SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 29 de abril de 2004(1)

«Recurso de casación – Competencia – Mercado del azúcar – Artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) – Práctica colusoria – Incidencia sobre el comercio entre Estados miembros – Multa – Proporcionalidad»

En el asunto C‑359/01 P,

British Sugar plc, con domicilio social en Peterborough (Reino Unido), representada por los Sres. T. Sharpe, QC, y D. Jowell, Barrister, y por el Sr. A. Nourry, Solicitor, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2001, Tate & Lyle y otros/Comisión (asuntos acumulados T-202/98, T‑204/98 y T-207/98, Rec. p. II-2035), por el que se solicita la anulación de dicha sentencia,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Tate & Lyle plc, con domicilio social en Londres (Reino Unido),Napier Brown & Co. Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

partes demandantes en primera instancia,

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. K. Wiedner, en calidad de agente, asistido por el Sr. N. Khan, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),,

integrado por el Sr. P. Jann, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. C.W.A. Timmermans y S. von Bahr (Ponente), Jueces,

Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 10 de julio de 2003, en la que British Sugar plc estuvo representada por el Sr. T. Sharpe y la Sra. K. Fisher, Solicitor, y la Comisión por los Sres. K. Wiedner y N. Khan;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de octubre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

«1.

El régimen comunitario del mercado del azúcar está destinado a apoyar y proteger la producción de azúcar en la Comunidad. Comprende un precio mínimo al cual un productor comunitario siempre podrá vender su azúcar a las autoridades públicas y un precio de umbral al cual se puede importar de terceros países azúcar fuera de cuota.

2.

No obstante, el apoyo a la producción comunitaria por medio de precios garantizados se limita a las cuotas nacionales de producción (cuotas A y B) asignadas por el Consejo a cada Estado miembro, el cual las distribuye a continuación entre sus productores. El azúcar comprendido en la cuota B está sujeto, frente al de la cuota A, a una exacción más elevada sobre la producción. El azúcar producido por encima de las cuotas A y B se denomina azúcar C y no puede venderse en el interior de la Comunidad Europea, salvo que se almacene durante doce meses. Las exportaciones extracomunitarias, a excepción del azúcar C, se benefician de restituciones a la exportación. El hecho de que la venta con restitución sea, normalmente, más ventajosa que la efectuada en el marco del sistema de intervención, permite dar salida a los excedentes comunitarios en el exterior de la Comunidad.

3.

British Sugar es la única transformadora británica que produce azúcar a partir de la remolacha, y le fue atribuida la totalidad de la cuota de remolacha británica, correspondiente a 1.144.000 toneladas. Tate & Lyle compra azúcar de caña en los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), que luego transforma.

4.

El mercado del azúcar en Gran Bretaña presenta un carácter oligopolístico. Sin embargo, debido al régimen del azúcar en la Comunidad, Tate & Lyle padece una desventaja estructural en relación con British Sugar y está acreditado que esta última domina el mercado de Gran Bretaña. En conjunto, British Sugar y Tate & Lyle producen un volumen de azúcar aproximadamente igual a la demanda total de azúcar en Gran Bretaña.

5.

Un elemento adicional que afecta a la competencia en el mercado del azúcar en Gran Bretaña es la existencia de comerciantes de azúcar. Los comerciantes ejercen su actividad de dos maneras, bien con carácter autónomo, esto es, comprando el azúcar a granel a British Sugar, Tate & Lyle o a importadores y revendiéndolo, bien a comisión, esto es, como responsables de la realización de pedidos, de la facturación a los clientes en nombre del comitente y del cobro de los créditos. En el caso del comercio a comisión, las negociaciones en materia de precios y de condiciones de entrega del azúcar tienen lugar directamente entre British Sugar o Tate & Lyle y el cliente final, si bien los comerciantes están casi siempre al corriente de los precios convenidos.

[…]

6.

Entre 1984 y 1986, British Sugar llevó a cabo una guerra de precios que dio lugar a precios anormalmente bajos en el mercado del azúcar industrial y del azúcar al por menor. En 1986 Napier Brown, que es un comerciante de azúcar, volvió a formular la denuncia que había presentado inicialmente a la Comisión en 1980, en la que señalaba que British Sugar había explotado de forma abusiva su posición dominante, infringiendo el artículo 86 del Tratado CE (actualmente artículo 82 CE).

7.

El 8 de julio de 1986, la Comisión dirigió un pliego de cargos a British Sugar acompañado de medidas provisionales destinadas a poner fin a la infracción del artículo 86 del Tratado. El 5 de agosto de 1986, British Sugar propuso a la Comisión determinados compromisos en relación con su comportamiento futuro, que esta última aceptó mediante escrito de 7 de agosto de 1986 (en lo sucesivo, «compromisos»).

8.

El procedimiento iniciado tras la denuncia de Napier Brown concluyó mediante la Decisión 88/518/CEE de la Comisión, de 18 de julio de 1988, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 86 del Tratado CEE (asunto nº IV/30.178 – Napier Brown – British Sugar) (DO L 284, p. 41), que declaraba la infracción del artículo 86 del Tratado por British Sugar e imponía a ésta una multa.

9.

Entretanto, el 20 de junio de 1986, tuvo lugar una reunión entre los representantes de British Sugar y los de Tate & Lyle durante la cual British Sugar anunció el fin de la guerra de precios en el mercado del azúcar industrial y del azúcar al por menor en el Reino Unido.

10.

Esta reunión fue seguida, hasta el 13 de junio de 1990, por otras dieciocho reuniones relativas a los precios del azúcar industrial, en las que participaron asimismo los representantes de Napier Brown y de James Budgett Sugars, principales comerciantes de azúcar en el Reino Unido (en lo sucesivo, «comerciantes»). En estas reuniones, British Sugar informó a todos los participantes sobre sus precios futuros. En el transcurso de uno de estos encuentros, British Sugar distribuyó también a los demás participantes una tabla de sus precios para el azúcar industrial en relación con el volumen de compras.

11.

Además, hasta el 9 de mayo de 1990, Tate & Lyle y British Sugar se reunieron en ocho ocasiones para discutir sobre los precios del azúcar al por menor. British Sugar remitió sus listas de precios a Tate & Lyle en tres ocasiones, una vez cinco días y otra vez dos días antes de su puesta en circulación oficial.

12.

Tras dos escritos dirigidos por Tate & Lyle a la Office of Fair Trading inglesa, con fechas de 16 de julio y de 29 de agosto de 1990, de los que Tate & Lyle remitió copia a la Comisión, esta última inició el 4 de mayo de 1992 un procedimiento contra British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown, James Budgett Sugars y determinados productores de azúcar de Europa continental y les envió, el 12 de junio de 1992, un pliego de cargos en el que las imputaba una infracción de los artículos 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) y 86 del Tratado.

13.

El 18 de agosto de 1995, la Comisión dirigió a British Sugar, Tate & Lyle, James Budgett Sugars y Napier Brown un segundo pliego de cargos cuyo contenido era más limitado que el del pliego de cargos de 12 de junio de 1992, por cuanto sólo mencionaba la infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado.

14.

El 14 de octubre de 1998, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida]. En esta Decisión, dirigida a British Sugar, Tate & Lyle, James Budgett Sugars y Napier Brown, la Comisión declara la infracción del artículo 85, apartado 1, del Tratado por estos últimos e impone, en el artículo 3, una multa de 39,6 millones de ecus a British Sugar y de 7 millones de ecus a Tate & Lyle por la infracción del artículo 85, apartado 1, [del Tratado] en relación con los mercados del azúcar industrial y del azúcar al por menor y una multa de 1,8 millones de ecus a Napier Brown por la infracción del artículo 85, apartado 1, [del Tratado] en relación con el mercado del azúcar industrial.»

«78.

Según reiterada jurisprudencia, para que un acuerdo entre empresas o una práctica concertada puedan afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros (sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, apartado 5; de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 171, y de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeytihö, asuntos acumulados C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, Rec. p. I‑1307, apartado 143; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 1997, SCK y FNK/Comisión, asuntos acumulados T‑213/95 y T‑18/96, Rec. p. II‑1739, apartado 175, y de 8 de octubre de 1996, Compagnie maritime belge transports y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑24/93 a T‑26/93 y T‑28/93, Rec. p. II‑1201, apartado 201). De ahí que no sea necesario que el comportamiento denunciado haya afectado efectivamente al comercio entre Estados miembros de manera sensible; basta con demostrar que dicho comportamiento puede tener dicho efecto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 1995, SPO y otros/Comisión, T‑29/92, Rec. p. II‑289, apartado 235).

79.

Además, el hecho de que una práctica colusoria sólo afecte a la comercialización de los productos en un único Estado miembro no basta para excluir que pueda verse afectado el comercio entre Estados miembros. Al tratarse de un mercado permeable a las importaciones, los participantes en una práctica colusoria relativa a los precios interiores sólo pueden conservar su cuota de mercado protegiéndose contra la competencia extranjera (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1989, Belasco y otros/Comisión, 246/86, Rec. p. 2117, apartados 33 y 34).

80.

En el presente caso, no se discute que el mercado del azúcar en Gran Bretaña es permeable a las importaciones, a pesar de que la normativa comunitaria sobre el mercado del azúcar y los costes de transporte contribuyen a hacerlas más difíciles.

81.

Además, de la Decisión [controvertida] y del conjunto de los documentos obrantes en autos se desprende que una de las mayores preocupaciones de British Sugar y de Tate & Lyle era limitar el nivel de las importaciones en la medida en que éstas no les permitieran comercializar su producción en el interior del mercado nacional ([considerandos] 16 y 17 [de los fundamentos] de la Decisión [controvertida]) En efecto, por un lado, la propia British Sugar ha declarado haber adoptado a propósito, durante el período de que se trata, una política de precios dirigida a impedir las importaciones, con la prioridad de comercializar la totalidad de sus cuotas A y B en el mercado de Gran Bretaña (escrito de demanda, apartados 257 y 258). Por otro lado, del [considerando] 17 [de los fundamentos] de la Decisión [controvertida] se desprende que Tate & Lyle había llevado a cabo, durante el período de que se trata, una política dirigida a reducir el riesgo de un aumento del nivel de las importaciones.

82.

En estas circunstancias, por tanto, la Comisión no erró al estimar que la práctica colusoria de que se trata, que comprendía la casi totalidad del territorio nacional y que había sido llevada a cabo por empresas que representaban aproximadamente el 90 % del mercado en cuestión, podía influir en el comercio entre Estados miembros.

83.

British Sugar aduce que el efecto potencial sobre las corrientes de intercambios entre los Estados miembros no era sensible.

84.

A este respecto, la jurisprudencia ha declarado que la Comisión no está obligada a demostrar que un acuerdo o una práctica concertada tienen un efecto sensible sobre los intercambios entre Estados miembros. En efecto, el artículo 85, apartado 1, del Tratado requiere solamente que los acuerdos y las prácticas concertadas restrictivas de la competencia puedan afectar al comercio entre los Estados miembros (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 279).

85.

Así pues, a la vista de las consideraciones precedentes, la Comisión actuó correctamente al estimar que la práctica colusoria denunciada podía ejercer una influencia sobre los intercambios intracomunitarios.

86.

En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo en su totalidad.»

«98.

De conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22) la Comisión podrá imponer multas que vayan de un mínimo de mil euros a un máximo de un millón de euros, pudiéndose elevar este límite máximo hasta el 10 % del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción. Para determinar el importe de la multa dentro de estos límites, la mencionada disposición establece que se tendrá en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.

99.

De acuerdo con una jurisprudencia reiterada, el importe de la multa debe graduarse en función de las circunstancias de la violación y de la gravedad de la infracción y la apreciación de la gravedad de la infracción a efectos de fijar el importe de la multa debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restricciones ocasionadas a la competencia (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión, T‑77/92, Rec. p. II‑549, apartado 92).

100.

Además, conviene recordar que la capacidad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción a las disposiciones del artículo 85, apartado 1, o del artículo 86 del Tratado, constituye uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Esta misión comprende, ciertamente, la tarea de proceder a la instrucción y reprimir las infracciones individuales, pero comprende igualmente el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 105).

101.

De ello se deduce que para apreciar la gravedad de una infracción con el fin de determinar el importe de la multa, la Comisión debe tener en cuenta no sólo las circunstancias particulares del caso sino también el contexto en que se sitúa la infracción y asegurar el carácter disuasorio de su actuación, sobre todo para infracciones especialmente perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Comunidad (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 106).

102.

Pues bien, por lo que se refiere a la proporcionalidad de las multas impuestas, las demandantes en los asuntos T‑204/98 y T‑207/98 afirman fundamentalmente que el carácter desproporcionado de las multas es consecuencia de que se califique la infracción de «grave». En efecto, sus alegaciones pueden resumirse en que, a la luz de las Directrices, su práctica colusoria, aunque de tipo horizontal, debería ser calificada de «leve» debido a la ausencia de efectos contrarios a la competencia en el mercado.

103.

A este respecto, basta señalar, por un lado, que la práctica colusoria denunciada debe considerarse horizontal, en la medida en que los comerciantes participaban en ella como competidores de las productoras, y que, por otro lado, su objeto era la determinación de los precios. Pues bien, una práctica colusoria semejante siempre ha sido considerada especialmente perjudicial y se califica de «muy grave» en las Directrices. Además, como subraya la Comisión en sus escritos, la calificación de «grave» de la práctica colusoria de que se trata, debido a su repercusión limitada en el mercado, supone ya una calificación atenuada en relación con los criterios que se aplican generalmente para fijar las multas en los supuestos de cárteles de precios, que la habrían llevado a calificar la práctica colusoria de muy grave.

104.

En lo que atañe a la objeción formulada por British Sugar relativa a la proporcionalidad del incremento de la multa en función de la duración de la infracción, cabe recordar que el artículo 15, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento nº 17 establece que «para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta». La duración de la infracción, por tanto, constituye uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar la cuantía de la sanción pecuniaria que se ha de imponer a las empresas que hayan cometido infracciones de las normas sobre la competencia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 154). En consecuencia, la Comisión obró correctamente al apreciar la duración de la infracción para determinar las multas impuestas.

105.

En su apreciación, la Comisión señaló que se hallaba ante una infracción de duración media y, por tanto, aplicó un incremento del 40 % del importe determinado en función de la gravedad. A este respecto, cabe recordar que, según jurisprudencia reiterada, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, apartado 59, y de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 268, confirmada en casación mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Mo och Domsjö/Comisión, C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855, apartado 45).

106.

No obstante, incumbe al juez comunitario controlar si el importe de la multa impuesta es proporcionado en relación con la duración y los demás elementos que puedan incluirse en la apreciación de la gravedad de la infracción (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre de 1997, Deutsche Bahn/Comisión, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, apartado 127). A este respecto, no es posible compartir la opinión de British Sugar, según la cual la Comisión únicamente puede incrementar el importe de una multa en función de la duración de la infracción si existe una relación directa entre la duración y un mayor perjuicio causado a los objetivos comunitarios que contemplan las normas sobre la competencia, relación que no se da cuando la infracción carece de efecto en el mercado. Al contrario, debe entenderse que el impacto de la duración de la infracción en el cálculo del importe de la multa ha de apreciarse igualmente en función de los demás elementos que caracterizan la infracción de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Dunlop Slazenger/Comisión, antes citada, apartado 178). Procede considerar que, en el presente caso, el incremento del 40 % aplicado por la Comisión al importe calculado en función de la gravedad de la infracción no reviste un carácter desproporcionado.

107.

La alegación de British Sugar, según la cual el concepto de circunstancias agravantes que figura en las Directrices es contrario al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, carece igualmente de todo fundamento.

108.

En primer lugar, es preciso analizar las disposiciones relevantes de las Directrices. El punto 1, parte A prevé que «a la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado». El punto 2, con el título de circunstancias agravantes, establece una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden conducir a un incremento del importe de base calculado en función de la gravedad y de la duración de la infracción, como la reincidencia, la denegación de cooperación, la función de instigador de la infracción, la aplicación de represalias y la necesidad de tener en cuenta el importe de las ganancias ilícitas obtenidas gracias a la infracción.

109.

Pues bien, de las disposiciones que se acaban de citar resulta que la apreciación de la gravedad de la infracción se efectúa en dos etapas. En una primera fase, la gravedad se evalúa únicamente en función de los elementos propios de la infracción, como su carácter y su repercusión en el mercado y, en una segunda fase, la apreciación de la gravedad se modula en función de circunstancias propias de la empresa afectada, lo cual, por otro lado, lleva a la Comisión a tener en cuenta no sólo posibles circunstancias agravantes, sino también, en su caso, circunstancias atenuantes (véase el punto 3 de las Directrices). Esta actuación, lejos de ser contraria a la letra y al espíritu del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, permite, especialmente en el caso de infracciones en las que se hallan implicadas varias empresas, tener en cuenta al evaluar la gravedad de la infracción el diferente papel desempeñado por cada empresa y su actitud hacia la Comisión durante el desarrollo del procedimiento.

110.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la proporcionalidad del incremento aplicado a la multa impuesta a British Sugar en función de circunstancias agravantes, debe señalarse que, teniendo en cuenta las circunstancias evocadas por la Comisión en los considerandos 207 a 209 de la Decisión controvertida, un incremento del 75 % no puede considerarse desproporcionado.

[…]

112.

Por tanto, procede desestimar el motivo alegado por British Sugar y Tate & Lyle acerca del carácter pretendidamente desproporcionado de las multas.

113.

En lo que atañe a la objeción relativa a una falta de consideración de la estructura del mercado de que se trata, cabe señalar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia [de 16 de diciembre de 1975,] Suiker Unie [y otros/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 615 a 619,] consideró que el contexto normativo y económico del mercado del azúcar justificaba un trato menos severo de las prácticas potencialmente contrarias a la competencia. No obstante, la Comisión ha observado correctamente que las prácticas colusorias que fueron objeto de la sentencia Suiker Unie no se referían a un aumento de precios, sino al reparto del mercado según determinadas cuotas. Además, el propio Tribunal de Justicia subrayó en la sentencia Suiker Unie que, en el supuesto de una práctica colusoria en relación con los precios, su apreciación habría sido diferente. A este respecto, añadió que «el perjuicio que el comportamiento imputado pudo causar a los usuarios o a los consumidores estaba limitado, ya que la misma Comisión no reprochó a los interesados un alza concertada o abusiva de los precios aplicados, y los obstáculos causados a la libre elección del proveedor merced al reparto de los mercados, aun siendo censurables, tienen menor gravedad al tratarse de un producto muy homogéneo como es el azúcar» (apartado 621). Puesto que en el presente caso se trata precisamente de una práctica colusoria en relación con los precios, la Comisión obró correctamente al alejarse de las consideraciones de la sentencia Suiker Unie.

114.

Por tanto, procede concluir también que debe rechazarse la alegación de que no se tomó en consideración la estructura del mercado que rodea a las infracciones.

115.

En consecuencia, debe desestimarse este motivo en su totalidad.»

–

Anule la sentencia recurrida.

–

Anule la Decisión controvertida en su totalidad o, con carácter subsidiario, parcialmente.

–

Anule los artículos 3 y 4 de la Decisión controvertida o reduzca el importe de la multa.

–

Condene a la Comisión a cargar con las costas causadas por British Sugar en el presente procedimiento de casación y las costas causadas en el asunto T‑204/98, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales.

–

Declare la inadmisibilidad parcial del recurso de casación y lo desestime en cuanto al resto, o, con carácter subsidiario, lo desestime íntegramente por infundado.

–

Condene a la recurrente a cargar con las costas causadas por la Comisión en el recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)