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Ayudas estatales para empresas en crisis

La Comisión Europea ha revisado sus normas sobre la manera de evaluar las ayudas estatales (subvenciones públicas) de los países de la Unión Europea (UE) para apoyar a las empresas en crisis. Se trata de asegurar que el dinero público se destine a donde más se necesite y que los propietarios de empresas paguen la parte justa de los costes de reestructuración.

ACTO

Comunicación de la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C 249 de 31.7.2014, pp. 1-28).

SÍNTESIS

La Comisión Europea ha revisado sus normas sobre la manera de evaluar las ayudas estatales (subvenciones públicas) de los países de la Unión Europea (UE) para apoyar a las empresas en crisis. Se trata de asegurar que el dinero público se destine a donde más se necesite y que los propietarios de empresas paguen la parte justa de los costes de reestructuración.

¿QUÉ HACEN ESTAS DIRECTRICES?

Las ayudas estatales para las empresas en crisis proporcionan una ventaja sobre los competidores más prósperos y solventes que no reciben ayudas (es decir, pueden falsear la competencia). Además, pueden ser un freno para el crecimiento económico debido al desvío del dinero de los contribuyentes de usos alternativos y potencialmente más productivos. Las Directrices establecen las normas que rigen la concesión de ayudas estatales a empresas en crisis supeditándolas al cumplimiento de condiciones estrictas.

El objetivo de las Directrices es garantizar que las ayudas estatales concedidas por los países de la UE sirvan verdaderamente al interés público. Un ejemplo de ello puede ser el salvamento de una empresa que evite las dificultades sociales derivadas de un cierre en una zona que ya posee una elevada tasa de desempleo. Las Directrices contienen ejemplos de situaciones que ilustran casos en los que las ayudas pueden estar justificadas.

Además, los países que concedan las ayudas deben demostrar que la ayuda marcará la diferencia. Para ello, tienen que presentar una comparación con una hipótesis alternativa creíble que no implique ninguna ayuda.

Las ayudas de salvamento permiten que las empresas que se enfrentan a una quiebra inminente se mantengan en activo suficiente tiempo para preparar un plan de reestructuración. Este plan debe estar constituido por un aporte de liquidez (préstamos o garantías) y no superar los seis meses de duración.

Al finalizar el período de seis meses, se deberá reembolsar la ayuda o bien notificar un plan de reestructuración a la Comisión para que la ayuda sea aprobada como «ayuda de reestructuración».

Solamente se puede conceder una ayuda de reestructuración durante un período de diez años (el principio de «ayuda única»*). El plan de reestructuración debe mostrar cómo se restablecerá la viabilidad a largo plazo sin ninguna otra ayuda estatal.

Como condición previa para la concesión de la ayuda de reestructuración y con el fin de reducir la parte del dinero de los contribuyentes empleada, las Directrices exigen que las pérdidas de la empresa se asignen totalmente a los accionistas y los acreedores subordinados existentes.

Asimismo, la empresa debe acordar cómo puede limitar el falseamiento de la competencia derivado de la ayuda (por ejemplo, esto podría implicar la venta de partes rentables de su negocio).

Una vez recuperada la rentabilidad, la empresa que recibió la ayuda debe aceptar devolver una parte de los beneficios al Estado.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR LAS DIRECTRICES?

Las Directrices estarán en vigor desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020. Sustituyen a unas directrices similares adoptadas en 2004.

ANTECEDENTES

Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19

TÉRMINOS CLAVE

*Principio de «ayuda única»: ayuda que solamente se puede conceder una vez durante un período de diez años.

última actualización 07.04.2020

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