14.8.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 210/1

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L 210/3

(1)

El Reglamento (CE) no 1296/2008 de la Comisión (2) establece las disposiciones de aplicación de los contingentes arancelarios por importación de maíz y de sorgo en España y de maíz en Portugal.

(2)

En virtud de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, la Comunidad se comprometió, a partir de la campaña de comercialización 1995/96, a abrir contingentes de 500 000 toneladas de maíz en Portugal, por una parte, y, por otra, de 2 000 000 de toneladas de maíz y de 300 000 toneladas de sorgo en España y, en su caso, a convocar licitaciones con arancel reducido.

(3)

Procede aclarar que la aplicación de estos contingentes no exige la apertura de una licitación.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1296/2008.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

14.8.2009   

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L 210/4

(1)

Por carta de 17 de abril de 1997, la Comisión recibió una denuncia de la empresa austriaca Lenzing AG, principal productora de fibras de viscosa de la Comunidad, sobre una serie de medidas concedidas a su competidora española Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (en lo sucesivo, «SNIACE»).

(2)

Por carta de 7 de noviembre de 1997, la Comisión informó al Gobierno español de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(3)

Mediante Decisión 1999/395/CE (2) (en lo sucesivo, «la Decisión de 1998»), la Comisión consideró ilegales e incompatibles con el mercado común las ayudas concedidas por el Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo, «el FOGASA») y por la Tesorería General de la Seguridad Social (en lo sucesivo, «la TGSS») en favor de SNIACE debido a que los acuerdos de devolución de las deudas celebrados entre SNIACE y el FOGASA y el acuerdo de reprogramación celebrado entre SNIACE y la TGSS no cumplían las condiciones del mercado puesto que los tipos de interés aplicados a los acuerdos eran inferiores a los tipos de mercado. Dicha Decisión negativa ordenaba a España que obtuviera del beneficiario la devolución de la ayuda impugnada.

(4)

En la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de abril de 1999, en el asunto C-342/96 España/Comisión (en lo sucesivo, «Tubacex») (3), el Tribunal consideró que los acuerdos de reprogramación de deudas celebrados por la TGSS y el FOGASA no constituían ayudas estatales puesto que dichos organismos públicos habían actuado como lo hubiera hecho un acreedor privado que tratara de recuperar unas cantidades que se le adeudaran siempre que el tipo de interés fuera al menos igual al que habría aplicado un acreedor privado (4) y que el acuerdo de reprogramación no condujera a una acumulación de nuevas deudas.

(5)

A raíz de de la sentencia Tubacex, la Comisión decidió volver a evaluar la Decisión de 1998, ya que consideraba que las conclusiones de la misma podían aplicarse a SNIACE. En consecuencia, por carta de 16 de febrero de 2000, dirigida a las autoridades españolas, la Comisión decidió incoar el procedimiento formal de investigación (5) establecido en el artículo 88, apartado 2, párrafo primero del Tratado con objeto de revocar parcialmente la Decisión de 1998 (en lo sucesivo, «segunda incoación del procedimiento».

(6)

Por carta de 21 de marzo de 2000, España transmitió a la Comisión sus observaciones sobre la decisión de segunda incoación del procedimiento.

(7)

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por las autoridades españolas y por los interesados tras la segunda incoación del procedimiento, la Comisión dio por finalizado el procedimiento formal de investigación el 20 de septiembre de 2000, mediante Decisión 2001/43/CE de la Comisión (6) (en lo sucesivo, «la Decisión de 2000») y concluyó que las medidas concedidas a SNIACE no constituían ayudas estatales en aplicación de la sentencia Tubacex. En virtud de la Decisión de 2000 se modificó parcialmente la Decisión de 1998, sustituyéndose el párrafo primero de su artículo 1, y suprimiéndose su artículo 2.

(8)

En su Decisión de 2000, la Comisión consideró que los acreedores públicos, al aplicar el tipo de interés legal, lo que habían pretendido era aumentar al máximo sus posibilidades de recuperar las cantidades que se les adeudaban sin sufrir pérdidas económicas. En opinión de la Comisión «España actuó como habría actuado un hipotético acreedor privado que estuviera en la misma posición frente a SNIACE (7).».

(9)

A raíz de la Decisión de 2000, la empresa Lenzing interpuso un recurso contra la Decisión de 2000 ante el Tribunal de Primera Instancia.

(10)

El Tribunal de Primera Instancia anuló en su sentencia de 21 de octubre en el asunto T-36/99 (8) la Decisión de 2000, por un error manifiesto de apreciación en cuanto a la aplicación del criterio del comportamiento del acreedor público como acreedor privado. El Tribunal de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (9).

(11)

Debido a esta anulación, el segundo procedimiento formal de investigación aún sigue abierto.

(12)

Por cartas de 3 de diciembre de 2004, 13 de mayo de 2005, 18 de julio de 2005 y 7 de agosto de 2008, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades españolas, información que le fue facilitada por cartas de 28 de febrero de 2005, 4 de julio de 2005, 29 de septiembre de 2005, 10 de septiembre de 2008 y 15 de septiembre de 2008.

(13)

El beneficiario de las medidas es SNIACE, empresa fundada en 1939. Esta empresa produce celulosa, papel, fibras de viscosa, fibras sintéticas y sulfato de sodio. El volumen de negocios de SNIACE en 2007 ascendió a 15 millones EUR.

(14)

El FOGASA y la TGSS celebraron con SNIACE los acuerdos de devolución y de reprogramación de deudas que se describen en los considerandos 15 a 21.

(15)

El FOGASA es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración que se financia a través de aportaciones de las empresas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto de los Trabajadores su principal misión es abonar «a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario». El artículo 33, apartado 4, obliga al FOGASA a subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores con el fin de obtener la devolución de las sumas adelantadas.

(16)

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 505/85 de 6 de marzo de 1985 (10), el FOGASA puede concluir acuerdos de devolución de las sumas adelantadas en concepto de abono de salarios e indemnizaciones a los trabajadores con el fin de facilitar la recuperación de las sumas adeudadas que devengarán intereses al tipo legal vigente.

(17)

El FOGASA concluyó dos acuerdos de devolución de deudas con SNIACE el 5 de noviembre de 1993 y el 31 de octubre de 1995. En el primer caso la suma adeudada era de 1 362 708 700 pesetas (intereses incluidos) y en el segundo de 339 459 878 pesetas (intereses incluidos).

(18)

El primer acuerdo, de 5 de noviembre de 1993 (en lo sucesivo, «el acuerdo FOGASA I»), tenía por objeto las cantidades abonadas por el FOGASA en concepto de salarios e indemnizaciones adeudados por SNIACE a su personal. La deuda ascendía a 897 652 759 pesetas, cantidad a la que había que sumar unos intereses de 465 055 911 pesetas a un tipo de un 10 %, lo que hacía un total de 1 362 708 700 pesetas. La deuda estaba vinculada a una hipoteca sobre los activos de SNIACE y debía reembolsarse de acuerdo con un calendario, que fue renegociado el 18 de marzo de 1999 expresándose las cantidades en pesetas (ESP) de la siguiente manera:

Cuadro 1

Acuerdo FOGASA I

(19)

El segundo acuerdo, de 31 de octubre de 1995 (en lo sucesivo, «el acuerdo FOGASA II»), tenía por objeto las cantidades que el FOGASA había seguido pagando tras el acuerdo de 5 de noviembre de 1993 en concepto de salarios e indemnizaciones adeudados por SNIACE a su personal. La nueva deuda ascendía a 229 424 860 pesetas, cantidad a la que había que sumar unos intereses de 110 035 018 pesetas a un tipo de un 9 %, lo que hacía un total de 339 459 878 pesetas. La deuda estaba vinculada a una hipoteca sobre los activos de SNIACE y debía reembolsarse de acuerdo con un calendario, que fue renegociado el 18 de marzo de 1999 expresándose las cantidades en pesetas (ESP) de la siguiente manera:

Cuadro 2

Acuerdo FOGASA II

(20)

La TGSS puede conceder, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social (11), el aplazamiento o el fraccionamiento de las cotizaciones adeudadas a la Seguridad Social, así como los recargos sobre esas cotizaciones. El artículo 27 de esa misma Ley precisa que los recargos por ingreso fuera de plazo deben sumarse a las deudas aplazadas.

(21)

El acuerdo de 8 de marzo de 1996, tal como quedó modificado por los acuerdos de 7 de mayo de 1996 y 30 de septiembre de 1997, tenía por objeto la reprogramación del pago de deudas por un importe total de 3 510 387 323 pesetas más los intereses devengados, que ascendían a 615 056 349 pesetas a un tipo del 7,5 %. El principal correspondía a atrasos en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de febrero de 1991 a febrero de 1997. El pago debía efectuarse en 120 mensualidades, devolviéndose durante los dos primeros años únicamente los intereses al tipo legal del 7,5 %, mientras que del tercer al décimo año se devolverían el principal y los intereses con arreglo a un ritmo de amortización anual del 5 % (de octubre de 1999 a septiembre de 2001), del 10 % (de octubre de 2001 a septiembre de 2003), del 15 % (de octubre de 2003 a septiembre de 2005) y del 20 % (de octubre de 2005 a septiembre de 2007).

(22)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión consideró que el análisis realizado por el Tribunal de Justicia en el asunto Tubacex podía aplicarse plenamente a las medidas objeto de la Decisión de 1998 y que, por lo tanto, convenía revocar parcialmente dicha decisión y volver a evaluar los acuerdos celebrados entre SNIACE y los acreedores públicos.

(23)

En efecto, a la vista de la sentencia Tubacex, la Comisión expresó algunas dudas sobre las medidas ejecutadas por los acreedores públicos:

(24)

Los interesados no han presentado observaciones.

(25)

Por carta de 21 de marzo de 2000, el Gobierno español presentó sus observaciones.

(26)

Las autoridades españolas no están de acuerdo con la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento formal de investigación, ya que, en su opinión, este procedimiento no era necesario para llevar a cabo la prevista revocación parcial de la Decisión de 1998.

(27)

Por lo que se refiere al acuerdo de reprogramación celebrado entre SNIACE y la TGSS, las autoridades españolas no comparten la opinión de la Comisión según la cual «parece normal que en los acuerdos extrajudiciales que tienen por objeto o por efecto reprogramar deudas preexistentes, el acreedor procure obtener del deudor un tipo de interés de demora más elevado que el tipo de interés legal a cambio de abstenerse de acudir a la justicia para recuperar la deuda». Por el contrario, alegan que, debido a la situación financiera de la empresa así como al coste, la duración y la incertidumbre inherentes a los procedimientos judiciales, los acuerdos extrajudiciales suelen llevar a acordar un tipo de interés inferior al tipo de interés legal.

(28)

Por ello, las autoridades españolas reiteran su argumento de que la concesión de un aplazamiento aplicando el tipo de interés legal protege los intereses del sistema de seguridad social, con vistas al cobro de las deudas, más que cualquier otra forma de acción que pudiera emprender un acreedor privado.

(29)

El Gobierno español recuerda asimismo que mientras que un acreedor privado puede acordar cualquier tipo de interés con el deudor, las autoridades de la Seguridad Social están obligadas a respetar el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que en los acuerdos de reprogramación de la deuda se aplicará el interés legal.

(30)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión consideró que la comparación de los términos del acuerdo de acreedores privados de octubre de 1996 con los del acuerdo de reprogramación celebrado entre la Seguridad Social y SNIACE podía no ser la manera correcta de aplicar el criterio del «acreedor privado», tal como lo define el Tribunal de Justicia. A este respecto, las autoridades españolas declararon que debido a obligaciones legales de la Administración pública, la situación de los acreedores públicos no podía asimilarse a la de los acreedores privados. Sin embargo, subrayaron que, a pesar de las diferencias, los términos y condiciones de los acuerdos celebrados entre la Seguridad Social y SNIACE, por un lado, y los celebrados entre el FOGASA y SNIACE, por otro, eran más rigurosos que los términos pactados en el acuerdo concluido entre los acreedores privados.

(31)

Por último, las autoridades españolas han reiterado los puntos de vista que habían expuesto en el procedimiento que concluyó con la Decisión de 1998.

(32)

Las autoridades españolas sostienen que la incoación de un nuevo procedimiento formal de investigación no era necesaria para la resolución del expediente y que el respeto de los derechos de los interesados no era motivo suficiente para hacerlo.

(33)

Por su parte, la Comisión considera que la sentencia Tubacex constituía un elemento suficientemente importante para que esta información se pusiera en conocimiento de las autoridades españolas y de los interesados. En efecto, dicha sentencia podía modificar los criterios de evaluación tal como se habían expuesto en la decisión de incoar el procedimiento de 7 de noviembre de 1997.

(34)

En la segunda incoación del procedimiento, la Comisión se preguntaba si los acuerdos celebrados entre SNIACE y sus acreedores públicos incluían ayudas estatales y, en caso afirmativo, si estas podían ser declaradas compatibles.

(35)

La sentencia Tubacex permite considerar que las intervenciones públicas en forma de reprogramación de deudas no constituyen ayudas estatales si cumplen los criterios enunciados en dicha sentencia (véase el considerando 4).

(36)

En la sentencia en el asunto T-36/99, por la que anulaba la Decisión de 2000, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los motivos por los que la Comisión había considerado que la TGSS y el FOGASA se habían comportado como lo hubiera hecho un acreedor privado. A tal efecto, y teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, conviene comprobar:

(37)

Los criterios enunciados en la sentencia Tubacex y en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-36/99 son acumulables. Desde el momento en que los dispositivos establecidos por los acreedores públicos no respondan a al menos uno de ellos, la Comisión debe descartar el principio del acreedor privado.

(38)

Al contrario que los hechos que dieron pie a la sentencia Tubacex, los dos acuerdos con el FOGASA se celebraron con aproximadamente dos años de diferencia y tuvieron por objeto deudas diferentes. La Comisión considera que no se trata de un único acuerdo. El FOGASA tampoco intentó, en el momento de celebrar el segundo acuerdo, fusionarlos con el fin de constituir uno solo cuyo objeto fuera el conjunto de las cantidades adeudadas. El FOGASA solo unificó las deudas pendientes por medio del acuerdo de 18 de marzo de 1999 (12), es decir, cuatro años después del segundo acuerdo celebrado entre el FOGASA y SNIACE.

(39)

A efectos de la presente evaluación, la Comisión analizará primero el acuerdo FOGASA I y luego el acuerdo FOGASA II teniendo en cuenta los criterios aplicables al acreedor privado.

(40)

SNIACE y el FOGASA concluyeron un primer acuerdo de reprogramación de deudas el 5 de noviembre de 1993 por un importe de 1 362 708 700 pesetas (intereses incluidos). El acuerdo se celebró tras el pago por el FOGASA de los salarios e indemnizaciones adeudadas por SNIACE a su personal.

(41)

A efectos de su análisis, la Comisión tiene que distinguir el momento de la celebración del acuerdo (análisis ex-ante) del momento de su ejecución (análisis ex-post). En efecto, podría suceder que, tras analizar un acuerdo en función de sus propias características en el momento de su celebración, se llegara a la conclusión de que dicho acuerdo no comprende ayudas, y que su ejecución, en unas condiciones diferentes a las inicialmente previstas, modifique esa primera opinión y se llegue a la conclusión de que sí contiene ayudas.

(42)

La Comisión observa que el primer acuerdo de reprogramación de deudas con el FOGASA data del 5 de noviembre de 1993, es decir, de casi 8 meses después de la declaración de suspensión de pagos comunicada por el juez de primera instancia el 25 de marzo de 1993, que provocó que fuera el FOGASA el que tuviera que pagar a los empleados de SNIACE. En ese momento, el FOGASA vinculó el acuerdo a una hipoteca sobre los activos de SNIACE con objeto de garantizar al menos una parte de su crédito. El tipo aplicado por el FOGASA fue del 10 %, tal como establecía la legislación vigente en el momento de celebrarse el acuerdo.

(43)

Por su parte, Banesto había concedido en 1987 y 1991, es decir, bastante antes de que se celebrara el acuerdo FOGASA I, unas líneas de crédito hipotecario a SNIACE a unos tipos del 16 % y del 18 % respectivamente (las condiciones de mercado en aquel momento).

(44)

Así pues, se debe hacer constar que al producirse la suspensión de pagos de 1992 SNIACE tenía al menos dos acreedores: el FOGASA, al que adeudaba los salarios que SNIACE no había podido pagar a sus empleados, y BANESTO, por los créditos que le había concedido y que todavía no le había reembolsado en su totalidad.

(45)

Desde el anuncio de la suspensión de pagos, BANESTO hubiera podido ejecutar sus derechos como acreedor hipotecario privilegiado de SNIACE. Sin embargo, solo en virtud del acuerdo de 26 de septiembre de 1996, es decir, tres años después de celebrarse el acuerdo FOGASA I, cedió SNIACE a Banesto, como pago de una parte de sus deudas, las acciones que poseía en la empresa Inquitex y unos terrenos que estaban cubiertos por la hipoteca.

(46)

Por su parte, el FOGASA estaba obligado legalmente a pagar los salarios en caso de suspensión de pagos. Desde el momento en que el FOGASA tuvo que pagar los salarios a los trabajadores de SNIACE, comenzó a negociar con esta un acuerdo de reprogramación con el fin de recuperar su crédito. El hecho de que BANESTO no ejecutara sus créditos hipotecarios contra SNIACE más bien demuestra que FOGASA actuó con prudencia y sagacidad al celebrar el acuerdo de reprogramación y obtener garantías desde que se comunicó la suspensión de pagos, contrariamente al acreedor privado BANESTO.

(47)

Por ello, el FOGASA y SNIACE culminaron rápidamente unas negociaciones que permitían augurar la buena disposición de las partes para llegar a una solución amistosa.

(48)

Tras aceptar la demanda de los trabajadores de SNIACE, que solicitaban que se les abonaran los salarios e indemnizaciones que se les adeudaban en virtud del procedimiento judicial por el que se había declarado la suspensión de pagos, el FOGASA concluyó un acuerdo de reprogramación de deudas con objeto de que SNIACE le reembolsara las sumas comprometidas. El FOGASA aplicó el tipo de interés legal fijado por la ley española, es decir un 10 % en el momento en que las partes concluyeron el acuerdo.

(49)

La Comisión considera que, al conceder a SNIACE una reprogramación de sus pagos, el FOGASA aplicó el principio de la sentencia Tubacex, según el cual «un acreedor no pretende obtener una ganancia extraordinaria sobre el dinero que se le adeuda, sino que únicamente desea cobrar la totalidad de las cantidades que ha anticipado sin sufrir un perjuicio financiero. A tal efecto, cuando concede un aplazamiento de su crédito al objeto de obtener su devolución, exige el pago adicional de un interés que está destinado a compensar la depreciación que sufrirá el dinero como consecuencia del aplazamiento (13).».

(50)

En la época en que se celebró el acuerdo, el FOGASA conocía la crisis por la que atravesaba SNIACE, razón por la cual había intervenido a favor de los trabajadores para que estos pudieran percibir los salarios e indemnizaciones que SNIACE no podía pagarles debido a hallarse en situación de suspensión de pagos.

(51)

Es cierto que en el momento de los hechos, el único plan de viabilidad para SNIACE digno de tal nombre propuesto al FOGASA era la reprogramación de las deudas. Sin embargo, tras el grave conflicto social que vivió la empresa en 1992, su actividad se fue reactivando poco a poco, dejando entrever unas perspectivas de rentabilidad en el futuro, aun cuando la situación de la empresa siguiera siendo frágil.

(52)

La ausencia de un acuerdo con los acreedores privados así como el hecho de que estos no hubieran forzado la ejecución de las deudas desde 1993 pone de manifiesto que las perspectivas de que el rumbo de la empresa se enderezara tenían fundamento y que, en consecuencia, no convenía provocar el riesgo de que la empresa cesara sus actividades.

(53)

La Comisión considera que, en el momento de su celebración, el acuerdo FOGASA I no constituía una ayuda estatal.

(54)

Entre el 5 de noviembre de 1993 y el 18 de marzo de 1999, fecha en la que el FOGASA celebró un nuevo acuerdo de reprogramación por el que se prorrogó dos años más el plazo de pago de la deuda, SNIACE solo había reembolsado aproximadamente el 50 % de su deuda.

(55)

Antes que ejecutar las garantías e hipotecas constituidas a su favor con ocasión del acuerdo de 1993, el FOGASA prefirió modificar el acuerdo de reprogramación con el fin de ampliar al máximo las posibilidades de cobrar sus créditos. La Comisión observa, en cambio, que el 26 de septiembre de 1996, Banesto aceptó, como pago de parte de la deuda de SNIACE, unos terrenos propiedad de esta empresa, así como las acciones que SNIACE poseía en la empresa Inquitex.

(56)

La Comisión considera que el comportamiento del FOGASA no es comparable al de BANESTO, que intentó proteger una parte de su crédito mediante la celebración del acuerdo de 1996 contrariamente al FOGASA, que en modo alguno intentó cobrar su crédito de conformidad con el acuerdo celebrado con SNIACE.

(57)

La Comisión señala que, en el momento de renegociar el acuerdo, el FOGASA no exigió el pago adicional de un interés puesto que el importe total pagadero era el mismo, aunque el plazo final se hubiera atrasado dos años (14). Por consiguiente, la Comisión considera que debe rechazarse el argumento de España (15) de que quiso proteger su inversión de la depreciación monetaria.

(58)

La Comisión comprueba, a la vista del cuadro 3 que figura a continuación, que en el momento de celebrarse el acuerdo de 18 de marzo de 1999 por el que se modificó el acuerdo de 5 de noviembre de 1993, la empresa hacía frente a deudas crecientes, pérdidas repetidas y unos fondos propios negativos, lo que suscitaba dudas sobre las perspectivas de cobro del crédito:

Cuadro 3

(59)

Si bien es cierto que la empresa tuvo unos resultados ligeramente positivos en 1995, hay que reconocer que la situación financiera de la empresa indicaba que sus perspectivas de rentabilidad eran inciertas.

(60)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el FOGASA no se comportó como lo hubiera hecho un acreedor privado:

(61)

SNIACE y el FOGASA celebraron un segundo acuerdo de reprogramación de deudas el 31 de octubre de 1995 por un importe de 339 459 878 pesetas (intereses incluidos). Este acuerdo se concluyó tras haber pagado nuevamente el FOGASA los salarios e indemnizaciones adeudados por SNIACE a su personal.

(62)

Al igual que en relación con la ejecución del acuerdo FOGASA I, la Comisión considera que el comportamiento de FOGASA no es comparable al de BANESTO, entidad que mediante la celebración del acuerdo de 1996 buscó proteger una parte de su crédito, mientras que el FOGASA, que solo había cobrado una parte de las deudas objeto del acuerdo de 1993, concluyó un nuevo acuerdo en 1995 cuyo objeto eran nuevas deudas.

(63)

Este nuevo acuerdo se celebró a pesar de que:

(64)

Por añadidura, es evidente que el FOGASA no contempló la posibilidad de proceder a la ejecución forzosa de la deuda mediante la realización de la hipoteca constituida a su favor. Es cierto que la ejecución forzosa hubiera podido suponer el cierre de la empresa, pero no cabe la menor duda de que, en el marco de la liquidación de SNIACE, el FOGASA habría podido cobrar la totalidad o parte de la deuda tras la cesión de los activos de la empresa.

(65)

Sobre este particular, la Comisión señala que las autoridades españolas han respondido repetidamente que la estimación del valor de la empresa, que hubiera permitido calcular el importe que podía recuperarse, fue imposible y que, de cualquier manera, en caso de liquidación, el valor de los activos de la empresa hubiera podido sufrir una fuerte depreciación (16). Es evidente que, por esa razón, el FOGASA descartó la hipótesis de la liquidación de SNIACE en favor de la solución de la reprogramación.

(66)

Las autoridades españolas añadieron en su respuesta de 29 de septiembre de 2005 que «si, en su momento, el [FOGASA] se hubiese negado a la suscripción de un convenio de recuperación sin justificar esa negativa, estaría violentando la normativa que vincula al Organismo y actuando arbitrariamente.». La Comisión deduce de la declaración de las autoridades españolas que el FOGASA no pretendió justificar el posible rechazo de la reprogramación de la deuda. Para las autoridades españolas, el mero hecho de pretender recuperar la totalidad de la deuda, incluso a través del cierre de SNIACE, es insuficiente (17).

(67)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el FOGASA no se comportó como lo hubiera hecho un acreedor privado:

(68)

Como se ha mencionado en el considerando 21, la TGSS celebró un acuerdo con SNIACE el 8 de marzo de 1996, acuerdo que fue modificado el 7 de mayo de 1996 y el 30 de septiembre de 1997. A pesar de que se concluyó aproximadamente 18 meses después de la celebración del primer acuerdo, el acuerdo final se refería a las mismas deudas. Por ello, la Comisión considera que se trata de un único acuerdo modificado varias veces.

(69)

En el momento de celebrarse el primer acuerdo entre la TGSS y SNIACE, el 8 de marzo de 1996, así como en el momento en que se llevó a cabo su primera modificación, el 7 de mayo de 1996, los acreedores privados todavía no habían alcanzado un acuerdo. Solo a partir del momento en que se realizó la segunda modificación del acuerdo, es decir el 30 de septiembre de 1997, cabía comparar la posición de la TGSS con la de los acreedores privados.

(70)

Puede admitirse, en esta fase, que la TGSS fue más allá que los acreedores privados al celebrar un acuerdo con el fin de incrementar al máximo las posibilidades de recuperación de sus créditos.

(71)

De conformidad con la legislación española, la TGSS puede celebrar acuerdos de reprogramación de deudas siempre que aplique el tipo de interés legal vigente en el momento de la celebración del acuerdo.

(72)

De este modo, la TGSS intentó proteger sus créditos, sin sufrir pérdidas financieras, siguiendo la sentencia Tubacex.

(73)

En el momento de celebrarse este acuerdo, como ya se ha dicho en el considerando 63, inciso iii), SNIACE era una empresa en crisis debido a sus pérdidas repetidas desde hacía varios años, a unos fondos propios negativos y a su importante deuda.

(74)

Además, las autoridades españolas no han podido responder favorablemente a la petición de la Comisión (carta de 7 de agosto de 2008 D/53117) de que se le facilitaran las actas de las reuniones que tuvieron lugar entre la TGSS y SNIACE en 1994 (18). Estas actas hubieran permitido a la Comisión conocer el contexto de las negociaciones y valorar la opinión de la TGSS en cuanto a las posibilidades reales de SNIACE de hacer frente a sus compromisos tanto pasados como futuros. Al contrario, en su respuesta de 10 de septiembre de 2008, las autoridades españolas afirmaron no disponer de dichos documentos.

(75)

Resulta, pues, evidente que la TGSS conocía la situación financiera de SNIACE, en particular el incumplimiento de sus compromisos con el FOGASA. Dado que el acuerdo se celebró en 1996, la TGSS hubiera podido comprobar, gracias a los documentos contables de la empresa, que SNIACE solo había respetado parcialmente el acuerdo de 1993 y que, además, había celebrado con el FOGASA un nuevo acuerdo en 1995 (es decir, aproximadamente 6 meses antes del acuerdo con la TGSS), cuyo objeto eran nuevas deudas.

(76)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la TGSS no actuó como lo hubiera hecho un acreedor privado:

(77)

En opinión de la Comisión, solo la medida que condujo al acuerdo de 5 de noviembre de 1993 entre el FOGASA y SNIACE puede considerarse que cumple el criterio del acreedor privado. Por lo tanto, dicha medida no otorga una ventaja a SNIACE.

(78)

Por el contrario, la Comisión considera que la ejecución del acuerdo FOGASA I, modificado el 18 de marzo de 1999, el acuerdo FOGASA II y el acuerdo TGSS otorgan ventajas a SNIACE a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado por las razones expuestas anteriormente. En efecto, estas medidas otorgan ventaja a SNIACE al permitirle reprogramar sus obligaciones legales en relación con el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y las deudas contraídas con el FOGASA a las que SNIACE hubiera normalmente debido hacer frente si estos acreedores hubieran sido privados.

(79)

Por lo que se refiere a los demás criterios, la Comisión considera, en primer lugar, que las medidas se financian mediante fondos estatales, ya que tanto el FOGASA como la TGSS son organismos públicos cuyos recursos provienen del pago de cotizaciones obligatorias.

(80)

En segundo lugar, las medidas impugnadas son selectivas puesto que se aplican únicamente a SNIACE.

(81)

En tercer lugar, los mercados en los que opera SNIACE se caracterizan por un importante nivel de intercambios comerciales entre Estados miembros. SNIACE comercializa una parte de su producción en Europa, donde se enfrenta a la competencia de otras empresas. Por consiguiente, las ayudas concedidas a SNIACE pueden afectar al comercio entre Estados miembros. De la misma manera, estas medidas amenazan con falsear la competencia entre productores de productos textiles.

(82)

Por lo tanto, la Comisión considera que las medidas relativas a la ejecución del acuerdo FOGASA I, el acuerdo FOGASA II y el acuerdo TGSS constituyen ayudas estatales a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(83)

La compatibilidad de las medidas consideradas ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado debe evaluarse sobre la base de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 de ese mismo artículo.

(84)

Las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, y en el artículo 87, apartado 3, letras b), d) y e), no son, a todas luces, aplicables ya que las medidas no están destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, ni a promover la cultura y la conservación del patrimonio. Tampoco se trata de otra categoría de ayuda determinada por el Consejo por decisión, tomada por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión.

(85)

En consecuencia, conviene evaluar las excepciones relacionadas con el desarrollo de determinadas regiones o sectores previstas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c).

(86)

Al tratarse de ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinados sectores, y habida cuenta de la naturaleza de las medidas en cuestión, los únicos criterios pertinentes son los relativos a las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

(87)

Al tratarse de ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas regiones, la Comisión observa que la región en la que está ubicada SNIACE puede optar, desde el mes de septiembre de 1995, a las ayudas de finalidad regional en virtud del artículo 87, apartado 3, letra a), y que, antes de esa fecha, podía optar a las ayudas de finalidad regional con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c).

(88)

Por consiguiente, la Comisión tiene que analizar las medidas a la vista de las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis y las Directrices sobre ayudas de finalidad regional. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (19), las medidas han de ser evaluadas con arreglo a las directrices vigentes en el momento de la concesión de las ayudas.

(89)

En lo que respecta a las normas relativas a las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, no cabe duda de que, desde la publicación del Octavo Informe sobre Política de Competencia de 1979 y en todas sus directrices sucesivas, la Comisión exige un plan de restructuración que permita restablecer la viabilidad de las empresas en crisis (20).

(90)

En el presente caso, las autoridades españolas jamás han argüido que las medidas fueran una ayuda de salvamento y reestructuración. Tampoco han intentado demostrar que se trataba de un plan de restructuración a los efectos de las normas aplicables en la fecha de concesión de las ayudas impugnadas. Un plan de esa naturaleza debe incluir, entre otras cosas, medidas internas de reestructuración y medidas compensatorias, tal como exigen el Octavo Informe de la Comisión sobre Política de Competencia de 1979 (apartados 227 y 228) y las directrices adoptadas a partir de 1994 (21). La ausencia de plan de restructuración confirma que el único objeto de la ayuda era mantener el funcionamiento de la empresa sin exigir ninguna contrapartida en cuanto a su restructuración.

(91)

En cuanto al plan de viabilidad que el demandante presentó a la Comisión antes de incoarse el procedimiento, las autoridades españolas se han limitado a indicar, en particular en su carta de 30 de junio de 1997 en respuesta a la carta de la Comisión de 16 de mayo de 1997, que la conclusión del experto según la cual «la viabilidad de SNIACE solo puede garantizarse mediante la concesión de subvenciones que le permitan llevar a cabo proyectos de inversión y renegociar la deuda» era una opinión puramente personal, expresada en un estudio privado, y no reflejaba necesariamente la opinión de las autoridades españolas (22).

(92)

Por consiguiente, al no existir un plan de restructuración, las medidas adoptadas en el marco de los acuerdos FOGASA II y TGSS así como la ejecución del acuerdo FOGASA I no están justificadas sobre la base del Octavo Informe sobre Política de Competencia de la Comisión Europea de 1979 o de las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y reestructuración de 1994, 1999 o 2004.

(93)

Por lo que atañe a las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), relativas a las ayudas destinadas a favorecer o facilitar el desarrollo de determinadas regiones, la Comisión señala que la región en la que está implantada SNIACE puede optar, desde el mes de septiembre de 1995, a las ayudas de finalidad regional en virtud del artículo 87, apartado 3, letra a), y que, antes de esa fecha, podía optar a las ayudas de finalidad regional con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c).

(94)

Sin embargo, las ayudas concedidas a SNIACE carecen de las características necesarias para facilitar el desarrollo de determinadas regiones económicas a los efectos del citado artículo, en cuanto que se concedieron en forma de ayudas de funcionamiento, es decir sin estar sujetas a condición alguna sobre inversión o creación de empleos.

(95)

Desde 1979 (23) la Comisión solo autoriza ayudas que no estén subordinadas a una inversión inicial o a la creación de empleos en regiones que pueden optar a las ayudas de finalidad regional cuando el Estado miembro logra demostrar la existencia de desventajas y mide su importancia, lo que no ha sucedido en este caso.

(96)

Por consiguiente, las medidas adoptadas en el marco de los acuerdos FOGASA II y TGSS, así como la ejecución del acuerdo FOGASA I no pueden justificarse sobre la base de la Comunicación de la Comisión de 1979 o de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional de 1998.

(97)

En cuanto a las normas relativas al sector de las fibras textiles aplicables en el momento de la celebración de los acuerdos (24), la Comisión considera que las únicas ayudas a las que se podía optar eran las ayudas a la inversión. Sin embargo, las medidas impugnadas no presentan ninguna de las características de las ayudas a la inversión. Las medidas adoptadas en el marco de los acuerdos FOGASA II y TGSS, así como la ejecución del acuerdo FOGASA I no están justificadas sobre la base de las directrices de 1992 o 1996.

(98)

La Comisión considera que las disposiciones de aplicación del acuerdo FOGASA I, modificado el 18 de marzo de 1999, así como la celebración de los acuerdos FOGASA II y TGSS no pueden declararse compatibles

(99)

Dado que la Comisión considera que la ejecución del acuerdo FOGASA I, modificado el 18 de marzo de 1999, así como de los acuerdos FOGASA II y TGSS son incompatibles con el Tratado, el beneficiario tiene que devolver las cantidades percibidas.

(100)

Las modalidades de recuperación de las ayudas ilegales declaradas incompatibles se definieron en la Comunicación de la Comisión «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles» (en lo sucesivo, «la Comunicación de 2007») (25). La jurisprudencia del Tribunal, en primer lugar, así como el apartado 37 de la Comunicación de 2007 precisan que la Comisión no tiene que fijar el importe exacto que debe devolverse. Sin embargo, la decisión debe incluir indicaciones que permitan a España determinar ese importe.

(101)

El Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (26), que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (27), establece que la ayuda recuperable con arreglo a la decisión de recuperación devengará intereses calculados a un tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación. Se aplicará un tipo de interés compuesto hasta la fecha de recuperación de la ayuda.

(102)

No obstante, en relación con el método de cálculo de los intereses, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 11 de diciembre de 2008 en el asunto C-295/07, Comisión/ Département du Loiret and Scott SA  (28), ha afirmado que el método de actualización de una ayuda ilegal es una cuestión material y no procedimental (29). La Decisión de 2000, y la Decisión relativa a la segunda incoación del procedimiento se adoptaron mucho antes que el Reglamento (CE) no 794/2004.

(103)

En consecuencia, la Comisión considera que el método de cálculo de recuperación de las ayudas ilegales debe ser el utilizado en la época de la decisión anulada y que, por lo tanto, el Estado miembro utilizará el método denominado del «interés simple» para calcular el importe que debe devolverse.

(104)

A los efectos del presente caso, la Comisión distingue, por un lado, la ejecución parcial del acuerdo FOGASA I y, por otro, las medidas incompatibles de los acuerdos FOGASA II y TGSS.

(105)

Como se ha indicado en el considerando 77, la Comisión considera que el acuerdo celebrado entre el FOGASA y SNIACE el 5 de noviembre de 1993 cumple el criterio del acreedor privado y, por lo tanto, no constituye una ayuda estatal.

(106)

Sin embargo, dado que el citado acuerdo solo se respetó en parte, la Comisión considera que el acuerdo FOGASA I, revisado el 18 de marzo de 1999, constituye una ayuda incompatible e ilegal que debe recuperarse. La incompatibilidad afecta, por un lado, a las sumas impagadas de conformidad al acuerdo hasta el 18 de marzo de 1999 y, por otro, al remanente de la ayuda a partir de esa fecha.

(107)

La ayuda que debe recuperarse tendrá que incluir los intereses devengados calculados con arreglo al método del interés simple (véase el considerando 101). Las sumas que se hayan devuelto en cumplimiento del acuerdo FOGASA I antes de su revisión, incluso aunque el tipo de interés fuera inferior al tipo de interés de referencia de la Comisión, no constituyen una ayuda estatal y, por consiguiente, no es necesario recuperarlas. Los pagos efectuados distintos de los importes abonados en cumplimiento de los acuerdos pueden deducirse de las sumas que deban recuperarse en concepto de ayuda ilegal e incompatible.

(108)

Como también se ha indicado anteriormente, la Comisión considera que España concedió unas ayudas ilegales en forma de un acuerdo de devolución, celebrado con el FOGASA el 30 de octubre de 1995, y de un acuerdo de reprogramación de deudas, celebrado con la TGSS el 8 de marzo de 1996, contrarias al artículo 88, apartado 3, del Tratado y que estas ayudas son incompatibles con el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE.

(109)

Dado que las ayudas son ilegales e incompatibles, deben devolverse íntegramente y anularse sus efectos económicos. Los importes que deben recuperarse equivalen a la totalidad de la deuda objeto del segundo acuerdo con el FOGASA y del acuerdo con la TGSS. A ellas hay que sumar los intereses simples calculados con arreglo al tipo de referencia de la Comisión. Los pagos efectuados pueden deducirse de las sumas que deban recuperarse.

(110)

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede modificar en consecuencia la Decisión 1999/395/CE.

(111)

El primer acuerdo de devolución celebrado entre el FOGASA y SNIACE no constituye una ayuda estatal.

(112)

Por el contrario, la nueva evaluación de la ejecución del acuerdo de devolución celebrado con el FOGASA, el 3 de noviembre de 1993, del acuerdo de devolución celebrado asimismo con el FOGASA, el 30 de octubre de 1995, y de los acuerdos de reprogramación celebrados con la TGSS llevan a la conclusión de que España concedió una ayuda ilegal, contraria al artículo 88, apartado 3, del Tratado y que esta ayuda es incompatible con el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE.

(113)

Dado que la ayuda concedida es ilegal e incompatible con el mercado común debe obtenerse su devolución de conformidad con el Reglamento (CE) no 659/1999 y anularse sus efectos económicos.

1)

El artículo 1 quedará modificado como sigue:

2)

Los artículos 2 y 3 se sustituirán por el texto siguiente:

«Artículo 2

1.   España deberá obtener del beneficiario la devolución de las ayudas contempladas en el artículo 1, párrafo segundo.

2.   Las sumas que deben recuperarse devengarán intereses desde la fecha en la que estuvieron a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación efectiva.

3.   La recuperación de las ayudas contempladas en el artículo 1, párrafo segundo, será inmediata y efectiva.

4.   España velará por que la presente Decisión se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 3

1.   En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, España presentará la siguiente información a la Comisión:

2.   España mantendrá informada a la Comisión sobre el curso de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que la recuperación de las ayudas contempladas en el párrafo segundo del artículo 1 haya concluido. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados del beneficiario.».

14.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 210/16

(1)

El 3 de diciembre de 2002, Deutsche Post AG (en lo sucesivo, «DP») presentó una denuncia contra unas presuntas subvenciones cruzadas concedidas a las actividades de paquetería de Royal Mail Group plc («Royal Mail» o «RM»).

(2)

En respuesta a las peticiones de información de la Comisión, las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») proporcionaron información relativa a los temas planteados en la denuncia mediante cartas de 25 de febrero de 2003 y 13 de febrero de 2004, y por correo electrónico con fecha de 17 de diciembre de 2003. Esta información incluía otras medidas del Gobierno en relación con RM.

(3)

El 27 de mayo de 2003, la Comisión aprobó una serie de medidas en beneficio de Post Office Limited («POL»), filial de RM (asunto N 784/02) (2). De conformidad con estas medidas, se concedía una compensación a POL, financiada a través de una reserva («la reserva de correos») constituida a partir de la liquidez excedentaria generada por RM. El 22 de febrero de 2006, la Comisión no formuló ninguna objeción a la prórroga de una de estas medidas (ayuda a la red rural) durante un período adicional (asunto N 166/05) (3).

(4)

El 8 de octubre de 2003, DP interpuso una acción de anulación (T-343/03) contra la Decisión de la Comisión en el asunto N 784/02, alegando que esta Decisión suponía una desestimación implícita de su denuncia CP 206/02. El 16 de noviembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia no admitió el recurso de DP manifestando que la Decisión N 784/02 no implicaba la desestimación de la denuncia y que la Comisión estaba realizando investigaciones (según lo demostraba la correspondencia presentada ante el Tribunal).

(5)

El 10 de agosto de 2006, DP envió una carta invitando a la Comisión a pronunciarse sobre su denuncia de 2002 en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 232 del Tratado. Dicha carta contenía información referente a una serie de presuntas nuevas medidas de ayuda estatal. Estas medidas son distintas de las que constituían el objeto de la denuncia de 2002 y por lo tanto la denuncia contra ellas se tramitó como denuncia separada a la que se atribuyó la referencia CP 221/06, posteriormente NN 83/06. Las presuntas medidas eran:

(6)

En respuesta a las peticiones de información de la Comisión, las autoridades británicas proporcionaron la información pertinente relativa a los aspectos planteados en las dos denuncias mediante cartas de 6 y 31 de octubre de 2006. Por carta de 5 de diciembre de 2006, complementaron esta información en cuanto a las medidas en beneficio de POL mencionadas en el considerando 3.

(7)

Mediante carta de 27 de octubre de 2006, el Mail Competition Forum (MCF), un organismo que representaba a los nuevos operadores del mercado postal en el Reino Unido, presentó una denuncia sobre la cuenta especial dedicada a financiar las pensiones de RM también incluidas en la segunda denuncia de DP. Se atribuyó a la denuncia de MCF la referencia CP 164/06, que pasó a ser NN 82/06. Se envió una versión no confidencial de la denuncia a las autoridades británicas el 20 de noviembre de 2006. Las autoridades británicas presentaron sus comentarios a la denuncia mediante carta de 19 de diciembre de 2006.

(8)

Por carta de 7 de diciembre de 2006, la Comisión informó a DP de que no encontraba motivos suficientes para proseguir la investigación relativa a la denuncia CP 206/02, y que si no tenía respuesta de DP en el plazo de 20 días laborables, la denuncia se consideraría retirada. No se recibió ninguna respuesta en dicho plazo y por lo tanto la denuncia se consideró retirada.

(9)

El 7 de diciembre de 2006, el Reino Unido notificó la propuesta de prórroga de otra de las medidas en beneficio de POL (financiación del pago de deudas) incluida en la ayuda N 784/02, que en principio expiraba en 2007. La Comisión autorizó esta ayuda con la referencia N 822/06 mediante Decisión de 7 de marzo de 2007 (4).

(10)

El 8 de febrero de 2007, el Reino Unido comunicó a la Comisión el contenido de un anuncio referente a la «medida de las pensiones», a un instrumento de crédito de 900 millones GBP y también a un nuevo préstamo de 300 millones GBP a Royal Mail.

(11)

El 21 de febrero de 2007, la Comisión incoó el procedimiento de investigación correspondiente a las siguientes medidas:

(12)

La Decisión de 21 de febrero confirmó que se consideraba retirada la denuncia CP 206/02 y que la Comisión no formulaba ninguna objeción a la financiación de las medidas autorizadas para POL mediante el presupuesto del Estado en vez de hacerlo mediante la reserva de correos.

(13)

Por carta de 22 de febrero de 2007, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado por lo que se refiere a las medidas enumeradas en el considerando 11.

(14)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (5). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas de ayuda.

(15)

El beneficiario de la presunta ayuda estatal es Royal Mail Group plc, denominado posteriormente Royal Mail Group Ltd («RM») que (a través de una sociedad de cartera, Royal Mail Holdings plc) es una empresa de propiedad estatal al 100 %. RM es el principal operador postal británico y hasta finales de 2005 tenía un monopolio legal sobre la mayor parte de los servicios postales básicos. POL, filial de RM, opera la red de oficinas de correos.

(16)

Antes de 2001, The Post Office Corporation, organismo oficial creado por la ley de correos de 1969, realizaba las actividades postales en el Reino Unido. Los activos y compromisos de The Post Office Corporation se transfirieron a Consignia Holdings (denominada ahora Royal Mail Holdings plc) y a su filial, Consignia plc (ahora RM) el 26 de marzo de 2001, de conformidad con la ley de servicios postales de 2000.

(17)

RM tiene una división empresarial separada de paquetería, Parcelforce, que era el beneficiario según la denuncia de DP de 2002. Parcelforce tiene su propia infraestructura de red radial. En 2003, una parte de la actividad de paquetería (incluida la prestación de un servicio universal de paquetería en oficinas de correos) se transfirió de Parcelforce a la división de cartas de RM y ahora opera a través de esa infraestructura. En la actualidad Parcelforce solamente manipula paquetería urgente.

(18)

De conformidad con el régimen existente antes de la constitución y de las transferencias de 2001, The Post Office Corporation no estaba obligada a abonar dividendo alguno a las autoridades británicas y no lo hacía. Sin embargo, estaba obligada a invertir una proporción de los beneficios que generaba cada año en valores del Estado o en depósitos del Fondo Nacional de Préstamos. RM conservó estas inversiones, clasificadas como activos circulantes y a menudo denominadas «gilts», tras las transferencias de 2001. El 31 de marzo de 2002 ascendían a 1 800 millones GBP. Tras las instrucciones de las autoridades británicas dadas el 30 de enero de 2003 de conformidad con el artículo 72 de la ley de correos de 2000, RM colocó estos activos en una reserva especial («la reserva de correos») que debía utilizarse para financiar medidas específicas según las instrucciones.

(19)

En febrero de 2001, las autoridades británicas concedieron un préstamo de 500 millones GBP a RM para financiar adquisiciones en el extranjero para las actividades de correos y paquetería. El préstamo es reembolsable entre 2021 y 2025 a un tipo de interés medio de alrededor del 5,8 %. Las autoridades británicas han declarado en su correspondencia con la Comisión que este préstamo se concedía en condiciones comerciales y que siguieron los consejos de una consultoría para asegurarse de que así fuera. El préstamo estaba garantizado por las acciones que RM tenía en General Logistics Systems International Holdings BV y mediante otros activos de RM. El préstamo no se notificó a la Comisión.

(20)

En 2003, las autoridades británicas pusieron distintos instrumentos de crédito a disposición de RM para financiar su «plan de renovación» (incluida la reestructuración de Parcelforce). Estos instrumentos, presentados por las autoridades británicas como un paquete comercial, se negociaron entre RM y las autoridades británicas y consistieron en un instrumento de crédito de 544 millones GBP del Fondo Nacional de Préstamos («NLF»), garantizado por el saldo de caja acumulado de RM (en especial los fondos asignados a la reserva de correos), y en la adquisición por las autoridades de dos bonos emitidos por RM (uno de 300 millones GBP y otro de 200 millones GBP). También en este caso, las autoridades británicas han declarado en su correspondencia con la Comisión que estos instrumentos de crédito se concedieron en condiciones comerciales y que siguieron los consejos de una consultoría para asegurarse de que así fuera. También informaron a la Comisión de que, a octubre de 2006, estos instrumentos de préstamo no se habían utilizado, salvo un importe de 50 millones GBP utilizado como prueba y reembolsado en 7 días, y de que para entonces el instrumento de 200 millones GBP había expirado. No obstante, RM había pagado unas comisiones de compromiso de unos 2,5 millones GBP. Estos instrumentos de crédito no se notificaron a la Comisión.

(21)

En mayo de 2006, las autoridades británicas anunciaron su intención de prorrogar los instrumentos de crédito restantes y de aumentar su nivel de 844 millones GBP a 900 millones GBP. El 31 de octubre de 2006, las autoridades británicas indicaron que se estaban ultimando las condiciones exactas de esta prórroga pero que tenían la intención de que se ajustara a las condiciones comerciales y de que el préstamo no constituyera ayuda estatal.

(22)

En 2006, las autoridades británicas decidieron liberar 850 millones GBP del saldo de caja acumulado en la reserva de correos de RM y crear una «cuenta de garantía bloqueada» de la que el Royal Mail Pension Plan («RMPP») podría detraer en ciertas circunstancias en caso de que el negocio de RM fracasara. Esta medida se debe a que los diversos planes de pensión de RM, de los que el RMPP es el mayor con gran diferencia, arrojaban un déficit total (excedente del pasivo previsto respecto del activo, en ciertas hipótesis prudentes) de 5 600 millones GBP en sus cuentas de 2005/06, ejercicio en el que este déficit se incluyó por primera vez en el balance de RM. El RMPP, al igual que otros regímenes británicos de pensión de empresa, es un régimen por capitalización que está obligado a poseer activos que correspondan a sus compromisos. Según las autoridades británicas, RM no podría enjugar rápidamente este déficit y modernizar al mismo tiempo las actividades empresariales, teniendo en cuenta los flujos de caja previstos. Así pues, la cuenta permite a RM acordar con los administradores fiduciarios del RMPP un período más largo para enjugar el déficit, reduciendo su contribución a las pensiones en los primeros años. Las autoridades británicas han declarado que creen que el uso de la reserva de correos con este fin redunda en beneficio del interés comercial de RM y que, al permitir a RM ultimar su plan estratégico, aumentará el valor de la participación de las autoridades británicas. Sin la cuenta de garantía bloqueada y sin la prórroga de los instrumentos de crédito, las autoridades británicas afirman que cabe la posibilidad de que el valor de las acciones se destruya y no aumente, y que por lo tanto actuaban con criterio comercial.

(23)

El 8 de febrero de 2007, las autoridades británicas anunciaron su acuerdo de conceder a RM un préstamo participativo de 300 millones GBP. Este préstamo no se notificó a la Comisión. Del citado anuncio se desprendía claramente que este préstamo forma parte de un paquete de medidas junto con la cuenta de garantía bloqueada de pensiones y el instrumento de crédito.

(24)

En su Decisión de incoar el procedimiento de investigación, la Comisión expresó dudas sobre las afirmaciones de las autoridades británicas de que las medidas no constituían ayuda estatal porque se concedían en condiciones comerciales y por lo tanto no conferían ninguna ventaja a Royal Mail. El negocio de reparto de cartas y paquetería es internacional y la Comisión cree que una ventaja selectiva a favor de RM o de Parcelforce falsearía la competencia y afectaría al comercio entre los Estados miembros. Todas las medidas se concedieron con cargo a fondos controlados directamente por el Estado y por lo tanto constituían recursos del Estado en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado. Todas las medidas eran imputables al Estado y eran selectivas ya que solo se concedían a RM. Si conferían una ventaja a Royal Mail cumplían por lo tanto los criterios para ser consideradas ayuda estatal. La Comisión evaluó la cuestión de la ventaja por lo que se refiere a las medidas objeto del procedimiento.

(25)

Según se indica en el considerando 19, el préstamo de 2001 es reembolsable entre 2021 y 2025, con un tipo de interés medio de alrededor del 5,8 %. Esta cifra se sitúa claramente por debajo del tipo de referencia aplicable al Reino Unido en 2001 (el 7,06 %), año en el que el Reino Unido informó previamente a la Comisión de la concesión del préstamo. Las autoridades británicas presentaron ciertas pruebas de que en aquel momento, la curva de rendimiento en el Reino Unido era descendente y que, por lo tanto, los tipos de interés para semejante préstamo a largo plazo podían estar por debajo del tipo de referencia (que en aquella época se basaba en tipos quinquenales) sin contravenir el principio del inversor en una economía de mercado. Sin embargo, dichas pruebas también parecen indicar que parte del préstamo se concedió en 1999 y 2000. Esto no solo contradice la información anterior, sino que afecta a un período en que el tipo de referencia era incluso más alto (el 7,64 % en 2000). La Comisión también observó que, por lo menos en 2001, el rendimiento financiero de Royal Mail comenzaba a disminuir. Habitualmente, esto se reflejaría en las condiciones de cualquier crédito. Por esta razón, al evaluar un crédito a una empresa en crisis financiera, la Comisión puede utilizar como punto de comparación un tipo más alto que el de referencia.

(26)

Las autoridades británicas habían informado a la Comisión de que, a octubre de 2006, no se habían utilizado los instrumentos de crédito concedidos en 2003. Sin embargo, este hecho no permite concluir que dichos instrumentos no supusieran ninguna ventaja, puesto que la disponibilidad de los mismos tenía un «valor de opción» para la empresa. En 2003 no podía saberse que no se utilizarían. Así pues, hay que evaluar las condiciones de los instrumentos de crédito de la misma manera que el crédito de 2001. Cabe señalar que estos instrumentos de crédito estaban vinculados al plan de renovación de RM.

(27)

El crédito de NLF por un importe de 544 millones GBP se concedió a un tipo que era «superior en 25 puntos básicos al Libor o al gilt pertinente» (6). Cabe tener en cuenta que el tipo de referencia se fija en 75 puntos por encima de un tipo swap interbancario. Las autoridades británicas indicaron que el pequeño margen se justificaba por la garantía proporcionada, a saber las reservas de efectivo de RM. Sin embargo, la Comisión observó que estas reservas constituyen recursos del Estado que las autoridades británicas controlaban a través de una legislación específica. Por lo tanto, la Comisión cuestionaba que su uso como garantía disipara forzosamente sus dudas en cuanto al carácter de ayuda de la medida. Observó que si se hubiera utilizado el crédito, un ahorro de 50 puntos básicos sobrepasaría el valor de las comisiones de compromiso pagadas por RM.

(28)

Los bonos de 300 millones GBP y de 200 millones GBP se emitieron a tipos que eran superiores en 50 y 200 puntos básicos al gilt pertinente. El bono mayor contaba con una garantía variable sobre todos los activos de RM mientras que el más pequeño tenía una garantía menor. El margen de 50 puntos básicos por encima de un tipo basado en valores del Estado (que generalmente se sitúan por debajo de los índices interbancarios) implica que el crédito de 300 millones GBP pudo haberse concedido a un tipo inferior al tipo de referencia de la Comisión.

(29)

El 31 de octubre de 2006, las autoridades británicas informaron a la Comisión de que se estaban negociando las condiciones de la prórroga de los instrumentos de crédito de 2003, que aún existían en octubre de 2006 (a saber, el préstamo de 544 millones GBP del Fondo Nacional de Préstamos y el bono de 300 millones GBP), pero que habían recabado los servicios de una consultoría para asegurarse de que dichas condiciones fueran comerciales.

(30)

Según la información presentada por las autoridades británicas, un efecto de la cuenta bloqueada consistía en reducir las contribuciones a las pensiones que RM tenía que hacer al RMPP para enjugar su déficit en los años iniciales. La Comisión observó que esto es una indicación de que la medida puede conferir una ventaja a RM y por lo tanto constituir ayuda estatal. La Comisión tenía dudas sobre el argumento de que la medida podía justificarse como la intervención de un inversor en una economía de mercado, que no se basaba en previsiones ni en análisis financieros.

(31)

La Comisión identificó tres aspectos a tener en cuenta. Dado que Royal Mail ya disponía de los fondos de la reserva y que estos figuraban en su balance, un aspecto consistía en si la creación de la cuenta bloqueada podía considerarse una decisión comercial de RM a pesar de la implicación de las autoridades británicas, aspecto este que se deriva del régimen jurídico aplicable en concreto. El segundo aspecto, habida cuenta de los poderes particulares asumidos por las autoridades británicas sobre estas reservas, era si un accionista que actuase comercialmente estaría de acuerdo con este uso de los fondos propios. El tercer aspecto, dado que el uso de las reservas para la medida de las pensiones exige que las autoridades financien las medidas de POL mediante el presupuesto del Estado, era si un accionista aceptaría aportar nuevos fondos propios para financiar una cuenta bloqueada de esta índole.

(32)

Las condiciones del préstamo no se habían comunicado a la Comisión en el momento de la apertura de la investigación. Por ello, la Comisión no podía evaluar si dichas condiciones contenían elementos de ayuda. Dado que el préstamo forma parte del paquete de medidas respecto del cual la Comisión no ha disipado sus dudas de que pueda existir ayuda estatal, las condiciones del préstamo no podrían en ningún caso evaluarse de forma independiente.

(33)

La Comisión dudaba además de que, si constituían ayuda estatal, las medidas pudieran considerarse compatibles con el mercado común. Había observado que el artículo 86, apartado 2, del Tratado no parecía servir de base jurídica aunque RM tuviese encomendados servicios de interés económico general. El préstamo de 2001 y los instrumentos de crédito han sido explícitamente vinculados por las autoridades británicas a proyectos que no consisten en la prestación de servicios de interés económico general, a saber, las adquisiciones en el extranjero de RM y el plan de renovación adoptado en 2003. La cuenta de garantía bloqueada de pensiones no tenía este tipo de vínculo con ningún servicio de interés económico general prestado por RM.

(34)

La única base para la compatibilidad de estas medidas, en el caso de contener una ayuda estatal, la constituiría lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. Sin embargo, las medidas no parecen cumplir ninguna de las normas de aplicación de dicha disposición aprobadas por la Comisión hasta ahora. Por lo tanto, si existía ayuda estatal, la Comisión dudaba de que estas medidas fueran compatibles con el mercado común.

(35)

Deutsche Post afirmó que la investigación solamente abarcaba la parte de la ayuda concedida estos últimos años a Royal Mail. La Comisión había aprobado toda una serie de medidas de ayuda del Reino Unido que dieron lugar a que Royal Mail fuera el mayor beneficiario de ayuda en el sector postal (después de Poste Italiane) en los últimos años. DPAG señaló que, a pesar de todas estas medidas, el prestador liberalizado de servicios de entrega de paquetería de Royal Mail, Parcelforce, fue durante muchos años deficitario en gran medida. Puesto que Royal Mail no obtuvo simultáneamente de su otra actividad empresarial ingresos suficientes para compensar estas pérdidas, debieron cubrirse necesariamente mediante recursos estatales. Según la Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2002 [asunto C 61/99 – Deutsche Post AG (7)], esta pérdida de compensación constituye ayuda estatal incompatible con el mercado común. DPAG lamentaba que la Comisión no hubiera tomado en cuenta en estos procedimientos este hecho, que ya había destacado DPAG en su denuncia de 3 de diciembre de 2002.

(36)

Por lo que se refiere al préstamo de 2001, DP indicó que en enero de 1999 Royal Mail adquirió el prestador alemán de servicios de paquetería German Parcel GmbH («German Parcel») por 424 millones EUR. En otoño de 1999 German Parcel GmbH pasó a formar parte de la empresa recientemente creada General Logistics System («GLS»). GLS empezó a hacer numerosas compras en el mercado europeo. Durante el período 2000-2003, Royal Mail apenas generó beneficios con los que financiar estas adquisiciones. Si el préstamo para financiar estas compras se hubiera concedido en unas condiciones que en ese momento no se podían obtener en el mercado, existiría ayuda estatal ilegal que habría que devolver.

(37)

Por lo que se refiere a los instrumentos de crédito, DPAG consideraba que era difícil entender por qué Royal Mail no había financiado la renovación de su infraestructura postal mediante sus ingresos en los últimos años (según sus propias cifras, en el ejercicio económico 2005/06, Royal Mail registró un beneficio de explotación de 355 millones GBP). El organismo regulador Postcomm ya había tomado ampliamente en consideración las obligaciones de servicio universal de la empresa cuando aprobó sus tarifas. Por consiguiente, había que temer que el efecto general de las numerosas medidas de apoyo en forma de pagos directos del Estado, préstamos y medidas aprobadas de fijación de precios estribara en compensar con creces los costes de servicio universal de forma inaceptable según las normas sobre ayudas estatales. Esto podía afectar sensiblemente a la competencia en los mercados de las cartas, los paquetes y los envíos urgentes en el Reino Unido, en donde DPAG logró un volumen de negocios superior a 1 000 millones EUR en 2006.

(38)

DPAG exhortó a la Comisión a someter las medidas de ayuda enumeradas en la Decisión de incoar el procedimiento a un examen exhaustivo teniendo especialmente en cuenta las numerosas medidas de ayuda estatal ya aprobadas para Royal Mail.

(39)

En una primera respuesta a la incoación del procedimiento, TNT Post UK Ltd («TNT») prestó su total apoyo a la investigación como miembro del Mail Competition Forum que había presentado una denuncia referente a la medida de las pensiones. Como nuevo operador del mercado, se veía directamente afectado por cualquier forma de financiación que no se hiciera en igualdad de condiciones comerciales. Este tipo de financiación significaría que Royal Mail estaría en condiciones de mantener sus precios bajos artificialmente, lo que por consiguiente limitaría la capacidad de competir de TNT.

(40)

TNT señaló, a partir de las cuentas provisionales de Royal Mail Group Limited (antes plc) que «Royal Mail Group plc incurre en mora por lo que respecta a sus instrumentos de crédito con el Gobierno, pero ha recibido condonaciones formales del Ministerio de Comercio e Industria, en su condición de prestamista». TNT afirmó que, dadas estas condiciones, ningún prestamista comercial estaría dispuesto a prestar más cantidades a menos que las condiciones reflejaran adecuadamente el riesgo cada vez mayor de impago de intereses o de no reembolso del capital. TNT observó además que, en un documento de Royal Mail de marzo de 2007, titulado «Royal Mail’s position on the interim review» (Posición de Royal Mail respecto a la revisión intermedia), Royal Mail confirmaba que la refinanciación era interdependiente con la determinación del control de precios y la financiación del déficit de las pensiones a lo largo de 17 años. TNT consideraba que este período era desproporcionadamente excesivo y que, si se demostrara que las condiciones de la financiación no eran las de un inversor o prestamista comercial, ello significaría que este período de recuperación era demasiado largo. Por lo tanto, los límites de control de precios fijados por el organismo regulador postal Postcomm se habrían fijado a un nivel demasiado bajo. En su condición de competidor, TNT afirmó que se veía afectado directamente por los límites de precios del negocio postal que se establecieron en un cierto nivel contando con una financiación estatal y un período de recuperación del déficit del fondo de pensiones desproporcionadamente prolongado.

(41)

TNT hizo una presentación posterior que llegó mucho después del final del plazo oficial para presentar comentarios pero que no obstante la Comisión ha tenido en cuenta. TNT había realizado un análisis de las dos fuentes de financiación estatal puestas a disposición de Royal Mail, a saber: i) la financiación de préstamos, y ii) la liberación de reservas controladas por el Gobierno en una cuenta bloqueada en la que podían operar los administradores del fondo de pensiones de Royal Mail. Según la conclusión de TNT un inversor comercial no habría ofrecido estas dos fuentes de financiación.

(42)

Con respecto a los préstamos de 2001, estos se concedieron como préstamos sin garantía en febrero de 2001 con una duración aproximada, por término medio, de 21 años y un tipo de interés fijo de, por término medio, 5,84 %. En el mes de emisión de los préstamos, el tipo swap a 20 años (frente al GBP-Libor) oscilaba entre 5,87 % y 6,12 %. De esto podía deducirse que los préstamos estatales debían haberse pactado con un descuento sobre los tipos interbancarios vigentes mientras que en circunstancias normales la deuda de las empresas sin garantía paga un diferencial crediticio superior a los tipos interbancarios. El hecho de que los bancos comerciales aplicaran a Royal Mail el diferencial crediticio del 0,25 % por encima del Libor para préstamos con una duración mucho menor prueba que esto también es válido para Royal Mail. TNT también observó que los diferenciales crediticios aumentan considerablemente cuando los plazos de vencimiento son mayores. Basándose en la información disponible, concluirían que un operador comercial no habría participado en los préstamos de 500 millones GBP a Royal Mail en las condiciones publicadas. De hecho, un préstamo concedido en igualdad de condiciones de mercado habría rentado un tipo de interés sustancialmente mayor.

(43)

Por lo que se refiere a los bonos emitidos en 2003 (es decir, los instrumentos de crédito), TNT consideraba que la situación era algo diferente puesto que parecía que los bonos estaban garantizados mediante activos de Royal Mail. Dependiendo de la solvencia de estos activos (que, según la información disponible, parecía ser bastante elevada) cabía esperar que se redujera el diferencial con el Libor. Solo plantearía dudas la cuantía de esta reducción pero, dado que TNT no sabía claramente cuál era el tipo que Royal Mail pagaba realmente, era difícil determinar si, desde una perspectiva comercial, tanto Royal Mail como el Gobierno británico podían justificarlo.

(44)

Por lo que se refiere a los préstamos emitidos en 2007, TNT observó que no era posible determinar si se concedían en condiciones comerciales porque estas no eran de conocimiento público y, además, porque al parecer los préstamos estaban conectados con la cuenta de garantía bloqueada y con el instrumento de crédito existente. Sin embargo, en circunstancias normales un operador comercial no concedería financiación crediticia adicional ni renunciaría a las cláusulas relativas a la mora contempladas en los instrumentos existentes (tal como lo confirmaban las cuentas semestrales obligatorias de Royal Mail (8), en la nota 3 de la página 18: «Royal Mail Group plc tiene un pasivo neto a 24 de septiembre de 2006, debido fundamentalmente al déficit de las pensiones en su plan principal de pensiones, el Royal Mail Pension Plan. Por lo tanto, Royal Mail incurre en mora por lo que respecta a sus instrumentos de préstamo con el Gobierno, pero ha recibido condonaciones formales del Ministerio de Comercio e Industria, en su condición de prestamista»).

(45)

En cuanto a la medida de las pensiones, TNT dudaba de que, cuando se constituyó Royal Mail en marzo de 2001, la transferencia de los activos no empresariales y de los fondos propios relacionados con aquellos conocidos como la «reserva de correos» fuera comercial. Según TNT, era muy probable que un accionista comercial no hubiera constituido una empresa que incluyera un activo consistente en un préstamo (cuyo deudor era el accionista) y concediera posteriormente una aportación similar en fondos propios. TNT comentó que cuando en 1989 se «privatizó» KPN, el operador de los Países Bajos, existía un arreglo similar pero el balance de apertura de KPN en 1989 como sociedad neerlandesa de responsabilidad limitada no incluía ni los activos asociados ni las reservas.

(46)

Según TNT, la transferencia a la cuenta bloqueada por parte de las autoridades británicas actúa como garantía del consorcio de pensiones, cuyo beneficio para Royal Mail sería la posibilidad de enjugar el déficit durante un mayor período de financiación y de utilizar sus fondos propios para consolidar sus actividades empresariales. Si Royal Mail hubiera tenido que financiar el déficit inmediatamente, dependiendo de si el pasivo por pensiones del balance ya reflejara dicho déficit, se habrían encontrado con una pérdida y una reducción sustancial del neto patrimonial y, quizás aún más importante, con una reducción de fondos. En condiciones de mercado normales, si una empresa necesita fondos, puede pedir prestado en el mercado crediticio o reunir el capital adicional en los mercados de valores. En el caso de Royal Mail, parecía que había una tercera posibilidad, a saber, acordar con el organismo regulador un tope de precios menos riguroso en su control de precios. Los precios podían aumentar considerablemente sin alcanzar niveles abusivos. Dado que se necesitaba el consentimiento de Royal Mail para dar efecto al control de precios, se trataba de una facultad de Royal Mail que su accionista conocía.

(47)

TNT comentó que, para conseguir dinero en el mercado crediticio, un prestatario necesita un argumento convincente de que puede reembolsar la deuda mediante el futuro flujo de caja. Para obtener dinero en el mercado de valores, una empresa necesita un argumento todavía más convincente de que va a producir para el accionista un rendimiento significativo sobre la aportación total de capital invertido. Como único accionista de Royal Mail, el Gobierno británico debería haber efectuado todas las investigaciones necesarias para cerciorarse de que la situación financiera de Royal Mail mejoraría si se le permitiera llevar a cabo su plan estratégico. El problema fundamental era si el hecho de realizar más inversiones liberando fondos de las reservas tendría sentido comercial o si equivaldría a seguir «tirando el dinero». Una decisión de este tipo debería ser fruto de un análisis muy claro del rendimiento que debe derivarse de la inversión adicional. A falta de pruebas contundentes que demuestren que el plan de reestructuración –hecho posible gracias a la liberación de fondos de las reservas– produciría un rendimiento comercial de este capital invertido para el accionista, TNT consideraba que la decisión se habría tomado en condiciones no comerciales.

(48)

Por lo que se refiere al préstamo de 2001, el Reino Unido aclaró que los orígenes del préstamo se remontaban a 1999, cuando el Gobierno aprobó la estrategia de Royal Mail de hacer ciertas adquisiciones para contribuir a la competitividad del negocio fundamental de Royal Mail. Al dar su acuerdo a esta estrategia, las autoridades tuvieron especialmente en cuenta el pronóstico del rendimiento esperado a medida que Royal Mail avanzaba hacia la realización de su objetivo estratégico. Royal Mail preveía para el quinto año de su estrategia global de adquisiciones, un crecimiento del volumen de negocios del 40 % y un incremento de los beneficios del 210 %. En las conversaciones sobre la financiación de las adquisiciones y en especial de la de German Parcel, que fue la primera adquisición extranjera importante de Royal Mail, las autoridades británicas indicaron que deseaban que Royal Mail financiara esta transacción (y transacciones futuras) mediante un préstamo del NLF estatal a tipos comerciales. Esto reflejaba la intención del Gobierno de imponer a Royal Mail una disciplina comercial y también de asegurarse de que compitiera equitativamente con otros operadores postales del sector a medida que el mercado se abría gradualmente a la competencia.

(49)

Como el NLF no estaba en condiciones de conceder los préstamos en 1999, el Gobierno británico aceptó que Royal Mail financiara temporalmente las transacciones a través del uso de las reservas de efectivo de su balance, de conformidad con la política británica de que los organismos de propiedad pública no debían por lo general solicitar créditos en los mercados de capital privados. El interés sobre el préstamo del NLF se aplicaría a partir de la fecha (9) en que Royal Mail utilizase sus reservas de efectivo como si el préstamo hubiera estado disponible a partir de ese momento (según lo previsto originalmente) para dejar a la empresa en una posición neutral con respecto al dispositivo de financiación provisional. El Reino Unido presentó a la Comisión la carta de 12 de enero de 1999 por la cual las autoridades británicas dieron a Royal Mail su aprobación a la adquisición de German Parcel y en la que se especificaba cómo se concedería la financiación.

(50)

Para considerar si las adquisiciones propuestas por Royal Mail eran sensatas desde un punto de vista estratégico y comercial, las autoridades británicas recabaron la ayuda de un consultor externo para la adquisición de German Parcel. Para las adquisiciones subsiguientes que también se financiaron mediante el préstamo de 500 millones GBP y que necesitaban el consentimiento de las autoridades británicas, se recabó la asesoría de Deloitte & Touche LLP («Deloitte»), que evaluó cada adquisición de forma individual, antes de que las autoridades británicas dieran su visto bueno a las correspondientes adquisiciones. Deloitte no se pronunció en contra de ninguna adquisición.

(51)

También se solicitó a Deloitte que ayudase a determinar los tipos de interés comerciales sobre los anticipos del NLF a Royal Mail y en especial el grado de solvencia de Royal Mail basado en la evaluación de su solvencia como empresa separada, independiente de la propiedad estatal. Deloitte evaluó el riesgo de crédito de RM en función de los riesgos comerciales y financieros y, utilizando comparadores y coeficientes financieros, determinó un grado de solvencia entre el AA y el AA-. Deloitte recomendó además determinar el tipo de interés cargado a Royal Mail por referencia a los tipos para emisores con una solvencia comparable basándose en un examen del «índice» de diferencias de precios correspondientes a la solvencia crediticia en cuestión tomando como referencia los bonos del Estado. Según este método, la diferencia pertinente aplicada a Royal Mail oscilaba entre 76 y 165 puntos básicos.

(52)

Royal Mail buscaba un préstamo a largo plazo puesto que, para ejecutar su estrategia, pretendía conservar a largo plazo las empresas que adquiriese. Tomando como base los tipos de interés comerciales disponibles en aquel momento (cuando los tipos de interés a largo plazo eran considerablemente más bajos que los tipos a corto plazo), Royal Mail solicitó unas duraciones de préstamo de entre 20 y 25 años, según el caso, para las adquisiciones a largo plazo en cuestión, que hiciera posible que 100 millones GBP de la cantidad total prestada pudiese ser reembolsable en cada uno de los años del período 2021-2025, en lugar de que Royal Mail tuviese que reembolsar la totalidad de los 500 millones GBP en un año. Los tramos del préstamo tenían plazos de vencimiento diferentes que oscilaban entre 20 y 25 años, lo que no era inusual dado el atractivo relativo de los tipos de interés a largo plazo en aquel momento. Los tipos de préstamo se basaban en una deuda similar no garantizada y aplazada entre 20 y 25 años con un grado de solvencia AA y luego se interpolaron los tipos anuales para derivar un índice adecuado para el préstamo de Royal Mail.

(53)

El Reino Unido mantuvo que los tipos de interés de referencia de la Comisión no eran un comparador válido para los tipos del préstamo de 2001, en especial porque los índices de la Comisión se basan en plazos de vencimiento quinquenales y el préstamo en cuestión consistía en deuda a largo plazo con una gama de vencimientos de entre 20 y 25 años, porque el préstamo anticipado a Royal Mail reflejaba los tipos comerciales disponibles para los prestatarios a largo plazo con una posición similar, y porque en el Reino Unido la curva de rendimiento en 1999-2000 (el período pertinente para calcular el interés) era descendente, lo que abarataba el endeudamiento de las empresas.

(54)

No se consideró necesaria o apropiada ninguna garantía para el préstamo pues se consideraba que el grado de solvencia de Royal Mail era AA para los instrumentos de deuda de hasta 1 000 millones GBP. El préstamo propuesto aún mantendría la deuda a largo plazo de Royal Mail dentro de este nivel y constituiría la mayoría sustancial de la deuda de Royal Mail con un plazo de vencimiento superior a un año. Sin embargo, al mismo tiempo que negociaban los instrumentos de deuda de 2003, las autoridades británicas decidieron regularizar los préstamos de 2001 de 500 millones GBP en un documento de forma similar a los acuerdos de 2003. Este nuevo documento no cambiaba la cantidad ni la duración de los préstamos ni los tipos de interés aplicables pero, dado el aumento global del endeudamiento de la empresa, ampliaba también la garantía sobre las acciones de GLS dada con arreglo a los nuevos instrumentos para abarcar el préstamo de 2001. Al mismo tiempo, se garantizaba el préstamo mediante un cargo fijo y flotante sobre algunos de los activos de Royal Mail.

(55)

El Reino Unido proporcionó otros detalles sobre los instrumentos de crédito concedidos en 2003. Según las condiciones, los préstamos debían estar respaldados mediante garantías sobre algunos de los depósitos en metálico incluidos en el balance de Royal Mail y por lo tanto eran deuda con un riesgo especialmente bajo que justificaba un margen de […] (10). En respuesta a la observación de la Comisión de que estos depósitos en metálico constituían recursos estatales controlados por las autoridades británicas de conformidad con una legislación específica y cuyo uso como garantía no podía por lo tanto disipar claramente las dudas en cuanto al carácter de ayuda de la medida, las autoridades británicas declararon que intentaban lograr que los depósitos en metálico y otros activos de la empresa se usasen de tal modo que respondiera a principios comerciales para implantar en la empresa una disciplina eficaz por lo que se refiere a los instrumentos. Haciendo uso de sus poderes conforme al artículo 72 de la ley de servicios postales de 2000, las autoridades ordenaron a Royal Mail que consignase sus depósitos de efectivo en el NLF generados por los beneficios acumulados del negocio (que totalizaban cerca de 1 800 millones GBP) en una reserva especial incluida en el balance de Royal Mail (la reserva de correos). Un acuerdo por carta separada permitía utilizar 549 millones GBP de la reserva como garantía del instrumento de crédito de 544 millones GBP del NLF.

(56)

En respuesta a las preguntas de la Comisión sobre la comisión de compromiso pagada por Royal Mail por los instrumentos de crédito del NLF, el Reino Unido aclaró que la comisión anual de compromiso en este caso era de […] puntos básicos del valor del préstamo, es decir, […] % del margen de […] puntos básicos aplicado sobre el Libor. Las autoridades británicas declararon que según la convención de mercado la comisión de compromiso es generalmente del 50 % o menos del margen sobre el Libor, y presentaron ejemplos para ilustrar esta afirmación. Durante este período era habitual aplicar a la deuda principal unos márgenes relativamente bajos –alrededor de 50 puntos básicos o menos–. Dado que la disponibilidad de los otros instrumentos (los bonos) estaba condicionada a que el Parlamento aprobara el suministro de fondos al departamento gubernamental pertinente en el momento en que necesitase los fondos para comprar los bonos que debía emitir Royal Mail, no procedía aplicar una comisión de compromiso para estos otros instrumentos puesto que estos últimos nunca estuvieron realmente comprometidos a Royal Mail. La práctica del mercado, en un contexto crediticio privado, consiste en pagar un honorario de compromiso solamente cuando el prestamista ha obtenido todas las aprobaciones internas necesarias de modo que el dinero esté formalmente comprometido al prestatario (e incondicionalmente disponible para él).

(57)

El Reino Unido también describió el análisis de los instrumentos de crédito propuestos que se realizó antes de que se concedieran, incluido el cálculo del valor actual neto («VAN») del rendimiento del flujo de tesorería de la refinanciación propuesta así como algunas opciones alternativas. Se estimó que la opción propuesta tendría un rendimiento de […] GBP mientras que el de las alternativas era de […] GBP en el mejor de los casos. El Reino Unido confirmó además que, con excepción de una detracción de prueba reembolsada en el plazo de una semana, los instrumentos concedidos en 2003 no se utilizaron antes de su vencimiento o se volvieron a incluir en los instrumentos concedidos en 2007.

(58)

El Reino Unido explicó que los instrumentos de crédito concedidos en 2007 consistían en un instrumento de deuda principal de 900 millones GBP que forma parte de un paquete de financiación que incluye la medida de las pensiones y el préstamo subordinado de 300 millones GBP. Los instrumentos de deuda pretenden financiar el programa de transformación e inversión de Royal Mail, incluidos los costes de reducción de personal. El préstamo preferente de 900 millones GBP sustituye y prorroga el instrumento de préstamo de 844 millones GBP concedido en 2003 y está estructurado en dos tramos: el tramo de […] GBP, que solamente puede financiar la transformación, y el de […] GBP, que se destina a efectos generales del capital de explotación de la empresa (con exclusión de Post Office Limited). La medida entró en vigor a partir del 19 de marzo de 2007 y tiene un plazo de vencimiento de […] años desde esta fecha. Tiene un margen de […] puntos básicos sobre el Libor pertinente (11) durante los […] primeros meses. A partir de ese momento, el margen depende del nivel de la razón de cobertura de cargos fijos (rentabilidad como múltiplo de los pagos de intereses), con un mínimo de […] puntos básicos. El instrumento de 900 millones GBP está garantizado mediante las acciones de una nueva filial que Royal Mail ha creado, Royal Mail Estates Limited, que posee prácticamente todos sus activos inmobiliarios (salvo los correspondientes a Post Office Limited), con un valor total de mercado estimado por Atis Real en septiembre de 2006 en […] GBP.

(59)

El Reino Unido describió las medidas tomadas para velar por el cumplimiento del principio del inversor en una economía de mercado y señaló al mismo tiempo que el carácter comercial del paquete financiero de 2007 debía evaluarse globalmente (véanse más adelante los considerandos 64 y 65). Tanto el Crédit Suisse como Deloitte habían informado de que el instrumento respetaba las condiciones comerciales y de que el interés pagadero se ajustaba a los tipos del mercado, incluso mediante una evaluación comparativa con préstamos hechos en el mercado. Aunque ese análisis sugiriera que el plazo de siete años se sitúa en el extremo superior de la gama vigente en el mercado, las comisiones de tramitación y de compromiso, así como las pruebas de detracción y de incumplimiento parecen todas ellas conformes con las normas de mercado para préstamos garantizados sobre la base de los préstamos de Royal Mail (en este caso, sobre todo bienes inmuebles). Las medidas referentes a la garantía se apartaban de la práctica de mercado (sobre acciones en lugar de sobre bienes inmuebles) pero el Reino Unido consideró que esto era realmente más ventajoso desde la perspectiva de un prestamista por razones de coste, coordinación y administración.

(60)

Por lo que se refiere a la afirmación de TNT que hacía referencia al incumplimiento de los instrumentos de préstamo de RM con el Gobierno y a las condonaciones recibidas del Ministerio de Comercio e Industria, el Reino Unido explicó que la condonación era necesaria por una cuestión puramente técnica relativa a la introducción de nuevos requisitos contables para las pensiones (FRS17), y no como consecuencia de ningún deterioro subyacente del rendimiento comercial del negocio. También observaron que los instrumentos de 2007 no eran «adicionales» como sugería TNT, sino que sustituían a los instrumentos de 2003.

(61)

El Reino Unido explicó la mecánica de la constitución de la cuenta bloqueada, incluida la garantía dada a los administradores del fondo de pensiones sobre el importe. En este caso, la cuenta de garantía bloqueada de 850 millones GBP se financiaba mediante la reserva de correos por un importe de 796 millones GBP y a través de una aportación de capital para los 54 millones GBP restantes. Según los acuerdos, los administradores tienen derecho a ejecutar la garantía sobre la cuenta bloqueada cuando se produzcan ciertos acontecimientos limitados que supongan un incumplimiento, consistente principalmente en la liquidación por insolvencia de las empresas pertinentes (Royal Mail Holdings plc o Royal Mail Group Limited) o cuando la garantía constituida por la cuenta bloqueada deje de ser aplicable. Los acuerdos relativos a la garantía también establecen las circunstancias necesarias para liberar los fondos de las cuentas de la garantía constituida mediante los correspondientes acuerdos. Estas circunstancias consisten, sin entrar en detalles, en que el fondo de pensiones alcance un nivel de solvencia del 75 %. Una vez liberados los fondos de la garantía creada por el acuerdo de garantía de Royal Mail Holdings, las partes han reconocido que el accionista puede decidir que los 850 millones GBP de la cuenta bloqueada (más el interés devengado) que se hayan liberado de la citada garantía puedan entregarse al accionista en ejercicio de los poderes aplicables con arreglo a la ley de servicios postales de 2000 o a otros derechos o poderes.

(62)

La provisión de la cuenta bloqueada dio lugar a que los administradores acordaran un período de 17 años para la recuperación del déficit de las pensiones. Las autoridades británicas hicieron hincapié en las declaraciones del regulador del fondo de pensiones según las cuales los períodos de recuperación superiores a diez años serían objeto de un análisis especial que examinaría, entre otras cosas, si los administradores habían hecho uso de un «activo contingente» (por ejemplo, una cuenta bloqueada) para reducir los riesgos resultantes del plan de recuperación. El Reino Unido negó la sugerencia de la Comisión de que el acuerdo relativo a la cuenta bloqueada permitía a Royal Mail reducir sus contribuciones a las pensiones, sosteniendo que, a falta de la cuenta bloqueada, el resultado estaría sujeto a negociación y no se podía predecir. Si no se llegaba a un acuerdo, la disponibilidad de fondos para la inversión empresarial peligraría.

(63)

El Reino Unido confirmó que concedía a Royal Mail un préstamo participativo mediante una deuda subordinada de 300 millones GBP a un tipo de interés del […] % acumulado hasta el vencimiento del préstamo. El instrumento estaba disponible durante dos años y su madurez sería o la última de las fechas finales de reembolso del instrumento de deuda principal […], o la fecha de liberación de los importes del depósito de pensiones. Las condiciones del préstamo subordinado se negociaron como parte del paquete total y no como si se tratase de un instrumento independiente. El Reino Unido declaró que la condición según la cual el reembolso solo podía tener lugar una vez liberado el depósito de pensiones era consecuencia de la naturaleza subordinada del préstamo. Esto a su vez se reflejaba en el alto tipo de interés que, de resultas de los riesgos comerciales, era mayor que la gama indicada por los asesores del Gobierno como coste de oportunidad adecuado de los fondos propios. Los asesores del Gobierno habían confirmado que esta solución era «plenamente comercial».

(64)

El Reino Unido declaró que los componentes del paquete de financiación de 2007 se negociaron como elementos de un conjunto integrado y que su comercialidad no se evaluaba ni debía evaluarse de forma independiente, aunque sus condiciones individuales se evaluaran por referencia a equivalentes comerciales. Deloitte y Crédit Suisse examinaron la naturaleza comercial del paquete, y en especial del acuerdo relativo a la cuenta bloqueada, y el Gobierno se basó en la asesoría de ambos.

(65)

El planteamiento de Deloitte consistía en considerar el valor de empresa del negocio según el Plan estratégico asumiendo que se realiza una inversión en custodia de 1 000 millones GBP. Este valor de empresa se calcula descontando los flujos de tesorería previstos antes de la financiación al coste ponderado medio de capital del negocio. Según el Reino Unido, la inversión en custodia es apropiada para un inversor racional comercial de capital:

Deloitte también estimó una tasa interna de rentabilidad (TIR) asociada, definida como el tipo de descuento para los futuros flujos de caja, que reducía el valor neto real del negocio a […]. El análisis de Deloitte indicó un valor neto real después de la inversión de más de […] GBP y una tasa interna de rentabilidad («TIR») de […], y que estas rentabilidades resistían una gama de análisis de sensibilidad. Se examinaron dos situaciones alternativas sin la inversión en custodia según las cuales, a decir de Deloitte, el valor de los recursos propios podría empeorar considerablemente. En cambio, con la inversión propuesta, se esperaba que el valor de la inversión aumentara de forma significativa con el tiempo.

(66)

Según lo observado en la Decisión de incoar el procedimiento, la cuestión de si cada una de las medidas consideradas constituye ayuda estatal depende de la existencia de una ventaja para Royal Mail en el sentido del artículo 87 del Tratado, puesto que los demás criterios de la existencia de ayuda se cumplen claramente. Para determinar si la medida proporcionó una ventaja a RM, la Comisión examina si un operador privado, actuando en una economía de mercado, hubiera estado dispuesto a proporcionar financiación en las mismas condiciones.

(67)

Las aclaraciones proporcionadas por las autoridades del Reino Unido explican por qué el tipo de interés que se aplicó a los tramos de préstamo se fijó a un tipo medio a largo plazo (20 años) del 5,8 %, por debajo del tipo de referencia de la Comisión vigente en aquel momento, que es un tipo a un plazo menor (12). También explican, en la carta mencionada en el considerando 49, cómo los orígenes del préstamo se remontaban a 1999 y cómo se fijaron entonces las condiciones. Las aclaraciones contestan a las observaciones de TNT (véase el considerando 42) porque TNT hizo comparaciones con los tipos de crédito de 2001, que no fue cuando se fijaron los tipos de crédito. También explican la falta de garantías sobre el préstamo (que en todo caso se modificó posteriormente cuando se emitieron los préstamos de 2003). Finalmente, contestan al aspecto planteado por la Comisión en la Decisión de incoar el procedimiento de que, por lo menos en 2001, el declive del rendimiento financiero de Royal Mail había comenzado. No ocurría así en 1999, cuando se comprometió el préstamo, ni en el período 1999-2000 que es el pertinente para fijar los tipos de interés.

(68)

Cuando se acordaron los préstamos, los tipos del interés de referencia de la Comisión se fijaban de conformidad con la Comunicación de la Comisión de 1997 relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización («la Comunicación sobre tipos de referencia de 1997») (13). Conforme a esta Comunicación, la Comisión definía unos tipos basados en los tipos swap interbancarios a cinco años más una prima, pero se reservaba el derecho a utilizar un tipo básico a menor plazo (por ejemplo, el tipo Libor a un año) o un tipo básico a mayor plazo (por ejemplo, el índice de los bonos a diez años) que los tipos swap interbancarios a cinco años. A causa de la mayor duración fija de los préstamos, la Comisión cree que el uso de tal índice a más largo plazo es apropiado en este caso.

(69)

La Comisión ha observado que se llegó a los tipos aplicados tras un proceso basado en las transacciones con préstamos comerciales observadas que se compararon luego con el bono del Estado pertinente (14). El margen de los bonos del Estado oscilaba entre 76 y 165 puntos básicos, lo que es por lo tanto suficiente en comparación con los 75 puntos básicos fijados en la Comunicación sobre tipos de referencia. La Comisión también comparó los tipos aplicados con los tipos swap interbancarios a 20 años en las fechas pertinentes. Los tipos aplicados se aproximan mucho a estos tipos (generalmente menos de 10 puntos básicos de diferencia). La Comisión observa que el Reino Unido y sus asesores no se basaron en el swap interbancario pertinente ni en ningún otro tipo publicado sino que buscaron referencias comerciales directas. Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión acepta que la medida en cuestión no proporcionó una ventaja a Royal Mail y no constituyó ayuda estatal.

(70)

Según lo indicado en la Decisión de incoar el procedimiento, estos instrumentos nunca se utilizaron en el período anterior a su prórroga o modificación en 2007. Por lo tanto, la Comisión no incoó el procedimiento por lo que respecta a las condiciones del préstamo y la presente Decisión no examina la corrección del tipo acordado. No obstante, la Comisión se preguntó si los instrumentos tenían un valor de opción para la empresa cuyo contenido de ayuda estatal debiera evaluarse. A este respecto, la Comisión ha establecido que los instrumentos, a pesar de no haberse utilizado, fueron no obstante objeto de una comisión de compromiso de […] anual aplicada a los instrumentos que se comprometieron. La Comisión ha quedado convencida de que se trataba de un tipo de mercado, fijado como porcentaje del margen sobre el Libor del préstamo subyacente, que es la práctica de mercado, y a un nivel del […] conforme con dicha práctica (la Comisión ha visto ejemplos que oscilaban del 16 % hasta el 50 %). El Parlamento no aprobó en ningún momento otros instrumentos y por lo tanto nunca se comprometieron, de modo que no darían lugar normalmente a una comisión. La Comisión está por lo tanto plenamente convencida de que los instrumentos concedidos en 2003 no confirieron en la práctica una ayuda estatal a Royal Mail.

(71)

En 2007, los instrumentos pendientes de 2003 (15) fueron sustituidos por un «instrumento de deuda principal» de 900 millones GBP, con arreglo a unas condiciones revisadas. La Comisión ha examinado las condiciones de este instrumento. El tipo de interés aplicado es de […] puntos básicos sobre el Libor pertinente durante los primeros 12 meses, y con un tipo variable a continuación según la razón de cobertura de gastos fijos pero nunca por debajo de […] puntos básicos sobre el Libor pertinente. El instrumento está garantizado por un cargo flotante (16) sobre los activos de Royal Mail, un cargo fijo sobre las acciones de la nueva filial Royal Mail Estates Ltd, que es la tenedora de la cartera de bienes inmuebles de RM, y un cargo flotante sobre los activos de esa empresa. El valor de mercado de los bienes inmuebles de RM Estates se valoró en […] GBP. La Comisión ha evaluado estas condiciones con arreglo a Comunicación sobre tipos de referencia de 1997 que era aplicable cuando se establecieron. Dado que el valor de los activos que garantizan los préstamos supera el valor de los préstamos casi en un 50 %, se considera que la garantía es «elevada». El margen sobre el Libor de entre […] y […] puntos básicos es por lo tanto suficiente con arreglo a la Comunicación que establece un margen de 75 puntos básicos (según se indica en el considerando 68, en la Comunicación sobre tipos de referencia de 1997 la Comisión contemplaba la posibilidad de usar el Libor como base para la evaluación). Además, la Comisión ha tenido en cuenta la información proporcionada por las autoridades británicas extraída de otras transacciones garantizadas con empresas inmobiliarias, que parece indicar que las condiciones se han fijado por referencia a transacciones comerciales comparables. La Comisión ha determinado, basándose en su análisis del tipo de referencia, que estos instrumentos de crédito, analizados por separado, no constituyen ayuda estatal.

(72)

Dado que los instrumentos de 2007 estaban disponibles como parte de un paquete junto con otras medidas, y dada la insistencia del Reino Unido en que los elementos del paquete financiero de 2007 no debían evaluarse por separado, la Comisión debería determinar si la evaluación por separado efectuada en el considerando 71 puede ser concluyente. Esta cuestión se desarrolla en la sección 5.5.

(73)

Tras los comentarios y la explicación de las autoridades del Reino Unido la Comisión pudo comprender el mecanismo de la medida de las pensiones. Según lo descrito anteriormente en el considerando 22, Royal Mail debe inscribir en su balance el gran déficit de pensiones y la ley británica de pensiones la obliga a acordar un plan con los administradores y en especial un período para enjugar ese déficit mediante pagos destinados a compensar el déficit del fondo del régimen. La medida permitía a Royal Mail prorrogar ese período con el efecto consiguiente sobre los pagos que debe hacer. La Comisión observó al principio que la naturaleza jurídica de la medida (que supone liberar reservas sobre las que el Estado tenía un control efectivo de conformidad con una legislación específica para su uso en un acuerdo relativo a la cuenta bloqueada a favor del fondo de pensiones) no tenía ningún símil directo en transacciones comerciales normales, incluso aunque el sector privado pudiera contemplar la posibilidad de depositar fondos en una cuenta de garantía bloqueada (17). Así pues, para evaluar la afirmación del Reino Unido de que la medida se ajustaba a condiciones comerciales, la Comisión tuvo que determinar el parámetro de referencia apropiado para su evaluación.

(74)

La medida libera fondos que estaban totalmente controlados por el accionista para ser utilizados por RM para modificar los pagos de compensación del déficit que está obligada a hacer en su régimen de pensiones colocando esos fondos en una cuenta bloqueada (aunque la reserva de correos estaba formalmente en su balance, RM no podía hacer uso de las reservas y de los activos asociados sin la aprobación del Gobierno). Aunque esta liberación de fondos no sea estrictamente una inyección de capital, el mejor símil, en cuanto a sus efectos, es dicha operación. Si no se hubieran liberado los fondos, Royal Mail no podría haber constituido la cuenta bloqueada sin obtener el capital de otras fuentes o sin detraer de otras reservas. Es verdad que la medida obligaba a que, una vez liberada la cuenta bloqueada, los fondos volvieran al control del Estado. Sin embargo, el plazo considerado necesario previsto para que esto sucediera (17 años), la incertidumbre en cuanto a si los fondos podrían volver en la práctica al accionista si el resultado financiero de RM disminuyera durante este período, y la falta de rendimiento garantizado de los intereses llevó a la Comisión a desechar la posibilidad de asimilar la transacción a la concesión de un préstamo. La Comisión decidió que esta conclusión era tanto más razonable cuanto que, el 31 de marzo de 2007, cuando la reserva de correos solo ascendía a 796 millones GBP, las autoridades británicas inyectaron 54 millones GBP como nuevo capital para adecuar la reserva de correos al nivel acordado de 850 millones GBP antes de establecer la cuenta bloqueada. Por ello y para analizar su conformidad con el principio del inversor en una economía de mercado, la Comisión ha analizado la liberación de los fondos que estaban totalmente controlados por los accionistas para su utilización por RM como inyección de fondos propios.

(75)

La Comisión, cuando examina la conformidad con el mercado de las inyecciones de fondos propios, compara el valor actual neto de la participación en el patrimonio de los poderes públicos con la inversión (después de la aportación de dinero) y sin la inversión (antes de la aportación de dinero) (18). Si la diferencia es superior al capital inyectado se considera que la aportación se ajusta al principio del inversor en una economía de mercado. Este examen del incremento es necesario porque sin él no se sabría con claridad qué parte del rendimiento para el accionista (los dividendos o, en caso de venta de participaciones, el precio de venta) sería fruto de la inversión y qué ocurriría sin ella. El método de cálculo del valor de una participación en el patrimonio, tanto antes como después de la aportación durante un determinado período, consiste en sumar el valor actualizado de los flujos de tesorería futuros obtenidos de esa participación durante ese período (normalmente los dividendos aunque una reducción de capital sería otra posibilidad) a cualquier aumento del valor durante el período.

(76)

La respuesta inicial del Reino Unido adjuntaba un informe de Deloitte que presuntamente indicaba una TIR de […] para las inversiones previstas. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto varios problemas con la metodología utilizada.

(77)

En primer lugar, el cálculo solo se refería al supuesto de la inversión y no se basaba en una comparación entre las situaciones con y sin inversión. En respuesta a estas críticas, el Reino Unido contestó que para un supuesto sin inversión se presumía un valor de fondos propios de […]. Sin embargo, la afirmación de que en un supuesto sin inversión el valor de fondos propios era de […] no figuraba ni se confirmaba en el informe de Deloitte. Por tanto la Comisión no podía entender que el informe original de Deloitte siguiera lo que la Comisión considera la metodología apropiada, a saber la basada en la comparación entre las previsiones con y sin la inversión.

(78)

En segundo lugar, el método para determinar el valor de la participación en el patrimonio consistía en calcular un valor de empresa (es decir, la suma de las deudas de los acreedores y las de los accionistas) utilizando los flujos de tesorería de la empresa y el valor final y a continuación deducir las deudas. Si bien este método no es incorrecto, no indica claramente los flujos libres de tesorería disponibles solo para los accionistas, que es uno de los indicadores (aunque no el único determinante) de si una inyección de fondos propios se ajusta al principio del inversor en una economía de mercado. Así pues, la Comisión prefiere el método consistente en descontar los flujos de tesorería pagados directamente al accionista (dividendos) y en utilizar un valor final que represente no un valor de empresa sino un valor de fondos propios. Esto también implica la utilización del coste de fondos propios como tipo de descuento en vez del coste medio ponderado del capital. Este era el método utilizado en los asuntos Landesbanken antes citados (véase la nota 17 a pie de página).

(79)

En tercer lugar, en este cálculo se evaluaron conjuntamente el instrumento de deuda principal descrito en el considerando 71 y la liberación de la reserva de correos, mientras que normalmente las pruebas para un préstamo y para una inyección de fondos propios son diferentes (prueba del inversor privado frente a prueba del prestamista privado) y por lo tanto la evaluación debe efectuarse por separado (19). Si bien es cierto que no es raro que un accionista actúe también como prestamista en grandes grupos, la Comisión considera que es difícil evaluar las dos medidas en el mismo marco dada su diferente naturaleza. Esto no significa, sin embargo, que no se deban tener en cuenta los efectos recíprocos de ambas medidas. Al contrario, el análisis de la liberación de los fondos que estaban totalmente controlados por el accionista para su uso por RM se basa en flujos de tesorería que reflejan la presunción de que se conceden a RM los préstamos objeto de esta Decisión.

(80)

La Comisión por lo tanto pidió al Reino Unido que presentase la evaluación incremental de los fondos propios en el mejor de los supuestos sin inversión pero que sin embargo fuera realista. Por lo que se refiere a la identificación del supuesto alternativo, las previsiones sin inversión hechas por la propia RM (el supuesto de manage for cash o MFC) eran de […]. Por consiguiente, Deloitte esbozó un supuesto alternativo diferente según el cual […] y enjugaba su déficit de pensiones en 12 años y no en 17. Sin embargo, según la evaluación de este supuesto hecha por Deloitte, aunque el problema de las pensiones podía resolverse de forma eficaz a corto plazo […]. Cabe tener en cuenta que la Comisión no puede estar segura de que esta alternativa sea el mejor supuesto disponible sin inversión, que obviamente sería la base de un análisis del principio del inversor en una economía de mercado. Sin embargo puede afirmarse que cualquier duda referente al supuesto de inversión se magnificaría ante cualquier alternativa mejor que pudiera concebirse.

(81)

A petición de la Comisión, el Reino Unido presentó cifras que permitían evaluar el supuesto de inversión frente a ambas alternativas. Por las razones resumidas en el considerando 78 la Comisión exigió que las proyecciones utilizasen flujos libres de tesorería disponibles para los titulares de fondos propios, un valor neto real para el valor final y el coste de los fondos propios como tipo de descuento.

(82)

El Reino Unido facilitó las siguientes previsiones (20). El cuadro muestra el cálculo de la participación pública con inversión (supuesto con inversión), seguido del resultado del mismo cálculo en el caso alternativo. Basándose en estas cifras, el valor de la participación pública es de […] GBP en el supuesto con inversión y de […] GBP en el supuesto alternativo sin inversión.

(83)

Como la diferencia de […] GBP es superior a la suma invertida, el Reino Unido sostiene que ha demostrado que la inversión tiene carácter comercial. No obstante, la Comisión determinó que es necesario analizar con más detenimiento esta afirmación.

(84)

Según el cuadro anterior:

(85)

Además la Comisión confirmó que incluso después de los […] primeros años, no está claro que las cifras de los años […] sean en efecto dividendos que se puedan distribuir al accionista. Esto se debe a que la inclusión del déficit de las pensiones de RM en el balance (tras las nuevas normas contables) da lugar a un valor negativo de la empresa en términos contables, lo que plantea graves obstáculos a cualquier detracción de efectivo en forma de dividendos incluso de […]. En el informe original de Deloitte presentado por el Reino Unido, […].

(86)

Dado el modelo de rendimientos para el accionista (resultantes prácticamente todos ellos del valor final y prácticamente ninguno de los dividendos) la Comisión cree que un inversor privado esperaría algunos rendimientos del efectivo en los […] años siguientes a la inversión y sería difícil que todos o la mayoría de los rendimientos de la inversión procediesen del valor final en el […] año. Dado que el valor final es esencialmente el valor de los flujos de tesorería a partir del […] año descontado al […] año, se pide al inversor privado que crea que aunque su inversión no produce ningún rendimiento en […] años, es sin embargo una buena inversión según las perspectivas tras el […] año. Dado que las previsiones a un período tan largo están expuestas a muchas variables imprevisibles y que en consecuencia son, por su propia naturaleza, de una fiabilidad limitada, la Comisión considera que un inversor privado no estaría dispuesto a invertir en tales condiciones, especialmente en el sector postal cuyas perspectivas a largo plazo son inciertas. La Comisión también duda de que tal inversor hubiera estado dispuesto a subordinar tan ampliamente sus intereses como accionista a los de los empleados/pensionistas y al reembolso de la deuda.

(87)

No solo el supuesto de inversión se basa en gran medida en el valor final calculado en 2016/17, sino que el valor final también puede ponerse en duda tanto a causa de la metodología de cálculo como debido a las cifras subyacentes. Por lo que se refiere a la metodología, se llegó al valor final tomando la cifra del EBITDA en el último año multiplicada por un factor que es el coeficiente entre el valor de la empresa y el EBIDTA en equivalentes de sector. Se eligió a TNT y a Deutsche Post/DHL debido a que si bien RM no está ahora a la par con esas empresas, lo estará después de […] años del plan de inversión. El resultado de este planteamiento es un valor de empresa (aproximadamente deuda más fondos propios), que no es coherente con el planteamiento descrito en el considerando 81, que exige usar un valor neto real como valor final. Si se utiliza un valor neto real adecuado el valor final cambia perceptiblemente, es decir, desciende. Por lo que se refiere a las cifras subyacentes que llevan al valor final, la Comisión observa en especial que se preveía que el resultado neto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de RM creciese anualmente por encima del […] en el período del plan. La Comisión consideró que esta proyección era sumamente optimista en un sector recientemente liberalizado, regulado y maduro.

(88)

La Comisión aplicó al cálculo presentado por el Reino Unido diversas pruebas cambiando las presunciones utilizadas y la metodología de cálculo, en especial para el valor final. Llegó a la conclusión de que, dada la importancia del valor final en las cifras suministradas, bastaban unas variaciones menores de la metodología tales como un cálculo distinto del valor final y un crecimiento menos optimista de los beneficios para cambiar sustancialmente la evaluación de la inversión.

(89)

En conclusión, la Comisión no ha podido concluir que la liberación de los fondos que estaban totalmente controlados por el accionista para su uso por RM para cambiar los pagos de déficit que debe hacer en su régimen de pensiones colocando esos fondos en una cuenta bloqueada se ajuste al principio del inversor en una economía de mercado.

(90)

Por consiguiente, la Comisión ha procedido a examinar la compatibilidad de cualquier ayuda contenida en la medida (véase la sección 6).

(91)

La medida produce efecto en Royal Mail a través de sus pagos al régimen de pensiones para enjugar el déficit de las mismas, que pueden, gracias a la medida, extenderse durante un número de años superior al que hubiera tenido sin la medida. Así pues, estos pagos son más bajos durante los primeros años (porque sin la medida, RM tendría que enjugar el déficit más rápidamente y hacer por lo tanto unas contribuciones más altas al pago del déficit) pero mayores en los años posteriores, cuando el déficit se habría enjugado de otro modo.

(92)

Para evaluar esta ventaja, mediante el cálculo del valor actual neto de los pagos de tesorería modificados, es necesario partir de ciertas premisas relativas especialmente al plazo necesario para enjugar el déficit de no existir la medida, y elegir un tipo de descuento. La Comisión aceptó utilizar un plazo de 12 años para enjugar el déficit, que era la base del «supuesto alternativo» examinado en el considerando 80 y que Royal Mail presentó al regulador postal británico en el contexto de la revisión de precios. Esta cifra es ligeramente superior al plazo de 10 años utilizado como parámetro de referencia por el regulador británico de pensiones (21). Sin embargo, teniendo en cuenta que la cifra de 12 años se ha utilizado para otras finalidades y además el gran volumen del déficit en relación con la empresa, que por lo tanto necesitaría por lo general un plazo mayor para poder enjugarlo, la Comisión cree que esta suposición es aceptable. La Comisión ha aplicado un tipo de descuento del 12 % que representa el coste de los fondos propios. De este modo, el valor para Royal Mail del cambio de las contribuciones a las pensiones como consecuencia de la medida asciende a […] GBP.

(93)

Según se ha indicado anteriormente, el préstamo participativo está subordinado tanto a la otra deuda de RM como al interés de los pensionistas (no puede reembolsarse antes de liberar la cuenta bloqueada). Esto llevó a la Comisión a considerar si la medida no debería equiparase a una inyección de fondos propios (véase también la nota 19 a pie de página).

(94)

Sin embargo, la Comisión ha determinado (22) que la subordinación no impide evaluar los préstamos para comprobar la existencia de ayuda estatal igual que ocurre con los préstamos no subordinados. Así pues, estos préstamos pueden evaluarse a la luz de la Comunicación sobre los tipos de referencia (23), si bien es cierto que a un nivel de calificación más bajo que sus equivalentes no subordinados.

(95)

La Comunicación sobre los tipos de referencia de 1997, vigente en 2007, fijaba los tipos por referencia a los tipos observados de una duración específica, a saber cinco años. No obstante, la medida que nos ocupa tendría una duración igual a la de la cuenta bloqueada, que se estimaba en 17 años. Cuando se emitió el préstamo, la curva de rendimiento en el Reino Unido era descendente, como lo había sido en 1999. Aunque el tipo de referencia fuera el 5,9 %, los tipos swap a 15 años de libras esterlinas a finales de marzo de 2007 eran de un 5,2 %. El parámetro de referencia utilizado en la Comunicación sobre los tipos de referencia de 1997 eran los tipos swap interbancarios a cinco años y, por lo tanto, la Comisión considera que el tipo correspondiente a 15 años es un parámetro de referencia adecuado para la presente medida. Conforme a la Comunicación, este tipo debería incrementarse con la prima estándar de 75 puntos básicos, hasta un 5,95 %.

(96)

El tipo resultante debería sufrir un nuevo ajuste para reflejar el grado de seguridad y de subordinación.

(97)

El préstamo participativo no está asegurado y por ello se debe considerar que su garantía era inferior a la que los bancos exigirían como norma general. En estos casos, la Comunicación sobre los tipos de referencia de 1997 establece un margen sobre el parámetro de referencia pertinente de 400 puntos básicos o más si ningún banco privado hubiera aceptado conceder el préstamo de que se trate. Con arreglo a las decisiones previas de la Comisión (24) de conformidad con la Comunicación sobre los tipos de referencia de 1997, la Comisión cree que el tipo debe incrementarse con una prima de 400 puntos básicos que reflejan la falta de seguridad y de 200 puntos básicos debido a la naturaleza subordinada del instrumento.

(98)

Teniendo en cuenta que el tipo de préstamo de […] % es mayor que la suma de 5,95 % más 600 puntos básicos, la Comisión puede aceptar que, considerada por separado, la medida no constituye ayuda estatal.

(99)

Dado que los instrumentos de 2007 se concedieron como parte de un paquete junto con otras medidas, la Comisión necesita determinar si esta evaluación por separado puede ser concluyente. Este aspecto se examina con más detalle en la sección 5.5.

(100)

La Comisión ha determinado que dos de las medidas de 2007 tomadas por separado (instrumentos de crédito de 2007 y préstamo participativo de 300 millones GBP) no constituyen ayuda estatal, pero no ha podido llegar a la misma conclusión por lo que respecta a la medida de las pensiones. Dado que las medidas se anunciaron simultáneamente, la Comisión debe evaluar si puede confirmar la conclusión de que no existe ayuda, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal (25).

(101)

La Comisión ha observado que los instrumentos de crédito prorrogados en 2007 eran, en la práctica, la continuación de medidas concedidas en 2003, si bien es cierto que con condiciones revisadas. De ello se desprende que cuando se concedió la medida por vez primera, la medida de las pensiones no existía. Las finalidades de los instrumentos de crédito y de la medida de las pensiones pueden también diferenciarse: los primeros proporcionan una fuente externa de financiación para el plan de transformación de Royal Mail, mientras que la segunda debe proporcionar la garantía para el reembolso del déficit en 17 años. Según lo observado anteriormente, la garantía adquirida sobre los activos de RM por lo que se refiere a los instrumentos de crédito se ajustaba a la práctica del mercado. Los tres criterios establecidos por el Tribunal (se tomaron la cronología, la finalidad y la situación cuando se adoptó la medida) abogan en pro del carácter de ayuda de los instrumentos de crédito evaluados por separado.

(102)

Por lo que se refiere al préstamo participativo, la decisión de conceder esta medida se produjo después que la de las otras medidas de 2007. El préstamo se añadió al marco de financiación anunciado anteriormente para proporcionar el margen suficiente de financiación que permitiera a Royal Mail cumplir su plan de transformación, tras una disminución del resultado previsto durante el período de ejecución del plan. La finalidad de la medida puede distinguirse de la de la medida de las pensiones de la misma manera que se distingue de los instrumentos de préstamo. Finalmente, la situación de RM cuando se concedió el préstamo no invalida la conclusión de que no existe ayuda, puesto que la situación ya se tiene en cuenta en la evaluación de la adecuación del tipo de interés.

(103)

Así pues, la Comisión concluye que la única medida respecto de la que no se puede excluir la existencia de un elemento de ayuda, y cuya compatibilidad debe por lo tanto evaluarse, es la medida de las pensiones. Esa evaluación se realiza en la próxima sección.

(104)

La medida de las pensiones solamente podía ser declarada compatible por la Comisión de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, que afirma que podrán declararse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (26). Además, hay jurisprudencia referente a la aplicación del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado a la situación específica de medidas de pensiones, y el siguiente análisis evalúa la medida a la luz de esa jurisprudencia. En consecuencia, la presente Decisión no constituye una aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis a efectos de la sección 3.3 de dichas Directrices (27).

(105)

Para evaluar la compatibilidad de la medida de las pensiones, es necesario primero describir la historia de Royal Mail y sus acuerdos sobre las pensiones.

(106)

En 1969, Royal Mail (entonces llamada Post Office) dejó de ser un departamento del gobierno y se convirtió en una empresa pública creada por ley conforme a la ley Post Office de 1969. Conforme al artículo 43, apartado 1, de la ley, los acuerdos sobre pensiones del personal de Post Office estaban sujetos a la aprobación del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. Los empleados dejaron formalmente de ser funcionarios, pero conservaron sus derechos a pensión adquiridos y continuaron adquiriendo otros derechos esencialmente en las mismas condiciones que los funcionarios. Según estas condiciones, la pensión final se determinaba en función de los años de servicio y del sueldo final. Así pues, era un régimen de «prestación definida» ya que el nivel de la pensión estaba fijado en las normas del régimen. El régimen de pensión se separó del régimen de la función pública y se convirtió en un régimen por capitalización tenedor de activos para hacer frente a los compromisos futuros (al igual que otros regímenes de pensión de empresa del Reino Unido).

(107)

En 1987 y 2008 se realizaron importantes revisiones de los acuerdos sobre pensiones (en la última ocasión, estas medidas estaban ya en preparación cuando se adoptó la medida de las pensiones). Las condiciones revisadas de 1987 seguían siendo condiciones de «prestación definida», es decir, una pensión basada en el sueldo final y proporcional al número de años de servicio. Según la revisión de 2008, los nuevos miembros se adherían con arreglo a una «contribución definida» según la cual el nivel de la pensión final dependerá del rendimiento de los activos del fondo. En ambos casos, los nuevos trabajadores estaban obligados a adherirse al régimen conforme a las condiciones revisadas mientras que los trabajadores existentes continuaban adquiriendo derechos en condiciones iguales o similares a las anteriores.

(108)

En su Decisión de 16 de diciembre de 2003 sobre la ayuda estatal concedida por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (28), la Comisión declaró compatible con el mercado común una ayuda estatal que descargaba a las empresas de un determinado sector de determinadas obligaciones en concepto de jubilación que eran superiores a los compromisos resultantes de los convenios generales en materia de jubilación y que se habían definido durante el período de monopolio. También consideró que el alivio parcial de los costes derivados del mecanismo para financiar los derechos de pensión específicos adquiridos antes de la fecha de la reforma constituía ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, que podía declararse compatible con el mercado común. En su análisis de las cuentas, la Comisión concluyó que la situación de EDF no era muy diferente intrínsecamente de la de los costes de transición a la competencia del sector de la energía.

(109)

En su Decisión de 10 de octubre de 2007 relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia con respecto al modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a La Poste (29), la Comisión consideró que las medidas de ayuda en cuestión descargaban a La Poste de obligaciones de pensiones específicas que superaban las resultantes del régimen general de jubilaciones y que se habían establecido durante un período de monopolio. Estas obligaciones eran fruto, en primer lugar, de unas contribuciones mayores a la pensión pagadera a los trabajadores que tenían el estatuto de funcionario y, en segundo lugar, del requisito de garantizar el equilibrio de su régimen de jubilación para estos trabajadores.

(110)

La Comisión concluyó que las medidas constituían ayuda estatal que, no obstante, era compatible con el mercado común de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. En este sentido, observó que las medidas se limitaban a lo estrictamente necesario para el establecimiento de condiciones iguales por lo que se refiere a las contribuciones sociales y fiscales obligatorias y que, en último término, favorecerían por lo tanto el desarrollo de la competencia y de la liberalización del sector postal. Además, estableciendo un paralelo con la Decisión de EDF, observó que La Poste ya no contrataba funcionarios, que los futuros pagos de pensiones de La Poste la situaban en una situación comparable a la de sus competidores por lo que se refiere a las contribuciones sociales y fiscales y que las obligaciones que resultaban de la ley de 1990 antes de la liberalización del sector postal habrían afectado a la competitividad de La Poste en un entorno en fase de liberalización.

(111)

En Francia, los regímenes de pensión de empresa («el segundo pilar») son obligatorios y se financian por un sistema de reparto. Generalmente el pago por el empresario de las contribuciones lo libera de cualquier otra responsabilidad de financiar los derechos a pensión resultantes. El hecho de que La Poste estuviera obligada, conforme a una ley de 1990, a garantizar el equilibrio de su sistema de jubilación para los funcionarios imponía a la empresa una obligación que otras empresas no tenían que cumplir.

(112)

En el Reino Unido, el régimen de pensiones es distinto del francés. La mayor parte de los regímenes de pensión de empresa se pactan al margen del régimen obligatorio de jubilación del Estado. La mayor parte de las grandes empresas cuentan con sus propios regímenes de pensión. Conforme a la ley británica de pensiones, estos regímenes deben proporcionar un derecho a pensión que cumpla ciertas normas y los empleadores tienen ciertas obligaciones de velar por que los regímenes tengan la financiación adecuada. Según las normas contables actuales (IFRS), los empleadores deben anotar en sus balances los déficit de estos regímenes de pensión. Por consiguiente, las normas que exigen a Royal Mail que responda de su déficit no son diferentes de las que se aplican a otras empresas. Sin embargo, el nivel de ese déficit es el resultado de unas condiciones que se fijaron por ser de titularidad estatal.

(113)

Así pues, el contexto de hecho y de derecho de Royal Mail es diferente al de las decisiones en los asuntos FED y La Poste. No obstante, hay ciertos aspectos de esos asuntos que según la Comisión son aplicables a Royal Mail. En especial, los asuntos indican que unas mayores contribuciones a la pensión que sean fruto de una situación específica (y en especial del estatuto de funcionario) y que hayan sido establecidas durante un período de monopolio pueden considerarse costes anormales cuyo pago por el Estado puede ser compatible con el mercado común de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(114)

En el caso de Royal Mail, los derechos de pensión adquiridos por los empleados que se adhirieron al régimen de pensiones antes de 1987 se alineaban claramente con los derechos de los funcionarios públicos. El 31 de marzo de 2007 el régimen de pensiones tenía 153 125 miembros ya jubilados y percibiendo su pensión que se habían adherido al sistema en las condiciones citadas. Por lo tanto son antiguos empleados que se han retirado ya y que no prestan sus servicios a la empresa. Según la información proporcionada por las autoridades británicas, las condiciones aplicables a los miembros que entraron a formar parte del sistema después de 1987 no pueden definirse claramente como condiciones funcionariales ni tampoco como condiciones del sector privado similares a las que aplicarían los competidores de RM en el mercado postal de reciente liberalización. Según se ha indicado ya, a partir de 2008 los nuevos miembros ya no podían acogerse a estas condiciones. Por término medio, los compromisos correspondientes a los miembros que entraron a formar parte del régimen de pensión antes de 1987 superan considerablemente los de los miembros que entraron a formar parte del régimen con las condiciones obtenidas tras la reforma de 1987 y hasta la nueva reforma de 2008. El valor de esos compromisos adicionales se ha cuantificado en […] GBP por empleado.

(115)

En consecuencia, el régimen de pensiones de Royal Mail aún soporta compromisos considerables que son únicamente consecuencia de la contratación de personal con las mismas condiciones que la función pública y durante una época en la que Royal Mail disfrutaba de un monopolio sobre el correo postal ordinario. Estas condiciones corresponden con las que existían en el asunto La Poste. La Comisión ha establecido, basándose en la información proporcionada por el Reino Unido, que estos compromisos adicionales ascendían a una cuantía de […] GBP (el producto de 153 125 y de […] GBP) que por lo tanto superan, por un margen algo considerable, la cuantía de […] GBP como posible contenido de ayuda de la medida. La Comisión no ha considerado necesario, al realizar este análisis, determinar si estos compromisos del régimen de pensiones constituyen la totalidad del importe de los compromisos del régimen que pueden considerarse fuera de lo normal, una vez que ha establecido que en todo caso superan el posible contenido de ayuda de la medida.

(116)

La Comisión también ha establecido que, en común con las características de las medidas del asunto La Poste descritas en el considerando 107, las condiciones que dan lugar a los costes adicionales ya no están disponibles para los nuevos empleados y que, efectivamente, no lo han estado desde 1987 y que las obligaciones que resultaban de esas condiciones antes de la liberalización del sector postal habrían afectado al desarrollo de la competencia efectiva en un entorno en fase de liberalización. En el caso de Royal Mail, la medida no afecta a las contribuciones sociales y fiscales de los empleados actuales y por lo tanto no sitúa a RM en una posición mejor frente a sus competidores a este respecto.

(117)

La Comisión también observó que la forma de la medida no afectaba a los compromisos de pensión de Royal Mail y solamente permitía a la empresa enjugar el déficit a más largo plazo, en vez de liberarla totalmente de los compromisos. Esta última era la forma de la medida en el asunto La Poste, es decir, el beneficiario quedaba liberado permanentemente de los compromisos que de otro modo habría tenido que soportar y por consiguiente no estaba obligado a inscribirlos en su balance. En el caso de Royal Mail, la medida no afecta en modo alguno a la cantidad del déficit de las pensiones que la empresa está obligada a incluir en su balance con arreglo a las normas contables internacionales. La empresa sigue obligada, conforme a la ley británica de pensiones, a tomar medidas para eliminar este déficit. El efecto de la medida consiste solamente en prorrogar el plazo disponible para enjugar dicho déficit. Mientras que esta característica se refleja ya en el análisis anterior y cualquier elemento de ayuda se estima en […] GBP y no en 850 millones GBP, la Comisión cree que, generalmente es probable que una medida que obliga a un beneficiario a hacer frente plenamente a sus compromisos adicionales producirá un falseamiento menor que una medida que le libere de aquellos.

(118)

En cuanto al efecto de la medida en la competencia, puede observarse que los pagos que Royal Mail debe hacer para enjugar el déficit del régimen de pensiones, una vez establecidos tras las negociaciones entre la empresa y los administradores fiduciarios de las pensiones, no varían en función de los niveles de producción o insumos. Así pues, su reducción durante los años iniciales mediante la medida no afecta a los costes marginales y no puede afectar a las decisiones comerciales de Royal Mail y en especial a sus futuras decisiones de inversión (30). Por lo tanto, la Comisión concluye que el efecto en la competencia no puede afectar desfavorablemente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común en el sentido del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(119)

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión ha determinado que, en tanto en cuanto la medida de las pensiones contenga un elemento de ayuda, tal elemento es compatible con el mercado común.

(120)

La Comisión concluye que, en tanto en cuanto la medida de las pensiones contenga un elemento de ayuda, esta fue ejecutada ilegalmente por el Reino Unido en infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado. Sin embargo, la Comisión concluye que dicha ayuda es compatible. La Comisión concluye que las otras medidas no constituyen ayuda estatal.

14.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 210/36

(1)

A la vista de la experiencia adquirida tras el lanzamiento del Fondo, es conveniente ampliar el período de elegibilidad de los programas anuales a fin de que los Estados miembros puedan ejecutar el Fondo de forma eficaz y adaptar el calendario para la presentación del informe final sobre la ejecución del programa anual.

(2)

También es conveniente adaptar el procedimiento de presentación de los programas anuales revisados por los Estados miembros.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido está vinculado por el acto de base y, por tanto, por la presente Decisión.

(4)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda está vinculada por el acto de base y, por tanto, por la presente Decisión.

(5)

De conformidad con el artículo 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no está vinculada por la presente Decisión ni sujeta a su aplicación.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de solidaridad y gestión de los flujos migratorios.

1)

En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   A fin de revisar el programa anual aprobado por la Comisión de acuerdo con el artículo 21, apartado 5, del acto de base, el Estado miembro interesado presentará a la Comisión un proyecto de programa anual revisado, a más tardar, tres meses antes de la conclusión del período de elegibilidad. La Comisión examinará y aprobará lo antes posible el programa revisado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21, apartado 5, del acto de base.».

2)

En el anexo V, parte A, punto 4.1, los términos «Lista de todos los cobros pendientes a 30 de junio del año N + 2 (N = año del presente programa anual)» se sustituyen por los términos «Lista de todos los cobros pendientes seis meses después de la fecha límite de elegibilidad de los gastos».

3)

En el anexo XI, el texto del punto I.4.1 se sustituye por el siguiente:

4)

En el anexo XI, el texto del punto V.3 se sustituye por el siguiente:

14.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 210/38

(1)

El 27 de abril de 2006, el Consejo adoptó la Posición Común 2006/318/PESC (1) por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar.

(2)

La Posición Común 2009/351/PESC (2) del Consejo, de 27 de abril de 2009, prorrogó hasta el 30 de abril de 2010 las medidas restrictivas impuestas por la Posición Común 2006/318/PESC.

(3)

El 11 de agosto de 2009, la Unión Europea condenó el veredicto contra Daw Aung San Suu Kyi y anunció que responderá con nuevas medidas restrictivas específicas.

(4)

En vista de la gravedad de la violación de los derechos fundamentales de Daw Aung San Suu Kyi, el Consejo considera necesario incluir a los miembros del poder judicial responsables de la resolución judicial en la lista de personas y entidades sometidas a una prohibición de viajar y a la congelación de activos, que figura en el anexo II de la Posición Común 2006/318/PESC.

(5)

Por otra parte, el Consejo considera necesario modificar la lista de personas y entidades sometidas a las medidas restrictivas con objeto de ampliar los activos congelados a empresas que son propiedad o controladas por miembros del régimen de Birmania/Myanmar o por personas o entidades asociadas con ellos.