52020DC0515

(3)El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos y para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión Europea. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación 5 en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 6 . La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes 7 con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Lituania a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

(9)Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de forma desigual en los distintos sectores y regiones lituanos debido a los diferentes patrones de especialización. Ello conlleva un riesgo de que se amplíen las disparidades en el país. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)El 15 de mayo de 2020, Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 30 de abril de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

(11)Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(12)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un superávit de 0,3 % del PIB en 2019 a un déficit de 11,4 % del PIB en 2020. En 2021, se prevé que el déficit disminuya al 3,9 % del PIB. Tras subir al 36,3 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB aumentaría hasta el 50,6 % del PIB en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

(13)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Lituania ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 6,8 % del PIB. Entre estas medidas se encuentran aplazamientos del pago de deudas tributarias, financiación adicional para comprar materiales médicos, subsidios para el mantenimiento de empleos y prestaciones sociales para los trabajadores por cuenta propia y ajena afectadas por la crisis de la COVID-19. Dado que del análisis de la Comisión se desprendía que el diseño y aplicación de algunas medidas presentaba un potencial de asimilación relativamente bajo, la Comisión asumió que el efecto de las medidas gubernamentales sobre las finanzas públicas sería menor. Por otra parte, Lituania ha anunciado medidas discrecionales que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, contribuirán a dar respuesta a la crisis, por ejemplo con liquidez para las empresas, que el Programa de Estabilidad de 2020 estima que representan un 3,8 % del PIB. Las garantías de préstamos son una de estas medidas (2,9 % del PIB). En general, las medidas adoptadas por Lituania se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

(14)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas lituanas debería situarse en el -6,9 % del PIB en 2020 y en el -2,7 % en 2021. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

(15)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 que ha programado Lituania. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

(16)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el PIB de Lituania debería contraerse en un 8 %, a lo que espera que siga una recuperación rápida del 7,5 % en 2021. Para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y amortiguar el desplome económico, Lituania propuso un plan de estímulo económico y mitigación de las consecuencias de la transmisión de la COVID-19 el 16 de marzo. La dotación del plan asciende a 2 500 millones EUR (6,3 % del PIB del país), de los que 500 millones EUR (1,3 % del PIB) están destinados a garantizar los recursos que necesita el sistema sanitario. Se destinaron otros 500 millones EUR a proteger los empleos y las rentas. La dotación de los fondos estatales de garantía se incrementó en 500 millones EUR, y se aprobaron garantías estatales adicionales por un importe de 500 millones EUR para apoyar estimular la economía. En abril, la Comisión Europea aprobó varios regímenes de ayuda lituanos destinados a reforzar la economía del país en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Estos regímenes se han concebido para ayudar a las empresas a cubrir las necesidades inmediatas de capital circulante y a continuar sus actividades durante la pandemia y después de esta. Además, el Banco de Lituania flexibilizó algunos de los requisitos de capital para que la banca comercial aumente la concesión de préstamos a la economía real.

(17)Los resultados sanitarios en Lituania están por debajo de los de otros Estados miembros de la UE, debido en parte a la mejorable eficiencia del sistema sanitario, que adolece de una falta de financiación. La pandemia actual ha sometido el sistema a una presión adicional y ha puesto de relieve problemas estructurales adicionales, como el avance lento en la mejora de la calidad de los servicios, el déficit de inversión en la atención sanitaria primaria y el estancamiento del proceso de adaptación de la red hospitalaria para hacerla más eficiente y capaz de responder a las necesidades constatadas. La crisis ocasionada por la COVID-19 también está poniendo de manifiesto desigualdades en materia de salud relacionadas con la falta de personal y los desajustes geográficos entre servicios y necesidades. Lituania debe movilizar los recursos que sean necesarios con el fin de hacer frente a la crisis actual y mejorar la resiliencia de su sistema sanitario de cara al futuro. Si bien las medidas que se han emprendido con carácter inmediato se centran en el refuerzo de las capacidades en términos de personal sanitario, material y suministros médicos críticos para salvar vidas durante la pandemia, las inversiones a más largo plazo deben ampliarse para mejorar la resiliencia del sistema sanitario, de modo que pueda soportar el nivel de operaciones, volver a su rendimiento óptimo y prepararse para nuevas perturbaciones. Ello requerirá asignar recursos suficientes con los que mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad del sistema sanitario, de modo que pueda responder mejor a los problemas que plantean el envejecimiento, el aumento las enfermedades crónicas y la persistencia de las desigualdades en materia de salud. La asistencia primaria y el desarrollo de la sanidad electrónica tienen un papel fundamental que desempeñar a este respecto. Lituania también debe garantizar que las mejoras recientes de la asequibilidad de la asistencia sanitaria no se vean menoscabadas. Por último, la resiliencia a la que se aspira a llegar también conlleva mejorar la capacidad del sistema de contrarrestar modos de vida poco saludables (uno de los mayores factores que condicionan los malos resultados sanitarios en Lituania), y redoblar los esfuerzos para preparar al sector de los cuidados de larga duración para hacer frente al envejecimiento de la población.

(18)Antes de la situación surgida a raíz de la pandemia de la COVID-19, la participación en el mercado laboral era elevada y las cifras del desempleo se mantenían bajas, pero la crisis ha dado lugar a nuevas dificultades. Con la ayuda de la financiación de la Unión, Lituania ha implantado un régimen de reducción del tiempo de trabajo para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo y ha introducido una serie de medidas para paliar los efectos adversos para las empresas y los trabajadores por cuenta propia. Antes de la crisis, la cobertura de las medidas activas de empleo estaba disminuyendo y la participación en la formación de adultos seguía siendo baja. Sin embargo, será necesaria una mayor cobertura de las medidas activas de empleo y de otras medidas de reciclaje y formación profesional complementaria para ayudar a los desempleados a reincorporarse al mercado laboral tan pronto como sea posible. Reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para garantizar que su participación en el diseño del proceso de salida y recuperación sea significativa y oportuna.

(19)La pobreza y la desigualdad de renta siguen siendo de las más elevadas de la UE, a pesar de que se tomaron medidas antes de la crisis para atender el riesgo de pobreza y exclusión social, por ejemplo, aumentando la asignación universal por hijo y las pensiones. Lituania tiene un gasto público comparativamente bajo en protección social; el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es bajo y se considera crítico en el cuadro de indicadores sociales. La progresividad y capacidad redistributiva tan bajas del sistema tributario y de prestaciones limitan la capacidad del país de financiar bienes y servicios públicos y reducir la pobreza y la desigualdad de renta. El efecto negativo de la pandemia de la COVID-19 en el empleo y en la renta de los hogares puede agravar estos problemas. Puede que sean necesarias medidas temporales, como la revisión de las normas de admisibilidad, de los importes y de la duración de algunas prestaciones, para garantizar que la situación de los más afectados por la pandemia no se deteriore. La red de seguridad social debe ampliarse para apoyar a todos los grupos, incluidos los empleados por cuenta propia, los trabajadores atípicos y las personas más vulnerables. Deben reforzarse los principales servicios sociales y de vivienda social para apoyar a las personas que los necesiten.

(20)El apoyo a la liquidez de las empresas a través de préstamos y garantías del sector público, con hincapié en las pymes, ha sido de suma importancia, pero la distribución de esta ayuda a la liquidez debe ser llevada a cabo de forma eficaz y rápida por los intermediarios y las condiciones de los préstamos deben tener en cuenta la situación de crisis. En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas debe darse un peso importante a la resiliencia del sector bancario. El aplazamiento del pago de deudas tributarias y cotizaciones sociales, así como la reducción del plazo de pago de las deudas contractuales de las autoridades públicas, también pueden contribuir a mejorar la tesorería de las pymes. Las empresas emergentes y en expansión de nueva creación pueden necesitar un apoyo específico, por ejemplo, mediante la adquisición de participaciones por las instituciones públicas e incentivos para que los fondos de capital riesgo aumenten sus inversiones en estas empresas. Deben mantenerse los esfuerzos para reducir las cargas normativas y administrativas innecesarias y ofrecer servicios públicos digitales eficientes a los ciudadanos y las empresas.

(21)Lituania debe garantizar que sus medidas de fomento de la recuperación económica tengan visión de futuro y faciliten las transiciones digital y ecológica, cuyo logro depende de la superación de una serie dificultades. En el caso de la primera, las competencias digitales del país están por debajo de la media de la UE, y las pymes informan de que es bastante difícil encontrar candidatos idóneos para puestos de trabajo relacionados las TIC. Aunque el despliegue de la fibra óptica es superior a la media de la UE, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la cobertura de banda ancha fija y su asimilación son muy bajas y sigue habiendo una gran diferencia entre las ciudades y las zonas rurales.

(22)Para fomentar la recuperación económica, será fundamental anticipar parte de la financiación de proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, introduciendo las reformas que sean pertinentes. Por lo que se refiere a la transición ecológica, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Lituania se han mantenido prácticamente sin cambios desde 2010. La productividad de los recursos en Lituania es una de las más bajas de la UE y el uso circular de los materiales (secundarios) está muy por debajo de la media de la UE. Según el plan nacional de energía y clima lituano, la mejora de la eficiencia energética de los edificios —con soluciones energéticas renovables y eficientes—, la modernización de los sistemas de calefacción y la mejora de la sostenibilidad del sector del transporte contribuirían significativamente a la descarbonización de la economía. Realizar inversiones públicas y privadas específicas destinadas a solucionar estas cuestiones, y otras que repercutan significativamente en el medio ambiente y la salud, puede fomentar el crecimiento y la resiliencia y contribuir a garantizar una recuperación sostenible. Las inversiones programadas están diseñadas de forma que se pueda seleccionar y financiar por adelantado proyectos que puedan contribuir a la recuperación económica, por ejemplo proyectos de inversión en la renovación de edificios y en energías renovables. Al elaborar las medidas de recuperación a medio plazo pueden servir de base los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros, la lista de proyectos de interés común y en los planes de desarrollo de infraestructuras. Además, el proyecto Rail Baltica y los proyectos de interconexión energética son prioridades clave de inversión de Letonia destinadas a mejorar su seguridad y su integración en el mercado único de la UE. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Lituania a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, en particular en los territorios contemplados en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Lituania garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

(23)Aunque las presentes recomendaciones se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país de 2019 adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Esas recomendaciones aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el ciclo anual del Semestre Europeo del año próximo. Lo anterior también se aplica a las recomendaciones sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

(24)El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus Programas Nacionales de Reformas de 2020. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones que figuran a continuación, Lituania contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

(25)Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la Unión Económica y Monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, y teniendo presentes las orientaciones del Eurogrupo, Lituania debe velar por que sus políticas siguen siendo coherentes con las recomendaciones de la zona del euro y están coordinadas con las de los demás Estados miembros de la zona del euro.

(26)En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha valorado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política fiscal y socioeconómica de Lituania, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones realizadas a nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(27)A la luz de esa valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020 y su dictamen 8 se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

RECOMIENDA a Lituania que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

1.En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia del sistema sanitario, en particular canalizando una financiación adecuada y resolviendo la falta de personal sanitario y de productos médicos críticos. Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios sanitarios.

2.Mitigar la repercusión de la crisis en el empleo. Aumentar la financiación y la cobertura de las medidas activas de empleo y fomentar el desarrollo de competencias. Garantizar la cobertura y la adecuación de la red de seguridad social y mejorar la eficacia del sistema tributario y de prestaciones en la protección contra la pobreza.

3.Respaldar la liquidez de las empresas, especialmente la de las pymes y los sectores exportadores. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Concentrar la inversión en las transiciones ecológica y digital, en particular en la cobertura y asimilación de banda ancha de muy alta capacidad, en un transporte sostenible y en lo que se refiere a la producción y el uso limpios y eficientes de energía. Fomentar la innovación tecnológica en las pymes.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo,

El Presidente