Asunto C-233/02

República Francesa

contra

Comisión de las Comunidades Europeas

«Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América – Falta de carácter vinculante»

Sumario de la sentencia

1.        Actos de las instituciones – Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América – Institución competente para adoptar un acto de esta naturaleza – Consideración del reparto de competencias y del equilibrio institucional establecido por el Tratado en el ámbito de la política comercial común – Falta de fuerza obligatoria de las Directrices – Falta de pertinencia

(Arts. 133 CE y 300 CE)

2.        Acuerdos internacionales – Determinación del carácter vinculante – Criterio decisivo – Intención de las partes – Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América – Falta de fuerza obligatoria – Menoscabo del ejercicio, por parte de la Comisión, de su facultad de iniciativa legislativa – Exclusión

(Art. 300 CE)

1.        El hecho de que un acto como las Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América esté desprovisto de fuerza obligatoria no basta para conferir a la Comisión competencia para adoptarlo. En efecto, puesto que, en el presente asunto, se trata de un acto destinado a reducir los riesgos de que surjan tensiones como consecuencia de la existencia de obstáculos técnicos al comercio de mercancías, la determinación de los requisitos para que pueda adoptarse tal acto exige tener debidamente en cuenta el reparto de competencias y el equilibrio institucional establecidos por el Tratado en el ámbito de la política comercial común.

(véase el apartado 40)

2.        A la hora de determinar si un acto, como las Directrices sobre cooperación en materia de regulación y transparencia acordadas con los Estados Unidos de América, reviste o no fuerza obligatoria, la voluntad de las partes constituye, en principio, el criterio decisivo. En el presente asunto, esta voluntad está claramente expresada en el propio tenor de las Directrices, al precisar éstas, en su punto 7, que dicho documento tiene por objetivo establecer las directrices que los organismos competentes en materia de regulación del Gobierno federal de Estados Unidos y los servicios de la Comisión «tienen la intención de aplicar de manera voluntaria». De esta precisión se deduce que, al acordar estas Directrices, las partes nunca tuvieron intención de contraer compromisos que las obligaran jurídicamente. En consecuencia, estas Directrices no constituyen un acuerdo de carácter obligatorio y, por tanto, no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 300 CE.

Al carecer de fuerza obligatoria, dichas Directrices no han podido generar obligaciones a cargo de la Comisión cuando ésta ejerce su función de iniciativa legislativa en el marco del procedimiento legislativo comunitario. Asimismo, el mero hecho de que un acto como dichas Directrices reconozca la posibilidad de iniciar consultas previas y de recabar las informaciones que se consideren necesarias antes de presentar las correspondientes propuestas no puede tener por efecto menoscabar el ejercicio, por parte de la Comisión, de su facultad de iniciativa.

(véanse los apartados 42, 43, 45, 50 y 51)