento de los gastos del FIA, los GFIA deben señalar las comisiones, cargas y gastos soportados por el GFIA y que, posteriormente, se asignen directa o indirectamente al FIA o a cualquiera de sus inversiones. Los GFIA deben informar periódicamente sobre todas esas comisiones, cargas y gastos. También debe exigirse a los GFIA que informen a los inversores sobre la composición de la cartera de préstamos concedidos.

(44)

A fin de aumentar la transparencia y utilizar de manera efectiva los datos disponibles sobre el mercado de FIA, debe permitirse a la AEVM divulgar los datos de mercado de que disponga, de forma agregada o resumida, por lo que debe flexibilizarse la norma de confidencialidad para permitir dicha utilización de los datos.

(45)

Los requisitos para las entidades de terceros países con acceso al mercado interior deben ajustarse a las normas establecidas en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (22). También deben ajustarse a las normas establecidas en la Acción Común emprendida por los Estados miembros en relación con los países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, reflejadas en las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. En particular, los FIA o los GFIA de fuera de la Unión que operen en Estados miembros concretos y los depositarios establecidos en un tercer país no deben estar situados en un tercer país de alto riesgo en virtud de la Directiva (UE) 2015/849, ni en un tercer país que se considere no cooperador a efectos fiscales, sujeto en determinados casos a un período de gracia cuando un país se considere posteriormente tercer país de alto riesgo en virtud de dicha Directiva o se añada a la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Los requisitos también deben garantizar un intercambio adecuado y eficaz de información en materia fiscal en consonancia con las normas internacionales, como las establecidas en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE.

(46)

La Directiva 2009/65/CE debe garantizar que las condiciones para las sociedades de gestión de OICVM son comparables a las de los GFIA cuando no existan motivos para mantener diferencias en cuanto a la regulación aplicable a los OICVM y los GFIA. Tal sería el caso para el régimen de delegación, el tratamiento reglamentario de los custodios, los requisitos de información a efectos de supervisión y la disponibilidad y el uso de instrumentos de gestión de la liquidez.

(47)

A fin de garantizar la aplicación uniforme de los requisitos sustantivos aplicables a las sociedades de gestión de OICVM, debe aclararse que, en el momento de solicitar la autorización, dichas sociedades de gestión deben facilitar a las autoridades competentes información sobre los recursos humanos y técnicos que emplean para desempeñar sus funciones y, en su caso, para supervisar a sus delegados. A fin de dirigir la actividad de la sociedad de gestión, debe nombrarse como mínimo a dos personas físicas que estén empleadas por la sociedad de gestión o sean miembros ejecutivos o miembros del órgano de dirección de la sociedad de gestión, a tiempo completo, y que estén domiciliadas, es decir que tengan su residencia habitual, en la Unión. Independientemente de ese mínimo legal, podrían necesitarse más recursos en función del tamaño y la complejidad de la sociedad de gestión y del OICVM que gestione.

(48)

Para armonizar los marcos jurídicos de las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la delegación, se debe obligar a las sociedades de gestión de OICVM a que justifiquen ante las autoridades competentes la delegación de sus funciones y aporten razones objetivas para la delegación.

(49)

La delegación puede permitir una gestión eficiente de las carteras de inversión y la obtención de los conocimientos especializados necesarios en un mercado geográfico o una clase de activos concretos. No obstante, conviene que los supervisores dispongan de información actualizada sobre los principales elementos de los acuerdos de delegación. A fin de ofrecer una visión de conjunto fidedigna de las actividades de delegación en la Unión, las sociedades de gestión deben facilitar periódicamente a las autoridades competentes información sobre los acuerdos de delegación que impliquen la delegación de funciones de gestión colectiva o discrecional de carteras o de gestión de riesgos. Por consiguiente, las sociedades de gestión deben presentar información, respecto de cada OICVM que gestionen, sobre los delegados, una lista y la descripción de las actividades delegadas, el importe y el porcentaje de los activos de los OICVM gestionados que están sujetos a acuerdos de delegación que afectan a la función de gestión de carteras, una descripción de la forma en que la sociedad de gestión supervisa, sigue y controla al delegado, información sobre los acuerdos de subdelegación y la fecha de inicio y finalización de los acuerdos de delegación y subdelegación. En aras de la claridad, debe especificarse que los datos recopilados sobre el porcentaje de los activos de los OICVM gestionados que están sujetos a acuerdos de delegación que afectan a la función de gestión de carteras tienen por objeto ofrecer una mayor visión de conjunto del funcionamiento de la delegación y no constituyen por sí solos prueba determinante de la idoneidad del contenido o los mecanismos de gestión del riesgo, o de la eficacia de los mecanismo de supervisión o control a nivel de gestor. Esa información debe comunicarse a las autoridades competentes en el marco del régimen de presentación de información a efectos de supervisión regulado por la Directiva 2009/65/CE.

(50)

Para garantizar la aplicación uniforme de la Directiva 2009/65/CE, procede aclarar que las normas de delegación que esta prevé resultan aplicables a todas las funciones enumeradas en el anexo II de la Directiva y a la lista de servicios auxiliares establecidos en el artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva.

(51)

A fin de armonizar en mayor medida las normas sobre delegación aplicables a los GFIA y los OICVM y lograr una aplicación más uniforme de las Directivas 2011/61/UE y 2009/65/CE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la especificación de las condiciones para la delegación por parte de una sociedad de gestión de OICVM en un tercero y las condiciones en las que una sociedad de gestión de OICVM puede ser considerada una entidad ficticia y, por tanto, ya no puede considerarse gestora del OICVM. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (23). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(52)

La presente Directiva debe poner en práctica la Recomendación de la JERS de 7 de diciembre de 2017 para armonizar los instrumentos de gestión de la liquidez y su uso por parte de los gestores de fondos de tipo abierto, incluidos los OICVM, a fin de permitir una respuesta más eficaz a las presiones de liquidez en tiempos de tensión en el mercado y una mejor protección de los inversores.

(53)

Para que los OICVM establecidos en cualquier Estado miembro puedan hacer frente a las presiones de reembolso en condiciones de tensión en el mercado, se les debe obligar a que elijan e incluyan en sus normas o documentos constitutivos al menos dos instrumentos de gestión de la liquidez de la lista armonizada que figura en el anexo II bis, puntos 2 a 8, de la Directiva 2009/65/CE. A modo de excepción, un OICVM autorizado como fondo del mercado monetario de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1131 debe poder decidir la selección de un único instrumento de gestión de la liquidez de dicha lista. Esos instrumentos de gestión de la liquidez deben ser adecuados para la estrategia de inversión, el perfil de liquidez y la política de reembolso del OICVM. Los OICVM deben activar dichos instrumentos de gestión de la liquidez cuando sea necesario para salvaguardar los intereses de los inversores del OICVM. Además, los OICVM deben tener siempre la posibilidad de suspender temporalmente las suscripciones, recompras y reembolsos o de activar carteras separadas de activos ilíquidos, en circunstancias excepcionales y cuando esté justificado por los intereses de los inversores del OICVM. Si un OICVM toma la decisión de suspender suscripciones, recompras y reembolsos, debe notificarlo sin demora indebida a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen. Si un OICVM decide activar o desactivar carteras separadas de activos ilíquidos, debe notificarlo a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen en un plazo razonable antes de la activación o desactivación de dicho instrumento de gestión de la liquidez. Los OICVM también deben notificar a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen cuando activen o desactiven cualquier otro instrumento de gestión de la liquidez de una manera que no esté en el curso normal de la actividad según lo previsto en el reglamento o los documentos constitutivos del OICVM. Ello permitiría a dichas autoridades de supervisión gestionar mejor los posibles efectos indirectos de las tensiones de liquidez sobre el conjunto del mercado.

(54)

En particular, y para reforzar la protección de los inversores, debe especificarse que el recurso al reembolso en especie no es adecuado para los inversores particulares y, por lo tanto, solo debe activarse para satisfacer las solicitudes de reembolso de los inversores profesionales. Al mismo tiempo, deben abordarse los riesgos de desigualdad de trato entre inversores que solicitan el reembolso y otros titulares de participaciones.

(55)

Para poder tomar una decisión de inversión acorde con su propensión al riesgo y sus necesidades de liquidez, los inversores en OICVM deben ser informados de las condiciones para el uso de los instrumentos de gestión de la liquidez.

(56)

A fin de garantizar la armonización coherente en lo que respecta a la gestión del riesgo de liquidez por parte de los OICVM y facilitar la convergencia del mercado y de la supervisión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, para especificar las características de los instrumentos de gestión de la liquidez establecidos en el anexo II bis de la Directiva 2009/65/CE, teniendo debidamente en cuenta la diversidad de las estrategias de inversión y de los activos subyacentes de los OICVM. Dichas normas técnicas de regulación deben adoptarse sobre la base de un proyecto elaborado por la AEVM y no deben restringir la capacidad de los OICVM para utilizar cualquier instrumento de gestión de la liquidez adecuado en todas las clases de activos, jurisdicciones y condiciones del mercado. A fin de garantizar un nivel uniforme de protección de los inversores en la Unión, la AEVM debe elaborar directrices sobre la selección y calibración de los instrumentos de gestión de la liquidez por parte de las sociedades de gestión. Dichas directrices deben reconocer que la responsabilidad principal de la gestión del riesgo de liquidez recae en las sociedades de gestión de OICVM.

(57)

Para facilitar el seguimiento del mercado por parte de las autoridades de supervisión, debe mejorarse la recopilación y el intercambio de la información presentada a efectos de supervisión, sometiendo a los OICVM a obligaciones de presentación de información a efectos de supervisión. Podría eliminarse la duplicidad de los requisitos de información que existe con arreglo al Derecho de la Unión y nacional, en particular al Reglamento (UE) n.o 600/2014, al Reglamento (UE) 2019/834, al Reglamento (UE) n.o 1011/2012 y al Reglamento (UE) n.o 1073/2013, a fin de mejorar la eficiencia y reducir la carga administrativa para las sociedades de gestión. Las AES y el BCE, con el apoyo de las autoridades competentes, en caso necesario, deben evaluar las necesidades en materia de datos de las distintas autoridades de supervisión para garantizar que la información que hay que presentar en la plantilla de presentación de información a efectos de supervisión de los OICVM sea suficiente.

(58)

A fin de reducir la duplicación de la información y las correspondientes cargas de información para los OICVM y garantizar una reutilización eficiente de los datos por parte de las autoridades, los datos comunicados por los OICVM a las autoridades competentes deben ponerse a disposición de otras autoridades competentes pertinentes, de la AEVM, de otras AES y de la JERS, siempre que sea necesario para el desempeño de sus funciones, así como de los miembros del SEBC únicamente con fines estadísticos.

(59)

A fin de garantizar la armonización coherente de las obligaciones de presentación de información a efectos de supervisión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE, de conformidad con los artículos 10 a 14 y el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 para especificar el contenido, los formularios y los procedimientos a fin de normalizar el proceso de presentación de información para su supervisión por parte de sociedades de gestión, así como la frecuencia y el calendario de presentación de la información. Por lo que se refiere a la información que debe comunicarse sobre los acuerdos de delegación, las normas técnicas de regulación deben limitarse a establecer el nivel adecuado de normalización de la información que debe comunicarse. Dichas normas técnicas de regulación deben adoptarse sobre la base de un proyecto elaborado por la AEVM. Las normas técnicas de regulación no deben añadir ningún elemento que no esté previsto en la Directiva 2009/65/CE.

(60)

Para normalizar el proceso de presentación de información a efectos de supervisión, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM en lo que respecta al formato, las normas sobre datos y los métodos y modalidades de presentación de información por parte de las sociedades de gestión. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

(61)

Para garantizar la protección de los inversores y, en particular, garantizar que en todos los casos exista un flujo de información estable entre el custodio del activo del OICVM y el depositario, debe ampliarse el régimen en materia de depositarios para incluir a los DCV en la cadena de custodia cuando presten servicios de custodia a los OICVM. Para evitar tareas innecesarias, los depositarios no deben llevar a cabo el procedimiento de diligencia debida ex ante cuando tengan la intención de delegar la custodia en DCV.

(62)

A fin de mejorar la cooperación en materia de supervisión y la eficacia de esta, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de un OICVM deben poder presentar una solicitud motivada a la autoridad competente del Estado miembro de origen del OICVM para que adopte medidas de supervisión respecto de dicho OICVM.

(63)

Para mejorar la cooperación en materia de supervisión, la AEVM debe poder solicitar que una autoridad competente someta un caso a la AEVM, cuando dicho caso pueda tener implicaciones transfronterizas y pueda afectar a la protección de los inversores o a la estabilidad financiera. Los análisis que realice la AEVM de estos casos proporcionarían a otras autoridades competentes una mejor comprensión de los aspectos examinados, contribuirían a prevenir casos similares en el futuro y protegería la integridad del mercado de OICVM.

(64)

No obstante lo dispuesto en las normas sobre secreto actualmente aplicables, debe mejorarse el intercambio de información entre las autoridades competentes y las administraciones fiscales. Dichos intercambios deben respetar el Derecho nacional y, si la información procede de otro Estado miembro, solo debe divulgarse con el consentimiento expreso de la autoridad competente que la haya divulgado.

(65)

La Directiva 2011/61/UE y la Directiva 2009/65/CE exigen a los GFIA y a las sociedades de gestión de OICVM que actúen con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, en el mejor interés de los fondos de inversión que gestionan y de sus inversores. Así pues, los Estados miembros deben requerir que los GFIA y las sociedades de gestión de OICVM actúen con honestidad e imparcialidad en lo que respecta a las comisiones y los costes cobrados a los inversores. En 2020, la AEVM elaboró un informe en materia de supervisión para promover la convergencia en la supervisión de los costes de los FIA y los OICVM y desarrollar un conjunto de criterios para ayudar a las autoridades competentes a evaluar el concepto de costes indebidos y a supervisar la obligación de evitar que se cobren costes indebidos a los inversores. Estos criterios tienen por objeto orientar a las autoridades competentes, promoviendo al mismo tiempo la convergencia de la supervisión en el contexto de la unión de los mercados de capitales. Sin embargo, debido a la falta de una definición clara de costes indebidos, en la actualidad, existen prácticas de mercado y de supervisión divergentes en cuanto a lo que el sector y los supervisores perciben como costes indebidos, y las pruebas han puesto de manifiesto una disparidad en los costes cobrados en los distintos Estados miembros y en los costes cobrados a los inversores particulares en comparación con los inversores profesionales. Las modificaciones propuestas de las Directivas 2011/61/UE y 2009/65/CE, en el contexto de la estrategia de inversión minorista de la Unión, tienen por objeto abordar esta cuestión, exigiendo a los gestores de fondos que establezcan un proceso de fijación de precios sólido, que debe incluir la identificación, el análisis y la revisión de los costes imputados, directa o indirectamente, a los fondos de inversión o a sus titulares de participaciones, e introduciendo la obligación de compensar a los inversores cuando se hayan cobrado costes indebidos. La AEVM debe presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión en el que se evalúe el nivel de los costes cobrados a los inversores particulares, sus razones y diferencias, incluidas las diferencias derivadas de la naturaleza de los FIA y los OICVM de que se trate, y se analice si los criterios establecidos en su informe de supervisión deben complementarse con respecto al concepto de costes indebidos. Con el fin de apoyar a las autoridades competentes en la supervisión de los costes y a la AEVM en su análisis de las cuestiones relacionadas con los costes, las autoridades competentes deben recopilar datos sobre costes que se compartirán con la AEVM una sola vez. Dicha recopilación de datos incrementaría los conocimientos especializados de la AEVM en el ámbito de la notificación de costes con el fin de proporcionar al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autoridades competentes asesoramiento técnico sobre la recopilación de datos sobre costes en el contexto de la estrategia de inversión minorista de la Unión. Sobre la base de dicho informe, la AEVM debe llevar a cabo actividades con arreglo al artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 para contribuir a desarrollar una interpretación común del concepto de costes indebidos.

(66)

La denominación de un FIA y de un OICVM es un elemento distintivo que influye en las decisiones de los inversores y da una primera impresión de la estrategia y los objetivos de inversión del fondo. Aunque la denominación de un FIA y de un OICVM ya forma parte de la información precontractual facilitada a los inversores, resulta útil subrayar su importancia, haciendo hincapié específicamente en que constituye información precontractual esencial en los datos fundamentales para el inversor y en el folleto que deben facilitarse a los inversores particulares antes de que inviertan en tal FIA y a los inversores antes de que inviertan en tal OICVM. De conformidad con la Directiva (UE) 2021/2261 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), a partir del 1 de enero de 2023, los OICVM comercializados entre inversores particulares están sujetos a los requisitos del Reglamento (UE) n.o 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Desde esa fecha, la obligación de una sociedad de gestión de OICVM o de una sociedad de inversión de elaborar un documento de datos fundamentales para el inversor se ha sustituido por la obligación de elaborar un documento de datos fundamentales de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1286/2014. Además, los GFIA que gestionan FIA comercializados entre inversores particulares también están sujetos a los requisitos de dicho Reglamento. En consecuencia, si los FIA y los OICVM se comercializan entre inversores particulares, los GFIA y los OICVM están obligados a incluir en el documento de datos fundamentales la denominación del fondo y a garantizar que dicha información sea exacta, imparcial y clara y no transmita un mensaje engañoso o confuso que atraiga indebidamente a los inversores. Por lo tanto, es esencial hacer hincapié en que la denominación de un FIA o OICVM se considera tan importante como cualquier otro documento precontractual y está sujeto a las mismas normas de equidad y transparencia. Para garantizar un nivel elevado y uniforme de protección de los inversores en la Unión, la AEVM debe elaborar directrices para especificar las situaciones en las que la denominación de un FIA o OICVM podría ser desleal, poco clara o engañosa para el inversor. La normativa sectorial que establece normas para la denominación de los fondos o la comercialización de fondos prima sobre dichas líneas directrices.

(67)

En el desempeño de sus funciones con arreglo a las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE, la AEVM debe adoptar un planteamiento basado en el riesgo.

(68)

El 9 de agosto de 2022, el BCE emitió un dictamen (26).

1)

El artículo 4, apartado 1, se modifica como sigue:

2)

El artículo 6 se modifica como sigue:

3)

El artículo 7 se modifica como sigue:

4)

En el artículo 8, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

5)

En el artículo 12 se añade el apartado siguiente:

6)

En el artículo 14 se inserta el apartado siguiente:

7)

El artículo 15 se modifica como sigue:

8)

En el artículo 16 se insertan los apartados siguientes:

(*11)  Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8)."

(*12)  Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1).»."

9)

El artículo 20 se modifica como sigue:

10)

El artículo 21 se modifica como sigue:

11)

El artículo 23 se modifica como sigue:

12)

El artículo 24 se modifica como sigue:

13)

En el artículo 25, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

(*15)  Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).»."

14)

En el artículo 35, apartado 2, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:

15)

En el artículo 36, el apartado 1 se modifica como sigue:

16)

En el artículo 37, el apartado 7 se modifica como sigue:

17)

En el artículo 40, apartado 2, párrafo primero, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:

18)

En el artículo 42, apartado 1, párrafo primero, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

19)

En el artículo 43 se añade el apartado siguiente:

20)

En el artículo 46, apartado 2, la letra j) se sustituye por el texto siguiente:

21)

El artículo 47 se modifica como sigue:

22)

El artículo 50 se modifica como sigue:

23)

El artículo 60 se sustituye por el texto siguiente:

24)

El artículo 61 se modifica como sigue:

25)

Se inserta el artículo siguiente:

26)

El anexo I se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Directiva.

27)

El texto del anexo II de la presente Directiva se añade como anexo V.

1)

En el artículo 2, apartado 1, se añade la letra siguiente:

(*16)  Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).»."

2)

El artículo 6 se modifica como sigue:

3)

El artículo 7 se modifica como sigue:

4)

El artículo 13 se modifica como sigue:

5)

El artículo 14 se modifica como sigue:

6)

Se inserta el artículo siguiente:

(*19)  Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).»."

7)

Se insertan los artículos siguientes:

(*20)  Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).»."

8)

El artículo 22 bis se modifica como sigue:

9)

En el artículo 29, apartado 1, párrafo segundo, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

10)

En el artículo 57 se añade el apartado siguiente:

11)

En el artículo 69 se añade el apartado siguiente:

12)

En el artículo 79, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

13)

En el artículo 84, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

14)

En el artículo 98 se añaden los apartados siguientes:

15)

El artículo 101 se modifica como sigue:

16)

El artículo 102 se modifica como sigue:

17)

Se inserta el artículo siguiente:

18)

El artículo 112 bis se modifica como sigue:

19)

El anexo I se modifica de conformidad con el anexo III de la presente Directiva.

20)

El texto del anexo IV de la presente Directiva se inserta como anexo II bis.