(1)

En la Comunicación de la Comisión «Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea» se hizo hincapié en la necesidad de desarrollar normas sobre el tráfico fronterizo menor para consolidar el marco jurídico comunitario relativo a las fronteras exteriores. El Consejo del 13 de junio de 2002 confirmó esta necesidad, con la adopción del «Plan para la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea», aprobado posteriormente por el Consejo Europeo celebrado en Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002.

(2)

A la Comunidad ampliada le interesa garantizar que las fronteras con sus vecinos no constituyan un obstáculo a los intercambios comerciales, sociales y culturales o a la cooperación regional. Procede, por consiguiente, desarrollar un sistema eficaz de tráfico fronterizo menor.

(3)

El régimen de tráfico fronterizo menor constituye una excepción a las normas generales por las que se rigen los controles fronterizos de personas que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea establecidas en el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario relativo al régimen de cruce de las fronteras por las personas (Código de fronteras de Schengen) (2).

(4)

La Comunidad debe establecer los criterios y las condiciones que deben cumplirse a la hora de simplificar el cruce de las fronteras terrestres exteriores a residentes fronterizos en el marco del régimen de tráfico fronterizo menor. Tales criterios y condiciones deben garantizar un equilibrio entre, por una parte, la simplificación del cruce de fronteras a residentes fronterizos de buena fe que tienen razones legítimas para cruzar frecuentemente una frontera terrestre exterior y, por otra parte, la necesidad de prevenir la inmigración ilegal, así como las amenazas potenciales para la seguridad derivadas de las actividades delictivas.

(5)

Por regla general, para evitar abusos, solo debe expedirse un permiso de tráfico fronterizo menor a las personas que hayan residido legalmente en una zona fronteriza durante al menos un año. Los acuerdos bilaterales celebrados entre Estados miembros y terceros países vecinos podrán exigir períodos de residencia más largos. En casos excepcionales y debidamente justificados, como los relativos a menores, a cambios de estado civil o a herencias de bienes inmuebles, los acuerdos bilaterales podrán exigir períodos de residencia más breves.

(6)

El permiso de tráfico fronterizo menor debe expedirse a los residentes fronterizos con independencia de que estén o no sometidos al requisito del visado de conformidad con el Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (3). En consecuencia, el presente Reglamento debe leerse conjuntamente con el Reglamento (CE) no 1932/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 (4), destinado a eximir del requisito del visado a los residentes fronterizos a los que se aplique el régimen de tráfico fronterizo menor establecido en el presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento solo podrá entrar en vigor al mismo tiempo que dicho Reglamento modificante.

(7)

La Comunidad debe establecer los criterios y las condiciones específicos para la expedición de permisos de tráfico fronterizo menor destinados a residentes fronterizos. Estos criterios y condiciones deben ser compatibles con las condiciones de entrada impuestas a los residentes fronterizos que cruzan una frontera terrestre exterior en el marco del régimen de tráfico fronterizo menor.

(8)

Las disposiciones del presente Reglamento no deben afectar a los derechos a la libre circulación de que gozan los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, ni a los derechos equivalentes de los que gozan los nacionales de terceros países y los miembros de sus familias en virtud de acuerdos entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y dichos países, por otra, gozan. No obstante, cuando la simplificación del cruce de fronteras en el marco de un régimen de tráfico fronterizo menor para los residentes fronterizos implique un control menos sistemático, debe ampliarse, automáticamente, esta simplificación a cualquier beneficiario del derecho comunitario a la libre circulación que resida en la zona fronteriza.

(9)

A efectos de la aplicación del régimen de tráfico fronterizo menor, conviene permitir a los Estados miembros mantener o celebrar, en caso necesario, acuerdos bilaterales con terceros países vecinos, siempre que dichos acuerdos respeten las normas establecidas en el presente Reglamento.

(10)

El presente Reglamento no afecta a los acuerdos específicos vigentes en Ceuta y Melilla, según lo establecido en la Declaración del Reino de España relativa a las ciudades de Ceuta y Melilla que figura en el Acta final del Acuerdo de adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 (5).

(11)

En caso de uso indebido del régimen de tráfico fronterizo menor establecido en el presente Reglamento, los Estados miembros deben imponer a los residentes fronterizos las sanciones previstas en el Derecho nacional.

(12)

La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

(13)

El presente Reglamento respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(14)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, es decir, el establecimiento de los criterios y las condiciones para establecer un régimen de tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores, afecta directamente al acervo comunitario sobre fronteras exteriores y no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a su dimensión o efectos, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(15)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada ni sujeta a su aplicación. Teniendo en cuenta que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, con arreglo a lo dispuesto en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, debe decidir, dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de adopción del presente Reglamento, si lo incorpora o no a su legislación nacional.

(16)

Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (6), que están incluidas en el ámbito descrito en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo (7).

(17)

El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (8). Por consiguiente, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento, y no está vinculado ni sujeto a su aplicación.

(18)

El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (9). Por consiguiente, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

(19)

En lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, conforme a lo establecido en el Acuerdo firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que están incluidas en el ámbito descrito en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE leídas conjuntamente con el artículo 4 apartado 1, de la Decisión 2004/849/CE (10) y con el apartado 1 del artículo 4 de la Decisión 2004/860/CE (11).

(20)

El artículo 4, letra b), y el artículo 9, letra c), del presente Reglamento constituyen disposiciones que desarrollan el acervo de Schengen o están relacionadas con él de otro modo, en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003.

a)

estancias de larga duración;

b)

el ejercicio de una actividad económica y el acceso a la misma;

c)

cuestiones aduaneras y fiscales.

1)

«frontera terrestre exterior»: la frontera terrestre común entre un Estado miembro y un tercer país vecino;

2)

«zona fronteriza»: una zona que no dista más de 30 kilómetros de la frontera. Los Estados afectados deberán especificar en sus acuerdos bilaterales a los que se refiere el artículo 13 los municipios que deban considerarse zona fronteriza. Si una parte de un municipio de este tipo está situada a más de 30 kilómetros de la línea fronteriza pero a menos de 50, se considerará, no obstante, parte de la zona fronteriza;

3)

«tráfico fronterizo menor»: el cruce regular de la frontera terrestre exterior por residentes fronterizos para una permanencia en la zona fronteriza, por ejemplo, por motivos sociales, culturales o económicos justificados, o por motivos familiares, durante un período de tiempo que no podrá exceder del plazo establecido en el presente Reglamento;

4)

«beneficiarios del derecho comunitario a la libre circulación»:

5)

«nacional de un tercer país»: toda persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y a quien no pueda aplicarse lo dispuesto en el punto 4;

6)

«residentes fronterizos»: los nacionales de terceros países que hayan residido legalmente en la zona fronteriza de un país vecino de un Estado miembro durante un período especificado en los acuerdos bilaterales a los que se refiere el artículo 13, que será de al menos un año. No obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados, previstos en dichos acuerdos bilaterales, un período de residencia de menos de un año podría resultar apropiado;

7)

«permiso de tráfico fronterizo menor»: documento específico establecido en el capítulo III que autoriza a un residente fronterizo a cruzar la frontera terrestre exterior en virtud del régimen de tráfico fronterizo menor;

8)

«Convenio de Schengen»: el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 (13).

a)

posean un permiso de tráfico fronterizo menor y, cuando así lo exijan los acuerdos bilaterales pertinentes a que se refiere el artículo 13, un documento o documentos de viaje válidos;

b)

no estén inscritos como no admisibles en el Sistema de Información de Schengen (SIS);

c)

no supongan una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estén inscritos como no admisibles en las bases de datos nacionales de los Estados miembros por iguales motivos.

a)

nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio del titular;

b)

autoridad expedidora, fecha de expedición y período de validez;

c)

zona fronteriza en la cual el titular del permiso está autorizado a circular;

d)

número del documento o documentos de viaje válidos que autoricen a su titular a cruzar las fronteras exteriores, según lo dispuesto en el artículo 9, letra a).

a)

estén en posesión de un documento o documentos de viaje válidos que permitan el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con el artículo 17, apartado 3, letra a), del Convenio de Schengen;

b)

presenten documentos que demuestren su condición de residentes fronterizos y la existencia de razones legítimas para el cruce frecuente de la frontera terrestre exterior en el marco del régimen de tráfico fronterizo menor;

c)

no estén inscritos como no admisibles en el SIS;

d)

no supongan una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular estén inscritos como no admisibles en las bases de datos nacionales de los Estados miembros por iguales motivos.

a)

establezcan pasos fronterizos específicos abiertos exclusivamente a los residentes fronterizos;

b)

reserven carriles específicos para residentes fronterizos en los pasos fronterizos ordinarios;

c)

teniendo en cuenta las circunstancias locales y cuando excepcionalmente exista un requisito de naturaleza especial, permitan a los residentes fronterizos cruzar la frontera terrestre exterior por lugares determinados, fuera de las horas y de los pasos fronterizos específicos autorizados.

a)

el permiso de tráfico fronterizo menor deberá incluir, además de la información requerida en el artículo 7, apartado 3, información sobre en qué lugar y bajo qué circunstancias puede cruzarse la frontera terrestre exterior;

b)

el Estado miembro de que se trate llevará a cabo inspecciones aleatorias y efectuará una vigilancia permanente para evitar el cruce de fronteras no autorizado.

(1)

La composición de las listas de terceros países que figuran en los anexos I y II del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo (1), deben ser y mantenerse coherentes con los criterios enunciados en su quinto considerando. Las transferencias de terceros países de un anexo al otro resultan necesarias, especialmente en lo que respecta a la inmigración clandestina y al orden público.

(2)

Es preciso transferir Bolivia al anexo I del Reglamento (CE) no 539/2001. La fecha de aplicación de la obligación de visado respecto de los nacionales bolivianos deberá permitir a los Estados miembros denunciar a su debido tiempo los acuerdos bilaterales que mantienen con Bolivia, y adoptar todas las disposiciones administrativas y organizativas necesarias para introducir la obligación de visado de que se trata.

(3)

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauricio, San Cristóbal y Nieves, y Seychelles, deberán ser transferidos al anexo II del Reglamento (CE) no 539/2001.

Es conveniente que la exención de la obligación de visado a favor de los nacionales de estos países no se aplique antes de la celebración del acuerdo bilateral de exención de visado entre la Comunidad Europea y el país de que se trate.

(4)

Los dos anexos del Reglamento (CE) no 539/2001 deben ser exhaustivos. Para que sea así, es conveniente añadir a cada uno de ellos una rúbrica que permita fijar el régimen de visado que los Estados miembros deberán aplicar a las categorías de personas que, hasta ahora, estaban sometidas a la obligación de visado por algunos Estados miembros y estaban exentas de esta obligación por otros Estados. Es conveniente añadir a su anexo I diversas categorías de nacionales británicos que no son nacionales del Reino Unido en el sentido del Derecho comunitario y, por otra parte, incluir a los British Nationals (Overseas) en su anexo II.

(5)

Los Estados miembros podrán prever excepciones a la obligación de visado para los titulares de determinados pasaportes distintos de los pasaportes ordinarios. Es importante establecer claramente la denominación de estos pasaportes particulares. Además, es necesario que el Reglamento (CE) no 539/2001 haga referencia a los procedimientos aplicables en caso de recurso contra dichas excepciones.

(6)

Los Estados miembros tendrán la posibilidad de eximir de visado a todos los apátridas y refugiados reconocidos tanto en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954 como a los no pertenecientes al ámbito de aplicación de dicha Convención, así como a los escolares que participen en un viaje escolar cuando estas personas residan en un tercer país del anexo II del Reglamento (CE) no 539/2001.

A favor de estas tres categorías de personas residentes en la zona Schengen ya existe una exención de visado plena cuando entran o vuelven a entrar en dicha zona; sería conveniente introducir una exención general para las personas de estas categorías que residan en un Estado miembro que todavía no forme parte de la zona Scehngen, cuando se trate de entrar o volver a entrar en el territorio de otro Estado miembro vinculado por el acervo de Schengen.

(7)

El Reglamento (CE) no 1931/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros y por el que se modifican las disposiciones del Convenio de Schengen (2), exige prever una nueva exención de la obligación de visado, a favor de los titulares de permisos de tráfico fronterizo menor.

(8)

El régimen de las posibilidades de excepción a la obligación de visado debe reflejar íntegramente la realidad de las prácticas. Algunos Estados miembros eximen de la obligación de visado a los nacionales de terceros países del anexo I del Reglamento (CE) no 539/2001 que son miembros de fuerzas armadas que circulan en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o de la Asociación por la Paz. Ahora bien, estas exenciones, basadas en obligaciones internacionales ajenas al Derecho comunitario, deben ser objeto de una referencia en dicho Reglamento, por razones de seguridad jurídica.

(9)

Las modificaciones sucesivas introducidas en el Reglamento (CE) no 539/2001 exigen mejorar la estructura y legibilidad de este mediante una versión consolidada que se elaborará posteriormente.

(10)

Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un acto de desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (3), que entran en el ámbito a que se refiere el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo (4).

(11)

El Reino Unido e Irlanda no están obligados por el Reglamento (CE) no 539/2001. No participan, por tanto, en la adopción del presente Reglamento, que no les será vinculante ni aplicable.

(12)

En lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un acto de desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del acuerdo firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito a que se refiere el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Decisión 2004/860/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (5).

1)

El artículo 1 se modifica como sigue:

2)

Queda derogado el artículo 3 del Reglamento (CE) no 539/2001.

3)

El artículo 4 se modifica como sigue:

4)

El anexo I se modifica como sigue:

5)

El anexo II se modifica como sigue:

(1)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 980/2005, la República de Belarús (denominada en lo sucesivo «Belarús») es un país beneficiario del sistema comunitario de preferencias arancelarias generalizadas.

(2)

El 29 de enero de 2003, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) presentaron a la Comisión una petición conjunta de investigación con arreglo al artículo 27 del Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo, de 10 de diciembre de 2001, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 (2), sobre unas supuestas violaciones de la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva en Belarús.

(3)

La Comisión examinó la petición, en consulta con el Comité de preferencias generalizadas, e inició una investigación mediante su Decisión de 29 de diciembre de 2003 (3). Un anuncio publicado recabó información de las partes interesadas (4).

(4)

La apertura de la investigación se notificó oficialmente a las autoridades de Belarús, que desmintieron cualquier incumplimiento de los Convenios no 87 (relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación) y no 98 (relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva) de la Organización Internacional del trabajo (OIT).

(5)

Sin embargo, la información recogida por la Comisión durante la investigación realizada en consulta con el Comité de preferencias generalizadas corroboró la existencia de violaciones graves y sistemáticas de la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva protegidos por los Convenios no 87 y no 98 de la OIT. Entre otras cosas, la Comisión tuvo conocimiento de que la OIT había examinado la situación en Belarús en relación con ambos Convenios y había iniciado su propia investigación en noviembre de 2003. El informe resultante de la comisión de investigación de la OIT de julio de 2004 incluía 12 recomendaciones para tomar unas medidas concretas que mejorasen la situación en Belarús. Se instó a Belarús a que aplicase urgentemente esas recomendaciones para el 1 de junio de 2005, lo que no tuvo lugar. Con arreglo a esta información y a su propio examen, la Comisión consideró que estaba justificada una suspensión temporal del régimen preferencial.

(6)

El 17 de agosto de 2005, la Comisión decidió llevar a cabo un seguimiento y evaluación de la situación de los derechos laborales en Belarús (5). El anuncio del inicio del período de seis meses para dicho seguimiento y evaluación (6) incluía una declaración de la intención de la Comisión de presentar al Consejo una propuesta de retirada temporal de las preferencias comerciales, a no ser que, antes de expirar dicho período, Belarús se hubiera comprometido a adoptar las medidas necesarias para respetar los principios incluidos en la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como indicaban las 12 recomendaciones del informe de la comisión de investigación de la OIT de julio de 2004. La Decisión y el anuncio se notificaron de forma oficial a las autoridades de Belarús.

(7)

Belarús no ha asumido el compromiso exigido en este período de seis meses de control y evaluación ni, como se describe a continuación, en los meses siguientes. A su vez, el 30 de marzo de 2006, las autoridades bielorrusas presentaron a la Comisión un informe sobre la situación del derecho a la libertad de asociación en Belarús. La Comisión analizó dicho informe y consideró que no aportaba pruebas suficientes de compromiso.

(8)

Mientras tanto, el Consejo de Administración de la OIT adoptó en marzo de 2006 el informe de seguimiento del Comité de Libertad Sindical, que destacaba un empeoramiento real de la situación de los derechos sindicales en Belarús e instaba a las autoridades bielorrusas a tomar medidas concretas de inmediato.

(9)

Posteriormente, la Comisión recibió una comunicación, con fecha de 16 de mayo de 2006, de las autoridades bielorrusas sobre la situación del derecho a la libertad de asociación en Belarús. Como con el informe de 30 de marzo de 2006, tras un minucioso análisis, la Comisión llegó a la conclusión de que dicha comunicación no aportaba ninguna muestra de compromiso ni ninguna señal convincente de que la situación hubiera mejorado. En el informe del comité de la OIT para la aplicación de las normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, de junio de 2006, se hacía la misma evaluación de la situación en Belarús y se deploraba el rechazo continuado del Gobierno bielorruso a aplicar las recomendaciones, destacando la necesidad de acciones rápidas para que pudieran observarse progresos auténticos y tangibles. La Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2006, organizada bajo los auspicios de la OIT, clasificó la falta de aplicación de las 12 recomendaciones, que Belarús seguía ignorando desde julio de 2004, como un caso de incumplimiento continuado. Esta clasificación excepcional solo se aplica a incumplimientos muy graves y sistemáticos de convenios ratificados.

(10)

La Comisión ha analizado cuidadosamente la evolución de Belarús hasta la fecha, incluyendo una carta de Belarús, con fecha de 14 de octubre de 2006, presentada a la Comisión el 17 de octubre de 2006. En lugar de anunciar un compromiso efectivo o un indicio claro de mejora de la situación, dicha carta se limita una vez más a una mera declaración de intenciones y no incluye ninguna indicación de que vayan a aplicarse de manera efectiva los principios de los Convenios no 87 y no 98 de la OIT. Las violaciones de los principios establecidos en los Convenios no 87 y no 98 de la OIT no han dejado de producirse.

(11)

A la luz de lo que antecede, debe suspenderse temporalmente el régimen preferencial para productos originarios de Belarús hasta que se decida que ya no existen los motivos que justifican la suspensión temporal.

(12)

El presente Reglamento debe entrar en vigor seis meses después de su adopción, a no ser que antes se decida que ya no existen los motivos que lo justificaban.

(1)

En el curso de la última década, la Comunidad ha ampliado de forma continuada sus relaciones bilaterales con un amplio número de países y territorios industrializados y con otros países y territorios de renta alta de diferentes regiones del mundo, principalmente de Norteamérica, Asia oriental y Australasia, aunque también del sudeste asiático y la región del Golfo. Estas relaciones, además, se han ido desarrollando hasta abarcar una amplia gama de temas y campos de actividad dentro y fuera del ámbito económico.

(2)

La Comunidad está interesada en seguir profundizando en sus relaciones con países y territorios industrializados con los que a menudo comparte similares estructuras y valores políticos, económicos e institucionales y que son socios políticos y comerciales importantes a escala bilateral, además de ser actores en los foros multilaterales y en el gobierno mundial. Estas relaciones constituirán un factor relevante a la hora de reforzar el papel y el lugar de la Unión Europea en el mundo, consolidar las instituciones multilaterales y contribuir al equilibrio y desarrollo de la economía mundial y del sistema internacional.

(3)

La Unión Europea y los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta han decidido consolidar sus relaciones y cooperar en los sectores en los que comparten intereses, mediante diversos instrumentos bilaterales como acuerdos, declaraciones, planes de acción y otros documentos similares.

(4)

La Comunidad, de conformidad con los principios establecidos en estos instrumentos bilaterales, aplica una política de cooperación cuyo objetivo es crear un entorno favorable al despliegue y desarrollo de las relaciones con estos países y territorios. Las actividades de cooperación ayudarán a fortalecer la presencia y proyección de la Unión Europea en estos países y el fomento de los intercambios con ellos, en particular en los ámbitos económico, comercial, académico y cultural, así como para la interacción entre los distintos actores de ambas partes.

(5)

La Unión Europea se basa en los principios de la democracia, el estado de derecho, el buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La actuación de la Comunidad, con arreglo al presente Reglamento, debería contribuir, mediante el diálogo y la cooperación, al objetivo general de impulsar y consolidar tales principios en los países y regiones asociados.

(6)

La promoción de las diversas iniciativas de cooperación bilateral con los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta en el marco de un instrumento único permitirá obtener economías de escala, sinergias y una mayor eficacia y proyección de la acción comunitaria.

(7)

Para lograr los objetivos del presente Reglamento es necesario proseguir un planteamiento diferenciado y plantear una cooperación con los países asociados que tenga en cuenta sus respectivos contextos económicos, sociales y políticos, así como los intereses, estrategias y prioridades concretas de la Comunidad.

(8)

El presente Reglamento hace necesario derogar el Reglamento (CE) no 382/2001 del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativo a la realización de proyectos que promuevan la cooperación y las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países industrializados de Norteamérica, Extremo Oriente y Australasia y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1035/1999 (1).

(9)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, promover una más amplia cooperación entre la Comunidad y los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente, debido a la dimensión de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2).

1)

promoción de la cooperación, asociaciones y empresas conjuntas entre agentes económicos, académicos y científicos de la Comunidad y de los países socios;

2)

fomento del comercio bilateral, los flujos de inversión y las asociaciones económicas;

3)

promoción del diálogo entre los agentes políticos, económicos y sociales y otras organizaciones no gubernamentales de los sectores pertinentes de la Comunidad y los países socios;

4)

promoción de los vínculos interpersonales, de los programas de educación y formación y de los intercambios de orden intelectual y mejora de la comprensión entre culturas y civilizaciones;

5)

impulso de proyectos cooperativos en ámbitos como la investigación, la ciencia y la tecnología, la energía, el transporte y los temas medioambientales, incluido el cambio climático, los servicios aduaneros, los temas financieros y cualquier otro tema de interés común para la Comunidad y los países socios;

6)

mejora de la percepción de la Unión Europea y de la comprensión de sus actividades y aumento de su proyección en los países socios;

7)

apoyo a iniciativas específicas, incluidos trabajos de investigación, estudios, planes piloto y proyectos conjuntos destinados a responder de forma eficaz y flexible a los objetivos de cooperación que se planteen en evolución de la relaciones bilaterales de la Comunidad con los países socios o que tengan por objeto impulsar unas relaciones bilaterales más amplias y profundas con ellos.

a)

las siguientes entidades y organismos de los Estados miembros y los países socios:

b)

los países socios y sus regiones, las instituciones y los organismos descentralizados;

c)

las organizaciones internacionales, incluidas las regionales, en la medida en que contribuyan a los objetivos del presente Reglamento;

d)

las personas físicas de los Estados miembros y de los países socios u otros terceros países, en la medida en que contribuyan a los objetivos del presente Reglamento;

e)

los organismos mixtos instituidos por los países y regiones socios y la Comunidad;

f)

las instituciones y órganos de la Comunidad, si bien solo en el marco de la ejecución de las medidas de apoyo contempladas en el artículo 9;

g)

las agencias de la Unión Europea.

a)

convenios de subvención (incluidas becas);

b)

contratos públicos;

c)

contratos de trabajo;

d)

convenios de financiación.

a)

los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, y en particular sus organismos públicos y semipúblicos;

b)

los países socios y, en particular, sus organismos públicos y semipúblicos;

c)

las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones regionales, y, en particular, las instituciones financieras internacionales y regionales;

d)

las sociedades, empresas y otras organizaciones y agentes económicos privados, y otros agentes no estatales;

e)

los países socios beneficiarios de los fondos, y otros organismos que puedan optar a financiación en virtud del artículo 7.

—

1 de enero de 2007,

—

la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

1)

Australia

2)

Bahráin

3)

Brunei Darussalam

4)

Canadá

5)

Taipei Chino (7)

6)

Hong Kong

7)

Japón

8)

Corea del Sur

9)

Kuwait

10)

Macao

11)

Nueva Zelanda

12)

Omán

13)

Qatar

14)

Arabia Saudí

15)

Singapur

16)

Emiratos Árabes Unidos

17)

Estados Unidos

(1)

El 20 de julio de 2001, el Consejo adoptó la Acción Común 2001/555/PESC (1), relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea.

(2)

De conformidad con el artículo 22 de dicha Acción Común, el Secretario General/Alto Representante presentó, el 28 de julio de 2006, un informe sobre la ejecución de dicha Acción Común con vistas a su posible revisión.

(3)

El 22 de septiembre de 2006, el Comité Político y de Seguridad (CPS), en su papel del ejercicio de la supervisión política de las actividades del Centro, tomó nota de dicho informe y recomendó que el Consejo modificase la Acción Común, en su caso, habida cuenta del informe.

(4)

En consecuencia, de modificarse la Acción Común 2001/555/PESC.

1)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

Misión

1.   El Centro, de forma coherente con la Estrategia Europea de Seguridad (2), secundará la toma de decisiones de la Unión Europea en el ámbito de la PESC, y en particular de la PESD, incluidas las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, facilitando, si procede, los productos resultantes del análisis de las imágenes y de los datos complementarios obtenidos por satélites, incluidos las imágenes aéreas y los servicios relacionados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4.

2.   En el marco de su misión, el Secretario General y Alto Representante, ante la solicitud correspondiente y si la capacidad del Centro lo permite, impartirá instrucciones al Centro para que proporcione productos o servicios a:

2)

El apartado 2 del artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   El Director designará al Director adjunto del Centro previa aprobación por la Junta Directiva. Se designará al Director adjunto para un período de tres años, con la posible prórroga de otro mandato de tres años. El Director será responsable de la contratación del restante personal del Centro.».

3)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

Programa de trabajo

1.   A más tardar el 30 de septiembre de cada año, el Director del Centro establecerá un proyecto de programa de trabajo anual del Centro para el año siguiente, acompañado de un proyecto de programa de trabajo a largo plazo que contenga unas perspectivas indicativas para dos años más, y lo someterá a la Junta Directiva.

2.   A más tardar el 30 de noviembre de cada año la Junta Directiva aprobará el programa de trabajo anual y a largo plazo.».

4)

El apartado 3 del artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Los ingresos del Centro consistirán en contribuciones de los Estados miembros excepto Dinamarca con arreglo a la clave de la renta nacional bruta (PNB), constituyendo los pagos la remuneración por los servicios prestados e ingresos varios.».

5)

El apartado 4 del artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Las solicitudes de trabajos formuladas de conformidad con el artículo 2, apartado 2, podrán estar sujetas a cargas en concepto de amortización de costes, de conformidad con las directrices establecidas en el Reglamento financiero del Centro contempladas en el artículo 15.».

6)

El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 13

Procedimiento presupuestario

1.   El 30 de septiembre de cada año, a más tardar, el Director presentará a la Junta Directiva un proyecto de presupuesto del Centro que cubra los gastos administrativos, los gastos operativos y los ingresos previstos para el siguiente ejercicio presupuestario, así como las estimaciones indicativas a largo plazo de los ingresos y gastos con vistas al proyecto del programa de trabajo a largo plazo.

2.   El 30 de noviembre de cada año, a más tardar, la Junta Directiva adoptará, por unanimidad de los representantes de los Estados miembros, el presupuesto anual del Centro.

3.   En caso de circunstancias inevitables, excepcionales o imprevistas, el Director podrá proponer un proyecto de presupuesto rectificativo a la Junta Directiva, la cual, teniendo debidamente en cuenta la urgencia, aprobará el presupuesto rectificativo por unanimidad de los representantes de los Estados miembros.».

7)

El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 17

Comisión de servicio

1.   De común acuerdo con el Director, expertos de los Estados miembros y funcionarios de las instituciones u organismos de la Unión Europea, podrán ser destinados al Centro durante un plazo fijo para ocupar puestos en la estructura organizativa del Centro o para tareas y proyectos específicos.

2.   En caso de crisis, el Centro podrá ser reforzado con personal especializado, facilitado por los Estados miembros, la Comisión o la Secretaría General del Consejo. La necesidad y la duración de dichas comisiones de servicio, serán determinadas por el Secretario General y Alto Representante en consulta con el Director del Centro.

3.   Las disposiciones relativas a la comisión de servicio serán adoptadas por la Junta Directiva a propuesta del Director.

4.   Los miembros del personal podrán ser destinados durante un plazo fijo en interés del servicio a un puesto que no esté en el Centro, de conformidad con las disposiciones relativas al personal del Centro.».

8)

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 20 bis

Asociación de la Comisión

La Comisión estará plenamente asociada a los trabajos del Centro. El Centro establecerá las disposiciones administrativas y las relaciones laborales con la Comisión necesarias para obtener la máxima sinergia y evitar duplicaciones innecesarias mediante el intercambio de experiencia y asesoramiento en aquellos ámbitos en los que las actividades de la Comunidad afecten a las misiones del Centro y en los que las actividades del Centro guarden relación con las competencias de la Comunidad.».

9)

El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22

Informes

El Secretario General y Alto Representante presentará, el 31 de julio de 2011 a más tardar, un informe al Consejo sobre el funcionamiento del Centro acompañado, si fuera necesario de recomendaciones adecuadas con vistas a su desarrollo futuro.».

10)

Se suprimen del artículo 1 el apartado 3, del artículo 9 el apartado 1, segunda frase, del artículo 12 el apartado 5 y los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 23.