COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 2.12.2022

COM(2022) 684 final

2022/0398(COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

·Razones y objetivos de la propuesta

Las medidas restrictivas son un instrumento esencial para promover los objetivos de la política exterior y de seguridad común (PESC), establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Estos objetivos incluyen la defensa de los valores de la UE, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la consolidación y el respaldo de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Para preservar estos valores, la UE puede imponer medidas restrictivas contra países, entidades y personas físicas o jurídicas de fuera de la UE. Entre esas medidas se incluyen disposiciones individuales específicas, como por ejemplo sanciones financieras específicas (inmovilización de activos) y restricciones de admisión (prohibiciones de viajar), así como medidas sectoriales, es decir, embargos de armas o medidas económicas y financieras (por ejemplo, restricciones de las importaciones y las exportaciones o restricciones en la prestación de determinados servicios, como los bancarios) 1 .

En la actualidad, la Unión dispone de más de cuarenta conjuntos de medidas restrictivas. Algunos de ellos dan aplicación a medidas restrictivas adoptadas por las Naciones Unidas; otros son adoptados de forma autónoma por la UE. Además de las medidas que responden a situaciones específicas de países concretos, la UE ha adoptado también medidas generales contra la proliferación y el uso de armas químicas, los ciberataques, las violaciones de los derechos humanos y el terrorismo 2 . Las medidas restrictivas son vinculantes para los Estados miembros y para cualquier persona o entidad bajo la jurisdicción de los Estados miembros (operadores de la UE) 3 .

1)Aplicación incoherente de las medidas restrictivas de la Unión

A medida que se ha ido intensificando, a lo largo de las últimas décadas, la adopción de medidas restrictivas de la Unión 4 , también lo ha hecho la de sistemas diseñados para eludirlas. La Comisión ya ha señalado anteriormente la falta de coherencia en la aplicación de las medidas restrictivas y el hecho de que ello socava su eficacia y la capacidad de la UE para manifestarse al unísono 5 .

Manifestarse al unísono se ha vuelto especialmente urgente en el contexto actual de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. La UE ha implantado una serie de medidas restrictivas contra particulares y entidades rusos y bielorrusos, algunas de las cuales se remontan a 2014. Dada esta situación, y con el fin de mejorar la coordinación de la aplicación de estas medidas restrictivas al nivel de la UE, la Comisión creó el grupo de trabajo «Inmovilización y Decomiso», que garantiza la coordinación entre los Estados miembros y las agencias de la UE, como Europol y Eurojust. En este grupo se ha debatido periódicamente la necesidad de un planteamiento común en materia de Derecho penal para exigir responsabilidades a las personas físicas y jurídicas implicadas en la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

La aplicación y el control del cumplimiento de las medidas restrictivas de la Unión son, principalmente, responsabilidad de los Estados miembros. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben evaluar si se han infringido las correspondientes Decisiones y Reglamentos del Consejo adoptados en virtud del artículo 29 del TUE y del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), respectivamente, y tomar las medidas adecuadas. A tal efecto, los Reglamentos de la UE incluyen sistemáticamente una disposición por la que se requiere a los Estados miembros que adopten normas nacionales que prevean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de dichos actos jurídicos de la Unión 6 .

Aparte de las restricciones, estas Decisiones y Reglamentos incluyen en general:

·una cláusula antielusión, que prohíbe toda participación consciente y deliberada en actividades dirigidas a eludir las medidas restrictivas en cuestión 7 ; y

·otras obligaciones, en particular la de informar sobre las disposiciones adoptadas para llevar a efecto las medidas restrictivas (por ejemplo, informar a las autoridades del importe al que ascienden los activos inmovilizados).

Si bien el artículo 29 del TUE y el artículo 215 del TFUE constituyen la base jurídica para que el Consejo tome las medidas necesarias en caso de adopción de medidas restrictivas de la Unión, la base jurídica para la adopción de medidas restrictivas no permite la aproximación de las definiciones penales ni de los tipos y grados de las sanciones penales 8 .

2)Diferencias entre las definiciones y sanciones penales de los Estados miembros

3)Falta de investigación y enjuiciamiento penales

En la práctica, a muy pocas personas físicas o jurídicas que han vulnerado medidas restrictivas de la Unión se les exige responsabilidad por ello de forma efectiva 16 . Sin embargo, el informe de la Red de Cooperación contra el Genocidio señala que se ha observado recientemente una tendencia positiva en cuanto al número de diligencias emprendidas y al aumento de las sanciones impuestas por algunas autoridades nacionales 17 .

4)Consecuencias negativas del statu quo

Si las autoridades policiales y judiciales no disponen de los instrumentos y los recursos adecuados y eficaces para prevenir, detectar, investigar y perseguir la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, puede que las personas físicas y jurídicas designadas cuyos activos están inmovilizados sigan pudiendo acceder a ellos en la práctica y apoyar a los regímenes que son objeto de las medidas restrictivas de la Unión, frustrando así los objetivos de estas.

5)Objetivos de la propuesta

En este contexto, a raíz de la propuesta de la Comisión Europea presentada el 25 de mayo de 2022 20 , el Consejo ha decidido establecer la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión como un ámbito delictivo que cumple los criterios especificados en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. Esto ha permitido a la Comisión adoptar la presente propuesta de Directiva, sometida al procedimiento legislativo ordinario y cuyo objetivo es aproximar la definición de las infracciones y sanciones penales por vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

Los objetivos de la presente propuesta son:

a)aproximar las definiciones de las infracciones penales relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión;

b)garantizar tipos y grados de sanción efectivos, disuasorios y proporcionados para las infracciones penales relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión;

c)fomentar la investigación y la persecución transfronterizas de las infracciones; y

d)mejorar la eficacia operativa de las cadenas nacionales de aplicación coercitiva del Derecho para fomentar la investigación, la persecución y la sanción de las infracciones.

·Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

·Coherencia con otras políticas de la Unión

Reglamentos del Consejo sobre medidas restrictivas de la Unión

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

·Base jurídica

·Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

·Proporcionalidad

·Elección del instrumento

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

·Consultas con las partes interesadas

·Obtención y uso de asesoramiento especializado

·Evaluación de impacto

·Derechos fundamentales

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La presente propuesta tiene repercusiones presupuestarias insignificantes para los Estados miembros y para la Comisión. Puede encontrarse información específica sobre las repercusiones financieras para la Comisión en la ficha de financiación legislativa adjunta al presente paquete legislativo.

De conformidad con el artículo 19, apartados 1 y 4, de la presente propuesta, la Comisión tendrá que asumir una serie de obligaciones de información. Dos años después de finalizar el período de transposición, la Comisión debe elaborar un informe sobre la forma en que los Estados miembros han transpuesto la Directiva. Cinco años después de finalizar el período de transposición, la Comisión debe elaborar un estudio sobre la eficacia de la Directiva para evaluar su valor añadido. Esto último solo se producirá una vez finalizado el actual marco financiero plurianual.

El primer informe se refiere a la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros. El segundo informe que la Comisión debe elaborar es un estudio que ha de evaluar la eficacia de la Directiva en función de una serie de indicadores concretos.

Además, la ficha financiera legislativa detalla los costes de la recogida y del análisis de estadísticas sobre las infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 y 5. Los Estados miembros deben presentar anualmente estas estadísticas a la Comisión, de conformidad con el artículo 19, apartados 2 y 3, de la presente propuesta.

Además de los costes para la Comisión, la propuesta también tendrá repercusiones financieras limitadas para los Estados miembros. Estas implicaciones financieras pueden dividirse en tres partes.

1)Tal como se establece en el artículo 15 de la presente propuesta, los Estados miembros deben garantizar la existencia de instrumentos de investigación eficaces para la investigación de infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

2)De conformidad con el artículo 13 de la presente propuesta, los Estados miembros han de garantizar la coordinación y la cooperación a nivel estratégico y operativo entre todas sus autoridades competentes en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento de infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

3)Los Estados miembros tendrán algunos gastos relacionados con la mencionada obligación de presentar anualmente estadísticas sobre las infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 y 5. Sin embargo, no se dispone de datos suficientes como para poder realizar una estimación exacta de los costes correspondientes.

5.OTROS ELEMENTOS

·Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

·Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1: Objeto

Artículo 2: Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 3: Vulneración de las medidas restrictivas de la Unión

Este artículo describe las infracciones penales a las que es de aplicación la presente Directiva. Las infracciones abarcan las vulneraciones de las prohibiciones y restricciones contenidas en las medidas restrictivas de la Unión, las conductas destinadas a eludir las medidas restrictivas de la Unión 41 y el incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes para llevar a cabo determinadas actividades prohibidas por las medidas restrictivas. No debe entenderse que estas infracciones imponen obligaciones a las personas físicas contrarias al derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio previsto en la Carta y en la Directiva (UE) 2016/343 42 . Además, no afectan a las normas aplicables en materia de información, confidencialidad y secreto profesional.

Además, quedan excluidas de la tipificación penal las actividades de entrega de bienes y de prestación de servicios para el uso cotidiano personal de personas físicas designadas, como los productos y servicios alimenticios y sanitarios, o la entrega de pequeñas cantidades de dinero en efectivo, cuando se limite claramente a satisfacer las necesidades humanas básicas de dichas personas y de sus familiares dependientes. La no comunicación de tales actividades también queda excluida de la tipificación penal. Además, también se excluye de la tipificación penal la ayuda humanitaria a personas necesitadas. Esta ayuda humanitaria debe prestarse estrictamente de conformidad con el Derecho internacional humanitario y puede consistir, en particular, en productos alimenticios y nutricionales, alojamiento, atención sanitaria, agua y saneamiento. Además, al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tener en cuenta que el Derecho internacional humanitario y el Derecho aplicable a los conflictos armados establecen que las medidas restrictivas no deben impedir la prestación de ayuda humanitaria en consonancia con los principios de imparcialidad, humanidad, neutralidad e independencia 43 .

Determinadas vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión también constituyen una infracción penal cuando se cometen por negligencia grave. En particular, los profesionales, como los que prestan servicios jurídicos, financieros y comerciales, deben actuar con la diligencia debida para evitar la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

Artículo 4: Inducción, complicidad y tentativa

Artículo 5: Sanciones penales aplicables a las personas físicas

Artículo 6: Responsabilidad de las personas jurídicas

Artículo 7: Sanciones aplicables a las personas jurídicas

Artículo 8: Circunstancias agravantes

Artículo 9: Circunstancia atenuante

Artículo 10: Inmovilización y decomiso

El artículo 10 aclara el concepto de «producto» 46 , específicamente en situaciones en las que la persona, la entidad o el organismo designado cometa las infracciones específicas de elusión contempladas en el artículo 3, apartado 2, letra h), incisos i) y ii), o participe en estas. Debe respetarse la proporcionalidad del decomiso en cada caso concreto.

Artículo 11: Normas de jurisdicción

Artículo 12: Plazos de prescripción

Artículo 13: Coordinación y cooperación entre las autoridades competentes de un Estado miembro

Artículo 14: Denuncia de infracciones y protección de las personas que denuncian infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión o que colaboran en la investigación

Artículo 15: Instrumentos de investigación

Artículo 16: Cooperación entre los Estados miembros, la Comisión, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea

Artículo 17: Modificaciones de la Directiva (UE) 2018/1673

Artículos 18 a 21

2022/0398 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)A fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la Unión y la integridad del mercado interior de la Unión y de lograr un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario establecer normas mínimas para definir las infracciones y sanciones penales por la vulneración de dichas medidas restrictivas de la Unión.

(2)Las medidas restrictivas de la Unión, como las medidas relativas a la inmovilización de fondos y recursos económicos, la prohibición de facilitar fondos y recursos económicos y las prohibiciones de entrada en el territorio de un Estado miembro o de tránsito por él, así como las medidas económicas sectoriales y los embargos de armas, son un instrumento esencial para la promoción de los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea («TUE»). Entre estos objetivos se incluyen la defensa de los valores, la seguridad, la independencia y la integridad de la Unión, la consolidación y el respaldo de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

(3)A fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la Unión, es preciso que los Estados miembros dispongan de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por la vulneración de dichas medidas, incluidas las obligaciones que en ellas se establecen, como la de comunicación de información. También es necesario que dichas sanciones den respuesta a la elusión de las medidas restrictivas de la Unión.

(4)La aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la Unión exige definiciones penales comunes de conductas que supongan una infracción de dichas medidas. Los Estados miembros deben garantizar que estas conductas constituyan una infracción penal cuando se cometan con dolo o negligencia grave, en caso de que la persona física o jurídica supiera o debiera haber sabido que su conducta infringiría las medidas restrictivas de la Unión.

(5)La aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la Unión también exige definiciones penales comunes de conductas que supongan una elusión de dichas medidas.

(6)Las personas, las entidades y los organismos designados individualmente en medidas restrictivas de la Unión y sujetos a dichas medidas restrictivas a menudo pueden participar como inductores y cómplices. Por ejemplo, está cada vez más extendida la práctica por la que personas y entidades designadas transmiten fondos, bienes o recursos económicos a un tercero a fin de eludir las medidas restrictivas de la Unión. Por lo tanto, esta conducta está cubierta por la infracción de elusión que trata de aproximar la presente Directiva.

(7)Los profesionales del Derecho, según la definición de cada Estado miembro, deben estar sujetos a la presente Directiva, incluida la obligación de notificar la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, cuando presten servicios en el contexto de actividades profesionales, tales como servicios jurídicos, financieros y comerciales. La experiencia demuestra que existe un riesgo claro de que los servicios de dichos profesionales del Derecho se utilicen indebidamente con el fin de vulnerar las medidas restrictivas de la Unión. No obstante, deben existir exenciones a la obligación de comunicar la información obtenida en conexión estricta con procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, ya sea antes, durante o después de un proceso judicial, o al valorar la situación jurídica de un cliente. Por consiguiente, el asesoramiento jurídico en esas circunstancias debe seguir estando sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo cuando el profesional del Derecho participe en la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, el asesoramiento jurídico se preste con el fin de vulnerar las medidas restrictivas de la Unión o el profesional del Derecho sepa que el cliente está solicitando asesoramiento jurídico a efectos de vulnerar las medidas restrictivas de la Unión. Este conocimiento puede deducirse de circunstancias de hecho objetivas.

(8)La aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la Unión exige, además, una definición penal común de las conductas que incumplen condiciones establecidas en autorizaciones concedidas por las autoridades competentes para llevar a cabo determinadas actividades que, a falta de dicha autorización, están prohibidas o restringidas en virtud de una medida restrictiva de la Unión.

(9)Procede excluir de la tipificación penal las actividades de entrega de bienes y de prestación de servicios para el uso cotidiano personal de personas físicas designadas, como los productos y servicios alimenticios y sanitarios, o de entrega de pequeñas cantidades de dinero en efectivo, cuando se limite claramente a satisfacer las necesidades humanas básicas de dichas personas y de sus familiares dependientes. La no comunicación de tales actividades debe excluirse de la tipificación penal. Además, procede excluir de la tipificación penal la ayuda humanitaria a las personas necesitadas. Esta ayuda humanitaria debe prestarse estrictamente de conformidad con el Derecho internacional humanitario y puede consistir, en particular, en productos alimenticios y nutricionales, alojamiento, atención sanitaria, agua y saneamiento. Además, al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tener en cuenta que el Derecho internacional humanitario y el Derecho aplicable a los conflictos armados establecen que las medidas restrictivas no deben impedir la prestación de ayuda humanitaria en consonancia con los principios de imparcialidad, humanidad, neutralidad e independencia.

(10)Las sanciones aplicables a las infracciones deben ser efectivas, disuasorias y proporcionadas. Para ello, deben fijarse niveles mínimos para la pena máxima de prisión aplicable a las personas físicas. También deben preverse sanciones o medidas complementarias en los procesos penales. Entre ellas deben incluirse las multas, teniendo en cuenta que la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión está motivada principalmente por consideraciones económicas.

(11)Dado que las personas jurídicas también están sujetas a las medidas restrictivas de la Unión, también debe exigírseles responsabilidad penal por las infracciones penales relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros cuyo Derecho interno no prevea la responsabilidad penal de las personas jurídicas deben velar por que sus sistemas sancionadores administrativos prevean tipos y grados de sanciones efectivos, disuasorios y proporcionados.

(12)Debe fomentarse una mayor aproximación y efectividad del grado de las sanciones impuestas en la práctica mediante circunstancias agravantes comunes que reflejen la gravedad del delito cometido. El concepto de circunstancias agravantes debe entenderse, bien como hechos que permiten al juez o tribunal nacional imponer una pena más elevada por la misma infracción penal que la impuesta sin tales hechos, bien como la posibilidad de considerar varias infracciones penales de forma acumulativa con el fin de aumentar el grado de la pena. Los Estados miembros deben prever al menos una de estas circunstancias agravantes, de conformidad con las normas aplicables de su ordenamiento jurídico sobre circunstancias agravantes. En cualquier caso, debe quedar a la discreción del juez o del tribunal determinar si se incrementa la pena, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto.

(13)Los Estados miembros también deben garantizar que, en aquellas situaciones en las que el infractor facilite a las autoridades competentes información que no habrían podido obtener de otro modo y que las ayude a descubrir o llevar ante la justicia a otros infractores o a encontrar pruebas, dicha conducta pueda considerarse una circunstancia atenuante.

(14)La inmovilización de fondos y recursos económicos impuesta por las medidas restrictivas de la Unión es de carácter administrativo. Como tal, debe distinguirse de las medidas de embargo de carácter penal a que se refiere la Directiva (UE) [.../...] [Directiva sobre recuperación y decomiso de activos].

(15)Es necesario aclarar el concepto de producto específicamente en situaciones en las que la persona, entidad u organismo designado cometa, como autor o partícipe, los siguientes ilícitos: i) ocultar fondos o recursos económicos que sean propiedad o estén en posesión o bajo el control de una persona, entidad u organismo designado y que deban haber sido inmovilizados de conformidad con una medida restrictiva de la Unión, mediante la transferencia de dichos fondos o recursos económicos a un tercero; o ii) ocultar el hecho de que una persona, entidad u organismo sujeto a medidas restrictivas es el propietario o beneficiario último de fondos o recursos económicos, facilitando información falsa o incompleta. En estas circunstancias, como consecuencia de la conducta de ocultación, la persona, la entidad o el organismo designado puede seguir accediendo a los fondos o recursos económicos sujetos a medidas restrictivas de la Unión que hayan sido ocultados, disponiendo de ellos plenamente o enajenándolos. Por lo tanto, dichos fondos o recursos económicos deben considerarse productos del delito a efectos de la Directiva (UE) [.../...] [Directiva sobre recuperación y decomiso de activos], entendiéndose que debe respetarse la proporcionalidad del decomiso de dichos productos en cada caso concreto.

(16)Habida cuenta, en particular, de la actuación a escala mundial de los autores de las conductas ilícitas contempladas en la presente Directiva, así como del carácter transfronterizo de las infracciones y de la posibilidad de realizar investigaciones transfronterizas, los Estados miembros deben extender su jurisdicción para perseguir dichas conductas de manera efectiva.

(17)Los Estados miembros deben establecer plazos de prescripción adecuados que les permitan luchar de manera efectiva contra las infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, sin perjuicio de las normas nacionales que no establecen plazos de prescripción para la investigación, la persecución y la ejecución.

(18)Para garantizar un sistema de aplicación efectivo, integrado y coherente, los Estados miembros deben organizar la cooperación y la comunicación internas entre todos los actores a lo largo de las cadenas administrativas y penales de aplicación coercitiva del Derecho.

(19)Para garantizar la investigación y la persecución efectivas de las vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión, las autoridades competentes de los Estados miembros deben cooperar con Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea y entre sí a través de estas instituciones. Dichas autoridades competentes también deben intercambiar información entre sí y con la Comisión sobre cuestiones prácticas.

(20)Los denunciantes pueden proporcionar información valiosa a las autoridades competentes sobre vulneraciones pasadas, actuales o previstas de las medidas restrictivas de la Unión, incluidas las tentativas de eludirlas. Esta información puede referirse, por ejemplo, a hechos relativos a vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión, sus circunstancias y las personas, las empresas y los terceros países implicados. Por lo tanto, debe garantizarse la existencia de mecanismos adecuados que permitan a dichos denunciantes alertar a las autoridades competentes sin sufrir represalias. A tal fin, debe disponerse que la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo 49 se aplique a la denuncia de vulneraciones de medidas restrictivas de la Unión y a la protección de las personas que denuncien tales infracciones.

(21)Para garantizar la investigación y la persecución efectivas de las vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión, los responsables de investigar o perseguir tales medidas deben tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigación como las que se utilizan en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. La utilización de tales herramientas, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectiva, tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de las infracciones investigadas y respetar el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

(22)Mediante la modificación de la Directiva (UE) 2018/1673, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal 50 , debe garantizarse que la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión se considere un delito antecedente al de blanqueo de capitales con arreglo a dicha Directiva.

(23)Los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar definiciones comunes de las infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión y la existencia de sanciones penales efectivas, disuasorias y proporcionadas para las infracciones graves relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la presente Directiva, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo inherente de la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión y su potencial para socavar la consecución de los objetivos de la Unión de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales y defender los valores comunes de la Unión. Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo.

(24)La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los derechos a la libertad y a la seguridad, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, incluido el derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio, los principios de legalidad, incluido el principio de irretroactividad de las sanciones penales y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como el principio non bis in idem. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.

(25)Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales. En este sentido, las obligaciones derivadas de esta Directiva no deben afectar a las obligaciones que impone a los Estados miembros el Derecho de la Unión en materia de derechos procesales en los procesos penales, en particular las Directivas 2010/64/UE 51 , 2012/13/UE 52 , 2013/48/UE 53 , (UE) 2016/343 54 , (UE) 2016/800 55 y (UE) 2016/1919 56 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(26)Dada la urgente necesidad de exigir responsabilidades a las personas físicas y jurídicas implicadas en la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva en un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor.

(27)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(28)[no participación:] De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

O [participación:] De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado [, mediante carta de...,] su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas mínimas en lo que respecta a la definición de las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

Artículo 2

Ámbito de aplicación y definiciones

1)La presente Directiva se aplica a las vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión. Dichas medidas restrictivas de la Unión comprenden:

a)las medidas relativas a la inmovilización de fondos y recursos económicos;

b)la prohibición de facilitar fondos y recursos económicos;

c)las prohibiciones de entrada en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o de tránsito por él;

d)las medidas económicas y financieras sectoriales; y

e)los embargos de armas.

2)A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a)«medidas restrictivas de la Unión»: medidas restrictivas adoptadas por la Unión sobre la base del artículo 29 del TUE o del artículo 215 del TFUE;

b)«persona, entidad u organismo designado»: las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas de la Unión consistentes en la inmovilización de fondos y recursos económicos y la prohibición de facilitar fondos y recursos económicos;

c)«fondos»:

i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;

ii) depósitos en entidades financieras u otros entes, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;

iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants (garantías de opción), obligaciones y contratos de derivados;

iv) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;

v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de buena ejecución u otros compromisos financieros;

vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;

vii) documentos que atestigüen una participación en fondos o recursos financieros;

viii) criptoactivos;

d)«recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios;

e)«inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, titularidad, posesión, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera;

f)«inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir el uso de los recursos económicos para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier manera, en particular, aunque no exclusivamente, mediante venta, alquiler o hipoteca.

Artículo 3

Vulneración de las medidas restrictivas de la Unión

1)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión constituyan una infracción penal cuando se cometan de forma dolosa y siempre que se encuadren en una de las categorías definidas en el apartado 2.

2)A efectos de la presente Directiva, se considerará vulneración de una medida restrictiva de la Unión:

a)la puesta de fondos o recursos económicos a disposición de una persona, entidad u organismo designado, o en su beneficio, infringiendo una prohibición impuesta por una medida restrictiva de la Unión;

b)la no inmovilización sin demora indebida de fondos o recursos económicos cuya propiedad, posesión o control corresponda a una persona, entidad u organismo designado, incumpliendo la obligación de hacerlo impuesta por una medida restrictiva de la Unión;

c)el hecho de permitir la entrada de personas físicas designadas en el territorio de un Estado miembro o su tránsito por el territorio de un Estado miembro, infringiendo una prohibición impuesta por una medida restrictiva de la Unión;

d)la realización de operaciones con un tercer Estado, organismos de un tercer Estado, entidades y organismos que sean propiedad o estén bajo el control de un tercer Estado o de organismos de un tercer Estado que hayan sido prohibidas o restringidas por medidas restrictivas de la Unión;

e)el comercio de bienes o servicios cuya importación, exportación, venta, compra, transmisión, tránsito o transporte estén prohibidos o restringidos por medidas restrictivas de la Unión, así como la prestación de servicios de intermediación u otros servicios relacionados con dichos bienes y servicios;

f)la realización de actividades financieras prohibidas o restringidas por medidas restrictivas de la Unión, como la financiación y la asistencia financiera, la inversión y la prestación de servicios de inversión, la emisión de valores negociables e instrumentos del mercado monetario, la aceptación de depósitos, la prestación de servicios especializados de mensajería financiera, la negociación de billetes, la prestación de servicios de calificación crediticia y la entrega de criptoactivos y monederos de criptoactivos;

g)la prestación de otros servicios prohibidos o restringidos por medidas restrictivas de la Unión, como los servicios de asesoramiento jurídico, los servicios de confianza, los servicios de relaciones públicas, la contabilidad, la auditoría, la teneduría de libros y los servicios de consultoría tributaria, la consultoría empresarial y de gestión, la consultoría informática, los servicios de relaciones públicas y los servicios de radiodifusión, arquitectura e ingeniería;

h)la elusión de una medida restrictiva de la Unión de alguna de las siguientes formas:

i) ocultando fondos o recursos económicos que sean propiedad o estén en posesión o bajo el control de una persona, entidad u organismo designado y que hubiesen debido ser inmovilizados de conformidad con una medida restrictiva de la Unión, mediante la transferencia de dichos fondos o recursos económicos a un tercero;

ii) ocultando el hecho de que una persona, una entidad o un organismo sujeto a medidas restrictivas es el propietario o beneficiario último de fondos o recursos económicos, facilitando información falsa o incompleta;

iii) incumpliendo una persona, una entidad o un organismo designado la obligación impuesta por las medidas restrictivas de la Unión de informar de los fondos o recursos económicos dentro del territorio de un Estado miembro que le pertenezcan o estén en su posesión o bajo su control;

iv) incumpliendo la obligación impuesta por las medidas restrictivas de la Unión de facilitar sin demora indebida a las autoridades administrativas competentes información sobre los fondos o recursos económicos inmovilizados o información de que se disponga sobre fondos y recursos económicos en el territorio de los Estados miembros cuya propiedad, posesión o control corresponda a personas, entidades u organismos designados y que no hayan sido inmovilizados;

v) no cooperando con las autoridades administrativas competentes en la verificación de la información contemplada en los incisos iii) y iv), previa solicitud motivada de estas;

i)incumpliendo las condiciones establecidas en autorizaciones concedidas por las autoridades competentes para llevar a cabo actividades que, a falta de dicha autorización, estén prohibidas o restringidas en virtud de una medida restrictiva de la Unión.

3)La conducta a que se refiere el apartado 2, letras a) a g), constituirá infracción penal también si se comete por negligencia grave.

4)En ningún caso se entenderá que el apartado 2 impone a las personas físicas obligaciones contrarias al derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Directiva (UE) 2016/343.

5)En ningún caso se entenderá que el apartado 2 impone a los profesionales del Derecho la obligación de comunicar información obtenida en conexión estricta con procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, ya sea antes, durante o después de un proceso judicial, o al valorar la situación jurídica de un cliente. El asesoramiento jurídico en esas circunstancias estará protegido por el secreto profesional, salvo cuando el profesional del Derecho participe en la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, el asesoramiento jurídico se preste con el fin de vulnerar las medidas restrictivas de la Unión o el profesional del Derecho sepa que el cliente está solicitando asesoramiento jurídico a efectos de vulnerar las medidas restrictivas de la Unión.

6)Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a los elementos siguientes:

-    la entrega de bienes y la prestación de servicios para el uso cotidiano personal de personas físicas designadas, como los productos y servicios alimenticios y sanitarios, o la entrega de pequeñas cantidades de dinero en efectivo, cuando se limite claramente a satisfacer las necesidades humanas básicas de dichas personas y de sus familiares dependientes;

-    la no comunicación de dichas actividades;

-    la ayuda humanitaria prestada a las personas necesitadas.

Artículo 4

Inducción, complicidad y tentativa

1)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción o la complicidad relacionadas con las infracciones a que se refiere el artículo 3 sean punibles como infracción penal.

2)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en el artículo 3, apartado 2, letras a) a g), letra h), incisos i) y ii), y letra i), en grado de tentativa sean punibles como infracción penal.

Artículo 5

Sanciones penales aplicables a las personas físicas

1)Los Estados miembros se asegurarán de que las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones penales a que se refiere el artículo 3 sean punibles con una pena máxima que prevea la privación de libertad.

3)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones penales a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra h), incisos iii), iv) y v), sean punibles con una pena máxima de al menos un año de prisión cuando se refieran a fondos o recursos económicos de un valor de al menos 100 000 EUR. Los Estados miembros velarán por que el umbral de 100 000 EUR o más también pueda alcanzarse a través de una serie de infracciones conexas de las previstas en el artículo 3, apartado 2, letra h), incisos iii), iv) y v), cuando sean cometidas por el mismo infractor.

4)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones penales a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) a g), letra h), incisos i) y ii), y letra i), sean punibles con una pena máxima de al menos cinco años de prisión cuando se refieran a fondos o recursos económicos de un valor de al menos 100 000 EUR. Los Estados miembros velarán por que el umbral de 100 000 EUR o más también pueda alcanzarse a través de una serie de infracciones conexas de las previstas en el artículo 3, apartado 2, letras a) a g), letra h), incisos i) y ii), y letra i), cuando sean cometidas por el mismo infractor.

5)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas físicas que hayan cometido las infracciones a que se refieren los artículos 3 y 4 puedan ser objeto de sanciones complementarias. Entre dichas sanciones complementarias se incluirán las multas.

Artículo 6

Responsabilidad de las personas jurídicas

1)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 que hayan sido cometidas en su beneficio por cualquier persona que, actuando a título individual o como integrante de un órgano de la persona jurídica, ocupe un cargo directivo dentro de dicha persona jurídica, sirviéndose para ello de:

a)un poder de representación de la persona jurídica;

b)la facultad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;

c)la facultad para ejercer control dentro de la persona jurídica.

2)Asimismo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de una persona mencionada en el apartado 1 del presente artículo haya hecho posible la comisión, por una persona bajo su autoridad, de cualquiera de las infracciones penales a las que se hace referencia en los artículos 3 y 4 en beneficio de esa persona jurídica.

3)La responsabilidad de las personas jurídicas de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo no excluirá la incoación de procesos penales contra las personas físicas que sean autoras, inductoras o cómplices de las infracciones a las que se hace referencia en los artículos 3 y 4.

Artículo 7

Sanciones aplicables a las personas jurídicas

1)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al artículo 7 sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que se incluirán las multas de carácter penal o no penal, la inhabilitación para recibir prestaciones o ayudas públicas y financiación pública, incluidas las licitaciones, las subvenciones y las concesiones, y entre las que se podrán incluir otras sanciones, tales como:

a)la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales,

b)la retirada de permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción;

c)la vigilancia judicial;

d)la disolución judicial;

e)la clausura de establecimientos que hayan sido utilizados para cometer la infracción penal.

2)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el caso de las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al artículo 7, las infracciones penales a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra h), incisos iii) a v), sean punibles con multas cuyo límite máximo no sea inferior al 1 % del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica en el ejercicio económico anterior a la decisión de imposición de la multa.

3)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el caso de las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al artículo 7, las infracciones penales a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) a f), letra h), incisos i) y ii), y letra i), sean punibles con multas cuyo límite máximo no sea inferior al 5 % del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica en el ejercicio económico anterior a la decisión de imposición de la multa.

Artículo 8

Circunstancias agravantes

En la medida en que las siguientes circunstancias no formen ya parte de los elementos constitutivos de las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las siguientes circunstancias puedan considerarse circunstancias agravantes:

a)que la infracción se haya cometido en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo 57 ;

b)que la infracción la haya cometido un prestador de servicios profesionales incumpliendo sus obligaciones profesionales;

c)que la infracción la haya cometido un funcionario público en el ejercicio de sus funciones;

d)que la infracción la haya cometido otra persona en el ejercicio de una función pública.

Artículo 9

Circunstancia atenuante

Siempre que no constituya ya una obligación impuesta por las medidas restrictivas de la Unión, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en relación con las infracciones a que se refieren los artículos 3 y 4, puedan considerarse circunstancias atenuantes las siguientes:

a)que el infractor facilite a las autoridades competentes información que estas no habrían podido obtener de otro modo y que las ayude a descubrir o llevar ante la justicia a los demás infractores;

b)que el infractor facilite a las autoridades competentes información que estas no habrían podido obtener de otro modo y que las ayude a encontrar pruebas.

Artículo 10

Inmovilización y decomiso

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los fondos o recursos económicos sujetos a medidas restrictivas de la Unión con respecto a los cuales la persona, la entidad o el organismo designado cometa, como autor o partícipe, una de las infracciones penales a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra h), incisos i) o ii), se consideren «productos» del delito a efectos de la Directiva (UE) [.../...] [Directiva sobre recuperación y decomiso de activos].

Artículo 11

Normas de jurisdicción

1)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para extender su jurisdicción a las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 cuando:

a)la infracción penal se haya cometido total o parcialmente dentro de su territorio, incluido su espacio aéreo;

b)la infracción penal se haya cometido a bordo de cualquier aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

c)el infractor sea nacional de ese Estado miembro o tenga en él su residencia habitual;

d)el infractor sea un funcionario de ese Estado miembro que actúe en el desempeño de sus funciones;

e)la infracción se haya cometido en beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio;

f)la infracción se cometa en beneficio de una persona jurídica en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en su territorio.

2)Cuando más de un Estado miembro tenga jurisdicción para conocer de una infracción contemplada en los artículos 3 y 4, los Estados miembros de que se trate cooperarán para determinar cuál de ellos sustanciará el proceso penal. Cuando proceda, y de conformidad con el artículo 12 de la Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo 58 , se dará traslado del asunto a Eurojust.

3)En los casos a que se refiere el apartado 1, letra c), los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio de su jurisdicción no esté supeditado a la condición de que las actuaciones judiciales solo puedan iniciarse tras la presentación de una denuncia por parte de la víctima en el lugar donde se haya cometido la infracción penal o tras una notificación del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción.

Artículo 12

Plazos de prescripción

1)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para fijar un plazo de prescripción que permita la investigación, la acusación, el enjuiciamiento y la resolución judicial en relación con las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 durante un período suficiente a partir de la comisión de dichas infracciones penales, de modo que estas puedan perseguirse de manera efectiva.

2)Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 que sean punibles con una pena máxima de al menos cinco años de prisión se puedan someter a investigación, acusación, enjuiciamiento y resolución judicial en un plazo de al menos cinco años a partir del momento en que se cometió la infracción.

3)No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán fijar un plazo de prescripción inferior a cinco años, pero no inferior a tres años, siempre y cuando garanticen que pueda ser interrumpido o suspendido por determinados actos.

4)Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para permitir la aplicación de:

a)una pena de más de un año de prisión o

b)una pena de prisión en el caso de una infracción penal que sea punible con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión,

que se haya impuesto a raíz de una sentencia condenatoria firme por una infracción penal contemplada en los artículos 3 o 4 durante un período de al menos cinco años a partir de la fecha de la condena firme. Este período podrá conllevar prórrogas del plazo de prescripción si se interrumpe o suspende.

Artículo 13

Coordinación y cooperación entre las autoridades competentes de un Estado miembro

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer mecanismos adecuados de coordinación y cooperación a nivel estratégico y operativo entre todas sus autoridades administrativas, policiales y judiciales competentes.

Dichos mecanismos estarán destinados, al menos, a lo siguiente:

a)garantizar prioridades comunes y la comprensión de la relación entre la aplicación del Derecho en el ámbito penal y en el administrativo;

b)intercambiar información con fines estratégicos y operativos;

c)realizar consultas en investigaciones individuales;

d)intercambiar buenas prácticas;

e)prestar asistencia a las redes de profesionales que trabajen en asuntos pertinentes para la investigación y la persecución de infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

Artículo 14

Denuncia de infracciones y protección de las personas que denuncian infracciones relacionadas con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión o que colaboran en la investigación

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la protección otorgada por la Directiva (UE) 2019/1937 59 sea aplicable a las personas que denuncien las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Directiva.

Artículo 15

Instrumentos de investigación

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que también se disponga de instrumentos de investigación efectivos, como los que se utilizan en relación con la delincuencia organizada u otros casos de delitos graves, para investigar o perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4.

Artículo 16

Cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, la Comisión, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea

1)Sin perjuicio de las normas en materia de cooperación transfronteriza y asistencia judicial en materia penal, las autoridades de los Estados miembros, Europol, Eurojust, la Fiscalía Europea y la Comisión colaborarán entre sí, en el marco de sus respectivas competencias, en la lucha contra las infracciones penales contempladas en los artículos 3 y 4. A tal fin, la Comisión y, cuando proceda, Europol y Eurojust, prestarán asistencia técnica y operativa para facilitar la coordinación de las investigaciones y de la persecución por parte de las autoridades competentes.

2)Las autoridades competentes de los Estados miembros también compartirán periódicamente con la Comisión y otras autoridades competentes información sobre cuestiones prácticas, en particular sobre las pautas de elusión, como por ejemplo las estructuras para ocultar la titularidad real y el control de los activos.

   Artículo 17

Modificaciones de la Directiva (UE) 2018/1673

En el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/1673, se añade la letra siguiente:

«w) vulneración de las medidas restrictivas de la Unión;».

Artículo 18

Transposición

1)Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

2)Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 19

Evaluación e informes

1)A más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a dos años después del final del período de transposición], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluará hasta qué punto los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información necesaria para la elaboración del informe.

2)Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en otros actos jurídicos de la Unión, los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión las siguientes estadísticas sobre las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4:

a)el número de procesos penales incoados, el número de procesos sobreseídos, el número de procesos que terminen en absolución, el número de procesos que terminen en condena y el número de procesos en curso;

b)los tipos y grados de sanciones impuestas por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión.

3)Los Estados miembros presentarán a la Comisión los datos estadísticos a que se refiere el apartado 2 utilizando los instrumentos de información específicos establecidos por la Comisión para la comunicación de información en el ámbito de las medidas restrictivas.

4)A más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a cinco años después del final del período de transposición], la Comisión llevará a cabo una evaluación del impacto de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información necesaria para la elaboración de dicho informe.

Artículo 20

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 21

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el

(1)    El Consejo adopta las medidas restrictivas. En primer lugar, adopta una decisión PESC del Consejo en virtud del artículo 29 del TUE. Las medidas previstas en la decisión del Consejo se aplican a nivel de la Unión o a nivel nacional. La práctica seguida hasta ahora ha sido la aplicación directa de medidas tales como los embargos de armas o de las restricciones de admisión por los Estados miembros, quienes tienen la obligación jurídica de actuar con arreglo a las Decisiones PESC del Consejo. Caben, además, otras medidas como la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas con un tercer país y las medidas individuales de inmovilización de fondos y recursos económicos, así como la prohibición de facilitar fondos y recursos económicos. Estas medidas se aplican mediante un reglamento adoptado por el Consejo por mayoría cualificada a propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión, en virtud del artículo 215 del TFUE. Las disposiciones antielusión pueden encontrarse en ambos tipos de actos.

(2)    El mapa de sanciones de la UE ofrece una visión general de la situación: https://www.sanctionsmap.eu/#/main .

(3)    Dentro del territorio de la Unión , es decir: a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; b) a bordo de cualquier aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro; c) a cualquier persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro; d) a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro; e) a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión [véase, por ejemplo, el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 6)].

(4)    Véase el mapa de sanciones de la UE, nota a pie de página 2.

(5)    Véase también la Comunicación de la Comisión «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia», COM(2021) 32 final, de 19.1.2021, sección 5 (Reforzar la aplicación y el cumplimiento de las sanciones de la UE), p. 16: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0032&from=ES . En esa misma Comunicación, la Comisión señala que la aplicación de las medidas restrictivas de la UE carece del grado de uniformidad que debería tener en toda la UE. Tal situación crea distorsiones en el mercado único, ya que las empresas de la UE, incluidas las filiales de empresas extranjeras en la UE, pueden eludir las prohibiciones. Además, genera incertidumbre entre los operadores económicos. Como ya se ha indicado, la aplicación incoherente socava la eficacia de las medidas restrictivas y la capacidad de la UE para manifestarse al unísono. La estrategia reclama, entre otras iniciativas, una mayor coordinación entre la Comisión y los Estados miembros para garantizar que las sanciones nacionales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(6)    Por ejemplo, véase el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, texto consolidado disponible en EUR-Lex - 02014R0833-20220413 - ES - EUR-Lex (europa.eu) .

(7)    Cabe señalar que esta cláusula también es aplicable aunque no se hayan infringido las medidas restrictivas; basta con participar en planes creados con ese fin.

(8)    La aproximación de las definiciones y sanciones penales no puede llevarse a cabo sobre la base jurídica no legislativa que constituyen el artículo 29 del TUE y el artículo 215 del TFUE.

(9)    Red de Cooperación contra el Genocidio, Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis [«Persecución de las vulneraciones de las sanciones (medidas restrictivas) en las jurisdicciones nacionales: un análisis comparativo», no disponible en español], 2021, anexo, disponible en https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide_network_report_on_prosecution_of_sanctions_restrictive_measures_violations_23_11_2021.pdf . Con vistas a una presentación en el Grupo «Cooperación Judicial en Materia Penal» (COPEN) del Consejo, el informe se publicó también en el documento 7274/22 del Consejo, de 16 de marzo de 2022.

(10)    Red de Cooperación contra el Genocidio, Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021, sección 5.1, p. 22.

(11)    Ídem.

(12)    Ídem, sección 5.2, p. 23.

(13)    Ídem, sección 5.3, p. 24.

(14)    Ídem, según el informe de la Red de Cooperación contra el Genocidio y las investigaciones adicionales de la Comisión.

(15)    Ídem.

(16)    Red de Cooperación contra el Genocidio, Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021, p. 4. En el anexo del informe de expertos se ofrece una visión general de la legislación pertinente de los Estados miembros y de los Estados observadores de la Red, https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide_network_report_on_prosecution_of_sanctions_restrictive_measures_violations_23_11_2021.pdf . Con vistas a una presentación en el Grupo «Cooperación Judicial en Materia Penal» (COPEN) del Consejo, el informe se publicó también en el documento 7274/22 del Consejo, de 16 de marzo de 2022.

(17)    Red de Cooperación contra el Genocidio, Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021, p. 13.

(18)    Se puede consultar una selección de asuntos en el documento de la Red de Cooperación contra el Genocidio, Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021, p. 14.

(19)    Operación de Europol a escala de la UE dirigida contra activos de origen delictivo en relación con la invasión rusa de Ucrania; más información en: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/eu-wide-operation-targeting-criminal-assets-in-relation-to-russian-invasion-of-ukraine .

(20)    Comisión Europea, Propuesta de Decisión del Consejo por la que se añade la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión a los ámbitos delictivos establecidos en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [COM(2022) 247, de 25.5.2022].

(21)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad [COM(2020) 605 final, de 24.7.2020].

(22)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 [COM(2021) 170 final, de 14.4.2021].

(23)    Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO L 229 de 31.7.2014, p. 1), versión consolidada, disponible en: EUR-Lex - 02014R0833-20220604 - ES - EUR-Lex (europa.eu) ; Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 6), versión consolidada, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220604 .

(24)    Reglamento (UE) 2022/1273 del Consejo, de 21 de julio de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (ST/11451/2022/INIT, DO L 194 de 21.7.2022, p. 1).

(25)    Artículo 9, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) n.º 269/2014, en su versión modificada: «1. Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2. 2. Las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I: a) notificarán antes del 1 de septiembre de 2022 o en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de inclusión en la lista del anexo I, si esta fecha es posterior, los fondos o recursos económicos bajo la jurisdicción de un Estado miembro cuya propiedad, tenencia o control les corresponda, a las autoridades competentes del Estado miembro en el que estén situados dichos fondos o recursos económicos, y b) cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de dicha información. 3. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 se considerará participación a tenor del apartado 1 en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2.».

(26)    Ídem.

(27)    Artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 269/2014, en su versión modificada: «1. No obstante lo dispuesto en las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos: a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2 o información de que dispongan sobre los fondos y recursos económicos en el territorio de la Unión cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I y que no hayan sido tratados como inmovilizados por las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos obligados a hacerlo, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a través de los Estados miembros, y b) cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de dicha información.».

(28)    COM(2021) 32 final, de 19.1.2021.

(29)    Decisión de Ejecución de la Comisión de 9.3.2022, relativa a la financiación del instrumento de apoyo técnico y a la adopción del programa de trabajo para 2022 [C(2022) 1379 final, de 9.3.2022].

(30)    Decisión (UE) 2022/2332 del Consejo, de 28 de noviembre de 2022, relativa a la identificación de la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión como ámbito delictivo que cumple los criterios especificados en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (ST/10287/2022/REV/1, DO L 308 de 29.11.2022, p. 18). 

(31)    Eurojust, Red de Cooperación contra el Genocidio, https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network?msclkid=de6a1668cf6011eca5681e93e0033be2 .

(32)    Red de Cooperación contra el Genocidio, Expert Report on Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021.

(33)    Ídem, p. 4.

(34)    Ídem, p. 26.

(35)    Comisión Europea, Grupo de Expertos sobre Política Penal de la UE, https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2760&msclkid=56005123cfaf11ec8de3edb643537b59&lang=es .

(36)    Véase nota n.º 30.

(37)    Comisión Europea, Propuesta de Decisión del Consejo por la que se añade la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión a los ámbitos delictivos establecidos en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [COM(2022) 247, de 25.5.2022].

(38)    Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, «Hacia una Directiva sobre sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión» [COM(2022) 249, de 25.5.2022].

(39)    Véase nota n.º 30, considerando 24: «A fin de permitir, con carácter de urgencia, la adopción de legislación derivada que establezca normas mínimas sobre la definición y las sanciones aplicables al delito de vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, la presente Decisión debe entrar en vigor con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.».

(40)    Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).

(41)    Véanse los artículos 8 y 9 del Reglamento (UE) n.º 269/2014, en su versión modificada.

(42)    Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1).

(43)    Nota de la Comisión, Nota de orientación de la Comisión sobre la prestación de ayuda humanitaria de conformidad con las medidas restrictivas de la UE (sanciones) [C(2022) 4486, de 30.6.2022].

(44)    Red de Cooperación contra el Genocidio, sección 5.2, p. 23.

(45)    Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

(46)    Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre recuperación y decomiso de activos [COM(2022) 245, de 25.5.2022], artículo 3, punto 1: «“producto”: toda ventaja económica derivada, directa o indirectamente, de infracciones penales; puede consistir en cualquier tipo de bien e incluye cualquier reinversión o transformación posterior del producto directo así como cualquier beneficio cuantificable;».

(47)    Red de Cooperación contra el Genocidio, Expert Report on Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021, pp. 14 a 20.

(48)    Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (PE/30/2018/REV/1; DO L 284 de 12.11.2018, p. 22).

(49)    Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(50)    Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (PE/30/2018/REV/1; DO L 284 de 12.11.2018, p. 22).

(51)    Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).

(52)    Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).

(53)    Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).

(54)    Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1).

(55)    Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1).

(56)    Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

(57)    Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

(58)    Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42).

(59)    Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).