a)

se incluyó a los profesionales del Derecho que trabajan con organizaciones de la sociedad civil (OSC) como posibles beneficiarios;

b)

se otorgó un mayor papel a las organizaciones de la sociedad civil;

c)

se reforzó la igualdad de género (concretamente con la adición de un nuevo artículo específico sobre la integración de la perspectiva de género) y la no discriminación;

d)

se especificó con mayor precisión las acciones que se financiarán en el marco del programa Justicia.

a)

con respecto a la gobernanza del programa, se confirmó el uso de actos de ejecución para la adopción del programa de trabajo, en consonancia con la propuesta inicial y con el mandato del Consejo;

b)

el refuerzo de las cláusulas sobre el Estado de Derecho;

c)

con respecto a la asignación de fondos, se introdujo en el Reglamento una asignación limitada, en relación con la financiación que debe asignarse a los objetivos del Reglamento. También se ha previsto un margen de flexibilidad para apoyar cada uno de los objetivos definidos en el Reglamento, a fin de respaldar con carácter prioritario acciones destinadas a promover el Estado de Derecho. Esta asignación limitada, si bien no estaba prevista en la propuesta inicial de la Comisión, se basa en una asignación de fondos similar prevista en el Reglamento por el que se establece el programa «Justicia» para el período de 2014 a 2020.