1.

Es pertinente, en primer lugar, examinar la excepción formulada por el Gobierno italiano y según la cual la Comisión, en el presente caso, carece de legitimación procesal, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible.

A este respecto el Gobierno italiano ha recordado, por una parte, que la cláusula objetada por la Comisión figuraba en una ley de autorización de gastos cuyo período de validez era sólo de dos años, a saber 1982 y 1983. En el curso de dicho período no se hizo efectivo el pago de ninguna subvención de las que trata el presente asunto y no resulta posible el pago de subvención alguna tras la expiración del período de validez de la ley, de tal suerte que se puede afirmar que la misma no ha tenido efecto. Por otra parte, procede resaltar que se elaboró un nuevo proyecto de ley para el período siguiente, que no contiene la cláusula litigiosa; no cabe, pues, esperar una repetición de la medida que la Comisión considera como contraria al Tratado.

En mi opinión, estos argumentos no parecen particularmente convincentes.

2.

Permítaseme a continuación examinar si está fundada la pretensión. Por lo que se refiere a la cuestión de si se debe considerar la normativa italiana controvertida como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE, no hay duda de que la concesión de ayudas estatales para la compra de determinados productos, constituye una discriminación de productos similares provenientes de otros Estados miembros en cuanto dichas ayudas están sujetas a la condición de la compra exclusiva de productos nacionales. Un incentivo tan claro orienta la demanda, sin duda, hacia los productos nacionales en detrimento de los productos importados, reduciéndose, por tanto, el flujo de las importaciones. Es, asimismo significativo, tal como le había sido indicado al Tribunal de Justicia, que la exposición de motivos del proyecto de ley para los años 1984 a 1986, que no contiene la cláusula de nacionalidad, establezca que ya no es necesaria una cláusula proteccionista. Así, pues, se llega forzosamente a la conclusión de que la medida italiana cae en el ámbito de la fórmula elaborada por el Tribunal de Justicia al interpretar el artículo 30, es decir, que procede considerarla como una normativa comercial de un Estado miembro «que puede obstaculizar, directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitario») (asunto 8/74, Rec. 1974, p. 852 ( 3 )) (traducción provisional).

En apoyo de esta apreciación se puede mencionar la sentencia recaída en el asunto 249/81 ( 4 ) que tenía por objeto una medida imputable al Estado y que pretendía promover la venta de productos irlandeses. Como sabe el Tribunal, en dicha sentencia se resolvió que, puesto que las medidas constituían un incentivo para la compra de productos nacionales y por tanto estaban dirigidas a influir en la conducta de los consumidores, y habida cuenta de que con ello se pretendía conseguir la sustitución de productos extranjeros por productos nacionales, y, por lo tanto, la reducción de las importaciones, podían «afectar el nivel de intercambios intracomunitarios») (Rec. 1982, p. 4022, apartado 25) (traducción provisional). La sentencia dictada recientemente en el asunto 192/84 ( 5 ) como consecuencia de un procedimiento incoado contra la República Helénica, reviste, asimismo, interés en la medida en que el Tribunal de Justicia declaró en la misma que el hecho de conceder condiciones crediticias más favorables para la compra de maquinaria de fabricación nacional constituía una medida de efecto equivalente, en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE, por cuanto inducía a los compradores a la adquisición de máquinas de fabricación nacional.

3.

Así pues, no se puede deducir ningún otro dato de interés para este asunto de la mencionada Directiva de la Comisión y en particular de su artículo 2, apartado 3, letra k), según el cual entre las medidas que tienen un efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, se incluyen aquéllas que «sólo obstaculicen la compra por particulares de productos importados, o inciten, obliguen o concedan preferencia sólo a la compra de productos nacionales».

Como sabe el Tribunal de Justicia, el Gobierno italiano estima que esta disposición se refiere sólo a las medidas destinadas a los particulares y que la misma afecta a todos los agentes económicos. Dicha disposición, por tanto, no sería pertinente en el presente asunto porque, por una parte, los destinatarios de la medida serían aproximadamente unos veinte (empresas determinadas de transporte público urbano carentes de personalidad jurídica propia) y porque se trata, únicamente, de la venta de prototipos y no de mercancías existentes en el mercado.

Si fuese preciso manifestar una opinión al respecto, podría decirse que, en definitiva, no hace falta pronunciarse acerca de si esta interpretación de la mencionada disposición es realmente la correcta. Es sabido que la Directiva no pretende enumerar de una manera exhaustiva las medidas a las que se hace mención en el artículo 30, sino proporcionar una serie de ejemplos particularmente relevantes. Desde este punto de vista, es importante señalar que, la medida italiana que nos interesa en el presente caso es, por su finalidad y sus efectos, muy similar a las medidas prescritas en la letra k). Por otra parte, en el caso que nos ocupa, la Comisión ha podido remitirse igualmente a aquellos incisos del artículo 2, apartado 2, relativos a medidas que favorecen a los productos nacionales. No cabe duda de que, en el presente caso, nos encontramos en presencia de dicha situación.

Así pues, la Comisión se remitió, con razón, a las definiciones contenidas en su Directiva, Directiva que, efectivamente, apoya la valoración que se acaba de realizar sobre la medida italiana.

4.

Antes de realizar una valoración definitiva del punto de vista de la Comisión, deben examinarse dos objeciones formuladas por el Gobierno italiano.

Dicho Gobierno arguyó en su defensa, por una parte, que no se pretendía con la medida una renovación completa del parque de vehículos de empresas de transporte público urbano, sino incentivar la compra de algunos prototipos, con lo cual entendía que, ponía de relieve, sin duda, el alcance económico relativamente reducido de la medida adoptada. Por otra parte, estimaba igualmente que no se podía aplicar el artículo 30, puesto que se trataba de una medida de subvención. El Tratado establece, para estos casos, un procedimiento especial y, por tanto, sólo procedería realizar una valoración de la medida adoptada por el Gobierno italiano con arreglo al artículo 92.

Efectivamente, es cierto que una subvención que pretenda simplemente favorecer a determinadas empresas nacionales no puede ser considerada como una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 30. Ello se desprende de una manera clara y convincente de la sentencia dictada por el Tribunal en el asunto 74/76. ( 7 ) Pero por lo que se refiere al presente caso, hay que señalar, por una parte, que parece muy dudoso que la medida italiana pueda, efectivamente, tener el amparo del artículo 92. Por otra parte, es importante subrayar, como la Comisión lo ha hecho con particular insistencia, que según la sentencia citada de un sistema de subvenciones se pueden separar aquellos elementos que no sean necesarios para la consecución del objetivo previsto poilaś mismas y que sería perfectamente posible declarar que dichos elementos infringen otras disposiciones del Tratado y, en particular, el artículo 30.

Efectivamente, en tanto en cuanto la medida italiana pretende subvencionar a las empresas de transporte público urbano e incitarlas a la puesta en servicio de vehículos de menor consumo de energía, parece que el artículo 92 no es aplicable porque los beneficiarios no compiten entre sí y porque las subvenciones previstas y concedidas por el Estado, que es lo que importa a los fines del artículo 92, no pueden, por tanto, falsear la competencia. En tanto en cuanto es preciso considerar, igualmente, que la medida y, más concretamente, la cláusula de nacionalidad, tienen por objeto la concesión de una ayuda indirecta a los fabricantes de vehículos a fin de promover la investigación y el desarrollo de vehículos de menor consumo de energía, es, asimismo, dudoso que se pueda hablar, por esta razón, de una ayuda a los fabricantes, en el sentido del artículo 92. Éstos, efectivamente, no reciben ayudas financieras que les permitan reducir sus costes, sino que reciben, por medio del comprador del vehículo al que el Estado reembolsa una parte del precio de compra, la contrapartida de una prestación efectuada por ellos. Por consiguiente, difícilmente se puede afirmar que los fabricantes de vehículos estén subvencionados. Nos encontramos, sin duda, en presencia de una medida de orientación de la demanda que, como hemos demostrado, cae por completo en el ámbito de aplicación del artículo 30.

No es necesario, por supuesto, tratar de un modo exhaustivo este problema puesto que el razonamiento que la Comisión ha planteado, basado en la segunda idea fundamental contenida en la sentencia dictada en el asunto 74/76 ( 8 ) parece, en cualquier caso, convincente. Si hubiese que partir de la idea de que nos encontramos, efectivamente, en presencia de una medida que tiene el carácter de ayuda, sería igualmente evidente, a la vista del objetivo que persigue en materia de política energética (fomento entre las empresas de transporte del cambio a vehículos de tracción eléctrica), que la cláusula litigiosa no es determinante a este respecto y que dicho objetivo puede, por el contrario, ser conseguido igualmente, mediante el fomento de la compra de vehículos extranjeros similares. Se puede, por tanto, hablar a este respecto de una modalidad que constituye un aspecto innecesario de la ayuda que puede ser enjuiciada, sin duda, conforme a otras disposiciones del Tratado, y también conforme al artículo 30. Lo mismo se puede decir del otro objetivo perseguido por la medida, es decir, la promoción del desarrollo de la producción nacional en el campo de vehículos de tracción eléctrica. Efectivamente, es preciso suponer que si la finalidad de la medida era, en cualquier caso, inducir a las empresas municipales de transporte a la compra de tales vehículos, la mera posibilidad de que las empresas italianas de que se trata pudiesen realizar dicha compra en el extranjero, hubiese constituido un incentivo suficiente para la fabricación de vehículos de esas características, sin que fuese necesaria, en modo alguno, una discriminación del tipo que contiene la medida litigiosa. Así pues, también, desde este punto de vista es difícil negar que la medida reviste el carácter de una subvención y, por consiguiente, no se puede argumentar que haya de ser, solamente, apreciada a la luz del artículo 92 del Tratado CEE.

5.

Se desprende de todo lo anterior que la interpretación de la medida litigiosa realizada por la Comisión no puede ser refutada, y que procede, por tanto, afirmar que existe una infracción del artículo 30. Aunque el Gobierno italiano no intentó justificar la medida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36, podemos demostrar rápidamente que dicha justificación no es posible. A este respecto, es preciso, simplemente, señalar que el artículo 36, como ya subrayó el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el asunto 238/82, ( 9 ) se refiere sólo a medidas que no tienen carácter económico. La medida controvertida en el presente caso no es de tal naturaleza, puesto que, como se ha afirmado insistentemente, el artículo 13 de la ley n° 308 pretende la consecución de objetivos en materia de política energética y en materia de política de investigación, objetivos que difícilmente pueden ser excluidos de la esfera económica.