—

Vistos los artículos 4 y 14 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DCA) (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se deroga la Decisión n.o 1482/2007/CE (2),

—

Vista la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (3),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (4),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (5),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales (6),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (7),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 15 de julio de 2020, de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DCA7) (COM(2020)0314),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 2 de junio de 2020, sobre la evolución futura de la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad en la UE,

—

Vista su posición, de 10 de marzo de 2021, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (8),

—

Vista la evaluación inicial de impacto de la Comisión, de 23 de noviembre de 2020, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta a las medidas destinadas a reforzar las normas vigentes y ampliar el marco de intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad para incluir los criptoactivos y el dinero electrónico,

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Visto el informe de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa (COM(2017)0781),

—

Visto el informe de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, sobre el panorama general y la evaluación de las estadísticas y la información relativas a los intercambios automáticos en el ámbito de la fiscalidad directa (COM(2018)0844),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 12 de septiembre de 2019, sobre la evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE) (SWD(2019)0327),

—

Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.o 03/2021 titulado «Intercambio de información fiscal en la UE: bases sólidas con deficiencias en la ejecución»,

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Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de mayo de 2020, sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (C(2020)2800),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2020, sobre sobre un Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación (COM(2020)0312),

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Visto el estudio titulado «Implementation of the EU requirements for tax information exchange» (Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información fiscal) publicado por la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (10),

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Visto el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE, de 19 de julio de 2013,

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Visto el informe de la OCDE, de 9 de diciembre de 2020, titulado «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020» (Revisión por pares del intercambio automático de información de cuentas financieras 2020),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2020, titulado «Medidas efectivas y coordinadas de la UE para luchar contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales» (11),

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Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0193/2021),

A.

Considerando que la Unión se enfrenta a prácticas fiscales desleales o agresivas, como el hecho de que los Estados miembros de la Unión pierdan entre 160 000 000 000 y 190 000 000 000 EUR (12) al año como resultado de la evasión fiscal y el traslado de beneficios por parte de empresas multinacionales; que esta pérdida tiene un importante alcance, dada la crisis sanitaria, social y económica que está atravesando y sufriendo la Unión; que en 2016 los contribuyentes de la Unión tenían 1 500 000 000 000 EUR en paraísos fiscales, lo que supone una pérdida media de ingresos fiscales de 46 000 000 000 EUR en la Unión como consecuencia de la evasión fiscal de los particulares (13); que estas cantidades son solo una parte del problema general de la elusión fiscal por parte de particulares y empresas y que este valor se sustrae de manera ilegítima de los presupuestos nacionales, por lo que representa una carga adicional para los contribuyentes cumplidores;

B.

Considerando que la cooperación entre las administraciones tributarias ha mejorado significativamente a escala de la Unión y a nivel mundial en los últimos años, con el objetivo de atajar con mayor eficacia el fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales, en particular gracias al Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI) del G-20 y la OCDE, aprobado en 2014;

C.

Considerando que reiteradas revelaciones por parte de periodistas de investigación, como el escándalo LuxLeaks, los papeles de Panamá, los papeles del paraíso, los escándalos cum/ex y cum/cum y, más recientemente, OpenLux, han contribuido a sensibilizar a la opinión pública y han llevado a la Unión a seguir desarrollando su conjunto de instrumentos para luchar contra el fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales; que las revelaciones OpenLux han demostrado que es necesario que el intercambio de información fiscal tenga más calidad y ofrezca resultados;

D.

Considerando que la DCA, que entró en vigor en enero de 2013 y sustituyó a la Directiva 77/799/CEE del Consejo, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos, establecía las normas y procedimientos de cooperación entre los Estados miembros en lo relativo al intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados miembros, y en particular el intercambio automático de información sobre rentas y activos;

E.

Considerando que la DCA ha sido modificada posteriormente cinco veces para ampliar gradualmente el alcance del intercambio automático de información a la información sobre cuentas financieras y rentas relacionadas (DCA2), a los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia (DCA3), a los informes país por país presentados por las empresas multinacionales (DCA4), al acceso de las autoridades tributarias a información sobre la titularidad real al amparo de las normas contra el blanqueo de capitales (DCA5), y, por último, para ampliar el alcance del intercambio automático de información a los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal e introducir normas de declaración obligatoria para los intermediarios (DCA6);

F.

Considerando que las disposiciones sobre el intercambio automático de información en virtud de las Directivas DCA1 a DCA4 entraron en vigor entre enero de 2015 y junio de 2017, y que se puede evaluar su impacto inicial, aunque aún es demasiado pronto para valorar el impacto de las disposiciones de la DCA5 y la DCA6, que no entraron en vigor hasta enero de 2018 y julio de 2020 respectivamente;

G.

Considerando que la Comisión propuso una modificación posterior, en julio de 2020, para ampliar el alcance del intercambio automático de información, entre otros aspectos, a las rentas obtenidas a través de plataformas digitales (DCA7), y anunció una modificación adicional para ofrecer acceso a la información sobre criptoactivos (DCA8); que dicha revisión podría convertirse en una oportunidad para mejorar la totalidad del marco de intercambio de información;

H.

Considerando que el Consejo ha finalizado su negociación sobre varias revisiones de la DCA, incluida la reciente propuesta de DCA7, sin tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo, actuando en contra del principio de cooperación leal y del papel del Parlamento Europeo en un proceso de consulta, tal y como establece el artículo 115 del TFUE;

I.

Considerando que las dificultades con que ha tropezado el Consejo para acordar las mejoras propuestas por la Comisión no aportan respuestas suficientes a los problemas fiscales mundiales;

J.

Considerando que persisten algunas incoherencias entre las normas internacionales y europeas, sobre todo en lo que respecta a los plazos para la comunicación de información fiscal; que la mayoría de los Estados miembros publican información agregada en los informes país por país, de conformidad con la acción 13 del Plan de acción BEPS;

K.

Considerando que la Unión ha firmado acuerdos con terceros países, incluidos Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza, para garantizar que comparten información equivalente a la de la DCA2 con los Estados miembros; que no se han celebrado acuerdos similares respecto de las versiones posteriores de la DCA;

L.

Considerando que el público solo dispone de información muy limitada sobre la aplicación de las Directivas DCA1 a DCA4, que casi no hay información cuantitativa sobre el intercambio de información relativo a los informes país por país en virtud de la DCA4, y que la información cuantitativa sobre la aplicación de la DCA en los Estados miembros es escasa;

M.

Considerando que el Parlamento respeta plenamente el principio de la soberanía nacional en materia tributaria;

N.

Considerando que la información disponible muestra que el intercambio de información en virtud de las disposiciones de las DCA1 y DCA2 sobre intercambio automático de información ha aumentado significativamente desde la entrada en vigor, y que los Estados miembros intercambiaron alrededor de 11 000 mensajes relativos a casi 16 millones de contribuyentes y a rentas o activos por valor superior a los 120 000 000 000 EUR con arreglo a las disposiciones de la DCA1 entre 2015 y mediados de 2017, y alrededor de 4 000 mensajes que abarcan cerca de 8,3 millones de cuentas, por un valor total de casi 2 900 000 000 000 EUR con arreglo a la DCA2 en 2018;

O.

Considerando que las disposiciones sobre intercambio automático de información en virtud de la DCA3 han conllevado un importante aumento de la notificación de acuerdos previos con efecto transfronterizo y de acuerdos previos sobre precios de transferencia en comparación con el período anterior, en el que solo se compartían en contadas ocasiones y con carácter espontáneo, a pesar del requisito jurídicamente vinculante de compartir numerosos acuerdos de este tipo desde 1977, y que en 2017 se notificaron 17 652 acuerdos previos con efecto transfronterizo o acuerdos previos sobre precios de transferencia, en comparación con tan solo 2 529 en 2016, 113 en 2015 y 11 en 2014; que el éxito no puede medirse únicamente por un aumento total de los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia notificados, como demuestran las revelaciones de LuxLetters;

P.

Considerando que incumbe al Parlamento, conjuntamente con el Consejo, ejercer un control político sobre la Comisión, tal como se establece en los Tratados (artículo 14 del TUE), incluida su política de ejecución y aplicación, y que ello requiere un acceso adecuado a la información pertinente; que, de conformidad con el artículo 17, apartado 8, del TUE, la Comisión tiene una responsabilidad ante el Parlamento Europeo;

Q.

Considerando que la Comisión ha incoado en total 73 procedimientos de infracción relacionados, sobre todo, con retrasos en la transposición de la DCA por parte de los Estados miembros, y que en enero de 2021 todavía había dos procedimientos de infracción en curso; que el retraso o las deficiencias en la transposición de la DCA por parte de los Estados miembros justificaron varios procedimientos de infracción y que este contexto justifica la posición del Parlamento a favor de que la Comisión controle de modo estricto la transposición de la legislación europea en materia tributaria y, en concreto, de las disposiciones de la DCA;

R.

Considerando que la OCDE creó en 2014 un estándar mundial para el intercambio automático de información con su ECCI, y que más de cien jurisdicciones de todo el mundo se han comprometido a poner en marcha el intercambio automático de información sobre cuentas financieras a partir de 2021;

S.

Considerando que el Parlamento reconoce que no tiene competencias legislativas en el ámbito de la fiscalidad directa y solo cuenta con competencias legislativas limitadas respecto de la fiscalidad indirecta;

T.

Considerando que, paralelamente al marco de la DCA, se debe prestar la misma atención a la capacidad y la voluntad de las administraciones fiscales para facilitar el cumplimiento y servir a los intereses de los contribuyentes;

U.

Considerando que la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad debe convertirse en un instrumento para mejorar el trabajo coordinado de las administraciones tributarias nacionales, pero debe tener en cuenta dimensiones como: i) el refuerzo de los recursos de las administraciones tributarias (humanos, financieros y de infraestructuras, sobre todo infraestructuras digitales); ii) la protección de los derechos de los contribuyentes, como la protección de datos; iii) la salvaguardia de los secretos profesionales e industriales, con elevados niveles de ciberseguridad en el proceso de intercambio de información; iv) la reducción de la carga administrativa y burocrática para contribuyentes y empresas; v) la promoción de estándares de mayor rendimiento para las administraciones tributarias, con plazos más ajustados para cumplir las normas europeas; y vi) la salvaguardia de la competitividad de nuestras empresas, con formas más sencillas y rápidas de garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos;

V.

Considerando que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha exigido un enorme esfuerzo fiscal y presupuestario por parte de los gobiernos, también en forma de ayudas a las empresas; que los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir sus responsabilidades sociales, como la cooperación adecuada con las autoridades tributarias, para garantizar un intercambio exhaustivo de información fiscal;

W.

Considerando que la eficacia del intercambio de información fiscal no depende tanto de la cantidad de datos que se intercambian como de su calidad; que, por tanto, la calidad y la exhaustividad de los datos son esenciales para extraer el máximo beneficio del marco de la DCA; que la falta de información pública sobre los datos cuantitativos del intercambio de información realizado en virtud de las Directivas DCA1 a DCA4 dificulta significativamente el control democrático por parte de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo;

X.

Considerando que la economía progresivamente digitalizada y globalizada presenta unas dimensiones complejas y desafiantes, como los activos digitales y los criptoactivos, y que es importante, no obstante, reforzar la cooperación entre las administraciones tributarias nacionales en este ámbito; que es importante contar con una definición clara de los criptoactivos, en consonancia con el trabajo en curso de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para reforzar la lucha contra la evasión fiscal y para promover la equidad tributaria; que la proliferación de las criptomonedas es un asunto de actualidad y debe tenerse en cuenta en cualquier esfuerzo por reforzar la cooperación administrativa, sobre la base de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

Y.

Considerando que la política tributaria constituye la esencia de la soberanía nacional en materia presupuestaria y tributaria y que representa las competencias nacionales; que cualquier decisión importante a escala europea debe basarse en un respeto estricto de la lógica intergubernamental por la que se rige este ámbito de la integración europea; que las decisiones importantes sobre una mayor integración en este ámbito deben adoptarse siempre respetando los Tratados, las competencias nacionales y la soberanía nacional en materia presupuestaria y tributaria; que el Parlamento está de acuerdo con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras en materia tributaria, teniendo en cuenta el marco institucional que se desea preservar;

Z.

Considerando que la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad debe ser un instrumento para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal por parte de particulares y empresas, mediante la mejora de los canales de comunicación y unas prácticas eficaces de intercambio de información;

AA.

Considerando que las revisiones consecutivas de la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad demuestran el interés continuo de los Estados miembros y los legisladores europeos por esta cuestión, que los instrumentos europeos están evolucionando de manera gradual y progresiva con arreglo a una lógica de cooperación más estrecha, y que los ciudadanos conocen el valor añadido de las soluciones europeas para abordar cuestiones vinculadas a la fiscalidad, sobre todo en la lucha contra el fraude fiscal y la elusión y la evasión fiscales;

AB.

Considerando que el intercambio de información sobre rentas y ganancias de capital de particulares, sobre todo respecto de bienes inmuebles, se ve mermado por las sociedades fantasma;

AC.

Considerando que, con arreglo al marco actual, no se intercambia de manera automática información sobre los titulares reales de las acciones de las empresas;

AD.

Considerando que las empresas familiares a menudo poseen gran cantidad de activos transfronterizos, mediante la propiedad directa de sociedades o a través de entidades de inversión en manos de un reducido número de accionistas (14); que dichas instituciones financieras pueden ser objeto de intereses opuestos que contribuyen a una comunicación poco fiable de la información fiscal; que los sistemas fiscales nacionales apenas cubren las plusvalías latentes de particulares en empresas con baja fiscalidad situadas en el extranjero; que todo ello permite a particulares con un elevado patrimonio acumular riqueza a partir de rentas con una baja imposición, mientras que las clases medias solo puede acumular riqueza a partir de rentas sometidas a una fiscalidad completa;

AE.

Considerando que un marco de intercambio de información eficaz y que funcione correctamente puede atenuar la presión presupuestaria en todos los Estados miembros;

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