–

en nombre de Z, por el Sr. A. Moroziewicz, adwokat;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Brauhoff y el Sr. G. Gattinara, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, punto 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre X sp. z o.o. sp.k. y Z, relativo a una demanda de indemnización a tanto alzado por los costes de cobro soportados como consecuencia de sucesivas demoras en los pagos de un único contrato.

3

Los considerandos 3, 17, 19 y 22 de la Directiva 2011/7 exponen:

[…]

[…]

[…]

4

El artículo 1 de esta Directiva, con la rúbrica «Objeto y ámbito de aplicación», dispone en sus apartados 1 y 2:

«1.   El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las [pequeñas y medianas empresas (pymes)].

2   La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.»

5

A tenor del artículo 2 de la citada Directiva:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

[…]

[…]»

6

El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Operaciones entre empresas y poderes públicos», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros se asegurarán de que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el acreedor tenga derecho, al vencimiento del plazo definido en los apartados 3, 4 y 6, a intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, si se cumplen las condiciones siguientes:

7

Conforme al artículo 5 de la Directiva 2011/7, titulado «Calendarios de pago»:

«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la capacidad de las partes para acordar, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional aplicable, calendarios de pago para pagos a plazos. En esos casos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstos en la presente Directiva se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.»

8

El artículo 6 de esta Directiva, titulado «Compensación por los costes de cobro», dispone:

«1.   Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 [euros].

2   Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija mencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor.

3   Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro.»

9

El artículo 7 de dicha Directiva, titulado «Cláusulas contractuales y prácticas abusivas», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros dispondrán que una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro si resulta manifiestamente abusiva para el acreedor no sea aplicable o pueda dar lugar a una reclamación por daños.

Para determinar si una cláusula contractual o una práctica es manifiestamente abusiva para el acreedor en el sentido del párrafo primero, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:

[…]

10

El artículo 4, punto 1, de la ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad excesiva en las operaciones comerciales), de 8 de marzo de 2013, en su versión consolidada (Dz. U. de 2021, posición 424; en lo sucesivo, «Ley de 8 de marzo de 2013»), define el concepto de «operación comercial» como «un contrato que tenga por objeto la entrega de bienes o la prestación de servicios a título oneroso, si las partes a que se refiere el artículo 2 [de esta Ley] celebran dicho contrato en relación con la actividad ejercida».

11

El artículo 8, apartado 1, de dicha Ley tiene el siguiente tenor:

«En las operaciones comerciales en las que el deudor sea una entidad pública el acreedor tendrá derecho a obtener, sin requerimiento, los intereses legales de demora en las operaciones comerciales, para el período comprendido entre el día del vencimiento de la prestación en metálico hasta el día del pago, si se cumplen de modo acumulativo los siguientes requisitos:

12

El artículo 10, apartados 1 a 3, de la misma Ley dispone:

«1.   A partir del devengo de los intereses mencionados en el artículo 7, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 1, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor, sin requerimiento, en concepto de compensación por los costes de cobro, el equivalente del importe de:

[…]

2   Además de la cantidad establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener una compensación razonable por los costes de cobro en que haya incurrido que superen dicha cantidad.

3   El derecho a obtener la cantidad mencionada en el apartado 1 se entiende referido a la correspondiente operación comercial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, apartado 2, punto 2.»

13

Conforme al artículo 11 de la Ley de 8 de marzo de 2013:

«1.   Las partes de una operación comercial podrán establecer en su contrato un calendario para la ejecución de la prestación en metálico a plazos, siempre que el establecimiento de ese calendario de pagos no resulte manifiestamente abusivo para el acreedor.

2   Si las partes en una operación comercial han establecido en su contrato que la prestación en metálico se ejecutará a plazos, el derecho:

deberá pagarse respecto de cada plazo impagado.»

14

X, sociedad polaca, celebró con Z, un hospital público, un contrato en virtud del cual debía suministrar sucesivamente a dicho hospital material médico, con arreglo a un calendario predeterminado. Cada suministro debía pagarse en un plazo de 60 días.

15

Al no haber abonado Z al vencimiento los pagos debidos como contraprestación de doce suministros sucesivos de bienes, X presentó una demanda ante el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia, Polonia), órgano jurisdiccional remitente, solicitando que se condenara a Z, en virtud de la Ley de 8 de marzo de 2013, a pagarle una compensación a tanto alzado por los costes de cobro por un importe equivalente a doce veces la cantidad fija mínima de 40 euros, es decir, 480 euros.

16

El órgano jurisdiccional remitente señala que debe determinar si, en el marco de un mismo contrato, cada retraso en el pago del deudor da derecho al pago de una cantidad fija mínima de 40 euros por costes de cobro, o si dicho importe debe pagarse una sola vez, con independencia del número de pagos demorados. Considera que la aplicación de la Ley de 8 de marzo de 2013 al litigio principal da lugar a la adopción de la segunda solución, puesto que el artículo 10, apartado 3, de dicha Ley establece que la cantidad fija deberá pagarse por cada «operación comercial».

17

No obstante, dicho órgano jurisdiccional señala que el artículo 4, punto 1, de la citada Ley define expresamente el concepto de «operación comercial» como un «contrato», a diferencia del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7, de modo que la solución del litigio principal requiere que se interpreten previamente esta última disposición y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva.

18

En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

19

Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «operaciones comerciales» que figura en él comprende cada una de las entregas de bienes efectuadas en ejecución de un único contrato o si comprende únicamente el contrato en virtud del cual deben suministrarse sucesivamente dichos bienes.

20

A este respecto, procede recordar, por una parte, que la Directiva 2011/7, a tenor de su artículo 1, apartado 2, se aplica a todos los pagos efectuados como contraprestación en «operaciones comerciales» y, por otra parte, que este concepto se define de manera amplia en el artículo 2, punto 1, de esta Directiva como «las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación» (sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 21).

21

Dado que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7 no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance del concepto de «operaciones comerciales», este exige una interpretación autónoma y uniforme, que tenga en cuenta tanto el tenor como el contexto de la disposición en la que figura dicho concepto, así como las finalidades de esa disposición y el acto del Derecho de la Unión del que forma parte [véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad), C‑199/19, EU:C:2020:548, apartado 27, y de 18 de noviembre de 2020, Techbau, C‑299/19, EU:C:2020:937, apartado 38].

22

Por lo que respecta al tenor del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7, la utilización de la expresión «las realizadas» pone de manifiesto que el concepto de «operaciones comerciales», como se ha recordado en el apartado 20 de la presente sentencia, debe entenderse en sentido amplio y, por consiguiente, no coincide necesariamente con el concepto de «contrato».

23

Esta disposición establece dos requisitos para que una operación pueda calificarse de «operación comercial». Por una parte, debe efectuarse entre empresas o entre empresas y poderes públicos. Por otra parte, debe dar lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 22 y jurisprudencia citada).

24

Por lo tanto, cuando las partes han acordado, en el marco de un mismo contrato, entregas de bienes o prestaciones de servicios sucesivas, cada una de las cuales genera una obligación de pago a cargo del deudor, se cumplen los dos requisitos previstos en el artículo 2, punto 1, de dicha Directiva para que cada entrega o prestación efectuada en ejecución de ese contrato se califique de operación comercial en el sentido de dicha disposición.

25

La lógica interna de la Directiva 2011/7 confirma que el legislador de la Unión no pretendió hacer coincidir el concepto de «operación comercial» con el de «contrato». En efecto, como se ha recordado en el apartado 20 de la presente sentencia, el artículo 1, apartado 2, de esta Directiva dispone que esta «se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales», independientemente de que dichas operaciones correspondan, o no, a un contrato específico. Por consiguiente, una interpretación restrictiva del concepto de «operación comercial» que lo haga coincidir con el de «contrato» sería contraria a la propia definición del ámbito de aplicación material de esta Directiva.

26

En cuanto a las finalidades de la Directiva 2011/7, cuyo objetivo principal es proteger al acreedor frente a la morosidad y desalentar esta práctica, nada sugiere que el concepto de «operación comercial» deba coincidir necesariamente con el de «contrato».

27

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «operaciones comerciales» que figura en él comprende cada una de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sucesivas efectuadas en ejecución de un mismo contrato.

28

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, en relación con el artículo 4 de esta, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un mismo contrato estipula entregas de bienes o prestaciones de servicios sucesivas, cada una de las cuales debe pagarse en un plazo determinado, la cantidad fija mínima de 40 euros debe abonarse por cada demora en el pago, en concepto de compensación al acreedor por los costes de cobro, o si debe abonarse una sola vez, con independencia del número de pagos demorados.

29

A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 obliga a los Estados miembros a asegurarse de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 euros en concepto de compensación por los costes de cobro. Además, en su apartado 2 dicho artículo 6 obliga a los Estados miembros a asegurarse de que dicha cantidad fija mínima deba pagarse automáticamente, incluso sin recordatorio al deudor, y de que sea una compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor. Por otra parte, en su apartado 3, dicho artículo 6 reconoce al acreedor el derecho a obtener del deudor, además de la cantidad fija mínima de 40 euros, una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen dicha cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este.

30

El concepto de «morosidad» que da lugar al derecho del acreedor a obtener del deudor no solo intereses legales, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/7, sino también una cantidad fija mínima de 40 euros, en virtud del artículo 6, apartado 1, de esta, se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva como no efectuar el pago en el plazo contractual o legal establecido. Dado que dicha Directiva comprende, con arreglo a su artículo 1, apartado 2, «todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales», este concepto de «morosidad» es aplicable a cada operación comercial considerada individualmente (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 28).

31

En segundo lugar, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 define los requisitos de exigibilidad de la cantidad fija mínima de 40 euros remitiendo, por lo que se refiere a las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, al artículo 4 de dicha Directiva. Este último artículo establece en su apartado 1 que los Estados miembros se asegurarán de que, en esas operaciones comerciales, el acreedor que haya cumplido sus obligaciones y que no haya recibido la cantidad adeudada a tiempo tenga derecho, al vencimiento del plazo definido en los apartados 3, 4 y 6 de dicho artículo, a intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, a menos que el retraso no sea imputable al deudor (sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 31 y jurisprudencia citada).

32

De lo anterior se desprende, por una parte, que el derecho a obtener intereses legales de demora, previsto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/7, y el derecho a una cantidad fija mínima, previsto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, que nacen como consecuencia de una «morosidad» en el sentido del artículo 2, punto 4, de dicha Directiva, se refieren a «operaciones comerciales» consideradas individualmente. Por otra parte, esos intereses legales, al igual que esa cantidad fija, se devengan automáticamente al expirar el plazo de pago previsto en el artículo 4, apartados 3, 4 y 6, de la misma Directiva, siempre que se cumplan los requisitos que figuran en su apartado 1. El considerando 17 de la Directiva 2011/7 indica, a este respecto, que «el pago del deudor se considerará demorado a efectos de tener derecho a intereses de demora cuando el acreedor, habiendo cumplido sus obligaciones legales y contractuales, no disponga del importe debido en la fecha prevista» (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 32).

33

Por lo que respecta, respectivamente, a los requisitos de exigibilidad de los intereses de demora y de la cantidad fija mínima, ni el artículo 4, apartado 1, ni el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 establecen distinción alguna en función de que los pagos que deben realizarse como contraprestación de los bienes entregados o de los servicios prestados, no efectuados a su vencimiento, procedan o no del mismo contrato. Por consiguiente, el tenor de estas disposiciones no puede sustentar la interpretación según la cual, en el caso de un único contrato, la cantidad fija mínima de 40 euros, en concepto de compensación por los costes de cobro, solo tendría que abonarse al acreedor una vez, con independencia del número de pagos distintos demorados.

34

Corrobora esta constatación el artículo 5 de la Directiva 2011/7, que se refiere a un supuesto comparable al controvertido en el litigio principal, a efectos de la aplicación de esta Directiva. En efecto, de dicho artículo, interpretado a la luz del considerando 22 de la Directiva, se desprende que, cuando las partes hayan acordado un calendario de pago para pagos a plazos, será exigible una cantidad fija mínima de 40 euros, en concepto de compensación por los costes de cobro, por cada pago a plazos no abonado a su vencimiento.

35

Por lo tanto, de una interpretación literal y contextual del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 se desprende que la cantidad fija mínima de 40 euros en concepto de compensación por los costes de cobro se adeuda al acreedor que ha cumplido sus obligaciones por cada pago no efectuado a su vencimiento como contraprestación de una operación comercial acreditada en una factura o en una solicitud de pago equivalente, incluso cuando se demoren varios pagos como contraprestación de entregas de bienes o prestaciones de servicios sucesivas efectuadas en ejecución de un único contrato, a menos que dichos retrasos no sean imputables al deudor (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 34).

36

En tercer lugar, esta interpretación del artículo 6 de la Directiva 2011/7 se ve confirmada por la finalidad de esta. En efecto, del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, interpretado a la luz de su considerando 3, se desprende que no solo pretende desalentar la morosidad, evitando que sea económicamente provechosa para el deudor a causa de los bajos intereses aplicados o de la no aplicación de intereses en tal situación, sino también proteger eficazmente al acreedor frente a dicha morosidad, garantizándole una compensación lo más completa posible por los costes de cobro en que haya incurrido. A este respecto, el considerando 19 de dicha Directiva señala, por una parte, que los costes de cobro deben incluir también los costes administrativos y una compensación por los gastos internos derivados de la morosidad, y, por otra, que la compensación en forma de una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartados 35 y 36).

37

Desde esta perspectiva, la acumulación, por parte del deudor, de varios retrasos en el pago de entregas de bienes o de prestaciones de servicios sucesivas, en ejecución de un mismo contrato, no puede tener por efecto reducir la cantidad fija mínima adeudada en concepto de compensación por los costes de cobro por cada retraso en el pago a una cantidad fija única. Esta reducción supondría, en primer término, privar de efecto útil al artículo 6 de la Directiva 2011/7, cuyo objetivo es, como se ha señalado en el apartado anterior, no solo desalentar la morosidad, sino también compensar al acreedor mediante estas cantidades «por los costes de cobro en que haya incurrido», costes que tienden a aumentar en proporción al número de pagos y cantidades que el deudor no satisface a su vencimiento. Tal reducción equivaldría, además, a establecer una excepción a favor del deudor respecto al derecho a la cantidad fija prevista en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva sin ninguna «razón objetiva» para ello, en el sentido del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la misma Directiva. Esta reducción supondría, por último, dispensar al deudor de una parte de la carga financiera derivada de su obligación de pagar, por cada pago no satisfecho al vencimiento, la cantidad fija de 40 euros prevista en dicho artículo 6, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, apartado 37).

38

Habida cuenta de cuanto antecede, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, en relación con el artículo 4 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un mismo contrato estipula entregas de bienes o prestaciones de servicios sucesivas, cada una de las cuales debe pagarse en un plazo determinado, la cantidad fija mínima de 40 euros, en concepto de compensación por los costes de cobro, debe abonarse al acreedor por cada demora en el pago.

39

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: