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A este respecto se alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión aplicó una corrección financiera partiendo de la base de ciertas carencias detectadas en una inspección sobre el terreno que se desarrolló exclusivamente en las regiones del Lacio y de los Abruzos. La parte demandante niega que los resultados de esa inspección puedan extenderse más allá de las regiones consideradas y que la corrección pueda estimarse en un 5 %, porque la realidad de las diferentes regiones italianas es extremadamente diversa y, en cualquier caso, sólo estuvo implicado un único organismo pagador (AGEA).

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En la misma Decisión, la Comisión ha reprochado al Estado italiano una aplicación errónea de la normativa en materia de derechos especiales, afirmando que se había producido un riesgo para el Fondo. La parte demandante alega que los artículos 43 y 48 del Reglamento no 1782/2003 no establecen una modalidad específica de redistribución de los derechos especiales para los casos examinados por la Comisión, y que la metodología adoptada por Italia no sólo es totalmente conforme a esa normativa, sino que no entraña, per se, riesgos particulares para el Fondo.

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En la misma Decisión, la Comisión ha aplicado una corrección relativa a las deficiencias operativas imputables a la ARBEA, organismo pagador al que se retiró la autorización mediante decisión de la Administración de fecha 12 de mayo de 2010 y con efectos a partir del 16 de octubre de 2010, momento en el que las competencias de la ARBEA fueron asumidas por la AGEA. La parte demandante critica el modo de actuar de la Comisión, que ha extendido al ejercicio 2010 las correcciones ya aplicadas a los ejercicios presupuestarios 2007 a 2009, presuponiendo que los riesgos ya reconocidos persistían y fijando un mismo porcentaje de corrección, así como la aplicación de la corrección al periodo transcurrido entre la retirada de la autorización y la asunción de las funciones por la AGEA.