COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 12.9.2023

COM(2023) 528 final

2023/0320(CNS)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

por la que se establece un sistema de imposición en la sede destinado a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, y por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE

{SEC(2023) 308 final} - {SWD(2023) 301 final} - {SWD(2023) 302 final} - {SWD(2023) 303 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

•Razones y objetivos de la propuesta 

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

•Coherencia con otras políticas de la Unión

Por otro lado, la Unión de los Mercados de Capitales moviliza la inversión privada transfronteriza en empresas de todos los tamaños, complementando el apoyo público y dando lugar a una menor dependencia de las pymes de fuentes únicas o de proveedores únicos de financiación.

Por último, a fin de que las pymes puedan disfrutar directamente de las ventajas del mercado interior sin incurrir en cargas administrativas adicionales innecesarias, el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo 6 , por el que se creó la pasarela digital única, establece normas generales para el suministro en línea de la información, los procedimientos y los servicios de asistencia pertinentes para el funcionamiento del mercado interior. La información sobre las disposiciones fiscales establecidas en la presente Directiva también debe ponerse a disposición de los usuarios transfronterizos a través de la pasarela digital única, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724, en la categoría L.5.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

•Base jurídica

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

•Proporcionalidad 

•Elección del instrumento 

3.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Resultados de las consultas con las partes interesadas

En el contexto más amplio del paquete de medidas «Empresas en Europa: Marco para el Impuesto sobre Sociedades» (BEFIT, por sus siglas en inglés), los servicios de la Comisión pusieron en marcha una consulta pública que también abarcó aspectos pertinentes para las pymes. Se tuvieron debidamente en cuenta todas las contribuciones recibidas, también las relativas a las pequeñas y medianas empresas.

Se consultó a las pymes en su calidad de partes interesadas y se intercambiaron puntos de vista sobre las opciones previstas específicamente para las pymes que operan a escala transfronteriza durante una reunión con la red de representantes para las pymes, un grupo de expertos al que la Comisión consulta periódicamente.

•Evaluación de impacto

El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se basa en el proyecto de informe de evaluación de impacto examinado por el Comité de Control Reglamentario y debatido en la reunión correspondiente del 24 de mayo de 2022. En su dictamen de 26 de mayo de 2023, el Comité de Control Reglamentario formuló recomendaciones.

Se consideró necesario presentar como propuestas separadas las iniciativas evaluadas en el informe que hubiesen obtenido un dictamen favorable con reservas del Comité de Control Reglamentario. Por este motivo, dicho informe de evaluación de impacto solo evalúa el impacto de la presente propuesta.

El informe de evaluación de impacto de la presente propuesta reproduce con fidelidad el análisis sobre las pymes que figura en el proyecto de evaluación de impacto examinado e integra las recomendaciones del Comité de Control Reglamentario a ese respecto.

El informe examina el impacto de la propuesta sobre la base de varias opciones estratégicas, de las cuales se han evaluado tres:

Con la opción de referencia (statu quo), se mantendría el marco estratégico existente, lo que significa que la UE seguiría aplicando veintisiete sistemas diferentes de tributación aplicables a las sociedades y no se ofrecería ninguna simplificación administrativa a las pymes con presencia imponible en otro u otros Estados miembros. Ello generaría obstáculos persistentes al buen funcionamiento del mercado interior, ya que las pymes seguirían enfrentándose a unos costes de cumplimiento desproporcionadamente más elevados y a unas condiciones de competencia no equitativas. En comparación con las otras dos opciones estratégicas, ello implicaría una pérdida económica debido a que seguiría registrándose una infraparticipación de las pymes el mercado interior.

Opción 1: Sistema optativo de imposición en la sede aplicable a las pymes con establecimientos permanentes

Una primera opción consistiría en incluir en el ámbito de aplicación de la propuesta únicamente a las pymes con establecimientos permanentes en otros Estados miembros y dejar fuera de él a las pymes con filiales. Las primeras tendrían presencia imponible en uno o varios Estados miembros a través de sus establecimientos permanentes. Mediante esta opción, se propone que los resultados imponibles de cada establecimiento permanente de una determinada pyme se calculen de conformidad con las normas aplicables del Estado de la sede, en caso de que la pyme opte por este sistema. Las pymes tendrían que optar por la aplicación de este sistema de forma explícita. A fin de evitar la elusión de las normas, estas últimas irían asociadas al requisito de que la pyme que opte por el sistema esté obligada a aplicar las normas del Estado miembro de la sede por un período de tiempo mínimo, por ejemplo, cinco años. Además, las pymes tendrían derecho a renovar su elección cada cinco años, sin limitación alguna, siempre que siguieran cumpliendo los requisitos de admisibilidad. Tanto la admisibilidad como las disposiciones sobre terminación han sido concebidas para desalentar los abusos y las posibles prácticas de planificación fiscal, como por ejemplo la transferencia deliberada de la sede a un país de baja tributación.

Opción 2: Sistema optativo de imposición en la sede aplicable a las pymes con establecimientos permanentes y filiales

Existe, como alternativa, una segunda opción consistente en permitir que las pymes admisibles apliquen el mismo conjunto de normas para calcular los resultados imponibles de sus establecimientos permanentes y de sus filiales. El cálculo se realizaría de forma similar utilizando las normas aplicables en el Estado miembro de la sede o la administración central. Se ampliaría así el ámbito de aplicación de la propuesta para incluir también en él a los grupos de sociedades. El análisis de los elementos técnicos es el mismo que en la primera opción, pero las implicaciones son diferentes, dependiendo de si las normas comunes se aplican a las filiales o los establecimientos permanentes, ya que las primeras son personas jurídicas distintas, mientras que los establecimientos permanentes forman parte de la misma entidad jurídica que la sede.

La evaluación de impacto concluye que la opción 1 es la preferida. Dicha opción no solo resulta eficaz para alcanzar los objetivos específicos de la iniciativa, sino que, además, demuestra eficiencia, ya que debido a su alcance limitado incluye únicamente a las pymes con establecimientos permanentes en otro Estado miembro, que se encuentran efectivamente en una fase inicial de expansión.

Por lo que respecta a las pymes que puedan estar planteándose una expansión transfronteriza y que puedan haberse visto frenadas por los elevados costes de cumplimiento en perspectiva, la simplificación les permitiría cumplir ampliamente sus objetivos. Las normas tienen carácter facultativo para las pymes incluidas en su ámbito de aplicación y, por lo tanto, pueden ser utilizadas por aquellas a quienes les suponga una ventaja, lo que debería aportar eficacia a dichas pymes.

Cabe esperar que las pymes que deseen expandirse más allá de las fronteras lo hagan en un principio a través de un establecimiento permanente, en lugar de crear ya una entidad jurídica independiente con arreglo al Derecho de sociedades de los demás Estados miembros. Esta última forma de actuación también acarrearía costes adicionales de cumplimiento. Por esta razón, esta opción también sería eficaz a la hora de fomentar la expansión transfronteriza y, en concreto, de eliminar los obstáculos fiscales que puedan impedir la plena participación de las pymes en el mercado interior.

La evaluación de impacto incluye un análisis coste-beneficio de la iniciativa, que se espera sea positivo. Entre las ventajas para las pymes que se derivan de esta opción cabe citar el hecho de que las simplificaciones que introduciría la iniciativa podrían reducir los costes actuales de cumplimiento de las obligaciones fiscales por empresa y de que probablemente estimularían la inversión y el crecimiento a través de más actividad transfronteriza. También se esperan ventajas para las administraciones tributarias, en primer lugar, gracias al tratamiento de las declaraciones tributarias, las liquidaciones tributarias y la recaudación a través de una ventanilla única y, en segundo lugar, mediante la reducción de los riesgos de fraude o abuso como consecuencia de la existencia de un sistema único. En la actualidad, hay más posibilidades de que un contribuyente cometa irregularidades y fraude si dispone de establecimientos permanentes en varios Estados miembros que si trata con una única administración tributaria; las auditorías y los controles se simplificarían y serían más estrictos.

Los costes de la propuesta no pueden estimarse con precisión, ya que esta no tiene precedentes y no hay datos específicos que puedan utilizarse de manera fiable para elaborar estimaciones precisas. No obstante, el informe describe los posibles costes en que incurrirían las pymes y las administraciones tributarias, y aporta algunas estimaciones. Se estima que los costes son reducidos frente a los beneficios estimados en relación con la simplificación. Estas estimaciones figuran en el anexo 3 del informe de evaluación de impacto.

•Adecuación regulatoria y simplificación

La propuesta tiene por objeto reducir las cargas normativas en beneficio tanto de los contribuyentes como de las administraciones tributarias. Los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales suponen una importante carga para las pymes y su reducción será una ventaja importante de cara a la aplicación de la iniciativa. La reducción estimada de los costes de cumplimiento figura en el informe de evaluación de impacto.

A fin de alcanzar los objetivos de la iniciativa de manera proporcionada, la opción preferida es la 1. Las pymes con establecimientos permanentes en otro u otros Estados miembros podrán optar por aplicar las normas tributarias de su sede para calcular el resultado imponible de dichos establecimientos. Esta discrecionalidad de que goza el contribuyente debería reducir efectivamente las cargas normativas. Es probable que las pymes elijan aplicar esta opción cuando la simplificación que ofrecen las normas les resulte ventajosa. De lo contrario, seguirán aplicando las normas vigentes. El alcance de la propuesta garantiza así que las pymes mantengan sus costes de cumplimiento en unos niveles reducidos. Por último, dado que la propuesta tiene principalmente por objeto responder a las necesidades de las empresas transfronterizas con presencia imponible en más de un Estado miembro, muchas microempresas quedarán, de hecho, fuera de su ámbito de aplicación. 

En principio, las administraciones tributarias, en particular las de los Estados miembros de acogida, también se beneficiarán de la reducción prevista de la carga de trabajo, ya que la presentación de las declaraciones tributarias, y la liquidación y la recaudación de impuestos se centralizarán en el Estado miembro de la sede. La carga de trabajo adicional que recaerá sobre este último se verá compensada en cierta medida por la disminución del número de litigios y procedimientos que actualmente se derivan de la aplicación de diferentes conjuntos de normas a la misma renta o a las mismas operaciones.

•Derechos fundamentales

No se espera que la presente propuesta tenga un efecto considerable sobre los derechos fundamentales. Las medidas propuestas son compatibles con los derechos, libertades y principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE15. El artículo 18 de la propuesta garantizará específicamente la protección de los datos personales. Al igualar las condiciones de competencia, eliminar las barreras transfronterizas y ofrecer una mayor seguridad fiscal, la propuesta también contribuirá a evitar cualquier discriminación o restricción injustificada de las libertades relacionadas con la realización de una actividad empresarial.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Para más información, véase la ficha de financiación legislativa que acompaña a la propuesta. Es preciso tener en cuenta que no se prevé que la presente propuesta tenga repercusiones presupuestarias importantes, ya que estas se limitan a los intercambios de información entre el Estado miembro de la sede y los Estados miembros de acogida.

5. OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

Por último, hay que asumir que, en determinados casos, la aplicación facultativa de las normas podría crear riesgos de distorsión de la competencia, ya que empresas comparables pueden acabar estando sujetas a normas fiscales diferentes. Sin embargo, los beneficios superarán con creces esos riesgos y, en particular, el sistema compensa los costes adicionales y significativos de cumplimiento de las obligaciones fiscales que las pymes con establecimientos permanentes habrían soportado de otro modo.

2023/0320 (CNS)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

por la que se establece un sistema de imposición en la sede destinado a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, y por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 115,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo 9 ,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 10 ,

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1)En la Unión, no existe actualmente un enfoque común para el cálculo de la base imponible de las sociedades. Por lo tanto, las empresas de la UE están obligadas a cumplir las normas de los diferentes sistemas de tributación aplicables a las sociedades, en función del Estado miembro en el que operen.

(2)La coexistencia e interacción de veintisiete sistemas diferentes de tributación aplicables a las sociedades en la Unión confiere complejidad al cumplimiento de las obligaciones fiscales y hace que las empresas estén sujetas a unas condiciones de competencia que no son equitativas. Esta situación, que afecta en mayor medida a las pymes que a contribuyentes de mayores dimensiones, se ha ido haciendo más patente a medida que la globalización y la digitalización de la economía han ido alterando significativamente la percepción de las fronteras y los modelos de negocio. Los intentos de los gobiernos por adaptarse a esta nueva realidad se han traducido en una respuesta fragmentada en los distintos Estados miembros que ha provocado aún más distorsiones en el mercado interior. Por otro lado, los diversos marcos jurídicos conducen inevitablemente a prácticas de administración tributaria diferentes en los distintos Estados miembros. A menudo esta diversidad lleva aparejados largos procedimientos caracterizados por la imprevisibilidad y la incoherencia, junto con elevados costes de cumplimiento.

(3)La diversidad de modelos de negocio que existen en el mercado interior exige de las distintas empresas soluciones diferentes a la hora de hacer frente a los retos que plantean en la actualidad sus operaciones transfronterizas. Las empresas más pequeñas que no forman parte de un grupo tienen mayores dificultades para expandirse a escala transfronteriza que las empresas más grandes. A esas pequeñas empresas les resulta más gravoso lidiar con procedimientos complejos y elevados costes de cumplimiento. Por lo tanto, es evidente que, en su fase inicial de expansión, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas necesitan soluciones tales como un mecanismo simplificado para el cálculo de su resultado imponible cuando operan de forma transfronteriza exclusivamente a través de establecimientos permanentes.

(4)Para paliar la incertidumbre fiscal y superar la dificultad que supone cumplir las normas de un sistema fiscal desconocido cuando se opera en otro u otros Estados miembros (uno de los principales factores que disuaden a las pymes de expandirse en el extranjero), procede calcular el resultado imponible de los establecimientos permanentes basándose en las normas del Estado miembro de residencia a efectos fiscales de la sede de la pyme (su administración central). Esto también significa que seguirán aplicándose los principios que rigen la atribución de rentas a un establecimiento permanente, establecidos en el convenio bilateral aplicable para evitar la doble imposición entre el Estado miembro del establecimiento permanente y el Estado miembro de la sede. A fin de garantizar que toda nueva norma suponga para las pymes una fuente de simplificación, su aplicación debe ser facultativa y, por tanto, dejarse a la discreción del contribuyente.

(5)Con objeto de evitar prácticas fiscales abusivas, se han diseñado normas específicas contra el fraude fiscal destinadas, por ejemplo, a hacer frente a los riesgos de elusión fiscal asociados al traslado de la residencia fiscal de una pyme y evitar así que la ubicación de la sede se determine atendiendo a motivaciones fiscales. Por consiguiente, sería necesario hacer un seguimiento de la evolución del volumen de negocios atribuido al establecimiento o establecimientos permanentes con el fin de que sus operaciones mantengan carácter secundario con respecto a la actividad principal, que debería llevar a cabo la sede. De este modo, se eliminaría el riesgo de que las normas se apliquen de forma abusiva, por ejemplo, mediante el establecimiento de sedes sin actividad real en tanto que la mayor parte de las actividades empresariales tiene lugar en el extranjero. En la misma línea, la posibilidad de acogerse al sistema de simplificación fiscal, así como la terminación y renovación de la opción a utilizarlo, deben estar sujetas a condiciones rigurosas. Tales condiciones deben ir acompañadas de requisitos relativos al volumen de negocios de la sede en comparación con el del establecimiento o establecimientos permanentes. El objetivo que se persigue es subrayar que la actividad empresarial realizada a través del establecimiento o de los establecimientos permanentes únicamente puede ser una ampliación de la actividad principal de la sede. Además, una vez que se decide optar por la aplicación del marco de simplificación fiscal, este debe tener una duración obligatoria, a fin de evitar situaciones en las que la residencia de la sede se traslade con frecuencia para aprovechar situaciones fiscales ventajosas de manera ocasional o a corto plazo.

(6)El transporte marítimo internacional es un sector de actividad específico sujeto a regímenes tributarios especiales en varios Estados miembros. Dichos regímenes consisten en la mayoría de los casos en calcular la base imponible basándose en el tonelaje (es decir, en la capacidad de carga) de los buques explotados y no en las ganancias o pérdidas reales de la empresa. Partiendo de esta premisa, las pymes que obtengan rentas procedentes de actividades de transporte marítimo sujetas a un régimen de tributación en función del tonelaje deberían quedar excluidas de la opción a aplicar las normas de simplificación respecto de las rentas atribuidas a un establecimiento permanente. Esta exclusión evitaría la complicación adicional que cabe esperar de la interacción entre el marco de simplificación fiscal para las pymes y los regímenes de tributación en función del tonelaje. Además, esa posible complicación resultaría desproporcionada, habida cuenta de que algunos Estados miembros no disponen de tales regímenes fiscales especiales. Ningún otro sector de actividad quedaría excluido del ámbito de aplicación de la Directiva.

(7)Dado que la propuesta tiene por objeto ofrecer una simplificación sustancial del procedimiento, es preciso establecer una ventanilla única en virtud de la cual la declaración fiscal, las liquidaciones tributarias y la recaudación del impuesto adeudado por el establecimiento o establecimientos permanentes se tramiten a través de una única autoridad tributaria («la autoridad de presentación»), es decir, la autoridad tributaria del Estado miembro de la sede. En el pleno respeto de la potestad tributaria de los Estados miembros, las auditorías, los recursos y los procedimientos de resolución de litigios se mantendrían principalmente en el ámbito nacional y se llevarían a cabo de conformidad con las normas de procedimiento del Estado miembro respectivo. Con vistas a apoyar el funcionamiento de una ventanilla única, sería fundamental prever auditorías conjuntas con arreglo a las cuales el Estado miembro de la sede tenga la obligación de cooperar en caso de que la autoridad tributaria del establecimiento permanente solicite una auditoría que abarque el cálculo del resultado imponible del contribuyente bajo su jurisdicción.

(8)Para evitar la fragmentación del ámbito de aplicación que pueda derivarse de las especificidades nacionales, las pymes admitidas son las definidas en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 11 .

(9)A fin de garantizar que los Estados miembros afectados tengan un acceso oportuno a la información fiscal pertinente, es preciso realizar un intercambio automático de las misma a través de la Red Común de Comunicación (CCN, por sus siglas en inglés) desarrollada por la Unión. Procede, por tanto, modificar la Directiva 2011/16/UE del Consejo 12 en consecuencia.

(10)Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes de comunicación y puesta en común de la información pertinente a efectos fiscales entre los Estados miembros, con vistas a la recaudación y la transferencia de los impuestos, así como a la revisión del funcionamiento del sistema de simplificación fiscal, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 13 .

(11)Además, a fin de que las pymes puedan disfrutar directamente de las ventajas del mercado interior sin tener que soportar cargas administrativas adicionales innecesarias, la información sobre las disposiciones fiscales establecidas en la presente Directiva debe divulgarse a través de la pasarela digital única, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724 14 . Esta pasarela ofrece a los usuarios transfronterizos una ventanilla única para el acceso en línea a información, procedimientos y servicios de asistencia pertinentes para el funcionamiento del mercado interior.

(12)Con el fin de modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, procede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la actualización de los anexos I a IV, relativos a las formas jurídicas de las pymes y a los impuestos sobre los beneficios (a los que están sujetos las pymes con esas formas jurídicas), según proceda, con el fin de integrar futuras formas jurídicas o impuestos con rasgos similares a los enumerados en los anexos I a IV. En este contexto, reviste una importancia particular que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante su trabajo de preparación, también a nivel de expertos, y que dichas consultas se efectúen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación 15 . A fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(13)Dado que la correcta aplicación en cada Estado miembro de las normas propuestas es fundamental para la protección de la base imponible de otros Estados miembros, la Comisión debe realizar un seguimiento de la citada aplicación de las normas y de su cumplimiento. A tal efecto, los Estados miembros deben comunicar periódicamente a la Comisión información específica, incluidas estadísticas, sobre la aplicación y el cumplimiento en su territorio de las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva. Con el fin de evaluar la eficacia de las nuevas normas propuestas, la Comisión debe elaborar una evaluación sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y otros datos disponibles y, en su caso, acompañarla de una propuesta de modificación de las normas. El informe de la Comisión debe publicarse.

(14)Los Estados miembros pueden tratar datos personales con arreglo a la presente Directiva únicamente con el fin de verificar los requisitos de admisibilidad o determinar la deuda tributaria de los establecimientos permanentes. Todo tratamiento de datos personales llevado a cabo con esta finalidad debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

(15)Se establece un período de conservación que permita a los Estados miembros cumplir la mayor parte de las normas relativas al plazo de prescripción, ajustándose así a dichas normas nacionales en lo que respecta al momento de inicio de su validez o a su suspensión. No obstante, el período de conservación no debe ir más allá de lo necesario para garantizar que las autoridades tributarias competentes puedan determinar la deuda fiscal, logrando así un equilibrio entre la capacidad de la autoridad tributaria de asegurar una liquidación y recaudación adecuadas de los impuestos y el derecho de los contribuyentes a la seguridad jurídica. 

(16)La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, está dirigida a garantizar el pleno respeto del derecho a la protección de los datos personales y la libertad de empresa.

(17)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el […],

(18)Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la simplificación de las normas tributarias en favor de determinadas pymes que operan en el mercado interior a través de uno o varios establecimientos permanentes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a los retos existentes derivados de la interacción de veintisiete sistemas diferentes de tributación aplicables a las sociedades, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto

La presente Directiva establece normas para calcular el resultado imponible de los establecimientos permanentes de las pymes que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 1, (normas relativas a la «imposición en la sede»).

Artículo 2
Ámbito de aplicación

1.La presente Directiva se aplicará a las pymes que cumplan los siguientes criterios:

a)que se hayan constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro y adopten una de las formas enumeradas en los anexos I y II;

b)que sean residentes a efectos fiscales en un Estado miembro de conformidad con la legislación tributaria de dicho Estado miembro, incluidos sus convenios bilaterales para evitar la doble imposición;

c)que estén sujetas, directamente o a nivel de sus propietarios, a un impuesto sobre beneficios enumerado en los anexos III y IV, o a cualquier otro impuesto de características similares;

d)que sean consideradas microempresas o pequeñas y medianas empresas (pymes) con arreglo a la definición que figura en la Directiva 2013/34/UE 16 ;

e)que operen en otros Estados miembros exclusivamente a través de uno o varios establecimientos permanentes;

f)que no formen parte de un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera de conformidad con la Directiva 2013/34/UE y que constituyan una empresa autónoma que cumpla una de las condiciones siguientes:

–que no sea una empresa asociada en el sentido del artículo 2, punto 13, de la Directiva 2013/34/UE;

–que no sea una empresa vinculada en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.

2.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 16 por los que se modifiquen los anexos I a IV a fin de tener en cuenta los cambios que se produzcan en la legislación de los Estados miembros en relación con lo siguiente:

a)las formas jurídicas de las entidades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro (anexos I y II);

b)los impuestos sobre beneficios o cualquier otro impuesto de características similares a los que estén sujetas dichas entidades directamente o a nivel de sus propietarios (anexos III y IV).

3.La presente Directiva no afectará al derecho del Estado miembro en el que esté situado un establecimiento permanente a determinar el tipo impositivo aplicable, ni a la aplicabilidad de convenios bilaterales para evitar la doble imposición, ni a las normas relativas a la protección social de los trabajadores en el Estado miembro del establecimiento permanente.

Artículo 3
Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)«establecimiento permanente»: un lugar fijo de actividad situado en otro Estado miembro, tal como se defina en el convenio bilateral pertinente para evitar la doble imposición o, en su defecto, en la legislación nacional;

2)«sede»: una pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, que opere en otro u otros Estados miembros exclusivamente a través de uno o varios establecimientos permanentes;

3)«Estado miembro de la sede»: el Estado miembro en el que la pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, tenga su residencia a efectos fiscales;

4)«normas relativas a la imposición en la sede»: las normas tributarias del Estado miembro de la sede utilizadas para calcular el resultado imponible de la sede y de sus establecimientos permanentes;

5)«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que esté situado el establecimiento permanente de una pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1;

6)«resultado imponible del establecimiento permanente»: las ganancias o las pérdidas imponibles calculadas con arreglo a las normas relativas a la imposición en la sede;

7)«autoridad de presentación»: la autoridad tributaria competente del Estado miembro de la sede;

8)«declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede»: la declaración tributaria presentada por una pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, que incluye tanto los resultados imponibles de la sede como los del establecimiento o establecimientos permanentes, calculados con arreglo a las normas relativas a la imposición en la sede.

CAPÍTULO II
Imposición en la sede

Artículo 4
Requisitos de admisibilidad

1.La sede podrá optar por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a su establecimiento o establecimientos permanentes en otros Estados miembros si cumple los siguientes requisitos:

a)que el volumen de negocios conjunto de sus establecimientos permanentes no haya superado, en los dos últimos ejercicios fiscales, un importe equivalente al doble del volumen de negocios generado por la sede;

b)que haya sido residente a efectos fiscales en el Estado miembro de la sede durante los dos últimos ejercicios fiscales;

c)que haya cumplido las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 1, letra d), durante los dos últimos ejercicios fiscales.

2.Si la sede opta por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede de conformidad con el apartado 1, hará extensiva esta aplicación a todos sus establecimientos permanentes en otros Estados miembros. Si crea un nuevo establecimiento permanente en otro Estado miembro, le aplicará las normas relativas a la imposición en la sede desde el momento en que se establezca.

Artículo 5
Exclusión de las normas relativas a la imposición en la sede

Cuando la sede obtenga rentas procedentes de actividades de transporte marítimo que estén sujetas en el Estado miembro de la sede a un régimen de tributación en función del tonelaje, dicha sede quedará excluida de la aplicación de las normas relativas a la imposición en la sede con respecto a su establecimiento o establecimientos permanentes en otros Estados miembros, en la medida en que esos establecimientos obtengan rentas procedentes de actividades de transporte marítimo.

Artículo 6
Ejercicio de la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede

1.La sede que opte por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a su establecimiento o establecimientos permanentes notificará su decisión a la autoridad de presentación, junto con el nombre del Estado o Estados miembros de acogida. La notificación se realizará, como mínimo, tres meses antes de que finalice el ejercicio fiscal anterior a aquel en que la pyme desee empezar a aplicar las normas relativas a la imposición en la sede.

2.La autoridad de presentación verificará si se cumplen los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 4 e informará a la sede de sus conclusiones al respecto en un plazo de dos meses a partir de la notificación a que se refiere el apartado 1.

3.Si se cumplen los requisitos de admisibilidad, la autoridad de presentación informará a las autoridades tributarias de los Estados miembros de acogida, en un plazo de dos meses a partir de la notificación a que se refiere el apartado 1, de que el resultado imponible de los establecimientos permanentes pertinentes se calculará de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede a partir del ejercicio fiscal siguiente, tal como se apliquen en el Estado miembro de la sede. La autoridad tributaria del Estado o Estados miembros de acogida comunicará a la autoridad de presentación el tipo impositivo aplicable.

La información a que se refiere el párrafo primero se comunicará mediante el intercambio automático de información contemplado en el artículo [8 bis sexies] de la Directiva 2011/16/UE.

El Estado miembro de acogida podrá impugnar la decisión de la autoridad de presentación relativa al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13. Sin perjuicio de tales procedimientos, las pymes podrán empezar a aplicar las normas relativas a la imposición en la sede.

Si la autoridad de presentación llega a la conclusión de que no se cumplen los requisitos de admisibilidad, informará al respecto a la sede en un plazo de dos meses a partir de la notificación a que se refiere el apartado 1 y esta podrá ejercer su derecho de recurso de conformidad con la legislación nacional.

4.Cuando un Estado miembro de acogida llegue a la conclusión de que la presencia de una pyme en su territorio constituye un establecimiento permanente, informará al respecto a la autoridad de presentación. A raíz de esta información, la autoridad de presentación informará a la autoridad tributaria competente del Estado miembro de acogida sobre si la sede aplica las normas relativas a la imposición en la sede respecto de sus establecimientos permanentes.

Artículo 7
Duración de la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede

1.La sede que haya optado por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a sus establecimientos permanentes en uno o varios Estados miembros de acogida lo hará durante un período de cinco ejercicios fiscales.

2.Al concluir el período mencionado en el apartado 1, las normas relativas a la imposición en la sede dejarán de aplicarse a los establecimientos permanentes situados en los Estados miembros de acogida, a menos que la sede notifique a la autoridad de presentación su decisión de volver a optar por la aplicación de dichas normas, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9.

Artículo 8
Terminación de la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede

1.Se pondrá fin a la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede antes de que concluya el período de cinco años contemplado en el artículo 7, apartado 1, por uno de los motivos siguientes:

a)que la pyme contemplada en el artículo 2, apartado 1, haya trasladado su residencia fiscal fuera del Estado miembro de la sede;

b)que, en los dos últimos ejercicios fiscales, el volumen de negocios conjunto de sus establecimientos permanentes haya superado un importe equivalente al triple del volumen de negocios de la sede.

2.En cualquiera de los casos contemplados en el apartado 1, las normas relativas a la imposición en la sede dejarán de aplicarse a partir del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que surjan los motivos contemplados en dicho apartado 1.

3.La autoridad de presentación informará a los Estados miembros de acogida de la terminación a que se refiere el apartado 1 antes de que concluya el ejercicio fiscal en que hayan surgido los motivos de dicha terminación.

4.Si la pyme a que se refiere el artículo 2, apartado 1, traslada su residencia fiscal a otro Estado miembro, podrá optar por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede de su nuevo Estado miembro de residencia fiscal de conformidad con los artículos 4 a 7. Ello se considerará una nueva opción.

Artículo 9
Renovación de la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede

1.Si la sede desea renovar la opción, lo notificará a la autoridad de presentación, como mínimo, seis meses antes del final del período mencionado en el artículo 7, apartado 1, y elaborará una lista con los nombres de los Estados miembros de acogida. La autoridad de presentación comprobará si la pyme sigue cumpliendo los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 4.

2.La autoridad de presentación renovará la opción en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 1 tras haber comprobado que se cumplen los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 4. Comunicará su decisión a la sede, informándole asimismo de que no se dan los motivos de exclusión establecidos en el artículo 10. La autoridad de presentación informará asimismo de la renovación a las autoridades tributarias de los Estados miembros de acogida en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 1.

Artículo 10
Exclusión de la renovación de la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede

La sede no estará autorizada a renovar la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede si, durante el período de cinco años en que se hayan aplicado inicialmente dichas normas, se ha dado cualquiera de las siguientes situaciones:

a)si, durante dos ejercicios fiscales cualesquiera considerados por separado, el volumen de negocios conjunto de los establecimientos permanentes ha superado un importe equivalente al doble del volumen de negocios de la sede;

b)si la pyme ha establecido una o varias filiales dentro o fuera de la Unión;

c)si, durante dos ejercicios fiscales consecutivos, no se ha cumplido el criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra d).

Artículo 11
Presentación de la declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede, liquidación tributaria y coordinación entre autoridades

1.La sede presentará la declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede ante la autoridad de presentación.

2.La declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede incluirá la siguiente información:

a)la deuda tributaria de la pyme con respecto a su resultado imponible en el Estado miembro de la sede;

b)la deuda tributaria de la pyme con respecto al resultado imponible de cada establecimiento permanente situado en otros Estados miembros. La deuda tributaria se calculará aplicando el tipo impositivo nacional del Estado miembro de acogida respectivo al resultado imponible, calculado de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede.

3.Cuando uno o varios establecimientos permanentes de la pyme no estén obligados a elaborar estados financieros contables separados en virtud de la legislación del Estado miembro de acogida, la declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede incluirá la siguiente información:

a)los activos y pasivos atribuidos al establecimiento o establecimientos permanentes;

b)los beneficios atribuibles al establecimiento o establecimientos permanentes en otros Estados miembros. 

4.La autoridad de presentación realizará las siguientes notificaciones:

a)una notificación de liquidación tributaria destinada a la sede;

b)una notificación de liquidación tributaria provisional destinada a cada establecimiento permanente.

5.La autoridad de presentación comunicará a las autoridades tributarias de los Estados miembros de acogida los siguientes documentos e información, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 14:

a)la declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede, acompañada de copias de los estados financieros contables y de cualquier otro documento pertinente, según proceda, y elaborada con arreglo a la legislación del Estado miembro de la sede;

b)una notificación de liquidación tributaria provisional destinada al establecimiento o establecimientos permanentes pertinentes;

c)en caso necesario, cualquier otra información que permita la liquidación de impuestos o recargos adicionales a escala nacional o regional basados o no en los beneficios, o sobre aspectos conexos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de conformidad con las normas tributarias del Estado miembro de acogida.

La información a que se refiere el presente párrafo se comunicará mediante el intercambio automático de información contemplado en el artículo [8 bis sexies] de la Directiva 2011/16/UE.

6.La autoridad tributaria del Estado miembro de acogida aceptará o rechazará la notificación de liquidación tributaria provisional a que se refiere el apartado 5, letra b), en un plazo de dos meses a partir de su recepción e informará al respecto a la autoridad de presentación.

7.Si la autoridad tributaria del Estado miembro de acogida acepta la notificación de liquidación tributaria provisional o se abstiene de reaccionar en el plazo a que se refiere el apartado 6, la notificación de liquidación tributaria provisional pasará a ser definitiva y podrá ser impugnada por la sede ante la autoridad de presentación y de conformidad con las normas nacionales del Estado miembro de la sede.

8.    Si la autoridad tributaria del Estado miembro de acogida rechaza la notificación de liquidación tributaria provisional, la revisará en relación con la atribución de beneficios al establecimiento permanente de conformidad con lo dispuesto en el convenio bilateral aplicable para evitar la doble imposición entre el Estado miembro de acogida y el Estado miembro de la sede. Una vez que la atribución de beneficios al establecimiento permanente haya sido revisada y se haya comunicado a la autoridad de presentación de conformidad con el artículo 8 bis sexies de la Directiva 2011/16/UE, esta última volverá a calcular el resultado imponible de conformidad con las normas tributarias del Estado miembro de la sede, y dicho Estado miembro emitirá una liquidación tributaria revisada. El contribuyente tendrá derecho a impugnar dicha liquidación tributaria revisada ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la sede. Cualquier litigio relativo al importe de los beneficios atribuibles al establecimiento permanente se resolverá de conformidad con el convenio bilateral para evitar la doble imposición aplicable o con las disposiciones establecidas en la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017 17 .

8.9.Cuando, en virtud de las normas tributarias del Estado miembro de acogida, determinados gastos relacionados con los trabajadores del establecimiento permanente sean deducibles a efectos fiscales en la medida en que los respectivos importes se graven a nivel del trabajador o consistan en cargas sociales y no exista un trato fiscal similar en el Estado miembro de la sede que permita dicha deducción, el Estado miembro de la sede y los Estados miembros de acogida adoptarán las medidas adecuadas para evitar eventuales desajustes.

Artículo 12
Recaudación del impuesto adeudado por el establecimiento o establecimientos permanentes en el Estado o Estados miembros de acogida

1.La sede liquidará, a través de la autoridad de presentación, la deuda tributaria sobre su renta en relación tanto con su propio resultado imponible como con el resultado imponible de su establecimiento o establecimientos permanentes en el Estado o Estados miembros de acogida.

2.La autoridad de presentación recaudará el impuesto correspondiente a la deuda tributaria de cada establecimiento permanente de la sede en la Unión, aplicará el tipo impositivo del Estado miembro de acogida respectivo y transferirá el importe correspondiente a la autoridad competente del Estado miembro de acogida respectivo.

3.La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las modalidades prácticas necesarias para garantizar la recaudación del impuesto correspondiente a la deuda tributaria del establecimiento o establecimientos permanentes y su transferencia del Estado miembro de la sede al Estado miembro de acogida. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15.

Artículo 13
Auditorías, vías de recurso y resolución de litigios

1.Salvo disposición en contrario, las normas de la presente Directiva no afectarán a las normas nacionales de los Estados miembros que regulan las auditorías fiscales, las vías de recurso y los procedimientos judiciales locales, ni a los mecanismos de resolución de litigios disponibles a escala de la Unión o previstos en los convenios fiscales bilaterales aplicables para evitar la doble imposición.

2.La autoridad tributaria del Estado miembro de acogida podrá solicitar que se lleve a cabo conjuntamente con la autoridad de presentación una auditoría que abarque el cálculo del resultado imponible del establecimiento permanente de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede, la atribución de beneficios al establecimiento permanente o el tipo impositivo aplicable. Las auditorías conjuntas se llevarán a cabo de conformidad con la Directiva 2011/16/UE del Consejo 18 . No obstante lo dispuesto en la citada Directiva, la autoridad competente requerida deberá aceptar dicha solicitud de las autoridades del Estado miembro de acogida.

Artículo 14
Modificaciones de la Directiva 2011/16/UE 

1.La Directiva 2011/16/UE 19 , de 15 de febrero de 2011, se modifica como sigue: 

1)En el artículo 3, el punto 9 se modifica como sigue:

a)la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) a efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis a 8 bis sexies, la comunicación sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad. A efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la información recogida en los expedientes tributarios del Estado miembro que comunique la información y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos de recopilación y tratamiento de la información de dicho Estado miembro;»; 

b)la letra c) se sustituye por el texto siguiente: «c) a efectos de las disposiciones de la presente Directiva que no sean el artículo 8, apartados 1 y 3 bis, ni los artículos 8 bis a 8 bis sexies, la comunicación sistemática de información preestablecida prevista en las letras a) y b).». 

2)Se añade el artículo 8 bis sexies siguiente:

«Artículo 8 bis sexies 

Ámbito de aplicación y condiciones del intercambio automático y obligatorio de información sobre la elección derivada de la opción de aplicar las normas relativas a la imposición en la sede, sobre las declaraciones tributarias correspondientes a la imposición en la sede y sobre las liquidaciones tributarias provisionales 

1.1.Si una sede, tal como se define en el artículo 3, punto 2, de la Directiva por la que se establecen normas relativas a la imposición en la sede destinadas a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 20 , que opte por aplicar las normas relativas a la imposición en la sede a su establecimiento o establecimientos permanentes de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, cumple los requisitos de admisibilidad para aplicar dichas normas, la autoridad competente del Estado miembro de la sede comunicará mediante un intercambio automático de información a la autoridad competente del Estado miembro del establecimiento permanente que el resultado imponible del establecimiento permanente de que se trate debe calcularse de conformidad con las normas relativas a la imposición en la sede. Dicha comunicación se efectuará en un plazo de dos meses a partir de la notificación por parte de la sede de que ha optado por aplicar las normas de imposición en la sede.

1.2.La autoridad competente del Estado miembro del establecimiento permanente comunicará a la autoridad competente del Estado miembro de la sede el tipo impositivo aplicable a efectos de la determinación de la deuda tributaria del establecimiento o establecimientos permanentes situados en su territorio, en un plazo de tres meses a partir de la notificación por la autoridad competente del Estado miembro de la sede de la decisión sobre la aplicación de las normas relativas a la imposición en la sede.

1.3.La autoridad competente del Estado miembro de la sede comunicará, mediante un intercambio automático de información, la información especificada en el apartado 2 del presente artículo a la autoridad o autoridades competentes del Estado o Estados miembros del establecimiento o establecimientos permanentes, de conformidad con las modalidades prácticas adoptadas en virtud del artículo 21.

1.4.La información que deberá comunicar la autoridad competente de un Estado miembro de conformidad con el apartado 1 incluirá los siguientes elementos:

i)la declaración tributaria correspondiente a la imposición en la sede;

ii) copias de los estados financieros contables y de cualquier otro documento pertinente, según proceda, elaborados con arreglo a la legislación del Estado de la sede; 

iii)una notificación de liquidación tributaria provisional destinada al establecimiento o establecimientos permanentes pertinentes;

iv)en caso necesario, cualquier otra información que permita la liquidación de impuestos o recargos adicionales a escala nacional o regional basados o no en los beneficios, o sobre aspectos conexos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de conformidad con las normas tributarias del Estado miembro de acogida. 

1.5.El intercambio de información tendrá lugar inmediatamente después de la emisión de la liquidación tributaria provisional, y a más tardar un mes después de dicha emisión.

1.6.Cuando, tras haber rechazado la notificación de liquidación tributaria provisional emitida por el Estado miembro de la sede, la autoridad tributaria del Estado miembro del establecimiento o establecimientos permanentes revise dicha notificación de liquidación tributaria provisional en relación con la atribución de beneficios al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones establecidas en el convenio bilateral para evitar la doble imposición aplicable entre el Estado miembro de acogida y el Estado miembro de la sede, la autoridad competente del Estado miembro del establecimiento o establecimientos permanentes comunicará esa notificación de liquidación tributaria revisada a la autoridad competente del Estado miembro de la sede, en el plazo de un mes a partir de su emisión, a efectos de un nuevo cálculo del resultado imponible del establecimiento permanente, la emisión de una notificación de liquidación tributaria revisada y la recaudación del impuesto.

1.7.La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las modalidades prácticas necesarias para determinar la forma, el contenido y los requisitos lingüísticos de la comunicación a que se refiere el presente artículo 8. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 26, apartado 2.

».

2.En el artículo 20, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los intercambios automáticos de información con arreglo al artículo 8, al artículo 8 bis quater y al artículo 8 bis sexies se llevarán a cabo utilizando un formato electrónico normalizado destinado a ese cometido, adoptado por la Comisión de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 26, apartado 2.».

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15
Procedimiento de comité

1.La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 21 .

2.En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16
Ejercicio de la delegación

1.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3.La delegación de poderes mencionada en el artículo 2, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Consejo.

6.Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Consejo, el Consejo no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, el Consejo informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Consejo.

Artículo 17
Información al Parlamento Europeo

Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la delegación de poderes por el Consejo.

Artículo 18
Protección de datos

1.Los Estados miembros podrán tratar datos personales con arreglo a la presente Directiva únicamente con el fin de verificar los requisitos de admisibilidad o determinar la deuda tributaria, tal como se recoge en los artículos 4, 9 y 11 de la presente Directiva. Al tratar datos personales con el fin de verificar los requisitos de admisibilidad o determinar la deuda tributaria con arreglo a la presente Directiva, las autoridades competentes de los Estados miembros se considerarán responsables del tratamiento, en el sentido del artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679, en el ámbito de sus actividades respectivas en virtud de la presente Directiva.

2.La información, incluidos los datos personales, tratada de conformidad con la presente Directiva solo se conservará el tiempo necesario para alcanzar los objetivos de la presente Directiva, en particular, la verificación de los requisitos de admisibilidad y la determinación de la deuda tributaria del contribuyente, de conformidad con las normas nacionales de cada responsable del tratamiento en materia de prescripción, pero en ningún caso por un período superior a diez años.

Artículo 19
Revisión por la Comisión del funcionamiento de la presente Directiva

1.Cinco años después del inicio de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión examinará y evaluará su funcionamiento e informará al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación de la presente Directiva.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información pertinente para la evaluación de la Directiva, de conformidad con el apartado 3, incluidos datos agregados sobre el número de pymes admisibles frente a las que optaron por aplicar el procedimiento, su volumen de negocios y sus costes de cumplimiento en relación con su volumen de negocios; datos sobre el número de pymes que se hayan expandido a escala transfronteriza mediante la creación de un establecimiento permanente y número de pymes que han quedado descalificadas por haber creado una filial, o costes de cumplimiento para las pymes que aplican la opción. 

3.La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, la información que deben facilitar los Estados miembros a efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 2, así como el formato y las condiciones de comunicación de dicha información.

4.La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información que le sea comunicada con arreglo al apartado 2, de conformidad con las disposiciones aplicables a las autoridades de la Unión y con el artículo 18 de la presente Directiva.

5.La información comunicada a la Comisión por un Estado miembro con arreglo al apartado 2, así como todo informe o documento elaborado por la Comisión utilizando dicha información, podrán remitirse a otros Estados miembros. La información remitida estará amparada por la obligación de secreto oficial que la legislación nacional del Estado o Estados miembros que la hayan recibido otorgue a la información de la misma naturaleza.

Artículo 20
Transposición

1.Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2025 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán inmediatamente al respecto a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1.1.2026.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.A partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros deberán informar a la Comisión con la suficiente antelación para permitirle presentar sus observaciones sobre cualquier proyecto de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se propongan adoptar en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 21
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 22
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Política(s) afectada(s) 

1.3.La propuesta/iniciativa se refiere a:

X una acción nueva 

 una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria 22  

 la prolongación de una acción existente 

 una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra / una nueva acción

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) general(es)

1.4.2.Objetivo(s) específico(s)

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

Especificar los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / los grupos destinatarios.

1.4.4.Indicadores de rendimiento

Especifíquense los indicadores para hacer un seguimiento de los avances y logros.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa

1.5.2.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.3.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.5.4.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación

1.6.Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa

 Duración limitada

–    en vigor desde el [DD.MM]AAAA hasta el [DD.MM]AAAA

–    incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA para los créditos de compromiso y desde AAAA hasta AAAA para los créditos de pago.

X Duración ilimitada

–Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA

–seguida de la fase de pleno funcionamiento.

1.7.Método(s) de ejecución presupuestaria previsto(s) 23  

X Gestión directa a cargo de la Comisión

– por sus servicios, incluido su personal en las Delegaciones de la Unión;

–    por las agencias ejecutivas.

 Gestión compartida con los Estados miembros

 Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

– terceros países o los organismos que estos hayan designado;

– organizaciones internacionales y sus agencias (especificar);

– el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones;

– Los organismos a que se hace referencia en los artículos 70 y 71 del Reglamento Financiero;

– organismos de Derecho público;

– organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;

– organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;

– organismos o personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del TUE, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.

–Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.

Observaciones

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Normas en materia de seguimiento e informes

Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones.

2.2.Sistema(s) de gestión y de control

2.2.1.Justificación del / de los modo(s) de gestión, del/ de los mecanismo(s) de aplicación de la financiación, de las modalidades de pago y de la estrategia de control propuestos

2.2.2.Información relativa a los riesgos identificados y al / a los sistema(s) de control interno establecidos para atenuarlos

2.2.3.Estimación y justificación de la relación coste/beneficio de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre)

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo, en la estrategia de lucha contra el fraude.

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

·Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

·Nuevas líneas presupuestarias solicitadas

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

3.2.Incidencia financiera estimada de la propuesta en los créditos

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los créditos de operaciones

–    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones.

–    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

Esta sección debe rellenarse utilizando los «datos presupuestarios de carácter administrativo» que deben introducirse primero en el anexo de la ficha financiera legislativa (anexo V de las normas internas), que se carga en DECIDE a efectos de consulta entre servicios.

En millones EUR (al tercer decimal)

En millones EUR (al tercer decimal)

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

–    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones.

–    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)

3.2.3.Resumen de la incidencia estimada en los créditos administrativos

–    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de carácter administrativo

–    La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de carácter administrativo, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la DG ya asignados a la gestión de la acción y/o reasignados dentro de la DG, que se complementarán, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

3.2.3.1.Necesidades estimadas de recursos humanos

–    La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

–    La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en equivalencia de jornada completa

XX es la política o título en cuestión.

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

La propuesta/iniciativa:

–    puede ser financiada en su totalidad mediante una reasignación dentro de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual (MFP).

–    requiere el uso de los márgenes no asignados con cargo a la rúbrica correspondiente del MFP o el uso de instrumentos especiales tal como se definen en el Reglamento del MFP.

–    requiere una revisión del MFP.

3.2.5.Contribución de terceros

La propuesta/iniciativa:

–    no prevé la cofinanciación por terceros

–    prevé la cofinanciación por terceros que se estima a continuación:

Créditos en millones EUR (al tercer decimal)

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

–    La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

–    La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:

(a)    en los recursos propios

(b)    en otros ingresos

(c)indíquese si los ingresos se asignan a líneas de gasto    

En millones EUR (al tercer decimal)

En el caso de los ingresos afectados, especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercutan.

Otras observaciones (por ejemplo, método/fórmula utilizado/utilizada para calcular la incidencia en los ingresos o cualquier otra información).

(1)    Comisión Europea 2022). Costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las pymes: Una actualización y un complemento Informe final  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70a486a9-b61d-11ec-b6f4-01aa75ed71a1  

(2)    COM(2005) 702 final. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social - Superación de los obstáculos con que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el mercado interior en materia de impuesto de sociedades - Esbozo de una posible aplicación de un régimen piloto de imposición según las normas del Estado de origen [...] {SEC (2005) 1785}

(3)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital COM(2020) 103 final.

(4)    La Directiva sobre morosidad será sustituida por un Reglamento que dotará a las pymes de una norma europea sobre conducta empresarial responsable aplicable en el mercado único en su conjunto.

(5)    La Directiva sobre morosidad será sustituida por un Reglamento que dotará a las pymes de una norma europea sobre conducta empresarial responsable aplicable en el mercado único en su conjunto.

(6)    Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).

(7)    Comisión Europea 2022). Costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las pymes: Una actualización y un complemento Informe final  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70a486a9-b61d-11ec-b6f4-01aa75ed71a1  

(8)

   Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.

(9)    DO C de, , p. .

(10)    DO C de, , p. .

(11)    Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo

(12)    Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

(13)    Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(14)    Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).

(15)    DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(16)    Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

(17)

   Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea (DO L 265 de 14.10.2017, p. 1).

(18)    Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

(19)    Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

(20)    Directiva... [DO: Insértese el número, la fecha, el título y la referencia del DO de dicha Directiva].

(21)

   Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(22)    Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.

(23)    Los pormenores sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/ES/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  

(24)    Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).

(25)    Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).

(26)    CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.

(27)    AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.

(28)    Países candidatos y, en su caso, candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

(29)    El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Sustitúyase «N» por el primer año de ejecución previsto (por ejemplo: 2021). Lo mismo para los años siguientes.

(30)    Según la nomenclatura presupuestaria oficial.

(31)    Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(32)    Los resultados son los productos y los servicios que van a suministrarse (por ejemplo: número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).

(33)    Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)…»

(34)    Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

(35)    AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD = joven profesional en delegación.

(36)    Subtecho para el personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).

(37)    El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. Sustitúyase «N» por el primer año de ejecución previsto (por ejemplo: 2021). Lo mismo para los años siguientes.

(38)    Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 20 % de los gastos de recaudación.

COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 12.9.2023

COM(2023) 528 final

ANEXOS

de la

Directiva del Consejo

por la que se establece un sistema de la imposición en la sede destinado a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas,


y por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE

{SEC(2023) 308 final} - {SWD(2023) 301 final} - {SWD(2023) 302 final} - {SWD(2023) 303 final}

ANEXO I
Lista de las entidades jurídicas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra a), sujetas directamente a un impuesto sobre beneficios o a cualquier otro impuesto de características similares

a)las sociedades constituidas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), y la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, y las sociedades cooperativas incorporadas en virtud del Reglamento (CE) n.º 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), y la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores;

b)las sociedades de Derecho belga denominadas: «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», las entidades de Derecho público que adopten alguna de las formas jurídicas acabadas de mencionar, así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho belga sujetas al impuesto sobre sociedades belga;

c)las sociedades de Derecho búlgaro denominadas: «събирателно дружество», «командитно дружество», «дружество с ограничена отговорност», «акционерно дружество», «командитно дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия» constituidas con arreglo al derecho búlgaro y que ejercen actividades comerciales;

d)las sociedades de Derecho checo denominadas: «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;

e)las sociedades de Derecho danés denominadas: «aktieselskab» y «anpartsselskab». Otras sociedades sujetas a imposición en virtud de la Ley relativa al impuesto sobre sociedades, siempre y cuando su renta imponible se calcule y grave conforme a las disposiciones generales en materia tributaria aplicables a «aktieselskaber»;

f)las sociedades de Derecho alemán denominadas: «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho alemán sujetas al impuesto sobre sociedades alemán;

g)las sociedades de Derecho estonio denominadas: «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

h)las sociedades constituidas o reconocidas de conformidad con el Derecho irlandés, las entidades registradas bajo el régimen de la Industrial and Provident Societies Act, las «building societies» constituidas al amparo de las «Building Societies ACTS» y «trustee savings banks» según se definen en la «Trustee Savings Banks Act» de 1989;

i)las sociedades de Derecho helénico denominadas: «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)», así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho helénico sujetas al impuesto sobre sociedades helénico;

j)las sociedades de Derecho español denominadas: «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», así como las entidades de derecho público que operen en régimen de derecho privado. Otras entidades constituidas con arreglo al Derecho español sujetas al impuesto sobre sociedades español;

k)las sociedades de Derecho francés denominadas: «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d’assurances mutuelles», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» que están sujetas automáticamente al impuesto de sociedades, «coopératives», «unions de coopératives», los establecimientos y empresas públicos de carácter industrial y comercial, así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho francés sujetas al impuesto sobre sociedades francés;

l)las sociedades de Derecho italiano denominadas: «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», y las entidades públicas y privadas cuya actividad sea íntegra o principalmente de carácter comercial;

m)en virtud del Derecho chipriota: «εταιρείες» según se definen en la Ley del impuesto sobre la renta;

n)las sociedades de Derecho letón denominadas: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

o)las sociedades constituidas con arreglo al Derecho lituano;

p)las sociedades de Derecho luxemburgués denominadas: «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho luxemburgués sujetas al impuesto sobre sociedades luxemburgués;

q)las sociedades de Derecho húngaro denominadas: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

r)las sociedades de Derecho maltés denominadas: «Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;

s)las sociedades de Derecho neerlandés denominadas: «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt», así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho neerlandés sujetas al impuesto sobre sociedades neerlandés;

t)las sociedades de Derecho austriaco denominadas: «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho austriaco sujetas al impuesto sobre sociedades austriaco;

u)las sociedades de Derecho polaco denominadas: «Spółka akcyjna», «spółka z ograniczonand odpowiedzialnościand», «spółka komandytowo-akcyjna»;

v)las sociedades mercantiles o las sociedades civiles con objeto mercantil, las cooperativas y las empresas públicas constituidas de conformidad con el Derecho portugués;

w)las sociedades de Derecho rumano denominadas: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată», «societăți în nume colectiv», «societăți în comandită simplă»;

x)las sociedades de Derecho esloveno denominadas: «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;

y)las sociedades de Derecho eslovaco denominadas: «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným»’, ‘«komanditná spoločnosť»;

z)las sociedades de Derecho finlandés denominadas: «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» y «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;

aa)las sociedades de Derecho sueco denominadas: «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag», «försäkringsföreningar»;

bb)las sociedades de Derecho croata denominadas: «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», así como otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho croata sujetas al impuesto sobre los beneficios croata.

ANEXO II
Lista de las entidades jurídicas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra a), sujetas a un impuesto sobre beneficios a nivel de los propietarios o a cualquier otro impuesto de características similares

a)Bélgica: la société en nom collectif / de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée / de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

b)Bulgaria събирателно дружество, командитно дружество;

c)República Checa: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

d)Dinamarca: interessentskaber, kommanditselskaber;

e)Alemania: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

f)Estonia: täisühing, usaldusühing;

g)Irlanda: partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

h)Grecia: η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

i)España: sociedad cooperativa, sociedad en comandita simple;

j)Francia: la société en nom collectif, la société en commandite simple;

k)Croacia: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;

l)Italia: la società in nome collettivo, la societá in accomandita semplice;

m)Chipre: Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

n)Letonia: pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;

o)Lituania: tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

p)Luxemburgo: la société en nom collectif, la société en commandite simple;

q)Hungría: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;

r)Malta: soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet — partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;

s)Países Bajos: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

t)Austria: die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

u)Polonia: spółka jawna, spółka komandytowa;

v)Portugal: sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

w)Rumanía: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;

x)Eslovenia: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

y)Eslovaquia: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

z)Finlandia: avoin yhtiö/ öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

aa)Suecia: handelsbolag, kommanditbolag.

ANEXO III
Lista de impuestos sobre beneficios, aplicados directamente o a nivel de los propietarios, o cualquier otro impuesto de características similares a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c)

a)impôt des sociétés / vennootschapsbelasting en Bélgica,

b)Корпоративен данък en Bulgaria,

c)daň z příjmů právnických osob en la República Checa,

d)selskabsskat en Dinamarca,

e)Körperschaftssteuer en Alemania,

f)tulumaks en Estonia,

g)corporation tax en Irlanda,

h)φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα en Grecia,

i)impuesto sobre sociedades en España,

j)impôt sur les sociétés en Francia,

k)porez na dobit en Croacia,

l)imposta sul reddito delle società en Italia,

m)φόρος εισοδήματος en Chipre,

n)uzņēmumu ienākuma nodoklis en Letonia,

o)pelno mokestis en Lituania,

p)impôt sur le revenu des collectivités en Luxemburgo,

q)társasági adó, osztalékadó en Hungría,

r)taxxa fuq l-income en Malta,

s)vennootschapsbelasting en los Países Bajos,

t)Körperschaftssteuer en Austria,

u)podatek dochodowy od osób prawnych en Polonia,

v)imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas en Portugal,

w)impozit pe profit en Rumanía,

x)davek od dobička pravnih oseb en Eslovenia,

y)daň z príjmov právnických osôb en Eslovaquia,

z)yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlandia,

aa)statlig inkomstskatt en Suecia.

ANEXO IV
Respecto de las entidades jurídicas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra a),
por impuesto sobre beneficios a nivel de los propietarios se entenderá:

El impuesto sobre la renta de las personas físicas a nivel de los propietarios de las entidades enumeradas en el anexo II, o cualquier otro impuesto de características similares que grave la renta de las empresas.