91997E3879

PREGUNTA ESCRITA E-3879/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Libro Verde sobre las relaciones UE-ACP

En relación con el Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación (COM(96)570 def.), es necesaria una relación política más fuerte entre la UE y los países ACP para dar un nuevo sentido a la asociación y adaptar, al mismo tiempo, el marco de cooperación con el fin de facilitar la apertura de dichos países al comercio internacional. Hay que crear nuevas formas de cooperación y prever una participación más activa de los operadores no gubernamentales. Por otro lado, el ámbito geográfico del futuro acuerdo podría modificarse en función de la necesidad de un enfoque más coherente y mejor coordinado respecto a los países ACP.

Pedimos a la Comisión que renueve el Convenio teniendo más en cuenta la heterogeneidad geográfica y las diferencias en cuanto a nivel de desarrollo.

Respuesta común a las preguntas escritas E-3879/97, E-3880/97, E-3881/97 y E-3882/97 dada por el Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (28 de enero de 1998)

La respuesta concreta a la pregunta de Su Señoría es sí. La Comisión aplicará un enfoque diferenciado: las modalidades y prioridades de la cooperación se adaptarán en función del nivel de desarrollo del socio, de sus necesidades y de su estrategia de desarrollo a largo plazo. En este contexto se prestará una especial atención a los países menos avanzados, aislados e insulares.

A partir de la constatación de que se imponía una reflexión profunda sobre el futuro de la relación entre la Comunidad y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y que el próximo vencimiento del Convenio de Lomé proporcionaba una buena oportunidad, la Comisión publicó el año pasado un «Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación» ((COM(96)570. )). Sobre la base de este documento, que definía las principales cuestiones y opciones de cara al futuro, la Comisión entabló un extenso debate público, que dio lugar a un gran número de aportaciones y declaraciones: seminarios y foros de consulta organizados por iniciativa de la Comisión, iniciativas espontáneas emanadas de organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, representantes del sector privado y organizaciones sindicales, debates en el Parlamento y en el Comité Económico y Social.

Tras estas consultas, y teniendo en cuenta las sugerencias y opiniones formuladas a lo largo del debate, la Comisión presentó un documento de orientación política ((COM(97)537. )), destinado a servir de base a la preparación de las directrices de negociación.

Por lo que se refiere a la cobertura geográfica de un futuro acuerdo, la Comisión propone mantener la cobertura geográfica global del convenio, introduciendo al mismo tiempo el principio de diferenciación. En efecto, la Comisión considera, por una parte, que debe respetarse la voluntad de solidaridad expresada por los socios del grupo ACP en el debate y confirmada en la cumbre de jefes de Estado ACP de Libreville. Por otra parte, parece conveniente introducir el principio de una diferenciación basada en las especificidades regionales y en las perspectivas de integración regional de los socios, así como en el nivel de desarrollo de cada socio.

En materia de relaciones económicas y comerciales, el enfoque que propone la Comisión persigue tres objetivos: ayudar a los países ACP a integrarse progresivamente en la economía mundial, en plano de los intercambios comerciales y de los flujos de inversión privados; reforzar la presencia europea en las economías ACP; e invitar los países ACP a cooperar con la Comunidad en las negociaciones económicas y comerciales internacionales.

En este marco, dos tipos de consideraciones parecen determinantes: por una parte, tener en cuenta la voluntad política de integración regional de los Estados ACP; por otra parte, adaptar el enfoque a la situación de los países menos avanzados (PMA), para los cuales debe mantenerse o incluso mejorarse el régimen de preferencias unilaterales, en el marco del seguimiento del plan de acción aprobado en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Singapur.

Para lograr estos objetivos, podrían considerarse acuerdos regionalizados, que adoptarían la forma ya sea de acuerdos de asociación económica destinados a instaurar progresivamente zonas de libre comercio, de conformidad con la Organización Mundial del Comercio y de conformidad con la política agrícola común; ya sea, temporalmente, de acuerdos de cooperación económica, consolidando el acceso de los países ACP al mercado europeo e introduciendo un elemento de reciprocidad para las exportaciones europeas en los mercados ACP. Estos acuerdos incluirían disposiciones que permitirían intensificar la cooperación en los ámbitos ligados al comercio.

Por lo que se refiere a la práctica de la cooperación financiera y técnica, las palabras clave del Libro Verde eran la búsqueda de eficacia, la simplificación y la diferenciación. La Comisión asumió estos principios en su documento de orientación, que propone revisar básicamente las disposiciones prácticas de aplicación de la cooperación financiera y técnica con el fin de garantizar al sistema una mayor eficacia y una mayor flexibilidad ante necesidades que evolucionan rápidamente. El futuro convenio deberá también ser más accesible para los actores descentralizados. La Comisión propone, en particular, reducir el número de instrumentos y devolver a la programación, y en consecuencia al diálogo sobre las políticas, un papel central.

El debate sobre los objetivos y prioridades de la política de cooperación comunitaria condujo a la Comisión a proponer centrar la cooperación en el objetivo de lucha contra la pobreza, en el marco de un enfoque integrado que asocia tanto los factores de crecimiento económico como la dimensión social y medioambiental y los aspectos institucionales del desarrollo. Será necesario además un estrecho vínculo entre una dimensión política reforzada y la cooperación; en este contexto, la prevención de conflictos violentos y la necesidad de tratar sus causas profundas podrán también influir en las prioridades de acción. Estas acciones, cuya lista no puede ser exhaustiva a priori, girarán sobre tres ejes prioritarios: el apoyo a los factores de crecimiento, de competitividad y de empleo; la dimensión social y cultural; y la integración regional. Por otro lado, se definieron tres principios transversales: el desarrollo de las capacidades, en particular de las instituciones; la consideración sistemática de las cuestiones de género y la reducción de las disparidades entre hombres y mujeres; y los principios de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.