(1)

La Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (1) (en lo sucesivo, “la Directiva” o “Directiva 96/92/CE”) sentó el principio de la apertura a la competencia del sector eléctrico europeo.

(2)

La citada Directiva fue incorporada al Acuerdo EEE mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999 (2).

(3)

La transición progresiva de una situación en la que la competencia se veía ampliamente limitada a una situación de auténtica competencia a nivel del EEE debe hacerse en condiciones económicas aceptables, habida cuenta de las especificidades de la industria eléctrica. Esta preocupación se refleja ya en gran medida en el texto de la Directiva.

(4)

Para hacer frente a algunas situaciones muy específicas, el artículo 24 de la Directiva permite que los Estados miembros de la AELC puedan retrasar transitoriamente la aplicación de algunas de sus disposiciones. Los mecanismos de ayuda de Estado para que las empresas eléctricas puedan adaptarse en buenas condiciones a la introducción de la competencia no entran en el campo de las excepciones previstas por el artículo 24.

(5)

El objeto de las presentes Directrices es precisar la forma en que el Órgano de Vigilancia se propone aplicar, a la vista de la Directiva 96/92/CE, las normas del Acuerdo EEE en relación a tales ayudas de Estado. Estas Directrices se entenderán sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales derivadas de otros encuadramientos, directrices o comunicaciones pertinentes. En particular, el Órgano de Vigilancia seguirá autorizando ayudas regionales y ayudas en materia de medio ambiente de acuerdo con las directrices y el encuadramiento en vigor. Del mismo modo, las ayudas que no puedan autorizarse en virtud del artículo 61 del Acuerdo EEE podrán, cuando proceda, analizarse a la luz del apartado 2 del artículo 59 del Acuerdo EEE.

(1)

El artículo 24 de la Directiva 96/92/CE, adaptado por la letra i) del artículo 1 de la Decisión no 168/1999 del Comité Mixto EEE de 26 de noviembre de 1999, prevé que el Órgano de Vigilancia puede autorizar medidas transitorias que introduzcan temporalmente una excepción a la aplicación de la Directiva (3):

“Los Estados de AELC en que los compromisos y las garantías de funcionamiento ofrecidos antes de la entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999, de 26 de noviembre de 1999, no puedan cumplirse a causa de las disposiciones de esta Decisión, podrán solicitar acogerse a un régimen transitorio de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 24. Las solicitudes para acogerse a un período transitorio deberán notificarse al Órgano de Vigilancia de la AELC, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999, de 26 de noviembre de 1999”.

(2)

En el estado actual del debate, el Órgano de Vigilancia considera que las decisiones que ha tomado en aplicación del artículo 24 de la Directiva sólo pueden crear un régimen de transición cuando haya constatado previamente que las medidas notificadas por los Estados miembros de la AELC en virtud de dicho artículo son incompatibles con las disposiciones de la Directiva incluidas en sus capítulos IV, V, VI y VII. En virtud del artículo 24 de la Directiva, sólo el Órgano de Vigilancia puede autorizar excepciones a dichas disposiciones.

(3)

En consecuencia, un sistema de exacción instituido por un Estado de la AELC y que transite por un fondo para compensar los costes de compromisos o garantías con riesgo de que no puedan ser respetados debido a la aplicación de la Decisión no 168/1999, no constituye una medida que pueda ser objeto de una decisión del Órgano de Vigilancia para conceder un régimen de transición en aplicación del artículo 24 de la Directiva 96/92/CE; tal medida no requiere de hecho excepción alguna a los capítulos correspondientes de la Directiva. Sin embargo, tal medida podría constituir una ayuda estatal, y como tal estar incluida en el artículo 61 del Acuerdo EEE y en el Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia.

(4)

El objeto de las presentes Directrices es indicar cómo se propone aplicar el Órgano de Vigilancia las normas del Acuerdo EEE en materia de ayudas estatales respecto a las medidas de ayuda destinadas a compensar el coste de compromisos o garantías con riesgo de que no puedan ser respetados debido a la Decisión 168/1999. En particular, las Directrices no se aplicarán a las medidas que no puedan calificarse de ayudas estatales a efectos del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

(1)

Habitualmente estos compromisos o garantías de explotación se denominan “costes de transición a la competencia (CTC)” (stranded costs). Estos compromisos o garantías de explotación pueden de hecho adoptar distintas formas: contratos de compra a largo plazo, inversiones realizadas con una garantía implícita o explícita de mercados, inversiones fuera de la actividad normal, etc. Para que puedan considerarse costes de transición a la competencia elegibles, que puedan ser reconocidos por el Órgano de Vigilancia, estos compromisos o garantías deberán cumplir los criterios siguientes:

(1)

El principio general enunciado por el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE es el de la prohibición de las ayudas estatales. Sin embargo, los apartados 2 y 3 de dicho artículo prevén algunas posibilidades de excepción a esta norma general. Por otra parte, en virtud del apartado 2 del artículo 59 del Acuerdo EEE, “las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal” están sometidas a las normas del Acuerdo EEE, y en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. En cualquier caso, el desarrollo de los intercambios no deberá verse perjudicado por medidas contrarias al interés de las Partes Contratantes.

(2)

Las ayudas estatales que corresponden a los costes de transición a la competencia elegibles definidos en estas Directrices tienen por finalidad facilitar la transición de las empresas eléctricas a un mercado de la electricidad competitivo. El Órgano de Vigilancia puede tener una actitud favorable respecto a estas ayudas siempre y cuando la distorsión de la competencia se vea contrapesada por su contribución a la realización de un objetivo común que las fuerzas del mercado no podrían lograr. En efecto, la distorsión de la competencia producida por las ayudas desembolsadas para facilitar el paso de las empresas eléctricas de un mercado más o menos cerrado a un mercado parcialmente liberalizado puede no ser contraria al interés común cuando es limitada en el tiempo y sus efectos, ya que la liberalización del mercado de la electricidad se sitúa en el interés general del mercado del EEE y completa la creación del mercado interior. Además, el Órgano de Vigilancia considera que las ayudas concedidas por los costes de transición a la competencia permiten a las empresas eléctricas reducir los riesgos ligados a sus compromisos o inversiones históricas, y pueden por tanto incitar a estas empresas a mantener sus inversiones a largo plazo. Por último, a falta de compensación de los costes de transición a la competencia habría más riesgo de que las empresas afectadas hicieran soportar a sus clientes cautivos todos los costes de sus compromisos o garantías no económicas.

(3)

Por otra parte, las ayudas para compensar los costes de transición a la competencia en el sector de la electricidad tienen su justificación en relación con los demás sectores liberalizados por el hecho de que la liberalización del mercado de la electricidad no ha ido acompañada de una aceleración tecnológica ni de un aumento de la demanda y porque la protección del medio ambiente, la seguridad de suministro y la buena marcha de las economías de los países del EEE hacen poco concebible esperar que las empresas del sector tengan dificultades para prever intervenciones del Estado a su favor.

(4)

En este contexto, el Órgano de Vigilancia considera que las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia pueden en principio beneficiarse de la exención de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE si facilitan el desarrollo de algunas actividades económicas sin alterar las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

(5)

Sin perjuicio de las disposiciones específicas derivadas de las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre la aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales del EEE, incluidas las Directrices para la protección del medio ambiente (6), el Órgano de Vigilancia podrá aceptar, en principio, como compatibles con la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia elegibles que cumplan los siguientes criterios:

(6)

El Órgano de Vigilancia expresa en cambio la más extrema reserva respecto a las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia que no cumplan los criterios citados o que pudieran generar distorsiones de competencia contrarias al interés común por las razones siguientes:

(1)

Los Estados de la AELC tienen la facultad de escoger los modos de financiación de las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia que les parezcan más apropiados. Sin embargo, el Órgano de Vigilancia, para autorizar una ayuda de este tipo verificará que su mecanismo de financiación no engendre un efecto contrario a los objetivos de la Directiva 96/92/CE o a los intereses de las Partes Contratantes. Los intereses de las Partes Contratantes tienen en cuenta fundamentalmente la protección de los consumidores, la libre circulación de bienes y servicios y la competencia.

(2)

Los mecanismos de financiación no deberán tener como efecto disuadir de entrar en determinados mercados nacionales o regionales a empresas exteriores a dichos mercados o a nuevos actores. En particular, las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia no pueden financiarse a partir de exacciones sobre la electricidad en tránsito entre Estados del EEE o por exacciones ligadas a la distancia entre el productor y el consumidor.

(3)

El Órgano de Vigilancia velará igualmente por que todos los mecanismos de financiación de las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia conduzcan a un tratamiento equitativo entre consumidores elegibles y no elegibles. Para ello, el informe anual contemplado en la letra (c) de la sección 21.4 precisará el reparto entre consumidores elegibles y consumidores no elegibles de las fuentes de financiación destinadas a compensar los costes de transición a la competencia. Cuando los consumidores no elegibles participen en la financiación de los costes de transición a la competencia directamente a través de la tarifa de compra de la electricidad, deberá estar claramente explícito. La contribución impuesta a una de las dos categorías de consumidores (elegibles o no elegibles) no deberá superar la parte de los costes de transición a la competencia a compensar que corresponda a la cuota de mercado representada por estos consumidores.

(4)

Cuando los fondos se colecten por empresas privadas para financiar mecanismos de ayuda destinados a compensar los costes de transición a la competencia, la gestión de estos fondos deberá estar claramente separada de la de los recursos normales de estas empresas. Estos fondos no deberán favorecer a las empresas que los gestionen.

(1)

En su examen de las ayudas de Estado destinadas a compensar los costes de transición a la competencia, eL Órgano de Vigilancia tiene en cuenta en particular el tamaño y el nivel de interconexión de la red en cuestión y la estructura de la industria eléctrica. Una ayuda a una pequeña red poco interconectada con el resto del EEE tendrá menos posibilidades de generar distorsiones de competencia importantes.

(2)

La presente metodología para los costes de transición a la competencia no obstará a la aplicación, en las regiones contempladas por la letra a) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, de las Directrices sobre las ayudas regionales nacionales (7). De conformidad con el apartado 2 del artículo 59 del Acuerdo EEE, cuando la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado para los costes de transición a la competencia impida la realización de hecho o de derecho de las misiones particulares asignadas a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que presenten carácter de monopolio fiscal, podrán no aplicarse estas normas siempre que el desarrollo de los intercambios no se vea afectado en un sentido contrario al interés de las Partes Contratantes.

(3)

Las normas derivadas de la presente metodología en materia de ayudas estatales destinadas a compensar los costes de transición a la competencia que resulten de la Decisión 168/1999 se entenderán sin perjuicio de la propiedad pública o privada de las empresas en cuestión.»