—

Reunida en Wiesbaden (Alemania) del 25 al 28 de junio de 2007,

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra ACP-CE firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, en su versión modificada por el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de asociación, firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 («Acuerdo de Cotonú»), y en particular sus artículos 9, 68, 96 y 97,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de octubre de 2003,

—

Vista la creación de la Corte Penal internacional (CPI) en Roma, el 17 de julio de 1998,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionales de 16 de diciembre de 1996,

—

Vista la Convención Interamericana contra la corrupción adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996,

—

Vista la Convención de la Unión Africana sobre la prevención y la lucha contra la corrupción adoptada en la 2a sesión ordinaria de la Conferencia de la Unión Africana en Maputo el 11 de julio de 2003,

—

Visto el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 21 de noviembre de 1997,

—

Vistas las leyes sobre el blanqueo de capitales vigentes en los ordenamientos jurídicos de los Estados ACP-UE,

—

Vista la Declaración de París de 2 de marzo de 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo,

—

Vista la Declaración efectuada el 2 de junio de 2003, por la Cumbre del G8 en Evián, a favor de la lucha contra la corrupción y de la mejora de la transparencia, y la Declaración efectuada por la Cumbre del G8 de los días 6 a 8 de junio de 2007 en Heiligendamm, Alemania, sobre el crecimiento y la responsabilidad en África,

—

Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo no 2/2005 sobre las ayudas presupuestarias del FED a los países ACP (2),

—

Vista la Guía sobre la transparencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales, adoptada por el FMI en junio de 2005,

—

Vista la Reseña del Banco Mundial sobre las industrias extractivas, de 2004,

—

Vistas las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales,

—

Vistos los resultados de la reunión plenaria del GAFI celebrada en Vancouver del 9 al 13 de octubre de 2006,

—

Vistas las iniciativas Publish What You Pay («Publica lo que pagas») y Publish What You Earn («Publica lo que ganas»),

—

Vistos los principios y criterios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE),

—

Visto el apoyo prestado por la Unión Europea al proceso de certificación de Kimberley para las importaciones y exportaciones de diamantes y la participación de los países ACP en el proceso de Kimberley,

—

Visto el Plan de acción de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) y el Reglamento (CE) no 2173/2005,

—

Vista la iniciativa africana para la aplicación de las leyes y la gobernanza en el sector forestal, adoptada en 2003,

—

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo de 31 de marzo de 2004 sobre la gobernanza en la política de desarrollo de la Unión Europea (3) y de 6 de abril de 2006 sobre «Eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo» (4),

—

Vistas sus Resoluciones de 24 de noviembre de 2005 sobre la función de los Parlamentos nacionales en la aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú, y sobre los productos básicos agrícolas y mineros (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico Social Europeo — «Estrategia de la UE para África — Hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África»,

—

Visto el Manual del parlamentario para luchar contra la corrupción, elaborado por la Organización mundial de parlamentarios contra la corrupción (GOPAC),

—

Visto el Índice de percepción de la corrupción (IPC) 2006, publicado el 6 de noviembre de 2006 en Berlín por Transparency International,

—

Vista el acta literal de la misión de información y de estudio en Mauritania de la Mesa de la APP, del 23 al 27 de febrero de 2006,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE/3937/07),

A.

Adhiriéndose al principio de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus países, y hacia el conjunto de sus ciudadanos, por lo que respecta a la gestión de los ingresos y gastos públicos,

B.

Considerando que los beneficios económicos y financieros obtenidos por la explotación de los recursos naturales deben provocar un aumento sustancial del desarrollo humano,

C.

Considerando que los gobiernos de los países ricos en recursos naturales tienen el deber y la responsabilidad de dedicar sus ingresos prioritariamente a la satisfacción de las necesidades básicas de sus poblaciones, especialmente en materia de salud y educación, así como a la lucha contra la pobreza,

D.

Considerando que una buena gestión gubernamental debería tener en cuenta que los beneficios son mayores si las riquezas naturales se procesan y perfeccionan en el propio país, en lugar de ser exportadas como materias primas,

E.

Considerando que los gobiernos soberanos y los poderes públicos competentes tienen asimismo el deber de utilizar responsablemente los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales de su país para el beneficio directo de los habitantes actuales y futuros de su país respectivo,

F.

Considerando que el sector de los recursos sólo puede convertirse en un factor de desarrollo sostenible si se reducen al mínimo sus efectos negativos en el ámbito social y medioambiental y se reparten equitativamente sus beneficios y costes,

G.

Considerando que las poblaciones de los países ricos en recursos naturales tienen el derecho inalienable de beneficiarse, de la manera más equitativa posible, de las riquezas de su país y de los frutos del crecimiento económico que puedan generar,

H.

Considerando que las empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales son también responsables de garantizar que sus inversiones contribuyen al desarrollo sostenible de los países ricos en recursos naturales,

I.

Considerando que la ausencia de transparencia sobre los pagos — legítimos — que las empresas efectúan a los gobiernos constituye un riesgo empresarial considerable, ya que las hace vulnerables frente a acusaciones de complicidad con comportamientos de corrupción y empaña la legitimidad de su actividad,

J.

Considerando que los gobiernos europeos tienen la obligación luchar contra tales prácticas,

K.

Considerando que la mala gobernanza y la deficiente transparencia en la gestión de los ingresos gubernamentales generados por los recursos naturales pueden acentuar la corrupción política y aumentar el riesgo de malversación de caudales públicos,

L.

Considerando el incremento de los precios mundiales del petróleo durante los últimos 36 meses y los ingresos adicionales obtenidos,

M.

Considerando que la extracción de petróleo en los países en desarrollo, como consecuencia de los importantes ingresos que genera, puede crear graves desequilibrios económicos y sociales, agravar las injusticias sociales e incluso favorecer un clima de violencia si aquéllos no se emplean adecuadamente en beneficio de todos los sectores de la población y con el objetivo del desarrollo nacional y considerando que, en el caso del petróleo, existe el riesgo de que se presenten unos indicadores de crecimiento artificialmente elevados en detrimento de los indicadores de desarrollo humano,

N.

Considerando que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2004 una enmienda a la Directiva sobre las obligaciones de transparencia en la que invitaban a los Estados miembros de la UE a incitar a las empresas cotizadas en las bolsas europeas a publicar los pagos efectuados a instancias gubernamentales,

O.

Considerando que la mejora de la gobernanza y de la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas tiende a reducir el riesgo de conflictos relacionados con la explotación de los recursos naturales,

P.

Considerando que un aumento significativo de la transparencia fiscal, así como la erradicación de la corrupción pública, reducirán los riesgos políticos y crearán un entorno más estable y propicio para las inversiones nacionales y extranjeras, en particular en el sector de las industrias extractivas, como han reconocido los inversores institucionales que administran unos fondos que ascienden a un total de 12 300 billones de euros,

Q.

Considerando que la transparencia fiscal y la seguridad de los suministros de energía están vinculadas, dado que la corrupción y la mala gobernanza en los países proveedores de energía pueden reforzar los sentimientos locales de resentimiento en relación al sector energético y provocar amenazas para las instalaciones energéticas, reduciendo el abastecimiento de los mercados mundiales,

R.

Considerando que la mala gobernanza y la irresponsabilidad en la gestión de los recursos naturales pueden tener graves consecuencias para el medio ambiente, puesto que la tala de árboles puede conducir a la desertización o a otros cambios climáticos y deteriorar el entorno vital de las personas, los animales y las plantas,

S.

Considerando que las poblaciones de las zonas de explotación de recursos naturales no solamente están excluidas de los beneficios de la explotación, sino que con frecuencia se ven afectadas, además, por graves daños medioambientales como la contaminación del aire, del agua y del suelo,

T.

Considerando que entre los recursos naturales no sólo se cuentan las riquezas del subsuelo sino también la fauna y la flora así como el agua limpia y el aire poco contaminado, que hay que proteger y mejorar,

U.

Considerando la importancia de aplicar las mejores prácticas en materia de gestión de los recursos petrolíferos y de los principales recursos naturales en los países ACP,

V.

Considerando la importancia de difundir entre los agentes públicos valores y virtudes tales como el desinterés, la integridad, la responsabilidad, la transparencia y la honradez, valores y virtudes que hacen impensables e imposibles las prácticas de corrupción,

W.

Considerando que la búsqueda de la integridad y del comportamiento ético es ante todo un medio de garantizar a la población los servicios que tiene derecho a esperar del Estado en relación con la explotación de los recursos naturales,

X.

Considerando la necesidad de reforzar las competencias de los Parlamentos e instituciones democráticas de los países en desarrollo de manera que puedan ejercer efectivamente su función de control del ejecutivo y de autoridad presupuestaria,

Y.

Considerando que, en el pasado, la posesión de recursos naturales no ha sido siempre una bendición sino, con demasiada frecuencia, una calamidad para la población afectada en países faltos de control democrático, responsabilidad y Estado de Derecho, donde la lucha por los recursos ha fomentado la corrupción y los conflictos violentos bajo los que la población local ha sufrido con frecuencia,

Z.

Considerando que la creciente demanda de recursos naturales por economías en fase de rápido crecimiento, como la de China, ha acelerado la lucha internacional por tales recursos y prolongado con frecuencia la vigencia de regímenes no democráticos, conflictos violentos, violaciones de los derechos humanos,

AA.

Considerando que ciertas empresas no se adhieren a las normas fundamentales de trabajo establecidas por la OIT, causan accidentes mortales, utilizan el trabajo infantil, son los verdaderos responsables de la deforestación en África, desencadenan el comercio ilícito de marfil en África y han sido repetidas veces sorprendidos mientras pescaban ilícitamente en aguas africanas,

1.

Pide a los países ACP que disponen de ingresos derivados de la explotación de recursos naturales que destinen prioritariamente estos ingresos a la satisfacción de las necesidades básicas de sus poblaciones, en particular en materia de salud y educación, de recursos naturales y conservación del medio ambiente y a contribuir así a la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

2.

Pide a los países ACP y europeos que respeten y apliquen íntegramente las definiciones y recomendaciones del Acuerdo de Cotonú en materia de buena gestión de los asuntos públicos (artículo 9, apartado 3);

3.

Insta a los Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión a que, en consonancia con la buena gobernanza, concedan a la creación de industrias de transformación en los Estados ACP mayor importancia que al acceso de empresas europeas a las riquezas naturales de dichos Estados;

4.

Pide a los países africanos del grupo ACP que ratifiquen la Convención de la Unión Africana sobre la prevención y la lucha contra la corrupción; pide a los países del Caribe que ratifiquen la Convención Interamericana contra la Corrupción; pide a todos los países ACP-UE que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Declaración de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales e Internacionales y que introduzcan mecanismos específicos para la aplicación y el control efectivos de las disposiciones del apartado 3;

5.

Pide a los Gobiernos de los países de la Unión Europea y de los países ACP que aprueben y contribuyan a llevar a la práctica los principios de las iniciativas privadas a favor de una mejor gobernanza en la gestión de los ingresos derivados de los recursos naturales, tales como la ITIE y las campañas «Publish What You Pay» y «Publish What You Earn»;

6.

Pide a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE que promuevan la mejora y la aplicación integral de la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas (ITIE), en especial haciendo obligatorias las disposiciones en materia de transparencia y que introduzcan mecanismos eficaces de control aplicando el criterio mínimo 5 que consagra el compromiso activo de la sociedad civil como participante en la ITIE, y que concedan una contribución financiera al fondo fiduciario de la ITIE;

7.

Pide a los países ACP que garanticen que los ingresos se utilizan también para diversificar su economía y desarrollar actividades económicas a un nivel más elevado en la cadena de producción, lejos de la mera extracción de recursos naturales;

8.

Pide a la Comisión Europea que envíe grupos de apoyo a los países en desarrollo proveedores de energía para ayudarles en la aplicación de la ITIE;

9.

Pide a todos los países ACP que han firmado formalmente la ITIE que avancen en la puesta en práctica concreta de sus criterios mínimos, en especial el criterio 5, velando por que la sociedad civil pueda desempeñar su papel de supervisora con total libertad y en ausencia de todo temor o intimidación;

10.

Alienta a todos los países signatarios del Acuerdo de Cotonú, ricos en recursos naturales, que todavía no lo hayan hecho, a que se adhieran formalmente a la ITIE y pide a los Estados miembros de la UE y a los Gobiernos ACP que pongan en práctica el refuerzo de las capacidades de la sociedad civil, como se prevé en el artículo 7 del Acuerdo de Cotonú y en las recomendaciones de ambos foros de la sociedad civil ACP celebrados en 2002 y abril de 2006;

11.

Pide a todos los Gobiernos ACP y de la UE que insten a todos los inversores a adherirse a la ITIE y a otras iniciativas y convenciones que fomenten la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales;

12.

Pide a todos los Gobiernos ACP y de la UE que inviten a los Gobiernos de los países emergentes a cumplir las responsabilidades que han contraído tales como la adhesión a las normas fundamentales de trabajo, la abolición del trabajo infantil, la restricción de la proliferación de armas pequeñas y ligeras en particular en zonas de conflicto, la prohibición de importaciones ilegales de materias primas y madera;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que condicionen su ayuda al desarrollo a los países ricos en recursos a los progresos realizados en el ámbito de la buena gobernanza, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos naturales, adhiriéndose y aplicando activamente iniciativas tales como «Publica lo que pagas», «Publica lo que ganas» e ITIE;

14.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión Europea que tomen la iniciativa de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para promover la transparencia en las industrias extractivas, por medio de normas contables y del Derecho mercantil, de conformidad con el apoyo prestado por el PE en marzo de 2004 a la enmienda sobre la Directiva relativa a las obligaciones de transparencia, y con PE la comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2005 sobre la estrategia de la UE para África;

15.

Pide al conjunto de los interesados que apliquen las normas que requieren transparencia y responsabilidad en los regímenes de gestión de los gastos e ingresos públicos entre las que se encuentran:

16.

Pide a todas las partes que velen por que los gobiernos de los países proveedores de energía que tienen graves problemas de gobernanza y de corrupción no obtengan ayudas no esenciales, condiciones comerciales favorables u otras ventajas hasta que demuestren fehacientemente que aplican de mejor modo la transparencia, especialmente en materia de presupuestos nacionales;

17.

Insta al conjunto de los proveedores de fondos bilaterales y multilaterales y a las agencias de créditos para la exportación que elaboren, no unas meras condiciones abstractas, sino unas condiciones basadas en la responsabilidad fiduciaria de los gobiernos respecto de sus ciudadanos y en un sistema de asociación que condicione la ayuda no humanitaria a la observancia de una serie de criterios concretos negociados conjuntamente y, en particular, en la transparencia pública sobre los flujos de ingresos resultantes de la explotación de los recursos naturales, utilizando los principios codificados en la «Guía sobre la transparencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales»;

18.

Pide a los Estados ACP-UE que actúen de manera que la promoción de la buena gobernanza, de la transparencia y de la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales sean objeto de compromisos mutuos y de criterios negociados conjuntamente en el marco del diálogo político previsto por el Acuerdo de Cotonú (artículo 8);

19.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros europeos que velen por que la promoción de la transparencia y el control democrático de la utilización de los ingresos en los países proveedores de energía a la Unión Europea constituya una prioridad de la estrategia común europea sobre energía;

20.

Recomienda que los retos de buena gobernanza, transparencia y responsabilidad en la explotación de los recursos naturales figuren en lugar preferente en la futura «Estrategia conjunta UE-África»;

21.

Alienta el desarrollo de mejores prácticas en materia de gestión de los recursos petrolíferos tales como las codificadas en la «Guía sobre la transparencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales»;

22.

Pide a los Gobiernos y a los Parlamentos ACP y de la UE que aseguren una explotación de los recursos naturales que no perjudique a los grandes equilibrios ecológicos; indica con preocupación, a este respecto, que la tala desmesurada de árboles puede conducir a la desertización o a otros cambios climáticos, a los que puede hacerse frente mediante una gestión responsable del sector maderero y medidas adecuadas de reforestación, y pide a las empresas que explotan los recursos naturales que respeten las normas medioambientales;

23.

Pide a los gobiernos, parlamentos e instituciones nacionales y regionales que incluyan la explotación legal de recursos naturales en un plan de protección del medio ambiente orientado hacia medidas de protección para la preservación de contaminación del aire, del agua y del suelo y el mantenimiento de la diversidad biológica de la fauna y la flora;

24.

Pide a todos los gobiernos que promulguen leyes que prohíban la importación de madera ilegalmente obtenida y, entre tanto, garanticen que mediante contratación pública sólo se adquiera madera de fuentes sostenibles y legales;

25.

Pide a todos los países productores de madera que garanticen que la obtención de toda la madera en su país respectivo se realiza de un modo sostenible, respetuoso de los derechos de las poblaciones locales y teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente;

26.

Pide a la UE que prevea una revisión en profundidad de la legislación forestal, refuerce la posesión de la tierra y los derechos de acceso de las comunidades locales y garantice una importante participación pública;

27.

Insta a todos los países que participan en el comercio de diamantes a adherirse plenamente al régimen de certificación previsto en el proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes brutos; destaca la importancia de avanzar hacia un control independiente de la conformidad de los países participantes y del sector del diamante con las directrices relativas al comercio de diamantes, y a velar por que los participantes en el proceso de Kimberley puedan supervisar el grado en que la industria del diamante respeta este proceso;

28.

Pide a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopten una definición de «recursos de conflicto» y añada la gestión de los recursos naturales al mandato de la Comisión de Consolidación de la Paz;

29.

Pide la instalación y utilización adecuada de sistemas informáticos tales como un banco de datos de recursos mineros;

30.

Subraya la responsabilidad y el interés de las empresas que explotan los recursos naturales en la promoción de un entorno económico transparente y respetuoso del desarrollo sostenible, y las alienta a adoptar iniciativas colectivas en este sentido, tales como el etiquetado de empresas «limpias»;

31.

Recuerda que, con arreglo al Acuerdo de Cotonú, los casos graves de corrupción pueden dar lugar a consultas, con arreglo a sus artículos 96 y 97;

32.

Invita a los países ACP a mantener un debate público nacional sobre la utilización de los ingresos provenientes de los recursos naturales y sobre la justicia social;

33.

Pide a los Estados ACP productores de petróleo que respeten, apoyen y alienten las actividades de los militantes anticorrupción y de los defensores de la transparencia;

34.

Insiste en el papel de los parlamentos nacionales de los países ACP en la promoción de la buena gobernanza y recomienda que se reconozca y consagre este papel en la futura «Estrategia conjunta UE-África»;

35.

Invita a los Parlamentos nacionales y regionales ACP y de la UE, así como a los representantes de la sociedad civil, a que cooperen para establecer un sistema de poderes y contrapoderes para impedir e incluso perseguir la corrupción por parte de los gobiernos y de las administraciones;

36.

Pide a los gobiernos e instituciones así como a los responsables políticos que destinen una parte de los ingresos procedentes de la explotación responsable de los recursos naturales a mejorar la situación de los ingresos de los agentes públicos, de la policía y de los empleados en los correspondientes sectores económicos, con el fin de disminuir los incentivos de la corrupción;

37.

Insta a los Gobiernos de los países ACP y a la Comisión Europea a que apoyen a los Parlamentos nacionales y regionales ACP en su actividad de autoridad presupuestaria, por medio del diálogo, del intercambio de información y del refuerzo de las capacidades;

38.

Pide a la Comisión que elabore una comunicación en la que defina la estrategia de la Unión Europea para reforzar la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho en los países en desarrollo;

39.

Anima a los Parlamentos nacionales de los países ACP a presionar a sus Gobiernos para que luchen contra la corrupción interna y favorezcan así una mejor gobernanza en la gestión de los ingresos públicos, mediante la incorporación de disposiciones anticorrupción y de mecanismos de control independientes dirigidos a una mayor transparencia o que susciten un mayor acceso a la información relativa a la utilización y asignación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales;

40.

Subraya que es también necesario reforzar las Administraciones de justicia, un sistema judicial independiente y los Tribunales de Cuentas en los países ACP;

41.

Incita asimismo a los parlamentos ACP a dotarse de códigos de conducta específicos a la buena gobernanza para prevenir todo riesgo de corrupción interna; considera que la publicación de los ingresos de los diputados puede contribuir también al objetivo de la transparencia;

42.

Invita a los Parlamentos nacionales y regionales a prestar su apoyo y a facilitar las actividades de los representantes de la sociedad civil en su lucha contra la mala gobernanza y la corrupción, permitiéndoles efectuar su trabajo en las mejores condiciones y con una libertad de acción óptima, y garantizándoles la capacidad, los medios y los recursos necesarios para realizar sus actividades;

43.

Pide que la sociedad civil y los Parlamentos nacionales participen en un seguimiento presupuestario eficaz por medio de controles del gasto público («Public Expenditure Tracking Survey» o PETS), que comparan con precisión los «ingresos» con los «resultados», sobre la base de los criterios del Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la OCDE;

44.

Considera que conviene elaborar indicadores sociales específicos para obtener datos más precisos sobre la calidad de la gobernanza realizada por los países signatarios del Acuerdo de Cotonú y pide que las organizaciones de la sociedad civil participen en este proceso dando prueba de la transparencia de su gestión de los fondos recibidos;

45.

Insta a los gobiernos e instituciones así como a los responsables políticos a que procuren que los agentes públicos reciban formación sobre la importancia de una utilización responsable y medioambientalmente respetuosa de los recursos naturales;

46.

Subraya que la lucha contra la corrupción puede contribuir eficazmente a la promoción de un clima de inversiones más seguro; invita a la Unión Europea, como copresidenta del Programa sobre el gasto público y la responsabilidad financiera («Public Expenditure and Financial Accountability» o PEFA) — que proporciona un marco armonizado para evaluar el riesgo fiduciario en los países destinatarios — a incluir indicadores específicos destinados a medir el nivel de corrupción;

47.

Invita a la Comisión a basarse en los niveles de corrupción así detectados para promover la buena gobernanza y para adoptar medidas adecuadas contra los regímenes corruptos; recuerda, sin embargo, que la promoción de la gobernanza no debe servir de pretexto para una condicionalidad de la ayuda impuesta de manera unilateral;

48.

Recuerda el importante papel desempeñado por las iniciativas regionales para reducir la corrupción y promover la buena gobernanza, tales como el Mecanismo de evaluación inter pares africano (MAEP); destaca la necesidad de que los países africanos apliquen estas iniciativas y de que la Comisión y los Estados miembros ofrezcan asistencia técnica y financiera a tal efecto;

49.

Pide a los Estados miembros de la Unión Europea provistos de centros financieros que adopten todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la repatriación al Estado de origen de los fondos ilegalmente adquiridos;

50.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACPUE, a la Comisión Europea, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano así como a los parlamentos nacionales y regionales y a la Organización mundial de parlamentarios contra la corrupción (GOPAC).

—

Reunida en Wiesbaden (Alemania) del 25 al 28 de junio de 2007,

—

Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistos los objetivos del Acuerdo de Asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 en el área del comercio y de la reducción de la pobreza,

—

Visto el informe de las Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, presentado por el Relator Especial de las Naciones Unidas a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2002 (2),

—

Vista la Declaración de Ciudad del Cabo sobre la futura negociación ACP-UE de nuevos acuerdos comerciales,

—

Visto que se está lejos de alcanzar el compromiso contraído en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad el número de personas desnutridas para el año 2015 (3),

—

Vista la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el consiguiente compromiso de erradicar la pobreza (4),

—

Vistos los sucesivos informes sobre el Desarrollo Humano elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

—

Vista la revisión a medio plazo de los acuerdos de asociación económica (AAE) por las redes regionales de organizaciones de agricultores ACP, publicada el 10 de diciembre de 2006 (5) así como las negociaciones en curso de los acuerdos de asociación económica,

A.

Considerando que, según el informe de 2006 de la UNCTAD sobre los PMA, durante los últimos treinta años el número de personas que vive en extrema pobreza se ha más que duplicado, aumentando de 138 millones en la década de los sesenta a 334 millones en el año 2000, y que si persisten las tendencias actuales el número de personas que vive con menos de 1 dólar estadounidense al día se incrementará de 334 a 471 millones para 2010,

B.

Considerando que el hambre, la malnutrición y la exclusión de millones de personas de acceso a alimentos son consecuencias de las políticas económicas, agrícolas y comerciales tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos de los países industrializados,

C.

Considerando que la agricultura constituye el principal sector económico de la mayoría de las poblaciones ACP, cuyo sustento depende de la producción agraria y de otras actividades afines, y que se estima que el empleo en el sector representa en torno al 60 % en todos los países ACP; considerando que el 73 % de la población rural de África está compuesta por pequeños agricultores que practican una agricultura de subsistencia y para los que la seguridad alimentaria es la máxima prioridad,

D.

Considerando que la diversidad biológica, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria dependen por completo del reconocimiento de la soberanía alimentaria de los países ACP, un espacio político diseñado para proteger sus frágiles sectores económicos, así como los derechos individuales y colectivos de los agricultores para salvar, intercambiar, distribuir y mejorar las semillas con el fin de mejorar la producción de alimentos,

E.

Considerando que la mayor parte de la producción y de las exportaciones agrícolas de los países ACP se basa en explotaciones familiares de pequeña dimensión, que son muy sensibles a las fluctuaciones de los precios,

F.

Considerando que la mayor parte de las exportaciones agrícolas ACP depende de uno o dos productos no transformados que aportan poco valor añadido a la economía, lo que incrementa la vulnerabilidad de sus economías,

G.

Considerando que las exportaciones tradicionales de productos agrarios como el café, el cacao, el cuero o las pieles han registrado un escaso crecimiento en el mercado de la UE durante los últimos 15 años, mientras que nuevos productos como las flores han obtenido un crecimiento espectacular, multiplicándose por seis, y los nichos de mercado en el sector de los productos orgánicos y de comercio justo se han expandido rápidamente y tienen un gran potencial,

H.

Considerando que los programas de ajuste estructural aplicados desde la década de 1980 han dado lugar a una reducción del apoyo gubernamental a los pequeños agricultores y a la producción de alimentos y han contribuido al debilitamiento de la agricultura local,

I.

Considerando que los radicales cambios políticos que se han producido en el sistema agrícola ACP incluyen la eliminación del control de precios sobre los medios de producción y la producción de las explotaciones agrícolas, la drástica reducción de los aranceles aplicados a las importaciones, la reducción del apoyo público a ampliaciones y servicios veterinarios, la no intervención de las organizaciones paraestatales en la comercialización de productos agrícolas y la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior,

J.

Considerando que las importaciones de productos de primera necesidad, como cereales, leche, carne, verduras y productos transformados, perjudican a los agricultores ACP locales,

K.

Considerando que la economía de cultivos comerciales ha situado a la población de los países ACP en una peculiar situación, ya que se producen alimentos para los mercados internacionales a la vez que importan alimentos básicos subvencionados de los países ricos para poder satisfacer las necesidades locales,

L.

Observando que los ingresos de los países ACP en concepto de exportaciones han decrecido durante las últimas décadas, a pesar de que estos países tienen una ventaja absoluta en el sector de los productos tropicales, debido a que las fluctuaciones de precios de los productos básicos desembocaron en el desplome del precio, que llegó hasta el 60 %, de productos tropicales como el café, el cacao, el aceite de palma y el algodón, lo que tiene desastrosas consecuencias sociales en la población y las economías de los países ACP,

M.

Considerando que el actual proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica es especialmente inadecuado para el sector agrario, dadas las enormes diferencias de productividad y de capacidad competitiva existentes entre las seis regiones ACP y la UE,

N.

Recordando que las relaciones comerciales ACP-UE tienen sus raíces en los Acuerdos de Yaoundé entre las antiguas potencias colonias y sus ex colonias con objeto de asegurar el acceso europeo a determinadas materias primas al tiempo que se proporciona a los países ACP mercados fiables,

O.

Considerando que, según el segundo Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos (2006) de las Naciones Unidas, el 75 % de la población africana vive en regiones áridas o semiáridas y aproximadamente el 20 % en zonas con fuertes variaciones climáticas anuales,

P.

Considerando que, según las conclusiones recogidas en el informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, aproximadamente el 60 % de los ecosistemas del mundo, incluidos los de agua dulce y las poblaciones pesqueras, se están degradando o se usan de manera no sostenible y que, por otro lado, la población más pobre del mundo es la más perjudicada por dicha degradación de los ecosistemas, siendo los elementos más vulnerables el agua, la agricultura, la salud humana, la biodiversidad y la elevación del nivel del mar,

Q.

Considerando que se prevé un aumento de la frecuencia de las inundaciones y sequías, lo cual provocará hambrunas y una alteración generalizada del bienestar socioeconómico, sobre todo en África, en tanto que la elevación del nivel del mar amenaza la viabilidad de algunas islas del Pacífico,

R.

Considerando que, según la Cuarta Evaluación de 2007 de la CIPF, el cambio climático que se producirá durante los próximos cincuenta años podría impedir la consecución de los ODM, con lo que en algunos países africanos las cosechas agrícolas se reducirán hasta en un 50 % para 2020 y pequeñas islas del Caribe y del Pacífico no tendrán recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda,

S.

Considerando que, según cálculos de la FAO, desde 1985 siete millones de trabajadores agrícolas han muerto de VIH/SIDA, y que durante las dos próximas décadas se registrarán probablemente otros 16 millones de muertes en los 25 países más afectados de África,

T.

Considerando que en los diez países más afectados de África se prevé que la mano de obra disminuya entre un 10 % y un 26 %, lo que constituye una muy grave amenaza para la salud pública y el desarrollo social y económico de África, donde la agricultura desempeña una función preeminente,

U.

Considerando que el VIH/sida afecta fundamentalmente a la población productiva, vaciando de agricultores y productores de alimentos las regiones afectadas y diezmando el sector agrario durante generaciones,

V.

Considerando que la cuestión de la agricultura a pequeña escala y la del VIH/sida están intrínsecamente unidas, dado que un sector agrícola pequeño y sostenible es importante no sólo para proveer los medios con que pagar los medicamentos antirretrovirales sino también para proporcionar la dieta nutritiva y equilibrada necesaria para que dichos medicamentos sean eficaces,

W.

Considerando que se deberían desarrollar estrategias de afrontamiento (acceso a la tierra, crédito y medicamentos) y nuevas herramientas para atender a las necesidades específicas de las poblaciones rurales afectadas por la pandemia, en especial las personas mayores, las mujeres y los adultos debilitados,

X.

Considerando que, a pesar del hecho de que la mayoría de las personas pobres de los países ACP vive en zonas rurales, ni los Gobiernos nacionales ni la política de cooperación al desarrollo de la UE da prioridad al desarrollo de la agricultura y al desarrollo rural,

Y.

Considerando que sólo cuatro de los 78 países ACP señalaron la agricultura como sector prioritario en el 9o FED,

Z.

Considerando que el 30,7 % del 9o FED se destinó a programas de ajuste estructural, el 21,4 % al transporte, sólo un 7 % al desarrollo rural y el 1,1 % explícitamente al sector relacionado con la agricultura,

AA.

Considerando que la mayoría de los productores son mujeres, que su trabajo no está en absoluto reconocido y que se presta muy poca atención a sus necesidades específicas,

AB.

Considerando que en el 10o FED sólo se eligen dos sectores de interés prioritario por país,

AC.

Considerando que el acceso de los pequeños agricultores a créditos es un problema grave y que supone un obstáculo para su desarrollo,

AD.

Considerando que debe considerarse que los pequeños agricultores de las zonas desfavorecidas son una prioridad, ya que, tradicionalmente, no han recibido apoyo agrícola, y que el principio de subvencionar e invertir en zonas remotas y desfavorecidas está bien establecido en el marco de la política de cohesión de la UE,

AE.

Considerando que la UE está desarrollando actualmente una Estrategia de «Ayuda al Comercio» que podría constituir una oportunidad para obtener más apoyo para los pequeños agricultores,

1.

Estima que la política de cooperación al desarrollo ACP-UE se debería basar en el reconocimiento de los derechos de los países ACP a proteger su agricultura con el fin de garantizar unos ingresos dignos para los pequeños agricultores, aumentar la producción local, garantizar la seguridad alimentaria y proceder a una apertura selectiva de los mercados, tal como ocurrió en Europa;

2.

Considera que la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria deben abordar las causas estructurales de la pobreza en los países en desarrollo, y, en consecuencia, pide que se adopten medidas para fomentar el acceso a la tierra, al agua y a los recursos de la biodiversidad, así como medidas para promover una política de apoyo local a las pequeñas explotaciones agrícolas sostenibles;

3.

Apoya la Declaración de Maputo (6) de los Jefes de Estado africanos, en la que se reconocen el papel fundamental que desempeña la agricultura en la lucha contra la pobreza y la necesidad de aumentar en un 10 % el apoyo presupuestario en este sector;

4.

Estima que las organizaciones de agricultores deben ser reconocidas como piezas importantes en las iniciativas que influyen en los sectores rurales y agrarios, y que deberían formar parte del grupo de actores no estatales al que la CE consulta periódicamente; considera, en particular, que los intereses de los pequeños agricultores que practican una agricultura de subsistencia deben estar adecuadamente representados;

5.

Pide a la UE y a los países ACP que cambien la orientación de su política y sitúen la agricultura en un lugar preferente de la programación del FED, con objeto de tener en cuenta que la mayoría de los pobres de los países ACP viven en zonas rurales;

6.

Insta a la UE a que apoye la transformación estructural de las economías de los países pobres, de modo que sus estructuras de producción dejen de estar regidas por las exportaciones y se orienten hacia una estrategia intrarregional de desarrollo sostenible que tome en consideración las necesidades reales de la población y tenga por objeto reducir la dependencia respecto de los países industrializados, así como crear mercados nacionales y regionales;

7.

Reitera la importancia de facilitar medios suficientes para apoyar los procesos de cumplimiento en lo que respecta, por ejemplo, a los requisitos de etiquetado y envasado y a los requisitos sanitarios en el caso de los productos procedentes de pequeños agricultores y que se exportan a mercados regionales y de la UE, lo cual incluye la formación de los agricultores;

8.

Reitera la importancia de poner a disposición de los pequeños agricultores, en particular de las mujeres, medios adecuados para que inviertan en la mejora de los procesos de producción local;

9.

Recomienda que, en la financiación del FED en el marco del Acuerdo de Cotonú ACP-UE, aumenten los medios para las organizaciones que sirven a los productores y las comunidades rurales;

10.

Pide asistencia del FED para cambiar la orientación de los cultivos y dirigirlos hacia una agricultura biológica cuando sea posible, con el fin de fomentar una producción sostenible a medio plazo y aumentar la renta de los agricultores al permitir a éstos recibir unos ingresos más elevados por kilogramo producido;

11.

Pide el apoyo del FED a fin de que en todas las zonas con pocos recursos hídricos se utilicen las modernas tecnologías de desalación de agua de mar y mejora de la calidad del agua;

12.

Pide asistencia del FED para reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos que requieran fuertes inversiones de capital, sustituyéndolos por fuentes de nutrientes y de protección fitosanitaria alternativos que se adapten a las condiciones locales;

13.

Pide que en las estrategias de desarrollo ACP y UE se dé prioridad a las necesidades de los pequeños agricultores que practican una agricultura de subsistencia, habida cuenta de su elevada proporción entre los agricultores ACP y, en particular, de las vulnerabilidades a las que se enfrentan;

14.

Estima que algunos de los acuerdos de libre comercio entre socios desiguales basados en una supresión de los aranceles, con independencia del nivel de desarrollo alcanzado por un determinado país, han exacerbado la pobreza e influyen negativamente en la seguridad alimentaria; pide a la UE y a sus Estados miembros que tengan esto en cuenta al evaluar la asignación de fondos en el marco del aumento de los requisitos de ajuste relacionados con la concesión de AOD al comercio;

15.

Observa que el bloque de políticas de libre comercio diseñado por los donantes, que incluye una reducción radical de los derechos de importación, se ha traducido en un aumento de las importaciones de alimentos en varios países africanos: las importaciones de arroz en Burkina Faso aumentaron de 99 000 toneladas en 1996 a 137 808 toneladas en 2000 y la producción local de arroz paddy disminuyó de 111 700 toneladas en 1997 a 66 300 toneladas en 2001, en tanto que en Camerún las importaciones de arroz satisfacen el 87 % de las necesidades de la población a costa de los productores locales;

16.

Pide a los países ACP que promuevan una integración regional sólida, práctica, sostenible y complementaria antes de contemplar el Acuerdo de Libre Comercio con la UE y/o con terceras entidades, y considera que la integración regional promovida desde los países ACP debería ser una premisa para celebrar un acuerdo de asociación económica orientado al desarrollo;

17.

Observa con sorpresa que la configuración regional elegida por la UE para celebrar la negociación del Acuerdo de Asociación Económica no siempre coincide con las estructuras regionales en las que se enmarca la actual evolución de los países ACP;

18.

Pide a las partes implicadas en las negociaciones sobre los AAE en curso que garanticen que la obligación de proteger las prestaciones que recogen las garantías contenidas en el acuerdo comercial vigente se mantenga y se cumpla, de modo que ningún país ACP se halle en una situación peor con arreglo a los futuros AAE;

19.

Entiende que la actual negociación del Acuerdo de Libre Comercio en el marco del Acuerdo de Asociación Económica puede representar una grave amenaza para la producción local ACP si enfrenta a dos sistemas agrícolas muy diferentes en cuanto a productividad, políticas divergentes y subsidios de la UE, e insta a la UE a que también tenga en cuenta las opiniones de los Gobiernos locales;

20.

Señala que el comercio justo entre el Norte y el Sur implica pagar un precio justo por los recursos y los productos agrarios de los países en desarrollo, es decir, un precio que refleje los costes internos y externos, a la vez que respete los criterios mínimos aplicables a las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores y a la protección medioambiental; insta a la UE y a los países ACP a que incrementen su apoyo al comercio justo de conformidad con el compromiso contemplado en el artículo 23, letra g), del Acuerdo de Cotonú;

21.

Destaca la necesidad de apoyar los circuitos de desarrollo públicos y regionales en los Estados ACP; pide que se refuercen las estructuras de producción locales y la creación de redes regionales en la producción y distribución de productos agrícolas;

22.

Exhorta decididamente a que se desarrollen y apliquen instrumentos de financiación inclusivos que respondan a las necesidades de los grupos de productores que disponen de pocos recursos financieros; hace hincapié en la importancia de los programas de concesión de créditos pequeños y medianos para el desarrollo rural, así como para el apoyo a los productores locales, las asociaciones locales y la creación de empresas por parte de las mujeres;

23.

Indica que los efectos del cambio climático en los países vulnerables son devastadores, ya que las necesidades que originan cada año las situaciones de emergencia alimentaria en África se han triplicado desde mediados de los ochenta y sólo en 2006 25 millones de africanos se han enfrentado a crisis alimentarias;

24.

Observa que en un estudio realizado por la OMS en 2005 se afirma que el cambio climático mundial está directamente asociado a tasas más elevadas de malaria, malnutrición y diarrea, y que en África se producirá un mayor incremento de las enfermedades y otros peligros para la salud humana debido al hecho de que está peor equipada para afrontar estos problemas;

25.

Insta a los países ACP y de la UE a que asignen al cambio climático un lugar primordial en la estrategia y la política de desarrollo, y a que se ocupen de la amenaza que representa el calentamiento global para la producción de alimentos, la cual, según un informe de las Naciones Unidas, habrá descendido un 5 % en 2080; asimismo, se podría perder entre el 25 % y el 40 % de los hábitats naturales de África y quedar destruida el 30 % de su infraestructura costera;

26.

Pide a la UE que respete su meta de que el aumento de temperatura no sobrepase los 2 grados, para lo cual se requieren inversiones que deben financiar los países industrializados;

27.

Solicita que se realicen evaluaciones del impacto ambiental de los acuerdos de liberalización del comercio para conocer sus costes ecológicos y sus repercusiones en la seguridad alimentaria, los recursos energéticos y el calentamiento global;

28.

Manifiesta su grave preocupación por que el VIH/sida puede tener un efecto perjudicial en el desarrollo sostenible de los países ACP, y en particular en la subsistencia y agricultura comercial, debido a la pérdida de mano de obra rural, conocimientos agrícolas y trabajadores cualificados, lo que acarrea caídas de la productividad, menos oportunidades de empleo e inseguridad alimentaria;

29.

Entiende que la lucha contra el VIH/sida debería ocupar un lugar primordial en las políticas de desarrollo de los gobiernos ACP y de la Unión Europea, con el fin de abordar las devastadoras consecuencias que tiene esta enfermedad en la seguridad alimentaria y en el desarrollo socioeconómico estableciendo una conexión entre la lucha contra la misma y los programas de desarrollo agrario y rural;

30.

Estima que el elevado coste de los medicamentos destinados a combatir el VIH/sida y otras enfermedades curables constituye una grave amenaza para el desarrollo de la producción agraria y del sector rural de los países ACP;

31.

Subraya que las políticas de ajuste estructural seguidas por las instituciones financieras internacionales y apoyadas por la Unión Europea desde la década de 1980, que se basan únicamente en la deflación de la economía mediante medidas monetarias, la aplicación de principios de la economía de mercado y la no intervención del Estado, no están a la altura del reto de la reducción de la pobreza;

32.

Pide la supresión inmediata de todas las subvenciones de la UE a las exportaciones, ya que socavan gravemente la producción alimentaria local;

33.

Celebra, en este contexto, la decisión adoptada por la UE en la Conferencia de la OMC celebrada en Hong Kong en 2005 de suprimir las subvenciones a las exportaciones agrícolas para 2013, y exhorta a que las decisiones adoptadas se ejecuten antes de lo previsto;

34.

Pide que los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea se comprometan a abordar las causas estructurales de la migración masiva modificando sus actuales políticas, incluido el dumping de productos de la UE en los mercados del tercer mundo, con objeto de que los países africanos puedan proteger y desarrollar su economía y garantizar a sus población unos ingresos dignos y, por tanto, unas perspectivas de futuro;

35.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE y a la Comisión Europea.

—

Reunida en Wiesbaden (Alemania) del 25 al 28 de junio de 2007,

—

Vistos los artículos 177, 178, 179, 180, 181 y 181 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre los miembros del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico de una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, de la otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú») (2), y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (3), y, en particular, su artículo 13 sobre la migración,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «El nexo entre migración y desarrollo: algunas orientaciones concretas» (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «EU Strategy for Action on the Crisis in Human Resources for Health in Developing Countries» (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo titulada «Contribución a la posición de la UE para el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo» (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «El Planteamiento global sobre la migración un año después: Hacia una política global europea en materia de migración» (7),

—

Visto el Plan de política en materia de migración legal de la Comisión Europea (8),

—

Vista la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) celebrada en Jartum los días 23 y 24 de enero de 2006, en la que se reafirmó el alcance y el impacto de la migración sobre el desarrollo,

—

Visto el informe aprobado en marzo de 2006 en la sesión plenaria de la Reunión de expertos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe sobre migración,

—

Vistos la Declaración y el Plan de acción de Bruselas sobre el asilo, la migración y la movilidad, adoptados en la primera reunión de Ministros ACP encargados de asuntos de asilo, migración y movilidad, celebrada en Bruselas el 13 de abril de 2006,

—

Vista la Declaración conjunta de África y la UE sobre migración y desarrollo, aprobada en la Conferencia Ministerial África-UE celebrada en Trípoli los días 22 y 23 de noviembre de 2006,

—

Vistos los resultados de la Conferencia Ministerial UE-África sobre migración y desarrollo celebrada en Rabat los días 10 y 11 de julio de 2006,

—

Vista la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Migración internacional y desarrollo» (9),

—

Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de diciembre de 2005, marzo de 2006 y diciembre de 2006,

—

Vistos los resultados del Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo celebrada en Nueva York los días 14 y 15 de septiembre de 2006,

—

Visto el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas titulado «Migración internacional y desarrollo» (10),

—

Visto el informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales de octubre de 2005, titulado «Las migraciones en un mundo interdependiente: Nuevas orientaciones para actuar» (11),

—

Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de junio de 2006, titulado «Effects of Migration on Sending Countries: What Do We Know?»,

—

Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2002, titulado «International Mobility of the Highly Skilled»,

—

Visto el informe del Banco Mundial titulado «Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration» (12),

—

Visto el informe de 2001 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado «Informe sobre desarrollo humano 2001»,

—

Vista la Resolución el Parlamento Europeo de 6 de julio de 2006 sobre desarrollo y migración (13),

—

Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/100.012/07/def.),

A.

Considerando que el derecho de las personas a trasladarse al extranjero es un derecho humano inalienable,

B.

Considerando que la migración internacional ha adquirido carácter prioritario en el temario internacional, recibiendo atención por parte de los responsables de las políticas a nivel mundial, europeo, euroafricano y euro-ACP, y que existe una convicción cada vez mayor de que la migración y el desarrollo están estrechamente relacionadas a escala mundial y ejercen una influencia mutua,

C.

Considerando que existe un consenso creciente en los círculos responsables de la adopción de políticas en el sentido de que la mejora de la gestión de las migraciones puede brindar beneficios muy importantes, tal vez de mayor calado que la supresión de las barreras al comercio mundial,

D.

Considerando que Europa, tanto a nivel comunitario como de los Estados miembros, todavía no ha adoptado una política integrada sobre migraciones, siendo los asuntos de migración, desarrollo, comercio y política de seguridad gestionados por varios departamentos descoordinados entre sí,

E.

Considerando que no existe consenso internacional sobre los verdaderos efectos en los países de origen de las migraciones de trabajadores cualificados y muy cualificados y que el debate relativo a la fuga de cerebros sigue marcado por un considerable grado de confusión y frustración, especialmente debido a la falta de datos estadísticos fiables y de estudios de evaluación de impacto sobre las posibles recomendaciones de política con vistas a afrontar el fenómeno de la fuga de cerebros,

F.

Considerando la cuestión de la fuga de cerebros no ha recibido atención suficiente en el marco del diálogo UE-ACP,

G.

Considerando que, en la mayoría de los países ACP, más del 10 % de la población adulta con estudios superiores ha emigrado a la Unión Europea, a América del Norte y a otros países desarrollados, y que el África subsahariana es la región más afectada por la migración de trabajadores cualificados, representando la tasa de población con estudios superiores que vive en países de la OCDE más del 20 % (14), en casi la totalidad de la región, llegando a alcanzarse en algunos países pequeños la impresionante cifra del 80 % (15),

H.

Considerando que, pese a que los principales centros de migración son Asia y América Latina, los trabajadores muy cualificados que emigran a Europa proceden en su mayoría de África (constituyen el 13,5 % de los trabajadores muy cualificados residentes en la UE que han nacido en países no pertenecientes a la OCDE pero viven en la UE) (16),

I.

Considerando que los datos estadísticos sobre los flujos migratorios procedentes de África son en muchos casos incompletos y no actualizados, lo que priva a los responsables políticos de una importante herramienta para adoptar decisiones,

J.

Considerando que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirmó que la fuga de cerebros representa una pérdida de miles de millones de dólares para los países en desarrollo (17), dada la importancia del conocimiento como factor decisivo de crecimiento en un mundo globalizado,

K.

Considerando que, en el África subsahariana, la fuga de cerebros puede provocar la falta de trabajadores en áreas vitales, especialmente en la sanidad y la educación, lo que tiene consecuencias devastadoras para la prestación y la calidad de dichos servicios esenciales,

L.

Considerando que la fuga de cerebros supone para el país de origen la pérdida de ingresos fiscales y que, en el peor de los casos, se pierden las inversiones realizadas en la formación y educación de profesionales cualificados y, en el mejor de los casos, no se obtiene ningún rendimiento directo de tales inversiones, aparte de que también se pierden capacidad y experiencia que podrían contribuir al desarrollo,

M.

Considerando que la fuga de cerebros ralentiza el proceso de innovación en los países de origen, lo que perjudica aún más al potencial de crecimiento económico,

N.

Considerando que la fuga de cerebros puede tener repercusiones sociales al nivel de la estructura familiar, la igualdad de género, la educación de los niños y la salud,

O.

Considerando que el crecimiento, la salud y la educación de los hijos de los migrantes se ven afectados por la migración, con consecuencias tanto positivas (el envío de remesas puede mitigar el trabajo infantil e incrementar el gasto de los hogares en educación y salud) como negativas (desintegración familiar y estrés, disminución de la supervisión de los padres, lo que puede llevar a un mayor absentismo escolar y a la obtención de peores resultados escolares),

P.

Considerando que muchos países europeos han adoptado instrumentos legislativos con el fin de facilitar la llegada de trabajadores cualificados, en particular mediante el establecimiento de políticas de admisión selectiva bajo la denominación de «migración elegida», compitiendo así con Norteamérica para atraer al trabajador inmigrante de mayor valía, lo que ha agravado la hemorragia de ciudadanos cualificados que se padece en muchos países del sur, y con especial crudeza en los países del África subsahariana,

Q.

Considerando que, pese a que Europa y los países ACP se han comprometido a trabajar con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluidos el objetivo no 2 (lograr la enseñanza primaria universal), el no 4 (reducir la mortalidad infantil), el no 5 (mejorar la salud materna) y el no 6 (combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades), el éxodo a gran escala de profesores, médicos y enfermeros de países ACP a los países de la OCDE podría poner en peligro el logro de dichos objetivos, tendencia reforzada por la falta de marcos reglamentarios internacionales orientados a la aplicación de estos objetivos,

R.

Considerando que la migración de trabajadores cualificados de los países en desarrollo a Europa está impulsada por factores económicos (la pobreza, el subdesarrollo, los bajos salarios, la baja calidad de los sistemas educativos y la carencia de trabajadores en los países de la OCDE provocada por el envejecimiento y la disminución de la población), factores políticos (la violencia, los conflictos y la represión política, especialmente contra los intelectuales, agravada por su exilio) y — sobre todo en los países africanos — por la proximidad geográfica, el idioma común y los vínculos coloniales o históricos,

S.

Considerando que las necesidades de mano de obra de los países europeos provocan efectos negativos, al absorber la mano de obra cualificada de los países ACP, contribuyendo así a disminuir la calidad de vida y de los servicios sociales públicos en los países ACP,

T.

Considerando que la cuestión de la migración irregular o forzosa se está abordando desde el punto de vista de la seguridad, y no en el contexto más amplio del desarrollo, que tiene en cuenta los problemas de la migración en las estrategias de desarrollo,

U.

Considerando que la migración de trabajadores cualificados puede tener consecuencias positivas para el propio emigrante, por ejemplo, mejores perspectivas económicas y salarios más altos, pero también para la familia en el país de origen y para el propio país de origen, en particular mediante el envío de remesas,

V.

Considerando que es esencial tomar nota de la positiva contribución que la migración podría aportar para fomentar una mejor comprensión entre las civilizaciones y culturas, con el fin de superar las divisiones postcoloniales y territoriales mediante el establecimiento de relaciones entre los Estados y los pueblos,

W.

Considerando que la difícil integración de los inmigrantes en los países de acogida y de origen, la discriminación y el desperdicio de cerebros (se llama así el fenómeno según el cual se contrata a un inmigrante para desempeñar un trabajo de inferior cualificación) puede obstaculizar la mejora de sus perspectivas laborales,

X.

Considerando que las remesas constituyen la segunda mayor fuente de financiación exterior de los países en desarrollo, tienen efectos positivos en los países de origen, especialmente el incremento de los ingresos de las familias de los migrantes y el incremento del consumo y la inversión (lo que activa a su vez el crecimiento económico), y producen un efecto anticíclico en caso de crisis económica, guerra y catástrofe natural, pero que hasta el 20 % de su valor queda consumido en los gastos de procesamiento,

Y.

Considerando que la eficacia de los códigos de conducta voluntarios (en ocasiones no suficientemente coordinados con las normas de la Organización Internacional del Trabajo) sobre contratación ética se ha visto cuestionada por expertos y profesionales, en mayor medida si se tiene en cuenta exclusivamente al sector privado,

Z.

Considerando que la migración circular (la posibilidad de que existan movimientos de ida y vuelta entre los países de origen y de destino) favorece la verdadera movilidad internacional, posibilita el desarrollo de una conciencia internacional y ofrece grandes oportunidades para el desarrollo de los países de acogida y de los de origen y, por consiguiente, debería fomentarse y facilitarse,

AA.

Considerando que la migración de retorno tiene mayores posibilidades de representar una respuesta al problema de la fuga de cerebros y de mejorar el desarrollo cuando se basa en el retorno voluntario de los trabajadores a sus países de origen, especialmente si se presta el apoyo adecuado,

AB.

Considerando que la integración de los emigrantes en sus países de origen puede ser, paradójicamente, extremadamente difícil, y que estas personas son incluso más vulnerables al desempleo en sus países de origen que las personas que nunca han emigrado,

AC.

Considerando que existen pruebas de que la reunión de emigrantes dentro de asociaciones nacionales o transnacionales de emigrantes, como las diásporas, y la canalización de sus actividades hacia el desarrollo — fenómeno conocido como «codesarrollo» — puede arrojar resultados muy positivos para los países de acogida y de origen,

AD.

Considerando que el envejecimiento de la población europea conllevará una presión aún mayor sobre el mercado de trabajo cualificado e incrementará por tanto los problemas ya visibles, por lo que la UE y los países ACP deberán aplicar una gestión más responsable y más adecuada de la migración de trabajadores cualificados,

AE.

Considerando que las soluciones «de talla única» no se adaptan a todos; que, por consiguiente, será necesario analizar mejor los mercados de trabajo nacionales de los países ACP con objeto de salvar la brecha de la información y de abordar más adecuadamente las deficiencias de la migración de trabajadores cualificados,

1.

Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que aumenten los esfuerzos para cumplir su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en particular, la reducción a la mitad de la pobreza extrema en el mundo para el año 2015;

2.

Subraya que los beneficios potenciales de la buena gestión de las migraciones internacionales pueden ser mayores que los generados por el incremento de la liberalización del comercio internacional;

3.

Recuerda que una política de migración inadecuada e incoherente tiene consecuencias enormes en términos de sufrimiento individual y subdesarrollo permanente;

4.

Insta a la UE y a los países ACP a que afronten los retos de la migración, incluida la fuga de cerebros, en un espíritu de verdadera asociación para el desarrollo, sobre la base del Acuerdo de asociación entre la UE y los países ACP y, en particular, su artículo 13, y a que desarrollen políticas y regímenes migratorios concretos orientados a los países en desarrollo que padecen la migración de sus trabajadores cualificados a gran escala, poniendo especial atención en los países del África subsahariana, con vistas a mitigar los efectos económicos y sociales adversos de la migración de trabajadores cualificados;

5.

Manifiesta su preocupación por la política migratoria actual de los Estados miembros de la UE, cuya prioridad son las cuestiones de seguridad y no las de desarrollo;

6.

Manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que la UE adopte prácticas discriminatorias entre las distintas categorías de migrantes, y pide a la Comisión que evite este riesgo; pide, por consiguiente, a la Comisión que amplíe a todas las categorías de migrantes las ventajosas condiciones de vida y de trabajo propuestas para los migrantes muy cualificados en el Plan de política en materia de migración legal (18), que se reflejará próximamente en una verdadera directiva, como un permiso de trabajo de la UE (tarjeta verde de la UE) expedido por un Estado miembro pero válido en el conjunto de la UE;

7.

Subraya que la ayuda comunitaria al desarrollo debe utilizarse para atajar las causas subyacentes de la migración y para erradicar la pobreza;

8.

Destaca la necesidad de elaborar políticas migratorias integradas a nivel internacional, regional (incluidos la UE y los países ACP) y nacional, garantizando la difusión de las preocupaciones relativas a las migraciones en las estrategias de reducción de la pobreza y la coherencia de todas las políticas que pueden influir en las migraciones, como la agricultura, la pesca, el comercio, el desarrollo, la seguridad, y la justicia y los asuntos de interior y los asuntos exteriores;

9.

Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que afronten conjuntamente las políticas migratorias y de desarrollo y a que estudien la posibilidad de establecer sinergias entre ellas con el fin de mejorar la eficacia de ambas políticas del mismo modo;

10.

Pide a los Estados miembros de la Unión Europea, a las instituciones intergubernamentales internacionales y a otras instituciones pertinentes que elaboren y apliquen medidas y estrategias preventivas destinadas a erradicar la discriminación racial, la xenofobia, el etnocentrismo y la intolerancia conexa contra los migrantes procedentes de los países ACP;

11.

Opina que una política migratoria común a nivel comunitario requiere la ampliación del procedimiento de codecisión con el Parlamento y del voto por mayoría cualificada en el Consejo, y pide al Consejo que actúe en consecuencia;

12.

Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo de la UE de abril de 2006, dirigidas a dar respuesta a la falta de trabajadores en el sector sanitario de los países en desarrollo;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que desarrollen y apliquen, conforme a lo establecido en las conclusiones de abril de 2006, un código de conducta acorde con las normas de la Organización Internacional del Trabajo para la contratación ética de trabajadores sanitarios, y elogia a aquellos Estados miembros que ya lo han hecho, como el Reino Unido;

14.

Recomienda que se amplíe el ámbito del código de conducta comunitario a otros sectores vitales, como la educación, y que la mejora del código se base en el objetivo de que los responsables de la contratación, tanto públicos como privados, adopten un enfoque ético en cuanto a la contratación de migrantes cualificados en todos los ámbitos en los que su país de origen sufre de una importante escasez de mano de obra, o incluso se abstengan de contratar a esos trabajadores;

15.

Apoya los acuerdos bilaterales y multilaterales entre los países de origen y los países de acogida destinados a:

16.

Subraya que la creación de un código de conducta sobre contratación ética no es suficiente para hacer frente a las consecuencias de la migración masiva de trabajadores cualificados, en mayor medida si comprende únicamente el sector público, por lo que se necesitarán medidas de incentivo en los países de origen y de acogida;

17.

Pide a la Unión Europea y a los países ACP que aumenten de manera considerable sus inversiones en formación y educación en los países en desarrollo y que éstas estén orientadas a los sectores con falta de trabajadores, especialmente en los ámbitos de la sanidad y la educación;

18.

Pide a la Unión Europea y a los países ACP que creen centros de excelencia nacionales y regionales, en particular en forma de universidades e institutos de investigación; pide, además, a la UE y a los países ACP que creen tales centros de excelencia multidisciplinares haciendo uso del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), según resulte adecuado, en todos los sectores necesarios para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible;

19.

Estima que los Estados miembros de la UE y los países en desarrollo deberían adoptar iniciativas proactivas de reabastecimiento de capacidades mediante la inversión de importantes recursos en educación; reitera su apoyo al objetivo «20/20»: La asignación del 20 % de las ayudas públicas del norte y del 20 % de los presupuestos nacionales del sur a servicios básicos (sanidad y educación);

20.

Pide a los países en desarrollo que inviertan los beneficios del auge del petróleo en estrategias y programas a largo plazo en materia de educación y formación y que utilicen esos ingresos de forma transparente;

21.

Insta a los países ACP a desarrollar las fuentes potenciales de riqueza económica que poseen y a prestar una atención especial al desarrollo de los recursos humanos y a la creación de empleo en todos los sectores pertinentes con el fin de estimular a los trabajadores cualificados a permanecer en sus países de origen o retornar a ellos;

22.

Pide a la Comisión Europea que colabore con la Secretaría ACP para definir iniciativas de apoyo económico en el marco del Acuerdo de Cotonú que permitan a los países de origen mejorar su perfil económico y reducir la tasa de migración ilegal, disminuyendo así la tensión entre los Estados socios en el seno de la APP;

23.

Pide a los Estados miembros de la UE que cumplan sus objetivos de Lisboa, como la mejora de la calidad de la educación y el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, con objeto de aumentar la oferta de trabajo cualificado dentro de la UE;

24.

Señala los efectos negativos del desperdicio de cerebros para todas las partes implicadas, ya que los países de acogida no pueden beneficiarse de las capacidades de los inmigrantes, los países de origen se enfrentan a una pérdida de inversión y el trabajador debe desempeñar tareas para las que está sobrecualificado;

25.

Insta a la Comisión Europea, a los Estados miembros de la UE y a los países ACP a que adopten medidas decisivas para combatir el desperdicio de cerebros, como el reconocimiento mutuo de titulaciones y capacidades mediante acuerdos internacionales o bilaterales y el establecimiento de medidas concretas contra la discriminación en la fase de contratación;

26.

Pide a la Comisión que elabore propuestas relativas a la creación de un sistema europeo de equivalencias para titulaciones extranjeras;

27.

Recuerda que las remesas son, y deben seguir siendo, fondos privados, que no puede imponerse a los ciudadanos la utilización obligatoria de las remesas y que éstas en ningún caso pueden sustituir a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD);

28.

Pide a los Gobiernos de los países de la UE y ACP que creen y apliquen políticas a fin de aprovechar al máximo los efectos positivos de las remesas mediante la obtención de flujos de remesas mayores, más rápidos, más baratos y mejor canalizados, especialmente reduciendo la burocracia y mejorando los servicios bancarios para las transacciones pequeñas sin reglamentar excesivamente el mercado;

29.

En particular, pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que apliquen políticas dirigidas a:

30.

No obstante, advierte de los riesgos de una regulación excesiva de los flujos financieros que pudiese impedir o dificultar el flujo de remesas y pide a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo que tenga en cuenta estas cuestiones cuando estudie la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre servicios de pago (21);

31.

Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que fomenten la migración circular mediante el acuerdo sobre medidas tangibles dirigidas a aumentar la flexibilidad de los requisitos y procesos de entrada y readmisión en los países de destino y origen, a incrementar la duración y la flexibilidad de los contratos, y a crear posibilidades de nueva entrada de los inmigrantes circulares;

32.

Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que fomenten la migración circular mediante el establecimiento de sistemas de «puestos duplicados» para el personal del sector público de los países del sur (profesores, investigadores y médicos); reitera su petición a la Comisión para que lleve a cabo un estudio sobre las experiencias de los Estados miembros con respecto a los «puestos duplicados»;

33.

Opina que la Directiva sobre trabajadores muy cualificados que prepara actualmente la Comisión debería prestar la debida atención al estatus de los inmigrantes cualificados a fin de incentivar su migración circular o su retorno temporal;

34.

Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que adopten las medidas oportunas para garantizar la portabilidad de las pensiones, la portabilidad de las prestaciones sanitarias de los emigrantes que retornan a sus países de origen y la posibilidad de que regresen para recibir tratamiento médico en el país en el que se prestan los servicios;

35.

Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que estudien los acuerdos relativos a la doble nacionalidad con el fin de fomentar la migración circular y el retorno temporal;

36.

Pide a la UE que ofrezca a quienes puedan llegar a ser emigrantes retornados la posibilidad de optar por regresar a la UE durante un determinado período de tiempo tras su retorno inicial;

37.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que elaboren iniciativas concretas o, incluso, una línea presupuestaria concreta con vistas a apoyar el retorno voluntario de inmigrantes, en el marco del Programa temático de cooperación con terceros países en materia de migración y asilo, incluyendo las siguientes cuestiones:

38.

Reconoce la importancia de las diásporas y de las asociaciones de emigrantes para el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y los países de origen, especialmente en el ámbito de la migración; insta al reforzamiento de la cooperación entre las instituciones de los países en desarrollo y los Estados miembros, incluida la ejecución de proyectos de codesarrollo;

39.

Opina que el codesarrollo, que consiste en el reconocimiento y apoyo al papel de las diásporas en la contribución al desarrollo de sus países de origen, debería reconocerse plenamente a nivel comunitario;

40.

Pide a los países de acogida y a los países de origen que apoyen, logística y económicamente, las iniciativas de las diásporas y de las asociaciones de emigrantes que se dirijan a la integración de éstos, a la transferencia colectiva de remesas y a proyectos de inversión en sus países de origen, así como a la difusión de información sobre los derechos adquiridos;

41.

Recomienda a los Gobiernos de los países de origen que desarrollen también vínculos más estrechos con los migrantes, creando plataformas instituciones concretas en las que cooperen diferentes actores públicos y privados;

42.

Reconoce e impulsa la participación activa de las diásporas en la mejora del comercio y de la cooperación económica entre los países de acogida y de origen, especialmente mediante la supresión de las barreras a la información;

43.

Anima a las diásporas a que establezcan y faciliten transferencias de capacidades y conocimientos, en particular fomentando el vínculo entre los trabajadores cualificados residentes en países de la OCDE y los que permanecen en sus países de origen, mediante la creación de redes transnacionales de científicos e investigadores y de universidades digitales, así como de la mejora del aprendizaje electrónico, y acoge con satisfacción los programas gestionados por la Organizacion Internacional para las Migraciones (MIDA) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (TOKTEN) en este ámbito;

44.

Acoge favorablemente la creación de centros de investigación sobre la migración en África en el marco del Instrumento intra-ACP para la migración, ya que constituyen fuentes de datos fiables y herramientas adicionales para mejorar las decisiones políticas y la gestión de la migración, especialmente por parte de los Gobiernos de los países ACP;

45.

Celebra el próximo establecimiento de centros de información y gestión de la migración (22) que serán creados por el Programa de la UE sobre Migración y Desarrollo en África y tendrán como objetivo facilitar información y apoyo a los migrantes potenciales y a los migrantes que retornan, y pide a los Estados miembros de la UE que presten un apoyo financiero y logístico a estos centros;

46.

Reconoce la notable contribución de las ONG a la mejora de la gestión de los flujos migratorios y, especialmente, a la facilitación de la contribución de los emigrantes al desarrollo de sus países de origen, e insta a que se preste un apoyo adecuado a estas organizaciones en el ámbito de la migración;

47.

Subraya que el papel de las diásporas, las asociaciones de migrantes y las ONG debe ir acompañado de una política coherente y eficaz en materia de migración y desarrollo en los países de acogida y en los países de origen;

48.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea y a la Unión Africana.

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Reunida en Wiesbaden (Alemania) del 25 al 28 de junio de 2007,

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Visto el informe final de 11 de octubre de 2006 elaborado por el Grupo de Expertos sobre Sudán, designado en virtud de la Resolución no 1591 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

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Vista la decisión de la Unión Africana (UA) de abril de 2004 de establecer una Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS),

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Visto el Acuerdo de Paz para Darfur firmado en Abuja (Nigeria) el 5 de mayo de 2006, entre el Gobierno de Sudán y el principal grupo del Movimiento/Ejército Popular para la Liberación de Sudán,

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Visto el Consenso de Trípoli sobre el Proceso Político para Darfur, aprobado en Trípoli los días 28 y 29 de abril de 2007,

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Visto el Acuerdo tripartito alcanzado el 9 de abril de 2007 en Addis Abeba, entre el Gobierno de Sudán, las Naciones Unidas y la Unión Africana sobre el paquete de ayuda ligero y el paquete de ayuda reforzado,

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Visto el artículo 17, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el principio de la «responsabilidad de proteger» de las Naciones Unidas establece que, en los casos en que las autoridades nacionales fracasen de manera manifiesta a la hora de proteger a su población, la responsabilidad de ofrecer la necesaria protección recaerá en terceros,

B.

Considerando que China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un socio comercial privilegiado de Sudán; considerando que el 10 de mayo de 2007 China nombró como Enviado Especial para Darfur a Liu Guijin,

C.

Considerando que Sudán es signatario del Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002, pero que no lo ha ratificado,

D.

Considerando que la actuación de las tropas de la UA en Darfur ha sido verdaderamente encomiable; considerando, sin embargo, que es necesario reforzarlas y dotarles de todo el apoyo logístico y financiero que precisen para cumplir su mandato con eficacia,

1.

Se congratula de la aceptación, el 12 de junio de 2007, por parte del Gobierno de Sudán, de la fuerza híbrida ONU/UA; recuerda que el Gobierno sudanés tiene contraídos compromisos, previos para permitir el despliegue de esta fuerza en Sudán; destaca, por tanto, la importancia de garantizar un despliegue lo más rápido posible y de contar con la cooperación permanente de las autoridades sudanesas y espera que el Gobierno de Sudán proceda al desarme de todas las milicias, incluidas las milicias Janjaweed, y ponga fin al bombardeo de la región de Darfur;

2.

Condena todas las violaciones de los acuerdos de alto el fuego y en particular todos los actos de violencia contra la población civil y las organizaciones de ayuda humanitaria;

3.

Pide al Gobierno de Sudán que coopere plenamente con las Naciones Unidas y que aplique las resoluciones pertinentes de aquéllas;

4.

Pide a las Naciones Unidas que obren con arreglo a la «responsabilidad de proteger», garantizando que la futura fuerza híbrida cuente con un mandato pleno para la protección de la población civil con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas;

5.

Pide a la UE y a otros agentes internacionales que apliquen medidas adecuadas contra los responsables de actos de violencia que vulneren el alto el fuego o dirigidos contra la población civil, las fuerzas de mantenimiento de la paz o las operaciones humanitarias, y que emprendan todas las medidas necesarias para contribuir a que se ponga fin a la impunidad;

6.

Pide a la UE, a las Naciones Unidas y a la Unión Africana que hagan frente común en sus esfuerzos por resolver el conflicto de Darfur y priorizar un proceso de paz global que debería incluir la consulta y la representación de las tribus de Darfur, de las comunidades de desplazados internos, de los grupos de mujeres y otros grupos de la sociedad civil; pide a la comunidad internacional que vele por que la mediación UA/ONU sea la única vía de solución pacífica y que fomente un proceso de diálogo político en Chad y en la República Centroafricana que incluya grupos de la oposición;

7.

Pide a la comunidad internacional que alcance un consenso sobre las próximas medidas estratégicas que se adopten en Darfur, que incluya a agentes principales tales como China y los Estados Unidos en cada medida, que cree un grupo de contacto capaz de mantener y actualizar continuamente dicho consenso y que ejerza presión sobre todos los movimientos rebeldes y sobre el Gobierno de Sudán para la consecución de un alto el fuego y el inicio de nuevas negociaciones de paz;

8.

Pide el apoyo continuo de la UE y la comunidad internacional a las medidas encaminadas a la consolidación de la confianza, tales como el diálogo y la consulta Darfur-Darfur, en las que participen todas las partes del conflicto, así como la sociedad civil;

9.

Pide al Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM) que ayude a la unidad de todas las facciones rebeldes de Darfur, con vistas a su participación en las negociaciones internacionales, y pide a la comunidad internacional que presione en favor de esta unidad; pide al Gobierno sudanés que dé a los rebeldes tiempo para reagruparse;

10.

Pide a la comunidad internacional, a la UA y a las Naciones Unidas que emprendan un proceso político cuya primera etapa consista en ayudar a que los últimos grupos rebeldes unan sus filas, con objeto de que puedan adoptar una posición negociadora coherente y, asimismo, de ampliar la participación en las negociaciones y fortalecer la estructura de las mismas;

11.

Pide que se logre un máximo nivel de cooperación entre la República Centroafricana, Chad y el Gobierno de Sudán a través cauces diplomáticos y pacíficos, por la seguridad de la región y en beneficio de todos;

12.

Se congratula del Consenso de Trípoli sobre el proceso político de Darfur (2), que insta a todas las partes en conflicto a lograr el cese inmediato de las hostilidades y obrar sin demora con arreglo a su compromiso de mantener el alto el fuego; advierte de que quienes obstruyen el proceso de paz de Darfur tendrán que asumir las consecuencias y destaca la necesidad de financiación permanente de la AMIS hasta que comience el despliegue de la fuerza híbrida;

13.

Insta al Gobierno de Sudán a que ratifique el estatuto de la CPI y cumpla sus responsabilidades con arreglo a la Resolución no 1593 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; insta a los acusados por la CPI a que se entreguen;

14.

Reconoce la contribución que China ha tratado de efectuar en favor del despliegue de la fuerza híbrida de las Naciones Unidas; pide a China que emplee su influencia para seguir avanzando sobre la base de las medidas adoptadas recientemente y para alentar al Gobierno de Sudán a que reanude unas negociaciones globales con todas las fuerzas rebeldes, con el fin de alcanzar una resolución pacífica del conflicto;

15.

Pide a todos los terceros que dejen de exportar armas a las partes del conflicto de la región y a que respeten los derechos humanos y la paz y la seguridad internacionales en sus relaciones con Sudán;

16.

Considera que las causas fundamentales del conflicto de Darfur son el subdesarrollo y la marginación económica y política de la población de la región, así como los graves problemas ecológicos vinculados al cambio climático, tales como la rápida desertización, la sequía generalizada y la creciente falta de agua;

17.

Pide al Gobierno de Sudán y a la comunidad internacional que no escatimen esfuerzos para luchar contra el subdesarrollo de la región de Darfur, incluido el enorme problema de la falta de agua, y potenciar el nivel de la ayuda humanitaria y de la ayuda destinada a fortalecer el Estado de derecho y los derechos políticos y económicos de la población;

18.

Pide a todas las partes implicadas en el conflicto que se abstengan de reclutar y emplear a niños soldado menores de 18 años y pide a las autoridades sudanesas que protejan a los niños desplazados, sobre todo a los menores aislados, tal como se establece en las convenciones pertinentes;

19.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento de Sudán, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a las instituciones de la UA.