Asunto C‑340/02

Comisión de las Comunidades Europeas

contra

República Francesa

«Incumplimiento de Estado – Directiva 92/50/CEE – Procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de servicios – Asistencia al titular de la obra en relación con una estación de depuración – Adjudicación al ganador del anterior concurso de proyectos sin publicación previa de un anuncio de licitación en el DOCE»

Sumario de la sentencia

1.        Recurso por incumplimiento – Procedimiento administrativo previo – Objeto – Dictamen motivado – Contenido – Delimitación del objeto del litigio

(Art. 226 CE)

2.        Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios – Directiva 92/50/CEE – Adjudicación de los contratos – Principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia – Definición clara del objeto del contrato y de los criterios de adjudicación

(Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2)

3.        Aproximación de las legislaciones – Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios – Directiva 92/50/CEE – Adjudicación de los contratos – Procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación – Requisitos para su procedencia – Contrato que forma parte de la continuidad de un concurso de proyectos – Límites – Proyecto dividido en varias fases – Concurso de proyectos referido a la primera fase – Adjudicación del contrato relativo a la segunda fase al ganador de dicho concurso – Improcedencia

[Directiva 92/50/CEE del Consejo, art. 11, ap. 3, letra c)]

1.        En el marco de un recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión.

El procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 226 CE delimita, por tanto, el objeto de un recurso interpuesto al amparo de dicho artículo. En consecuencia, el recurso debe basarse en los mismos motivos y alegaciones que el dictamen motivado, el cual debe contener una exposición coherente y detallada de las razones que hayan llevado a la Comisión al convencimiento de que el Estado miembro interesado ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE.

(véanse los apartados 25 a 27)

2.        El principio de la igualdad de trato entre los diferentes prestadores de servicios, establecido en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, y el principio de transparencia que de éste se deriva obligan a que el objeto de cada contrato, así como los criterios de adjudicación del mismo, estén claramente definidos.

El motivo por el que se exige el cumplimiento de esta obligación consiste en que el objeto de un contrato y los criterios elegidos para su adjudicación son elementos decisivos a efectos de determinar cuál de los procedimientos previstos en la Directiva debe aplicarse y de evaluar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al correspondiente procedimiento.

(véanse los apartados 34 y 35)

3.        El artículo 11, apartado 3, letra c), de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, que exime a las entidades adjudicadoras, en el marco de un procedimiento negociado, de la obligación de publicar previamente un anuncio cuando el contrato en cuestión forme parte de la continuidad de un concurso de proyectos y deba adjudicarse a uno de los ganadores del concurso, ha de ser objeto de una interpretación estricta, y la carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excepción incumbe a quien quiera beneficiarse de ella.

En particular, la expresión «forme parte de la continuidad de un concurso de [proyectos]», en el sentido de la citada disposición, significa que debe existir una relación funcional directa entre el concurso de proyectos y el consiguiente contrato.

No existe tal relación, en un proyecto a desarrollar en varias fases, entre el concurso de proyectos referido a la primera fase y convocado para adjudicar el contrato correspondiente a esta fase y el contrato relativo a una fase posterior, respecto del cual la entidad adjudicadora sólo se reservó la posibilidad de adjudicarlo al ganador de dicho concurso de proyectos.

(véanse los apartados 37, 38, 40 y 41)