—

Vista su Decisión, de 10 de marzo de 2022, sobre la constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE 2) (1), y su Decisión, de 14 de febrero de 2023, por la que se modifica la citada Decisión de 10 de marzo, y se adapta su denominación y competencias (2),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2022, sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación (3) (en lo sucesivo, «informe ING1»),

—

Visto el curso dado por la Comisión a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución de 9 de marzo de 2022,

—

Visto el documento titulado «Una Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa — Por una Unión Europea que proteja a sus ciudadanos, defienda sus valores e intereses y contribuya a la paz y la seguridad internacionales», aprobado por el Consejo el 21 de marzo de 2022 y refrendado por el Consejo Europeo el 24 de marzo de 2022,

—

Vista su Recomendación, de 23 de noviembre de 2022, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la nueva estrategia de la Unión para la ampliación (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2022, titulada «Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 — La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2022)0500),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2022, sobre la reducción del espacio de acción de la sociedad civil en Europa (5),

—

Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2022, sobre las sospechas de corrupción en relación con Qatar y la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones europeas (6),

—

Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda de terceros en su contra (7),

—

Vista su Recomendación, de 13 de marzo de 2019, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo de hacer un balance del seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros (8),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre los medios de comunicación europeos en la Década Digital: un plan de acción para apoyar la recuperación y la transformación (9),

—

Vistos los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular su artículo 20,

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (10),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 27 de abril de 2022, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública») (COM(2022)0177),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de diciembre de 2020, sobre el Plan de Acción para la Democracia Europea (COM(2020)0790),

—

Vista la propuesta, de 16 de septiembre de 2022, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y se modifica la Directiva 2010/13/UE (COM(2022)0457),

—

Visto el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y en particular sus propuestas 27 y 37,

—

Visto el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación reforzado de 2022,

—

Visto el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (11),

—

Vista la Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la resiliencia de las entidades críticas y por la que se deroga la Directiva 2008/114/CE del Consejo (12) (Directiva REC),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 18 de octubre de 2022, de Recomendación del Consejo sobre un enfoque coordinado de la Unión para reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas (COM(2022)0551),

—

Vistas la propuesta de la Comisión, de 25 de noviembre de 2021, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política (COM(2021)0731) y las enmiendas a dicha propuesta, adoptadas por el Parlamento el 2 de febrero de 2023  (13),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 25 de noviembre de 2021, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (COM(2021)0734),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823) (Directiva SRI 2),

—

Visto el Informe Especial 05/2022 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), de 29 de marzo de 2022, titulado «Ciberseguridad de las instituciones, órganos y organismos de la UE: En general, el nivel de preparación no es proporcional a las amenazas»,

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 22 de marzo de 2022, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión (COM(2022)0122),

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 20 de mayo de 2021, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio (14),

—

Vista la declaración conjunta, de 5 de diciembre de 2022, del Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología,

—

Visto el informe anual del TCE sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2021,

—

Visto el Código europeo de estándares para organizaciones de verificación independientes, publicado por la European Fact-Checking Standards Network en agosto de 2022,

—

Vistos los artículos 54 y 207 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe (intermedio) de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, y sobre el Refuerzo de la Integridad, la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el Parlamento Europeo (ING2) (A9-0187/2023),

A.

Considerando que, el 9 de marzo de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución en la que formula sus recomendaciones sobre la base del informe de la primera Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación; que en este informe, entre otras recomendaciones, se pedía la adopción de una estrategia coordinada contra la injerencia extranjera; que la Comisión elaboró un documento en el que daba curso a esas recomendaciones, sugiriendo, entre otros puntos, que dicha estrategia ya existe de facto en forma de diferentes tipos de coordinación interinstitucional;

B.

Considerando que el Parlamento Europeo es el único órgano entre las instituciones de la Unión que es elegido de forma directa y que está a la vanguardia del debate político en la Unión sobre la lucha contra las injerencias extranjeras, la manipulación de la información y las amenazas híbridas en nuestras democracias, incluidas las instituciones de la Unión; que ciertos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que el Parlamento es objeto de diversas y agresivas campañas de injerencia extranjera;

C.

Considerando que la presidenta de la Comisión anunció en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2022 que la Comisión presentaría un paquete de Defensa de la Democracia, cuya aprobación está prevista para el segundo trimestre de 2023; que este paquete incluiría una propuesta legislativa para proteger las democracias de entidades de terceros países que ejercen actividades en la Unión que pueden afectar a la opinión pública y la esfera democrática, una revisión de las acciones en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea, así como medidas sobre elecciones seguras y resilientes, que comprenderían, entre otras, medidas en materia de ciberseguridad de los procesos electorales;

D.

Considerando que el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior codirigieron un ejercicio conjunto titulado «EU Integrated Resolve 2022», cuyo objetivo era poner a prueba la respuesta de la Unión ante campañas híbridas;

E.

Considerando que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania comenzó con una guerra de información cuidadosamente planificada y ejecutada de manera agresiva, que fue seguida de una invasión militar a gran escala el 24 de febrero de 2022; que Rusia utiliza una gama de diferentes métodos de injerencia, integrados en una estrategia más amplia dirigida a dañar, confundir, asustar, debilitar y dividir a los Estados miembros de la Unión y su vecindad; que los Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo campañas de comunicación eficaces de prebunking («vacunación» que predispone a poder refutar información falsa antes de que se difunda) con anterioridad a la invasión rusa a gran escala de Ucrania, que implicaron un uso público sin precedentes de la inteligencia fiable de que se disponía a fin de contrarrestar el relato del Kremlin y arrojar luz sobre la mentiras del Gobierno ruso y los agentes conexos; que Rusia ha estado llevando a cabo durante años campañas de desinformación, ciberataques, captaciones de élites y ataques destinados a reescribir la historia, en un intento de preparar el terreno sobre el que apuntalar su invasión de Ucrania;

F.

Considerando que se espera que los servicios del Parlamento realicen esfuerzos significativos para dar seguimiento a las recomendaciones adoptadas el 9 de marzo de 2022, en particular en el marco de la preparación de las elecciones europeas de 2024; que el grupo de trabajo del Parlamento sobre desinformación ha recibido el encargo de coordinar el trabajo de las distintas direcciones generales del Parlamento Europeo y de cooperar con otras instituciones de la Unión en relación con un conjunto de acciones emprendidas, en particular, en los siguientes ámbitos: conciencia situacional, desarrollo de resiliencia, prebunking y contribución a un espacio de la información sano, y mitigación;

G.

Considerando que el Parlamento respalda de forma proactiva la democracia parlamentaria en un conjunto de países no pertenecientes a la Unión, también a través de las acciones del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral; que la vecindad inmediata de la Unión reviste una especial importancia en este sentido;

H.

Considerando que los países en vías de adhesión a la Unión se enfrentan a problemas derivados de injerencias extranjeras malignas y campañas de desinformación; que acontecimientos pasados han demostrado que la no ampliación tiene un coste estratégico enorme; que los Balcanes Occidentales son una zona de competencia estratégica y geopolítica y que algunos de sus países son propensos a la desestabilización, lo que supone una amenaza para la seguridad y la estabilidad de nuestro continente; que terceros países están aprovechando estas vulnerabilidades, también a través de inversiones estratégicas y campañas de desinformación; que la estabilidad, la seguridad y la resiliencia democrática de los países en vías de adhesión están inextricablemente vinculadas a la propia seguridad, estabilidad y resiliencia democrática de la Unión;

I.

Considerando que el objetivo de esas campañas de injerencia en los Balcanes Occidentales es influir negativamente en la creciente orientación euroatlántica y en la estabilidad de cada país en particular, y cambiar así la orientación de la región en su conjunto; que Rusia utiliza su influencia en Serbia para tratar de desestabilizar e interferir en Estados soberanos vecinos: en Bosnia a través de la República Srpska, en Montenegro a través de los sentimientos proserbios del país y la Iglesia ortodoxa serbia, y en Kosovo explotando y avivando los conflictos existentes en el norte de Kosovo; que, por lo tanto, Rusia todavía tiene una influencia notable en los Balcanes Occidentales, con el poder de interferir en los intentos regionales de reconciliación, integración y reforma hacia la democratización;

J.

Considerando que iniciativas como el proyecto RADAR, de la Asociación de Estudios Políticos Transeuropeos (TEPSA, un consorcio paneuropeo de universidades e institutos de investigación punteros), financiado por la Unión, tienen por objetivo concienciar a los ciudadanos sobre la desinformación y aportar una plataforma pública para el debate, y que el proyecto citado se centra en especial en los jóvenes, a fin de empoderar sus voces, reforzar su participación en la sociedad civil y mejorar su educación por lo que respecta al pensamiento crítico y la alfabetización mediática;

K.

Considerando que se necesita un enfoque holístico que abarque nuestras sociedades en su conjunto a la hora de educar y formar a los ciudadanos europeos de todas las edades, incluida formación específica para las personas en edad de trabajar y en las escuelas, con el fin de que detecten y sean resilientes ante posibles operaciones de desinformación y manipulaciones de información; que debe establecerse una estrategia para mostrar de forma preventiva a los usuarios de internet vídeos y contenidos sobre las tácticas que subyacen a la desinformación, que tengan el potencial de hacerlos más conscientes y resilientes frente a la información errónea y la desinformación y de aumentar la resiliencia de los grupos de población vulnerables; que la concienciación pública y el diálogo constante con los medios de comunicación son fundamentales a este respecto; que el elemento central del éxito de la comunicación contra la desinformación es la confianza en las instituciones responsables de la comunicación;

L.

Considerando que el antisemitismo contemporáneo adopta múltiples formas, incluidos el discurso de odio en línea y el resurgimiento de nuevas teorías conspiratorias, y que la Unión ha establecido, en el marco de la Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía (2021-2030), su compromiso en favor un futuro libre de antisemitismo dentro y fuera de la Unión;

M.

Considerando que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel esencial de vigilancia, son fundamentales en la creación de resiliencia democrática desde dentro y en la protección de la democracia, y respaldan la lucha contra las infracciones del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyen activamente al fomento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales sobre el terreno; que, en concreto, las OSC realizan una labor importante a la hora de detectar y combatir las injerencias extranjeras en procesos democráticos; que las OSC desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la autorregulación, lo que permite la creación de normas de la industria para luchar contra la desinformación, en particular en ámbitos en los que cualquier acción estatal puede generar desconfianza; que cuando se refuerza aún más la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en los procesos democráticos, la democracia en su conjunto se escuda mejor frente al riesgo de injerencias extranjeras;

N.

Considerando que las OSC, los grupos de reflexión, los gabinetes de consultoría, las fundaciones y las propias empresas no son inmunes a sufrir tales injerencias y, en algunos casos, pueden servir como vehículo, herramienta o vector de influencia por parte de agentes malintencionados, incluidos agentes de terceros países, patrocinando o instigando directamente injerencias extranjeras e influyendo en los responsables políticos; que la transparencia es clave a la hora de garantizar que estos agentes no se conviertan ni se utilicen como plataformas de injerencia extranjera y que, por lo tanto, deben respetarse y examinarse normas claras sobre su influencia; que algunos Estados miembros de la Unión han intentado aplicar mecanismos para controlar la financiación gubernamental extranjera de las OSC, especialmente por parte de Rusia y de China;

O.

Considerando que el apoyo de la Unión a las OSC a través del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) ha intensificado los esfuerzos para respaldar a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones locales más pequeñas, que se enfrentan a limitaciones especiales; que determinados Estados miembros, a través de los programas nacionales de recuperación y resiliencia, han proporcionado financiación para el desarrollo de capacidades de verificación de datos y lucha contra la desinformación;

P.

Considerando que, si bien están disponibles algunos recursos financieros, incluidos ciertos proyectos exitosos a partir de fondos y programas de la Unión, la financiación de las OSC y los medios de comunicación está, por lo general, fragmentada, se basa en proyectos y procede a menudo de terceros países; que los procedimientos de solicitud de financiación deben ser transparentes y accesibles; que el Tribunal de Cuentas ha concluido que la falta de una estrategia coherente de alfabetización mediática en la Unión que incluya el tratamiento de la desinformación y la fragmentación de las acciones de la Unión diluye el impacto de los proyectos de alfabetización mediática, y que muchos de esos proyectos no demostraron una escala y un alcance suficientes;

Q.

Considerando que el periodismo basado en hechos desempeña un papel clave en una sociedad democrática, defendiendo los principios de veracidad, precisión, imparcialidad, honradez e independencia; que la libertad de expresión y la libertad de información son derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que el sensacionalismo de los medios de comunicación tiene un efecto pernicioso en la fiabilidad de la información accesible al público y el panorama de los medios de comunicación;

R.

Considerando que los denunciantes de irregularidades, los periodistas, los activistas de las OSC y los defensores de los derechos humanos se enfrentan cada vez más a intimidaciones, vigilancia intrusiva y piratería informática, acosos y amenazas, incluidas amenazas legales y litigios abusivos; que deben contar con el apoyo de la Unión y sus instituciones; que las demandas estratégicas contra la participación pública, incluidas las interpuestas por autoridades de terceros países contra nacionales de la Unión o contra entidades establecidas en la Unión, constituyen una grave amenaza para la democracia y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de información, ya que constituyen un medio para impedir a los periodistas y los activistas, así como a agentes de la sociedad civil en general, manifestarse sobre cuestiones de interés público y para penalizarlos por ello, y generan así un efecto disuasorio sobre todas las voces críticas reales o potenciales;

S.

Considerando que en la Unión hay casos de periodistas cuya vida se ve amenazada a consecuencia de sus investigaciones en asuntos de interés público; que se sospecha que potencias extranjeras interfieren en la Unión y han desplegado medidas represivas en territorios dentro de la Unión para silenciar a periodistas que desean informar sobre actos delictivos y denunciarlos; que, un ejemplo de esa situación es la estrategia de hostigamiento judicial que está ejerciendo el Reino de Marruecos contra el periodista español Ignacio Cembrero; que algunos periodistas y defensores de los derechos humanos a los que se ha concedido asilo en la Unión siguen siendo objeto de persecuciones, acoso, violencia e intentos de asesinato; que los Estados miembros deben garantizar su seguridad y que puedan continuar con su trabajo;

T.

Considerando que la disminución de la eficacia de la manipulación de información maliciosa, y en particular sus efectos sobre el funcionamiento de los procesos democráticos, constituye una cuestión de interés público; que la desinformación reduce la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar libremente en los procesos democráticos; que esta situación se acentúa aún más con el rápido desarrollo de nuevos tipos de medios de comunicación; que, según el Media Pluralism Monitor de 2022, ningún país tiene un riesgo bajo en el indicador de viabilidad de los medios, lo que refleja las amenazas económicas existentes para el pluralismo de los medios; que los medios informativos que operan en mercados más pequeños, como los medios de comunicación locales, regionales y especializados, afrontan desafíos adicionales ya que cuentan con unos ingresos limitados, y son cada vez menos viables si utilizan los modelos empresariales comerciales actuales y no pueden aplicar nuevos modelos de la misma manera en que lo hacen los medios que operan en mercados más grandes; que, además, algunos Estados miembros, que Rusia considera su esfera de influencia, están más expuestos a riesgos geopolíticos derivados de la injerencia del Kremlin en su espacio de información;

U.

Considerando que el fomento de la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación y la alfabetización mediática es una de las propuestas ciudadanas recogidas en el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, publicado el 9 de mayo de 2022, en el cual los ciudadanos piden a la Unión concretamente que aborde las amenazas para la independencia de los medios de comunicación mediante el establecimiento de unas normas mínimas a escala de la Unión, así como que defienda y apoye unos medios de comunicación libres, plurales e independientes, que intensifique la lucha contra la desinformación y la injerencia extranjera y que garantice la protección de los periodistas; que el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa también contenía llamamientos para crear un organismo de la Unión encargado de abordar y combatir la desinformación y la injerencia específicas, mejorar la cooperación de las autoridades nacionales de ciberseguridad y la legislación y las directrices para las plataformas en línea y las empresas de redes sociales a fin de abordar las vulnerabilidades en materia de desinformación;

V.

Considerando que la integridad del mercado interior de los servicios de medios de comunicación puede quedar comprometida y la polarización de la sociedad fomentada por los proveedores de medios de comunicación que practican de forma sistemática la desinformación, incluidas la manipulación de la información y las injerencias por parte de proveedores de servicios de medios de comunicación controlados por Estados y financiados por países de fuera de la Unión, como China, Rusia y Turquía; que un entorno mediático altamente concentrado y controlado por el Gobierno puede conducir a una autocracia informativa, donde el Estado o agentes extranjeros aliados malintencionados pueden ejercer fácilmente una influencia mediante la manipulación de la información;

W.

Considerando que China ha invertido casi 3 000 000 000 EUR en empresas europeas de medios de comunicación en los últimos diez años, sin que haya habido una respuesta adecuada por parte de la Unión y sus Estados miembros; que el ejemplo de China podría ser seguido por otros Estados con ideologías políticas autoritarias similares, lo que conlleva riesgos considerables para la integridad de las democracias europeas y de injerencia de otros países en los asuntos internos de la Unión; que varios Institutos Confucio chinos gestionados por el Estado, que difunden propaganda e interfieren en instituciones académicas, siguen funcionando en la Unión; que los medios de radiodifusión chinos representan y difunden la ideología del Partido Comunista Chino; que las cuentas de bots chinos son cada vez más activas en los medios y las redes sociales y están al servicio de las necesidades de las autoridades chinas;

X.

Considerando que EU DisinfoLab descubrió recientemente una operación masiva dirigida contra instituciones internacionales, en particular en Bruselas y Ginebra, y al servicio de los intereses indios, en la que participaron cientos de medios de comunicación falsos y docenas de ONG creadas por el Gobierno;

Y.

Considerando que solo algunos Estados miembros de la Unión disponen de mecanismos de control de las inversiones extranjeras en medios de comunicación; que es de interés público conocer la estructura de propiedad efectiva de los medios de comunicación;

Z.

Considerando que sigue habiendo importantes deficiencias estructurales que facilitan la manipulación de la información a través de las plataformas en línea; que el modelo de negocio de las plataformas en línea se basa en algoritmos que promueven la publicidad y el contenido extremista y divisorio, de forma que más participación significa más ingresos publicitarios, y que el impulso a la participación favorece las opiniones divisorias y extremistas en detrimento de la información basada en los hechos; que, por lo tanto, las plataformas en línea están diseñadas de una manera que contribuye a amplificar teorías conspiratorias y la desinformación; que, además, estas plataformas en línea mundiales han tenido un gran impacto disruptivo en la viabilidad económica del sector de los medios de comunicación europeos, puesto que dominan el mercado de la publicidad y, por lo tanto, repercuten en los modelos de negocio de los medios de comunicación;

AA.

Considerando que, a pesar de que el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación fue reforzado, persisten muchos problemas estructurales, como la falta de normas vinculantes y la disposición por la cual las empresas pueden elegir sus propios compromisos, lo que en última instancia impide que el Código sea una herramienta exitosa;

AB.

Considerando que las tecnologías de inteligencia artificial (IA), en rápida evolución, podrían tener consecuencias potencialmente graves que podrían permitir a agentes malintencionados generar y difundir más contenidos de desinformación, más baratos y a mayor velocidad; que países de todo el mundo que carecen de recursos para hacer frente a este reto podrían enfrentarse a efectos especialmente devastadores;

AC.

Considerando que la propuesta de la Comisión sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política pretende abordar estos problemas estructurales en el contexto de la publicidad política;

AD.

Considerando que las plataformas han desarrollado diversas iniciativas para combatir la desinformación en línea, diseñando campañas de prebunking para informar a los usuarios de los peligros de la desinformación mediante advertencias y desmentidos preventivos en relación con alegaciones falsas realizadas mediante campañas de información errónea y de desinformación llevadas a cabo por actores malintencionados; que el efecto de estas iniciativas no puede evaluarse por completo debido a la ausencia de análisis independientes o institucionalizados por parte de investigadores que tengan pleno acceso a los datos;

AE.

Considerando que la mayoría de los contenidos en lenguas distintas del inglés no se comprueban todavía, puesto que las plataformas no emplean aún un número suficiente de revisores y verificadores de datos capaces de desempeñar su cometido en otras lenguas, en especial en lenguas minoritarias de países gravemente afectados por la desinformación; que las plataformas en línea deben garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión y la libertad de información;

AF.

Considerando que, desde su adquisición por Elon Musk, Twitter ha introducido una política de crisis en materia de desinformación con arreglo a la cual la empresa adoptaría medidas contra los tuits que contuvieran alegaciones falsas y engañosas sobre el uso de la fuerza y las armas, y respondería dando prioridad a los tuits de cuentas de medios de comunicación vinculados al Estado e incluiría una nota de advertencia de que el tuit en cuestión ha violado la política de la empresa de crisis en materia de desinformación, pero que este enfoque fue cancelado parcialmente el 23 de noviembre de 2022; que la empresa ha despedido al personal de todos los departamentos responsables de detectar, clasificar o responder a la desinformación, incluida la mayoría de los moderadores de contenidos y los equipos específicos de cada país, y ha restablecido más de 60 000 cuentas que, según comprobaciones anteriores, habían infringido las normas de la plataforma al compartir desinformación, colaborar en acosos o abusos o llevar a cabo estafas; que, desde la adquisición, ha habido un aumento del contenido abusivo de alrededor del 40 %; que ha habido reiteradas e intolerables suspensiones de cuentas de periodistas y medios de comunicación sin una justificación concreta;

AG.

Considerando que diversos informes de medios de comunicación sobre documentos internos han suscitado dudas sobre la neutralidad política de los esfuerzos de la empresa por aplicar sus políticas contra la injerencia extranjera y la desinformación en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020, y sobre si esos esfuerzos constituyen también una forma de injerencia en el debate político y social más amplio en torno a las elecciones, ya que decenas de correos electrónicos internos revelaron que los principales partidos de los Estados Unidos utilizaban métodos destinados a contrarrestar la desinformación y la incitación al odio para controlar al electorado; que sigue sin estar claro cómo se desarrollará Twitter en un futuro próximo, debido a las preocupantes declaraciones y decisiones adoptadas por su nueva alta dirección;

AH.

Considerando que la información errónea y la desinformación en materia sanitaria representa una amenaza grave para la salud pública, puesto que socava la confianza del público en la ciencia, las instituciones públicas, las autoridades y el personal médico, además de generar hostilidad hacia ellos, y fomenta teorías conspirativas; que dicha desinformación puede poner en peligro la vida cuando disuade a las personas de seguir tratamientos médicos recomendados, incluidas las vacunas, o promueve tratamientos falsos; que, durante la pandemia de la COVID-19, el porcentaje de contenidos relacionados con la COVID-19 que no se abordaron, después de haber sido verificados y de hallar que consistían en información errónea o en desinformación, ascendió al 20 % en alemán y español, al 47 % en francés y al 84 % en italiano; que algunas lenguas minoritarias se han visto aún más afectadas;

AI.

Considerando que las redes de bots y cuentas falsas en las plataformas de redes sociales son utilizadas por agentes malintencionados para socavar los procesos democráticos; que Meta ha eliminado dos redes originarias de China y de Rusia por infringir su política contra el comportamiento no auténtico coordinado; que la red originaria de Rusia estaba integrada por más de sesenta sitios web que se hacían pasar por sitios web legítimos de organizaciones de noticias de Europa y publicaban artículos originales que criticaban a Ucrania, apoyaban a Rusia y argumentaban que las sanciones occidentales a Rusia eran contraproducentes; que EU DisinfoLab llegó a conclusiones similares en su investigación Doppelgänger; que estos hechos representan solo la punta del iceberg y las plataformas en línea deben estar alerta y mejorar sus políticas de moderación de contenidos;

AJ.

Considerando que hay una falta de supervisión sobre plataformas como Reddit y Telegram, donde la desinformación se difunde mayormente sin comprobación; que Spotify aloja pódcasts que contienen información errónea y desinformación, en particular en los que respecta a la desinformación sobre vacunas; que algunos de ellos tienen hasta once millones de oyentes por episodio; que la empresa se ha negado a tomar medida alguna contra las cuentas que difunden estos pódcasts, ya que carece de una política de desinformación; que la Unión inició varias investigaciones sobre TikTok, en relación con la transferencia de datos de ciudadanos de la Unión a China y la publicidad dirigida a menores;

AK.

Considerando que el Reglamento de Servicios Digitales (15) entró en vigor el 16 de noviembre de 2022 y se aplicará a partir del 17 de febrero de 2024; que dicho Reglamento armoniza plenamente las normas aplicables a los servicios intermediarios en el mercado interior y contiene disposiciones específicas aplicables a las plataformas en línea de muy gran tamaño y a los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño en lo que atañe a problemas sistémicos como la desinformación y la manipulación;

AL.

Considerando que el Reglamento de Servicios Digitales establece la obligación de que las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda de muy gran tamaño lleven a cabo evaluaciones de riesgos anuales y adopten medidas para mitigar los riesgos derivados del diseño y el uso de sus servicios; que algunas disposiciones del Reglamento de Servicios Digitales deben extenderse a las plataformas más pequeñas, en las que la desinformación sigue propagándose sin obstáculos;

AM.

Considerando que el Reglamento de Servicios Digitales clasifica la desinformación y la manipulación de elecciones como riesgos sistémicos;

AN.

Considerando que los algoritmos diseñados para favorecer los modelos de negocio de las plataformas desempeñan un papel crucial en la amplificación de relatos falsos o engañosos, creando filtros burbuja que limitan o distorsionan la información disponible para los usuarios individuales; que las plataformas todavía no han hecho lo suficiente para contrarrestar esta situación; que el desarrollo, los ensayos y el funcionamiento de los algoritmos todavía adolecen de una falta de transparencia;

AO.

Considerando que las plataformas de redes sociales se utilizan como herramientas, por ejemplo, para difundir propaganda rusa que pretende justificar la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin y fomentar movimientos políticos antidemocráticos en los Balcanes; que la IA, mediante el uso malicioso de modelos lingüísticos de gran tamaño, como ChatGPT, se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante a la hora de difundir propaganda y desinformación, pero que también será crucial para descubrir y contrarrestar con mayor eficacia los relatos manipulados; que es necesario desarrollar tecnologías digitales que respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho;

AP.

Considerando que la Comisión ha creado un Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, que es parte del Centro Común de Investigación de la Comisión y está integrado principalmente por ingenieros y expertos en datos que se dedican al estudio de los algoritmos;

AQ.

Considerando que los coordinadores de servicios digitales, que son autoridades independientes nombradas por cada Estado miembro, desempeñan un papel importante y son responsables de supervisar y hacer cumplir el Reglamento de Servicios Digitales en los Estados miembros;

AR.

Considerando que la adquisición de influencia sobre infraestructuras críticas de la Unión por parte de empresas extranjeras entraña un riesgo de dependencia económica, pero también de espionaje y sabotaje; que navieras chinas han adquirido participaciones mayoritarias o importantes en más de veinte puertos europeos, por ejemplo, China Merchants Group en Francia o COSCO en los puertos de El Pireo, Amberes, Bilbao, Génova, Hamburgo, Róterdam, Valencia y Zeebrugge; que el informe ING1 pedía un marco reglamentario y de aplicación más sólido para garantizar el bloqueo de las inversiones extranjeras directas (IED) con efectos perjudiciales para la seguridad de la Unión;

AS.

Considerando que hay agentes extranjeros, predominantemente China y Rusia, pero también Irán, que están tratando activamente de infiltrarse en las cadenas de suministro y las infraestructuras críticas de Europa para robar información o conocimientos especializados mediante el espionaje, con el objeto de adquirir una ventaja competitiva o sabotear partes de esas infraestructuras a fin de alterar su funcionamiento; que ese mismo comportamiento malintencionado va acompañado de proyectos económicos y de infraestructuras en países candidatos y candidatos potenciales a la Unión; que una amenaza real cada vez mayor para los ciudadanos europeos reside en la posibilidad de espionaje y recopilación de información a través de los electrodomésticos;

AT.

Considerando que, en la Unión, la dependencia energética de Rusia ha dado lugar a enormes dificultades en materia de seguridad energética después de que Rusia comenzara su guerra de agresión contra Ucrania; que los proyectos de «capitales corrosivos» por parte de agentes extranjeros en los Estados miembros, como la central nuclear de Paks en Hungría, pueden influir en decisiones políticas; que, a pesar de la ocupación ilegal y la anexión de partes de Ucrania por parte de Rusia en 2014, muchos países de la Unión aumentaron su dependencia del gas ruso; que algunos de estos países han reducido recientemente su dependencia a prácticamente el 0 %;

AU.

Considerando que los programas de inversión para el despliegue de la tecnología 5G, como el Mecanismo «Conectar Europa» — Sector digital, así como el Programa 6G de la Empresa Común para las Redes y los Servicios Inteligentes, podrían apoyar la soberanía tecnológica y reducirán la dependencia de proveedores extranjeros en este ámbito mediante la construcción de infraestructuras seguras de 5G y capacidades de tecnología 6G; que el desarrollo de infraestructuras tecnológicas críticas para la economía europea debe reservarse a los fabricantes y desarrolladores europeos o de países afines;

AV.

Considerando que las autoridades nacionales de algunos Estados miembros han reforzado su enfoque para atajar las amenazas extranjeras para las infraestructuras críticas, como el espionaje y el sabotaje;

AW.

Considerando que la desinformación y otros tipos de manipulación de la información vician el debate público en torno a las elecciones y otros procesos democráticos y pueden impedir la toma de decisiones informadas por parte de los ciudadanos o desalentarlos por completo de participar en la política; que la desinformación en las campañas políticas es una amenaza directa para la competencia política democrática leal; que estos problemas plantean un reto de cara a las elecciones europeas de 2024;

AX.

Considerando que, en vísperas de las elecciones europeas de 2024, se espera una mayor actividad de injerencia y manipulación de la información; que las elecciones europeas son fundamentales para el funcionamiento de los procesos democráticos de la Unión Europea, ya que promueven su estabilidad y legitimidad; que, por lo tanto, debe defenderse la integridad democrática de la Unión, en particular evitando la difusión de desinformación y la influencia extranjera indebida en las elecciones europeas; que la propuesta sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política podría contribuir a establecer una prohibición de los promotores de la publicidad política procedentes de terceros países;

AY.

Considerando que unas elecciones libres y justas son una piedra angular de los países democráticos, y que los procesos electorales independientes y transparentes son necesarios para fomentar un entorno electoral competitivo y la confianza de los ciudadanos en la integridad electoral; que las garantías sistémicas de los procesos electorales están también arraigadas en los marcos jurídicos e institucionales por los que se rige la celebración de las elecciones, incluidos los órganos de gestión electoral; que la calidad y la solidez de estos marcos e instituciones democráticas son esenciales para la integridad electoral de cualquier país; que las plataformas sociales en línea son instrumentos fundamentales en la toma de decisiones electorales;

AZ.

Considerando que las injerencias en los procesos electorales pueden darse de diversas formas, bien directas o indirectas, como, por ejemplo, mediante operaciones fraudulentas con las papeletas, el bloqueo de la entrada a los colegios electorales o la coerción física para votar, la distribución de información distorsionada sobre los candidatos, la manipulación o los cambios de la fecha de las elecciones, y las campañas de desinformación en redes sociales;

BA.

Considerando que los regímenes autoritarios se han vuelto más eficaces a la hora de apropiarse de las normas e instituciones que respaldan las libertades básicas, de eludirlas y de brindar ayuda a otros que deseen hacer lo mismo; que estos regímenes han avivado y explotado la polarización, a través de representantes en terceros países y en la Unión, y han intentado distorsionar la política nacional para promover el odio, la violencia y el poder desenfrenado; que las injerencias extranjeras en los procesos electorales a menudo no tienen como objetivo exclusivo influir en resultados electorales específicos, sino socavar o destruir la confianza a largo plazo de los ciudadanos en la legitimidad de sus instituciones democráticas, así como en sus procesos democráticos;

BB.

Considerando que la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas contribuye a la protección de la integridad de las elecciones europeas;

BC.

Considerando que la Red Europea de Cooperación Electoral desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la integridad de las elecciones en la Unión; que esta red fue establecida por los servicios de la Comisión con los servicios pertinentes de los Estados miembros;

BD.

Considerando que periodistas y expertos siguen revelando casos de financiación desde fuera de la Unión de actividades políticas y políticos dentro de la Unión antes y después del 24 de febrero de 2022, lo que pone en riesgo la integridad del funcionamiento democrático de los Estados miembros de la Unión y requiere una investigación exhaustiva para exigir responsabilidades a los cómplices; que El País ha revelado la implicación del Consejo Nacional de Resistencia de Irán en la financiación de movimientos políticos de extrema derecha en la Unión Europea; que Rusia e Irán, junto con otros países como Venezuela, comparten el objetivo común de debilitar los Estados democráticos;

BE.

Considerando que los legisladores están negociando actualmente la propuesta sobre publicidad política, cuyo objetivo es complementar el Reglamento de Servicios Digitales, abordar la perniciosa fragmentación que existe actualmente en este ámbito y ayudar a reforzar nuestras democracias en Europa y nuestros procesos democráticos, permitir a los ciudadanos tomar una decisión fundada durante unas elecciones o un referéndum a través de un proceso abierto y proteger a los ciudadanos de la Unión de la desinformación, las noticias falsas, las técnicas opacas de publicidad política y las injerencias extranjeras en general; que los legisladores deben llegar a un acuerdo sobre la propuesta lo antes posible para garantizar que las nuevas normas estén en vigor antes de las elecciones europeas de 2024;

BF.

Considerando que solo en el primer semestre de 2021 se registraron en las instituciones de la Unión tantos ciberataques como en todo 2020 (16); que los casos de ataques contra instituciones nacionales y de la Unión han aumentado tras la agresión de Rusia en Ucrania, como ejemplifica un ciberataque al Parlamento Europeo durante la sesión plenaria de noviembre de 2022, que cerró el sitio web tras una votación sobre una resolución para declarar a Rusia como Estado promotor del terrorismo;

BG.

Considerando que la Unión ha intensificado de forma considerable sus esfuerzos e inversiones en materia de capacidades de ciberseguridad, en particular a través de los programas Horizonte Europa y Europa Digital; que sigue existiendo la necesidad de una ciberseguridad más eficaz respaldada por la financiación pertinente; que una infraestructura de ciberseguridad sólida podría reducir los costes de los ciberincidentes; que en la evaluación de impacto de la propuesta de ley de ciberresiliencia se estima que la iniciativa podría dar lugar a una reducción aproximada de los costes de los incidentes que afectan a las empresas de entre 180 000 000 000 y 290 000 000 000 EUR (17); que la Comisión ha reaccionado con lentitud a la hora de adoptar medidas contra la piratería informática que afecta a ciudadanos de la Unión dentro de la Unión con programas espía por parte de terceros países, incluidas figuras destacadas como jefes de Estado o comisarios; que actualmente no existe ningún plan de acción en vigor para evitar la piratería informática de ciudadanos de la Unión llevada a cabo dentro de la Unión por personas que operan desde fuera de la Unión;

BH.

Considerando que el Consejo ha adoptado recientemente la Directiva SRI 2 para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión; que la Directiva SRI 2 ha establecido la red de organizaciones de enlace nacionales para la gestión de cibercrisis (CyCLONe), que reforzará la resiliencia de los sistemas de información; que un nivel adecuado de ciberseguridad solo puede lograrse mediante la cooperación de múltiples actores de los sectores público y privado; que la Unión todavía se enfrenta a importantes dependencias en el ámbito de la ciberseguridad;

BI.

Considerando que la ciberdefensa de Ucrania requiere la acción y la cooperación de todos los socios; que las empresas de TI occidentales han prestado asistencia a Ucrania para detectar vulnerabilidades en su infraestructura; que existe una falta de capacidades técnicas dentro de la Unión para detectar vulnerabilidades en sus infraestructuras críticas; que la cooperación y el intercambio de información con socios específicos, como los EE. UU., el Reino Unido, Ucrania y Taiwán, son fundamentales para mejorar nuestra capacidad de atribuir ataques;

BJ.

Considerando que en 2021 se creó la Empresa Común para las Redes y los Servicios Inteligentes con el fin de que los agentes europeos puedan conformar las normas mundiales para la tecnología 6G; que la Comisión y las autoridades de los Estados miembros colaboran en la aplicación de la caja de herramientas cibernéticas 5G en el marco del Grupo de Cooperación sobre Redes y Sistemas de Información; que el Tribunal de Cuentas Europeo ha concluido que, desde que se adoptó la caja de herramientas 5G, se ha avanzado en el refuerzo de la seguridad de las redes 5G y que la mayoría de los Estados miembros aplican o están en el proceso de aplicar restricciones a los proveedores de alto riesgo, pero que ninguna de las medidas propuestas son legalmente vinculantes, lo que significa que la Comisión no tiene poder para hacer que se cumplan;

BK.

Considerando que ha habido casos de terceros países que transportan migrantes y solicitantes de asilo a la frontera exterior de la Unión como parte de sus estrategias híbridas de injerencia extranjera con el fin de cuestionar a la Unión y a sus Estados miembros, como en el caso de Bielorrusia contra Polonia, Lituania y Letonia en el otoño de 2021; que estos intentos de injerencia híbrida también adoptan la forma de difusión de desinformación polarizando las sociedades de la Unión y socavando los valores europeos y los derechos fundamentales;

BL.

Considerando que los migrantes, las minorías y las diásporas son utilizados frecuentemente por agentes extranjeros que orquestan campañas de desinformación a fin de explotar y amplificar prejuicios sobre la migración y avivar así tensiones en las sociedades europeas, como sucede con la diáspora ucraniana, que es víctima de campañas rusas de desinformación específicas; que las plataformas desempeñan un papel crucial en la difusión de dicha información;

BM.

Considerando que Europa está presenciando un número creciente de movimientos antigénero, dirigidos específicamente contra la salud sexual y reproductiva, los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+; que tales movimientos propagan desinformación para revertir los avances en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género; que se ha informado de que estos movimientos reciben millones de euros de financiación extranjera, tanto pública como privada, también desde Rusia y los EE. UU;

BN.

Considerando que esta instrumentalización de los migrantes y las minorías en las fronteras exteriores de la Unión pone de relieve la importancia de contar con un sistema de gestión de fronteras eficaz e integrado y de aplicar medidas operativas, financieras y diplomáticas para seguir siendo resilientes;

BO.

Considerando que el Parlamento apoya la propuesta de la Comisión de incluir disposiciones sobre la instrumentalización de los migrantes en el Código de Fronteras Schengen, lo que permitirá a los Estados miembros actuar de manera más eficaz y coordinada;

BP.

Considerando que las campañas de desinformación y propaganda rusas también influyen en la formación de opinión indirecta en Europa, concentrándose en la diáspora de habla rusa en Europa y los países vecinos; que los Estados miembros deben desempeñar un papel clave a la hora de poner a disposición de los grupos de población de habla rusa fuentes de noticias basadas en hechos, a fin de contrarrestar el discurso en favor del Kremlin; que las campañas de desinformación y propaganda rusas también se han extendido por numerosos países postsoviéticos, también en Asia Central;

BQ.

Considerando que la Fiscalía Federal belga ha abierto una investigación sobre sospechas de blanqueo de capitales, corrupción y participación en organizaciones delictivas con origen en terceros países; que desde el 9 de diciembre de 2022 se han realizado varias detenciones y registros que afectan a diputados al Parlamento Europeo actuales y antiguos, así como a personal de la institución; que estas alegaciones deben ir seguidas de medidas eficaces por parte del Parlamento y las otras instituciones de la Unión que cierren los vacíos legales relativos a la injerencia extranjera y aumenten la transparencia y la rendición de cuentas a fin de proteger la integridad de las instituciones;

BR.

Considerando que la confianza en la integridad del Parlamento y en el Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento de la democracia europea; que es esencial garantizar que los procesos democráticos no sean presa de intereses privados y externos y que se respeten plenamente los derechos de los ciudadanos; que la capacidad de los representantes de grupos de interés de influir en la toma de decisiones del Parlamento mediante argumentos es una parte esencial de la democracia europea;

BS.

Considerando que el informe ING1 ya destacaba una grave falta de normas jurídicamente vinculantes y de aplicación en relación con el registro de grupos de presión de la Unión, y que antiguos políticos y funcionarios europeos de alto nivel son con frecuencia contratados o elegidos por empresas nacionales o privadas extranjeras controladas por Estados autoritarios; que es prácticamente imposible rastrear los grupos de presión procedentes de fuera de la Unión;

BT.

Considerando que la captación de élites por parte de intereses extranjeros, facilitada por la no restricción de las «puertas giratorias» entre las instituciones de la Unión, y países autocráticos con un alto riesgo de injerencia perjudicial para los intereses democráticos de la Unión sigue representando una forma importante de injerencia extranjera en el funcionamiento democrático de la Unión Europea y puede considerarse un problema relacionado con la corrupción;

BU.

Considerando que China y Rusia han impuesto sanciones contra investigadores e instituciones de investigación europeos en razón de sus escritos o sus posiciones;

BV.

Considerando que es necesaria una mayor claridad en relación con la influencia extranjera ejercida a través de representantes de intereses a escala de la Unión, en particular en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, consultorías, fundaciones, grupos de reflexión y empresas privadas; que ello no debe impedir las actividades de divulgación normales de las embajadas; que el número de empleados de las embajadas rusas está disminuyendo en Europa, mientras que sigue aumentando en Budapest, lo que demuestra que Hungría es susceptible de las actividades de inteligencia rusas;

BW.

Considerando que los grupos de presión en nombre de intereses extranjeros, especialmente cuando afectan a empresas de sectores estratégicos y a sus gobiernos, pueden abrir la puerta a injerencias extranjeras en nuestras instituciones; que el Registro de transparencia se reforzó significativamente tras un acuerdo interinstitucional; que el refuerzo de los requisitos de transparencia para las OSC, las consultorías, las fundaciones, los grupos de reflexión y las empresas privadas podría servir para detectar injerencias extranjeras;

BX.

Considerando que se han producido varios casos de campañas de acoso e intimidación hostil contra diputados al Parlamento Europeo orquestadas y coordinadas por países extranjeros; que países como Rusia, China e Irán han impuesto prohibiciones de entrada y sanciones a diputados y órganos del Parlamento Europeo y de los Parlamentos de los Estados miembros, debido a sus críticas a las políticas de derechos humanos de sus respectivos Gobiernos;

BY.

Considerando que algunos Estados acusan falsamente a ciudadanos europeos de delitos o crímenes y los retienen en prisión con vistas a influir en las decisiones de los Estados miembros de la Unión; que actualmente hay ciudadanos detenidos y condenados sin ningún fundamento en Irán, entre ellos el ciudadano sueco Ahmadreza Djalali y siete ciudadanos franceses;

BZ.

Considerando que, en marzo de 2022, la Unión impuso sanciones a los canales de propaganda rusos Russia Today (RT) y Sputnik, suspendiendo temporalmente su actividad de radiodifusión, así como ordenando a los proveedores de acceso a internet y a los motores de búsqueda que bloqueasen el acceso y a los motores de búsqueda que desindexaran sus contenidos; que, desde la aprobación del noveno paquete de sanciones, operadores de satélites, como Eutelsat, de Francia, y SES, de Luxemburgo, han dejado de proporcionar servicios de radiodifusión en la Unión a RT y a Sputnik; que Eutelsat 36B sigue retransmitiendo programas de Russian Trikolor y NTV plus en los territorios ucranianos ocupados por Rusia; que SES sigue retransmitiendo RT News en la India, México y Sudáfrica; que otros operadores de satélites nacionales, como Hellas Sat e Hispasat, así como canales nacionales húngaros, siguen retransmitiendo canales de televisión sancionados; que RT France y RT News todavía están disponibles en línea; que la propaganda rusa es a menudo amplificada por diversos medios de comunicación internacionales, con un alcance muy amplio en determinadas regiones del mundo;

CA.

Considerando que, en clara contradicción con las sanciones impuestas por la Unión, Serbia, país candidato a la adhesión a la Unión, se ha convertido en un refugio seguro para algunas empresas rusas que intentan evitar o sortear las sanciones impuestas por la Unión, ya que, desde julio de 2022, Belgrado acoge varias oficinas de RT (anteriormente Russia Today), que ha puesto en marcha su servicio de noticias en línea en Serbia;

CB.

Considerando que la tipificación penal de la injerencia extranjera apuntaría y estigmatizaría este comportamiento malintencionado; que actualmente no existe una prohibición general de la injerencia extranjera en la Unión, lo que significa que los autores pueden perpetrarla sin temor a ser sancionados, a menos que su conducta equivalga a un delito existente; que, de conformidad con el artículo 83, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), teniendo en cuenta de la evolución de la delincuencia, el Consejo puede adoptar una decisión que determine otros ámbitos delictivos que sean especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza; que es necesario imponer sanciones y poner en marcha restricciones a los autores de injerencias extranjeras para evitar que lleven a cabo acciones en el futuro;

CC.

Considerando que la Comisión ha propuesto armonizar los delitos y las penas en los casos de violación de las sanciones de la Unión; que algunos Estados miembros han barajado la posibilidad de ampliar las competencias de la Fiscalía Europea a fin de que se ocupe de esas violaciones;

CD.

Considerando que la Unión ya ha elaborado varios actos legislativos importantes para combatir la manipulación de la información y las injerencias extranjeras malintencionadas; que existe el peligro de que marcos reglamentarios de la Unión para combatir la desinformación puedan ser copiados y utilizados de forma selectiva por otros países (autoritarios) para reprimir la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión; que no se ha llevado a cabo adecuadamente a nivel de la Unión una evaluación de la eficacia y el impacto de los instrumentos existentes para reforzar la resiliencia social; que dicha evaluación mejoraría aún más la orientación de futuras políticas y herramientas para hacer frente a las injerencias extranjeras y las amenazas híbridas;

CE.

Considerando que, a raíz de su crecimiento económico y su expansión política en la escena mundial, China está tratando de maximizar la difusión de su propaganda en el extranjero, difundiendo discursos positivos sobre el país al tiempo que intenta suprimir las voces críticas; que China está tomando el control de todos los canales de información de los medios de comunicación tradicionales en África, que siguen siendo las herramientas más utilizadas para acceder a la información en ese continente; que Rusia también está expandiendo sus operaciones de desinformación en África; que el Grupo Wagner participa directamente en estas operaciones; que estas operaciones pueden poner en peligro la seguridad de los ciudadanos europeos, así como el desarrollo de la cooperación con los Estados socios africanos;

CF.

Considerando que la Unión está adoptando un papel de liderazgo en el trabajo en el comité ad hoc de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia, en el marco de la Tercera Comisión de las Naciones Unidas, con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales y procesales de los sospechosos;

CG.

Considerando que desde la pandemia de COVID-19 ha aumentado la concienciación general sobre los peligros de la manipulación de la información y la injerencia en otros países en el mundo; que las Naciones Unidas han propuesto varias iniciativas para mejorar la gobernanza en el ámbito digital y aumentar la coherencia entre sus Estados miembros, como el Código de conducta mundial para promover la integridad de la información pública y el Pacto Digital Global;

CH.

Considerando que representantes de algunas plataformas y otras partes interesadas han reaccionado positivamente, en los debates con la Comisión Especial ING2, al establecimiento de normas mundiales, y en particular, europeas y, cuando sea posible, transatlánticas, con el fin de combatir la manipulación de la información y las injerencias extranjeras;

CI.

Considerando que las misiones y operaciones exitosas de la política exterior y de seguridad común (PESC) o la política común de seguridad y defensa (PCSD) y las delegaciones de la Unión en el extranjero son algunas de las mejores campañas de comunicación estratégica de la Unión en terceros países;

CJ.

Considerando que el Consejo aprobó la Brújula Estratégica en marzo de 2022; que la Brújula Estratégica establece que, para 2024, todas las misiones y operaciones de la PCSD o la PESC deberán estar dotadas de suficientes herramientas y recursos de comunicación estratégica para combatir la manipulación de la información y las injerencias extranjeras; que se requiere un proceso de modernización y profesionalización en la comunicación de las misiones, incluido el apoyo a iniciativas para combatir las vulnerabilidades de desinformación; que el Grupo de Trabajo de Comunicaciones Estratégicas (StratCom) del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha intensificado su cooperación con las misiones y operaciones de la PCSD para ayudarlas a detectar, analizar y comprender las campañas de manipulación de la información e injerencia extranjeras;