1)

De la validez de las disposiciones incluidas en tres Reglamentos comunitarios, los Reglamentos n os 102/64, 120/67 y 473/67, que disponen que la expedición de un certificado de importación o de exportación de los productos a que se refiere el Reglamento de base no 17 está supeditada al depósito de una fianza que, salvo en caso de fuerza mayor, se pierde si el titular del certificado no realiza la operación.

2)

En uno de los asuntos, el 30/70, se trata de la validez, en relación con el Derecho comunitario, del Reglamento no 87/62 y de la organización por un Estado miembro de este régimen de garantías a partir del 30 de julio de 1962, es decir, antes de la publicación, en 1964, del primer Reglamento comunitario que precisaba el régimen de garantías para el conjunto de la Comunidad.

—

las que se refieren a lo que llamaremos legalidad externa de las disposiciones controvertidas, es decir, la competencia de las autoridades comunitarias para adoptarlas y la regularidad del procedimiento seguido para dictarlas;

—

las relativas a la legalidad interna de dichas disposiciones, a las que se les objeta esencialmente violar el principio llamado de proporcionalidad, que obliga a las autoridades comunitarias;

—

finalmente, las relacionadas con la validez del Reglamento no 87/62 y con la compatibilidad con el Derecho comunitario del sistema establecido en Alemania Federal antes de la publicación del Reglamento no 120/64.

1)

La incompetencia de cualquier autoridad comunitaria para promulgarlas.

2)

La irregularidad del procedimiento de elaboración de los Reglamentos y, en particular, la intervención de los Comités de gestión.

3)

Finalmente y con carácter subsidiario, los vicios propios de que adolece en cualquier caso la legalidad externa de algunas de las disposiciones impugnadas.

1.

El primero de ellos es que estas disposiciones crearían una obligación de importar o de exportar, es decir, una obligación de hacer, mientras que ninguna disposición del Tratado CEE permite a las autoridades comunitarias imponer esta obligación a los particulares.

No me detendré en este punto.

Ante todo, es muy dudosa la cuestión de si ciertas normas del Tratado CEE y, en particular, las relativas a la agricultura, no facultan a las autoridades comunitarias para imponer, en determinadas circunstancias, a los agentes económicos obligaciones de hacer y si hubiera que responder a la misma nos inclinaríamos, a primera vista, por una respuesta afirmativa.

Pero, en realidad, creo que esta cuestión no se plantea en el presente caso. En efecto, las disposiciones cuestionadas no crean en realidad ninguna obligación de importar o de exportar.

El único efecto de dichas normas es disponer que el certificado no pueda solicitarse más que para realizar efectivamente una operación de importación o de exportación y no por un mero capricho. Así pues, no crean una obligación sino que establecen tan sólo un requisito para la expedición de un documento necesario para la operación ya decidida por el agente económico.

El importador o el exportador es libre no sólo de no solicitar el certificado de importación o de exportación, como es evidente, sino igualmente, de no realizar las importaciones o las exportaciones que declararon querer realizar. En este caso, es cierto, pierden su fianza, pero su libertad de obrar, aunque evidentemente pueda estar influenciada en cuanto a sus determinaciones por esta perspectiva, sigue siendo completa desde el punto de vista jurídico.

El sistema, pues, no crea una obligación de hacer, sino que condiciona la expedición de un permiso de hacer.

2.

El segundo argumento que se alega en favor de la incompetencia total de las auto ridades comunitarias para adoptar las disposiciones cuestionadas merece un examen más detenido.

Se afirma, en efecto, que este sistema, que obliga a quienes solicitan un certificado de importación o de exportación a prestar una fianza y que dispone que ésta se perderá, salvo caso de fuerza mayor, si no se efectúa la operación en los plazos fijados por el certificado, constituye, en realidad, un régimen de sanción.

Se afirma ante este Tribunal de Justicia que los Estados miembros no otorgaron, por regla general, facultades represivas a las autoridades comunitarias, salvo en los casos expresamente previstos por el Tratado CEE, como por ejemplo, en materia de prácticas colusorias o de explotación abusiva de posiciones dominantes, en la letra a) del apartado 2 del artículo 87, que prevé expresamente el establecimiento de multas y multas coercitivas.

Ante todo es muy discutible afirmar que el Tratado CEE sólo otorga a las autoridades comunitarias la facultad de imponer sanciones en los casos previstos expresamente.

En particular, en materia agrícola, el apartado 3 del artículo 40 dispone que la organización común de mercados podrá comprender todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39. Se puede preguntar con razón si una fórmula tan amplia no incluye la posibilidad de establecer en su caso sanciones pecuniarias para garantizar el cumplimiento de las regulaciones comunitarias.

Pero el Tribunal de Justicia no tendrá que resolver la cuestión en el presente caso, ya que bastará, pienso, con examinar y precisar la naturaleza jurídica de la fianza prevista por los textos legales para comprobar que la pérdida de la misma no tiene en absoluto carácter sancionador.

En primer lugar, señalaré que los términos «caution» (fianza) y «cautionnement» (afianzamiento) en la lengua francesa contemporánea acusan una ambigüedad que hace mucho tiempo indicaron los comentaristas, proponiendo acabar con la misma.

En efecto, hasta mediados del siglo XIX, la palabra «cautionnement» sólo tenía un sentido: el que le da el artículo 2001 del Código Civil francés, la antigua fideiussio del Derecho romano, es decir, el compromiso por el que un tercero interviene en las relaciones entre acreedor y deudor para garantizar al acreedor que cumplirá las obligaciones del deudor en el caso de incumplimiento de éste.

Pero muy pronto otro sentido de la palabra «caution», a la que se llamó fianza «administrativa» y que significa el depósito obligatorio de una cantidad de dinero antes de realizar ciertos actos o ejercer ciertas funciones, con el fin de garantizar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las mismas, en particular con respecto al Estado.

Este último tipo de afianzamiento, que, desde el punto de vista del Derecho civil parece asemejarse más bien a una «garantía», es muy diferente de la fideiussio que es la fianza en su primera acepción.

Pero estas dos formas de afianzamiento pueden combinarse entre ellas, por ejemplo, como sucede con frecuencia en la práctica, cuando la «fianza garantía», si podemos llamarla así es, a su vez, garantizada por una fideiussio, con frecuencia, un banco.

¿Pero qué es, en realidad, esta «fianza garantía»? En mi opinión no es más que una forma de aseguramiento destinada a garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos con anterioridad o simultáneamente.

Ahora bien, la creación de un aseguramiento es difícilmente equiparable a la de una sanción. Una sanción tiene por finalidad castigar. Un aseguramiento tiene por objeto prevenir y, en su caso, reparar.

Al motivo del recurso formulado contra las disposiciones cuestionadas, basado en que las autoridades comunitarias no son competentes para establecer sanciones, le falta el supuesto de hecho, ya que estas disposiciones no crearon un régimen de sanciones, sino de aseguramiento.

—

porque, por una parte, confiere al Comité de gestión derecho a participar en los trabajos legislativos de la Comisión;

—

por otra, porque concede a los Estados miembros la posibilidad de obtener del Consejo una «casación» de los Reglamentos de la Comisión.

1)

El Consejo posee institucionalmente no sólo facultades normativas generales y básicas, sino igualmente la facultad de dictar por sí mismo las disposiciones de ejecución necesarias para la aplicación de las normas generales que adopta.

2)

Esta competencia en materia de ejecución la puede ejercer el Consejo mismo o confiar su ejercicio a la Comisión.

3)

No hay ninguna disposición que limite el derecho del Consejo a usar o no usar de la facultad que le da el Tratado ni que le prohiba fijar las condiciones en las que la Comisión ejercerá las facultades que le sean delegadas.

1)

El Consejo confía a la Comisión y sólo a ella, la adopción de las medidas de aplicación de un Reglamento de base.

2)

Establece, no obstante, un límite a esta delegación.

1.

El Consejo, cuando atribuye competencias ejecutivas a la Comisión, conforme al artículo 155, para la ejecución de las normas que estableció, está facultado para supeditar la atribución de estas competencias ejecutivas a ciertos requisitos en lo que se refiere a las modalidades de su ejercicio.

2.

No hay subordinación de la Comisión al Comité de gestión, ya que la Comisión puede disponer de su propuesta.

3.

No hay traspaso de competencias de la Comisión al Consejo, ya que a tenor del Tratado es este último el que puede atribuir el ejercicio de las mismas a la Comisión.

4.

Finalmente, el Consejo sólo sobrepasaría los límites que le fija el Tratado si atribuyera a los Comités de gestión facultades de decisión de cualquier tipo, lo que no ha sucedido en el presente caso.

Por el contrario, un procedimiento que reserva al propio Consejo el derecho de decidir en última instancia debe considerarse compatible con el Tratado.

Finalmente en lo que se refiere a los derechos del Parlamento es cierto que el procedimiento del Comité de gestión instituido por el Reglamento no 19 no afecta por sí mismo a las atribuciones del Parlamento.

Para convencerse de esto basta con releer la Resolución aprobada el 3 de octubre de 1968 en la que el Parlamento reconocía la existencia y legalidad de este procedimiento al mismo tiempo que establecía los límites políticos y jurídicos de su empleo.

Opino, pues, que el sistema del Comité de gestión creado por el artículo 26 del Reglamento de base no 19 no es contrario ni al artículo 155 del Tratado ni al equilibrio institucional establecido por éste.

Me queda un último punto: se afirmó ante el Hessische Verwaltungsgericht, que plantea esta cuestión, que este procedimiento es contrario al artículo 189 del Tratado CEE, que establece las diferentes categorías de actos que pueden aprobar la Comisión o el Consejo: reglamentos, directivas, etc.

No es muy difícil comprender el alcance de este motivo de recurso que, por lo demás, quienes lo habían aducido inicialmente no lo han repetido en la vista del Tribunal de Justicia.

Dado que el artículo 155 del Tratado autoriza al Consejo para encomendar a la Comisión la facultad de adoptar medidas de ejecución de las normas que él haya establecido, se deduce implícita y necesariamente que la Comisión debe dar a estas normas la forma que corresponde a su naturaleza jurídica: reglamento o directiva, y que, por otra parte, ésta es la misma forma que adoptará el Consejo para derogar o modificar un texto aprobado por la Comisión.

Resumiendo, propongo al Tribunal de Justicia pues, que declare que el procedimiento del Comité de gestión establecido por el artículo 26 del Reglamento no 19, de acuerdo con el cual fueron aprobados los Reglamentos impugnados, es conforme con el Tratado en la medida que el Consejo sólo atribuyó a la Comisión la facultad de elaborar Reglamentos de aplicación de los Reglamentos de base aprobados por él mismo.

—

El apartado 1 impone la expedición al operador económico de un certificado para cualquier operación de importación o de exportación de un producto contemplado en el artículo 1 del Reglamento no 19.

—

El apartado 2 está exclusivamente dedicado al certificado de importación de granos.

Establece la duración de la validez de estos certificados y el procedimiento por el cual se puede modificar su duración.

Precisa, finalmente y sobre todo, que la expedición del certificado está supeditada a la constitución de una fianza que garantice el compromiso de importar durante el período de validez del certificado y que dicha fianza se pierde en caso de que la importación no se realice en ese plazo.

—

El apartado 3, finalmente, se remite al procedimiento dispuesto por el artículo 26, es decir, al del Comité de gestión para la determinación de las modalidades de aplicación del conjunto del artículo, en particular, dice, para la determinación de la duración de los certificados de importación de todos los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento no 19.

1)

Es el único texto que se puede tomar en consideración para zanjar la cuestión, ya que no existen, para este Reglamento de base, trabajos preparatorios que pudieran ayudar el Juez en la interpretación.

2)

El apartado 1 del artículo 16 plantea sin equívocos el principio de la obligatoriedad, para el operador económico, de obtener un certificado de importación o de exportación para cualquier importación o exportación de un producto contemplado por el artículo 1 del Reglamento, es decir, tanto para los granos como para los productos de cereales o productos transformados.

3)

Finalmente, el apartado 3 de este artículo encomienda expresamente a la Comisión la aprobación, de acuerdo con el procedimiento previsto por el artículo 26, de las modalidades de aplicación de las normas generales establecidas en el artículo 1. Opino que la creación de la fianza no es en realidad más que la formulación de uno de los requisitos necesarios para la expedición de los certificados de importación y de exportación prevista por el apartado 1 del artículo 16, es decir, una modalidad de aplicación de dicho artículo.

1)

La del Verwaltungsgericht Frankfurt, que consiste en afirmar que, según el principio de proporcionalidad que se deriva de relacionar los artículos 2 y 12 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, los actos comunitarios no pueden infringir estas disposiciones constitucionales, tesis de la que este órgano jurisdiccional saca todas las consecuencias ya que, antes de la resolución de remisión de esta cuestión, declaró inválidas las disposiciones cuestionadas hoy ante este Tribunal de Justicia, por ser contrarias a la Ley Fundamental.

2)

La esbozada por el Hessische Verwaltungsgerichtshof, que consiste en encontrar la fuente jurídica de este principio de proporcionalidad en el Derecho no escrito de la Comunidad, en los principios generales del Derecho comunitario.

3)

Finalmente, la que voy a proponer y nos lleva en el caso presente a encontrar la fuente de este principio en una disposición expresa y muy clara del Tratado.

—

Por los principios generales del Derecho comunitario: al menos así lo han confirmado claramente dos sentencias de este Tribunal de Justicia, la de 29 de noviembre de 1956, Fédération Charbonniére de Belgique (<-> Rec. 1955-1956, pp. 291 y ss., especialmente p. 304), y la de 13 de junio de 1958, Hauts Fourneaux de Chasse (<-> Rec. 1958, pp. 157 y ss., especialmente p. 190).

—

Mediante una disposición expresa del Tratado: la que figura en el artículo 40 del Título II dedicado a la agricultura, de donde se deduce que la organización común de mercados establecida para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39 no puede comprender más que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 39.

1)

el principio del sistema de fianzas;

2)

las modalidades de este sistema.

A.

Por mi parte opino que en su principio no solamente el sistema criticado es estrictamente necesario para el funcionamiento normal del mercado comunitario de cereales y productos de cereales, sino que, aun siendo mejorable, es probablemente la medida menos coercitiva que se pueda imaginar para garantizar el funcionamiento correcto de este mercado.

Voy a intentar demostrarlo situando el sistema en el contexto en que está inserto y en relación con el cual debe ser apreciado.

La organización del mercado de cereales tiene fundamentalmente por finalidad garantizar un nivel de vida equitativo a los productores europeos observando los demás objetivos que establece el Tratado para la política común.

Prevé medios poderosos de apoyo e intervención en lo que se refiere a los precios interiores.

Cada año se fija, en primer lugar, un precio indicativo, es decir, el precio al que se desea que se hagan las transacciones en el mercado interior de la Comunidad.

A partir de este precio indicativo se establece, ligeramente por debajo para que no se bloqueen los intercambios intracomunitarios, un precio de intervención. Este precio de intervención constituye de cierta manera el precio garantizado al productor.

Sus oscilaciones son uno de los elementos que provocan la actuación de los organismos de intervención, en forma de compras obligatorias sin limitación de cantidad, ayudas para el almacenamiento privado, o también por medios indirectos, como la desnaturalización.

Es evidente que un sistema de este tipo no puede funcionar más que acompañado y apoyado por una acción en las fronteras de la Comunidad, por una acción sobre el comercio exterior de los productos.

Los precios interiores de la Comunidad, fijados tanto en función de objetivos sociales como económicos, son efectivamente superiores a los precios mundiales, de los que por lo demás es bien sabido cuánto tienen, en general, de artificiales y lo poco que se corresponden con el precio ideal de un mercado perfecto tal como lo imaginaban los economistas liberales del siglo XIX.

Si no hubiera ninguna acción en las fronteras de la Comunidad se producirían necesariamente dos fenómenos:

Si es indiscutible la necesidad de una intervención en las fronteras de la Comunidad, la elección de las modalidades de esta intervención ha planteado un delicado problema a quienes han tenido que decidirlas.

La solución más sencilla habría consistido, evidentemente, en reservar a un organismo o a unos organismos que actuaran por cuenta de la Comunidad el monopolio del comercio exterior. Estos organismos, con perfecto conocimiento de la situación del aprovisionamiento, habrían importado en caso de insuficiencia y exportado con pérdida en caso de producirse excedentes y habrían intentado compensar en el plano financiero los resultados opuestos de estas dos operaciones.

Otra posible solución habría sido, manteniendo el principio de la libertad del comercio exterior, fij ar periódicamente contingentes a la exportación y a la importación en función de la situación del mercado interior.

Estas soluciones que fueron defendidas por numerosos especialistas, habrían garantizado ciertamente el control necesario del comercio exterior.

Pero, no obstante, no fueron elegidas porque tal vez les pareció a las autoridades responsables que imponían obstáculos demasiado grandes a la libertad de los agentes económicos, dificultades que, en opinión de muchos, no parecían absolutamente necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

Por esta razón se aprobó un sistema mucho más flexible, el menos coercitivo que se pueda concebir.

No se creó ni un monopolio de las importaciones o de las exportaciones ni un control cuantitativo, sino un régimen basado completamente en el principio de la incitacióny no en la coacción.

Para las exportaciones no sólo se respetó la libertad de exportar sino que, para que esta libertad no fuera puramente teórica, se creó una subvención a la exportación: la «restitución» cuyo efecto global es compensar la diferencia entre las cotizaciones o los precios de estos productos en la Comunidad y en el mercado mundial.

Para las importaciones:

Así pues, salvo en el caso de crisis aguda, los únicos medios que permiten garantizar el equilibrio del mercado que el artículo 39 menciona expresamente entre los objetivos del mercado común son:

Si la oferta en el mercado comunitario tiende a superar a la demanda, se aumenta la devolución para facilitar la comercialización de los excedentes.

Si la demanda tiende a superar a la oferta, baja la devolución para permitir colmar el déficit de aprovisionamiento de la Comunidad.

Pero para manejar «en el buen sentido», si podemos emplear esta expresión, la exacción o la devolución se necesitan ciertos datos:

A falta de este último dato, la acción comunitaria en materia de comercio exterior procedería a ciegas. Ciertamente conocería los desequilibrios internos, pero ignoraría las decisiones de los agentes, que podrían agravar, o por el contrario disminuir, estos desequilibrios y, por lo tanto, no podría actuar en el sentido requerido por el equilibrio del mercado.

Por esta razón no es sólo necesario, sino imprescindible, si se quiere conservar la libertad económica de los importadores y exportadores, someter, por una parte, sus operaciones a la expedición de un certificado de importación o de exportación y, por otra, prever que este documento no sea una vaga declaración de intención, sino que la condición para expedirlo sea un compromiso de que se va a realizar la operación proyectada, compromiso garantizado por una fianza.

Colocado de nuevo en su verdadero lugar, el sistema del certificado de importación o de exportación y el compromiso de realizar la operación proyectada, así como el régimen de garantías que garantiza este compromiso nos aparecen con un aspecto diferente de aquel bajo el que nos lo querían presentar.

No es en ningún modo un sistema destinado a garantizar una obligación puramente estadística, como parece pensar el Verwaltungsgericht Frankfurt.

No es en absoluto, como se nos sugirió el otro día, una especie de vejación impuesta a los agentes económicos por unos burócratas preocupados por que los cuadros de previsiones preparados por ellos, finalmente, correspondan a la realidad.

Se trata de un dato fundamental de la organización del mercado de cereales, sin que la libertad que se ha querido mantener en beneficio de los agentes económicos pueda conducir a la anarquía y al caos o a obligar a las autoridades responsables a recurrir a medidas excepcionales.

Además, y éste es un aspecto de la cuestión que no debemos olvidar, es un medio necesario para que el aumento de los gastos, como consecuencia del incremento de la devolución, o la disminución de los ingresos, que supone una reducción de la exacción reguladora, sirvan tan sólo al interés del mercado, para que las cargas que imponen los Estados miembros de la Comunidad a sus nacionales para el sostenimiento del mercado agrícola sirvan para este fin.

Las obligaciones que este sistema impone a los importadores y a los exportadores son, a mi parecer, el precio mínimo, pero indispensable que hay que pagar por la libertad de acción que se les deja.

Ciertamente, se ha intentado demostrar al Tribunal de Justicia que los certificados de importación o de exportación, por un lado, y la fianza, por otro, no estaban indisolublemente ligados y que eran imaginables otros procedimientos menos coercitivos, pero que condujeran a los mismos resultados desde el punto de vista del equilibrio del mercado.

Uno de estos procedimientos lo describe el Verwaltungsgericht Frankfurt en su resolución de remisión y el representante de las sociedades cerealistas hizo el otro día ante este Tribunal la apología del mismo. Consistiría, aun manteniendo la expedición de un certificado de importación o de exportación, en reducir las obligaciones del importador o del exportador, que decidiera finalmente no proceder a la operación que había proyectado en un principio, la de suscribir, bajo pena de multa, una declaración de no importación o de no exportación.

Pero, cuando el agente económico dirigiera esta declaración a la autoridad competente, ya estaría hecho el daño: la importación previamente decidida y más tarde anulada ya habría sido tomada en consideración para apreciar la situación del mercado.

Esto sería, si me permiten emplear una locución popular francesa, «fermer les portes de l'écurie quand les chevaux se sont enfuis» («cerrar las puertas de la cuadra cuando se han escapado los caballos»).

Es cierto que el otro día, en estrados, se ha intentado demostrar al Tribunal de Justicia que el sistema cuestionado no era perfecto y que no permitía, en todos los casos, la realización completa del objetivo perseguido; en otras palabras, que algunos caballos conseguían escaparse por los respiraderos de la puerta de la cuadra de la que antes hablábamos.

Lo creo ciertamente, pero las propias imperfecciones señaladas demuestran que sólo un sistema más coercitivo habría sido plenamente eficaz y que, por lo tanto, el sistema cuestionado constituye realmente el «mínimo incomprensible», podríamos llamarlo, de las obligaciones que debe soportar el agente económico si quiere conservar su libertad para realizar las operaciones de que se trata.

Opino, pues, que, en principio, el sistema creado por los Reglamentos controvertidos, que consiste en supeditar la expedición de los certificados de importación y de exportación a un compromiso de realizar la operación proyectada y a una fianza que garantice la ejecución del mismo, es estrictamente necesario para el funcionamiento del mercado común de los cereales tal como fue organizado y, por lo tanto, al crearlo, las autoridades comunitarias no violaron las disposiciones del artículo 40 del Tratado.

El Tribunal de Justicia falló en este sentido en lo que se refiere al mercado comunitario de los productos lácteos en su sentencia de 11 de julio de 1968,4/68. En mi opinión, el mismo fallo debe recaer sobre el mercado comunitario de los cereales.

B.

Nos queda ahora por examinar si algunas de las modalidades de aplicación de este sistema son excesivas y si constituyen medidas que el artículo 40 del Tratado no facultó a las autoridades comunitarias a imponer a los agentes económicos.

A este respecto se plantean al Tribunal de Justicia dos cuestiones:

Para responder a la primera petición, opino, el Tribunal de Justicia no podrá más que repetir los motivos expuestos en la sentencia de 11 de julio de 1968 (4/68, Rec. pp. 549 y ss., especialmente p. 551) a la que acabo de referirme y que puedo resumir de esta forma:

Respecto a la segunda cuestión, la de la validez de las disposiciones que no prevén el reembolso de la fianza más que en caso de fuerza mayor, se ha afirmado ante el Tribunal de Justicia que su rigidez es excesiva, teniendo en cuenta las finalidades perseguidas, por lo que procedería sustituirlo por un sistema más flexible que tuviera en cuenta, en particular, la conducta del titular del certificado y las dificultades que hubiera podido encontrar para realizar la operación para la que había solicitado dicho certificado.

Propongo al Tribunal que rechace esta argumentación por dos razones:

Por una parte, la definición de fuerza mayor dada por el Tribunal de Justicia deja demasiado margen, más que en la mayor parte de las legislaciones nacionales, al comportamiento del importador, ya que tiene en cuenta la valoración del carácter de las previsiones que hizo, de su diligencia y de los sacrificios que tuvo que hacer para realizar a toda costa la operación.

Todos estos elementos otorgan, pues, al órgano jurisdiccional nacional un gran margen de apreciación y el sistema no es, por lo tanto, tan rígido como se dice.

Por otra parte y sobre todo, en el razonamiento que se ha presentado al Tribunal de Justicia sobre la fuerza mayor, encuentro el mismo principio de base que en la asimilación de la pérdida de la fianza a una sanción que acabo de proponer que rechace.

Por considerar que la pérdida de la fianza es una sanción, es por lo que se solicita al Tribunal de Justicia que prevea que no se puede declarar dicha pérdida sin que se hayan examinado todos los elementos intencionales, subjetivos o circunstanciales que explican la no realización de la operación para la que se había obtenido el certificado.

Pero, como dije, el régimen de garantías no me parece en absoluto un régimen de sanción. Para mi es un régimen cuya finalidad es garantizar la ejecución de un compromiso aceptado en el momento de la expedición del certificado, y por consiguiente las autoridades comunitarias decidieron con razón que tan sólo la fuerza mayor podía dispensar del cumplimiento de su obligación a quien hubiera aceptado el compromiso.

Para concluir con estas cuestiones sucitadas sobre la legalidad interna de las disposiciones controvertidas, opinamos que el sistema de fianzas que establecen es, tanto en su principio como en sus modalidades, necesario e incluso indispensable para el buen funcionamiento del mercado común de los cereales tal como ha sido organizado y que las autoridades comunitarias, al aprobar dichas disposiciones, respetaron perfectamente sus obligaciones derivadas del apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

—

por una parte, fueron adoptadas por el procedimiento llamado de los Comités de gestión;

—

por otra, por ser contrarias tanto a ciertos principios generales establecidos por el Tratado de Roma como a lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento no 19 aprobado por el Consejo.

1.

En lo que se refiere a la ilegalidad de que adolece el Reglamento no 87 por haber sido aprobado por el procedimiento llamado del Comité de gestión, me remito a lo que expuse anteriormente sobre este punto.

2.

En lo que se refiere a la incompatibilidad de las disposiciones del párrafo segundo del artículo 7 del Reglamento no 87 con los principios generales del Tratado CEE y del Derecho comunitario:

3.

En lo que se refiere a la incompatibilidad de las disposiciones impugnadas del Reglamento no 87 de la Comisión con las del artículo 26 del Reglamento no 19 del Consejo, la argumentación que se ha expuesto suscita un problema más delicado.

En efecto, como lo recordará el Tribunal, el párrafo tercero del artículo 16 dispone que «las modalidades de aplicación del presente artículo y, en particular, la duración de la validez del certificado de importación se establecerán de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el artículo 26», es decir por la Comisión, previo informe del Comité de gestión.

—

por una parte, una disposición general, la del apartado 1 del artículo 40 del Tratado, que establece que los Estados miembros desarrollarán gradualmente durante el período transitorio la política agrícola común (y es durante este período que se adoptó el texto controvertido);

—

por otra parte, una disposición aún más general, la que figura en el párrafo primero del artículo 5 del Tratado y que dispone que «los Estados miembros facilitarán [a la Comunidad] el cumplimiento de su misión»;

—

en tercer y último lugar, el Reglamento comunitario no 19 que precisamente aplica plenamente estos principios, disponiendo el establecimiento gradual de los mecanismos que creó con ayuda de los Estados miembros, cuyas competencias en este período de transición son adaptadas progresivamente.

1)

El procedimiento previsto por el artículo 26 del Reglamento no 19 del Consejo, de 4 de abril de 1962, es conforme con el Tratado.

2)

El examen de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el Hessische Verwaltungsgerichtshof y por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main no revela ningún elemento que pueda afectar a la validez del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento no 87 de la Comisión, de 25 de julio de 1962, ni a la validez del artículo 1 y de los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Reglamento no 102/67 del Consejo, de 13 de junio de 1967, ni finalmente a la del artículo 9 del Reglamento no 473/67 de la Comisión, de 21 de agosto de 1967.

3)

Los apartados 2 y 3 del artículo 16 del Reglamento no 19 del Consejo, de 4 de abril de 1962, no se oponen a que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento no 87, un Estado miembro establezca las modalidades de aplicación de las normas relativas a la fianza previstas por el Reglamento no 19 y por el propio Reglamento no 87.