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Document 52023DC0610
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2023 National Reform Programme of France and delivering a Council opinion on the 2023 Stability Programme of France
Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Francia
Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Francia
COM/2023/610 final
COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 24.5.2023
COM(2023) 610 final
Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Francia
{SWD(2023) 610 final}
Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Francia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas 1 , y en particular su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos 2 , y en particular su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 3 , por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, entró en vigor el 19 de febrero de 2021. Este Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un impulso fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, contribuye a la recuperación económica y social y a la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular para promover las transiciones ecológica y digital y reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la UE y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.
(2)El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2023 4 , lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2023, en el que señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia para 2023. La Comisión adoptó también una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue adoptada el 16 de mayo de 2023 por el Consejo, así como la propuesta de Informe Conjunto sobre el Empleo de 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales y que fue adoptada por el Consejo el 13 de marzo de 2023.
(3)Aunque las economías de la UE están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la UE respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la UE.
(4)El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero emisiones netas» 5 con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la UE y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. El Plan complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la UE en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la UE, así como garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos en los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan se basa en cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso acelerado a la financiación, una mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó también la Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» 6 , estructurada en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca al crecimiento. La Comunicación establece prioridades políticas destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien enfocadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la UE y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.
(5)En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades políticas en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo igual de pertinentes también para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.
(6)El Reglamento relativo a REPowerEU 7 , adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la UE de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la UE y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuirán a alcanzar los objetivos de REPowerEU. También contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la UE, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero emisiones netas, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento relativo a REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, facilitada a los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.
(7)El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024. Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas 8 . La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 y abogó por unas políticas fiscales en 2023-2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible. Se invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán el respeto del valor de referencia del déficit del 3 % del PIB y una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales introducidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación en los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Indicó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones sobre los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas mucho mejor que en el pasado a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión propuso que las recomendaciones de política fiscal se cuantificaran y diferenciaran y se formularan sobre la base del gasto primario neto, tal como se propone en su Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE 9 . Recomendó que todos los Estados miembros deben seguir protegiendo las inversiones financiadas a escala nacional y garantizar la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura, en la primavera de 2024, de los procedimientos de déficit excesivo basados en los datos de ejecución de 2023, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
(8)El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para aplicar una reforma exhaustiva de las normas de gobernanza económica de la UE. El objetivo principal de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. Las propuestas tienen por objeto proporcionar a los Estados miembros un mayor control sobre el diseño de sus planes a medio plazo, estableciendo, a su vez, un régimen de aplicación más estricto para garantizar que los Estados miembros cumplan los compromisos adoptados en sus planes fiscales estructurales a medio plazo. El objetivo es concluir la labor legislativa en 2023.
(9)El 28 de abril de 2021, Francia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación del anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Francia 10 . El desembolso de los tramos está supeditado a una decisión de la Comisión, adoptada de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Francia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.
(10)El 11 de mayo de 2023, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 11 de mayo de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 también refleja el informe semestral de Francia sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia.
(11)La Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Francia 11 el 24 de mayo de 2023. En él se evaluaban los avances realizados por Francia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022, y se hacía balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia por parte de Francia. Sobre la base de este análisis, el informe por país señalaba las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evaluó los avances de Francia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
(12)La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo de Francia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023 12 . La Comisión llegó a la conclusión de que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública, la competitividad y el bajo crecimiento de la productividad, que tienen importancia transfronteriza, pero han mostrado algunos signos de reducción. La deuda pública ha ido disminuyendo desde el repunte del PIB en 2021, tras un aumento durante la pandemia. En 2022, varias medidas presupuestarias atenuaron significativamente el impacto de la crisis energética, pero ralentizaron la reducción de la deuda. Se prevé que la deuda siga disminuyendo este año y el próximo, pero se prevé que vuelva a experimentar una tendencia al alza a partir de entonces en ausencia de medidas políticas, que se mantenga elevada y por encima de los niveles anteriores a la pandemia y que los retos para la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo sigan siendo elevados. Las medidas adoptadas en los últimos años para mejorar el crecimiento potencial podrían ayudar a corregir el aumento previsto de la deuda pública a medio plazo. Se han adoptado varias reformas para impulsar la competitividad de costes. Ya es visible un pequeño efecto positivo en la competitividad y se espera que su impacto pleno se materialice en los próximos años. Del mismo modo, se espera que la productividad laboral se beneficie de la aplicación efectiva de las inversiones y reformas previstas. La economía francesa mostró resiliencia durante el último año, ya que la competitividad de costes se vio menos afectada por el aumento de los precios de la energía que en el resto de la zona del euro. Las exportaciones están mejorando debido a una mayor recuperación del turismo transfronterizo y del sector aeronáutico, que se vieron muy afectados por la pandemia. Si bien la deuda del sector privado aumentó durante el peor de los años de la pandemia, el aumento del endeudamiento de las empresas estuvo acompañado de aumentos del capital social y de la acumulación de reservas de liquidez. Unos tipos de interés más elevados pueden dificultar el desapalancamiento público y privado. La respuesta política ha sido favorable, pero sigue habiendo retos, centrados en la gestión de las finanzas públicas. La aplicación efectiva de las reformas recientemente adoptadas sigue siendo fundamental para seguir reduciendo las vulnerabilidades, a saber, la reforma de la gestión de las finanzas públicas y el nuevo mecanismo para llevar a cabo evaluaciones anuales del gasto público. Ambas acciones son fundamentales para seguir frenando el gasto y mantener la deuda pública en una tendencia sostenida a la baja. Además, el Gobierno ha adoptado una reforma del sistema público de pensiones que se espera que contribuya a la sostenibilidad de la deuda pública.
(13)Según los datos validados por Eurostat 13 , el déficit de las administraciones públicas de Francia disminuyó del 6,5 % del PIB en 2021 al 4,7 % en 2022, mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 112,9 % del PIB a finales de 2021 al 111,6 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe en virtud del artículo 126, apartado 3, del TFUE 14 . Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de Francia, ya que el déficit de las administraciones públicas 2022 superaba el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que la deuda de las administraciones públicas superaba el 60 % del valor de referencia establecido en el Tratado y no respetaba el valor de referencia de reducción de la deuda. El informe concluía que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. Asimismo, de conformidad con la Comunicación de 8 de marzo de 2023 15 , la Comisión no propuso iniciar nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023; a su vez, la Comisión declaró que propondrá al Consejo el inicio de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024 sobre la base de los datos de ejecución de 2023. Francia debe tenerlo en cuenta en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la preparación del proyecto de plan presupuestario para 2024.
(14)El saldo de las administraciones públicas se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar las repercusiones económicas y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, estas medidas de reducción de los ingresos incluían la reducción del impuesto nacional sobre el consumo final de electricidad (TICFE); mientras que dichas medidas de aumento del gasto incluían subvenciones directas para compensar a los proveedores de gas y electricidad por la limitación a los precios regulados del gas y la electricidad, las subvenciones para limitar el aumento de los precios del combustible para transportes al por menor y a las empresas de gran consumo energético, así como las transferencias a los hogares con bajos ingresos. El coste de estas medidas se vio parcialmente compensado por nuevos impuestos sobre los beneficios imprevistos de los productores y proveedores de energía, a saber, un impuesto excepcional de solidaridad sobre las empresas de combustibles fósiles y refinerías y un mecanismo para limitar los ingresos inframarginales del mercado procedentes de la generación de electricidad, así como los ingresos fiscales indirectos y la reducción de las subvenciones a los productores de energías renovables, como consecuencia de la brecha positiva entre el mercado y los precios de referencia de la electricidad. La Comisión estima el coste presupuestario neto de estas medidas en un 0,9 % del PIB en 2022. Al mismo tiempo, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia contra la COVID-19 se redujo al 0,5 % del PIB en 2022, frente al 2,6 % en 2021.
(15)El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Francia que utilizara en 2022 16 el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, Francia debería preservar las inversiones financiadas a escala nacional.
(16)Según las estimaciones de la Comisión, la orientación de la política fiscal 17 en 2022 fue expansiva, del – 2,0 % del PIB. Tal como recomendó el Consejo, Francia siguió apoyando la recuperación con inversiones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE ascendieron al 0,6 % del PIB en 2022 (el 0,7 % en 2021). La disminución marginal de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE en 2022 se debió a la aplicación anticipada del plan a lo largo de sus dos primeros años. Las inversiones financiadas a escala nacional tuvieron un efecto expansivo de 0,1 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal 18 . Por consiguiente, Francia preservó las inversiones financiadas a escala nacional, tal y como recomendó el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto primario corriente financiado a escala nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 1,7 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Este importante efecto expansivo incluía el impacto adicional de las medidas de política fiscal para mitigar las repercusiones económicas y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 0,8 % del PIB). Al mismo tiempo, la indexación de las pensiones, las prestaciones sociales y los salarios públicos también contribuyeron (en un 0,4 % del PIB) al crecimiento del gasto corriente primario neto. En consecuencia, Francia no limitó suficientemente el crecimiento de los gastos corrientes financiados a escala nacional. El considerable efecto expansivo de los gastos corrientes financiados a escala nacional solo se debió parcialmente a las medidas para hacer frente a las repercusiones económicas y sociales del aumento de los precios de la energía, así como a los costes relativos a la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania.
(17)El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad es favorable en 2023 y también con posterioridad a dicho año. El Gobierno prevé un aumento del PIB real del 1,0 % en 2023 y del 1,6 % en 2024. En comparación, las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión prevén un menor crecimiento del PIB real, del 0,7 % en 2023 y del 1,4 % en 2024, debido principalmente a la menor contribución al crecimiento de la demanda interna en 2023, derivada de la formación bruta de capital fijo y de las existencias, y de la demanda externa en 2024.
(18)En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que la ratio de déficit de las administraciones públicas aumente al 4,9 % del PIB en 2023. El aumento en 2023 refleja principalmente la ralentización de la actividad económica y las pérdidas de ingresos previstas. Según el Programa, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya del 111,6 % a finales de 2022, al 109,6 % a finales de 2023. Las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión contemplan un déficit público del 4,7 % del PIB en 2023. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad, debido principalmente a una mayor elasticidad fiscal prevista por la Comisión, lo que da lugar a mayores ingresos. Las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión prevén una ratio deuda pública/PIBsimilar, del 109,6 % a finales de 2023.
(19)Se prevé que el saldo de las administraciones públicas en 2023 siga viéndose afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar las repercusiones económicas y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas prorrogadas de 2022, en particular la disminución del TICFE y las subvenciones directas para compensar a los proveedores de gas y electricidad por el límite máximo de los precios regulados del gas y la electricidad, así como nuevas medidas, como el bono de combustible para transporte sujeto a condiciones de recursos («chèque carburant») para los hogares con bajos ingresos, que sustituye al descuento generalizado aplicado en 2022, y las subvenciones a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas que no se benefician de tarifas eléctricas reguladas, para cubrir el aumento de la factura energética hasta finales de 2023. El coste de estas medidas sigue viéndose parcialmente compensado por impuestos sobre los beneficios imprevistos de los productores y proveedores de energía, a saber, un mecanismo para limitar los ingresos inframarginales del mercado procedentes de la generación de electricidad, así como los ingresos fiscales indirectos y la reducción de las subvenciones a los productores de energías renovables, como consecuencia de la brecha positiva entre el mercado y los precios de referencia de la electricidad. Teniendo en cuenta estas medidas, el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo se estima en las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión en un 1,0 % del PIB en 2023 19 . La mayoría de las medidas de 2023 no parecen estar dirigidas a los hogares o empresas más vulnerables y no preservan plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas, que debe tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la recomendación de política fiscal para 2023, se estima en las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión en el 0,2 % del PIB en 2023 (frente al 0,1 % del PIB en 2022). Por último, se espera que el saldo de las administraciones públicas en 2023 se beneficie de la supresión gradual de las medidas temporales de emergencia contra la COVID-19, equivalentes al 0,5 % del PIB.
(20)El 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó 20 a Francia que garantizara en 2023 una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto primario corriente financiado a escala nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo 21 , teniendo en cuenta la continuación de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que abandonan Ucrania. Al mismo tiempo, Francia debe estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. También se recomienda a Francia que aumente la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, y utilizando también el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión.
(21)En 2023, las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión estiman que la orientación de la política fiscal será contractiva (+ 0,5 % del PIB), en un contexto de elevada inflación. Esto responde a una orientación de la política fiscal expansiva en 2022 (– 2,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a escala nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo del 0,6 % del PIB en la orientación de la política fiscal. Esto incluye el aumento del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. En resumen, el crecimiento previsto del gasto primario corriente financiado a escala nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo. El gasto financiado mediante subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE ascendió al 0,4 % del PIB en 2023, mientras que las inversiones financiadas a escala nacional aportaron un efecto neutro a la orientación de la política fiscal 22 . Por tanto, Francia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE y se prevé que preserve las inversiones financiadas a escala nacional. Tiene previsto financiar inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como las inversiones en el marco del plan France 2030 para fomentar la inversión en I+D de vanguardia y en el ámbito digital, así como inversiones en energías renovables en sistemas de calefacción y renovación de edificios públicos y privados, medidas de apoyo a la descarbonización de la industria, inversiones en transporte sostenible, salud y educación, que se financian en parte con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE.
(22)De acuerdo con el Programa de Estabilidad, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya hasta alcanzar el 4,4 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente la retirada de la mayoría de las medidas de apoyo a la energía, junto con una mayor elasticidad fiscal. El Programa prevé que la ratio deuda pública/PIB se mantenga estable en el 109,5 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas políticas conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión indican un déficit público del 4,3 % del PIB en 2024. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el programa, debido principalmente a un efecto de base derivado de un déficit ya menor previsto por la Comisión para 2023. Las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión prevén una ratio deuda pública/PIB similar, del 109,5 % a finales de 2024.
(23)El Programa de Estabilidad prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo a la energía en 2024. En la actualidad, la Comisión calcula el coste neto de las medidas de apoyo a la energía en un 0,2 % del PIB en 2024. Estas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevos aumentos del precio de la energía. Las medidas de apoyo a la energía que actualmente está previsto que sigan en vigor en 2024 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas vulnerables. No preservan plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética.
(24)El Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural hacia el objetivo a medio plazo de un 0,5 % del PIB como valor de referencia 23 . Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad presupuestaria 24 y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB, sería adecuada una mejora del saldo estructural de al menos el 0,7 % del PIB en 2024. Para garantizar dicha mejora, el incremento del gasto primario neto financiado a escala nacional 25 en 2024 no debería superar el 2,3 %, tal como se refleja en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, las restantes medidas de apoyo a la energía (estimadas actualmente por la Comisión en un 1,0 % del PIB en 2023) deben suprimirse gradualmente, en función de la evolución del mercado de la energía y empezando por las menos específicas, y el ahorro correspondiente debe utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024.
(25)Suponiendo que no se modifiquen las políticas, las previsiones de la primavera de 2023 de la Comisión prevén que el gasto primario neto financiado a escala nacional crezca un 3,1 % en 2024, lo que supera la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste previsto en las previsiones de la Comisión es superior al ahorro derivado de la supresión total de las medidas de apoyo a la energía. Esto se debe al aumento de las inversiones en el marco del programa France 2030 y a la retirada total del impuesto a la producción sobre el valor añadido de las empresas.
(26)Según el Programa, se espera que la inversión pública permanezca estable en el 3,8 % del PIB entre 2023 y 2024. El Programa se refiere a reformas e inversiones que se espera que contribuyan a la sostenibilidad presupuestaria y a un crecimiento sostenible e integrador. Entre ellas figuran una reforma de la gobernanza de las finanzas públicas y un nuevo mecanismo de revisión del gasto, reformas del sistema de pensiones y prestaciones de desempleo, así como inversiones para fomentar las transiciones ecológica y digital, que también forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia. El Programa de Estabilidad traza una senda fiscal a medio plazo hasta 2027. De acuerdo con el Programa, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya gradualmente hasta alcanzar el 3,7 % del PIB en 2025, el 3,2 % en 2026 y el 2,7 % en 2027. Por consiguiente se prevé que el déficit de las administraciones públicas se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2027. Según el Programa, se espera que la ratio deuda pública/PIB disminuya del 109,5 % a finales de 2024, al 108,3 % a finales de 2027.
(27)De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), y con el anexo V, criterio 2.2, del Reglamento (UE) 2021/241, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. La ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Francia está en curso. Francia presentó una solicitud de pago, correspondiente a 38 hitos y objetivos del plan y que dio lugar a un desembolso global de 7 400 000 EUR. Los hitos reflejan los avances en la aplicación de las reformas en los ámbitos de las finanzas públicas, la vivienda, la movilidad, el empleo, las capacidades y la salud. Varios objetivos reflejan importantes inversiones en los ámbitos de la renovación energética de los edificios, la descarbonización de la industria, los vehículos limpios, la investigación, el empleo juvenil y la educación. Francia presentó una revisión de su plan en abril de 2023, incluido un capítulo de REPowerEU. La solicitud de Francia de modificar su plan se basa en la necesidad de tener en cuenta la elevada inflación experimentada en 2022, las perturbaciones de la cadena de suministro y la revisión a la baja de su asignación máxima de subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el plan de recuperación y resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Francia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que aquel abarca, a fin de garantizar una amplia asunción del programa de políticas en su conjunto.
(28)La Comisión aprobó la mayoría de los documentos de programación de la política de cohesión de Francia en 2022, excepto el programa de San Martín, que se adoptó el 20 de marzo de 2023. Resulta fundamental avanzar en la rápida ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Francia.
(29)Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupa el plan de recuperación y resiliencia, Francia afronta algunos retos adicionales, relacionados con la escasez de capacidades y las desigualdades del sistema educativo, la política energética y la transición ecológica. Abordar estos retos podría contribuir a impulsar las capacidades de los trabajadores, aumentar la productividad laboral, aumentar la eficiencia energética de las empresas francesas y, a su vez, hacer que la economía francesa sea más competitiva en general.
(30)La escasez de mano de obra sigue aumentando. Según la encuesta de 2023 sobre las necesidades de mano de obra («Pôle Emploi»), el 61 % de los empleadores prevé nuevas dificultades de contratación en 2023, en particular para la mano de obra cualificada en la construcción y la industria, dos sectores gravemente afectados por las transiciones ecológica y digital. En los últimos años, Francia ha impulsado la inversión en la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, en parte con el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, las evaluaciones muestran que persisten múltiples obstáculos a la mejora de las capacidades de las personas poco cualificadas, lo que socava la eficacia de programas específicos como el plan de inversión en capacidades. Aunque va en aumento, la participación de los trabajadores poco cualificados en la formación sigue siendo muy inferior a la de otros trabajadores y tienden a beneficiarse menos de la formación que conduce a una cualificación. Esto sugiere que seguir aumentando el número de jóvenes que acceden al mercado laboral con suficientes capacidades y cualificaciones básicas debe seguir siendo una prioridad del sistema educativo.
(31)A pesar de un nivel general de gasto público superior a la media de la OCDE y de buenos resultados, el sistema educativo francés se caracteriza por una proporción significativa de alumnos con bajo rendimiento y el contexto socioeconómico sigue siendo un poderoso predictor del rendimiento de los alumnos. El bajo rendimiento y las desigualdades en las competencias adquiridas en matemáticas siguen siendo motivo de especial preocupación. Según las encuestas nacionales e internacionales, el rendimiento medio en matemáticas ha disminuido constantemente en los últimos 30 años en Francia. Se han tomado algunas medidas para reforzar la adquisición de competencias básicas, en particular reforzando la formación continua de profesores de matemáticas y francés, iniciada en 2019, y añadiendo un módulo de apoyo de una hora en matemáticas y francés al primer año de enseñanza secundaria a partir del curso escolar 2023/24. El plan de reducir a la mitad el tamaño de las clases en primera y secundaria en las escuelas públicas de preescolar y primaria desfavorecidas y se están evaluando las repercusiones a largo plazo en los resultados de aprendizaje de los 300 000 alumnos afectados. Sin embargo, una parte importante de los alumnos desfavorecidos, fuera de los ámbitos prioritarios, no se benefician de ello. También persisten retos, a pesar de las inversiones y los avances, en relación con el acceso de los alumnos y estudiantes con discapacidad al sistema educativo general.
(32)En 2022, Francia siguió invirtiendo en el sistema de aprendizaje y en otras opciones de aprendizaje en el trabajo, como la reforma de la formación profesional en los centros de enseñanza secundaria. Aunque estas medidas podrían tener un resultado positivo, sus repercusiones aún no se han dejado sentir y requerirían una mayor participación de profesionales y profesores en el diseño de los programas. A pesar de las medidas para mejorar las condiciones de enseñanza, entre las que se encuentra un aumento de los salarios de los profesores, sigue preocupando el atractivo de la profesión docente y la elevada proporción de personal contractual, que a menudo tiene niveles más bajos de cualificaciones y experiencia que el personal permanente y un acceso insuficiente a las oportunidades de formación. En general, la proporción entre profesores y estudiantes sigue siendo una de las más altas de la UE.
(33)La combinación energética francesa depende menos de los combustibles fósiles que otros países de la UE, aunque sigue dependiendo de los combustibles fósiles importados. El consumo de gas natural en Francia disminuyó un 16 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023, en comparación con el consumo medio de gas durante el mismo período de los cinco años anteriores, superando el objetivo de reducción del 15 %. Francia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024 26 . La actual situación geopolítica y los elevados precios de la energía también están haciendo más urgente que Francia intensifique sus esfuerzos por cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos en su plan nacional de energía y sobre el clima. Con un 19,1 % del consumo final bruto de energía procedente de energías renovables, Francia no alcanzó su objetivo del 23 % en materia de energías renovables para 2020. Tampoco está en vías de alcanzar su objetivo en materia de energías renovables para 2030 y está rezagada en el despliegue de las energías renovables, en particular para la producción de electricidad y calefacción. Una rápida implantación de las energías renovables, como la energía solar y eólica, contribuiría a la seguridad energética de Francia y a la diversificación del suministro al reducir el uso de combustibles fósiles. El bajo índice de implantación de energías renovables puede explicarse por la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos relacionados con la concesión de permisos. Los retrasos en la concesión de permisos para todas las tecnologías (energía eólica terrestre y marina, así como solar) están relacionados con la falta de apoyo político a los proyectos, una planificación inadecuada y unos procedimientos de autorización largos y complejos. También se plantean retos relacionados con la aceptación pública y con cuestiones jurídicas, que generan incertidumbre para los inversores y los promotores. El proceso de concesión de permisos podría acelerarse mediante la asignación de más personal y recursos financieros en la administración central a escala regional, así como en las autoridades competentes y los gestores de redes. La mejora de los procedimientos de ordenación territorial y la aplicación más rápida de los procedimientos de licitación también son fundamentales para garantizar la instalación de proyectos de energías renovables. Francia adoptó en 2023 una ley sobre la aceleración de la producción de energía renovable, que reconoce la necesidad de desarrollar considerablemente el calor y el gas renovables y aumentar la proporción de electricidad renovable para satisfacer las crecientes necesidades de electrificación de los usos. Si se aplica correctamente, la ley podría fomentar puesta en funcionamiento más rápida de proyectos de energías renovables. Esto podría situar a Francia en la senda del cumplimiento de los objetivos de 2030.
(34)Con el fin de que su nivel de interconexión alcance el objetivo del 10 % para 2020, el apoyo adicional a los interconectores eléctricos transfronterizos (en fase de desarrollo o previstos) sigue siendo de vital importancia para la integración de grandes porcentajes de energías renovables al frente de la inversión en infraestructuras energéticas, tanto nacionales como transfronterizas, contribuirá a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, en particular, del gas ruso. Se recomienda que las nuevas inversiones en redes e infraestructuras sean, en la medida de lo posible, adecuadas para el futuro, con objeto de facilitar su sostenibilidad a largo plazo a través de su futura readaptación para el transporte de combustibles sostenibles. Las interconexiones resultan fundamentales para un funcionamiento eficiente del mercado interior de la energía mediante la puesta en común de recursos para lograr la seguridad general de suministro.
(35)El plan de recuperación y resiliencia francés contiene grandes proyectos de renovación de edificios para viviendas sociales e individuales, así como edificios públicos y pequeñas empresas. En cuanto a la renovación de edificios residenciales, la mayoría de los proyectos se han centrado en obras en una sola fase, lo que ha dado lugar a renovaciones limitadas. En el primer semestre de 2022, solo el 27 % de las obras contenían al menos dos etapas de renovación y solo el 5 % eran renovaciones totales. Las amplias renovaciones podrían tener repercusiones importantes en la reducción del consumo de energía en el sector de la construcción. Además, un mayor esfuerzo para canalizar la inversión pública y privada para ayudar a los hogares con bajos ingresos a renovar edificios y renovar el parque inmobiliario con peor rendimiento energético podría ayudar a erradicar los 5,2 millones de viviendas más ineficientes desde el punto de vista energético (viviendas con una calificación de eficiencia energética de F y G) de aquí a 2030. La Ley sobre el clima y la resiliencia de 2021 introdujo varias medidas para incentivar la renovación generalizada de edificios, como la prohibición de alquilar viviendas con una calificación de eficiencia energética G a partir de 2025, F a partir de 2028 y E a partir de 2034. A fin de fomentar mejoras más significativas de la eficiencia energética, podría mejorarse el marco político para incentivar una renovación en profundidad y ayudar a Francia a seguir aumentando la eficiencia energética de su parque inmobiliario, con especial énfasis en los hogares con bajos ingresos.
(36)Francia representa casi el 11 % de la inversión total de capital riesgo de la UE en empresas emergentes y en expansión de tecnología climática. Sin embargo, a pesar del gran apoyo público, solo el 29 % de las pequeñas empresas francesas han invertido más del 1 % de su volumen de negocios para ser eficientes en el uso de los recursos (40 % de media en la UE). Los promotores de proyectos de fabricación de tecnologías limpias se enfrentan a una elevada carga administrativa y a largos procedimientos y riesgos de litigio. Por término medio, se tarda 17 meses en obtener una licencia de construcción, obtener una autorización medioambiental y llevar a cabo el proceso de investigación pública para un proyecto industrial. El procedimiento implica puntos de bloqueo, en los que el propietario del proyecto debe esperar las respuestas de diferentes órganos (tribunal administrativo, dictamen de la autoridad medioambiental, informe del investigador público). Además, debe llevarse a cabo una consulta pública para los grandes proyectos industriales. Este proceso puede durar al menos 6 meses, lo que aumenta el tiempo necesario para obtener la licencia de obra, obtener la autorización medioambiental y llevar a cabo la investigación pública. Los proyectos de inversión también pueden estar sujetos a procedimientos contenciosos que pueden durar varios años, lo que da lugar al abandono de los proyectos. Si bien los procedimientos de autorización son necesarios para salvaguardar intereses públicos y privados superiores, deben simplificarse y acelerarse para los proyectos de fabricación de tecnologías limpias. Poner en marcha procedimientos administrativos en paralelo y proponer emplazamientos industriales listos para su uso también podría contribuir a ahorrar tiempo.
(37)La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera, el despliegue y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, estas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Francia en relación con varias ocupaciones que requerían capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, incluidos técnicos de ingeniería civil, operadores de centrales eléctricas y profesionales de la ingeniería.
(38)A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2022 y su dictamen 27 se refleja en la recomendación 1 que figura a continuación.
(39)Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para: i) preservar la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente el apoyo a medida que disminuyan las presiones de los precios de la energía; ii) mantener una elevada inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos de segunda ronda sobre la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal, esté dirigido a empresas viables y mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) preservar la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Francia, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de la primera, segunda y tercera y cuarta recomendaciones para la zona del euro.
(40)En vista del examen exhaustivo de la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1 que figura a continuación. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a una deuda pública elevada y a la escasa competitividad y al bajo crecimiento de la productividad. Las recomendaciones 2 y 3 contribuyen a abordar la recomendación 1. Las políticas mencionadas en la recomendación 1 contribuyen tanto a corregir los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones para la zona del euro, de conformidad con el considerando 39.
RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2023 y 2024 con el fin de:
1.Suprimir las medidas de apoyo a la energía en vigor para finales de 2023, utilizando los ahorros correspondientes para reducir el déficit público. En caso de que nuevos aumentos de los precios de la energía requieran medidas de apoyo, garantizar que estas se destinen a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, sean fiscalmente asequibles y mantengan los incentivos para el ahorro de energía.
Garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a escala nacional en 2024 a un máximo del 2,3 %.
Preservar las inversiones públicas financiadas a escala nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital.
Para el período posterior a 2024, seguir aplicando una estrategia fiscal a medio plazo de saneamiento gradual y sostenible, combinada con inversiones y reformas que propicien un mayor crecimiento sostenible, a fin de alcanzar una situación presupuestaria prudente a medio plazo.
Seguir mejorando las condiciones marco para facilitar la inversión y la innovación.
2.Continuar la progresiva aplicación de su plan de recuperación y resiliencia y finalizar con prontitud la adenda, incluido el capítulo de REPowerEU, con vistas a iniciar rápidamente su ejecución. Proseguir la rápida ejecución de los programas de la política de cohesión, en estrecha complementariedad y sinergia con el plan de recuperación y resiliencia.
3.Abordar la escasez de capacidades, en particular ofreciendo opciones adicionales de aprendizaje en el trabajo y aumentando la proporción de personas con capacidades básicas. Adaptar los recursos y métodos a las necesidades de los estudiantes y escuelas desfavorecidos para que el sistema de educación y formación sea más equitativo e inclusivo. Mejorar las condiciones de trabajo y la formación inicial y continua de los profesores.
4.Reducir la dependencia global de los combustibles fósiles. Acelerar el despliegue de las energías renovables, centrándose en particular en las fuentes eólicas, solares y geotérmicas y el biogás, en particular mediante la producción de energías renovables a pequeña escala y la promoción del autoconsumo colectivo, y promover las tecnologías de almacenamiento conexas mediante una mayor inversión pública facilitando la inversión privada y abordando los cuellos de botella. Seguir mejorando las redes de transporte y distribución de electricidad y aumentar las interconexiones eléctricas transfronterizas. Seguir mejorando el marco político para incentivar la renovación en profundidad de los edificios y la descarbonización de los sistemas de calefacción, prestando especial atención a los hogares con bajos ingresos y al parque inmobiliario con la menor eficiencia energética. Crear un entorno reglamentario de apoyo para aumentar la inversión en la fabricación de tecnologías limpias, en particular simplificando y acelerando la concesión de permisos. Intensificar los esfuerzos en materia de políticas destinados a proporcionar y adquirir las capacidades necesarias para la transición ecológica.
Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo
El Presidente