28.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 23/1

1.

El proyecto de Reglamento tiene por objeto adaptar el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Reglamento financiero general»), a las últimas modificaciones introducidas por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, al Reglamento financiero general.

2.

El proyecto de la Comisión no ha suscitado observaciones por parte del Tribunal de Cuentas.

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 23/3

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1.

El Tribunal observa que el tiempo disponible para elaborar el presente Dictamen era muy breve. De hecho, la aprobación del Reglamento financiero aplicable al décimo FED ha de tener lugar antes de finalizar 2007, de manera que pueda aplicarse al comienzo de 2008. El Consejo ya ha avanzado en gran medida en los procedimientos legislativos correspondientes para la aprobación de dicho Reglamento, por consiguiente, el presente Dictamen se centra en cuestiones fundamentales de fondo, sin combinarlas necesariamente con propuestas de texto alternativo.

2.

El Tribunal constata que la propuesta de Reglamento financiero incorpora con acierto las modificaciones efectuadas con motivo de la refundición del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general que podían aplicarse al contexto del FED, y se felicita por el hecho de que el calendario para su declaración de fiabilidad e Informe Anual se ajuste a las fechas previstas en el Reglamento financiero general.

3.

El Tribunal acoge favorablemente el hecho de que, como recomienda en su Dictamen no 12/2002, la propuesta de Reglamento financiero presente una normativa clara y directa centrándose en las disposiciones esenciales y necesarias para la ejecución del FED, sin repetir de forma innecesaria las disposiciones incluidas en el anexo IV del Acuerdo de Asociación ACP-CE, el Acuerdo interno o en las normas de desarrollo del Reglamento financiero general.

4.

El Tribunal lamenta que pese a la sugerencia formulada en sus Dictámenes no 12/2002 y no 2/2007, no se aproveche la oportunidad brindada por la propuesta de Reglamento financiero para establecer un reglamento financiero único aplicable a todos los FED actuales y futuros, que, al igual que el Reglamento financiero general, podría modificarse siempre que fuera necesario. Una medida de este tipo garantizaría la continuidad del enfoque sin el riesgo de interrupción de la ejecución de los FED y simplificaría en buena medida la gestión.

5.

De conformidad con el artículo 11 del Acuerdo interno, los artículos 2 y 3 de la propuesta de Reglamento financiero establecen el reparto de responsabilidades principales respecto de la ejecución del FED entre la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) mediante la creación de dos campos de gestión separados, uno para cada institución. Así se mantiene una categoría de gasto que, si bien ha de someterse a la auditoría del Tribunal (en virtud del Acuerdo tripartito, concluido entre el Tribunal de Cuentas, el BEI y la Comisión, como figura en el artículo 134 de la propuesta de Reglamento financiero), no está sujeta al descargo (aprobación de la gestión) por las autoridades competentes.

6.

Los artículos relativos al descargo y, en particular, el artículo 143, apartado 1, excluyen la gestión del mecanismo de inversión del BEI del ámbito del descargo por parte del Parlamento. El Tribunal lamenta que, según el Acuerdo interno (artículo 11, apartados 8 y 9), las operaciones gestionadas por el BEI no estén sujetas al procedimiento de descargo por parte del Consejo y el Parlamento, pese a que las operaciones están dirigidas por el BEI por cuenta y riesgo de la Comunidad (artículo 11, apartado 2, del Acuerdo interno) utilizando los recursos FED, y recuerda que estos recursos son aportados por los contribuyentes europeos y no por el mercado financiero.

7.

Los artículos 48 a 50 crean un nuevo agente financiero, el habilitado de pagos, responsable de la ejecución de los pagos en moneda nacional de los Estados ACP o en moneda local de los PTU, a través de las cuentas del pagador delegado. Los considerandos de la propuesta de Reglamento financiero no explican por qué era necesario crear este nuevo agente financiero y las disposiciones propuestas en este sentido no son claras en lo que se refiere a la determinación de sus responsabilidades y obligaciones, especialmente con respecto al ordenador y al contable. El Tribunal manifiesta su preocupación particular por el hecho de que, conforme al artículo 49, apartado 1, la decisión por la que el contable nombra un habilitado de pagos haya de basarse en una propuesta del ordenador responsable y fije las competencias y obligaciones respectivas del habilitado de pagos y del ordenador. Además, como el habilitado de pagos no se menciona en el artículo 31, no está claro que el principio de separación de funciones se respete.

8.

El Tribunal observa que los pagos relativos a la ejecución del noveno FED pueden ser efectuados por un contable mediante subdelegación (artículo 66, apartado 1, del Reglamento financiero aplicable al noveno FED) y a su juicio no hay razón para no incluir disposiciones similares en la propuesta de Reglamento financiero. Constata también que el Reglamento financiero general no contiene ninguna figura equivalente al habilitado de pagos y únicamente prevé, además del ordenador y el contable, un administrador de anticipos, nombrado solo por el contable, sin intervención alguna del ordenador (artículo 63).

9.

Por estos motivos, el Tribunal sugiere eliminar de la propuesta de Reglamento financiero toda referencia al habilitado de pagos.

10.

Los artículos 74, apartado 2, y 79, letra a), establecen que las cláusulas adicionales de los contratos existentes podrán concluirse con posterioridad a los tres años transcurridos desde la conclusión del convenio financiero. La propuesta se basa en las disposiciones correspondientes del Reglamento financiero general (artículo 166, apartado 2), que admiten esta posibilidad únicamente para la conclusión de los contratos y convenios sobre auditoría y evaluación. En cualquier caso, al extenderse la excepción a la conclusión de las cláusulas adicionales, quedaría sin sentido la norma general de que los contratos y convenios individuales se concluyan, a más tardar, tres años después de la fecha de la conclusión del convenio de financiación.

11.

Con respecto a los artículos 124 y 125, el Tribunal remite a su Dictamen no 2/2002 (apartados 20 y 21), en el que sugería suprimir toda referencia a cuentas «provisionales». Las cuentas que deben presentarse el 31 de marzo para ser auditadas han de estar completas y debidamente elaboradas y ser aprobadas por la Comisión. En el Reglamento financiero no deben confundirse las funciones de auditado y de auditor en lo que se refiere a la elaboración de las cuentas. La función del Tribunal no puede en ningún caso incluir la ayuda a la Comisión en el establecimiento de las cuentas. Esta responsabilidad, de naturaleza administrativa y contable, solo corresponde a la Comisión y es incompatible con la responsabilidad de control externo que incumbe al Tribunal.

12.

Convendría añadir un índice como en el caso del Reglamento financiero general.

13.

El título III de la primera parte de la propuesta de Reglamento financiero contiene solo un capítulo sobre la composición de los recursos del FED. Es preciso añadir otro capítulo con las disposiciones correspondientes al establecimiento de las contribuciones anuales de los Estados miembros.

14.

El artículo 16 no deja claro si las contribuciones de los Estados miembros, otros países donantes u organizaciones internacionales a determinados proyectos o programas que vaya a gestionar la Comisión en nombre de ellos consistirán en recursos del FED en sentido estricto y si su gestión se someterá a la normativa por la que se rige este fondo.

15.

El artículo 26 establece que, en el caso de gestión centralizada, la Comisión podrá admitir que los sistemas de auditoría, contabilidad, contratación pública y concesión de subvenciones de las entidades a las que hubiere encomendado la ejecución son «equivalentes a los suyos propios, con la debida atención a las normas internacionalmente aceptadas» (una vez obtenido pruebas de que existen y funcionan correctamente). Como ya señaló el Tribunal en su Dictamen no 4/2006 (apartado 9), las entidades a las que la Comisión encomienda la ejecución en estos casos no están sujetas a las disposiciones del Reglamento financiero. Además, al no existir normas internacionalmente aceptadas en materia de sistemas de contratación pública y de auditoría de conformidad, la disposición de tener debidamente en cuenta las normas internacionalmente aceptadas carece de sentido. Lo mismo puede decirse sobre los sistemas de concesión de subvenciones.

16.

En aras de la exhaustividad, el artículo 35 debería mencionar también los casos de gestión conjunta con las organizaciones internacionales entre las excepciones a esta norma.

17.

El artículo 36 incorpora el primer párrafo del artículo 23 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED, pero omite el segundo. El Tribunal considera necesario mantener esta disposición para dejar claro que cuando el ordenador delegado adopte una medida en virtud de este artículo lo hará en nombre y por cuenta del ordenador nacional o regional en cuestión.

18.

Si, a pesar de los comentarios formulados por el Tribunal en los apartados 7 a 9, el concepto de habilitado de pagos se mantiene, el artículo 52, apartado 2, debería exigir también que los habilitados de pagos sean responsables disciplinaria y pecuniariamente conforme a lo dispuesto en el Estatuto.

19.

En relación con los artículos 76 y 80, el Tribunal insiste en la sugerencia formulada en su Dictamen no 12/2002 [apartado 15, letra f)] de que estas disposiciones deben revisarse de manera que se mantenga la idea de que las cuentas deben permanecer abiertas mientras una operación no se liquide definitivamente, sin que, por otra parte, se deduzca que una liberación de créditos puede retrasarse mientras que está disponible la información que permite ajustar —a menudo reduciéndolo— el nivel de obligación comunitaria correspondiente. Es necesario evitar el bloqueo de fondos inútilmente, cuando estos pueden utilizarse en otros programas o proyectos

20.

En el artículo 78, apartado 1, se utiliza el término «créditos», incorrecto en el contexto de fondos no presupuestarios.

21.

El artículo 92, apartado 2, debería referirse también a las decisiones relativas a las subvenciones. Además, como sugiere el Tribunal en su Dictamen no 12/2002 (apartado 17), convendría introducir un capítulo sobre «Garantías y control», como está previsto en el artículo 103 del Reglamento financiero general.

22.

En la versión inglesa, el título VII, «Direct Labour and Indirect Decentralised Operations», y el título VI, «Grants», no están numerados correctamente.

23.

En lo que se refiere a los artículos 105 y 107, el Tribunal quisiera remitirse a sus Dictámenes no 10/2005 (apartados 41 a 48) y no 4/2006 (apartados 14 a 16), en los que señala que algunas de las excepciones a los principios de no rentabilidad y no acumulación de las ayudas no se justifican realmente por los motivos siguientes:

24.

Al igual que en el caso del Reglamento financiero general (artículo 120, apartado 2), el artículo 116, apartado 2, debería especificar que a los efectos de la letra c) la cantidad máxima de ayuda financiera que un beneficiario podrá pagar a un tercero será determinada en las normas de desarrollo del Reglamento financiero general.

25.

Con el fin de garantizar la coherencia con el Reglamento financiero aplicable al noveno FED (artículo 97) y el Reglamento financiero general (artículo 123), en el artículo 119 de la versión inglesa habría que sustituir la palabra «shall» por «must».

26.

En el artículo 124, se prevé una diferencia de un mes entre la fecha de envío del informe sobre la gestión financiera y el de las cuentas provisionales que ha de acompañar el informe con arreglo artículo 118, apartado 2. Siguiendo la sugerencia del Tribunal en su Dictamen no 12/2002 [apartado 21, letra a)], con objeto de ajustarse a las disposiciones correspondientes del Reglamento financiero general (artículo 128), el informe deberá transmitirse junto con las cuentas el 31 de marzo.

27.

En el artículo 129, apartado 2, convendría incluir que el plan contable enviado al Tribunal de Cuentas fuera acompañado de las normas y métodos aplicables mencionados en el apartado 1.

28.

En el artículo 135, apartado 1, la frase «lo antes posible» debería sustituirse por «dentro de un plazo máximo de 15 días laborables».

29.

En el artículo 136, apartado 1, conviene añadir antes de «el Acuerdo ACP-CE»«el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea». El Tribunal ya señaló en su Dictamen no 12/2002 [apartado 22, letra a)] que, en efecto, el Tratado constituye el fundamento jurídico de la Decisión de Asociación Ultramar (13). También resultaría oportuno mencionar el Acuerdo interno, que constituye igualmente el fundamento jurídico del Reglamento financiero del décimo FED (14).

30.

La referencia al «apartado 6» que figura en el artículo 136, apartado 2, es incorrecta, debería decir «artículo 138, apartados 4 y 5».

31.

El artículo 149, apartado 1, dispone que el BEI establecerá las normas y métodos contables pertinentes e informará en consecuencia a la Comisión y a los Estados miembros, diferenciándose así de las disposiciones correspondientes del Reglamento financiero aplicable al noveno FED (artículo 125, apartado 1), que prevén que el BEI y la Comisión establecerán de común acuerdo estas normas y métodos contables. Como ya expresa en los apartados 5 y 6, el Tribunal lamenta la creación de dos ámbitos de gestión separados, lo que limita el alcance del descargo del Parlamento.

32.

En el artículo 149, apartado 2, se prevé una diferencia de un mes entre la fecha de presentación del informe de ejecución de las operaciones financiadas mediante recursos del FED gestionados por el BEI y la fecha de presentación de las cuentas. El Tribunal ya sugirió en su Dictamen no 12/2002 [apartado 21, letra b)] que este informe debería transmitirse a la Comisión, junto con las cuentas, el 28 de febrero, a más tardar.

33.

En el artículo 150 debería leerse que «las normas propias del BEI» en materia de contratos deberán respetar las normas generales que rigen la gestión del FED y, en particular, el Acuerdo de Asociación ACP-CE, el Acuerdo interno y el Reglamento financiero (15).