1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28; en lo sucesivo, «Directiva»), de los artículos 18 CE y 39 CE, así como del derecho fundamental al respeto de la vida familiar.

2

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Sahin, de nacionalidad turca, y el Bundesminister für Inneres (Ministro federal del interior) debido a la denegación de una tarjeta de residencia permanente.

3

Según el artículo 1 de la Directiva:

«La presente Directiva establece:

4

El artículo 2 de la Directiva establece:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

5

El artículo 3 de la Directiva establece:

«1.   La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.

2.   Sin perjuicio del derecho personal de los interesados a la libre circulación y a la residencia, el Estado miembro de acogida facilitará, de conformidad con su legislación nacional, la entrada y la residencia de las siguientes personas:

6

El artículo 6 de la Directiva dispone:

«1.   Los ciudadanos de la Unión tendrán derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos.

2.   Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán asimismo a los miembros de la familia en posesión de un pasaporte válido que no sean nacionales de un Estado miembro y acompañen al ciudadano de la Unión, o se reúnan con él.»

7

A tenor del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva:

«1.   Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:

2.   El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.»

8

El artículo 9 de la Directiva está redactado en los siguientes términos:

«1.   Los Estados miembros expedirán una tarjeta de residencia a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro cuando el período de residencia previsto sea superior a tres meses.

2.   El plazo para presentar la solicitud de expedición de una tarjeta de residencia no podrá ser inferior a tres meses a partir de la fecha de llegada.

3.   El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia podrá conllevar para la persona interesada sanciones proporcionadas y no discriminatorias.»

9

El artículo 10 de la Directiva establece:

«1.   El derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro será reconocido mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión” a más tardar en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se entregará inmediatamente un resguardo de la presentación de la solicitud de una tarjeta de residencia.

2.   Para la expedición de la tarjeta de residencia, los Estados miembros exigirán la presentación de los documentos siguientes:

[…].»

10

El artículo 27 de la Directiva establece, en sus apartados 1 y 2:

«1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos.

2.   Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.

La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.»

11

El artículo 35 de la Directiva determina:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por la presente Directiva en caso de abuso de derecho o fraude, como los matrimonios de conveniencia. Estas medidas serán proporcionadas y estarán sometidas a las garantías procesales contempladas en los artículos 30 y 31.»

12

El artículo 1, apartado 2, de la Niederlassungs- und Aufenthaltgesetz (ley relativa al establecimiento y a la residencia, BGB1. I, 100/2005; en lo sucesivo, «NAG», en su versión aplicable en el asunto principal, dispone:

«La presente ley federal no se aplicará a los extranjeros que:

[…]»

13

El artículo 51 de la NAG establece:

«Los ciudadanos del EEE que ejerzan su derecho a la libre circulación y permanezcan más de tres meses en el territorio federal tendrán derecho a establecerse en él siempre que:

14

El artículo 52 de esta Ley declara:

«Los miembros de la familia de ciudadanos del EEE que tengan derecho a la libre circulación (artículo 51), que a su vez sean ciudadanos del EEE, tendrán derecho a establecerse siempre que sean:

[…]

y acompañen a dicho ciudadano del EEE o se reúnan con él.»

15

De conformidad con el artículo 54, apartado 1, de la NAG:

«Los miembros de la familia de los ciudadanos del EEE con derecho a la libre circulación (artículo 51), que no sean ciudadanos del EEE, y que cumplan los requisitos señalados en el artículo 52, apartados 1 a 3, tienen derecho a establecerse. Previa solicitud, se les expedirá una tarjeta de residencia permanente para un período de diez años. Esta solicitud deberá formularse como máximo en el plazo de tres meses desde su establecimiento.»

16

De acuerdo con el artículo 19 de la Asylgesetz 1997 (BGB1. I, 76/1997) (Ley de asilo de 1997):

«1)   Los solicitantes de asilo que se encuentren en el territorio federal […] ostentarán un derecho de residencia provisional, a menos que haya motivos para denegar su solicitud por razón de cosa juzgada. […]

[…].

3)   Se expedirá de oficio un resguardo acreditativo del derecho de residencia provisional a los solicitantes de asilo que ostenten tal derecho. […]

[…]»

17

Resulta de la resolución de remisión que el Sr. Sahin llegó a Austria el 15 de junio de 2003 y que presentó una solicitud de asilo el 3 de octubre de 2003. Puesto que sobre esta solicitud aún no ha recaído resolución firme, el interesado ostenta un derecho de residencia temporal en virtud de la Ley de asilo de 1997.

18

El 22 de abril de 2006, el Sr. Sahin contrajo matrimonio con una ciudadana alemana. De acuerdo con los datos proporcionados por el tribunal de remisión, ambos convivían maritalmente al menos desde el 10 de octubre de 2003 y viven juntos con su hijo común desde el nacimiento de éste el 19 de julio de 2005.

19

Basándose en su matrimonio, el Sr. Sahin solicitó, el 29 de mayo de 2006, la expedición de una tarjeta de residencia permanente en virtud del artículo 54 de la NAG. El Landeshauptmann de la Baja Austria denegó la solicitud en aplicación del artículo 1, apartado 2, número 1, de la NAG.

20

Mediante resolución de 14 de marzo de 2007, el Bundesminister für Inneres desestimó el recurso formulado por el Sr. Sahin contra la resolución del Landeshauptmann de la Baja Austria. Según el Bundesminister für Inneres, la NAG, y, en consecuencia, el artículo 54 de esta Ley, no es aplicable al interesado, debido al derecho de residencia provisional que ostenta en virtud de la legislación sobre el derecho de asilo. Asimismo, la esposa alemana del Sr. Sahin, que, según su propia declaración, «vive en Austria desde hace tres años», y ejerce una actividad profesional, ejerció su derecho a la libre circulación en una fecha en la que el Sr. Sahin ya residía en Austria, de modo que el requisito que establece el artículo 52, última frase, de la NAG, que exige que el miembro de la familia acompañe a la persona que ejerce su derecho a la libre circulación o se reúna con ella, no se cumple. En este sentido, el Bundesminister für Inneres se ha referido igualmente al artículo 7, apartado 2, de la Directiva.

21

El Sr. Sahin interpuso un recurso contra la resolución del Bundesminister für Inneres ante el Verwaltungsgerichtshof, que ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

22

De conformidad con el artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando una cuestión prejudicial sea idéntica a otra sobre la que el Tribunal ya haya resuelto o cuando la respuesta a tal cuestión pueda deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal, oído el Abogado General, podrá resolver en cualquier momento mediante auto motivado remitiéndose, en caso necesario, a la sentencia anterior o a la jurisprudencia aplicable.

23

El Tribunal de Justicia considera que así sucede en el presente asunto.

24

Mediante su primera cuestión, letras a) y b), el tribunal de remisión pregunta, en esencia, si los artículos 3, apartado 1, 6, apartado 2, y 7, apartados 1, letra d), y 2, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que comprenden a los miembros de la familia que han llegado al Estado miembro de acogida independientemente del ciudadano de la Unión y no han adquirido la condición de miembro de la familia o iniciado la convivencia familiar con ese ciudadano de la Unión hasta encontrarse en dicho Estado. El tribunal de remisión desearía saber, además, si es relevante que el miembro de la familia resida legalmente en el Estado miembro de acogida en el momento en que adquiere la condición de miembro de la familia o inicia la convivencia familiar y si, en caso de respuesta afirmativa, es suficiente para cumplir el requisito de residencia legal que el título de residencia del miembro de la familia resulte únicamente de su situación de solicitante de asilo.

25

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva establece que ésta se aplicará a todo ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2 de la Directiva, que le acompañen o se reúnan con él.

26

Los artículos 6 y 7 de la Directiva, relativos, respectivamente, al derecho de residencia por un período de hasta tres meses y al derecho de residencia por más de tres meses, exigen igualmente que los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro «acompañen a» o «se reúnan con» este último en el Estado miembro de acogida para adquirir allí el derecho de residencia.

27

En el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de julio de 2008, Metock y otros (C-127/08, Rec. p. I-6241, apartados 87 y 88), el Tribunal de Justicia resolvió que ninguna de estas disposiciones exige que el ciudadano de la Unión haya fundado ya una familia en el momento en el que se traslada al Estado miembro de acogida para que los miembros de su familia, nacionales de países terceros, puedan disfrutar de los derechos establecidos por la Directiva, y que, al prever que los miembros de la familia del ciudadano de la Unión puedan reunirse con éste en el Estado miembro de acogida, el legislador comunitario, por el contrario, ha admitido la posibilidad de que el ciudadano de la Unión no funde una familia hasta después de haber ejercido su derecho a la libre circulación.

28

Por otra parte, en el apartado 93 de esta sentencia, el Tribunal de Justicia resolvió que los términos «los miembros de [la] familia [de un ciudadano de la Unión] que le acompañen», que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva, hacen referencia al mismo tiempo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que entraron con éste en el Estado miembro de acogida y a aquellos que residen con él en ese Estado miembro, sin que sea necesario, en este segundo caso, distinguir en función de que los nacionales de un país tercero hayan entrado en dicho Estado miembro antes o después que el ciudadano de la Unión, o antes o después de convertirse en miembros de su familia.

29

En el apartado 95 de la sentencia Metock y otros, anteriormente citada, el Tribunal de Justicia especificó que dado que la Directiva reconoce al nacional de un país tercero, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, derechos de entrada y de residencia en el Estado miembro de acogida, éste sólo puede restringir este derecho respetando lo establecido en los artículos 27 y 35 de la Directiva.

30

Resulta del apartado 96 de la misma sentencia que el respeto a dicho artículo 27 se impone en particular cuando el Estado miembro desea sancionar al nacional de un país tercero por haber entrado y haber residido en su territorio infringiendo la normativa nacional en materia de inmigración, antes de pasar a ser miembro de la familia de un ciudadano de la Unión.

31

Es manifiesto que a una persona como el Sr. Sahin, que, antes de adquirir la condición de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, estaba autorizada a residir provisionalmente en el territorio de un Estado miembro en virtud de la legislación de este Estado miembro a la espera de una resolución sobre una solicitud de asilo, no se le puede oponer el artículo 27 de la Directiva únicamente por este motivo.

32

Como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 99 de la sentencia Metock y otros, anteriormente citada, el nacional de un país tercero, cónyuge de un ciudadano de la Unión que reside en un Estado miembro del que no tiene la nacionalidad, que acompaña a ese ciudadano de la Unión o se reúne con él, puede acogerse a las disposiciones de esa Directiva, independientemente del lugar o del momento en que hayan contraído matrimonio, o de las circunstancias en que ese nacional de un país tercero haya entrado en el Estado miembro de acogida.

33

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión, letras a) y b), que los artículos 3, apartado 1, 6, apartado 2, y 7, apartados 1, letra d), y 2, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que comprenden igualmente a los miembros de la familia que han llegado al Estado miembro de acogida independientemente del ciudadano de la Unión y que sólo han adquirido la condición de miembro de la familia o iniciado la convivencia familiar con el ciudadano de la Unión cuando ya se encontraban en dicho Estado. A este respecto, carece de relevancia que, en el momento en que el miembro de la familia adquiere dicha condición o inicia la convivencia familiar, resida provisionalmente en el Estado miembro de acogida en virtud de la legislación sobre el derecho de asilo de dicho Estado.

34

Habida cuenta de la respuesta proporcionada a la primera cuestión, letras a) y b), no es preciso responder a la primera cuestión, letra c). En efecto, ésta se ha formulado únicamente para el caso de que la Directiva debiera interpretarse en el sentido de que no confiere un derecho de residencia a un miembro de la familia que se encuentre en la situación del demandante en el asunto principal.

35

Como se ha observado en el apartado 32 del presente auto, el Tribunal de Justicia resolvió en el apartado 99 de la sentencia Metock y otros, anteriormente citada, que el nacional de un país tercero, cónyuge de un ciudadano de la Unión que reside en un Estado miembro del que no tiene la nacionalidad, que acompaña a ese ciudadano de la Unión o se reúne con él, puede acogerse a las disposiciones de la Directiva.

36

Como se desprende de la respuesta a la primera cuestión, letras a) y b), una persona en la situación del Sr. Sahin tiene derecho de residencia en aplicación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva.

37

Resulta de los artículos 9, apartado 1, y 10, apartado 1, de la Directiva que la tarjeta de residencia es el documento que acredita el derecho de residencia por más de tres meses en un Estado miembro de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro.

38

El artículo 10, apartado 2, de la Directiva enumera con carácter limitativo los documentos que los nacionales de un país tercero, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, pueden verse obligados a proporcionar al Estado miembro de acogida para obtener una tarjeta de residencia (véase, en particular, la sentencia Metock y otros, antes citada, apartado 53).

39

Denegar a una persona en la situación del Sr. Sahin la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión por el único motivo de que el interesado sólo está autorizado a residir de forma provisional en ese Estado en virtud de la legislación del Estado miembro de acogida sobre el derecho de asilo, equivaldría a añadir un requisito suplementario a los que se enumeran exhaustivamente en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva.

40

En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión que los artículos 9, apartado 1, y 10 de la Directiva se oponen a una normativa nacional según la cual los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no poseen la nacionalidad de un Estado miembro y ostentan un derecho de residencia en virtud del Derecho comunitario, en particular en aplicación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, no pueden obtener una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión por el único motivo de que están autorizados a residir provisionalmente en el Estado miembro de acogida en virtud de la legislación de dicho Estado sobre el derecho de asilo.

41

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: