—

El artículo L.551 del code de la santé publique establece un régimen de autorización previa para la publicidad de medicamentos y de establecimientos farmacéuticos. Está sometida al mismo régimen «la publicidad o la propaganda, sea cual fuere su forma, de productos que no sean los medicamentos debidamente autorizados en virtud del artículo L.601 de este código, que se presenten como aptos para favorecer el diagnóstico, prevenir o tratar las enfermedades, las afecciones relativas a la patología médica y quirúrgica y los trastornos fisiológicos, para diagnosticar o modificar el estado físico o fisiológico, o para restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas».

Las condiciones de expedición de la autorización previa, fijadas por decreto del Consejo de Estado, figuran en los artículos R-5045 y siguientes del code de la santé publique.

Según las disposiciones en vigor en el momento de los hechos que han dado lugar a un proceso penal contra el Sr. Delattre (disposiciones que fueron refundidas por un Decreto de 23 de septiembre de 1987), la publicidad sobre medicamentos estaba sometida a una autorización concedida por el Ministro de Salud Pública previo dictamen de una Comisión de control de la publicidad según los requisitos establecidos en los artículos R-5047 a R-5052 del code de la santé publique.

El régimen era el mismo, aunque con algunas adaptaciones, para los productos que no fueran medicamentos, pero que se presentaran como aptos para favorecer el diagnóstico, prevenir o tratar enfermedades con arreglo al artículo R-5052-1 según la redacción que estaba entonces en vigor.

—

El artículo L.552 del code de la santé publique establece que «la publicidad o la propaganda, sea cual fuere su forma, sobre objetos, aparatos y métodos [...] que se presenten como aptos para favorecer el diagnóstico, prevenir o tratar las enfermedades, las afecciones relativas a la patología quirúrgica y los trastornos fisiológicos, para diagnosticar o modificar el estado físico o fisiológico, y para restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas, podrá ser prohibida por el Ministro de Salud Pública cuando se compruebe que dichos objetos, aparatos y métodos no poseen las propiedades anunciadas».

Según el mismo texto, el Ministro competente también puede someter esta publicidad a requisitos especiales. Las medidas adoptadas por el Ministro deben efectuarse previo dictamen de una Comisión. Los requisitos de aplicación del artículo L.552 del code de la santé publique se fijan mediante decreto del Consejo de Estado y figuran en los artículos R-5055 a R-5055-4 del mismo código.

—

La Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965 (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18), define el medicamento como «toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales» o «todas las sustancias o composiciones que puedan administrarse al hombre o al animal con el fin de establecer un diagnóstico médico o de restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas del hombre o del animal».

La especialidad farmacéutica está definida como «todo medicamento previamente elaborado, comercializado bajo una denominación especial y un determinado acondicionamiento» (artículo 1 de la Directiva).

La Directiva 65/65 tiene por objeto esencial someter las especialidades farmacéuticas a una autorización de comercialización. Según su artículo 3, «sólo se podrá comercializar una especialidad farmacéutica en un Estado miembro cuando la autoridad competente de este Estado lo haya autorizado previamente». Las disposiciones de la Directiva fijan, especialmente, los requisitos para la concesión y la revocación de esta autorización de comercialización.

La Directiva 65/65 fue modificada en diversas oportunidades, esencialmente con la finalidad de favorecer la libre circulación de productos farmacéuticos. De esta manera, la Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 13; EE 13/04, p. 92), establece un sistema que permite facilitar la concesión de autorizaciones de comercialización en varios Estados miembros, en particular, mediante la intervención de un «Comité de especialidades farmacéuticas» creado por su artículo 8. Esta disposición fue reforzada y modificada mediante la Directiva 83/570/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DO L 332, p. 1; EE 13/14, p. 205) y por la Directiva 87/21/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 15, p. 36). La Directiva 87/22/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (DO 1987, L 15, p. 38), se refiere a los medicamentos de alta tecnología. Finalmente, la Decisión 75/320/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 23), crea un «Comité farmacèutico» encargado de examinar las cuestiones relativas a la aplicación de las Directivas sobre las especialidades farmacéuticas y de emitir su dictamen a instancia de la Comisión en el marco de la preparación de las Directivas relativas a las especialidades farmacéuticas.

—

En relación con el ejercicio de la profesión de farmacéutico, la Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985 (DO L 253, p. 34; EE 06/03, p. 25), tiene por objeto definir las condiciones a las que se supedita la expedición de diplomas, certificados y otros títulos en farmacia y permitir el acceso de los titulares de estos diplomas a un campo mínimo de actividades. La Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985 (DO L 253, p. 37; EE 06/03, p. 28), se refiere al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia.

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La Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169; EE 15/01, p. 206) define el producto cosmético como «toda sustancia preparada destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y/o las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos o protegerlos para mantenerlos en buen estado, modificar su aspecto o corregir los olores corporales».

El artículo 2 de la Directiva establece que los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Comunidad «no deberán perjudicar a la salud pública cuando se apliquen en las condiciones normales de empleo», y, con arreglo al artículo 7, los Estados miembros no podrán restringir la comercialización de los productos cosméticos que sean conformes a la Directiva.

Por lo que se refiere a la distinción entre medicamentos y productos cosméticos, el quinto considerando de la exposición de motivos de la Directiva 76/768 establece que la delimitación de su ámbito de aplicación en relación con las que tratan sobre los medicamentos deriva «fundamentalmente de la descripción detallada de los productos cosméticos, la cual contiene indicaciones tanto de los puntos de aplicación de estos productos como de las finalidades que se persiguen con su empleo [...] La presente Directiva no se aplicará a los productos que, aun estando comprendidos en la definición de producto cosmético, estén exclusivamente destinados a la prevención de enfermedades».

—

Las Directivas sobre productos alimenticios y aditivos alimentarios

El objeto de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978 (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162), es la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado y presentación de los productos alimenticios destinados al consumidor final así como la publicidad que sobre ellos se hace. La letra b) del apartado 1 del artículo 2 prohibe que se atribuyan propiedades medicinales a los productos alimenticios. Establece que el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán «atribuir a un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana, ni mencionar dichas propiedades, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial». No obstante, existe una posibilidad de excepción a esta prohibición para las aguas minerales naturales.

El artículo 15 de la Directiva establece que los Estados miembros no podrán prohibir el comercio de los productos alimenticios que se ajusten a lo dispuesto en ella.

La Directiva 77/94/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial (DO 1977, L 26, p. 55; EE 13/07, p. 3), establece normas especiales para este tipo de productos alimenticios.

La Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DO 1989, L 40, p. 27), define como aditivo alimentario «cualquier sustancia que, normalmente, no se consuma como alimento en sí ni se use como ingrediente característico en la alimentación, independientemente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada a los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en la fase de su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o almacenamiento, tenga, o puede esperarse razonablemente que tenga, directa o indirectamente, como resultado que el propio aditivo o subproductos se conviertan en un componente de dichos productos alimenticios» (apartado 2 del artículo 1) y establece las condiciones en las que pueden utilizarse estos aditivos.

—

La Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980 (DO L 229, p. 1; EE 13/11, p. 47), persigue la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la explotación y comercialización de aguas minerales naturales. Esta Directiva, que con arreglo al apartado 3 de su artículo 1 no es aplicable a las aguas que se consideren medicamentos en el sentido de la Directiva 65/65, estipula en su artículo 9 que se prohiben tanto en los envases como en las etiquetas «todas las indicaciones que atribuyan a un agua natural mineral propiedades de prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana»; no obstante, los Estados miembros podrán autorizar, según los términos de la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, menciones particulares como «estimula la digestión» o «puede favorecer las funciones hepatobilia-res».

—

La Directiva 77/436/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977 (DO L 172, p. 20; EE 13/07, p. 58), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los extractos de café y los extractos de achicoria, fue modificada por la Directiva 85/573/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1985 (DO L 372, p. 22; EE 13/19, p. 49).

—

La Directiva 74/329/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1974 (DO L 189, p. 1; EE 13/03, p. 240), cuyo objeto es la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes y gelificahtes que pueden emplearse en los productos alimenticios, define estos agentes, enumera los que pueden utilizarse y determina sus condiciones de empleo.

« 1.

2.

3.

4.

—

Según el procesado en el litigio principal, es necesario definir el concepto de «enfermedad» para calificar los productos Svensson. Estos productos sólo pueden ser calificados como medicamentos si están destinados al tratamiento o a la prevención de enfermedades. Ello resulta de los textos, en particular, de la Directiva 76/768 relativa a los cosméticos, así como de la Directiva 79/112 sobre los productos alimenticios. Por otra parte, según el Sr. Delattre, de la sentencia de 30 de noviembre de 1983, Van Bennekom (227/82, Rec. p. 3883), resulta que un producto destinado a asegurar una buena alimentación cotidiana no es un medicamento.

En efecto, el concepto de enfermedad se relaciona con el concepto de estado patológico. En consecuencia, la enfermedad es «una alteración orgánica o funcional, evolutiva desde su causa hasta sus consecuencias últimas y definible ya sea por su causa, cuando la misma sea conocida, ya sea por manifestaciones clínicas que minan o debilitan la constitución física y la salud, pero que no constituye una simple indisposición física efímera o sensaciones o estados tales como la digestión, el hambre, la pesadez de piernas, el cansancio y/o el prurito».

—

En cuanto a la obligación eventual de consultar diferentes comités instituidos por la Comunidad Europea, el procesado en el litigio principal estima que es importante que los Estados miembros tengan una definición uniforme del concepto de medicamento puesto que una definición demasiado amplia podría vulnerar el principio de la libre circulación.

En su opinión, las medidas adoptadas por Francia constituyen en realidad una prohibición de importar productos como los que distribuye Svensson, puesto que, para respetar las normas francesas, dicha empresa debería solicitar una autorización de comercialización, tener en Francia un laboratorio farmacéutico y distribuir los productos de que se trata únicamente mediante la red de farmacias.

Según el procesado en el litigio principal, a los Estados les incumbe la obligación de prevenir los conflictos de calificación solicitando el dictamen de los diferentes comités creados por la Comunidad, como el Comité Permanente de Productos Alimenticios, el Comité para Productos Cosméticos o el Comité de Especialidades Farmacéuticas.

Aunque dicha obligación no se desprende de la legislación, encuentra un fundamento sólido en otras fuentes del Derecho comunitario, en particular, el artículo 5 del Tratado CEE, que impone a los Estados cooperar entre ellos y con la Comisión, y el principio de la seguridad jurídica.

1.

El Sr. Dekttre señala que, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, deducida en particular de la sentencia Van Bennekom, la forma exterior de un producto no es un indicio exclusivo ni determinante para su calificación como medicamento. Esta jurisprudencia es conforme con la realidad debido a que los complementos alimentarios naturales se presentan tradicionalmente en forma de tabletas, pildoras o comprimidos.

El procesado en el litigio principal también expresa que, en el asunto Van Bennekom, se trataba de productos no controlados y que el Tribunal de Justicia ha estimado que el impacto de la forma exterior del producto debía ser considerado a la luz de los conocimientos de un consumidor medianamente informado.

Finalmente, si el objetivo de tales normas es evitar toda confusión con los medicamentos, los productos distribuidos por Svensson no se presentaban como medicamentos, como ha reconocido la cour d'appel de Gante en la sentencia antes mencionada.

Respecto a la legitimidad de los obstáculos a las importaciones, el procesado en el litigio principal, tras haber recordado los resultados principales de la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentrale, estima que es excesiva la prohibición de comercializar el extracto de ajo en forma de cápsulas (a este respecto, cita la sentencia de 26 de junio de 1980, proceso penal contra Gilli, 788/79, Rec. p. 2071), y también considera excesiva la exigencia de la fabricación del producto en un laboratorio farmacéutico y de una autorización de comercialización.

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuando un producto alimenticio está destinado a personas sanas, un etiquetado apropiado basta para prevenir a los consumidores. Por otra parte, también resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que un Estado no puede invocar razones de salud pública para oponerse a la importación de un producto cuando un producto similar ya existe en el mercado de dicho Estado. Finalmente, el Tribunal de Justicia ha declarado también que un Estado miembro no tiene derecho a exigir que un producto importado se atenga totalmente a las normas establecidas para la fabricación de productos similares en el Estado miembro de importación.

2.

Según la Comisión, la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere al concepto de medicamento por su presentación y se encuentran indicaciones sobre este tema en la sentencia Van Bennekom, antes citada. De esta sentencia se deduce que, si bien el concepto de «presentación» debe interpretarse ampliamente, la forma exterior dada al producto no es un indicio exclusivo o determinante, puesto que, de lo contrario, quedarían englobados en el concepto de medicamento los productos alimenticios tradicionalmente presentados con formas similares a las de los productos farmacéuticos. Por ejemplo, así sucede con la achicoria, producto alimenticio presentado normalmente en forma de tabletas, lo que ha sido tenido en cuenta por la Directiva 77/436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros referentes a los extractos de café y a los extractos de achicoria.

Pero la situación es diferente en lo que respecta al ajo, conocido por sus efectos terapéuticos. El ajo en forma de pildoras no está destinado a la alimentación, sino a fines curativos, y en esta forma el consumidor espera de él dichos efectos. La simple mención en el envase de que no se trata de un medicamento no basta para privar al ajo presentado bajo forma de pildoras del carácter de medicamento en el sentido de la primera definición de la Directiva 65/65.

3.

El Gobierno francés también estima que las cápsulas de ajo distribuidas por la empresa Svensson deben ser consideradas como un medicamento por su presentación, coincidiendo con el Gobierno italiano.

1.

Según el procesado en el litigio principal, ante la inexistencia de una normativa sobre este punto, el monopolio legal farmacéutico para la venta de determinados productos al público depende de la facultad que el Tratado otorgue a los Estados miembros para adoptar normativas mercantiles. Sin embargo, estima que, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una normativa que imponga un circuito de distribución determinado constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. Dicha restricción no puede considerarse justificada cuando se aplica a productos que no exigen para su empleo el consejo de un farmacéutico, lo que, por otra parte, ya ha sido precisado por la Comisión a propósito de los edulcorantes sintéticos cuya venta está reservada a los farmacéuticos por la normativa francesa, en una respuesta a una pregunta escrita del Sr. Patterson (n° 1795/87, DO C 244, p. 16, de 19. 9. 1988).

2.

Según la Comisión, el establecimiento de un monopolio farmacéutico continúa siendo competencia de los Estados miembros, como por otra parte se ha reconocido expresamente en el párrafo segundo de la exposición de motivos de la citada Directiva 85/432.

El único objeto de la Directiva 65/65 es someter los medicamentos a una autorización de comercialización, pero no excluye que otros productos sean sometidos, con arreglo a normativas estatales, a normas restrictivas de dispensación. La única condición consiste en que estas normas sean compatibles con los artículos 30 y siguientes del Tratado CEE. La Comisión, no obstante, se pregunta si, ante la falta de discriminación sobre el origen de los productos, dicha limitación de venta puede ser considerada como contraria al artículo 30. En todo caso, la Comisión estima que el hecho de que los productos de que se trata sean vendidos libremente en Bélgica no impide que otro Estado miembro adopte una solución diferente por razones referidas a la protección de la salud.

Por lo tanto, corresponde al Estado interesado efectuar en cada caso un examen de estos productos para determinar si representan un verdadero riesgo para la salud pública.

En este examen, la Comisión considera que debe tomarse en cuenta el riesgo que representa para la salud humana el hecho de ingerir un producto que no tenga un efecto curativo real, sino que esté presentado como tal, en lugar del remedio adecuado.

3.

El Gobierno francés, que estima que la venta exclusiva por medio de farmacias no es en sí misma un obstáculo para la comercialización debido a que existen 22000 puestos de venta, señala que, al no ser completa la armonización en el ámbito de los medicamentos, la apreciación del riesgo que un producto presente para la salud pública puede variar de un Estado a otro. De lo que se deduce que pueden aplicarse los artículos 30 y siguientes del Tratado.

El Gobierno francés, no obstante, alega que podría considerarse que no existen obstáculos al comercio intracomunitário, puesto que las medidas de que se trata están justificadas por la exigencia imperativa de protección de la salud pública, de la lealtad de las transacciones comerciales y de los consumidores. En lo referente a la aplicación del artículo 36, destaca que las medidas de que se trata no son discriminatorias, ya que no ponen trabas a la importación de los productos extranjeros. El examen caso por caso de los productos de que se trata no es una medida desproporcionada, aunque éste puede conducir a una clasificación diferente a la efectuada en Bélgica.

En consecuencia, corresponde a Svensson decidir entre distribuir sus productos a través de las farmacias o renunciar a la presentación ambigua que ha adoptado para ellos.

4.

Según el Gobierno belga, el establecimiento de un monopolio farmacéutico sigue siendo competencia de los Estados miembros, tal como se indica en el párrafo segundo de la exposición de motivos de la citada Directiva 85/432. Además, para que un medicamento pueda ser comercializado en un Estado miembro, es necesario que haya obtenido una autorización de comercialización y, por consiguiente, no basta con que haya sido legalmente fabricado y comercializado en otro Estado miembro.

1.

El Sr. Dekttre señala que esta cuestión sólo afecta al producto «Zéro 3» que está compuesto de goma de guar. La cuestión consiste en el alcance de la Directiva 74/329/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes y gelificantes que pueden emplearse en los productos alimenticios (DO L 189, p. 1; EE 13/03, p. 240). El Sr. Delattre señala, en primer lugar, que la goma de guar es una sustancia reconocida como inocua por la comunidad científica internacional. En segundo lugar, la Directiva 74/329 no exime a los Estados miembros del cumplimiento de las disposiciones de los artículos 30 y siguientes. Como la Directiva no fija límite alguno al empleo de la goma de guar y como esta sustancia se utiliza efectivamente en Francia para la fabricación de yogures o de «croissants», es difícil invocar el objetivo de protección de la salud pública con la finalidad de restringir su comercialización. Además, destaca que este producto se vende libremente en farmacias por otros fabricantes sin que medie autorización de comercialización.

Por lo tanto, las medidas debatidas no se basan en riesgo alguno para la salud pública y la decisión adoptada por el Consejo Nacional del Colegio de Farmacéuticos de considerar la goma de guar como un medicamento resulta una medida injustificada y no motivada, contraria a las exigencias de los artículos 30 y siguientes y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

2.

La Comisión destaca que la cuestión planteada consiste en delimitar el ámbito de aplicación de la Directiva 74/329. Esta sólo tiene por objeto la armonización de las legislaciones de los Estados miembros para el empleo de agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes o gelificantes cuando éstos se emplean como tales, es decir, en los productos alimenticios.

En este caso, no puede establecerse restricción alguna a su libre circulación porque se utilizan en las condiciones previstas por las Directivas. No sucede lo mismo cuando se trata del consumo directo o de otros empleos de los mismos agentes. En este caso, la cuestión debe examinarse respecto a los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

3.

Según el Gobierno francés, el producto «Zéro 3» está presentado como un medicamento y su empleo entraña riesgos para la salud pública.

—

en nombre del Sr. Delattre, por los Sres. André Moquet y Eric Morgan de Rivery, Abogados de Paris;

—

en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Edwige Belliard, Directora adjunta en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, asistida por la Sra. Sylvie Grassi, Secretaria de Asuntos Exteriores en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agentes;

—

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, en calidad de Agente;

—

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Richard Wainwright, Consejero Jurídico, y por la Sra. Blanca Rodríguez Galindo, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

1

Mediante resolución de 12 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de diciembre siguiente, el Juez de Instrucción del tribunal de grande instance de Niza planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales relativas a los conceptos de enfermedad y de medicamento y sus definiciones en el Derecho comunitario, a la compatibilidad con el Derecho comunitario del monopolio conferido en Francia a los farmacéuticos para la dispensación de medicamentos y a la interpretación de la Directiva 74/329/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes y gelificantes que pueden emplearse en los productos alimenticios (DO L 189, p. 1; EE 13/03, p. 240).

2

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco del proceso penal seguido contra el Sr. Jean-Marie Delattre, gerente de la empresa Svensson Tour Pol (en lo sucesivo, «Svensson») por haber comercializado en Francia diferentes productos con infracción de los artículos L.512, L.596 y L.601 del code de la santé publique francés (código de la salud pública).

3

El primero de estos tres artículos reserva a los farmacéuticos la venta de medicamentos, el segundo exige que todo establecimiento de fabricación, de venta al por mayor o de distribución al por mayor de medicamentos y de otros productos cuya venta esté reservada a los farmacéuticos sea propiedad de un farmacéutico o de una empresa en cuya gestión o dirección técnica participe un farmacéutico y, finalmente, el tercero exige que toda especialidad farmacéutica sea objeto de una autorización de comercialización otorgada por el Ministro de Asuntos Sociales.

4

Svensson importa y vende por correo en Francia diversos productos fabricados en Bélgica, donde, según aduce, son comercializados libremente como productos alimenticios o cosméticos.

5

Como consecuencia de una denuncia del Consejo Nacional del Colegio de Farmacéuticos, el Sr. Delattre, gerente de Svensson, fue acusado de haber comercializado determinados productos que eran medicamentos y que, por consiguiente, deberían haber sido objeto de una autorización de comercialización y sólo podían ser vendidos legalmente a través de farmacias.

6

La denuncia del Consejo Nacional del Colegio de Farmacéuticos se refiere a once productos, de los cuales cuatro son productos adelgazantes («SLIM 4», «Zéro 3», «Kilomin» y «Chlorella»), otro es un producto para facilitar la digestión, «macerado oleoso de ajo», dos están destinados a activar la circulación sanguínea, «hierbas para las piernas» y «gel defatigante para las piernas», uno destinado a aliviar el prurito, «M27», y otro a combatir el cansancio, «aceite de gérmenes de trigo con vitamina E», otro es para las articulaciones «Mineral 23» y otro para dejar de fumar, «Turn off», compuesto de una boquilla regulable y comprimidos a base de hierbas.

7

Estos diferentes productos se presentan en forma de comprimido, crema o gel y todos, salvo el último, llevan la mención «este producto no es un medicamento».

8

Dado que el Sr. Delattre había alegado ante el Juez que conocía del asunto que, con arreglo al Derecho comunitario, los productos controvertidos no pueden ser considerados medicamentos sino que, según los casos, deben ser calificados como productos alimenticios o complementos alimenticios o como productos cosméticos, el Juez de instrucción del tribunal de grande instance de Nice sometió al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

9

Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

10

En primer lugar, procede examinar conjuntamente las tres primeras cuestiones planteadas por el Juez nacional y, luego, por separado, la cuarta cuestión prejudicial.

11

Estas cuestiones se refieren a la vez al carácter comunitario del concepto de enfermedad, a la calificación de determinados productos con arreglo al Derecho comunitario y, finalmente, al monopolio farmacéutico.

12

La Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18), modificada varias veces, no contiene ninguna definición de enfermedad. Esta sólo puede caracterizarse con arreglo a las definiciones comúnmente admitidas y basadas en los conocimientos científicos.

13

La misma Directiva define la especialidad farmacéutica como «todo medicamento previamente elaborado, comercializado bajo una denominación especial y un determinado acondicionamiento».

14

Según el párrafo primero del apartado 2 del artículo 1 de la citada Directiva 65/65, es medicamento «toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales» y, según el párrafo segundo, también se consideran medicamentos «todas las sustancias o composiciones que puedan administrarse al hombre o al animal con el fin de establecer un diagnóstico mèdico o de restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas del hombre o del animal».

15

Esta Directiva contiene, pues, dos definiciones de medicamento: una definición del medicamento «por su presentación» y una definición del medicamento «por su función». Un producto es un medicamento si está comprendido en una o en otra de estas definiciones.

16

Procede añadir que estas dos definiciones no pueden ser consideradas como rigurosamente distintas. Como indica la sentencia de 3 de noviembre de 1983, Van Bennekom (227/82, Rec. p. 3883), apartado 22, una sustancia que posea «propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales», en el sentido de la primera definición comunitaria, y, sin embargo, que no «se presente» como tal está incluida, en principio, en el ámbito de aplicación de la segunda definición comunitaria de medicamento.

17

Antes de examinar las cuestiones planteadas por el Juez nacional, es útil disipar las dudas que puedan existir sobre la posibilidad de calificar un mismo producto como medicamento y como producto cosmético, en el sentido de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169; EE 15/01, p. 206).

18

El apartado 1 del artículo 1 de esta Directiva define el producto cosmético como «toda sustancia preparada destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y/o las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos y protegerlos para mantenerlos en buen estado, modificar su aspecto o corregir los olores corporales».

19

Como destaca su quinto considerando, que precisa que esta Directiva «sólo se refiere a los productos cosméticos y no a las especialidades farmacéuticas y a los medicamentos», las normas establecidas por ella sólo atañen a los productos cosméticos y no a los medicamentos.

20

En consecuencia, aunque no está excluido que, en casos dudosos, la definición del producto cosmético se compare con la de medicamento antes de que un producto sea calificado como medicamento por su función, no es menos cierto que un producto que presente el carácter de medicamento o de especialidad farmacéutica no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 76/768 y sólo queda sometido a las disposiciones de la citada Directiva 65/65 y de las que la han modificado.

21

Por otra parte, esta apreciación es la única conforme con el objetivo de protección de la salud pública que persiguen tanto una como otra Directiva, puesto que el régimen jurídico de las especialidades farmacéuticas es más riguroso que el de los productos cosméticos, habida cuenta de los peligros particulares que éstas pueden presentar para la salud pública y que, generalmente, no presentan los productos cosméticos.

22

En estas circunstancias, aunque el producto esté comprendido en la definición del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 76/768, un producto debe ser considerado como «medicamento» y someterse al régimen correspondiente si se presenta como poseedor de propiedades curativas o preventivas respecto a las enfermedades, o si puede administrarse con el fin de restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas.

23

Las diferentes cuestiones planteadas pretenden esencialmente saber si pueden o deben ser calificados como medicamentos los productos que tengan determinadas características descritas por el Juez remitente.

24

En primer lugar se pregunta si un producto cuya publicidad menciona que activa las funciones fisiológicas naturales, como la digestión y la eliminación de bilis, puede calificarse como medicamento en un Estado miembro cuando, por una parte, haya sido calificado como producto alimenticio en otro Estado miembro y, por otra parte, la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales (DO L 229, p. 1; EE 13/11, p. 47), que prohibe todas las indicaciones que «atribuyan a un agua mineral propiedades de prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana» [letra a) del apartado 2 del artículo 9], permite precisar que esta agua puede favorecer determinadas funciones como las funciones hepatobiliares.

25

Un producto que se presente como favorecedor de determinadas funciones como la digestión o las funciones hepatobiliares puede estar comprendido en la definición de medicamento del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 de la citada Directiva 65/65, puesto que puede administrarse para restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas.

26

Para decidir si un producto de esta especie debe, en definitiva, calificarse como alimento o como medicamento es preciso, con arreglo a la citada sentencia de 30 de noviembre de 1983, Van Bennekom, proceder caso por caso, atendiendo a las propiedades farmacológicas del producto considerado, tal como puedan determinarse en el estado actual de los conocimientos científicos.

27

En todo caso, el hecho de que un producto haya sido calificado como alimenticio en un Estado miembro no puede impedir que en el Estado interesado se le atribuya la condición de medicamento, siempre que reúna las características necesarias para ello.

28

En efecto, si el objetivo esencial de la citada Directiva 65/65 es, como indica su cuarto considerando, el de suprimir los obstáculos a los intercambios de las especialidades farmacéuticas en el seno de la Comunidad y, si para ello, da en su artículo 1 una definición de especialidad farmacéutica y de medicamento, no obstante esta Directiva sólo constituye, como señala la sentencia de 30 de noviembre de 1983, Van Bennekom, antes citada, la primera etapa de la armonización de las normativas nacionales en materia de producción y de distribución de productos farmacéuticos.

29

En esta situación del Derecho comunitario es difícil evitar que subsistan temporalmente y, sin duda alguna, mientras no se haya completado la armonización de las medidas necesarias para la protección de la salud disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la calificación de los productos.

30

Finalmente, las peculiaridades de la legislación sobre aguas minerales naturales que permiten informar eficazmente al consumidor sobre las propiedades de estas aguas, sin que no obstante se arriesgue a que se confundan con medicamentos, no afectan a la definición del medicamento en el sentido de la citada Directiva 65/65.

31

En segundo lugar, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si un producto calificado como producto alimenticio en un Estado miembro puede, sin embargo, calificarse como medicamento en otro Estado sin haber consultado a los diferentes Co-' mités que funcionan en la Comisión y que son competentes en este campo.

32

Para aplicar a los distintos productos la definición de medicamento del apartado 2 del artículo 1 de la citada Directiva 65/65, los Estados miembros deben tener en cuenta, como en general en estas materias, los resultados de la investigación científica internacional y, especialmente, de los trabajos de los Comités especializados comunitarios (sentencia de 10 de diciembre de 1985, Motte, 247/84, Rec. p. 3887). No obstante, ninguna disposición obliga a consultarlos antes de tomar una decisión sobre un producto determinado.

33

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si un producto destinado a combatir determinadas sensaciones o estados, como el hambre, la pesadez en las piernas, el cansancio o el prurito, es un medicamento en el sentido de la citada Directiva 65/65.

34

Tales estados o sensaciones son, en sí mismos, ambiguos. Pueden ser el síntoma de una enfermedad y, si van asociados a otros signos clínicos, revelar un estado patológico. También pueden carecer de toda connotación patológica como en los casos de cansancio pasajero o de necesidad de alimento. Por lo tanto, la referencia que pueda hacerse a dichos estados o sensaciones en la presentación de un producto no es decisiva.

35

Por consiguiente, corresponde a las autoridades nacionales determinar bajo control judicial si, habida cuenta de su composición, de los riesgos que pueda implicar su consumo prolongado o sus efectos secundarios y, en general, del conjunto de sus características, un producto que se presente como se acaba de indicar es o no un medicamento.

36

Finalmente se pregunta en qué medida la forma exterior de un producto, como pildora, cápsula o tableta, puede inducir a que se le considere como medicamento cuando este mismo producto se presente advirtiendo que no se trata de un medicamento y no se afirme que posee propiedades curativas y preventivas de las que, por otra parte, carece.

37

Debe entenderse que esta cuestión se refiere a la definición de medicamento del párrafo primero del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 65/65, a saber, la de medicamento por presentación.

38

Como ya señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 30 de noviembre de 1983, Van Bennekom, antes citada, a la que además el Juez remitente hace referencia, la forma exterior de un producto, aunque sea un indicio serio de la intención del vendedor o del fabricante de comercializarlo como medicamento, no puede constituir un indicio exclusivo y determinante, puesto que, de lo contrario, quedarían englobados determinados productos alimenticios tradicionalmente presentados en formas similares a las de los productos farmacéuticos.

39

Sin embargo, procede observar que, según la misma sentencia, la primera definición de medicamento que se da en la citada Directiva 65/65, referida a la presentación del producto, debe ser interpretada de forma suficientemente amplia en razón de su propia finalidad, que consiste en proteger a los consumidores contra la comercialización de productos que carezcan de propiedades curativas o que no tengan las que se le atribuyen.

40

Por una parte, hay que entender que la forma no es sólo la del propio producto (pildoras, cápsulas o tabletas), sino también la de su envase que, por razones de política comercial, puede tender a parecerse a un medicamento. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la actitud de un consumidor medianamente informado al que la forma que tenga un producto puede inspirarle una especial confianza como la que normalmente le inspira una especialidad farmacéutica, habida cuenta de las garantías que rodean tanto su fabricación como su comercialización.

41

En estas circunstancias, un producto puede ser considerado como un medicamento por su presentación siempre que su forma y su envase hagan que se parezca suficientemente a un medicamento y cuando, en particular, se mencione en el envase y en el prospecto que lo acompaña las investigaciones de los laboratorios farmacéuticos, los métodos o sustancias preparados por los médicos o incluso algunos testimonios de médicos en favor de las cualidades de dicho producto. La mención de que el producto no es un medicamento es una indicación útil que el Juez nacional puede tener en cuenta, pero no es, en sí misma, decisiva.

42

Si bien es cierto que la Directiva 77/436/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los extractos de café y los extractos de achicoria (DO L 172, p. 20; EE 13/07, p. 58), invocada por el Juez instructor, se refiere a productos habitualmente presentados «en polvo, granulados, laminados o en tabletas» o en otras formas semejantes, esta circunstancia no puede desvirtuar la aplicación de las definiciones del medicamento que da la citada Directiva 65/65. Por otra parte, hay que destacar, como se ha recordado antes, que la forma del propio producto es sólo uno de los elementos de la presentación que deben ser tenidos en cuenta para saber si debe calificarse como medicamento o no.

43

Procede, pues, responder a las cuestiones que se refieren a la definición de medicamento en Derecho comunitario que:

44

El Juez nacional desea saber esencialmente si el monopolio farmacéutico es un concepto comunitario; si, para la definición de los límites de este monopolio, el medicamento debe ser entendido en el sentido comunitario o nacional; si dicho monopolio constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, y, en caso de respuesta afirmativa, en qué condiciones puede considerarse que esta medida es compatible con el Derecho comunitario.

45

Por consiguiente, es necesario recordar con carácter preliminar el objeto de la normativa comunitaria en materia de medicamentos.

46

La citada Directiva 65/65, así como las diferentes Directivas que la han modificado tienen como único objeto dar una definición comunitaria del medicamento y de la especialidad farmacéutica, con la excepción de las especialidades farmacéuticas mencionadas en el artículo 34 de la segunda Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975 (DO L 147, p. 13; EE 13/04, p. 92), a fin de delimitar el ámbito de aplicación del procedimiento armonizado de autorización de comercialización creado por ella para facilitar la libre circulación de estos productos.

47

Esta observación queda corroborada por la exposición de motivos de la Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas (DO L 253, p. 34; EE 06/03, p. 25). En ella se precisa que «la distribución geográfica de las farmacias y el monopolio de dispensación de medicamentos continúan siendo competencia de los Estados miembros».

48

De ello se deduce que, en el estado actual del Derecho comunitario, en el que no se ha conseguido la armonización de las normas relativas a la comercialización en el interior de cada Estado miembro (sentencia de 27 de mayo de 1986, Legia, asuntos acumulados 87/85 y 88/85, Rec. p. 1707), el establecimiento de normas relativas a la dispensación propiamente dicha de los productos farmacéuticos sigue siendo competencia de cada uno de los Estados miembros, siempre que se respeten las disposiciones del Tratado y, en particular, las que se refieren a la libre circulación de mercancías.

49

Asimismo, los Estados miembros pueden someter a un régimen restrictivo de venta o de comercialización, siempre con la misma salvedad, a los productos que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva 65/65, tanto si se trata de otros medicamentos o de sustancias o composiciones farmacéuticas como de otros productos que se les asemejen (sentencias de 30 de noviembre de 1983, Van Bennekom, antes citada; y de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207).

50

Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, una legislación que limite o prohiba determinadas formas de publicidad y determinados medios de promoción de ventas, aunque no afecte directamente a las importaciones, puede restringir el volumen de las mismas al obstaculizar las posibilidades de comercialización de los productos importados. No puede descartarse la posibilidad de que la obligación a que puede hallarse sometido un operador bien de adoptar distintos sistemas de publicidad o de promoción de ventas en función de los Estados miembros de que se trate o bien a abstenerse de utilizar un sistema que considera especialmente eficaz puede constituir un obstáculo a las importaciones, aun en el caso de que tal normativa se aplique indistintamente a los productos nacionales y a los importados. Con mayor razón, esta consideración es válida cuando la normativa debatida priva al operador interesado de la posibilidad de practicar no ya un sistema de publicidad, sino un método de comercialización mediante el cual realiza la casi totalidad de sus ventas como es el método de venta por correo (sentencias de 15 de diciembre de 1982, Oosthoeck's Uitgeversmaatschappij BV, 286/81, Rec. p. 4575; y de 16 de mayo de 1989, Buet, 382/87, Rec. p. 1235).

51

De lo antedicho resulta que un monopolio conferido a las oficinas de farmacia para la comercialización de medicamentos o de otros productos, al canalizar las ventas, puede afectar a las posibilidades de comercialización de los productos importados y, por ello, puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado.

52

Sin embargo, la existencia del monopolio farmacéutico puede estar justificada por uno de los intereses generales mencionados en el artículo 36 del Tratado, entre los que figura la protección de la salud y la vida de las personas. Además, al ser, en principio, indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los importados, este monopolio también puede estar justificado por la protección de los consumidores que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, figura entre las exigencias imperativas que pueden justificar una medida que pueda obstaculizar el comercio intracomunitário (sentencia de 11 de mayo de 1989, Wurmser, 25/88, Rec. p. 1105, apartado 10).

53

Ante la falta de armonización de las normas relativas tanto a los medicamentos como a los productos denominados «parafarmacéuticos», corresponde a los Estados miembros decidir el nivel de protección que pretenden ofrecer en materia de salud pública.

54

En lo que atañe a los medicamentos en el sentido de la citada Directiva 65/65, hay que tener en cuenta el carácter muy particular del producto y del mercado de que se trata, lo que explica que todos los Estados miembros establecen, aunque según modalidades variables, normas restrictivas para su comercialización y, en particular, un monopolio más o menos amplio de su venta al por menor en favor de los farmacéuticos, debido a las garantías que estos últimos deben presentar y a las informaciones que deben poder proporcionar al consumidor.

55

Sin embargo, procede observar que, si bien en el mencionado considerando de la exposición de motivos de la citada Directiva 85/432, el Consejo hace constar y, por consiguiente, reconoce la existencia de un monopolio farmacéutico en los Estados miembros, no lo define, ya que este monopolio no es un concepto de Derecho comunitario.

56

De lo que se deduce que, aunque en principio los Estados miembros pueden reservar a los farmacéuticos la venta al por menor de los productos que están comprendidos en la definición comunitaria de medicamento y si por tal motivo cabe suponer que, respecto a dichos productos, el monopolio constituye una forma adaptada de protección de la salud pública, podrá aportarse la prueba contraria respecto a algunos medicamentos cuyo empleo no haga peligrar seriamente la salud pública y, para los cuales, la sujeción al monopolio farmacéutico pueda resultar evidentemente desproporcionada, es decir, contraria a los principios definidos por este Tribunal de Justicia para la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado.

57

En lo que atañe a otros productos, como los denominados «parafarmacéuticos», que pueden ser muy diversos, si se confiere a los farmacéuticos un monopolio para su comercialización, la necesidad de este monopolio para la protección de la salud pública o de los consumidores debe comprobarse en cada caso, sea cual fuere su clasificación con arreglo al Derecho nacional y siempre que estos dos objetivos no puedan alcanzarse a través de medidas menos restrictivas del comercio intracomunitário.

58

Como se trata, en particular, de productos como los que son objeto del litigio principal, que se presentan afirmando que permiten perder peso, que favorecen algunas funciones orgánicas como la digestión o que alivian determinadas sensaciones o estados como el cansancio, siempre que no estén comprendidos en la definición comunitaria de medicamento, deben tenerse en cuenta los peligros reales que pueden presentar para la salud pública de forma general o en determinadas condiciones de empleo y del riesgo de errores que pueden provocar en un consumidor medianamente informado.

59

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la luz de estos criterios, si el procedimiento penal de que conoce está fundado.

60

Procede, pues, responder a las cuestiones relativas al monopolio de los farmacéuticos que:

61

Mediante la cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional nacional desea saber si la citada Directiva 74/329 prohibe que un Estado miembro restrinja el comercio de un producto como la goma de guar que figura en su Anexo I y, en caso de respuesta negativa, en qué condiciones está justificada dicha restricción con arreglo al Derecho comunitario.

62

La única finalidad de la Directiva 74/329 es la aproximación de las disposiciones nacionales referidas a los agentes emulsionantes, estabilizantes, espesantes y gelificantes cuando éstos se utilizan para el tratamiento de los productos alimenticios. Las medidas que pueden ser adoptadas por los Estados con respecto a las sustancias enumeradas en el Anexo 1, cuando éstas se emplean para otros fines, quedan, pues, fuera de su ámbito de aplicación.

63

La goma de guar, debatida en el litigio principal, está comprendida en este último caso. En efecto, a tenor de las observaciones del Sr. Delattre ante este Tribunal de Justicia, de los once productos considerados en los procesos penales sólo el producto «Zéro 3» está compuesto de goma de guar y este producto «provoca una sensación de saciedad que permite comer menos».

64

De ello resulta que la compatibilidad con el Derecho comunitario de las restricciones al comercio de un producto como el «Zéro 3» debe apreciarse en el marco de los artículos 30 y 36 del Tratado.

65

Una medida por la cual un Estado somete una sustancia como la goma de guar, cuando se utiliza en un método de adelgazamiento, a una autorización de comercialización y al monopolio farmacéutico, sea cual fuere, por otra parte, la calificación de este producto con arreglo al Derecho nacional, puede constituir un obstáculo a las importaciones.

66

A la luz de los artículos 30 y 36 del Tratado, dicho obstáculo es, no obstante, admisible dentro de los límites y por los motivos antes expuestos sobre el monopolio farmacéutico. Para apreciar si este obstáculo está justificado, en caso de que el producto compuesto de goma de guar no sea un medicamento en el sentido de la citada Directiva 65/65, es preciso tener en cuenta el riesgo que puede implicar una pérdida importante de peso sin vigilancia especial, así como el riesgo de error por parte del consumidor que, por la presentación o el envasado del producto, puede subjetivamente atribuirle propiedades particulares.

67

Procede, pues, responder a la cuarta cuestión que la Directiva 74/329 y los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que una medida por la que un Estado sujete una sustancia como la goma de guar, cuando se utilice en un método de adelgazamiento, a una autorización de comercialización y al monopolio farmacéutico, sea cual fuere, por otra parte, la calificación de este producto con arreglo al Derecho nacional, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva, pero puede constituir un obstáculo a las importaciones. Cuando el producto de que se trate no sea un medicamento en el sentido de la Directiva 65/65, tal medida sólo es procedente, a la luz del Derecho comunitario, cuando sea necesaria para la protección de la salud pública o del consumidor y sea proporcionada con estos objetivos.

68

Los gastos efectuados por el Gobierno francés, el Gobierno italiano y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre sus costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Juez de instrucción del tribunal de grande instance de Niza mediante resolución de 12 de diciembre de 1988, declara: