7.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/34

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Que se declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2009/28/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE (2) y 2003/30/CE, (3) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado las mencionadas disposiciones a la Comisión.

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Que se condene a la República de Chipre, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, al pago de una multa coercitiva diaria por un importe de 11 404,80 euros a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia.

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Que se condene en costas a la República Helénica.

1)

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, se refiere al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y modifica y deroga las Directivas 2001/77/CΕ y 2003/30/CΕ (en lo sucesivo, «Directiva 2009/28/CΕ»). Con arreglo a su artículo 1, la citada Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.

2)

Con arreglo al artículo 27 de la Directiva 2009/28/CΕ, los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones nacionales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más tardar el 25 de diciembre de 2010 y comunicar las disposiciones adoptadas a la Comisión; la comunicación de dichas disposiciones es un elemento inherente a la obligación de transposición de las Directivas de la Unión Europea al Derecho interno y al deber de cooperación leal, además de reflejarse en el artículo 260 TFUE, apartado 3.

3)

Sobre la base de la correspondencia entre las autoridades chipriotas y de las disposiciones nacionales comunicadas, durante el procedimiento administrativo previo y antes de decidirse a interponer el presente recurso, la Comisión comprobó que la República de Chipre no había adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la plena armonización del marco jurídico nacional con lo dispuesto en la Directiva 2009/28/CΕ, y decidió interponer el presente recurso, con arreglo al artículo 258 TFUE, en relación con el artículo 260 TFUE, apartado 3, con el fin de que el Tribunal de Justicia declare que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 27, apartado 1, de la citada Directiva.