22.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 301/14

1)

¿Se oponen el principio de «quien contamina paga» (artículo 174 CE, antiguo artículo 130 R, apartado 2, del Tratado CE), y las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, mencionados en la exposición de los hechos, a una normativa nacional que permite a la administración pública imponer a empresas privadas —por el mero hecho de desarrollar actualmente su actividad en una zona contaminada desde hace tiempo o limítrofe con la históricamente contaminada— la ejecución de medidas de reparación prescindiendo de toda investigación dirigida a determinar quién es responsable de la contaminación?

2)

¿Se oponen el principio de «quien contamina paga» (artículo 174 CE, antiguo artículo 130 R, apartado 2, del Tratado CE), y las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE (1), de 21 de abril de 2004, mencionados en la exposición de los hechos, a una normativa nacional que permite a la administración pública atribuir la responsabilidad del resarcimiento del daño medioambiental de forma específica a la persona titular de derechos reales y/o que ejerce una actividad empresarial en el sitio contaminado, sin necesidad de comprobar previamente la existencia del nexo causal entre la conducta de la persona y el evento contaminante, en virtud de la mera relación de «posición» en la que ésta se encuentra (es decir, al ser un operador cuya actividad se desarrolla en el interior del sitio)?

3)

¿[idem] también del requisito subjetivo del dolo o de la culpa?

4)

¿Se oponen los principios comunitarios en materia de defensa de la competencia consagrados en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las citadas Directivas 2004/18/CE (2), 93/97/CEE (3) y 89/665/CEE (4), a una normativa nacional que permite a la administración pública atribuir a entidades privadas (Società Sviluppo S.p.A. y Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) actividades de identificación, proyección y ejecución de actuaciones de saneamiento —rectius: de realización de obras públicas— en terrenos estatales de forma directa, sin tramitar previamente los necesarios procedimientos de licitación pública?