1.

El demandante es un antiguo funcionario de grado LA 5 de la Comisión de las Comunidades Europeas, cuyo último destino fue la División alemana del Servicio de Traducción en Luxemburgo; se jubiló a causa de invalidez el 1 de marzo de 1979, tras un procedimiento substanciado con arreglo al último párrafo del apartado 1 del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, “Estatuto”) No se discute el régimen de pensión del que disfruta el demandante.

2.

Mediante carta de 30 de mayo de 1980, el demandante solicitó que se iniciase la investigación prevista por el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 17 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas mencionada por el artículo 73 del Estatuto (en lo sucesivo, “Reglamentación”). Según esta disposición, “la administración procederá a una investigación con objeto de recabar todos los elementos que le permitan determinar la naturaleza de la afección, su origen profesional, así como las circunstancias que dieron lugar a la misma”.

3.

Mediante cartas de 30 de noviembre de 1980, 6 y 27 de julio de 1982, la administración solicitó a los jefes de servicio que habían tenido a sus órdenes al demandante desde que entró en funciones sus observaciones sobre las condiciones de trabajo del mismo demandante. Los días 12 y 14 de julio, 24 de septiembre y 10 de octubre de 1982, dichos superiores jerárquicos comunicaron a la Administración sus apreciaciones a este respecto.

4.

Por otra parte, la Comisión ordenó, con arreglo al artículo 18 de la Reglamentación, la práctica de un dictamen médico sobre el demandante. El Dr. Simons, médico designado por las Comunidades Europeas, encargó este dictamen al profesor De Waele, de la Vrije Universiteit Brussel, quien consideró, en su informe de 10 de enero de 1983, que la enfermedad del demandante no podía tener origen profesional. Mediante carta de 25 de febrero de 1983, el doctor Simons se adhirió a esta conclusión. El reconocimiento médico al que el profesor De Waele había sometido al demandante duró tres horas y media y se desarrolló en lengua aleinana.

5.

Mediante carta de 29 de marzo de 1983, redactada con arreglo al artículo 21 de la Reglamentación, la Administración notificó al demandante un proyecto de decisión por la que se le denegaba la aplicación del artículo 73 del Estatuto, teniendo en cuenta la conclusión del profesor De Waele, que se adjuntaba a la anterior notificación al demandante. Por otra parte, se informaba a éste de la posibilidad de que un médico elegido por él mismo obtuviese el dictamen médico completo del profesor De Waele (quince páginas), así como la posibilidad que tenía de solicitar en un plazo de 60 días siguientes al dictamen de la comisión médica prevista por el artículo 23 de la Reglamentación.

6.

Mediante carta de 27 de mayo de 1983, el demandante solicitó la reunión de esta comisión médica y designó como médico propio para que formase parte de ella al profesor Rose, psiquiatra de Hannover.

7.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, “AFPN”) eligió seguidamente al profesor De Waele para formar parte de la comisión médica. El tercer médico, el profesor Pierloot, de la Universidad Católica de Lovaina, fue designado de común acuerdo por los profesores Rose y De Waele.

8.

La Comisión comunicó a cada miembro de la comisión médica el texto del mandato que se había confiado a dicha comisión, al cual acompañaban como anexos el texto del artículo 3 de la Reglamentación, que define la enfermedad profesional a efectos de dicho texto, así como la “lista europea de enfermedades profesionales” en el sentido de la recomendación de la Comisión de 23 de julio de 1962 (DO 1962, 80, p. 2188). La primera parte del mandato de la comisión médica decía así:

“Una vez examinado el Sr. Raymond Vidrányi, oídas sus explicaciones y eventualmente las de los médicos que asisten a las partes y tras informarse de todos los documentos relativos a los exámenes, cuidados e intervenciones de que ha sido objeto el interesado e indicada su evolución y los tratamientos aplicados, los médicos especialistas:

9.

Además, cada miembro de la comisión médica recibió de la Comisión un voluminoso expediente confidencial que incluía:

10.

Una vez examinado el demandante el 14 de junio de 1988 durante una hora y media y estudiados los documentos antes enumerados, los médicos que integraban la comisión médica emitieron su informe, cuyo original firmado por los tres médicos fue dirigido a la AFPN el 23 de diciembre de 1988, de acuerdo con el apartado 1, infine, del artículo 23 de là Reglamentación. Con arreglo a esta misma disposición, dicho informe fue dirigido también al demandante el 13 de enero de 1989, fecha en la cual la AFPN informó al mismo de que, teniendo en cuenta las conclusiones de la comisión médica, no le eran aplicables las disposiciones del Estatuto relativas a la cobertura de enfermedades profesionales.

11.

El 6 de abril de 1989, el demandante interpuso una reclamación contra la “decisión denegatoria de 13 de enero de 1989”, solicitando que se reanudara el procedimiento que finalizó con el [dictamen] de la comisión médica. En apoyo de su reclamación, formulaba diversas críticas respecto al modo en que se había redactado dicho informe y respecto a su contenido, a saber:

12.

Como la Comisión no respondió a esta reclamación, pudo considerarse presuntamente desestimada el 6 de agosto de 1989.

13.

El 5 de septiembre de 1989, el demandante, al amparo del artículo 26 del Estatuto, de los Derechos Humanos y de la “transparencia” preconizada por el contrato social de progreso, solicitó a la Administración que le fueran enviados todos los documentos relativos a la investigación interna realizada por la Comisión y puestos a disposición de la comisión médica. Además, solicitó que se le garantizase que los documentos que se le enviaran fueran realmente completos y que ninguna información oral ni telefónica distinta a la contenida en dichos documentos hubiera sido entregada a la comisión médica.

14.

El 13 de octubre de 1989, la Comisión opuso a esta solicitud, que calificó de reclamación, una decisión explícita denegatoria, notificada al demandante mediante carta certificada con acuse de recibo de 3 de noviembre de 1989, recibida por el demandante el 7 de noviembre de 1989.» En tales condiciones, el 6 de noviembre de 1989, el Sr. Vidrányi interpuso un recurso mediante el cual solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

—

Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado.

—

Anule o, en su caso, revise la decisión del Director General del Servicio «Accidentes y Enfermedades Profesionales» de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 1989, que negó el carácter de enfermedad profesional a la sufrida por el recurrente.

—

Ordene, en su caso, que se proceda a un nuevo dictamen médico.

—

Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho.

—

Desestime el recurso por infundado.

—

Resuelva sobre las costas conforme a Derecho.

«33.

Procede declarar que tiene razón la Comisión al señalar que ninguna disposición de la Reglamentación establece la comunicación directa del informe de investigación al funcionario y que, tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, los “documentos relativos a los datos recogidos acerca de un incidente producido durante el trabajo, que pueden servir de fundamento a un procedimiento para que se reconozca la existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en el sentido de la Reglamentación, deben considerarse también de carácter médico” (citada sentencia de 7 de octubre de 1987, Strack, 140/86, apartado 13). Este carácter médico se opone a que estos documentos sean comunicados directamente al demandante en el marco del procedimiento establecido por la Reglamentación.

34.

Conviene sin embargo subrayar que no sólo es “admisible”,- como ha señalado la Comisión, sino también indispensable que el “informe médico completo”, que el funcionario puede solicitar que se transmita al mé- -dico de su elección y que debe ser ratificado a los miembros de la comisión médica a que se refiere el artículo 23 de la Reglamentación, incluya el informe de investigación. En efecto, al “establecer un acceso directo a los documentos de carácter médico, a través de la intervención de un médico de confianza designado por el funcionario [...], la Reglamentación concilia los derechos del funcionario o de sus derechohabientes con los imperativos del secreto médico” (sentencia citada de 7 de octubre de 1987, Strack, 140/86, apartado 12).

35.

De este modo, el funcionario puede, si ha presentado una solicitud en tal sentido, definir su postura sobre los hechos contenidos en el informe de investigación por medio de la intervención de un médico de confianza y enjuiciar la oportunidad del dictamen de la comisión médica. En este sentido, procede subrayar que el demandante no dirigió tal petición a la AFPN, pues su carta de 27 de mayo de 1983 no contenía semejante solicitud.

36.

Respecto a la alegación del demandante en el sentido de que estos documentos hubieran debido ser incorporados a su expediente personal con arreglo al artículo 26 del Estatuto, procede señalar que, tal como reconoció el Tribunal de Justicia en su sentencia de 7 de octubre de 1987, su carácter médico “no impide que dichos documentos puedan, en su caso, afectar también a la situación administrativa del funcionario, por haberse utilizado los hechos que relatan como base para informes sobre su competencia, rendimiento o comportamiento. Eri tal caso, dichos documentos deben figurar en el expediente personal” (Strack, 140/86, apartado 13, ya citado).

37.

De ahí se sigue que, teniendo en cuenta la finalidad del artículo 26 del Estatuto, estos documentos sólo deben figurar en el expediente personal del funcionario cuando las circunstancias cuando las circunstancias que aparecen en ellos pueden, fuera del marco del procedimiento establecido por la Reglamentación, afectar a la situación administrativa del demandante, porque los hechos que reflejan sean base de informes relativos a su competencia, a su rendimiento o a su conducta.

38.

Sin embargo, es necesario reconocer, en el presente caso, que no se ha demostrado que las circunstancias de hecho relativas a las condiciones de trabajo del demandante hayan influido en su situación administrativa, ya que ésta finalizó antes de la fecha de dichos documentos. En consecuencia, tiene razón la Comisión al no incluir los mismos documentos en el expediente personal regulado por el artículo 26 del Estatuto.

39.

En cuanto al argumento del demandante, mencionado en su escrito de réplica, según el cual el hecho de que el informe de investigación le haya sido comunicado en el marco del presente litigio constituye la prueba de que se trataba de una parte integrante del expediente personal, hay que señalar que, en el marco del procedimiento establecido por la Reglamentación, el informe de investigación no debía ser comunicado al demandante, por las razones anteriores, más que mediante la intervención de su médico de confianza y que, por lo tanto, el demandante no puede sacar de ahí un argumento para sostener que este documento formaba parte integrante de su expediente personal.

40.

De lo anterior resulta que el artículo 26 del Estatuto no puede utilizarse para iniciar, fuera del marco establecido por la Reglamentación, un procedimiento contradictorio relativo a documentos de carácter médico.»

«42.

Procede subrayar al respecto que lleva razón la Comisión al señalar que la comisión médica es quien debe juzgar si procede escuchar al interesado y, en su caso, la duración de su examen, en particular teniendo en cuenta el carácter más o menos completo del expediente médico de que dispone con anterioridad, como ya señaló el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 21 de mayo de 1981 y de 19 de enero de 1988 (Morbelli contra Comisión, 156/80, Rec. 1981, p. 1357, apartado 27; Biedermann contra Tribunal de Cuentas, 2/87, Rec. 1988, p. 143, apartado 16). Por otra parte, “dada la naturaleza de los trabajos de la comisión, cuyo objeto no es zanjar un debate contradictorio, sino precisar circunstancias médicas, tampoco se impone semejante audiencia por los principios relativos al derecho de defensa” (citada sentencia de 19 de enero de 1988, Biedermann, 2/87, apartado 16).

43.

Además, basta con señalar que en el presente caso podía razonablemente considerarse suficiente una visita de una hora y media por la comisión médica, ya que, por una parte, el expediente médico, donde se incluían todos los documentos que recogían los diversos puntos de vista, estaba completo y que, por otra parte, el demandante ya había sido examinado durante tres horas y media por el médico designado por la Comisión para formar parte de la comisión médica y, en dos ocasiones, durante tres horas por el médico que el propio interesado había designado.

44.

De ello se deduce que esta imputación no puede estimarse.»

«45.

El demandante acusa a la comisión médica, por una parte, de haber achacado su enfermedad a la estructura de su personalidad y, por otra parte, de no haber enjuiciado de otro modo, en su informe, la función y los deberes del servicio médico, quien, al no haber asistido al demandante, incurrió en una infracción del artículo 24 del Estatuto y contribuyó a la agravación de su enfermedad. Achacar la enfermedad del demandante a lá estructura de su personalidad por la comisión médica tiene como propósito, según el demandante, paliar las insuficiencias del servicio médico y disimularlas.

46.

La Comisión responde que, por una parte y según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (sentencias de 29 de noviembre de 1984, Suss contra Comisión, 265/83, Rec. 1984, p. 4029, apartado 11, y de 19 de enero de 1988, Biedermann, 2/87, apartado 8, ya citada), el examen del Tribunal de Primera Instancia no puede extenderse a las apreciaciones médicas propiamente dichas contenidas en el informe de la comisión médica y, por otra parte, no puede tratarse de un caso de insuficiencia de su servicio médico, pues el demandante no le había sometido ninguna solicitud de asistencia y dicho servicio sabía que éste ya recibía tratamiento de un especialista.

47.

Antes de examinar las imputaciones del demandante, conviene señalar previamente el alcance del control del Tribunal de Primera Instancia sobre una decisión por la que se deniega el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad de un funcionario, tras consulta a la comisión médica prevista por el articuló 23 de la Reglamentación.

48.

Conviene recordar que; según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en último lugar, la citada sentencia de 19 de enero de 1988, Biedermann, 2/87, apartado 8), el examen de este Tribunal no alcanza a las estimaciones médicas propiamente dichas, que deben considerarse como definitivas cuando se adoptaron en condiciones conformes a Derecho. Tal no sería el caso si la comisión médica se basara en una concepción errónea de la noción de “enfermedad profesional” o si su dictamen no estableciese un vínculo comprensible entre el diagnóstico que contuviera y las conclusion nes a que llegase (sentencia de 10 de diciembre de 1987, Jänsch contra Comisión, 277/84, Rec. 1987, p. 4923, apartado 15).

49.

En este sentido, es preciso señalar que la imputación de la enfermedad psíquica del demandante a la estructura de su personalidad constituye una estimación mèdica que este Tribunal sólo puede conocer, desde el punto de vista de su motivación. Ahora bien, al achacar la causa de la enfermedad del demandante a la estructura de su personalidad y no a sus condiciones de trabajo o a la. actitud de sus superiores, la comisión médica ha excluido la posibilidad de que la enfermedad del interesado o su agravamiento haya podido tener “origen en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones al servicio de las Comunidades”, a tenor del apartado 2 del artículo 3 de la Reglamentación.

50.

Según lo anterior, el informe de la comisión médica no se basa en un concepto erróneo de la noción de enfermedad profesional y establece un vínculo comprensible entre el diagnóstico que contiene y las conclusiones a las que llega, por lo que no incurre en falta de motivación, del mismo modo que la decisión que la Comisión adoptó a partir de dicho informe.

51.

Procede añadir, a mayor abundamiento, que el informe de la comisión médica fue adoptado por unanimidad de sus tres miembros, incluido el médico designado por el demandante.

52.

Por lo tanto esta alegación no puede ser estimada.»

—

Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 12 de julio de 1990 en el asunto T-154/89.

—

Condene a la Comisión de acuerdo con las pretensiones del Sr. Vidrányi en el asunto T-154/89.

—

Condene a la Comisión a reparar los perjuicios sufridos por el Sr. Vidrányi, vista la infracción por la Comisión del artículo 24 del Estatuto y el incumplimiento de su deber de asistencia y protección.

—

Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho.

—

Desestime el recurso porque no procede en parte su admisión, en lo que respecta a las pretensiones relativas a la demanda de indemnización, y por ser absolutamente infundado.

—

Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho.

A.

B.

C.

1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 1990, el Sr. Raimund Vidrányi interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 12 de julio de 1990 por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso de anulación entablado contra la decisión de la Comisión, de 13 de enero de 1989, que negaba el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad psíquica del demandante.

2

Mediante su.recurso de casación, el Sr..Vidrányi solicita, por una parte, la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, por otra, la condena de ia Comisión a indemnizar el perjuicio que el demandante afirma haber sufrido a causa de la violación, por dicha Institución, de su deber de asistencia y protección.

3

En apoyo de su recurso, el demandante alega tres motivos que consisten, el primero, en ser contrario a Derecho el procedimiento seguido para la aplicación de là Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Reglamentación») a la que se refiere el artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»); el segundo, en la defectuosa apreciación, por parte del Tribunal de Primera Instancia, del contenido del informe de la comisión médica y, el tercero, en la infracción de los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Estatuto.

4

Mediante su primer motivo, el Sr. Vidrányi imputa en primer lugar al Tribunal de Primera Instancia haber juzgado que los documentos relativos a la investigación realizada entre sus superiores jerárquicos en aplicación del apartado 2 del artículo 17 de la Reglamentación tenían carácter médico y no debían, por lo tanto, ser comunicados al demandante, cuando dichos documentos afectaban a la situación administrativa del Sr. Vidrányi que hubiera debido, en consecuencia, tener la posibilidad de formular observaciones respecto a ellos. El demandante se opone a continuación a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual su audiencia por la comisión médica fue suficiente por la razón fundamental de que ésta disponía de todo un expediente completo, siendo así que él afirma que no tuvo la posibilidad de adoptar posición sobre los factores que contribuyeron, según él, a agravar su enfermedad, en concreto el ambiente de trabajo, sus relaciones con sus superiores y las tareas que se le encomendaron en la Comisión.

5

Mediante su segundo motivo, el Sr. Vidrányi acusa sustancialmente al Tribunal de Primera Instancia de haber fundado su decisión en la conclusión del informe de la comisión médica que achacaba la enfermedad del demandante a la estructura de su personalidad, cuando, según el demandante, no hay ningún vínculo lógico entre dicha conclusión y las comprobaciones médicas que figuran en el informe.

6

Al exponer su tercer motivo, el Sr. Vidrányi acusa al Tribunal de Primera Instancia de no haber respondido al motivo, invocado en primera instancia, mediante el cual acusaba a la Comisión de no haber hecho nada para remediar la situación una vez que la enfermedad del demandante fue conocida por el servicio médico. El Sr. Vidrányi considera que esta falta de la Comisión a su deber de asistencia y protección, establecido por los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Estatuto, supone para él un derecho a que se le indemnice el perjuicio sufrido.

7

Para una más amplia exposición de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

8

Para resolver el recurso de casación interpuesto por el Sr. Vidrányi, procede recordar, en primer lugar, que, a tenor del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento,

9

Ahora bien, el recurso que el Sr. Vidrányi interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia tenía por objeto la anulación de la decisión de la Comisión que se negaba a reconocer el origen profesional de la enfermedad del demandante.

10

De ahí se deduce que procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión del recurso de casación en el sentido de que se condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio pretendidamente padecido por el demandante a causa de la violación por dicha Institución de su deber de asistencia y protección.

11

Procede destacar, en segundo lugar, que, con arreglo al artículo 168 A del Tratado CEE y de las disposiciones concordantes de los Tratados CECA y CEEA, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Esta limitación es recordada por el párrafo primero del artículo 51 del Estatuto CEE y de las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, que precisan, en consecuencia, los motivos sobre los que pueda fundarse un recurso de casación, es decir, la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades de procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte demandante y la violación del Derecho comunitario por parte del propio Tribunal.

12

De ahí se sigue que el recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas por el Tribunal de Primera Instancia, excluyendo cualquier apreciación de hecho (véase auto de 20 de marzo de 1991, Turner/Comisión, C-115/90 P, Rec. p. I-1423, apartado 13).

13

Por consiguiente, no cabe admitir el recurso de casación más que en la medida en que su escrito introductorio acuse al Tribunal de Primera Instancia de haberse pronunciado en incumplimiento de normas jurídicas cuyo cumplimiento tenía que garantizar.

14

Ahora bien, respecto a la segunda parte del primer motivo del demandante, basta comprobar que el Sr. Vidrányi, sin alegar la infracción de ninguna norma de Derecho, se limita a rechazar la apreciación que hizo el Tribunal de Primera Instancia de los hechos del litigio.

15

En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo del Sr. Vidrányi.

16

Respecto al segundo motivo del demandante, basta señalar que el Sr. Vidrányi se opone a la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia al declarar que el informe médico establecía un vínculo comprensible entre las comprobaciones que realizaba y la conclusión a la que llegó.

17

Ahora bien, como se ha recordado en los apartados 11 a 13 de la presente sentencia, semejante apreciación de los hechos queda fuera del posible examen del Tribunal de Justicia, que es competente sólo para controlar la observancia de las normas de Derecho por la sentencia impugnada.

18

De ahí se sigue que tampoco se puede admitir este motivo.

19

Por lo que se refiere al primer motivo del demandante, en la medida que acusa al Tribunal de Primera Instancia de haber calificado erróneamente los informes de investigación, redactados en el marco de la Reglamentación, como documentos que tenían carácter médico, cuando se trata de documentos que afectan a la situación administrativa del Sr. Vidrányi, que debieran haberle sido comunicados directamente, sólo puede comprenderse como una acusación dirigida al Tribunal de Primera Instancia de haber omitido la sanción de una violación del principio general de respeto a los derechos de defensa.

20

De acuerdo con este principio, el funcionario debe tener la posibilidad de definir una postura ante cada documento que la Institución trate de emplear contra él.

21

Este principio está consagrado especialmente en el párrafo segundo del artículo 26 del Estatuto, según el cual la Institución no podrá oponer a un funcionario ni alegar en su contra los documentos que se refieran a su situación administrativa y los informes sobre su competencia, rendimiento ó comportamiento si no le hubiesen sido comunicados antes de su incorporación al expediente.

22

En el campo particular del procedimiento instado por el funcionario para hacer comprobar el origen profesional de la enfermedad que ha dado lugar a su jubilación, dicho principio viene desarrollado por el artículo 21 y por el apartado 1 del artículo 23 de la Reglamentación. El artículo 21, en efecto, establece que el funcionario o sus derechohabientes podrán solicitar, en primer lugar, que se transmita el informe médico completo.al médico de su elección y después que la comisión médica emita su dictamen antes de que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») adopte una decisión relativa al reconocimiento del origen profesional de la enfermedad del funcionario. Con arreglo al apartado 1 del artículo 23, el funcionario o sus derechohabientes tienen la posibilidad de designar un médico para formar parte de la comisión médica.

23

En este procedimiento, que fue instado por el funcionario y no está dirigido contra él, el respeto de los derechos de este último está garantizado, por consiguiente, teniendo en cuenta el carácter particular de los documentos de que se trata, por la posibilidad que tiene el funcionario afectado de conocer a través del médico de su elección los documentos del expediente que lleva la AFPN y de designar un médico para defender sus intereses en el seno de la comisión médica.

24

Como ha destacado el Tribunal de Justicia en la sentencia de. 7 de octubre de 1987, Strack/Comisión (140/86, Rec. p. 3939), por una parte, el expediente que sirve de base a los médicos o a la comisión médica para enjuiciar el carácter profesional de una enfermedad es de naturaleza médica y no puede, por lo tanto, ser consultado más que indirectamente a través de un médico designado por el funcionario y, por otra parte, las circunstancias de carácter administrativo, que puedan figurar en este expediente y tener una influencia en la situación administrativa del funcionario, deben aparecer también en el expediente individual donde, de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto, el funcionario puede consultarlas directamente.

25

El conjunto de los documentos sometidos a los médicos o a la comisión médica están de este modo sujetos al régimen del artículo 21 de la Reglamentación y la inclusión en el expediente individual del funcionario de alguno de estos documentos, así como la posibilidad que tiene este último de tener conocimiento de ellos, no se imponen, por consiguiente, más que si dichos documentos son utilizados para la apreciación o la modificación de la situación administrativa del funcionario por la Institución de la que depende.

26

Ahora bien, como aparece en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, no se discute, por una parte, que los informes de investigación de que se trata formaban en este caso parte integrante de un procedimiento de naturaleza médica y figuraban en el expediente sometido a la comisión médica, de manera que el demandante podía tener acceso a dichos documentos a través de su médico de confianza que formara parte de dicha comisión. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia declaró que en el presente caso no se había probado que los documentos de que se discute hubieran servido para fines distintos del procedimiento previsto por la Reglamentación.

27

En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo, con razón suficiente y sin incurrir en una violación del derecho de defensa del demandante, considerar que tenían carácter médico, en la medida en que formaban parte integrante de un procedimiento de naturaleza médica, los informes de los superiores jerárquicos del demandante, destinados a precisar si, como afirmaba el Sr. Vidrányi en su petición, las condiciones de trabajo en la Comisión han podido ser el origen de la enfermedad que ha causado su incapacidad laboral. En efecto, la redacción de estos informes, aun no estando cubiertos por el secreto médico, constituye, según el párrafo primero del apartado 2 del artículo 17 de la Reglamentación, el acto mediante el cual debe iniciarse el procedimiento instado por el funcionario para que se reconozca el origen profesional de su validez.

28

De ahí se sigue que la primera parte del primer motivo del demandante no está fundada.

29

Por ùltimo, en lo que se refiere a la acusación alegada en el marco del tercer motivo, mediante la cual el demandante censura al Tribunal de Primera Instancia por no haber resuelto sobre el motivo basado en la infracción de los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Estatuto, aunque no alega la infracción de ninguna norma jurídica precisa, puede entenderse que alega una insuficiencia equivalente a una falta de motivos y, por consiguiente, la inobservancia de un principio general que impone a cualquier órgano jurisdiccional la obligación de motivar sus decisiones, indicando sobre todo las razones que le han llevado a no estimar una acusación formalmente invocada ante él.

30

A este respecto, procede destacar que esta acusación se ha formulado, como crítica dirigida al contenido del informe de la comisión médica, en un litigio por el que se trataba de comprobar la existencia de una enfermedad profesional y no la infracción del artículo 24 del Estatuto. Por otra parte, el propio demandante ha reconocido en su recurso de casación que las pretensiones planteadas en primera instancia «no tienen casi nada que ver con el artículo 24 del Estatuto».

31

En estas circunstancias, al plantear la existencia de una infracción del artículo 24 del Estatuto por la Comisión, el Sr. Vidrányi no alegaba un motivo distinto en apoyo de sus conclusiones, sino que formulaba una alegación adicional con el objeto de discutir el contenido del informe de la comisión médica respecto al origen de la enfermedad del demandante. Ahora bien, al desestimar el recurso del Sr. Vidrányi, el Tribunal de Primera Instancia indicó clara y necesariamente que la enfermedad del demandante no podía imputarse a causas distintas de la estructura de la personalidad del Sr. Vidrányi, como sería, por ejemplo, una pretendida omisión del servicio médico de la Comisión.

32

Por consiguiente, esta acusación del Sr. Vidrányi tampoco está fundada.

33

Según todo lo anterior, el recurso de casación del Sr. Vidrányi debe desestimarse en todas sus partes.

34

A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. A tenor del artículo 70 del mismo Reglamento, en los recursos de funcionarios, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido. Sin embargo, con arreglo al artículo 122 del repetido Reglamento, el artículo 70 no es aplicable a los recursos de casación interpuestos por funcionarios u otros agentes de las Instituciones. Por no haber prosperado la acción del Sr. Vidrányi, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide