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La demandada, basándose en las opiniones vertidas por el Comité de Biocidas al aprobar la sustancia active zeolita de plata para tipos de productos 2 y 7, llegó a la conclusión de que la sustancia no podía ser aprobada al considerar que no se había demostrado suficiente eficacia. No obstante, el demandante sostiene que la evaluación de la eficacia se llevó a cabo erróneamente por referencia al artículo en el que se utilizaba la zeolita de plata. El demandante ha demostrado la eficacia de la sustancia zeolita de plata de conformidad con la normativa aplicable. La demandada, al evaluar la eficacia de la sustancia, y en su conclusión sobre la misma, interpretó y aplicó erróneamente la normativa pertinente.

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La razón por la cual no se aprobó la zeolita de plata mediante el acto impugnado fue la supuesta eficacia insuficiente del artículo tratado en el que se utilizó. Sin embargo, el demandante considera que los únicos criterios que la demandada puede tener en cuenta legalmente se circunscriben a los enumerados en los artículos 4 y 19 del Reglamento n.o 528/2012. Esos criterios no incluyen la eficacia del artículo tratado cuya evaluación se deja a la fase secundaria y subsiguiente de la autorización del biocida a escala del Estado miembro. Habida cuenta de que precisamente esa evaluación fue llevada a cabo por la demandada con el fin de justificar la no aprobación de la zeolita de plata, lo que implica que la demandada se ha extralimitado en su delegación que le otorga el Reglamento n.o 528/2012, la demandada infringió los artículos 290 TFUE y los artículos 4 y 19 del citado Reglamento.

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La sustancia del demandante ha sido tratada de forma diferente a otras sustancias utilizadas para los mismos tipos de productos 2 y 7, sin que la demandada haya justificado objetivamente las razones por las que la zeolita de plata debe ser tratada de modo diferente respecto de las demás sustancias, que están sujetas todas a las mismas normas de evaluación de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 (y la Directiva 98/8/CE (3)) para los mismos tipos de productos.

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La demandada envió un escrito al Presidente del Comité con el fin de determinar el modo en que debían interpretarse y aplicarse las normas sobre evaluación de la eficacia y los artículos tratados con arreglo al Reglamento n.o 528/2012. Pese a que las normas no ofrecían dudas, el citado escrito volvió a confirmar que requerir la prueba de los beneficios de los artículos tratados no está comprendido en el ámbito del Reglamento n.o 528/2012. El demandante se basó en el contenido de ese escrito, que confirmaba la claridad de la normativa y albergó la confianza legítima acerca de que la sustancia sería aprobada. Por lo tanto, el acto impugnado ha violado los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.