2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/1

(1)

De conformidad con la Decisión no 210/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2000) (2), el sistema de tránsito comunitario ha sido informatizado. El sistema es plenamente operativo en los Estados miembros desde el 1 de julio de 2003 y ha demostrado ser fiable y eficaz tanto para las administraciones aduaneras como para los agentes económicos.

(2)

En estas circunstancias ha dejado de estar económicamente justificado autorizar que los trámites se lleven a cabo sobre la base de una declaración de tránsito efectuada por escrito, que impone a las autoridades aduaneras incorporar manualmente los datos de las declaraciones en el sistema informático. Por consiguiente, es conveniente que, por lo general, todas las declaraciones de tránsito se presenten mediante un procedimiento informático.

(3)

La utilización de declaraciones de tránsito efectuadas por escrito deberá autorizarse únicamente en casos excepcionales cuando el sistema informatizado de tránsito de las autoridades aduaneras o la aplicación de los obligados principales no funcione, con objeto de permitir a estos últimos efectuar las operaciones de tránsito.

(4)

Para permitir a los viajeros que lleven a cabo las operaciones de tránsito, las autoridades aduaneras deberán autorizar la utilización de declaraciones de tránsito realizadas por escrito en los casos en que los viajeros no puedan acceder directamente al sistema de tránsito informatizado.

(5)

Algunos Estados miembros deben desarrollar y poner en práctica los instrumentos y conexiones necesarios para permitir a todos los agentes económicos conectarse al sistema de tránsito informatizado; por consiguiente conviene prever un período transitorio en el que se autorice la utilización de las declaraciones de tránsito efectuadas por escrito.

(6)

Excepto en los casos en que no funcione el sistema de tránsito informatizado de las autoridades aduaneras o la aplicación de los obligados principales, las autoridades aduaneras que acepten las declaraciones de tránsito presentadas por escrito deberán garantizar que el intercambio entre las autoridades aduaneras de datos relativos al tránsito se lleve a cabo mediante la utilización de tecnologías de la información y de redes informáticas.

(7)

En ausencia de un dictamen emitido por el Comité del código aduanero, corresponde al Consejo adoptar las medidas oportunas.

(8)

Por consiguiente, el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (3) deberá modificarse en consecuencia.

1)

El artículo 353 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 353

1.   Las declaraciones de tránsito deberán ajustarse a la estructura e indicaciones que figuran en el anexo 37 bis, y deberán presentarse en la aduana de salida utilizando medios informáticos.

2.   Las autoridades aduaneras podrán aceptar una declaración de tránsito hecha por escrito en un formulario conforme al modelo establecido en el anexo 31 y de conformidad con el procedimiento definido y acordado por las autoridades aduaneras en los siguientes casos:

3.   El uso de una declaración de tránsito escrita en el caso del apartado 2, letra b), no requerirá la aprobación de las autoridades aduaneras.

4.   Cuando las mercancías sean transportadas por viajeros que no tengan acceso directo al sistema informatizado de las autoridades aduaneras y no puedan por tanto presentar la declaración de tránsito utilizando medios informáticos en la aduana de salida, las autoridades aduaneras autorizarán al viajero a utilizar una declaración de tránsito hecha por escrito en un formulario conforme al modelo que figura en el anexo 31.

En tal caso, las autoridades aduaneras garantizarán que el intercambio entre las autoridades aduaneras de los datos relativos al tránsito se lleve a cabo mediante la utilización de tecnologías de la información y redes informáticas.».

2)

Queda suprimido el artículo 354.

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/3

(1)

La Posición Común 2004/31/PESC (2) dispone un embargo de armas, municiones y equipo militar para Sudán, incluida una prohibición sobre el suministro de asistencia técnica y financiera relacionada con actividades militares en Sudán. La prohibición sobre el suministro de asistencia técnica y financiera relacionada con actividades militares se ha ejecutado mediante el Reglamento (CE) no 131/2004 del Consejo, de 26 de enero de 2004, relativo a la adopción de determinadas medidas restrictivas contra Sudán (3).

(2)

A la vista de los recientes acontecimientos de Sudán, en particular de las continuas violaciones del Acuerdo de alto el fuego de N’djamena, de 8 de abril de 2004, y de los Protocolos de Abuja, de 9 de noviembre de 2004, cometidas por todas las partes en Darfur, así como del incumplimiento por parte del Gobierno de Sudán, de las fuerzas rebeldes y de todos los otros grupos armados presentes en Darfur de los compromisos suscritos y de las peticiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 29 de marzo de 2005 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1591 (2005) por la que se impone, entre otras cosas, un embargo de armas y la prohibición de suministro de asistencia relacionada para todas las partes del Acuerdo de alto el fuego de N’djamena y cualquier otra parte beligerante en Darfur. La Resolución 1591 (2005) establece determinadas exenciones al embargo.

(3)

La Posición Común 2005/411/PESC confirma el embargo y la prohibición establecidos en la Posición Común 2004/31/PESC e introduce una exención adicional para el embargo de armas y la prohibición de suministro de asistencia relacionada, que afecta a todas las personas y entidades de Sudán, con el fin de adaptar la lista de exenciones a la Resolución 1591 (2005). Puesto que esta exención es aplicable al suministro de determinada asistencia técnica y financiera, el Reglamento (CE) no 131/2004 deberá modificarse en consecuencia.

(4)

La exención adicional deberá tener efectos retroactivos a partir de la fecha de adopción de la Resolución 1591 (2005). Por consiguiente, el presente Reglamento deberá entrar en vigor inmediatamente.

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/5

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/7

(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de dicho Reglamento.

(2)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

2.6.2005   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/13

(1)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1159/2003 establece las disposiciones por las que se determinan las obligaciones de entrega con derecho cero de productos del código NC 1701, expresados en equivalente de azúcar blanco, en lo que respecta a las importaciones originarias de los países signatarios del protocolo ACP y del Acuerdo India.

(2)

La contabilización contemplada en el artículo 5, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1159/2003 ha revelado que todavía están disponibles cantidades de azúcar para las obligaciones de entrega de azúcar preferente procedente de Costa de Marfil para el período de entrega de 2004/2005, cuyo límite ya se había alcanzado.

(3)

Dadas estas circunstancias, la Comisión debe indicar que han dejado de alcanzarse los límites correspondientes.

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/14

(1)

En el Reglamento (CE) no 1210/2004 de la Comisión (3) se establecieron los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y ciertos jarabes para la campaña 2004/05. Estos importes han sido modificados en último lugar por el Reglamento (CE) no 292/2005 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión llevan a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 1423/95.

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/16

(1)

La Decisión 2003/804/CE de la Comisión (2) establece una lista temporal de terceros países a partir de los cuales los Estados miembros están autorizados a importar moluscos vivos, así como sus huevos y gametos, destinados a su posterior crecimiento, engorde, reinstalación o consumo humano en la Comunidad, así como los modelos de certificado que deben acompañar los envíos de estos productos.

(2)

Canadá, Croacia, Marruecos, Nueva Zelanda, Túnez, Turquía y Estados Unidos han sido incluidos en la lista temporal mencionada, tomando como base el comercio que existe en la actualidad con los Estados miembros, a la espera de una evaluación comunitaria de las garantías que pueden proporcionar estos terceros países con respecto a las enfermedades de los moluscos.

(3)

La Comisión ha examinado las garantías zoosanitarias presentadas por Marruecos, Nueva Zelanda, Túnez y Turquía, y ha descubierto que no cumplen todos los requisitos previstos en la Directiva 91/67/CEE y en la Directiva 95/70/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se establecen las normas comunitarias mínimas necesarias para el control de determinadas enfermedades de los moluscos bivalvos (3).

(4)

Canadá y Nueva Zelanda han comunicado a la Comisión que, en la actualidad, no están interesados en la exportación a la Comunidad de moluscos vivos para su posterior crecimiento, engorde o reinstalación.

(5)

Los Estados Unidos han presentado su programa sobre certificación de las exportaciones procedentes de zonas de cría de moluscos. La Comisión ha evaluado dicho programa y considera que presenta las garantías necesarias para la exportación de moluscos vivos destinados a su posterior crecimiento, engorde o reinstalación en la Comunidad.

(6)

Croacia no está autorizada a exportar moluscos vivos para el consumo humano de conformidad con lo establecido en la Decisión 97/20/CE de la Comisión, de 17 de diciembre de 1996, por la que se establece la lista de terceros países que cumplen los requisitos de equivalencia relativos a las condiciones de producción y comercialización de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos (4). Por consiguiente, no deberían autorizarse las importaciones de estos tipos de molusco procedentes de este país con arreglo a la Decisión 2003/804/CE.

(7)

Asimismo, es conveniente simplificar el cuadro del anexo I de la Decisión 2003/804/CE.

(8)

Por tanto, procede modificar la Directiva 2003/804/CE en consecuencia.

(9)

Las medidas establecidas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/19

(1)

El artículo 12, apartado 9, del Reglamento (CEE) no 404/93 establece la posibilidad de que un Estado miembro sea autorizado a introducir una medida temporal de exclusión de la ayuda compensatoria para los productos comercializados procedentes de nuevos platanares, cuando el Estado miembro estime que existe riesgo para el desarrollo sostenible de las zonas de producción y, en particular, para la conservación del medio ambiente y la protección del suelo y de los elementos característicos del paisaje.

(2)

Mediante la Decisión 2002/414/CE (2), la Comisión autorizó a España a introducir una medida temporal de exclusión de la ayuda compensatoria para los productos comercializados procedentes de nuevos platanares plantados a partir del 1 de junio de 2002, durante un período de tres años.

(3)

El 15 de abril de 2005, España presentó ante la Comisión una solicitud de autorización con vistas a la prórroga, por un nuevo plazo de tres años, de la medida de exclusión en las Islas Canarias de la ayuda compensatoria para los productos comercializados procedentes de nuevos platanares plantados a partir del 1 de junio de 2002. La justificación de la solicitud consiste en la necesidad de consolidar los efectos positivos causados por la aplicación de la medida desde junio de 2002, principalmente en la disuasión del desarrollo de nuevas plantaciones fuera de las zonas tradicionales de producción, para proteger el medio ambiente, sobre todo en lo relativo a la utilización de los recursos hídricos, para la estabilidad del suelo y el equilibrio socioeconómico, así como para preservar los elementos característicos del paisaje.

(4)

El examen de la solicitud presentada por España para prorrogar la medida de exclusión de la ayuda compensatoria durante un período de tres años permite concluir que es conforme con el objetivo y las disposiciones del artículo 12, apartado 9, del Reglamento (CEE) no 404/93. En consecuencia, es conveniente aceptar dicha solicitud.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de gestión del plátano.

2.6.2005   

ES

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L 139/20

(1)

El Órgano de Vigilancia de la AELC debe esforzarse por implantar progresivamente un sistema que permita calcular la exposición a los plaguicidas existentes a través de la alimentación. Para poder realizar estimaciones fiables, deberá disponerse de datos sobre el control de los residuos de plaguicidas en una serie de productos alimenticios que son parte importante de la dieta europea. Está generalmente admitido que la dieta europea se compone principalmente de entre 20 y 30 productos alimenticios. En vista de los recursos disponibles a escala nacional para el control de los residuos de plaguicidas, los Estados de la AELC sólo pueden analizar muestras de ocho productos cada año, dentro de un programa coordinado de control. La utilización de plaguicidas registra cambios dentro de un programa de tres años. Cada plaguicida debe controlarse, por lo general, en entre 20 y 30 productos alimenticios a lo largo de varios ciclos trienales.

(2)

En 2004 deberán controlarse los residuos de los plaguicidas a que se refiere la presente Recomendación, pues ello permitirá utilizar estos datos para calcular la exposición real a estos plaguicidas a través de la alimentación.

Es necesario adoptar un procedimiento estadístico sistemático con respecto al número de muestras que han de tomarse en cada ejercicio coordinado de control (3). Dicho procedimiento ha sido fijado por la Comisión del Codex Alimentarius. Según una distribución binómica de probabilidades, puede calcularse que el examen de 650 muestras proporciona una confianza superior al 99 % de detectar una muestra con residuos de plaguicidas por encima del límite de determinación en caso de que menos del 1 % de los productos de origen vegetal contenga residuos por encima del límite de determinación. Estas muestras deberán tomarse en todo el Espacio Económico Europeo. Para los Estados de la AELC se recomienda, según la población y el número de consumidores, tomar un mínimo de doce muestras por producto y año.

(3)

La Comisión ha publicado unas orientaciones sobre los «métodos de control de calidad de los análisis de residuos de plaguicidas» (4). Se ha acordado que estas orientaciones deberán aplicarse en la medida de lo posible por los laboratorios de análisis de los Estados miembros de la AELC y deberán revisarse a la vista de la experiencia adquirida en los programas de control.

(4)

En virtud del artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 90/642/CEE y del artículo 7, apartado 2, letra a), de la Directiva 86/362/CEE, los Estados miembros deberán especificar los criterios aplicados para elaborar sus programas nacionales de control. Dicha información deberá incluir: i) los criterios aplicados para determinar el número de muestras que deben tomarse y los análisis que deben realizarse, así como los niveles de referencia aplicados y los criterios empleados para fijarlos, ii) detalles de la autorización de los laboratorios que realizan análisis, conforme al acto mencionado en el punto 54 del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE [Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios (5)], y iii) el número y tipo de infracciones y las medidas adoptadas al respecto.

(5)

La información sobre los resultados de los programas de control se presta especialmente al tratamiento, almacenamiento y transmisión mediante métodos electrónicos o informáticos. La Comisión ha desarrollado formatos para que los Estados miembros puedan suministrar los datos por correo electrónico. Los Estados de la AELC podrían usar el mismo formato con el fin de poder enviar sus informes al Órgano de Vigilancia de la AELC en el formato normalizado. La elaboración de orientaciones es la forma más eficaz de seguir desarrollando dicho formato normalizado.

1)

Tomen muestras y efectúen análisis de las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo a la presente Recomendación, tomando un mínimo de 12 muestras de cada producto y reflejando, según proceda, la cuota de mercado nacional, del EEE y de terceros países en el mercado de los Estados de la AELC.

Por lo que respecta a los plaguicidas que puedan suponer un riesgo grave, como son los ésteres OP, el endosulfano y los N-metilcarbamatos, muestras seleccionadas de manzanas, tomates, lechugas, puerros y repollo también se someterán a un análisis individual de cada uno de los componentes de una segunda muestra de laboratorio, en caso de que se detecten tales plaguicidas y, especialmente, si se trata de productos de un mismo productor. El número de unidades deberá adecuarse a lo dispuesto en el acto mencionado en el punto 54zz del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE [Directiva 2002/63/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2002, por la que se establecen los métodos comunitarios de muestreo para el control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal y se deroga la Directiva 79/700/CEE (6)].

Han de tomarse dos muestras. Si en la primera de ellas se encuentra un nivel detectable de un plaguicida concreto, los componentes de la segunda deberán analizarse individualmente.

2)

Notifiquen los resultados del análisis efectuado a las combinaciones de productos y residuos de plaguicidas indicadas en el anexo I, a más tardar, el 31 de agosto de 2005, indicando:

El informe deberá presentarse en un formato, que podrá ser formato electrónico, adecuado a la directriz (7) a los Estados del EEE por lo que se refiere a la aplicación de recomendaciones relativas a programas de control coordinados.

3)

Transmitan al Órgano de Vigilancia de la AELC y a los Estados de la AELC, a más tardar el 31 de agosto de 2004, toda la información requerida en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 86/362/CEE y en el artículo 4, apartado 3, del Directiva 90/642/CEE correspondiente al ejercicio de control de 2003 con objeto de garantizar, al menos mediante comprobación por muestreo, la conformidad con los límites máximos de residuos de plaguicidas, que incluya:

4)

Remitan al Órgano de Vigilancia de la AELC, a más tardar el 30 de septiembre de 2004, sus proyectos de programas nacionales de control de los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados por las Directivas 90/642/CEE y 86/362/CEE para el año 2005, con información sobre:

2.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 139/25

(1)

El 9 de enero de 2004, el Consejo adoptó la Posición Común 2004/31/PESC (1) sobre la imposición de un embargo de armas, municiones y equipo militar a Sudán.

(2)

El 10 de junio de 2004, el Consejo adoptó la Posición Común 2004/510/PESC por la que se modifica la Posición Común 2004/31/PESC para permitir exenciones al embargo por parte de la Comisión de alto el fuego dirigida por la Unión Africana.

(3)

El Consejo juzga apropiado mantener el embargo de armas contra Sudán. El objetivo de la política de la Unión Europea a este respecto es promover una paz y reconciliación duraderas en Sudán.

(4)

El 30 de julio de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1556 (2004), en adelante denominada «RCSNU 1556 (2004)», por la que se impone un embargo de armas a las entidades e individuos no gubernamentales, incluidas las milicias Janjaweed, que operan en los estados del Norte de Darfur, Sur de Darfur y Oeste de Darfur.

(5)

El 29 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1591 (2005), en adelante denominada «RCSNU 1591 (2005)», por la que se imponen medidas para prevenir la entrada por tránsito a través de los territorios de los Estados miembros de todas las personas designadas por el Comité que establece el apartado 3 de dicha Resolución («el Comité»).

(6)

La RCSNU 1591 (2005) impone asimismo la congelación de todos los fondos, activos financieros y recursos económicos que sean propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de las personas designadas por el Comité o que obren en poder de entidades que sean de propiedad o estén bajo control directo o indirecto de dichas personas o de cualesquiera personas que actúen en su nombre o bajo su dirección.

(7)

La RCSNU 1591 (2005) reafirma asimismo las medidas impuestas por la RCSNU 1556 (2004) y establece que dichas medidas se aplicarán asimismo a todas las partes del Acuerdo de alto el fuego de N’djamena y a cualesquiera otros beligerantes en los estados del Norte de Darfur, Sur de Darfur y Oeste de Darfur.

(8)

El apartado 4 de la RCSNU 1591 (2005) establece que las medidas relativas a la entrada en los territorios de los Estados miembros o al tránsito por dichos territorios y a la congelación de fondos, activos financieros y recursos económicos entrarán en vigor el 28 de abril de 2005, a menos que el Consejo de Seguridad determine antes de esa fecha que las partes del conflicto de Darfur han cumplido con todos los compromisos y exigencias del Consejo de Seguridad a que se refieren las Resoluciones 1556 (2004), 1564 (2004) y 1574 (2004) de la RCSNU y han adoptado inmediatamente medidas destinadas a cumplir todos sus compromisos en virtud del Acuerdo de alto el fuego y de los Protocolos de Abuja, incluida la notificación de las posiciones de fuerza, para facilitar la ayuda humanitaria y cooperar plenamente con la Misión de la Unión Africana.

(9)

Conviene integrar en un único instrumento jurídico las medidas impuestas por la Posición Común 2004/31/PESC y las medidas que han de imponerse con arreglo a la RCSNU 1591 (2005).

(10)

La Posición Común 2004/31/PESC debe, por lo tanto, derogarse.

(11)

Es preciso que la Comunidad actúe para aplicar determinadas medidas.

a)

sean necesarios para gastos básicos, incluidos pagos para alimentos, rentas o hipotecas, medicinas y tratamiento médico, impuestos, primas de seguros y derechos que constituyan una remuneración de servicios de utilidad pública;

b)

estén destinados exclusivamente al pago de honorarios o derechos por servicios razonables y reembolso de los gastos incurridos asociados a la prestación de servicios jurídicos;

c)

estén destinados exclusivamente al pago de honorarios o derechos por servicios, con arreglo a las legislaciones nacionales, para el mantenimiento de fondos, otros activos financieros y recursos económicos congelados,

d)

sean necesarios para gastos extraordinarios, previa notificación por el Estado miembro de que se trate y aprobación por el Comité;

e)

siempre que exista un vínculo o sentencia judicial, administrativa o arbitral, en cuyo caso los fondos, otros recursos financieros y económicos puedan utilizarse para satisfacer dicho vínculo o sentencia siempre que el vínculo o sentencia se haya introducido antes de la fecha de la RCSNU 1591 (2005), y no sea en beneficio de una persona o entidad a las que se refiere el presente artículo, previa notificación por el Estado miembro de que se trate al Comité.

a)

intereses u otras ganancias relativos a dichas cuentas congeladas, o de

b)

pagos vencidos con arreglo a contratos, acuerdos u obligaciones que se hayan celebrado u originado antes de la fecha en que dichas cuentas hayan pasado a estar sujetas a medidas restrictivas,

a)

la concesión, venta, suministro o transferencia de asesoramiento técnico, servicios de corretaje y demás servicios relativos a actividades militares, así como el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de armas y material conexo de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, directa o indirectamente a cualquier persona, entidad u organismo en Sudán, o para su utilización en ese país;

b)

proporcionar financiación o asistencia financiera relacionadas con actividades militares, en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, para la venta, suministro, transferencia o exportación de armas y material conexo, o para cualquier cesión, venta, suministro o transferencia de asistencia técnica conexa, servicios de corretaje y otros servicios, directa o indirectamente, a toda persona, entidad u organismo que se halle en Sudán, o para su utilización en ese país.

a)

la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo militar no mortífero destinado únicamente a uso humanitario, de control relativo a derechos humanos o de protección, o para programas de desarrollo institucional de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la UE y la Comunidad, o material destinado a operaciones de gestión de crisis de la UE, las Naciones Unidas y la Unión Africana;

b)

la formación técnica y la asistencia relacionadas con dicho equipo;

c)

la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo de desminado y de material destinado a su uso en operaciones de desminado;

d)

la asistencia y suministros proporcionados en apoyo de la aplicación del Acuerdo global de paz,

2.6.2005   

ES

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L 139/29