1.

El Reglamento (UE) n.o 650/2012 ( 2 ) crea para el mercado interior un certificado sucesorio europeo y regula de manera detallada su régimen de expedición y sus efectos. Con él se persigue que los herederos, los legatarios, los ejecutores testamentarios o los administradores de la herencia puedan probar fácilmente su condición de tales, o sus derechos o facultades, en cualquier Estado miembro.

2.

El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre el certificado sucesorio europeo en varias sentencias. ( 3 ) El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Austria) le remite ahora tres preguntas prejudiciales sobre aspectos de aquel documento aún no tratados: la tercera —a la que, por indicación del Tribunal de Justicia, se ceñirán estas conclusiones— recae sobre la validez temporal ( 4 ) de una copia auténtica del certificado y sobre el momento procesal en el que ha de ser evaluada.

3.

Tanto en la práctica nacional como en la doctrina ( 5 ) existen interpretaciones del Reglamento divergentes a propósito de este extremo, lo que corrobora la pertinencia de la pregunta prejudicial. Al contestarla, el Tribunal de Justicia contribuirá a facilitar la seguridad jurídica en el empleo de las copias del certificado sucesorio europeo, propiciando su integración en los ordenamientos de los Estados miembros.

4.

Según el considerando séptimo:

«Conviene facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas. En el espacio europeo de justicia, es imperativo que los ciudadanos puedan organizar su sucesión. Es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia».

5.

El considerando sexagésimo séptimo proclama:

«La tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión requiere que los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo, en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios. Para que lo puedan hacer, el presente Reglamento debe prever la creación de un certificado uniforme, el certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado “certificado”) que se expedirá para su uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de subsidiariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir con efectos similares en los Estados miembros».

6.

De acuerdo con el considerando septuagésimo primero:

«El certificado debe surtir los mismos efectos en todos los Estados miembros. No debe ser un título con fuerza ejecutiva por sí mismo pero debe tener efecto probatorio y se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a elementos específicos, tales como la validez material de las disposiciones mortis causa [...]. Toda persona que efectúe pagos o entregue bienes sucesorios a una persona que figure facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes como heredero o legatario debe recibir una protección adecuada si ha actuado de buena fe basándose en la exactitud de la información acreditada en el certificado. La misma protección debe recibir toda persona que, basándose en la exactitud de la información acreditada en el certificado, adquiera o reciba bienes sucesorios de una persona que en el certificado figure facultada para disponer de esos bienes. La protección debe garantizarse si se presentan copias auténticas aún válidas. El presente Reglamento no debe determinar si dicha adquisición de bienes por una tercera persona es efectiva o no».

7.

El artículo 62 («Creación de un certificado sucesorio europeo») señala en su apartado 1:

«El presente Reglamento crea el certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado “certificado”) que se expedirá para ser utilizado en otro Estado miembro y que producirá los efectos enumerados en el artículo 69».

8.

Con arreglo al artículo 63 («Finalidad del certificado»):

«1.   El certificado se expedirá para ser utilizado por los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia.

2.   El certificado podrá utilizarse, en particular, como prueba de uno o varios de los siguientes elementos:

9.

El artículo 65 («Solicitud de certificado») establece en el apartado 1:

«El certificado se expedirá a instancia de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 63, apartado 1 (denominada en lo sucesivo “solicitante”)».

10.

El artículo 69 («Efectos del certificado») recoge:

«1.   El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial.

2.   Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado.

3.   Se considerará que cualquier persona que, en virtud de la información contenida en un certificado, efectúe pagos o entregue bienes a una persona que figure facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes ha tratado con una persona autorizada para ello, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave.

[…]».

11.

Según el artículo 70 («Copias auténticas del certificado»):

«1.   La autoridad emisora conservará el original del certificado y entregará una o varias copias auténticas al solicitante y a cualquier persona que demuestre un interés legítimo.

2.   A los efectos del artículo 71, apartado 3, y del artículo 73, apartado 2, la autoridad emisora conservará una lista de las personas a quienes se entregaron copias auténticas en virtud del apartado 1.

3.   Las copias auténticas tendrán un plazo de validez limitado a seis meses que se hará constar en ellas mismas, especificando su fecha de expiración. En casos excepcionales debidamente justificados, la autoridad emisora podrá decidir ampliar el plazo de validez. Transcurrido ese plazo, cualquier persona en posesión de una copia auténtica deberá solicitar a la autoridad emisora, para poder utilizar el certificado a los efectos indicados en el artículo 63, una prórroga de su plazo de validez o una nueva copia».

12.

A tenor del artículo 71 («Rectificación, modificación o anulación del certificado»):

«1.   La autoridad emisora deberá rectificar el certificado, de oficio o a petición de cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo, en caso de error material.

2.   La autoridad emisora deberá modificar o anular el certificado, a petición de toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud del derecho nacional, de oficio, cuando se haya acreditado que el certificado o extremos concretos del mismo no responden a la realidad.

3.   La autoridad emisora comunicará sin demora a todas las personas a las que se entregaron copias auténticas del certificado en virtud del artículo 70, apartado 1, cualquier rectificación, modificación o anulación del mismo».

13.

El litigio tiene por objeto la petición de los acreedores dirigida a que se les entreguen unos bienes consignados, que se hallan en depósito judicial. ( 6 )

14.

El primer acreedor, padre de HC y UE, falleció el 5 de mayo de 2017. Su última residencia habitual se encontraba en España y su sucesión fue tramitada en este país, ante notario, con arreglo al derecho español.

15.

Para demostrar, en Austria, que son herederos por mitades de su padre (el primer acreedor), HC y UE presentaron una copia auténtica del certificado sucesorio europeo expedido por el notario español, de acuerdo con los artículos 62 y siguientes del Reglamento.

16.

El certificado fue librado por el notario español a petición de HC, conforme al formulario V del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014. ( 7 ) UE figura nominalmente en el anexo IV del citado formulario junto con HC, ambos como herederos por mitades.

17.

En la casilla correspondiente de la copia auténtica (rúbrica «Es válido hasta») ( 8 ) se especificaba que su duración era por tiempo indefinido.

18.

En resolución de 17 de septiembre de 2018, el Bezirksgericht Bregenz (Tribunal de distrito de Bregenz, Austria) desestimó la petición de entrega de los bienes consignados.

19.

En la resolución de 28 de enero de 2019, el Landesgericht Feldkirch (Tribunal regional de Feldkirch, Austria), como órgano jurisdiccional de apelación, confirmó la decisión de primera instancia por considerar que:

20.

HC y UE han interpuesto recurso de casación (revisión) ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Austria), que eleva al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

21.

La petición de decisión prejudicial fue registrada en el Tribunal de Justicia el 7 de julio de 2020.

22.

Han formulado observaciones escritas los Gobiernos alemán, austriaco, español y húngaro, así como la Comisión. No se ha creído imprescindible la celebración de una vista.

23.

En la tercera pregunta prejudicial, única sobre la que me pronunciaré, el órgano judicial de reenvío solicita la interpretación de los artículos 69 y 70, apartado 3, del Reglamento.

24.

La pregunta, en su redacción actual, plantea una alternativa que no es tal, pues coloca al mismo nivel el efecto legitimador asociado a una copia auténtica del certificado sucesorio y la legitimación que confiere el certificado mismo. ( 10 )

25.

De los autos se desprende que la pregunta recae exclusivamente sobre la aptitud de la copia para surtir efectos legitimadores. Como la duración de la copia está limitada en el tiempo, importa determinar el momento preciso en el que la autoridad ante la que se presenta debe verificar si es, o sigue siendo, válida desde una perspectiva temporal.

26.

Para este propósito existen, en principio, dos opciones: a) el examen se ha de hacer tomando en cuenta la fecha en la que se deposita la petición avalada por la copia; y b) ese examen podrá realizarse, además, referido al momento en el que la autoridad competente tiene que decidir acerca de aquella petición.

27.

Antes de afrontar el estudio de esas opciones, abordaré algunos aspectos del Reglamento que pueden arrojar luz sobre la controversia.

28.

Con el certificado se pretende, en los términos del considerando séptimo del Reglamento, facilitar el buen funcionamiento del mercado interior por la vía de suprimir los obstáculos a la libre circulación de quienes desean ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusión transfronteriza.

29.

En el marco de este objetivo, se presta atención específica a garantizar eficazmente los derechos de los herederos, los legatarios y las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia.

30.

Responde directamente a esta finalidad la creación del certificado que, expedido en un Estado miembro, permite «a cada heredero, legatario o derechohabiente mencionado en el certificado acreditar en otro Estado miembro su cualidad y sus derechos sucesorios». ( 11 )

31.

El certificado posee características que, en escenarios de sucesión transfronteriza, se traducirán, normalmente, en ventajas, si se compara con documentos nacionales de naturaleza similar.

32.

La aptitud del certificado para originar esas ventajas deriva de su régimen de expedición. ( 12 ) El certificado:

33.

Como consecuencia de este régimen, y de la apariencia uniforme del certificado, el expedido en un Estado miembro genera efectos en los demás Estados automáticamente, esto es, sin que haya de mediar procedimiento alguno.

34.

No existe un control de fondo sobre el certificado en el Estado miembro ante cuyas autoridades se emplea. La necesidad de traducción a los fines de circulación es, además, limitada, porque lo es el texto libre del formulario común.

35.

El certificado despliega en todos los Estados miembros los mismos efectos:

36.

Carece de relevancia, pues, que los documentos al uso en el Estado miembro en el que se aporta la copia auténtica del certificado tengan o no esos mismos efectos. ( 14 )

37.

El certificado no circula en su forma original. A diferencia de otros creados para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, ( 15 ) y de los certificados sucesorios nacionales en algunos Estados miembros, ( 16 ) el del artículo 62 del Reglamento permanece en manos, y bajo el control, de la autoridad emisora.

38.

La circulación tiene lugar, en cambio, mediante la copia o copias auténticas entregadas «al solicitante y a cualquier otra persona que demuestre un interés legítimo». ( 17 )

39.

La copia traslada a la práctica los efectos del certificado. Como él, es suficiente para probar los extremos de los que deja constancia y que se rigen por el Reglamento.

40.

El uso del certificado no es obligatorio. ( 18 ) Sin embargo, si se emplea, «se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a elementos específicos, tales como la validez material de las disposiciones mortis causa». ( 19 ) Los Estados miembros no pueden exigir la presentación de otras pruebas en tanto la presunción no se destruya.

41.

La importancia de la copia auténtica en el tráfico transfronterizo reclama que su contenido guarde correspondencia con la realidad jurídica. Con el propósito de asegurar esa concordancia:

42.

El Reglamento admite, sin embargo, la prórroga del plazo de validez (vigencia) de una copia, cuando expira. ( 22 ) A diferencia de lo que sucede con el proceso de expedición de la copia, no regula el régimen de la prolongación.

43.

Como antes expuse, la pregunta tercera del tribunal a quo ha recibido respuestas distintas en la práctica de los Estados miembros y en la doctrina. En esa misma línea, las observaciones de los Estados que han intervenido en este reenvío y de la Comisión discrepan entre sí.

44.

En realidad, lo primero que se ha de afrontar es si la elección del momento determinante para valorar la validez temporal de la copia puede resolverse aplicando el Reglamento o, por el contrario, carece de regulación a nivel europeo.

45.

Sobre este particular, hay argumentos (razonables) que abogan por soluciones del todo opuestas:

46.

Con los matices que señalaré más adelante, relativos a la pluralidad de objetivos del Reglamento —facilitar la gestión de la sucesión es uno de ellos—, soy partidario de la segunda postura.

47.

Comprendo, con todo, que es legítimo dudar de que el legislador europeo, tras regular en detalle el régimen de expedición del certificado, haya querido fijar el momento de evaluación de la validez de la copia, descartando así disposiciones nacionales en materia de procedimiento.

48.

Aunque el Reglamento no ofrezca, de modo explícito, una solución a este interrogante, me parece posible identificarla a través de su interpretación conforme a los criterios hermenéuticos usuales (salvo el literal, pues, repito, no hay una expresa norma al respecto en el Reglamento). Una respuesta uniforme en toda la Unión ( 25 ) resulta, sin duda, preferible para la seguridad jurídica.

49.

Esa respuesta única garantiza, además, la igualdad de efectos de un certificado cuando sus copias se presenten para su consideración, simultáneamente, en más de un Estado miembro. Si, en esa tesitura, se dejase a cada uno de esos Estados que determinen el momento de evaluación de la validez de la copia, la aportada al mismo tiempo en varias jurisdicciones nacionales podría desplegar efectos distintos, a raíz de su valoración diferente (consecuente a la evaluación en momentos dispares) en cualquiera de ellas. ( 26 )

50.

El Reglamento contiene expresiones que vinculan la exigencia de validez temporal de la copia al primer instante en el que su tenedor la exhibe ante la autoridad que ha de resolver su petición. Cuál sea ese instante (el de introducción de la demanda u otro posterior) dependerá de la naturaleza del procedimiento y de las normas que lo disciplinan en el Estado miembro correspondiente.

51.

Esa vinculación se aprecia en las voces «utilizado» e «invocar» del artículo 63, apartado 1, y en la referencia a la persona que posee la copia y que, para «poder utilizar» el certificado, una vez vencido el plazo de validez de la copia, habrá de solicitar que se prorrogue, a tenor del artículo 70, apartado 3.

52.

Los términos empleados sugieren una actividad que se agota en el momento de realizarla: la «utilización» describe la acción de exhibir la copia, o de entregarla a la autoridad competente. Quien «invoca» una cualidad pone de manifiesto estar investido de ella precisamente en ese momento. La copia que es objeto, o acompaña, a esas acciones ha de ser válida al tiempo en que se materializa la actividad correlativa.

53.

El considerando septuagésimo primero del Reglamento proclama que «la protección debe garantizarse si se presentan copias auténticas aún válidas». De esa expresión puede inferirse que una copia en vigor al presentarla es apta para desplegar efectos incluso después de su expiración. ( 27 )

54.

Es cierto que la frase reproducida apunta a una situación muy concreta, por lo que su alcance es limitado: ( 28 ) afecta a la protección de terceros que hacen pagos o entregan bienes (o los adquieren de) a quien consta como legitimado en la copia. Estas personas ( 29 ) no reciben ninguna comunicación acerca de la suspensión de los efectos del certificado, que puede ocurrir durante el proceso tendente a su rectificación, modificación o anulación [artículo 73, apartado 1, letra a), del Reglamento].

55.

La eficacia de la copia puede estar en entredicho durante ese período; sin embargo, para los terceros que he mencionado seguirá siendo válida, desde la perspectiva temporal, ( 30 ) porque no se cuestionaba cuando les fue presentada, y no está previsto que la autoridad emisora del certificado les informe de los avatares de tal documento.

56.

De cualquier modo, estimo que los preceptos que acabo de evocar auspician la tesis favorable a una (implícita) solución uniforme, más que la multiplicidad de enfoques nacionales.

57.

Que la primera presentación de una copia constituya el momento decisivo para valorar su validez temporal responde a argumentos vinculados a los objetivos que presiden el régimen de esos documentos.

58.

Si la presentación (inicial) de la copia no fuese el dato temporal clave, y se demandara su reiteración en otro momento ulterior, se generarían retrasos y trámites y esfuerzos suplementarios, tanto para los interesados como para las autoridades a cargo de la sucesión. ( 31 )

59.

El razonamiento descrito guarda correspondencia directa con los propósitos inspiradores de la creación del certificado. En particular, se pretendía con su instauración:

60.

Pondría en peligro la consecución de esos propósitos que la validez de la copia se exija, además de al presentarla, cuando la autoridad ante la que se exhibe vaya a adoptar su decisión final. Si así fuera, es de temer que, en la práctica, las ocasiones en las que el interesado deberá solicitar la prolongación, o una nueva copia, a la autoridad de emisión superarán en número a aquellas en las que no será preciso hacerlo.

61.

Ha de tomarse en cuenta, al valorar las ventajas y los inconvenientes, que la autoridad de emisión de la copia se ubica, por lo general, ( 33 ) en un Estado miembro distinto de aquel en el que se presenta, por lo que la repetición de las solicitudes inevitablemente redundará en retrasos y costes adicionales. ( 34 ) La rapidez, la agilidad y la eficiencia del sistema padecerían en esa misma medida.

62.

Además, como destaca el Gobierno alemán, ( 35 ) el plazo añadido que ofrecerían la prórroga o la renovación de la copia auténtica podría no ser suficiente para asegurar su eficacia en la fecha de adopción de la decisión. De darse esa eventualidad, resultarían imprescindibles sucesivas solicitudes de prórroga o de renovación, dependiendo de la mayor o menor duración del procedimiento.

63.

Estimo, en suma, que no se ajusta al Reglamento imponer al interesado, como regla general, la obligación de solicitar la prórroga de la copia —o la expedición de otra nueva—, cuando la presentada era válida y eficaz en el momento procesal en el que la aportó.

64.

Ahora bien, puede ocurrir que, después del momento inicial en el que se presenta la copia, haya alguna duda o algún indicio de que el certificado ha podido ser rectificado, modificado, anulado o suspendido. En esa tesitura, la copia podría, de manera sobrevenida, no corresponder fielmente al propio certificado.

65.

La intención de facilitar la gestión de la sucesión con repercusión transfronteriza es una finalidad esencial del Reglamento, pero no constituye un imperativo absoluto. Convive con la preocupación por preservar la identidad entre lo que se certifica y la realidad jurídica. Ese designio se traduce, a su vez, en la necesidad de garantizar la concordancia entre la realidad y el certificado y entre este y sus copias.

66.

En un procedimiento contradictorio, la parte a la que perjudique el contenido del certificado tendrá interés en prestar atención a estos extremos y podrá, en su caso, comunicar a la autoridad que conoce del litigio los posibles cambios en el documento (el certificado) original, posteriores a la expedición de la copia presentada. ( 36 )

67.

Nada impide que, en esa tesitura, la autoridad llamada a dirimir la controversia evalúe la relevancia de las afirmaciones que contradigan la correspondencia de la realidad con el certificado o de este con la copia, y requiera un nuevo documento acorde con la realidad.

68.

La situación es distinta en los procedimientos en los que no exista la obligación de informar del expediente a otros interesados, o a potenciales perjudicados, para que comparezcan ante la autoridad decisora. Como expliqué anteriormente, el Reglamento ha establecido cautelas ( 37 ) que proveen la solución para estos casos.

69.

En efecto, la autoridad emisora debe informar de cualquier cambio relativo al certificado a las personas a quienes ha expedido la copia, ( 38 ) con el propósito de evitar su empleo abusivo. ( 39 ) En mi opinión, una parte que no informa (a la autoridad del Estado de recepción, ante la que ha presentado la copia) de que esta no concuerda ya con el certificado original, por haber sido este retirado, rectificado o modificado, estaría actuando de forma abusiva.

70.

Por último, si la autoridad ante la que se exhibe la copia contara, por otras vías, con datos que justifiquen razonablemente sus dudas sobre el estado del certificado original, nada obsta a que exija al interesado la demostración de este pormenor.

71.

Como he señalado, el Reglamento permite al tenedor de la copia instar su prolongación o la expedición de otra copia nueva, ( 40 ) sin ninguna condición. ( 41 ) Esta previsión difiere de la que contenía la propuesta inicial de la Comisión, cuyo artículo 43 restringía la eficacia de las copias a tres meses. ( 42 ) No cabía una expedición inicial por un intervalo más largo ni prorrogar la validez de la copia caducada. Quedaba al interesado, como única opción, la de pedir una nueva.

72.

La brevedad del período contemplado provocó la reacción desfavorable de autores y de profesionales del derecho. ( 43 ) El artículo 43 de la propuesta fue modificado en el Parlamento Europeo, que sugirió la redacción actual.

73.

La solución a la postre retenida, más flexible, posibilita la convivencia pacífica de los fines del Reglamento:

74.

Estimo que de esta manera coexisten en equilibrio el propósito de que los interesados dispongan de una «tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza», y el de que las autoridades competentes se aseguren de la exactitud de la información que contiene el certificado y se refleja en la copia.

75.

Se respeta así, con mayor fidelidad, la presunción de que la persona o personas que figuran en el certificado (en este asunto, como herederos) son titulares de los derechos o de las facultades que se expresan, sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado, cuya copia auténtica no hace sino trasladar esa información a las autoridades competentes de otro Estado miembro.

76.

A la luz de lo que precede, sugiero responder a la tercera pregunta del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Austria) como sigue:

«El artículo 69, en relación con el artículo 70, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que procede reconocer los efectos de la copia auténtica de un certificado sucesorio europeo que era válida en el momento de su presentación inicial, pero que ha expirado antes de que la autoridad competente dicte la resolución pedida.

Por excepción, cuando existan indicios razonables de que el certificado sucesorio europeo ha sido rectificado, modificado, retirado o suspendido en su eficacia antes de la decisión de aquella autoridad, esta podrá requerir la presentación de una nueva copia o de una copia prorrogada».