(1)

La evaluación de si las personas negocian por cuenta propia o prestan servicios de inversión en derivados sobre materias primas o en derechos de emisión y derivados de estos en la Unión como actividad auxiliar de su actividad principal debe realizarse a nivel de grupo. De acuerdo con la definición del artículo 2, punto 11, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), se considera que un «grupo» comprende la empresa matriz y todas sus empresas filiales. A efectos del presente Reglamento, incluye las entidades situadas en la Unión y en terceros países, independientemente de que el grupo tenga su sede dentro o fuera de la Unión.

(2)

La evaluación debe consistir en tres pruebas alternativas («pruebas de actividad auxiliar»), que se basan en la actividad de negociación de las personas del grupo. Las pruebas deben determinar si las personas del grupo negocian por cuenta propia. Si estas prestan en la Unión servicios de inversión en derivados sobre materias primas o en derechos de emisión o derivados de estos en tal medida, en relación con la actividad principal del grupo, que dichas actividades no pueden considerarse auxiliares a nivel de grupo, dichas personas deben estar obligadas a obtener una autorización como empresa de servicios de inversión. Con el fin de tener en cuenta la realidad económica de los grupos heterogéneos que han de evaluar si su actividad de negociación es auxiliar de su actividad principal, debe permitirse a dichas personas decidir cuál de las tres pruebas alternativas realizar para determinar si su actividad de negociación es auxiliar de la actividad principal de un grupo concreto. Si la actividad de negociación de una persona es auxiliar con arreglo a cualquiera de esas pruebas, debe considerarse auxiliar de la actividad principal a efectos del artículo 2, apartado 1, letra j), de la Directiva 2014/65/UE.

(3)

Con arreglo a la primera de las pruebas alternativas, la actividad de una persona debe considerarse auxiliar de la actividad principal si su exposición nocional neta pendiente en derivados sobre materias primas o derechos de emisión o derivados de estos con liquidación en efectivo negociados en la Unión, excluidos los derivados sobre materias primas o los derechos de emisión o derivados de estos negociados en un centro de negociación, es inferior a un umbral anual de 3 000 millones EUR («prueba del umbral de minimis»).

(4)

En la segunda prueba alternativa, el volumen de la actividad de negociación de una persona se compara con la actividad global de negociación del grupo en la Unión («prueba de negociación»). Para determinar el volumen de la actividad de negociación de una persona debe deducirse del volumen global de su actividad de negociación la suma del volumen de las operaciones realizadas a efectos de la gestión intragrupo de la liquidez o de riesgos, la reducción objetivamente mensurable de los riesgos vinculados directamente a la actividad comercial o de financiación de la tesorería o el cumplimiento de obligaciones de aportación de liquidez en un centro de negociación («operaciones privilegiadas»). Resulta oportuno deducir de la actividad de negociación de una persona los contratos en los que la persona del grupo que sea parte en ellos esté autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE o la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). La actividad global de negociación del grupo en la Unión comprende las operaciones privilegiadas y los contratos en los que la persona del grupo que sea parte en ellos esté autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE o la Directiva 2013/36/UE.

(5)

El volumen de la actividad de negociación ha de venir determinado por el valor nocional bruto de los contratos de derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados de estos en la Unión, sobre la base de la media móvil de los tres períodos anuales anteriores.

(6)

El volumen de la actividad de negociación utilizado como parámetro en la prueba de negociación se toma como aproximación de la actividad comercial que la persona o grupo desarrolla como actividad principal. La aplicación de esta aproximación debería resultar fácil y rentable para las personas en cuestión, puesto que se basa en datos cuya recopilación ya es obligatoria a efectos del cumplimiento de la normativa, por ejemplo para la notificación de operaciones, y, al mismo tiempo, sirve para establecer una prueba relevante.

(7)

Esta aproximación resulta adecuada porque se supone que una entidad racional con aversión al riesgo, como un productor, un transformador o un consumidor de materias primas o de derechos de emisión, cubre el volumen de su actividad comercial principal con un volumen equivalente de derivados sobre materias primas, derechos de emisión o derivados de estos. Por consiguiente, el volumen de toda su actividad de negociación con derivados sobre materias primas, derechos de emisión o derivados de estos, medido por el valor nocional bruto del subyacente, constituye una aproximación adecuada del volumen de la actividad principal del grupo. Puesto que los grupos cuya actividad principal no está relacionada con materias primas o derechos de emisión no utilizan derivados sobre materias primas o sobre derechos de emisión como instrumento de reducción del riesgo, su negociación con derivados sobre materias primas, derechos de emisión o derivados de estos no debe considerarse cobertura.

(8)

No obstante, la utilización de derivados sobre materias primas como instrumento de reducción del riesgo no puede considerarse una aproximación perfecta de todas las actividades comerciales realizadas por una persona o grupo como actividad principal, ya que puede no tener en cuenta otras inversiones en activos fijos no relacionados con los mercados de derivados.

(9)

La segunda prueba puede no medir adecuadamente la actividad principal de las personas que realizan inversiones de capital significativas en relación con su tamaño, por ejemplo, en la creación de infraestructuras e instalaciones de transporte y de producción. Tampoco reconoce las inversiones que no pueden cubrirse en los mercados financieros. Por ello, es necesario un tercer método que utilice una medida basada en el capital empleado para determinar si esa actividad de negociación es auxiliar de la actividad principal del grupo.

(10)

La tercera prueba alternativa establecida, esto es, la prueba del capital empleado, pretende tener en cuenta la realidad económica de los grupos heterogéneos que deben evaluar si su actividad de negociación tiene carácter auxiliar con respecto a su actividad principal, entre ellos los grupos que realizan inversiones de capital significativas en relación con su tamaño, por ejemplo en la creación de infraestructuras e instalaciones de producción y transporte, así como inversiones de difícil cobertura en los mercados financieros. Dado que las tres pruebas alternativas toman en consideración las diferentes realidades económicas subyacentes de los distintos grupos, todas ellas han de constituir métodos igualmente adecuados, alternativos e independientes para determinar si la actividad de negociación es auxiliar de la actividad principal de un grupo específico. Si se constata que la actividad de negociación de una persona es auxiliar con arreglo a cualquiera de esas pruebas, debe ser auxiliar de la actividad principal a efectos del artículo 2, apartado 1, letra j), de la Directiva 2014/65/UE.

(11)

La tercera prueba utiliza, como aproximación del volumen de las actividades auxiliares realizadas por las personas de un grupo no financiero, una estimación del capital que el grupo estaría obligado a tener para cubrir el riesgo de mercado inherente a sus posiciones resultantes de la negociación con derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados de estos en la Unión, distintas de las posiciones resultantes de operaciones privilegiadas. El marco elaborado bajo los auspicios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea e implementado en la Unión a través de la Directiva 2013/36/UE se utiliza para aplicar a las posiciones una ponderación proporcionada en función del capital nocional. En este marco, la posición neta en un contrato de derivados sobre materias primas, de derechos de emisión o de derivados de estos en la Unión debe determinarse compensando las posiciones largas y cortas en un tipo específico de contrato de derivados sobre materias primas, de derechos de emisión o de derivados de estos, tales como futuros, opciones, contratos a plazo o warrants. Al determinar la posición neta, la compensación debe tener lugar con independencia del lugar de negociación del contrato, de su contraparte o de su vencimiento. Por otro lado, la posición bruta en el contrato de derivados sobre materias primas, de derechos de emisión o de derivados de estos en cuestión debe calcularse sumando las posiciones netas en los tipos de contratos relativos a una determinada materia prima, derecho de emisión o derivado de este. En este contexto, las posiciones netas en un tipo específico de contrato de derivados sobre materias primas, de derechos de emisión o de derivados de estos no deben compensarse entre sí.

(12)

En la tercera prueba, el importe del capital estimado de un grupo debe compararse con el importe real del capital empleado por dicho grupo, que debe reflejar el volumen de su actividad principal. El capital empleado ha de calcularse sobre la base de la diferencia entre la suma de todos los activos del grupo y su deuda corriente. La deuda corriente debe incluir la deuda que ha de liquidarse en un plazo de 12 meses.

(13)

La finalidad de las pruebas de actividad auxiliar es comprobar si alguna persona de un grupo que no está autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE debe solicitar una autorización debido al volumen relativo o absoluto de su actividad con derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados de estos en la Unión. Estas pruebas determinan el volumen de las actividades con derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados de estos en la Unión que las personas en el seno de un grupo pueden llevar a cabo sin autorización en virtud de la Directiva 2014/65/UE, debido al carácter auxiliar de esas actividades en relación con la actividad principal del grupo. Así pues, a fin de evaluar el volumen de las actividades genuinamente auxiliares llevadas a cabo por los miembros del grupo no autorizados, procede calcular el volumen de las actividades auxiliares del grupo utilizando criterios que excluyan en las tres pruebas la actividad realizada por los miembros del grupo que estén autorizados conforme a dicha Directiva.

(14)

A fin de permitir a los participantes en el mercado planificar y desarrollar sus actividades de manera razonable y tener en cuenta el carácter estacional de estas, el cálculo de las pruebas alternativas para determinar cuándo debe considerarse que una actividad es auxiliar con respecto a la principal debe basarse en un período de tres años. Por lo tanto, las entidades deben evaluar si rebasan uno de los tres umbrales de las tres pruebas alternativas anualmente calculando una media simple de tres años sobre una base móvil. Esta obligación debe entenderse sin perjuicio del derecho de la autoridad competente a solicitar en cualquier momento a una persona que notifique en qué se ha basado para determinar que su actividad es, a efectos del artículo 2, apartado 1, letra j), incisos i) y ii), de la Directiva 2014/65/UE, auxiliar de su actividad principal.

(15)

Las operaciones que reducen de manera objetivamente mensurable los riesgos vinculados directamente a la actividad comercial o de financiación de la tesorería y las operaciones intragrupo deben tenerse en cuenta de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). No obstante, por lo que respecta a las operaciones con derivados que reducen de manera objetivamente mensurable los riesgos vinculados directamente a la actividad comercial o de financiación de la tesorería, el Reglamento Delegado (UE) n.o 149/2013 de la Comisión (5) solo se refiere a los derivados no negociados en mercados regulados, mientras que el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE se aplica a los derivados negociados en centros de negociación. Por consiguiente, cuando las pruebas de actividad auxiliar abarquen tanto los derivados negociados en mercados regulados como los derivados no negociados en mercados regulados, conviene tener en cuenta los derivados negociados en mercados regulados en relación con las operaciones que se considere que reducen de manera objetivamente mensurable los riesgos vinculados directamente a la actividad comercial o de financiación de tesorería.

(16)

En algunas circunstancias, por ejemplo cuando la liquidez existente en el mercado sea insuficiente o no pueda disponerse del correspondiente contrato de derivados, puede resultar imposible cubrir un riesgo comercial utilizando un contrato de derivados sobre materias primas directamente relacionado, es decir, un contrato cuyo subyacente y fecha de liquidación sean exactamente los mismos que los del riesgo cubierto. En tal caso, debe permitirse a la persona recurrir a una cobertura de sustitución a través de un instrumento estrechamente correlacionado para cubrir su exposición, por ejemplo un instrumento con un subyacente diferente pero muy similar. Además, se permite a las personas que suscriban contratos de derivados sobre materias primas utilizar una macrocobertura o cobertura de cartera para cubrir riesgos en relación con sus propios riesgos globales o los riesgos globales del grupo. Esos contratos de derivados sobre materias primas para macrocobertura, cobertura de cartera o cobertura de sustitución deben constituir cobertura a efectos de las pruebas de actividad auxiliar. Cuando una persona que aplique las pruebas de actividad auxiliar utilice macrocobertura o cobertura de cartera, es posible que no pueda establecer un vínculo unívoco entre un riesgo específico vinculado directamente a las actividades comerciales y de financiación de la tesorería y una operación determinada con un derivado sobre materias primas realizada para cubrir dicho riesgo. Los riesgos vinculados directamente a la actividad comercial y de financiación de la tesorería pueden ser de naturaleza compleja, por ejemplo por la multiplicidad de mercados geográficos, productos, horizontes temporales o entidades. La cartera de contratos de derivados sobre materias primas suscritos con el fin de mitigar esos riesgos puede resultar de sistemas de gestión de riesgos complejos. En tales casos, los sistemas de gestión de riesgos deben evitar que las operaciones que no sean de cobertura sean calificadas de operaciones de cobertura y ofrecer una visión de la cartera de cobertura suficientemente desagregada que permita identificar los componentes especulativos y tenerlos en cuenta al calcular los umbrales. No debe considerarse que las posiciones reducen riesgos relacionados con la actividad comercial tan solo porque formen parte de una cartera que globalmente reduce los riesgos.

(17)

Un riesgo puede evolucionar con el tiempo y, a fin de adaptarse a dicha evolución, es posible que los contratos de derivados sobre materias primas o derechos de emisión ejecutados en un principio para reducir los riesgos ligados a la actividad comercial tengan que compensarse mediante contratos de derivados sobre materias primas o derechos de emisión adicionales. Como resultado de ello, la cobertura de un riesgo puede realizarse mediante una combinación de contratos de derivados sobre materias primas o derechos de emisión, incluidos los contratos de derivados sobre materias primas destinados a compensar los contratos de derivados sobre materias primas que hayan quedado desligados del riesgo comercial. Además, la evolución de un riesgo para el cual se haya tomado una posición en derivados sobre materias primas o derechos de emisión con el fin de reducir ese riesgo no debe dar pie posteriormente a que se considere que dicha posición no era una operación privilegiada desde un principio.

(18)

El Reglamento Delegado (UE) 2017/592 de la Comisión (6) completa la Directiva 2014/65/UE en lo que respecta a los criterios para determinar cuándo se considera que una actividad es auxiliar de la actividad principal. Dicha Directiva fue modificada el 16 de febrero de 2021 por la Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), la cual ha establecido nuevas disposiciones que regulan la exención de las actividades auxiliares y las pruebas de actividad auxiliar, y que facultan a la Comisión para adoptar un acto delegado en el que se especifiquen los criterios para determinar cuándo debe considerarse que una actividad es auxiliar de la actividad principal a nivel de grupo. En concreto, se ha eliminado la prueba del volumen global del mercado, ya que el panorama de los derivados sobre materias primas en la Unión ha cambiado hasta tal punto que dicha prueba impediría a las entidades poder acogerse a la exención de las actividades auxiliares, aun cuando no se modificara su conducta empresarial. Por otra parte, se introduce la prueba del umbral de minimis y se modifican los umbrales para la prueba de negociación y la prueba del capital empleado. Procede, por tanto, derogar el Reglamento Delegado (UE) 2017/592 y sustituirlo por el presente Reglamento.

(1)

De conformidad con el artículo 300, apartado 3, del Tratado, el Comité de las Regiones estará compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida.

(2)

El 20 de enero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/102 (2) por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2020 y el 25 de enero de 2025. El 19 de mayo de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/682 (3) por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por la República Italiana. El 7 de diciembre de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/2076 (4) por la que se nombra a dos suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por la República Italiana.

(3)

Han quedado vacantes seis puestos de miembros del Comité de las Regiones tras las dimisiones de D. Massimiliano FEDRIGA, D. Christian SOLINAS y D. Donato TOMA y el término del mandato nacional a tenor del cual se propusieron los nombramientos de D.a Manuela BORA, D. Enrico ROSSI y D.a Alessandra SARTORE.

(4)

Han quedado vacantes cuatro puestos de suplentes del Comité de las Regiones tras las dimisiones de D. Vincenzo DE LUCA, D. Domenico GIANNETTA y D. Arno KOMPATSCHER y el término del mandato nacional a tenor del cual se propuso el nombramiento de D. Pierluigi MARQUIS.

(5)

El Gobierno italiano ha propuesto a los siguientes representantes de entes regionales que son titulares de un mandato electoral de un ente regional como miembros del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025: D. Guido CASTELLI, Assessore della Regione Marche (consejero regional de Las Marcas), D. Michele EMILIANO, Presidente della Regione Puglia (presidente de la región de Apulia) y D. Eugenio GIANI, Presidente della Regione Toscana (presidente de la región de Toscana).

(6)

El Gobierno italiano ha propuesto a D. Nicola CAPUTO, representante de un ente regional que tiene responsabilidad política ante una asamblea elegida, Assessore della Regione Campania (consejero regional de Campania), como suplente del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025.

(7)

El Gobierno italiano ha propuesto a D. Luciano Emilio CAVERI, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Assessore e Consigliere della Regione autonoma Valle d’Aosta (consejero regional y miembro de la Asamblea de la Región Autónoma del Valle de Aosta), como suplente del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025.

(8)

El Gobierno italiano ha propuesto a D. Arno KOMPATSCHER, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Consigliere della Provincia autonoma di Bolzano – Presidente della Regione Trentino Alto-Adige e della Provincia autonoma di Bolzano (miembro de la Asamblea Regional de la Provincia Autónoma de Bolzano-presidente de la región de Trentino Alto-Adige y de la Provincia Autónoma de Bolzano), como miembro del Comité de las Regiones hasta el 31 de octubre de 2023.

(9)

El Gobierno italiano ha propuesto a D. Christian SOLINAS, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Presidente della Regione Sardegna (presidente de la región de Cerdeña), como suplente del Comité de las Regiones hasta el 28 de febrero de 2024.

(10)

El Gobierno italiano ha propuesto a D.a Donatella TESEI, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Presidente della Regione Umbria (presidenta de la región de Umbría), como miembro del Comité de las Regiones hasta el 31 de octubre de 2024.

(11)

El Gobierno italiano ha propuesto a D. Donato TOMA, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Presidente della Regione Molise (presidente de la región de Molise), como suplente del Comité de las Regiones hasta el 30 de abril de 2023.

(12)

El Gobierno italiano ha propuesto a D. Nicola ZINGARETTI, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Presidente della Regione Lazio (presidente de la región de Lacio), como miembro del Comité de las Regiones hasta el 31 de marzo de 2023.

(1)

De conformidad con el artículo 300, apartado 3, del Tratado, el Comité de las Regiones estará compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida.

(2)

El 10 de diciembre de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/2157 (2) por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2020 y el 25 de enero de 2025.

(3)

Han quedado vacantes dos puestos de suplentes del Comité de las Regiones tras el término del mandato nacional a tenor del cual se propuso el nombramiento de D. Ignacio Jesús AGUADO CRESPO y la dimisión de D. Mikel IRUJO AMEZAGA.

(4)

El Gobierno español ha propuesto a los siguientes representantes de entes regionales que tienen responsabilidad política ante una asamblea elegida como suplentes del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025: D. José Francisco HERRERA ANTONAYA, Director General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, Comunidad de Madrid, y D. Sergio PÉREZ GARCÍA, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra.

(1)

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») fue celebrado por la Unión mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo (1) y entró en vigor el 1 de febrero de 2020.

(2)

El artículo 164, apartado 5, letra d), del Acuerdo de Retirada faculta al Comité Mixto para adoptar decisiones por las que se modifique dicho Acuerdo, a condición de que dichas modificaciones sean necesarias a efectos de corregir errores, resolver omisiones u otras deficiencias o hacer frente a situaciones imprevistas en el momento de la firma del Acuerdo, siempre que dichas decisiones no modifiquen los elementos esenciales del Acuerdo. De conformidad con el artículo 166, apartado 2, del Acuerdo de Retirada, las decisiones adoptadas por el Comité Mixto son vinculantes para la Unión y el Reino Unido, y tanto la Unión como el Reino Unido deben ejecutar dichas decisiones, las cuales tendrán los mismos efectos jurídicos que el Acuerdo de Retirada.

(3)

Por inadvertencia, una decisión y una recomendación de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social no figuran en la parte I del anexo I del Acuerdo de Retirada. Otras cuatro decisiones y una recomendación se adoptaron antes del final del período transitorio. Esas decisiones y recomendaciones deben, por lo tanto, añadirse al citado anexo.

(4)

Con el fin de subsanar las referidas omisiones y deficiencias, el Comité Mixto debe adoptar una decisión con arreglo al artículo 164, apartado 5, letra d), del Acuerdo de Retirada.

(5)

Por tanto, procede establecer la posición que deberá adoptarse en nombre de la Unión en el Comité Mixto.

(1)

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), celebrado mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo (1), entró en vigor el 1 de febrero de 2020.

(2)

De conformidad con el artículo 171, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, el Comité Mixto estableció al final del período transitorio una lista de veinticinco personas dispuestas y capaces para ejercer como miembros de un panel de arbitraje. El Comité Mixto ha de velar por que la lista cumpla los requisitos en todo momento.

(3)

De conformidad con el artículo 171, apartado 2, del Acuerdo de Retirada, en la lista no deben figurar personas que sean miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la Unión, del gobierno de un Estado miembro o del gobierno del Reino Unido.

(4)

Una de las personas propuestas por la Unión que figuran en la lista ha sido designada para el cargo de abogado general del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, ha dejado de cumplir los requisitos para ser árbitro en virtud del Acuerdo de Retirada.

(5)

Por consiguiente, es necesario sustituir a dicha persona por un candidato de la lista de reserva de candidatos dispuestos y capaces para ejercer como miembros designados por la Unión de un panel de arbitraje con arreglo al Acuerdo de Retirada, tal como figura en el anexo II de la Decisión (UE) 2020/2232 del Consejo (2).

(6)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Comité Mixto.

(1)

El Centro de Satélites de la Unión Europea (SATCEN, por su acrónimo del inglés) es un organismo de la Unión afiliado a las Organizaciones Coordinadas. A la luz de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Estatuto del personal del Centro de Satélites de la Unión Europea, adoptado por el Consejo el 15 de mayo de 2017 mediante la Decisión (PESC) 2017/824 (2) (en lo sucesivo, «Estatuto del personal del SATCEN»), debe adaptarse al Estatuto de los funcionarios y al Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (3), así como al Estatuto del personal de la Agencia Europea de Defensa (4). En particular, el Estatuto del personal del SATCEN debe disponer la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver los litigios entre el SATCEN y los miembros de su personal del mismo modo que los litigios entre cualquier funcionario de la Unión y su empleador.

(2)

A propuesta del director del SATCEN, la Junta Directiva del SATCEN ha elaborado una serie de modificaciones del Estatuto del personal del SATCEN para su adopción por el Consejo.

(1)

La sustancia activa creosota se incluyó, para su uso en biocidas del tipo 8, en el anexo I de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y, con arreglo al artículo 86 del Reglamento (UE) n.o 528/2012, se considera aprobada en el marco de este Reglamento, con las especificaciones y condiciones establecidas en el anexo I de la Directiva mencionada.

(2)

El 27 de octubre de 2016, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, se presentó una solicitud de renovación de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo 8.

(3)

El 16 de septiembre de 2019, la antigua autoridad competente evaluadora del Reino Unido presentó a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia») una recomendación sobre la renovación. El 30 de enero de 2020, la autoridad competente de Polonia asumió la función de autoridad competente evaluadora en relación con la solicitud.

(4)

Dado que en julio de 2020 aún no se disponía del dictamen de la Agencia sobre la renovación de la aprobación de la sustancia activa, la fecha de expiración de la aprobación de la creosota se retrasó hasta el 31 de octubre de 2021 mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1038 de la Comisión (3), a fin de disponer de tiempo suficiente para completar el examen de la solicitud.

(5)

De conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, la Agencia adoptó su dictamen (4) el 4 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta las conclusiones de la autoridad competente evaluadora.

(6)

Al ser un carcinógeno de categoría 1B de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y cumplir los criterios para ser considerada sustancia persistente, bioacumulable y tóxica y sustancia muy persistente y muy bioacumulable con arreglo al anexo XIII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), la creosota reúne los criterios de exclusión del artículo 5, apartado 1, letras a) y e), del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Si bien ya se ha iniciado el examen para determinar si se cumple al menos una de las condiciones del artículo 5, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, y si, por tanto, puede renovarse la aprobación de la creosota, no será posible completar dicho examen antes de que expire la actual aprobación.

(7)

Por otro lado, la creosota, sus compuestos y la madera tratada con ellos están sujetos a las restricciones establecidas en el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. A raíz de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/961 de la Comisión (7), Francia debe presentar a la Agencia un expediente con arreglo al anexo XV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 para iniciar un procedimiento de restricción de la Unión de conformidad con los artículos 69 a 73 de dicho Reglamento. Es preciso llevar a cabo un examen más detallado para garantizar la coherencia entre la evaluación de la renovación de la aprobación de la creosota como sustancia activa con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012 y el procedimiento de restricción de la Unión con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006, y para establecer un control efectivo de la creosota y de la madera tratada con ella.

(8)

Por consiguiente, por razones que escapan al control del solicitante, es probable que la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de producto 8 expire antes de que se haya tomado una decisión sobre su renovación. Procede, por tanto, volver a retrasar la fecha de expiración de la aprobación de la creosota el tiempo suficiente para que pueda examinarse la solicitud.

(9)

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para determinar si se cumple al menos una de las condiciones del artículo 5, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 y si, por tanto, puede renovarse la aprobación de la creosota, conviene retrasar la fecha de expiración de la aprobación de la creosota al 31 de octubre de 2022.

(10)

Excepto por lo que se refiere a la fecha de expiración, la aprobación de la creosota sigue estando sujeta a las especificaciones y condiciones establecidas en el anexo I de la Directiva 98/8/CE.