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Dokument C2005/093/30
Case C-81/05: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, by order of that court of 28 January 2005 in Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial
Asunto C-81/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial
Asunto C-81/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial
DO C 93 de 16.4.2005, str. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.4.2005 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 93/16 |
Petición de decisión prejudicial planteada mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial
(Asunto C-81/05)
(2005/C 93/30)
Lengua de procedimiento: español
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, dictado el 28 de enero de 2005, en el asunto entre Anacleto Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial, y recibido en la Secretaría del Tribunal el 18 de febrero de 2005.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1. |
¿La obligación impuesta a los Estados miembros de adoptar todas las medidas generales o particulares para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Europea o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad (artículo 10 del Tratado), así como el principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional, implican, por sí mismos y sin necesidad de disposiciones explícitas de Derecho interno, la atribución a los órganos judiciales nacionales de la potestad de dejar de aplicar todo tipo de normas de Derecho interno que sean contrarias al Derecho comunitario, con independencia del rango de estas disposiciones en la jerarquía normativa (reglamentos, leyes o incluso Constitución)? |
2. |
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3. |
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(1) Directiva del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario D.O. L 283, de 28.10.1980, p. 23. EE 05/02, p. 219.
(2) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo D.O. L 270, de 8.10.2002, p. 10.