Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Condiciones de vida equivalentes: una tarea común para todos los niveles de la administración en Europa

(2020/C 440/02)

Ponente: Bernd LANGE (DE/PPE) Presidente del Ejecutivo del Distrito de Görlitz

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

expresa su preocupación por las crecientes disparidades económicas, sociales y territoriales dentro de los Estados miembros de la Unión y entre ellos. Los recientes acontecimientos en Europa han puesto de manifiesto que las diferencias entre los territorios y las personas en términos de desarrollo económico, empleo y bienestar van en aumento. Estas diferencias se dan a todos los niveles, desde el nivel sublocal hasta el europeo, y han alcanzado proporciones críticas. El debate en curso sobre los territorios rezagados u «olvidados» pone claramente de manifiesto la necesidad de un enfoque más específico para abordar los problemas de desarrollo de estos lugares;

2.

señala que la pandemia de COVID-19 agrava aún más los desafíos debidos a la crisis en la mayoría de las zonas de los Estados miembros. Las repercusiones económicas y sociales y las condiciones resultantes para la recuperación son muy heterogéneas en los distintos territorios;

3.

reitera que, por esta razón, el objetivo de la cohesión territorial, económica y social, establecido en el artículo 174 del TFUE, debe seguir siendo una prioridad de la Unión Europea. A este objetivo transversal deben contribuir, además de la política regional europea y la política agrícola común, todas las demás políticas de la Unión (por ejemplo, las políticas sociales, de transporte, medio ambiente y energía), en particular, las políticas de la UE relativas al Pacto Verde Europeo y a una mayor digitalización;

4.

recuerda la específica realidad de las regiones ultraperiféricas reconocida en el artículo 349 TFUE, e insiste en el compromiso de la UE en favor del desarrollo de estas regiones a través de medidas específicas, en beneficio de estas y de toda la UE;

5.

destaca que, en 2017, un tercio de la población de la UE vivía en grandes ciudades de más de 100 000 habitantes, un tercio en ciudades de entre 10 000 y 100 000 habitantes y un tercio en pequeñas ciudades y comunidades rurales de menos de 10 000 habitantes (1). La presidenta de la Comisión Europea ha señalado en sus orientaciones políticas (2) que más del 50 % de la ciudadanía europea reside en entidades municipales de zonas rurales;

6.

señala que, en el pasado, la política estructural europea se ha centrado sobre todo en la cohesión de las entidades regionales (NUTS 1 o NUTS 2), pero que no siempre se ha estudiado y se ha tenido suficientemente en consideración el impacto de las medidas en los niveles locales inferiores;

7.

constata que, en los últimos años, se ha observado un aumento de los flujos de emigración neta desde las zonas rurales a las urbanas en los diferentes Estados miembros y regiones (3), y considera que las políticas de la UE deben contribuir a los retos y oportunidades que planteen dichos flujos;

8.

expresa su preocupación por el hecho de que, en muchos lugares, una mayor emigración hacia las grandes ciudades conlleve importantes desafíos para sus centros urbanos como, por ejemplo, la falta de vivienda, el aumento en el precio del alquiler, la sobrecarga de las infraestructuras públicas y problemas sociales. Como consecuencia de la emigración, en el medio rural las ciudades y los municipios de pequeñas y medianas dimensiones, así como las empresas locales, se enfrentan a grandes desafíos. El mantenimiento de las infraestructuras públicas y la financiación de los servicios públicos se ven dificultados debido al menor número de usuarios —además, cada vez más envejecido, y, por tanto, necesitado de mayores servicios—, y las empresas se enfrentan a menudo a una escasez de mano de obra cualificada;

9.

se remite en este contexto al proyecto de Dictamen del CDR sobre el tema «Cambio demográfico: propuestas para cuantificar y afrontar los efectos negativos en las regiones de la UE» (4) y al Dictamen del CDR sobre «Los retos de las regiones metropolitanas y su posición en la futura política de cohesión después de 2020» (5);

10.

recuerda que la primera de un total de seis prioridades establecidas en la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 es la promoción de un desarrollo territorial policéntrico y equilibrado (6) y que este objetivo sigue siendo prioritario en el proyecto de Agenda Territorial 2030;

11.

constata que en la actualidad no existe un enfoque transversal en la Unión Europea con el objetivo de reducir los incentivos de la emigración y de una urbanización o desurbanización descontroladas, mejorando las condiciones de vida en todas las zonas;

12.

reitera la importancia del objetivo 11 «Ciudades y asentamientos sostenibles» de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que debe ser válido para todos los tipos de territorios;

13.

considera que la accesibilidad generalizada de las infraestructuras puntuales públicas, así como la disponibilidad generalizada de las infraestructuras de red públicas y de los servicios públicos, es una condición indispensable para unas condiciones de vida de calidad y un desarrollo sostenible en todos los territorios de la Unión Europea. En este contexto, reitera que las condiciones estructurales varían considerablemente entre los Estados miembros e incluso dentro de las regiones;

14.

considera que las medidas adoptadas por la Unión Europea deben prestar un apoyo equilibrado a los espacios urbanos densamente poblados y a las zonas rurales, a las que se les ha otorgado con frecuencia una consideración fundamentalmente agraria; lamenta, en este orden de cosas, las intervenciones comparativamente reducidas del FSE y el FEDER en las zonas rurales (7) (8);

15.

teme que la crisis del coronavirus dificulte aún más la provisión y el mantenimiento de infraestructuras públicas y la prestación de servicios públicos, en particular en los municipios y regiones más pequeños, alejados y aislados, y débiles desde el punto de vista financiero, ya que es probable que las entidades locales se vean especialmente afectadas por la disminución de los ingresos fiscales. Esto podría seguir impulsando los desarrollos opuestos de los últimos años; subraya que, por lo general, los recortes de las inversiones públicas en infraestructuras y servicios tienen repercusiones más graves entre los grupos de población más vulnerables;

Estrategias nacionales para un desarrollo territorial equilibrado

16.

considera que las políticas de la Unión Europea y las de los Estados miembros deben ser siempre complementarias. En ningún caso deben oponerse ni perseguir objetivos contrarios; destaca, por lo tanto, que se debe evitar la sobrerregulación por parte de los Estados miembros a la hora de transponer las Directivas de la UE al Derecho nacional;

17.

pide, por lo tanto, a los Estados miembros que, en estrecha colaboración con las entidades locales y regionales, desarrollen asimismo políticas nacionales de cohesión y las vinculen con los esfuerzos a nivel europeo en el sentido del principio de asociación y de gobernanza multinivel;

18.

señala, en este contexto, que en varios Estados miembros ya existen enfoques a nivel nacional orientados a una política estructural equilibrada que beneficie a todos los territorios. Mientras que algunos Estados proponen principios generales para el desarrollo de todas las zonas (9), en otros se establecen planes específicos para determinados tipos de zonas (10) (11);

19.

subraya que las estrategias nacionales mencionadas no se centran principalmente en la cohesión económica en términos de rendimiento económico, sino más bien en el establecimiento de un cierto nivel de gestión pública, infraestructura y servicios que sirvan como base para un mayor desarrollo socioeconómico;

20.

constata que la gestión descentralizada se menciona frecuentemente en todas las estrategias nacionales como condición esencial para los territorios habitables. Para garantizar una administración cercana a los ciudadanos y la participación democrática, las estructuras municipales y regionales son esenciales;

21.

reconoce que, en comparación con las políticas europeas, todas las políticas nacionales mencionadas ponen un mayor énfasis en los municipios más pequeños (municipios, mancomunidades de municipios, ciudades pequeñas y medianas, etc.) en el medio rural para reforzarlos y aumentar así su atractivo. Todas las estrategias se centran fundamentalmente en las zonas rurales como espacios de vida y prevén medidas de política estructural para el desarrollo de estos espacios;

22.

acoge favorablemente, en particular, los enfoques sectoriales adoptados por los Estados miembros en sus estrategias nacionales. A pesar de la heterogeneidad de los territorios, es evidente que los desafíos son similares en los distintos Estados miembros;

23.

subraya que todos los enfoques nacionales apuntan a la digitalización como un aspecto fundamental. La disponibilidad de infraestructuras y servicios públicos digitales generalizados también puede crear y mantener puestos de trabajo fuera de los centros urbanos, lo que a su vez podría limitar la fuga de mano de obra a las grandes ciudades. Subraya que el aumento del teletrabajo que se ha experimentado durante la pandemia de COVID-19 podría brindar a los trabajadores una mayor flexibilidad para elegir su lugar de residencia; a este respecto, hace hincapié en que, en su opinión, la constante digitalización de muchos ámbitos de trabajo conllevará a largo plazo que las ventajas derivadas de la proximidad al lugar de trabajo cobren con toda seguridad un papel de menor importancia en muchos ámbitos; subraya que esta tendencia no debe poner en peligro las políticas de movilidad y, en particular, aquellas dirigidas a limitar el impacto medioambiental de los desplazamientos cotidianos al trabajo y los viajes de negocios;

24.

señala la necesidad de que los territorios más alejados de los grandes centros urbanos y con menor densidad de población puedan tener idénticos niveles de conectividad digital para favorecer la puesta en marcha de servicios públicos en línea y del teletrabajo como herramienta para la atracción de población y talento en dichas zonas;

25.

acoge que todas las estrategias se centren también en los aspectos de los servicios públicos, en particular, para garantizar los servicios sanitarios, los servicios sociales y asistenciales, las escuelas y otros centros educativos, así como las posibilidades de acoger a las personas mayores y la integración; la equidad debe ser la pauta a seguir a la hora de proporcionar los servicios básicos a los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia;

26.

invita, por lo tanto, a las futuras presidencias alemana, portuguesa y eslovena de la UE, como contribución a la aplicación de la futura Agenda Territorial 2030, a iniciar un debate y un intercambio de experiencias sobre la mejor manera de combinar las políticas estructurales de la UE y las políticas nacionales de desarrollo regional para reducir las desigualdades territoriales y mejorar las condiciones de vida en toda Europa;

Recomendaciones generales para la política de la UE

27.

insta a la Comisión Europea a que tome en consideración los enfoques nacionales y establezca el objetivo de las «condiciones de vida equivalentes» a nivel europeo como realización concreta del artículo 174 del TFUE y del artículo 349 del TFUE;

28.

subraya el margen de maniobra de los Estados miembros en el ámbito de los servicios públicos. Las medidas adoptadas a escala nacional, regional o local únicamente deberían ir acompañadas de un marco europeo, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

29.

pide una estrategia europea de desarrollo territorial a largo plazo que tenga en cuenta las interacciones entre zonas de aglomeración, zonas urbanas y zonas rurales;

30.

insta a la Comisión Europea a que no solo examine el desarrollo económico de los Estados miembros, sino a que también tenga en cuenta y reconozca los esfuerzos realizados en el ámbito de los servicios públicos, especialmente en zonas menos o escasamente pobladas o ultraperiféricas donde existe dispersión geográfica;

31.

considera que la creación de condiciones estructurales adecuadas en todos los Estados miembros y en todas las entidades territoriales es esencial para un desarrollo socioeconómico sostenible de la Unión Europea. Los Fondos Estructurales podrán contribuir de manera significativa a este objetivo, pero no deben seguir siendo el único medio para promover un desarrollo igualitario. Todos los ámbitos políticos, incluida la «visión para los territorios rurales» anunciada por la Comisión Europea deberían contribuir a este objetivo transversal;

32.

subraya que este objetivo exigiría una evaluación detallada de las repercusiones territoriales de las medidas de la UE, tanto para la fase prelegislativa como para la postlegislativa;

33.

recomienda, por tanto, ampliar la «verificación urbana» («urban proofing») propuesta para las políticas europeas en el marco de la agenda urbana a una «verificación territorial» («proofing»), es decir, un examen integrado de la viabilidad en las zonas tanto densamente (por ejemplo, urbanas) como escasamente (por ejemplo, rurales) pobladas, teniendo en consideración sus características específicas, y complementarlo con una evaluación del impacto territorial. De este modo se puede garantizar que los objetivos reglamentarios sean precisos y que no se fomente una urbanización ni una desurbanización descontroladas;

34.

considera que las ciudades pequeñas y medianas deberían recibir mayor atención como puntos de anclaje en territorios que no están densamente poblados. Los municipios prestan servicios esenciales y proporcionan a la ciudadanía infraestructuras indispensables que mejoran considerablemente el atractivo de las zonas rurales;

35.

reitera que las ciudades más grandes también siguen afrontando grandes desafíos, por lo que necesitan el apoyo financiero y organizativo de la Unión Europea. Los distintos tipos de zonas no deben confrontarse entre sí. La agenda urbana y las asociaciones resultantes pueden calificarse como un buen ejemplo de la posible cooperación entre los niveles europeo y local;

36.

anima a la Comisión Europea a que mejore la recopilación sistemática de datos estadísticos comparables para la evaluación del desarrollo de las zonas rurales por debajo del nivel NUTS 2, sin aumentar por ello la carga administrativa a nivel local;

37.

recomienda a los presidentes de los intergrupos del Parlamento Europeo que incluyan plenamente a los representantes del CDR en el trabajo de los intergrupos de desarrollo urbano y rural, promoviendo así un intercambio acerca de los desafíos concretos;

38.

subraya que los futuros grupos de trabajo y grupos de expertos de la Unión Europea deberán garantizar una participación equilibrada de representantes de los diferentes niveles de gobierno y de las entidades de diferentes tamaños de las zonas urbanas y rurales. Debido a las diferencias organizativas y financieras, los enfoques desarrollados por las grandes ciudades no suelen ser aplicables a las entidades locales más pequeñas;

39.

pide que todas las direcciones generales de la Comisión Europea y las comisiones del Parlamento Europeo tengan plenamente en cuenta las interacciones entre las zonas urbanas y rurales y establezcan políticas europeas coherentes que funcionen de manera equilibrada en todos los tipos de territorios;

40.

hace un llamamiento a todas las direcciones generales de la Comisión Europea y las comisiones del Parlamento Europeo para que reconozcan en mayor medida los beneficios de la cooperación a nivel institucional, así como funcional, en ámbitos como la planificación, la movilidad, el medio ambiente, la prestación de servicios de interés general y las inversiones públicas. Esta cooperación permitirá realizar economías de escala y reforzar los vínculos y la cohesión territorial, económica y social entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales que forman parte de una misma zona funcional o región;

41.

pide un enfoque integral a escala de la UE que aborde los retos de la cooperación transfronteriza entre ciudades, regiones y municipios y amplíe el potencial de esta cooperación para reducir las disparidades entre los diversos tipos de asentamientos;

Recomendaciones sobre la política regional europea

42.

considera que, en sus esfuerzos por la convergencia y el desarrollo de las regiones de la UE, la política regional europea debería centrarse principalmente en sentar las bases estructurales para un crecimiento igualitario en todos los territorios. Un desarrollo socioeconómico sostenible y a largo plazo solo podrá tener lugar en aquellas zonas en las que la ciudadanía y las empresas hallen las condiciones necesarias. Destaca, a este respecto, la necesidad de crear mayores incentivos para las empresas de las zonas rurales;

43.

reitera que el objetivo de alcanzar las condiciones de vida equivalentes también debería tenerse en cuenta en el marco de la concentración temática de los Fondos EIE (y del Feader). Los Fondos EIE deberían permitir la promoción de las infraestructuras y servicios públicos municipales y regionales necesarios en todas las regiones. Excluir al Feader de las disposiciones comunes de los Fondos Estructurales resulta contraproducente en este sentido, ya que la separación dificulta innecesariamente la concesión de ayudas coherentes entre fondos en las zonas urbanas y rurales;

44.

toma nota, en este contexto, de la asignación específica a las zonas urbanas en el marco del FEDER, pero señala al mismo tiempo que dicha asignación requiere asimismo, en una dimensión comparable, una contrapartida para las zonas rurales. Considera que, a largo plazo, parece más razonable prever una asignación específica para la prestación de servicios en todo el territorio que contribuya a un desarrollo territorial igualitario y al fomento de la resiliencia de todas las entidades territoriales (infraestructuras de banda ancha, hospitales o asistencia sanitaria, infraestructuras de transporte, etc.). De este modo, la base para el establecimiento de la ciudadanía y de las empresas también se promoverá fuera de los centros urbanos, lo que a su vez generará empleo y reducirá la presión migratoria hacia las ciudades;

45.

considera que, habida cuenta de la escasa rentabilidad de los servicios públicos en las zonas menos pobladas, la ayuda de los Fondos Estructurales debería destinarse principalmente a subvenciones;

46.

considera que la ayuda de los Fondos Estructurales debe orientarse en mayor medida a la puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, tanto de telecomunicaciones como de servicios digitales, necesaria para garantizar un desarrollo territorial igualitario. Para ello, se fomentará la colaboración público-privada, ejerciendo el sector público un papel tractor en la ejecución de las actuaciones de inversión destinadas a tal fin;

47.

pide a la Comisión Europea que aborde el tema en su Octavo informe sobre la cohesión que se espera para septiembre de 2021;

48.

pide que se refuercen los vínculos entre la nueva Agenda Territorial 2030 de la UE y la nueva política de cohesión 2021-2027, a fin de dotar a la política de cohesión de un marco estratégico de orientación territorial que permita alcanzar el objetivo de una Europa verde y justa en la que ningún territorio se quede atrás;

Recomendaciones acerca de otras políticas

49.

hace hincapié en que las normas europeas en materia de política de transportes también deberían estar más en consonancia con sus efectos de cara a un establecimiento equilibrado de la población. Esto se refiere a la planificación del transporte público, el transporte ferroviario, pero también al uso de servicios de viajes compartidos (ridesharing). Hasta ahora, los servicios de viajes compartidos se han concentrado principalmente en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales la menor densidad de población se traduce en menores ingresos. A largo plazo debería evaluarse la prestación extendida de los servicios de transporte correspondientes, en su caso, mediante obligaciones de servicio público;

50.

constata que las normas europeas en materia de transporte (en particular, las relativas a las emisiones y al cambio climático) plantean desafíos mucho mayores al transporte público en el ámbito rural que a los operadores urbanos. Además, con las actuales condiciones tecnológicas y de disponibilidad en el mercado, el cambio a tecnologías con bajas emisiones no es posible en todas partes, concretamente en el caso de los autobuses, debido a que entrañan un mayor gasto, su autonomía se vería limitada y, en algunos casos, los tiempos de carga serían más largos, sobre todo en las zonas menos densamente pobladas y con un relieve accidentado. Al mismo tiempo, la financiación europea se destina principalmente a la movilidad urbana, ya que las ciudades suelen registrar niveles más altos de contaminación. Con el fin de crear y mantener un transporte público que funcione en todas partes, los objetivos deberían incluir medidas diferentes para cada tipo de territorio o asignar recursos adicionales a aquellas zonas en las que la financiación sea especialmente difícil (por ejemplo, zonas rurales, remotas, ultraperiféricas, insulares y montañosas);

51.

subraya que el teletrabajo no solo desempeña un papel fundamental desde la pandemia de COVID-19. Los servicios digitales de la administración únicamente pueden ofrecerse y aceptarse cuando tanto los proveedores como los usuarios de los servicios correspondientes dispongan de conexiones de banda ancha eficientes;

52.

considera que, por lo tanto, el despliegue de la banda ancha y de la telefonía móvil, así como del 5G y el 6G, debe tener siempre como objetivo una disponibilidad generalizada que satisfaga las normas europeas en materia de emisiones. El desarrollo debería realizarse principalmente en el sector privado. En las zonas en las que, por razones económicas, la expansión generalizada de la fibra óptica solo sea posible con el apoyo financiero de los poderes públicos, las autoridades municipales y regionales deberán estar en condiciones de llevarla a cabo con seguridad jurídica y de manera orientada a los objetivos.

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(1)  Die Unterschiede bestimmen die Vielfalt in Europa — Ein Atlas ausgewählter Aspekte der räumlichen Strukturen und Entwicklungen [Las diferencias determinan la diversidad en Europa-Un atlas de aspectos específicos de estructuras y desarrollos espaciales], Instituto Federal Alemán de Construcción, Urbanismo e Investigación Espacial.

(2)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistics_on_rural_areas_in_the_EU#Further_Eurostat_information

(4)  COR-2019-04647-00-00-PAC.

(5)  COR-2019-01896-00-00-AC (DO C 79 de 10.3.2020, p. 8).

(6)  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2011/territorial-agenda-of-the-european-union-2020.

(7)  «Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy», estudio para la Comisión de Recursos Naturales, Progress Consulting, 2016 (actualizado en 2020).

(8)  «EU Cohesion Policy in non-urban areas» (La política de cohesión de la UE en las zonas no urbanas), estudio para la Comisión REGI del Parlamento Europeo, EPRC, 2020.

(9)  Informe final de la Comisión «Condiciones de vida equivalentes» [Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse»], Alemania.

(10)  «Ruralités: une ambition à partager – 200 propositions pour un agenda rural» [Zonas rurales: un objetivo compartido – 200 propuestas para una agenda rural], Francia.

(11)  «Masterplan für den ländlichen Raum» [Plan maestro para las zonas rurales], Austria.