—

Vista la reunión celebrada en Luanda (Angola) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009,

—

Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistos los resultados de las reuniones del G20 celebradas en Londres en abril de 2009 y en Pittsburgh en septiembre de 2009,

—

Vista la Comunicación de la Comisión Europea de abril de 2009 titulada «Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis» (2),

—

Visto el Informe Larosière de febrero de 2009 sobre la supervisión financiera en la UE,

—

Visto el informe del Banco Mundial titulado «Global Development Finance 2009: Charting a Global Recovery» (Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2009: Trayectoria de la recuperación mundial),

—

Vistas las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo, celebrada en Nueva York del 24  al 26 de junio de 2009,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE/100.587/09/def.),

A.

Considerando que el mundo se enfrenta actualmente a unas crisis financiera, económica, alimentaria, energética y medioambiental sin precedentes,

B.

Considerando que estas crisis tienen su origen en las naciones industrializadas, pero golpean más fuertemente a los países en desarrollo,

C.

Considerando que la arquitectura de la gobernanza mundial, creada en una época de posguerra y colonial, sigue reflejando el equilibrio geopolítico del siglo pasado y ya no se corresponde con las realidades de un planeta globalizado,

D.

Considerando la necesidad de revisar nuestras instituciones políticas y financieras mundiales para hacerlas más eficaces, más transparentes, más representativas y más legítimas,

E.

Considerando que los peores excesos de desregulación, capitalismo neoliberal y fundamentalismo del libre mercado han conspirado para derribar el sistema financiero mundial, destruir millones de empleos y aumentar la pobreza,

F.

Considerando que el Estado es responsable de fomentar la estabilidad y un crecimiento sostenible y favorable a los pobres y de garantizar que la creación de riqueza beneficie a muchos y no a unos pocos y que, por lo tanto, debe regular y supervisar los mercados y desempeñar un papel redistributivo en la economía,

G.

Considerando que el rechazo del multilateralismo por parte de algunas naciones en años recientes ha generado confrontación, conflicto y disputas interculturales,

H.

Considerando que debemos reaccionar para detener el cambio climático a fin de evitar daños medioambientales devastadores y sus graves consecuencias económicas y sociales,

I.

Considerando que los Gobiernos de las naciones ricas han contribuido con billones para sacar de apuros a las instituciones financieras, pero que algunos de ellos están dando marcha atrás en sus compromisos con los ODM,

J.

Considerando que tan solo un 1,6 % de los nuevos préstamos realizados por el FMI desde la cumbre del G20 de Londres se ha destinado al África subsahariana,

K.

Considerando que los Estados ACP están notablemente infrarrepresentados en instituciones como el Banco Mundial, el FMI o el Consejo de Seguridad de las NN.UU.,

L.

Considerando que también las mujeres están infrarrepresentadas en las estructuras de gobernanza,

M.

Considerando que los flujos procedentes de los países en desarrollo en forma de fuga ilícita de capitales, facilitada en gran medida por los paraísos fiscales y el secreto bancario, se han estimado en 350 000-600 000 millones de euros al año,

N.

Considerando que la ayuda de los países de la OCDE a los agricultores pobres equivale al 1 % de sus ayudas agrícolas,

O.

Considerando que una de las tareas primordiales del Banco Mundial y del FMI es reducir la pobreza,

P.

Considerando que el Banco Mundial y el FMI continúan aplicando a sus préstamos una condicionalidad económica y política,

Q.

Considerando que el G20, que se ha convertido en el principal foro de cooperación económica internacional, es más incluyente que el G8, pero, aun así, excluye al 85 % de la población mundial,

R.

Considerando que el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE es un foro de gobiernos donantes, en tanto que el nuevo Foro sobre Cooperación para el Desarrollo funciona bajo el amparo de las Naciones Unidas y ofrece voz y capacidad de decisión a los países en desarrollo,

S.

Considerando que es urgente y esencial reconstruir la confianza social en nuestra arquitectura de gobernanza mundial,

1.

Pide a la comunidad internacional que haga que las instituciones mundiales sean más representativas, democráticas e incluyentes, permitiendo de esta forma a las naciones en desarrollo, en particular en África, ser más influyentes y disfrutar de una mayor capacidad de toma de decisiones;

2.

Pide al G20 que conceda a los miembros del G77 un asiento en la mesa de negociación;

3.

Acoge con satisfacción el compromiso contraído por el G20 en Pittsburgh de modificar la distribución de cuotas del FMI en beneficio de los mercados emergentes dinámicos y de los países en desarrollo; insiste en que las economías en desarrollo y emergentes cuenten con derechos de voto más justos en el Directorio Ejecutivo del FMI y en la Junta de Gobernadores del Banco Mundial; pide, por lo tanto, un nuevo sistema de votación de doble mayoría basado en el principio de un miembro-un voto y en el peso económico;

4.

Pide que se ponga fin al derecho de veto de los EE.UU. en el FMI y en el Banco Mundial;

5.

Hace hincapié en que el G20 mantenga su compromiso con unos procesos abiertos, transparentes y basados en el mérito para designar a los cargos directivos de todas las instituciones financieras internacionales;

6.

Insta al Consejo de Seguridad de las NN.UU. a que amplíe su composición;

7.

Pide a la comunidad internacional que garantice un marco regulador más estricto, más transparente y más responsable para los mercados financieros mundiales, con una mayor supervisión, tal como pide el G20;

8.

Apoya firmemente una revisión del FMI a fin de que pueda desempeñar un papel reforzado de vigilancia y supervisión y emitir alertas tempranas en caso de desequilibrios o riesgos económicos en el mercado mundial;

9.

Pide a todos los agentes pertinentes que garanticen una mejor coordinación entre las instituciones de Bretton Woods, el G20 y los bancos regionales de desarrollo;

10.

Insta a los miembros del G20, a la UE y a los países ACP a que tomen medidas rápidamente a fin de erradicar los paraísos fiscales y luchar contra el secreto bancario, intensificando para ello la cooperación internacional, el intercambio de información automática, las normas de información país por país para las multinacionales y el desarrollo de las capacidades en los países afectados por la fuga de capitales; espera con interés las medidas prometidas por el G20 contra los paraísos fiscales a partir de 2010;

11.

Insta a los Gobiernos a que pongan límite a los salarios del personal directivo de las empresas para evitar niveles obscenos de remuneración y a que regulen los regímenes de incentivos en el sector financiero que amenazan la estabilidad del sistema; acoge con satisfacción el apoyo expresado por el G20 en su reunión de Pittsburgh al incremento de la estabilidad financiera y a la adecuación de las retribuciones y los salarios a la creación de valor a largo plazo y no a la asunción excesiva de riesgos;

12.

Pide encarecidamente a todos los Estados que apoyen el multilateralismo y el sistema de las NN.UU.;

13.

Recomienda que se tengan en cuenta al Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de las NN.UU. y al CAD de la OCDE como los dos foros de alto nivel para la cooperación al desarrollo y para el análisis y seguimiento de las tendencias mundiales en materia de ayuda, incluida la agenda de eficacia de la ayuda;

14.

Acoge con satisfacción el hecho de que los EE.UU. hayan decidido comprometerse de nuevo con el Consejo de Derechos Humanos de las NN.UU. y hayan ocupado finalmente su asiento; pide a la UE, a los Estados ACP y a los demás socios que garanticen que este Consejo defienda a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos;

15.

Acoge con satisfacción los compromisos del G20 de aportar 1,1 billones de dólares para impulsar la reactivación de la economía mundial, pero lamenta que solo una parte esté destinada a los países más pobres; previene contra una sobrecarga de los países en desarrollo con una nueva deuda importante;

16.

Pide a los Estados miembros de la UE que respeten sus compromisos de ayuda en relación con los ODM;

17.

Reconoce la importancia del comercio, pero subraya que el libre mercado por sí solo no garantiza el fin de la pobreza;

18.

Insta a los miembros de la OMC a que trabajen para lograr una conclusión equitativa de la Ronda de Desarrollo de Doha que restrinja el proteccionismo pero refleje las diferencias en cuanto a capacidades y niveles de desarrollo que existen entre las economías más fuertes y las más débiles, y que permita a los Estados ACP proteger sus industrias más vulnerables;

19.

Pide a la UE que, en el contexto de los Acuerdos de Asociación Económica, respete a aquellos países ACP que decidan no celebrar un AAE pleno u opten por renegociar ámbitos controvertidos de los AAE provisionales; insiste en que la APP participe plenamente en todas las estructuras de seguimiento parlamentario de los AAE previstas;

20.

Pide a la UE que reduzca significativamente sus ayudas agrícolas y elimine todas las ayudas a la exportación de productos agrícolas;

21.

Pide a la UE que mantenga sus compromisos en materia de ayuda al comercio y que continúe ayudando a reforzar la capacidad comercial de los países ACP;

22.

Pide a la comunidad internacional que aplique normas elevadas en materia de protección social y medioambiental y de derechos de los trabajadores, incluida la agenda de «trabajo digno» (tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), y que apoye a los países en desarrollo a la hora de aplicar esas normas;

23.

Pide a todos los Gobiernos que respeten el derecho a la negociación libre y a los convenios colectivos y que garanticen el derecho a la huelga mencionado en la Constitución de la OIT;

24.

Insta a las NN.UU. a que integren la igualdad de género y la capacitación de las mujeres;

25.

Pide a las NN.UU. que modernicen el Ecosoc con vistas a promover soluciones duraderas en materia económica, social, de empleo, cultural y de salud;

26.

Pide al Banco Mundial que conceda más prioridad a los asuntos de desarrollo, al cambio climático y a la promoción de la salud y la educación, en consonancia con las conclusiones de la reunión del G20 celebrada en Pittsburgh;

27.

Insta a todos los Gobiernos participantes en la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebrará en diciembre en Copenhague a que alcancen un acuerdo ambicioso, justo y sostenible, que reparta la carga de manera equitativa entre las naciones industrializadas y las naciones en desarrollo y que tenga en cuenta los diferentes grados de responsabilidad de los países en el cambio climático;

28.

Insta a los Estados miembros de la UE a que respeten los compromisos que han adquirido en el marco del G20 de prestar ayuda a los países en desarrollo para luchar contra el cambio climático; hace hincapié en que estos fondos deben sumarse a la ayuda al desarrollo ya existente;

29.

Pide a la UE que invierta de manera importante en investigación, educación y medio ambiente, y que incremente la financiación y la transferencia de tecnología destinada a los países en desarrollo;

30.

Pide a todos los Estados que apliquen un mayor control parlamentario a fin de que la acción de los Gobiernos sea más transparente, democrática, responsable y eficaz;

31.

Pide a las NN.UU. y a la OMC que concedan una mayor prioridad a la aportación parlamentaria;

32.

Pide a los dirigentes políticos, en particular de los países ACP, que se comprometan con la sociedad civil y proporcionen a las organizaciones de la sociedad civil los recursos básicos para su funcionamiento;

33.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión de la Unión Africana y al Parlamento Panafricano, así como a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados ACP, a la Comisión Europea, a las NN.UU. y a las organizaciones regionales, al Banco Mundial, al FMI, a la OMC y a las Presidencias de la UE y de la Unión Africana.

—

Vista la reunión celebrada en Luanda (Angola) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009,

—

Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistos los objetivos del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú) y todas sus enmiendas,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, en particular el compromiso de establecer una asociación global para el desarrollo y las conclusiones y recomendaciones de la reunión del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 25 de septiembre de 2008,

—

Visto el informe de 2009 del Grupo de reflexión de las Naciones Unidas sobre el retraso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio titulado «Refuerzo de la asociación mundial para la ayuda al desarrollo en tiempo de crisis» y el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2009,

—

Vistos el Consenso de Monterrey adoptado en la Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la financiación para el desarrollo, celebrada los días 21 y 22 de marzo de 2002, y la Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo, aprobada el 2 de diciembre de 2008 en la Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo para revisar la aplicación del Consenso de Monterrey,

—

Vistos la Declaración de París de 2 de marzo de 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y el Programa de acción de Accra adoptado en el Foro de alto nivel de Accra sobre la eficacia de la ayuda celebrado del 2 al 4 de septiembre de 2008,

—

Vistas las declaraciones del G20 en su reunión sobre la crisis financiera celebrada en Washington el 15 de noviembre de 2008, en la cumbre celebrada en Londres el 2 de abril de 2009 y en la reunión de Pittsburgh de los días 24 y 25 de septiembre de 2009,

—

Visto el llamamiento formulado por el Presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, a los países desarrollados para que destinen el 0,7 % de sus paquetes de estímulo económico a un «Fondo de Vulnerabilidad» para los países en desarrollo (4),

—

Visto el informe del FMI de marzo de 2009 titulado «Las implicaciones de la crisis financiera global para los países de renta baja»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis», de 8 de abril de 2009 (5),

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-UE100.510/09/def.),

A.

Considerando que el sistema financiero y económico global se caracteriza por la creciente interdependencia de todos los países del mundo,

B.

Considerando que la crisis financiera y económica se ha originado en centros financieros como Nueva York y Londres y que los países ACP no son responsables de la crisis financiera y económica, pero deben soportar sus consecuencias,

C.

Considerando que la crisis financiera y económica es el resultado de una creciente separación entre la creación de valor añadido mundial, el ahorro eficaz y un sector financiero que cada vez evoluciona más hacia un universo virtual y especulativo, caracterizado básicamente por un proceso de creación sin fin y descontrolado de productos derivados a partir de otros productos derivados,

D.

Considerando que, de conformidad con el reciente informe del FMI titulado «Las implicaciones de la crisis financiera global para los países de renta baja», la crisis incrementará las necesidades financieras de los países de renta baja en al menos 25 000 millones de dólares estadounidenses en 2009 y que el África subsahariana se verá particularmente afectada,

E.

Considerando que la interrupción de la financiación comercial desde el inicio de la crisis financiera representa una caída de entre 100 000 y 300 000 millones de dólares estadounidenses para los países en desarrollo, a la cual se han añadido los nefastos efectos de las nuevas restricciones comerciales en numerosos países, así como el punto muerto en que se encuentran las negociaciones comerciales en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo,

F.

Considerando que los países ACP dependen de los ingresos de las exportaciones de materias primas, que representan el 50 % de su comercio exterior, y que la crisis ha provocado un descenso de los ingresos procedentes de la exportación en numerosos países en desarrollo, de la transferencia de fondos a esos países, de la inversión directa extranjera y de la ayuda oficial al desarrollo,

G.

Considerando que, entre otros factores, los elevados precios del combustible y de los alimentos importados, además de la baja demanda de bienes de exportación, lo que ha mermado importantes fuentes de ingresos, han limitado la capacidad de numerosos países en desarrollo de saldar su deuda exterior,

H.

Considerando que el impacto de la crisis económica y financiera en los países ACP ha interrumpido el ciclo de crecimiento económico constante iniciado en 2004, lo que pone en peligro tanto los progresos realizados como la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

I.

Considerando que, según las estimaciones de las Naciones Unidas, todavía faltan 35 000 millones de dólares estadounidenses al año en las aportaciones de los donantes con respecto a la cantidad prometida por el G8 en Gleneagles en su reunión en 2005 en relación con los flujos anuales de ayuda, y 20 000 millones de dólares estadounidense al año para las ayudas a África,

J.

Considerando que la Conferencia de Doha sobre la financiación para el desarrollo se centró en las cuestiones de desarrollo a medio plazo, identificando diferentes objetivos en materia de reformas básicas, subrayando la necesidad de aplicar un enfoque integrado de las vertientes social, económica y ambiental del desarrollo y reconociendo la diversidad de las diferentes situaciones nacionales,

K.

Considerando que la arquitectura financiera internacional tiene puntos débiles que requieren una reforma para hacerla más representativa y eficaz,

L.

Considerando que las economías desarrolladas han aplicado una serie de medidas en respuesta a la crisis, a escala multilateral, europea y nacional, y considerando que, en particular, la respuesta del G20 se ha estructurado en torno a medidas a corto plazo y reformas estructurales, que dan prioridad a la recuperación del funcionamiento de los mercados financieros y a mecanismos que aumenten la confianza en ellos, mientras que apenas abarcan las necesidades de los países en desarrollo u otros desafíos de gran importancia relacionados con la recuperación de la crisis económica (seguridad alimentaria, cambio climático, conservación de la biodiversidad, acceso a los recursos energéticos y acceso al agua para consumo y utilización doméstica, así como para los sectores de producción),

M.

Considerando que todos los países ACP no se verán afectados del mismo modo por la crisis financiera y económica, y que las disparidades se basan en criterios como el grado de apertura al comercio exterior, la dependencia de los ingresos de las exportaciones, las reservas financieras y el dinamismo de los mercados nacionales y regionales,

N.

Considerando, no obstante, que los países ACP son más vulnerables a los choques exógenos, y que el Banco Mundial calcula que, en términos generales, una caída de un 1 % en el crecimiento mundial sumiría a 20 millones más de personas en la pobreza, dado que dicho declive del crecimiento mundial pondría en peligro los progresos alcanzados en el ámbito del desarrollo en la última década y, en particular, los progresos hacia la consecución de los ODM,

O.

Considerando que la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que el número de personas que sufren hambre en el mundo ha alcanzado la cifra de mil millones y que el total ha aumentado en 100 millones debido a la crisis financiera global (6),

P.

Considerando que los riesgos generados por la crisis para los países ACP incluyen:

Q.

Considerando que los precios de los recursos naturales han caído, con lo que ha disminuido una de las fuentes de ingresos más importantes de los países ACP,

R.

Considerando que los países ACP no pueden recibir dinero en forma de bonos soberanos,

1.

Recuerda que la Asociación ACP-UE debería respetar la letra y el espíritu del Acuerdo de Cotonú y recalca que la UE debe desempeñar un papel decisivo para mitigar los efectos inmediatos y a largo plazo de la crisis en los países ACP, pues es el principal socio comercial de los países ACP, la principal fuente de remesas de trabajadores migrantes, el principal proveedor de inversión privada y el mayor donante mundial de ayuda oficial al desarrollo;

2.

Insta a los países donantes a tener en cuenta de manera seria, coordinada y coherente los efectos de la crisis en los países ACP, respetando los principios establecidos en la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y reiterados en el Programa de acción de Accra, y de conformidad con las promesas de financiación para el desarrollo efectuadas en Monterrey y reafirmadas en la Conferencia de Doha y en diversas Cumbres del G20;

3.

Insta, más en concreto, a los países del G20 a que cumplan la palabra dada a los países en desarrollo en las cumbres sobre la crisis financiera celebradas en Washington el 15 de noviembre de 2008, en Londres el 2 de abril de 2009 y en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009;

4.

Reafirma la importancia de los ODM en la lucha contra la pobreza y pide que se respeten y apliquen los compromisos contraídos por los Estados miembros de la UE de incrementar la AOD hasta el 0,56 % de la RNB antes de 2010 y hasta el 0,7 % antes de 2015; reclama nuevos compromisos con calendarios ambiciosos plurianuales que permitan calibrar el incremento gradual de los presupuestos de ayuda;

5.

Anima a los países donantes y a los países ACP a destinar el gasto a corto y medio plazo a las capas más pobres de población y a los sectores clave (sanidad, educación, producción agrícola e infraestructura rural, creación de empleo, agua potable y para los sectores productivos), así como a la creación y mantenimiento de sistemas adecuados de protección social y redes de seguridad social; resalta la importancia de dichas medidas, dada la imposibilidad de financiar paquetes de estímulo en los países ACP y la necesidad de disponer de los recursos muy rápidamente;

6.

Destaca que ese tipo de gasto es el que se ve más afectado en tiempos de crisis, a pesar de ser el más asequible financieramente y el más rentable a corto, medio y largo plazo, y a pesar de su potencial en la generación de sinergias anticíclicas;

7.

Insta a los países donantes a que se sirvan de esta crisis sin precedentes como catalizador para explorar las posibilidades existentes para una financiación adicional e innovadora del desarrollo, como un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, e identificar otras nuevas, con vistas a que los países en desarrollo diversifiquen sus fuentes de ingresos y ejecuten programas de gasto más efectivos, concretos y funcionales;

8.

Insta a los Estados miembros de la UE y a los países ricos a cancelar la deuda externa de todos los países empobrecidos, sin unas condiciones onerosas de política económica; resalta que, posiblemente, hasta 60 países necesitan que se cancele su deuda para tener la oportunidad de alcanzar los ODM; acoge con satisfacción la medida ya adoptada por numerosos países de la UE de condonar la deuda de los países en desarrollo, pero manifiesta su preocupación por que dicha condonación de la deuda haya aumentado artificialmente las cifras de ayuda de la UE;

9.

Destaca, en particular, los beneficios derivados de la utilización de técnicas de microfinanciación tanto para el ámbito económico local como para la participación de la población, especialmente de las mujeres, en el desarrollo;

10.

Pide a las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo, que ayuden a los países en desarrollo a superar la actual crisis, restablecer el crecimiento, crear mayores mercados y capacidad comercial y restaurar el acceso de los países en desarrollo al crédito y los flujos de capital privado;

11.

Anima a los países desarrollados a que velen por que las instituciones financieras internacionales dispongan de recursos suficientes para desempeñar plenamente su cometido;

12.

Pide a los países ACP que mejoren en su propio interés la buena gobernanza y la transparencia de sus finanzas nacionales para mejorar la previsibilidad, ejecución y control presupuestarios; insiste en la importancia del control parlamentario de las finanzas públicas;

13.

Destaca la importancia de prever una regulación y una legislación adecuadas para proteger a los países ACP, los principales prestatarios, contra los fondos carroñeros y depredadores;

14.

Recuerda que la respuesta a la crisis económica y financiera debe ser global, que ninguna institución financiera, ningún sector del mercado ni ninguna jurisdicción pueden escapar a la regulación o a la supervisión y que la transparencia y la responsabilización de todos los actores deben ser la base de una nueva gobernanza del mundo financiero;

15.

Subraya que el comercio libre y justo, el estímulo de la inversión en la industria y la producción local, el espíritu empresarial, la innovación y unos mercados financieros regulados eficazmente son fundamentales para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza;

16.

Pide a los países ACP que prevean un entorno reglamentario y legislativo más saludable para la actividad empresarial, a fin de atraer más inversión privada, extranjera y nacional;

17.

Insta a los Estados miembros de la UE, así como a los países ACP, a que se abstengan de instaurar barreras proteccionistas en el comercio internacional en respuesta a la crisis económica;

18.

Insta a los Estados miembros de la UE a que adopten y apliquen plenamente medidas ajenas al sector financiero que repercutan positivamente en el desarrollo de los países ACP, en particular la transferencia de tecnología más moderna, en ámbitos incluido el de la protección ambiental, que estimulen la creación de capacidades y permitan el desarrollo de la investigación y las infraestructuras;

19.

Destaca la necesidad de reforzar el proceso de desarrollo e integración regional entre los países ACP y reclama, en particular, que la incidencia de la crisis en su desarrollo se tenga presente en las negociaciones sobre la aplicación de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre los países ACP y la UE; recuerda que los AAE deben ir acompañados por la nueva financiación prometida para la Ayuda al Comercio, es decir, 2 000 millones de euros al año antes de 2010;

20.

Recuerda la necesidad, amplificada por la crisis económica, de que los Estados miembros de la UE apliquen a la migración un enfoque respetuoso con los derechos humanos y acorde con los objetivos de desarrollo; considera que conviene facilitar, e incluso estimular, las transferencias de fondos de los migrantes a sus respectivos países de origen, que tienen gran necesidad de capital; indica asimismo que conviene profundizar las dimensiones social y cultural de la migración en cuanto factor de integración, tolerancia, enriquecimiento recíproco y aceptación mutua y concederles una mayor relevancia en la aplicación del Acuerdo de Cotonú;

21.

Destaca la urgente necesidad de reformar la gobernanza financiera internacional, incluida la arquitectura y el funcionamiento del sistema financiero, mediante la incorporación plena y equitativa de los países ACP a los organismos financieros internacionales para mejorar la representatividad de esos organismos y que estos reflejen asimismo con mayor legitimidad la diversidad de intereses nacionales, regionales e internacionales;

22.

Anima a los países ACP a implicar en mayor medida a sus parlamentos en sus procedimientos de toma de decisiones y, en particular, en la preparación de sus estrategias de desarrollo;

23.

Insta a la comunidad internacional a que concluya el ciclo de negociaciones comerciales de Doha para el desarrollo de manera justa y satisfactoria para todas las partes;

24.

Expresa su convicción de que los efectos de la crisis en los países ACP pueden servir de acicate a estos países para invertir en el sector agrícola con vistas a velar por la seguridad alimentaria y el derecho de soberanía alimentaria e iniciar un proceso de reflexión sobre la diversificación de la producción y la transformación de productos básicos para incrementar su valor añadido, lo que serviría para mejorar las condiciones de los intercambios comerciales y mitigar la volatilidad de los precios de las materias primas;

25.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y a los Parlamentos nacionales de los países ACP, al Banco Mundial, al FMI, a la FAO y a los bancos de desarrollo regional de los países ACP.

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Reunida en Luanda (Angola) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009,

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Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

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Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y revisado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, denominado en lo sucesivo Acuerdo de Cotonú, y especialmente sus artículos 9, 13, 26 y 27,

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Vistos los artículos 149 y 150 y los artículos 177 a 181 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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Visto el artículo 13 del Tratado CE sobre la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual,

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Visto el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1995,

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Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo opcional, aprobados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 13 de diciembre de 2006,

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Vista la Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas para la Juventud, aprobada por la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud celebrada en Lisboa del 8 al 12 de agosto de 1998,

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Visto el Plan de Acción de Braga sobre la Juventud, aprobado por el Tercer Foro Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas, celebrado del 2 al 7 de agosto de 1998 en Braga (Portugal),

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Vista la Carta revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional, aprobada por el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa el 21 de mayo de 2003,

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Vista la Agenda 21 de Cultura, aprobada por el 4° Foro de Poderes Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, celebrado en Barcelona (España) el 8 de mayo de 2004,

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Vistos la Declaración de Dakar sobre la promoción de las culturas y las industrias culturales ACP y su Plan de acción, aprobados por el Consejo de Ministros de Cultura ACP en su primera reunión, celebrada en Dakar (Senegal) en 2004,

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Vista la Resolución sobre Santo Domingo, aprobada por los Ministros de Cultura ACP en su segunda reunión, celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) en octubre de 2006,

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Vista la Resolución relativa al empleo juvenil, aprobada en la 93a Sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2005,

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Vista la Carta de la Juventud Africana, aprobada por la Unión Africana en Banjul (Gambia) en julio de 2006,

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Vista la Estrategia para la Juventud del Pacífico 2010, aprobada por la Segunda Conferencia de Ministros de la Juventud de la Comunidad del Pacífico, celebrada los días 5 a 7 de diciembre de 2005 en Port Moresby (Papua Nueva Guinea),

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Visto el Título II («Inversiones, Comercio de Servicios y Comercio Electrónico») del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por el que se establece la libre circulación de servicios entre las Partes, así como su Protocolo III (relativo a la Cooperación Cultural),

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Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 30 de octubre de 2008, sobre la aplicación del Programa Mundial de Acción para la Juventud: progresos y contratiempos con respecto al bienestar de los jóvenes y su papel en la sociedad civil,

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Vista la Resolución del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, relativa a la inclusión social de los jóvenes (8),

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Vistos el Libro Blanco de la Comisión Europea, de 21 de noviembre de 2001, titulado «Un nuevo impulso para la juventud Europea» (9), y la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2002, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Un nuevo impulso para la juventud europea» (10),

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Vista la Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud (11),

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005 por las que se adopta el Pacto europeo para la juventud (12),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo, de 30 de mayo de 2005, relativa a las políticas europeas en el ámbito de la juventud: Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa – Aplicación del Pacto europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa (13), y la Resolución del Consejo, de 24 de noviembre de 2005, titulada «Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa – Aplicación del Pacto europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa» (14),

—

Vista la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece el programa «La juventud en acción» para el período 2007-2013 (15),

—

Vista la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establece el programa «Europa con los ciudadanos» para el período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa (16),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 5 de septiembre de 2007 (17), titulada «Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad»,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativas a un enfoque transversal de la política de juventud que permita a los jóvenes desarrollar su potencial y participar activamente en la sociedad (18),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de abril de 2009 (19), titulada «Una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación – Un método abierto de coordinación renovado para abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes», así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña – Informe de la UE sobre la juventud (20),

—

Vistos el Informe sobre la Juventud Mundial 2003, el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 y el Informe sobre la Juventud Mundial 2007 de las Naciones Unidas,

—

Visto el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del PNUD titulado «La libertad cultural en el mundo diverso de hoy»,

—

Vistos la Declaración de Bruselas sobre asilo, migración y movilidad y su plan de acción, aprobados en abril de 2006 por los Ministros ACP responsables de asilo, migración y movilidad,

—

Vista la Resolución de Bruselas sobre migración y desarrollo del Grupo ACP, aprobada por los Ministros ACP responsables de asilo, migración y movilidad,

—

Vista la Decisión 2/LXXXVII/08 aprobada en la 27a sesión del Consejo de Ministros ACP, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) del 8 al 13 de junio de 2008 sobre la aplicación de la Resolución de Bruselas sobre migración y desarrollo del Grupo ACP,

—

Visto el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2007 del Banco Mundial titulado «Desarrollo y la siguiente generación»,

—

Visto el Informe de la OIT de octubre de 2008 titulado «Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil»,

—

Vista la Declaración final de la Cumbre de la Juventud África-Europa, celebrada en Lisboa (Portugal) los días 4 a 7 de diciembre de 2007,

—

Vistos los documentos de posición sobre la juventud y las migraciones y sobre el empleo juvenil, de 3 de mayo de 2008, del Foro Europeo de la Juventud,

—

Visto el Informe de 2008 del Foro Europeo de la Juventud titulado «El desarrollo necesita a los jóvenes - Las organizaciones juveniles en acción»,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/100 504/09/fin.),

A.

Considerando que el concepto de «juventud» (21) se refiere a las personas de edades comprendidas entre 15 y 24 años; que la juventud representa el 18 % de la población mundial —esto es, 1 200 millones de personas— y que casi el 85 % de los jóvenes vive en países en desarrollo,

B.

Considerando que muchos jóvenes viven en la pobreza y sufren situaciones de exclusión o marginación, en particular las mujeres jóvenes, los jóvenes con discapacidad, los jóvenes migrantes y refugiados, los jóvenes que viven en zonas rurales y los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas,

C.

Considerando que la inclusión social, económica y cultural y la participación activa de los jóvenes en la sociedad son elementos esenciales tanto para su desarrollo personal como para un desarrollo sano y democrático en los planos nacional y mundial,

D.

Considerando que la educación y el empleo son un requisito previo para una lograda integración y participación de los jóvenes en la sociedad,

E.

Considerando que, a pesar de que los jóvenes de hoy son la generación mejor preparada de la historia, el desempleo y el subempleo juveniles han alcanzado niveles sin precedentes, agravados por la crisis económica; que los jóvenes, que representan el 25 % de la población mundial en edad de trabajar, sumaban en 2007 el 43,7 % de la población desempleada (22),

F.

Considerando que las industrias culturales promueven un desarrollo económico alternativo, generan riqueza y crean empleos dignos para los jóvenes,

G.

Considerando que la migración se ha convertido en uno de los mecanismos a los que recurren los jóvenes para ampliar sus opciones de formación y sus oportunidades laborales, pero que estas oportunidades educativas no benefician a los países en desarrollo de los que proceden los jóvenes ni elevan el nivel de educación de estos países,

H.

Considerando que la globalización ha contribuido a una mayor movilidad en el sector educativo y de la formación profesional, el empleo y los servicios de voluntariado, fomentando de este modo la solidaridad y una mayor comprensión entre las culturas y promoviendo el respeto por la diferencia y la diversidad,

I.

Considerando que la cultura desempeña un importante papel en el bienestar y el desarrollo personal de los jóvenes,

J.

Considerando que la proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrece nuevas oportunidades a los jóvenes para su desarrollo, inclusión social y participación cívica, y que el compromiso de los gobiernos para invertir en TIC puede reducir la actual brecha digital entre la UE y los países ACP y promover la igualdad,

K.

Considerando que sólo si reconoce a los jóvenes su condición de socios en los procesos de toma de decisiones será posible encontrar soluciones a largo plazo para desafíos globales como el cambio climático y cumplir los objetivos de desarrollo,

1.

Insta a los Gobiernos ACP y UE a que integren las cuestiones relativas a la juventud en todas sus políticas y a que refuercen la coordinación entre las políticas juveniles y otros ámbitos que afectan directamente a los jóvenes;

2.

Destaca la necesidad de defender plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular sus artículos 23, 24, 26 y 27, relativos al trabajo, la educación y la cultura;

3.

Pide a la Comisión que prevea una financiación equilibrada para la Acción 3.2 del actual programa La juventud en acción (2007-2013) en el marco de las previsiones contempladas y que, siguiendo el ejemplo del «Programa Euromed Juventud», cree un «Programa ACP-UE Juventud» en el marco del Acuerdo de Cotonú, con créditos adicionales en el programa de seguimiento;

4.

Destaca que los responsables políticos a todos los niveles deberían desarrollar en mayor medida la cooperación y fomentar el intercambio de buenas prácticas en los procesos de integración social y cultural, así como la participación de los jóvenes, por ejemplo mediante el fomento de alianzas entre los organismos públicos que consoliden los programas nacionales, regionales e internacionales destinados a los jóvenes;

5.

Pide a la UE y a los países ACP que garanticen a todos los jóvenes el pleno disfrute de sus derechos y libertades y supriman todas las formas de discriminación; pide a la Comisión, a la UE y a los países ACP que incrementen los recursos destinados a los programas de inclusión social y cultural de los jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables;

6.

Considera que la UE debe desarrollar una política común de inmigración coherente, dotada de un fuerte sentido de la igualdad y centrada en la integración social de los inmigrantes en las sociedades de acogida; pide a los Estados miembros de la UE que velen por el respeto de los derechos de los jóvenes migrantes y les garanticen el mismo acceso a la educación y los servicios sociales, así como las mismas oportunidades económicas de que gozan los ciudadanos de los países respectivos;

7.

Pide a la UE que refuerce las medidas de protección de todos los jóvenes nacionales de terceros países que trabajan de forma legal en Europa; alienta a la UE a que se esfuerce para aplicarles el estatuto de residentes de larga duración y para definir el estatuto de los trabajadores semicualificados y no cualificados; considera, asimismo, que la UE y los Gobiernos de los países ACP deberían establecer programas destinados a reducir la fuga de jóvenes cerebros de los países en desarrollo y coordinar sus medidas para impedirlo;

8.

Pide a la UE y a los Gobiernos de los países ACP que faciliten a todos los jóvenes el acceso a información y servicios sanitarios adecuados y respetuosos con los jóvenes;

9.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que establezcan programas dirigidos a reducir el abandono escolar prematuro y el analfabetismo juvenil así como a mejorar la calidad de la educación primaria;

10.

Aboga por el acceso universal a la educación secundaria; insta a los Gobiernos ACP y UE a que eliminen los obstáculos al acceso a la educación primaria, especialmente por lo que respecta a los jóvenes con discapacidad y otros grupos vulnerables; insta a los gobiernos a que faciliten becas y préstamos en condiciones favorables a los estudiantes de países en desarrollo que deseen matricularse en la educación superior;

11.

Pide a la UE y a los países ACP que promuevan una transición gradual del mundo educativo al mundo laboral mediante la transformación de los métodos docentes teóricos en métodos de experimentación prácticos y la integración de la formación empresarial en los planes de estudio;

12.

Insta a los Gobiernos ACP y UE a que pongan énfasis en la educación cultural y social y a que fomenten la participación de los jóvenes en actividades culturales dentro y fuera de los centros educativos, lo que enriquecería sus vidas, fomentaría un desarrollo personal equilibrado y evitaría que los jóvenes cayeran en la drogadicción y otras dependencias, fomentando de este modo su integración social y cultural en la sociedad;

13.

Insta a los Gobiernos ACP y UE a que reconozcan que los jóvenes constituyen el grupo más abierto al cambio y los mejores embajadores del cambio que posee una sociedad; pide a los Gobiernos ACP y UE que recurran a los jóvenes para que realicen un cambio positivo en la sociedad mediante mecanismos como la educación de igual a igual en materia de VIH/Sida, TIC y las tecnologías sostenibles que tienen por objeto mitigar el cambio climático y adaptarse a él;

14.

Aboga por el acceso universal de los jóvenes a las TIC; pide a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de las TIC y faciliten los servicios correspondientes a los centros educativos; pide a la Comisión, a los países ACP y a los países de la UE que procedan a la interconexión de las aulas de los países ACP y de la UE por medio de tecnologías de hermanamiento electrónico que fomenten el aprendizaje intercultural; pide a los Gobiernos ACP y UE que promuevan la educación a distancia como un medio destinado a facilitar la integración social de los jóvenes pertenecientes a grupos desfavorecidos, particularmente las personas con discapacidad;

15.

Pide a los Gobiernos ACP y UE que, en colaboración con la OIT, introduzcan estrategias y planes de acción nacionales de empleo en favor de los jóvenes así como que hagan un seguimiento regular de la situación del empleo juvenil;

16.

Insta a los Gobiernos ACP y UE a que promuevan los derechos laborales y una remuneración justa como un medio eficaz de promoción de la inclusión social;

17.

Señala que los jóvenes que ejercen una actividad laboral durante los estudios adquieren una experiencia muy valiosa que facilita su paso del sistema educativo al mercado laboral; alienta al sector privado a crear más oportunidades de aprendizaje para los jóvenes que se encuentran todavía en la fase de escolarización; advierte contra todo tipo de explotación laboral en este contexto;

18.

Señala que las mujeres jóvenes (23) y los jóvenes con discapacidad  (24) sufren tasas más elevadas de desempleo y subempleo; pide que se elaboren políticas específicas de apoyo al empleo de las jóvenes y las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos;

19.

Destaca la necesidad de crear condiciones más favorables para los empresarios jóvenes, facilitándoles información, brindándoles incentivos financieros y suprimiendo las cargas administrativas que deben afrontar aquellos que desean crear una empresa; pide a las entidades financieras que faciliten el acceso al microcrédito a los jóvenes; pide a los gobiernos que elaboren programas de orientación profesional y financiación destinados a los jóvenes empresarios en el sector de las industrias culturales y creativas, así como que alienten la creación de servicios basados en la comunidad con vistas a mejorar la integración social a nivel local;

20.

Pide a los Parlamentos nacionales y a los Gobiernos de los países ACP y UE que incorporen en sus legislaciones nacionales la protección de las culturas existentes en sus territorios, como una garantía de la preservación y el desarrollo de dichas culturas;

21.

Rechaza el concepto de cultura como un bien sujeto a las normas del lucro; defiende la democratización de la creación y la valorización de la cultura para estimular el desarrollo cultural de los jóvenes, definido con su participación y con arreglo a sus aspiraciones;

22.

Exhorta a los Gobiernos ACP de los países y UE a que creen planes o apoyen las iniciativas existentes con objeto de contribuir a impulsar el desarrollo del turismo cultural, animando a los jóvenes a apreciar el patrimonio cultural y natural de sus países;

23.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y UE que elaboren políticas interculturales o refuercen las políticas interculturales existentes con objeto de promover la diversidad cultural y la coexistencia pacífica de culturas diversas en la sociedad; pide asimismo a los Gobiernos ACP y UE que fomenten la descentralización de las políticas culturales, promoviendo de esta forma el desarrollo local sobre la base de la cultura y las subculturas, así como el respeto de la diversidad y la diferencia;

24.

Pide a los Gobiernos ACP y UE, a la Comisión y a las organizaciones internacionales que incrementen sus esfuerzos para organizar talleres, seminarios y campamentos para jóvenes de orígenes culturales, étnicos y religiosos distintos como medio para fomentar la comprensión mutua entre las culturas;

25.

Considera que las Naciones Unidas, la Comisión y los gobiernos deberían introducir una dimensión cultural en las políticas, los programas y los planes de cooperación para el desarrollo;

26.

Pide a la comunidad internacional y a los Gobiernos ACP y UE que centren la atención en la preservación de la artesanía tradicional destinando más recursos a la formación profesional y las posibilidades de manufacturación, que apoyen la venta y comercialización de los productos de dicha artesanía, que mejoren las oportunidades de acceso al mercado de los bienes y servicios culturales, especialmente los producidos por los jóvenes, a fin de mejorar la movilidad de dichos bienes y servicios, y que apoyen iniciativas para la enseñanza de lenguas locales a través de Internet;

27.

Pide a los Gobiernos ACP y UE que velen por que se escuche a los jóvenes, y acoge con satisfacción la creación de los «Parlamentos de los Jóvenes» en un esfuerzo por promover su cultura política y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad;

28.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión sobre el denominado «diálogo estructurado» con los jóvenes y sus organizaciones sobre cuestiones políticas relevantes para ellos, si bien destaca la necesidad de definir mejor la aplicación de este concepto;

29.

Señala que la mejora del acceso a la información aumenta la transparencia de los gobiernos y las administraciones públicas, lo que impulsará la habilitación de los jóvenes y su participación en los procesos de toma de decisiones; destaca la importancia de las TIC en la mejora del acceso a la información, y pide a los gobiernos que creen y apliquen mecanismos que garanticen la protección de los jóvenes usuarios de las TIC; destaca el papel de las TIC en la consolidación de nuevas formas de participación de los jóvenes, como la participación digital y la ciudadanía electrónica;

30.

Considera que la edad mínima para ejercer el derecho de voto no debe ser superior a 18 años, con el fin de asegurar la plena participación de los jóvenes en la sociedad;

31.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Unión Africana, a los Estados miembros de la UE, a los países ACP, a las Naciones Unidas y a la UNESCO.

—

Vista la reunión celebrada en Luanda (Angola) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009,

—

Visto el artículo 17, apartado 2, de su Reglamento,

—

Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992,

—

Visto el Protocolo de Kyoto de 1997,

—

Vista el plan de acción adoptado por el Consejo Europeo tras el informe del Alto Representante para la PESC en marzo de 2008,

—

Vista la declaración conjunta ACP-UE sobre cambio climático y desarrollo aprobada por el Consejo de Ministros ACP-UE en mayo de 2009,

—

Vista la Resolución A/63/281 sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio de 2009,

—

Vistas las opiniones expresadas en el Foro Humanitario Mundial celebrado el 23 de junio de 2009 en Ginebra a iniciativa de Kofi Annan, antiguo Secretario General de las Naciones Unidas,

—

Vista la declaración sobre el cambio climático realizada por la Conferencia Parlamentaria Panafricana celebrada en Yaundé (Camerún) del 25 al 27 de junio de 2009,

—

Vistas las resoluciones aprobadas el 10 de julio de 2009 en la Cumbre del G8 y en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima celebrados en L'Aquila (Italia),

—

Visto el Seminario regional de los parlamentarios y representantes electos locales del África occidental sobre la gobernanza del cambio climático celebrado en Praia (Cabo Verde) del 3 al 6 de agosto de 2009,

—

Vistas las resoluciones sobre cambio climático y conflicto de la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Syrte (Libia) el 30 de agosto de 2009,

—

Vistas las recomendaciones de la Reunión de alto nivel sobre Cambio Climático convocada en Nueva York el 22 de septiembre de 2009 por Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,

—

Vistas las recomendaciones del Foro Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrado en Uagadugu (Burkina Faso) del 9 al 11 de octubre de 2009,

—

Vista la Declaración de la Segunda Cumbre de la Red Parlamentaria Panafricana sobre Cambio Climático celebrada en Nairobi (Kenia) del 12 al 15 de octubre de 2009,

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 29 y 30 de octubre de 2009,

—

Vista la Declaración de la Tercera Conferencia Subregional (Cuenca del Congo) de la Red Parlamentaria Panafricana sobre Cambio Climático celebrada en Yaundé (Camerún) del 12 al 13 de noviembre de 2009,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la estrategia de la UE para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague (COP 15) (26),

—

Vistas la decimoquinta Conferencia de las Partes (CP 15) en la CMNUCC y la quinta Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 5), que se celebrarán en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre de 2009,

—

Vista su Resolución de 4 de abril de 2009 sobre las consecuencias sociales y medioambientales del cambio climático en los países ACP (27),

A.

Considerando que el calentamiento global plantea el problema, cuya urgencia se reconoce universalmente, de la supervivencia y el crecimiento sostenible de la humanidad,

B.

Considerando que, de conformidad con un informe del Foro Humanitario Mundial presidido por Kofi Annan, el cambio climático ha llevado ya a más de 12 millones de personas a la pobreza, en tanto que 300 000 personas mueren cada año como consecuencia de los efectos adversos del cambio climático, y que 20 millones de personas caerán en la pobreza en 2030,

C.

Considerando que los desajustes climáticos, perceptibles ya debido a la intensidad y la frecuencia de las catástrofes naturales observadas en todos los continentes (inundaciones, sequías, erosión costera, elevación del nivel del mar, etc.), representan una amenaza grave y aterradora para los países constituidos en gran parte por desierto, islas o regiones costeras,

D.

Considerando que el informe titulado «Estado de la Población Mundial 2009», presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reconoce que el cambio climático es también una cuestión de dinámica de la población, pobreza e igualdad de género,

E.

Considerando que la deforestación tropical es un factor importante del cambio climático y representa una grave amenaza para la biodiversidad y el sustento de más de mil millones de personas pobres que habitan en esos bosques y viven de ellos,

F.

Considerando que la comunidad internacional reconoce el impacto del cambio climático en la seguridad internacional,

G.

Consciente de que los países menos avanzados (PMA), que cuentan con una capacidad limitada y una falta de recursos para adaptarse al cambio climático, serán los que más sufrirán a pesar de haber sido los que menos han contribuido al calentamiento global,

H.

Considerando la importancia de la agricultura, en particular de la agricultura a pequeña y mediana escala, en los PMA, en términos de porcentaje de población activa y el impacto del cambio climático en este sector,

I.

Convencida de que, para garantizar un medio ambiente sostenible para las generaciones futuras, será necesaria una responsabilidad compartida pero diferenciada de toda la humanidad,

J.

Considerando que los países industrializados tienen una responsabilidad histórica en la contaminación mundial y que, por lo tanto, tienen el deber de facilitar asistencia financiera a los países en desarrollo en sus esfuerzos por adaptarse a las consecuencias de dicha contaminación, incluidas las pérdidas y los daños ocasionados por el impacto del cambio climático,

K.

Considerando que la mayor parte de los fondos prometidos para el cambio climático procede de los presupuestos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lo que implica el desvío de fondos asignados a la ayuda al desarrollo y supone una grave amenaza para la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

L.

Considerando que el aumento de los desplazamientos y de la migración forzada de población debido al cambio climático puede acarrear grandes complicaciones y conflictos, por lo que debe abordarse seriamente, dado que los acuerdos internacionales sobre cambio climático y el Derecho internacional no prevén asistencia específica para las poblaciones afectadas,

M.

Considerando que la Cumbre del G8 y el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima celebrados en L'Aquila (Italia) han reconocido que, de acuerdo con las conclusiones de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto, la temperatura media en el mundo no debe aumentar más de 2° C con respecto a los niveles de la época preindustrial,

N.

Subrayando la urgente necesidad de tener en cuenta la situación de las mujeres cuando se analiza el impacto del cambio climático, y la relación entre el ODM 3 (igualdad de género) y el ODM 5 (salud materna),

1.

Acoge con satisfacción el consenso universal alcanzado finalmente sobre la necesidad de actuar conjuntamente y sin demora para salvar al planeta Tierra de la crisis ecológica y medioambiental que le amenaza;

2.

Insta a que el acuerdo que se alcance en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009 haga hincapié en la igualdad y la justicia social mediante un enfoque diferenciado que tenga en cuenta la población, el desarrollo industrial y la pobreza de los países;

3.

Subraya la necesidad de alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante en Copenhague a finales de este año, basado en el Protocolo de Kyoto y que entre en vigor el 1 de enero de 2013;

4.

Pide a los representantes de la UE y de los países ACP que cooperen estrechamente y que coordinen sus posiciones a fin de que la Cumbre de Copenhague concluya con éxito;

5.

Toma nota del reconocimiento por parte del G8 y del Foro de las Principales Economías en L'Aquila de la necesidad de crear una asociación mundial para promover tecnologías con bajas emisiones de carbono y respetuosas del medio ambiente y para duplicar la inversión del sector público en las mismas;

6.

Señala que la principal causa del cambio climático es la actividad económica que, desde la revolución industrial, ha dejado de respetar el equilibrio natural;

7.

Subraya que el acuerdo internacional debería basarse en el principio de la «responsabilidad común pero diferenciada», y que los países industrializados deben asumir el liderazgo en la reducción de sus emisiones nacionales, mientras que los países en desarrollo y las economías emergentes también deben comprometerse a adoptar a nivel nacional medidas de mitigación adecuadas, en el contexto de un desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas de manera mensurable, notificable y verificable por los países industrializados, en términos de tecnología, financiación y desarrollo de capacidades;

8.

Pide a los países industrializados que asuman el liderazgo a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el cambio climático adquiriendo compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones entre un 25 y un 40 % por debajo de los niveles de 1990 de aquí a 2020, y de un 80 a un 95 % por debajo de los niveles de 1990 de aquí a 2050;

9.

Pide a los países ACP y a la UE que establezcan un objetivo específico para el uso de las energías renovables y considera que la eficiencia energética y las energías renovables deberían figuran en el núcleo de los programas de cooperación al desarrollo ACP-UE creados en el marco del Acuerdo de Cotonú;

10.

Cree firmemente que la política en materia de cambio climático no debería estar disociada de las demás políticas, como agricultura, seguridad alimentaria, energía, medio ambiente, salud pública y comercio internacional; insta, por lo tanto, a los Gobiernos de la UE y de los países emergentes y en desarrollo a que integren de manera activa las dimensiones medioambiental, social y de cambio climático en los documentos de estrategia nacional y regional así como en todos los programas y proyectos de desarrollo;

11.

Considera que las expectativas suscitadas por la existencia, en los países africanos en particular, de grandes reservas naturales que podrían servir genuinamente como pulmones del planeta debe traducirse en flujos financieros adecuados que les permitan utilizar sus recursos naturales pero respetando el ecosistema en beneficio de toda la humanidad;

12.

Pide a la Comisión que desarrolle urgentemente una agenda exhaustiva con el fin de reducir la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo que incluya la promoción de los acuerdos de asociación voluntaria en el marco de los programas del Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), a fin de velar por el respeto de los derechos de las comunidades indígenas que habitan esos bosques; considera además que la Comisión debe presentar propuestas claras y firmes para prohibir la importación de madera talada ilegalmente y de sus productos derivados en el mercado de la UE; pide a la Comisión que presente esas propuestas sin demora;

13.

Subraya que los recursos financieros necesarios para hacer frente al cambio climático deben ser adicionales, renovables, predecibles, transparentes, a largo plazo, apropiados y asignados principalmente como subvenciones; señala que los países donantes tienen que invertir en el incremento de la «capacidad de absorción» de los países en desarrollo, de manera que estos últimos estén en condiciones de utilizar los recursos con efectividad;

14.

Hace hincapié en que la financiación para la mitigación y la adaptación respeten las prioridades establecidas por los países en desarrollo; subraya la necesidad de incorporar los conocimientos locales a las estrategias de mitigación y adaptación, así como la importancia de la transferencia de conocimientos Sur-Sur;

15.

Insta a que las transferencias tecnológicas se organicen rápidamente a fin de que sea posible abordar situaciones de emergencia relacionadas con catástrofes ecológicas (sequías, inundaciones, etc.);

16.

Pide a la comunidad internacional que explore mecanismos de financiación innovadores a fin de aumentar su apoyo financiero a los países en desarrollo para la adaptación al cambio climático y su mitigación; insta a los Gobiernos de la UE y de los países ACP a que creen programas para atraer financiación adicional del sector privado, de manera transparente, con el fin de financiar proyectos de adaptación; subraya la necesidad de mejorar la coordinación de los donantes y de reforzar la cooperación entre países donantes y beneficiarios;

17.

Pide asimismo que el acuerdo alcanzado por el G8 para reducir el nivel de los gases de efecto invernadero de aquí a 2050 vaya acompañado de planes de acción a corto y medio plazo;

18.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que incluyan la agricultura en cualquier acuerdo sobre cambio climático en Copenhague a fin de que esa actividad tenga mucho mayor acceso a la financiación para la adaptación por ser vital para la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del ecosistema;

19.

Pide a los Gobiernos de los países ACP que promuevan un fondo regional para la mejora y divulgación de técnicas de cooperación entre pequeños agricultores para los programas de adaptación y mitigación; subraya la necesidad de incrementar las campañas de educación e información sobre el impacto del cambio climático;

20.

Llama la atención sobre la declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación en el sentido de que el fomento de los agrocombustibles está creando las condiciones para otra crisis alimentaria en un futuro próximo; subraya que el primer objetivo de la agricultura es producir alimentos;

21.

Pide en consecuencia a los países desarrollados presentes en Copenhague que inicien actividades de investigación y desarrollo y que compartan las nuevas tecnologías con los PMA y todos los países en desarrollo;

22.

Hace hincapié en la necesidad de que exista responsabilidad y confianza institucionales, estableciéndose para ello una representación paritaria de países donantes y beneficiarios en los órganos de gestión de las instituciones de financiación de la adaptación;

23.

Insiste en que en el acuerdo sobre el cambio climático para el periodo posterior a 2012 se deberían tener en cuenta los procesos de desarrollo en curso a nivel tanto internacional como nacional; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan los vínculos necesarios entre el cambio climático y los ODM, integrando la adaptación al cambio climático y su mitigación en los proyectos y programas destinados a la consecución de los ODM y en todas las estrategias de reducción de la pobreza;

24.

Pide a la comunidad internacional que determine y colme las carencias legales en materia de protección de las poblaciones afectadas por los desplazamientos y la migración debidos al cambio climático y que cree un sistema específico de asistencia y protección;

25.

Pide la conversión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una organización mundial sobre el medio ambiente de pleno derecho con sede en Nairobi (Kenia), dotada de la capacidad adecuada para abordar a nivel mundial la gravedad de la catástrofe medioambiental y los retos que plantea;

26.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, al Secretario General de las NN.UU., a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a la CMNUCC y al Banco Mundial.

—

Vista la reunión celebrada en Luanda (Angola) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009,

—

Visto el artículo 17, apartado 2, de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE celebrado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005,

—

Vista la Declaración de la Comisión de la Unión Africana,

—

Vista la Declaración, de 31 de marzo de 2009, del Comité de Embajadores de los países ACP sobre la situación en Madagascar,

—

Vista la Resolución sobre la situación política en Madagascar aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 10 de febrero de 2009,

—

Vistos el trabajo del Grupo internacional de contacto sobre Madagascar y, en particular, los acuerdos de Maputo y Addis Abeba celebrados el 9 de agosto de 2009 y el 6 de noviembre de 2009, respectivamente,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, sobre la situación en Madagascar (29),

—

Vista la Declaración, de 10 de noviembre de 2009, del Secretario General de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) sobre la situación en Madagascar,

A.

Considerando que Andry Rajoelina, Alcalde de la capital, Antananarivo, se convirtió en jefe de la Alta Autoridad de Transición el 17 de marzo de 2009, cuando los militares devolvieron el poder ejecutivo que habían arrebatado al anterior Presidente, Marc Ravalomanana, quien fue obligado a dimitir y partir al exilio,

B.

Considerando que el Sr. Rajoelina ha disuelto la Asamblea Nacional y el Senado y se ha autoproclamado Presidente de la República y jefe de la Alta Autoridad de Transición,

C.

Tomando nota de las numerosas manifestaciones de protesta que ha reprimido el Ejército por la fuerza,

D.

Tomando nota de que tales hechos han sido condenados por la comunidad internacional y, en particular, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la OIF, la Unión Interparlamentaria, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y Noruega,

E.

Considerando que la UA y la SADC no han reconocido la autoridad del Sr. Rajoelina y han suspendido la afiliación de Madagascar a ambas organizaciones,

F.

Considerando que el lunes 6 de julio de 2009 la Unión Europea inició un proceso de consultas con la República de Madagascar en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, abriendo así un diálogo que permita explorar la manera de dar una solución adecuada a los problemas políticos del país,

G.

Considerando que la Unión Europea ha suspendido la entrega de financiación a Madagascar, a excepción de la ayuda humanitaria y ciertos programas y proyectos que benefician directamente a la población, hasta que considere que la hoja de ruta para el restablecimiento de la legalidad constitucional tiene credibilidad y se basa en la participación consensuada de todas las partes,

H.

Considerando que los esfuerzos de la comunidad internacional por apoyar a las partes locales en la búsqueda de una solución incluyente a la crisis y el restablecimiento de la legalidad constitucional en Madagascar chocan con la intransigencia del Sr. Rajoelina -quien, aparentemente, es un rehén de su propia facción- y las exigencias del Presidente exiliado, Sr. Ravalomanana, que da muestras de una desvalida falta de realismo,

I.

Considerando que Madagascar acusa económicamente la situación política y que la recuperación económica nacional depende de la estabilidad política,

1.

Condena enérgicamente la usurpación del poder en Madagascar en flagrante violación de la Constitución nacional y la decisión de otorgar la Presidencia de la República al Sr. Rajoelina, pues se trata lisa y llanamente de un golpe de Estado,

2.

Reclama el regreso a la legalidad constitucional republicana, lo que deberá lograrse mediante el acuerdo de las partes en conflicto de alcanzar y aplicar rápidamente una solución incluyente a la crisis,

3.

Pide a las cuatro formaciones políticas implicadas que trabajen incansablemente, como se comprometieron a hacer en Maputo y Addis Abeba, para alcanzar un consenso sobre el reparto de puestos de responsabilidad y cargos gubernamentales, a fin de que la transición pueda realizarse con arreglo al calendario de Addis Abeba;

4.

Insiste en la reapertura inmediata del Parlamento malgache y su participación en los esfuerzos para la resolución de la crisis;

5.

Expresa su convicción de que solo podrán garantizarse el pluralismo político, las libertades democráticas básicas, el respeto de los derechos humanos y la primacía de la ley a través de un diálogo consensuado e incluyente en que se aborden las causas subyacentes a la amplia paleta de problemas del país: económicos, sociales, políticos y medioambientales;

6.

Se congratula de la actividad desplegada por el Grupo Internacional de Contacto en el que intervienen las Naciones Unidas, la UA, la UE y numerosas organizaciones regionales — el Mercado Común para el África Oriental y Meridional (COMESA), la Comisión del Océano Índico (COI) y la SADC — en las reuniones de mediación en Maputo y Addis Abeba y le anima a seguir esforzándose por la vuelta a la normalidad de la situación;

7.

Reclama que se incoe una investigación internacional independiente para examinar las violaciones de los derechos humanos y las diferentes actuaciones represivas llevadas a cabo contra la población;

8.

Pide a la comunidad internacional que incremente la ayuda humanitaria para la población malgache; insta a la comunidad internacional y a la UE a que restablezcan gradualmente la ayuda a Madagascar tan pronto como se hayan creado las instituciones transitorias del Gobierno de unidad nacional y reclama el pleno respeto de los principios democráticos y las libertades fundamentales;

9.

Pide a todo Gobierno provisional de Madagascar que no concluya acuerdos o contratos con otros países o empresas sobre sus recursos naturales o su patrimonio nacional hasta después de que se hayan celebrado elecciones y el nuevo Gobierno haya recibido un mandato legítimo de la población malgache;

10.

Se congratula de la posición de principios adoptada por la comunidad internacional, contraria a todo conato de acceder al poder por vías anticonstitucionales; y expresa su particular satisfacción por la negativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas a conceder al Sr. Rajoelina el uso de la palabra ante ella;

11.

Insta a todos los actores políticos a que concedan un lugar preeminente en sus programas a la lucha contra la pobreza, a fin de mejorar el nivel de vida de la población aplicando una saludable política de desarrollo sostenible, en particular con respecto a los servicios sanitarios básicos, la educación y la creación de empleo;

12.

Se compromete a llevar a cabo una misión de investigación sobre la aplicación de los acuerdos de Maputo y Addis Abeba y solicita que llegado el momento se cree una misión internacional de observación electoral, en la que desea participar;

13.

Exige la inmediata liberación de todos los presos políticos y la cancelación de todos los procesos judiciales incoados contra ellos;

14.

Pide a la Unión Africana, al Grupo Internacional de Contacto y a los actores políticos malgaches que consideren la posibilidad de crear un órgano de apoyo y control para velar por el pleno respeto de los compromisos contraídos en Maputo y Addis Abeba y coronar con éxito el proceso de transición;

15.

Reclama la imposición de sanciones particulares si no se respetan los compromisos contraídos en Maputo y Addis Abeba;

16.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo, a la Comisión Europea, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la SADC, al Presidente Joaquim Chissano y a la Comisión de la Unión Africana.

A.

Considerando que el artículo 95 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, firmado en Cotonú (Benin) el 23 de junio de 2000, prevé que el Acuerdo se revise cada cinco años; observando que la primera revisión concluyó en 2005 y que las negociaciones para la segunda revisión están en curso y concluirán probablemente antes de finales de 2010,

B.

Considerando que, dado que el 10o FED no expira hasta 2013, la actual revisión del Acuerdo de Cotonú no incluye negociaciones sobre un nuevo Fondo Europeo de Desarrollo (FED); y que la tercera revisión del Acuerdo de Cotonú está prevista para 2015, por lo que se efectuará dos años después de la expiración del 10o FED,

C.

Recordando que el objetivo principal del Acuerdo de Cotonú es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza de forma coherente con los objetivos de desarrollo sostenible, así como la gradual integración de los países ACP en la economía mundial,

D.

Teniendo presente que la fecha de la tercera revisión del Acuerdo de Cotonú en 2015 coincidirá con el plazo establecido para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

E.

Recordando que, desde la primera revisión del Acuerdo de Cotonú, se han producido cambios significativos en el entorno internacional, causados por desafíos tales como los desorbitados precios de los alimentos y de la energía y las crisis financiera, económica y social globales, así como el cambio climático, cuyas más graves repercusiones se afectan a los países en desarrollo,

F.

Considerando que el proceso de negociación de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), junto con la celebración y ejecución de acuerdos provisionales o plenos, ha socavado la cohesión del Grupo ACP y el proceso de integración regional en curso,

G.

Considerando que toda revisión de la dimensión política de la relación ACP-UE, consagrada en la parte I, título II, del Acuerdo de Cotonú, debe llevarse a cabo con pleno respeto de una asociación entre iguales,

H.

Haciendo hincapié en que no debe debilitarse en modo alguno la dimensión parlamentaria de la relación ACP-UE,

I.

Considerando que, antes de iniciar las negociaciones sobre una revisión del Acuerdo de Cotonú, se debería haber consultado de forma abierta y transparente a todos los interesados, incluidos los parlamentos y los actores no estatales,

1.

Hace hincapié en que la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú debería reforzar los principales objetivos del Acuerdo, que son la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible, la gradual y efectiva integración de los Estados ACP en la economía mundial y la preservación y el refuerzo del acervo de Lomé, así como el fortalecimiento de la unidad, la cohesión y la solidaridad; previene, a este respecto, contra el peligro de introducir en el Acuerdo elementos que sería más conveniente abordar en otros acuerdos de cooperación internacionales;

2.

Pide a las partes negociadoras que sean flexibles con respecto al plazo para la conclusión del ejercicio de revisión, dados los cambios institucionales que se están produciendo en la Comisión y en la Secretaría ACP en 2010, así como la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la posible celebración de negociaciones sobre AAE;

3.

Destaca que la consecución de los ODM debería seguir siendo uno de los objetivos principales de la cooperación al desarrollo ACP-UE; hace hincapié en que el Acuerdo de Cotonú debería prever más inversiones en servicios públicos e infraestructuras;

4.

Considera que, independientemente de la celebración de negociaciones sobre AAE, la revisión del Acuerdo de Cotonú debería incluir un compromiso con una perspectiva preliminar para la financiación de la cooperación ACP-UE después de 2013;

5.

Insiste en que los intentos de favorecer una diferenciación regional dentro del Grupo ACP no deben debilitar la cohesión y la solidaridad del Grupo y que esta diferenciación no debe aplicarse a aspectos de las relaciones ACP-UE que pueden abordarse adecuadamente teniendo en cuenta a todos los interesados en el proceso ACP-UE; expresa una particular preocupación, en este contexto, por el hecho de que la diferenciación regional no debería afectar al funcionamiento de las instituciones conjuntas ACP-UE que emanan del Acuerdo de Cotonú o impedir el fortalecimiento de la relación entre la UE y todo el Grupo ACP;

6.

Reconoce la creciente importancia de la función que desempeñan las organizaciones regionales y continentales, en particular la Unión Africana (UA), en el entorno económico, social e institucional, para el desarrollo de los Estados ACP; expresa, no obstante, su firme opinión de que ningún recurso destinado a apoyar a la UA u otras organizaciones regionales, debe tomarse de las dotaciones nacionales en virtud del FED ni de iniciativas horizontales a largo plazo; hace hincapié en que, a este fin, la cooperación al desarrollo ACP-UE y las estrategias regionales específicas de la UE deben seguir apoyando y reforzando el actual proceso de integración regional dentro del Grupo ACP;

7.

Observa que el capítulo relativo a la cooperación económica y comercial debería modificarse con objeto de tomar en consideración la expiración del régimen comercial de Cotonú; insiste, no obstante, en que las nuevas disposiciones relativas a los regímenes comerciales que han de regir el comercio ACP-UE, al tiempo que son conformes con los requisitos de la OMC, deben tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todos los Estados ACP a la luz de sus diferentes niveles de desarrollo económico y de las limitaciones estructurales, independientemente de que hayan celebrado AAE o renunciado a ellos;

8.

Pide que se realice una amplia revisión a fin de asegurar que los AAE cumplen sus objetivos; opina que es necesaria una revisión general y formal del proyecto AAE que debe realizarse a nivel de todos los ACP-UE en un momento específico en el futuro;

9.

Pide que se refuercen las disposiciones pertinentes, a fin de asegurar que la Comisión Europea consulta exhaustivamente al Grupo ACP antes de contraer compromisos que pueden tener efectos adversos sobre la integración económica de las regiones ACP o las relaciones comerciales ACP-UE;

10.

Destaca que la revisión del Acuerdo de Cotonú no debe presionar indebidamente a los Estados ACP para que celebren negociaciones sobre AAE;

11.

Reconoce que las situaciones de inseguridad o de fragilidad del Estado plantean desafíos particulares en relación con el desarrollo y la consecución de los ODM y, a este fin, pide que la cooperación al desarrollo ACP-UE apoye iniciativas destinadas a controlar la difusión de armas pequeñas y ligeras en los Estados y regiones ACP;

12.

Insiste, con relación a la migración, en que durante el proceso de revisión en curso no deben modificarse las actuales disposiciones del Acuerdo de Cotonú relativas a los acuerdos de readmisión;

13.

Reconoce que la celebración de los procedimientos de consulta contemplados en los artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú debe ser excepcional y que sólo debe recurrirse a dichos procedimientos en los casos en que se hayan agotado todas las demás formas de diálogo, como las previstas en el artículo 8; opina, no obstante, que cuando se den dichas circunstancias excepcionales, es importante que cualquiera de las Partes del Acuerdo pueda poner en marcha los procedimientos de consulta;

14.

Subraya la importancia de la dimensión parlamentaria del Acuerdo de Cotonú, representada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP); expresa su firme compromiso de asegurar que la APP y los Parlamentos nacionales ejercen plenamente su función en los procesos y acciones que se desarrollan en virtud del Acuerdo de Cotonú y hace hincapié, además, en su rotunda oposición a todo intento de reducir el papel de la APP, en particular mediante propuestas que repercuten en sus métodos de trabajo y en la frecuencia de sus reuniones, cuya determinación debe corresponder únicamente a la APP;

15.

Pide que el Acuerdo de Cotonú prevea que los Documentos de Estrategia Nacionales y Regionales se transmitan a la APP, como dispone actualmente el Reglamento del Consejo de la UE sobre la aplicación del décimo FED (30); considera que, a este fin, en el futuro debe consultarse a la APP y a los Parlamentos nacionales y regionales en el proceso de elaboración de dichos documentos de estrategia;

16.

Insiste en que en el Acuerdo de Cotonú se prevea autorizar a la APP a controlar la aplicación de las estrategias nacionales y regionales;

17.

Cree firmemente en el papel clave que los Parlamentos nacionales ACP pueden desempeñar en todos los aspectos de la relación ACP-UE; pide que a los Parlamentos nacionales se les concedan responsabilidades de control en la aplicación del Acuerdo de Cotonú, en particular la programación, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las acciones y los programas de cooperación al desarrollo; insiste en la adopción de medidas eficaces para la supervisión de la ayuda presupuestaria, particularmente por parte de los Parlamentos nacionales y de las instituciones superiores de auditoría; insta a la creación de capacidades en los Parlamentos ACP con objeto de que ejerzan eficazmente las tareas anteriormente mencionadas;

18.

Reconoce la vital contribución de los actores no estatales en el incremento de la transparencia y de la legitimidad democrática, así como en la mejora de la capacidad de los ciudadanos para pedir responsabilidades a los gobiernos, y destaca por lo tanto la necesidad de una mayor participación de los actores no estatales de los Estados ACP y de la UE;

19.

Pide que en el Acuerdo de Cotonú se preste más atención a la urgente necesidad de realizar más esfuerzos con miras a la consecución de los ODM, especialmente considerando la magnitud del desafío y la proximidad de la fecha límite del 2015; insiste firmemente, por lo tanto, en que los fondos vinculados a sectores de los ODM no se destinen a apoyar iniciativas horizontales en ámbitos menos directamente vinculados con estos objetivos;

20.

Atrae la atención sobre la importancia de los principios de eficacia de la ayuda establecidos en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra, así como en los principios de la coordinación de donantes que figuran en el Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo (31); considera que ello es esencial para hacer el mejor uso posible de los fondos destinados a la cooperación al desarrollo y pide que dichos principios se tengan plenamente en cuenta en la revisión del Acuerdo de Cotonú;

21.

Pide una mayor coherencia entre el FED y el nuevo mandato en materia de desarrollo del Banco Europeo de Inversiones (BEI);

22.

Acoge con satisfacción el compromiso de la UE, consagrado en el Tratado de Lisboa, de tener en cuenta «los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo» (32); manifiesta no obstante, su preocupación por la Comunicación de la Comisión Europea sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo  (33), que introduce un enfoque diferente con respecto a estas políticas; insiste a este respecto en que el enfoque de la UE con respecto a la CPD debe tomar plenamente en cuenta las prioridades de los Estados ACP en materia de desarrollo.