COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 31.7.2020

COM(2020) 350 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea


Informe anual de 2019

{SWD(2020) 147 final}

Prefacio

I.Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión

Garantizar unas condiciones de trabajo justas en toda la UE

Aplicación de las normas en materia de medio ambiente

Aplicación de las normas en materia de agricultura

Aplicación de las normas en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca

Aplicación de las normas sobre política regional

Lucha contra el fraude al presupuesto de la UE

II.Un mercado único digital conectado

Mejora de la conectividad

Garantizar la ciberseguridad y la confianza en las transacciones en línea

Mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad

III.Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva

Aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

IV.Un mercado interior más integrado y justo con una base industrial fortalecida

Velar por una competencia no falseada

Garantizar la libre circulación de los trabajadores

Garantizar la libre circulación de mercancías

Garantizar la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios

Mejora de la información y la asistencia facilitadas a los ciudadanos y las empresas

Control del cumplimiento de la unión de los mercados de capitales, las normas sobre los servicios financieros y la libre circulación de capitales

Aplicación de las normas en materia de fiscalidad y aduanas

Garantizar un nivel de protección elevado para los consumidores

Garantizar un nivel de protección elevado para la salud pública

Aplicación de las normas sobre movilidad y transporte

V.Una unión económica y monetaria más profunda y más justa

Aplicación de las normas de la unión bancaria

VI.Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua

Defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales

Cooperación transfronteriza en materia de justicia penal y civil

Mejorar la protección de los datos personales

Aplicación de las normas en materia de seguridad

VII.Hacia una nueva política de migración

Prefacio

La Unión Europea se fundamenta en el respeto del Estado de Derecho. No es casualidad que el primer presidente de la Comisión Europea, Walter Hallstein, se refiriera a la Unión Europea como una Comunidad de Derecho (Rechtsgemeinschaft) — vinculada por normas que los Estados miembros acuerdan como colegisladores y suscriben para aplicarlas en sus sistemas nacionales. Como guardiana de los Tratados, compete a la Comisión garantizar que estas normas sean respetadas en beneficio de nuestros ciudadanos. Ya se trate del aire limpio, la seguridad alimentaria o el acceso a la asistencia sanitaria en el extranjero, la cooperación de los Estados miembros es fundamental para garantizar que las políticas de la UE se hagan realidad para las personas en sus vidas cotidianas.

En el presente informe anual se recoge la labor realizada en 2019 por la Comisión para garantizar la correcta aplicación, ejecución y cumplimiento del Derecho de la UE.

El año 2019 marcó el final de la Comisión Juncker y, desde el 1 de diciembre, el inicio del mandato de mi equipo. Así pues, de alguna forma, 2019 ha sido un año de transición. Un nuevo equipo de comisarios asumió sus funciones, trabajando con arreglo a las nuevas orientaciones políticas y dirigiendo nuevas iniciativas, como el Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital.

A lo largo de esta transición, los fundamentos que mantienen unida a la Unión no han cambiado. La correcta aplicación y ejecución del Derecho de la UE, incluido el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, sigue siendo una responsabilidad que comparten los Estados miembros y las instituciones de la UE. Garantizar el respeto del Derecho de la UE nunca puede ser una vía en una sola dirección, sino que ha de basarse en la cooperación leal de nuestros Estados miembros, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos. Para proteger esta asociación especial, la Comisión seguirá prestando apoyo y ofreciendo orientación a los Estados miembros para ayudarles a implementar la legislación de la UE. No obstante, seguiremos alerta y estaremos listos para adoptar con determinación medidas legales si se infringe el Derecho de la UE. No puede haber concesiones a la hora de aplicar y hacer cumplir la legislación de la UE para defender los derechos de los ciudadanos que de ella emanan.

Presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen

I.Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión

La máxima prioridad de la Comisión durante el año pasado fue estimular la inversión con vistas a crear puestos de trabajo y reforzar la competitividad de Europa. Sin embargo, el establecimiento de un entorno regulador propicio para la actividad empresarial y la creación de empleo se ve amenazado cuando los Estados miembros no ejecutan las normas de la UE correctamente y a su debido tiempo.

Garantizar unas condiciones de trabajo justas en toda la UE

El pilar europeo de derechos sociales , anunciado en noviembre de 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, recoge el compromiso político conjunto con una serie de principios y derechos que son esenciales para la existencia de unos mercados laborales y unos sistemas del bienestar equitativos y en correcto funcionamiento en la Europa del siglo XXI. Un elemento clave en este sentido son unas condiciones de trabajo justas, lo que incluye evitar relaciones laborales que den lugar a condiciones de trabajo precarias.

Durante 2019, los Estados miembros, la Comisión y los interlocutores sociales siguieron cooperando para hacer que la legislación de la UE sobre la seguridad y la salud en el trabajo tenga perspectivas de futuro y para garantizar su correcto cumplimiento. Uno de los principales focos de atención fue garantizar que los Estados miembros se doten de normas vinculantes sobre la seguridad y la salud en el trabajo en su legislación nacional y que se las notifiquen a la Comisión.

Asimismo, la Comisión actualiza regularmente la Comunicación interpretativa sobre la Directiva relativa al tiempo de trabajo para ajustarla a los cambios importantes registrados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Aplicación de las normas en materia de medio ambiente

En 2019, la Comisión siguió adoptando medidas legales de lucha contra la contaminación atmosférica, que sigue siendo una de sus prioridades. La Comisión también promovió la aplicación a través de consultas con los Estados miembros sobre este importante tema, y en 2019 se celebró en Italia un diálogo sobre el aire limpio .

La Comisión organiza eventos sobre la economía circular en los Estados miembros que se encuentran en riesgo de no alcanzar los nuevos objetivos de reciclado de residuos y otros requisitos de la legislación sobre residuos de la UE. En 2019 se celebraron eventos de este tipo en Atenas , Lisboa y Budapest , y prestigiosos expertos ofrecieron recomendaciones sobre la mejor forma de ejecutar las normas que habían sido revisadas en 2018.

Los Estados miembros deben completar la Red Natura 2000 de espacios protegidos y establecer las medidas de conservación necesarias para todos los lugares. Este es un elemento clave para la conservación de los hábitats y las especies protegidas. Paralelamente, en 2019 la Comisión tomó medidas para solucionar las deficiencias estructurales de las legislaciones nacionales sobre la protección de la naturaleza y para poner fin a la caza ilegal de aves. La Comisión también se centra en garantizar que las actividades de explotación y gestión forestales se lleven a cabo de conformidad con los requisitos de protección de la naturaleza.

Aplicación de las normas en materia de agricultura

La política agrícola común (PAC) se basa en una alianza entre la agricultura y la sociedad y entre la UE y sus agricultores. Su objetivo es ofrecer apoyo a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurar un suministro estable de alimentos asequibles y garantizar que los agricultores de la Unión Europea tengan unos ingresos razonables. La PAC también aborda retos ambientales, como por ejemplo el cambio climático. Sus objetivos son una gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación de las zonas rurales y los paisajes de toda la UE y el mantenimiento de la economía rural mediante la promoción de empleos en el sector agrícola y en sectores conexos.

Las indicaciones geográficas protegen el nombre de productos específicos y promueven sus características únicas, relacionadas tanto con su origen geográfico como con conocimientos tradicionales, y son un elemento esencial para mantener una calidad y unos estándares alimentarios elevados.

En 2019, la Comisión tomó medidas para resolver la aplicación incorrecta de las normas de la UE sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

Aplicación de las normas en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca

El principal objetivo de la política pesquera común (PPC) es garantizar que los sectores de la pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. Por consiguiente, la PPC incluye medidas para limitar la capacidad de la flota pesquera y para imponer límites a las capturas y las actividades pesqueras. En este sentido, todos los Estados miembros habían acordado reducir la pesca comercial hasta niveles sostenibles para 2020. En 2019 se prestó especial atención a verificar el cumplimiento de las normas sobre las capturas accesorias de especies sensibles, como las ballenas, los delfines y otros mamíferos marinos.

La Comisión puso en marcha una serie de diálogos informales sobre cuestiones como los sistemas de verificación de la potencia del motor y el control de la flota de la UE que pesca en aguas no pertenecientes a la UE.

El éxito de la PPC obliga a diseñar y poner en marcha un sistema eficaz y coherente de seguimiento y control de la aplicación. Por este motivo, la estrategia de control de la aplicación de la Comisión durante 2019 siguió centrándose en la    conservación, control y observancia de las normas en el sector pesquero por parte de los Estados miembros.

La PPC también ofrece instrumentos específicos para el control del cumplimiento, como planes de acción de control e investigaciones administrativas. Según indican las verificaciones y las auditorías llevadas a cabo por la Comisión, esta adoptó y realizó un seguimiento de diversos planes de acción de control.

Aplicación de las normas sobre política regional

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos respaldan inversiones en ámbitos de actuación clave generadores de crecimiento en toda la UE.

En 2019, la Comisión siguió garantizando la eliminación del gasto irregular de la cofinanciación, bien suspendiendo pagos o bien aplicando correcciones financieras en determinados casos.

El 14 de marzo de 2019, la Comisión adoptó una Decisión por la que se establecen las directrices para la determinación de las correcciones financieras que deben aplicarse a los gastos financiados por la Unión en caso de incumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública.

Esta Decisión ofrece una mayor seguridad jurídica para todos los agentes y un enfoque más proporcionado en el complejo ámbito de la contratación pública, que sigue siendo una de las principales fuentes de irregularidades y de correcciones financieras en lo relativo a los Fondos de Cohesión.

Lucha contra el fraude al presupuesto de la UE

Los medios para combatir la delincuencia que afecta al presupuesto de la UE han mejorado significativamente con la adopción de la Directiva sobre la protección de los intereses financieros de la UE . Dicha Directiva también constituirá una base valiosa para el trabajo de la Fiscalía Europea . La Comisión trabaja estrechamente con los Estados miembros para garantizar que la Directiva se aplique correctamente. El 19 de septiembre de 2019 incoó procedimientos de infracción contra catorce Estados miembros por retrasos en la transposición.

II.Un mercado único digital conectado

La estrategia del mercado único digital aborda los retos y las oportunidades de la transformación digital mediante una reducción de la fragmentación del mercado, un aumento de los flujos de datos y de la fluidez del mercado y la adaptación de las normas actuales a la era digital. Se ha mejorado el acceso de los consumidores mediante la prohibición del bloqueo geográfico no justificado, la portabilidad del contenido , la eliminación de los costes de itinerancia y la WiFi4EU . También se han mejorado las condiciones marco del mercado a través del nuevo Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas , la Directiva sobre los servicios de comunicación audiovisual , la legislación sobre los derechos de autor actualizada y el Reglamento sobre los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea . La aplicación de estas normas será clave en los próximos años.

Mejora de la conectividad

Las comunicaciones digitales de alta velocidad promueven la innovación y mejores servicios para la economía y la sociedad en su conjunto. El desarrollo de la conectividad 5G es una de las prioridades de la Comisión. El objetivo es garantizar la disponibilidad del espectro radioeléctrico 5G en toda la UE para 2020.

Una aplicación eficaz de las normas sobre el número de emergencia europeo 112 conllevará un acceso seguro y eficaz a los servicios de emergencia para los usuarios finales, incluidos aquellos con discapacidad.

Construir una infraestructura de comunicaciones electrónicas de alta velocidad puede resultar muy costoso. Por consiguiente, es importante aplicar las normas que hacen que su despliegue sea más barato y eficaz, en beneficio del público.

Garantizar la ciberseguridad y la confianza en las transacciones en línea

En una economía y una sociedad cada vez más digitalizadas, las amenazas a la ciberseguridad son un creciente motivo de preocupación. La Directiva relativa a la seguridad de las redes y los sistemas de información (Directiva SRI) mejora el nivel de ciberseguridad general de la Unión. La Comisión incoó procedimientos de infracción contra seis Estados miembros en 2019 por no haber identificado operadores de servicios esenciales con arreglo a lo previsto en la Directiva. A finales de 2019 seguían abiertos procedimientos de infracción en relación con la Directiva SRI contra los siguientes Estados miembros: Bélgica, Hungría, Austria, Rumanía y Eslovenia.

Mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad

Es posible que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidades visuales o auditivas, tengan dificultades para acceder a los sitios web y a las aplicaciones móviles de los organismos del sector público. El objetivo de la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web es mejorar el acceso a estas herramientas de información para las personas con discapacidad. Durante 2019, la Comisión continuó de forma activa los procedimientos de infracción en curso contra diecinueve Estados miembros debido a la no aplicación de la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web y acabó cerrando los procedimientos contra doce de ellos. En consecuencia, a finales de 2019 quedaban abiertos siete asuntos, contra Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría e Irlanda.

III.Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva

El éxito del Pacto Verde Europeo , uno de los ámbitos prioritarios de las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen, se basa en los sólidos cimientos de la Unión de la Energía . La UE dispone de un conjunto exhaustivo de normas sobre la energía. El paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos» , finalizado en 2019, es un elemento central para la creación y finalización de la Unión de la Energía y el Pacto Verde Europeo. Ayudará a dirigir la transición energética hacia un sector de la energía seguro, protegido y sostenible en el que los consumidores ocupen un lugar central.

El papel de la Comisión como guardiana de los Tratados consistente en garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE sobre la energía es vital para lograr los objetivos de la UE en materia de política energética. Durante 2019, la labor de control del cumplimiento se centró en los siguientes ámbitos: el mercado interior de la energía, la eficiencia energética, las fuentes de energía renovables y la seguridad del suministro de gas.

Además, se utilizaron procedimientos de infracción para garantizar un nivel elevado de seguridad en el sector nuclear y para supervisar la aplicación de las normas de la UE sobre seguridad nuclear, gestión responsable y segura del combustible gastado y los residuos radiactivos y la radioprotección de los trabajadores, los pacientes y el público en general.

La entrada en vigor del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos» hará que la atención se centre en el seguimiento del progreso de los Estados miembros hacia el logro de los objetivos de la UE en materia de energía renovable y eficiencia energética para 2030. La Comisión también realizará un seguimiento de sus planes nacionales integrados de energía y clima para 2021-2030. El control del cumplimiento de las normas de la UE sobre la energía seguirá siendo un pilar esencial de la estrategia de la Unión de la Energía.

Aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

Las orientaciones políticas de la Comisión Von der Leyen piden que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo para 2050. Para lograr dicho objetivo, la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo , publicada en diciembre de 2019, establece un ambicioso plan de acción para una serie de ámbitos de intervención. En marzo de 2020, la Comisión propuso que la neutralidad climática para 2050 quedara plasmada en una nueva Ley del Clima y, antes de que finalice este año, presentará un plan para aumentar, de manera responsable, el actual objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 hasta al menos un 50 %, y con miras a un 55 % (en comparación con los niveles de 1990).

La plena aplicación y el cumplimiento estricto de la legislación son esenciales para lograr el objetivo actual para 2030, consistente en una reducción de al menos el 40 % (en comparación con los niveles de 1990), y para construir una base sólida para aumentar el nivel de ambición. A más tardar en octubre de 2019, los Estados miembros debían haber transpuesto la Directiva para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas con miras a prepararse para la cuarta fase del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) de 2021-2030. La Comisión está evaluando en estos momentos el estado de la transposición y adoptará, en los casos en que todavía no esté en marcha, las medidas de control del cumplimiento que considere necesarias.

En lo relativo al transporte marítimo, en 2019 la Comisión publicó por primera vez información exhaustiva sobre las emisiones de CO2 procedentes de buques que hacen escala en puertos del Espacio Económico Europeo. En cuanto a la aviación, en 2019 la Comisión estableció un marco que permite la aplicación en la UE de las normas sobre el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de la aviación con arreglo al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la Organización de Aviación Civil Internacional.

En lo relativo a la protección de la capa de ozono, en 2019 la Comisión concluyó la evaluación de la aplicación y el funcionamiento del Reglamento sobre la capa de ozono , y en 2020 pondrá en marcha una evaluación de impacto para estudiar si este Reglamento podría mejorarse y cómo. En 2020, la Comisión también dará comienzo a un análisis y una evaluación de impacto sobre el Reglamento sobre los gases fluorados .

IV.Un mercado interior más integrado y justo con una base industrial fortalecida

El mercado único de la UE sigue siendo el activo más valioso de Europa, tanto para los ciudadanos como para las empresas. Ofrece enormes oportunidades para las empresas, así como una mayor posibilidad de elección y mejores precios para los consumidores. También permite que las personas puedan viajar, vivir, trabajar y estudiar en el lugar que deseen. No obstante, estas ventajas solo se materializan cuando se aplican y ejecutan debidamente las normas del mercado único y cuando no se ven socavadas por otros obstáculos.

Velar por una competencia no falseada

El trabajo de la Comisión relacionado con las infracciones en materia de competencia refuerza el mercado interior al promover unas condiciones de competencia equitativas.

En 2019, tras haber verificado la exhaustividad y la conformidad de las medidas de transposición de la Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea , la Comisión llegó a la conclusión de que la Directiva se había transpuesto de manera íntegra y correcta y archivó todos los procedimientos de infracción que había incoado en ese sentido.

La ejecución coherente de las decisiones de denegar ayudas estatales resulta fundamental para la credibilidad del control de las ayudas estatales por parte de la Comisión. Los procedimientos que requieren que un Estado miembro recupere las ayudas estatales irregulares son una parte importante del trabajo de la Comisión relativo a las infracciones en materia de competencia.

Garantizar la libre circulación de los trabajadores

La UE ha elaborado un amplio conjunto de normas sobre la libre circulación de los trabajadores, el desplazamiento de trabajadores y la coordinación de la seguridad social. El incumplimiento de estas normas afecta negativamente a la confianza en el mercado único y a su carácter igualitario. En concreto, se han manifestado inquietudes sobre el hecho de que los trabajadores móviles son vulnerables a los abusos o de que se les deniegan sus derechos, así como sobre el hecho de que las empresas se ven obligadas a operar en un entorno empresarial incierto que carece de claridad y equidad.

En 2019, la Comisión dio continuación a los procedimientos de infracción contra Chipre , Francia , Irlanda y Rumanía por no incluir a tiempo en su legislación nacional las obligaciones derivadas de la Directiva relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión . Después de que dichos Estados miembros realizaran la notificación correspondiente y se concluyera que habían transpuesto íntegramente la Directiva, la Comisión archivó los procedimientos incoados contra ellos.

El 25 de septiembre de 2019, la Comisión publicó un informe sobre la aplicación y ejecución de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en los Estados miembros de la UE .

La Comisión también publicó una Guía práctica sobre el desplazamiento de trabajadores para ayudar a los trabajadores, los empleadores y las autoridades nacionales a entender las normas sobre el desplazamiento de trabajadores. De este modo se garantiza que los trabajadores conozcan sus derechos y que las autoridades nacionales y los empleadores apliquen las normas de manera correcta y coherente en toda la UE.

En 2018, la Comisión propuso la creación de una Autoridad Laboral Europea (ALE) con el objetivo de promover una aplicación justa, simple y eficaz de las normas de la UE en materia de movilidad laboral. El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre esta propuesta en 2019. Las actividades de la ALE dieron comienzo a mediados de octubre de 2019 con la primera reunión de su Consejo de Administración.

Garantizar la libre circulación de mercancías

La Comisión trabaja para garantizar que el mercado único europeo aporte los máximos beneficios, que los ciudadanos de la UE puedan elegir entre una mayor variedad de productos y mejores precios y que las empresas europeas (pequeñas y grandes) puedan ampliar su clientela y sus productos objeto de comercio con mayor facilidad dentro de la UE. Por ejemplo, en 2019 la Comisión tomó medidas relativas a restricciones que afectan tanto a la venta al por menor de productos agrícolas y alimenticios como a la comercialización de pararrayos.

En lo relativo al sector farmacéutico, la Comisión adoptó medidas para garantizar que los Estados miembros cumplan con las normas de la UE sobre la libre circulación de mercancías.

Las actividades de control del cumplimiento de la Comisión también dieron lugar a la conclusión satisfactoria de varios procedimientos de infracción relacionados con la libre circulación de mercancías en las esferas de los complementos alimenticios, los vehículos de pasajeros con el volante a la derecha, la venta de ambulancias de segunda mano importadas o los organismos nacionales de acreditación.

Garantizar la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios

La Directiva de servicios exige que las autoridades nacionales revisen su legislación en vigor para garantizar que todos los requisitos que impongan en lo relativo al acceso a los mercados estén justificados por un objetivo legítimo. Con el fin de respaldar la aplicación de dicha Directiva, se prevé el establecimiento de ventanillas únicas, en concreto de puntos de contacto únicos , que faciliten el establecimiento y la expansión de las empresas en otros Estados miembros. En 2019, la Comisión adoptó medidas contra los veintiocho Estados miembros con el fin de mejorar el servicio prestado por los puntos de contacto únicos, tal y como requiere la Directiva de servicios y la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales . Se detectaron una serie de problemas, relacionados en concreto con la disponibilidad en línea y la calidad de la información sobre los requisitos y los procedimientos a los que deben ajustarse los proveedores de servicios y los profesionales para poder hacer negocios en el extranjero. La Comisión también puso de relieve la existencia de problemas relacionados con el acceso y la realización de procedimientos en línea a través de los puntos de contacto únicos.

Con el fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas dentro de Europa, la UE ha adoptado normas sobre la contratación pública que se aplican a todos los Estados miembros. Dichas normas regulan la forma en que las autoridades públicas y determinados operadores de servicios públicos de toda Europa adquieren bienes, obras y servicios.

La libertad de establecimiento requiere que se reconozcan en el extranjero las cualificaciones de los profesionales (por ejemplo, de los médicos o arquitectos), de modo que estos puedan ejercer su profesión en cualquier lugar de la UE. En 2019, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra todos los Estados miembros (excepto Dinamarca) por no haber adaptado su legislación nacional a la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Mejora de la información y la asistencia facilitadas a los ciudadanos y las empresas

El mercado único solo funcionará correctamente si los ciudadanos y las empresas tienen un buen acceso a información y asistencia sobre los derechos previstos para ellos en el Derecho de la UE. En 2019, la Comisión intensificó las labores realizadas para dar a conocer las normas sobre el mercado único mediante una actualización del portal Tu Europa , con miras a su transformación en la futura pasarela digital única en 2020. Asimismo, el Servicio de Orientación a los Ciudadanos siguió facilitando asesoramiento jurídico específico para los ciudadanos y las empresas. La Comisión también se centró en adoptar medidas destinadas a promover la capacidad administrativa y los conocimientos jurídicos específicos de SOLVIT con miras a aplicar de manera eficaz el nuevo procedimiento para la resolución de problemas favorable para las empresas, a través del que SOLVIT ayuda a las empresas en aquellos casos en que se deniega el reconocimiento mutuo de su producto. Este nuevo procedimiento entró en vigor en abril de 2020. Tomando como base el trabajo preparatorio llevado a cabo en 2019, el Sistema de Información del Mercado Interior respaldará, a partir de 2020, la cooperación administrativa en el marco del nuevo Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC). Este Sistema de Información ayudará a la Red de CPC , formada por las autoridades nacionales de consumo, a ofrecer incluso una mejor protección para los consumidores. Por último, la Comisión puso en marcha el proceso de actualización del cuadro de indicadores del mercado interior con el fin de cubrir más ámbitos de acción y ofrecer una imagen más completa de la situación en que se encuentra el mercado único.

En lo relativo a la justicia, la Comisión actualiza regularmente el portal e-Justicia , que contiene una amplia gama de información y enlaces sobre las leyes y los usos de todos los países de la UE.

Control del cumplimiento de la unión de los mercados de capitales, las normas sobre los servicios financieros y la libre circulación de capitales

Las Directivas adoptadas a raíz de la crisis financiera han de aplicarse debidamente para aumentar la resiliencia y la estabilidad del sector financiero y para mejorar la protección de los inversores. La aplicación de algunas de estas Directivas también es importante para lograr la unión de los mercados de capitales. La aplicación de estas Directivas (por ejemplo, la Directiva sobre solvencia II , la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros revisada, la Directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo , la Directiva sobre los servicios de pago y la Directiva sobre la distribución de los seguros ) también es esencial para el objetivo de lograr la unión de los mercados de capitales, que mejorará el acceso a las finanzas, especialmente para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, hará que los mercados de capitales sean más atractivos para los inversores minoristas e institucionales y facilitará las inversiones transfronterizas. En 2019, la Comisión incoó procedimientos de infracción debido a que diecisiete Estados miembros no habían transpuesto a tiempo la Directiva relativa a la orden europea de investigación  en su legislación nacional.

En lo relativo a la libre circulación de capitales, la Comisión ya había incoado procedimientos de infracción contra cinco Estados miembros en 2015, cuando les solicitó que pusieran fin a los tratados bilaterales de inversión (TBI) intra-UE existentes entre ellos debido a su incompatibilidad con el Derecho de la UE. Los TBI son acuerdos en los que se establecen los términos y condiciones aplicables a la inversión privada entre dos Estados miembros de la UE.

El Tribunal de Justicia confirmó en el asunto Achmea que la inclusión de cláusulas de arbitraje inversor/Estado en un TBI intra-UE no es compatible con el Derecho de la UE. En 2019, casi la totalidad de los Estados miembros de la UE refrendaron el texto de un acuerdo multilateral para poner fin a los tratados bilaterales de inversión intra-UE existentes entre ellos. En mayo de 2020 , veintitrés Estados miembros firmaron el acuerdo para poner fin a dichos tratados.

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Las actividades de control del cumplimiento de la Comisión en este ámbito se centran en garantizar una transposición correcta y oportuna de la cuarta y la quinta Directivas antiblanqueo , relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Ambas Directivas promueven los estándares más elevados en lo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 2019, la Comisión dio continuación a los procedimientos de infracción contra varios Estados miembros que todavía no habían transpuesto la cuarta Directiva antiblanqueo en su legislación nacional.

La Comisión también adoptó la Comunicación titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo» , acompañada de cuatro informes destinados a ayudar a las autoridades europeas y nacionales a combatir mejor los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tanto la Comunicación como los informes ponen de relieve la necesidad de aplicar íntegramente estas dos Directivas, si bien señalan que todavía existen una serie de deficiencias estructurales en la aplicación de las normas de la Unión sobre la lucha contra el blanqueo de capitales que deben eliminarse.

Aplicación de las normas en materia de fiscalidad y aduanas

En lo relativo a los impuestos indirectos, la Comisión dio prioridad en sus labores de control del cumplimiento a perseguir las infracciones que falsean la competencia en el mercado interior, que van en contra de la equidad fiscal o que socavan los objetivos climáticos de la UE.

En 2019, las medidas de control del cumplimiento de la Comisión se centraron en garantizar que los Estados miembros transpusieran en su legislación nacional modificaciones importantes introducidas en la Directiva sobre la cooperación administrativa . Estas modificaciones corresponden a ámbitos como el acceso a información sobre el blanqueo de capitales , el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad o el intercambio automático de información sobre cuentas financieras . 

Uno de los beneficios del mercado interior es que los ciudadanos y las empresas tienen libertad para desplazarse, operar e invertir traspasando las fronteras nacionales. Puesto que los impuestos directos no están armonizados a escala de la UE, esta libertad puede implicar que algunos contribuyentes consigan eludir o evadir impuestos en su país de residencia. Por ello, las autoridades tributarias de la UE han acordado cooperar más estrechamente para garantizar el pago de los impuestos y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

Además, la Comisión se centró en garantizar la correcta transposición de la Directiva relativa a las normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y la Directiva sobre la resolución de litigios .

La estrategia de la Comisión para el control del cumplimiento en el ámbito de las aduanas se centró en garantizar una aplicación correcta y uniforme del Código Aduanero de la Unión (CAU) y en detectar tasas con un efecto equivalente al de los derechos de aduana, incluso dentro de la UE.

En 2019, la Comisión puso en marcha una investigación que incluía a todos los Estados miembros para analizar las disposiciones nacionales sobre la limitación temporal para notificar una deuda aduanera y la compatibilidad de estas disposiciones con el CAU, con el fin de ofrecer una mayor seguridad jurídica para los comerciantes.

Garantizar un nivel de protección elevado para los consumidores

En noviembre de 2019 se adoptó la Directiva sobre la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión , que refuerza los derechos de los consumidores en línea, aborda la doble calidad de los productos y prevé sanciones disuasorias para las «infracciones generalizadas» de los derechos de los consumidores.

Asimismo, la Comisión puso en marcha la campaña #YourEURight con el objetivo de informar a los consumidores sobre sus derechos. 

En julio de 2019, la Comisión publicó las Directrices sobre la aplicación de la Directiva sobre las cláusulas contractuales abusivas , que abarcan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a, por ejemplo, la transparencia de las cláusulas contractuales, las consecuencias de que se concluya que una cláusula contractual es abusiva y las normas judiciales procesales nacionales aplicables a, entre otros, el análisis de cláusulas contractuales abusivas.

La Comisión respaldó la aplicación del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores por parte de las autoridades nacionales de aplicación con arreglo a lo previsto en el Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) . Ayudó a estas autoridades a hacer frente a las prácticas engañosas de grandes operadores en línea (Facebook, Airbnb y booking.com) con el fin de mejorar la transparencia de sus ofertas y la equidad de sus términos y condiciones. Además, la Comisión ayudó a los Estados miembros a prepararse para la aplicación del Reglamento CPC revisado a partir de enero de 2020, entre otros, mediante la organización de talleres.

Se aumentó la eficacia del marco europeo para la resolución alternativa de litigios (RAL) y la resolución de litigios en línea (RLL), por ejemplo, mediante una versión mejorada de la plataforma europea de RLL. La Comisión también publicó su primer informe de aplicación sobre el marco para la RAL y la RLL .

En cuanto a la seguridad de los productos, la Comisión siguió facilitando la cooperación entre las autoridades encargadas del control del cumplimiento al financiar actividades de muestreo y ensayo para productos concretos en relación con el sistema de alerta rápida RAPEX. RAPEX permite un intercambio de información entre autoridades rápido a nivel europeo sobre productos que suponen un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores.

Garantizar un nivel de protección elevado para la salud pública

El control de la aplicación de la Directiva sobre los productos del tabaco en la legislación nacional de los Estados miembros siguió siendo una de las prioridades de la Comisión durante 2019. La finalidad de dicha Directiva es integrar en el contexto del mercado único iniciativas destinadas a reducir el consumo de tabaco, en particular al desincentivar que los jóvenes empiecen a fumar, y a garantizar que el público sea plenamente consciente de los efectos nocivos del tabaco. El consumo de tabaco es el mayor riesgo para la salud evitable y la principal causa de muertes prematuras en la UE. En 2019, la Comisión llevó a cabo controles de la conformidad de la legislación nacional a través de la que se transpone la Directiva y organizó diálogos estructurales con los Estados miembros para garantizar una mejor aplicación de esta.

Garantizar los derechos de los pacientes al acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza siguió siendo una de las prioridades de la Comisión durante 2019. La Comisión realizó un estrecho seguimiento de la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza y llevó a cabo diálogos estructurados con los Estados miembros para garantizar una mejor aplicación de esta.

En cuanto a la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas , la Comisión llevó a cabo una serie de iniciativas a través del Grupo de Trabajo sobre el Uso Sostenible de los Plaguicidas, de auditorías y del programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» con miras a facilitar la aplicación de la Directiva.

Aplicación de las normas sobre movilidad y transporte

Durante 2019, la Comisión siguió realizando un seguimiento de la aplicación de la legislación de la UE en materia de transporte. En concreto, sus labores de control de la aplicación abarcaron las normas sobre la finalización del mercado único, el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes y la definición de requisitos comunes para la seguridad de todos los medios de transporte.

La Comisión también realizó un seguimiento de las medidas nacionales de aplicación destinadas a crear un espacio ferroviario europeo único . En particular, realizó un seguimiento de cuestiones relativas a la competencia, la supervisión reglamentaria y la arquitectura financiera del sector ferroviario, las competencias de los reguladores nacionales, el marco de inversión en el sector ferroviario mejorado y el acceso justo y no discriminatorio a la infraestructura ferroviaria y a los servicios ferroviarios conexos.

La Comisión decidió incoar procedimientos de infracción contra Dinamarca , Alemania , Irlanda , los Países Bajos y Polonia por no haber transpuesto determinadas disposiciones de las normas de la UE sobre la creación de un espacio ferroviario europeo único. Se dio continuación a los procedimientos incoados contra Francia y España por no haber cumplido íntegramente determinadas disposiciones, en concreto las relacionadas con el acceso a servicios ferroviarios conexos y con garantías de independencia para los administradores de infraestructuras. La Comisión también dio continuación a los procedimientos de infracción incoados contra Grecia e Irlanda por no comunicar las medidas nacionales adoptadas para transponer la normativa de la UE sobre la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias .

El Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera ( ERRU ) permite el intercambio de información entre Estados miembros sobre las empresas de transporte por carretera establecidas en la UE. Es un instrumento esencial para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE sobre este ámbito. La puesta en marcha de una nueva versión mejorada del ERRU exige que los Estados miembros adapten sus sistemas nacionales. La Comisión incoó procedimientos de infracción contra Bélgica , Chipre, Chequia, Dinamarca, Hungría, Malta, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido para que dichos Estados actualizaran la conexión entre sus registros nacionales de empresas de transporte por carretera y la nueva versión del ERRU, tal y como se prevé en el Reglamento pertinente.

La seguridad es una de las máximas prioridades de todos los sistemas de transporte. Crear un entorno que permita un transporte seguro es esencial para los ciudadanos europeos. Una de las funciones de la Comisión es responder a estas expectativas al garantizar la existencia en toda la UE de unos estándares de seguridad satisfactorios para todos los medios de transporte. El sistema ferroviario de Europa es uno de los más seguros del mundo. Las políticas de la UE tienen como objetivo mantener unos estándares elevados y armonizar los requisitos de seguridad a escala de la UE.

El transporte por carretera es el medio de desplazamiento más utilizado y una de las principales causas de accidentes. La Comisión se ha mostrado muy activa en lo relativo a la promoción de regulación, normas técnicas y campañas de sensibilización para reducir el número de muertes provocadas por accidentes de tráfico. En concreto, la Comisión realizó un seguimiento de los requisitos de seguridad aplicables a los túneles y decidió incoar procedimientos contra Bélgica , Bulgaria , Croacia , Italia y España por incumplir la Directiva sobre los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras .

En lo relativo al transporte marítimo, la seguridad de los buques, tanto de pasajeros como mercantes, es de vital importancia. Las normas comunes de la UE en materia de seguridad se refieren a los equipos, como los chalecos salvavidas, los sistemas de depuración de aguas residuales y los radares, que se encuentran a bordo de buques que enarbolan el pabellón de la UE.

La aviación es un tipo de transporte que requiere normas de seguridad específicas. La política de la UE sobre la seguridad aérea garantiza un nivel elevado de seguridad para los pasajeros.

V.Una unión económica y monetaria más profunda y más justa

Un componente fundamental de la respuesta de la Comisión a la necesidad de promover el crecimiento y el empleo es una «unión económica y monetaria más profunda y más justa». Esta política persigue reforzar la economía de la UE de forma que se cree más empleo y se mejoren las condiciones de vida de las personas.

Aplicación de las normas de la unión bancaria

En el marco de la unión bancaria, la Comisión siguió verificando la aplicación por parte de los Estados miembros de la cuarta Directiva sobre los requisitos de capital , la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos , la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y la Directiva sobre el orden de prioridad de los instrumentos de deuda . Estos instrumentos de la UE tienen por objeto garantizar que los bancos sean más sólidos y estén mejor supervisados y que sea posible resolver cualquier problema con mayor facilidad sin utilizar el dinero de los contribuyentes. En 2019, la Comisión adoptó un informe en el que se analiza la aplicación de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias .

VI.Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua

El pleno respeto del Estado de Derecho y de la Carta de los Derechos Fundamentales ocupa un lugar central entre las prioridades de la Comisión. También deben garantizarse derechos específicos, como el derecho a la libre circulación, la protección de los datos personales, la igualdad de género, la no discriminación, los derechos de las víctimas y el derecho a un juicio justo en los procesos penales. Estos temas ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión, ya que repercuten directamente en la vida de las personas.

En el marco del ejercicio del Semestre Europeo , la Comisión siguió animando a los Estados miembros a mejorar la eficacia de sus capacidades de control del cumplimiento, en particular por lo que respecta a la independencia, la calidad y la eficacia de sus sistemas nacionales de justicia. Con este fin, la Comisión propuso recomendaciones específicas por país para siete Estados miembros. A través del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE , la Comisión supervisa la independencia, la calidad y la eficacia de los sistemas de justicia de los Estados miembros.

Defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales

En abril de 2019, la Comisión presentó sus observaciones sobre el refuerzo del Estado de Derecho en la UE , que dieron lugar a contribuciones de más de sesenta partes interesadas. Los resultados de este proceso se reflejaron en la Comunicación titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión - Propuesta de actuación» , publicada en julio, en la que se presentó un nuevo mecanismo del Estado de Derecho. En las orientaciones políticas de la Comisión se anunciaron un nuevo ciclo anual de revisión del Estado de Derecho y un informe anual, en los que se resumirá la situación existente en cada Estado miembro. La Comisión también anunció que aplicará un enfoque estratégico para los procedimientos de infracción y que tomará como base la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas con respecto al Estado de Derecho en los Estados miembros presentada por la Comisión siguen su curso en el Consejo. El respeto del Estado de Derecho es fundamental para garantizar una buena gestión financiera y para proteger el presupuesto de la Unión.

Cooperación transfronteriza en materia de justicia penal y civil

La Comisión siguió realizando un seguimiento de la transposición plena de las Directivas sobre las garantías procesales. Durante 2019, el principal foco de atención fueron la Directiva sobre las garantías procesales de los menores y la Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención .

Mejorar la protección de los datos personales

Tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, en 2019 la Comisión se centró en la aplicación de las nuevas normas sobre la protección de datos a través de un enfoque múltiple. En concreto, entabló diálogos bilaterales con autoridades nacionales sobre la conformidad de la legislación nacional con el RGPD, colaboró estrechamente con las autoridades de protección de datos que cooperan en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos e interactuó con las partes interesadas, en particular a través de un grupo de partes interesadas especializado. La Comisión también siguió apoyando económicamente a las autoridades nacionales de protección de datos a través de subvenciones y organizó campañas de sensibilización para los ciudadanos y las empresas. La Comisión también llevó a cabo un ejercicio de balance sobre el primer año de aplicación del RGPD, cuyos resultados se presentaron en una Comunicación publicada en julio de 2019.

Los Estados miembros debían transponer la Directiva sobre la protección de datos en el ámbito penal a más tardar en mayo de 2018, y la Comisión ha empezado a evaluar si la legislación nacional de transposición notificada por los Estados miembros es conforme a lo previsto en dicha Directiva. En 2019, la Comisión archivó varios de los diecinueve procedimientos de infracción incoados en 2018 por la no comunicación de las medidas de transposición, y también incoó un procedimiento de infracción contra Alemania y llevó a España y a Grecia ante el Tribunal (Grecia ha notificado posteriormente la transposición plena de la Directiva). Al finalizar 2019 había procedimientos de infracción en curso contra cuatro Estados miembros.

Aplicación de las normas en materia de seguridad

En 2019 prosiguieron los trabajos de control de la aplicación en el contexto de la Agenda Europea de Seguridad y del desarrollo de la Unión de la Seguridad. La aplicación de las normas de la UE en este ámbito es fundamental para garantizar un nivel de seguridad elevado en toda la UE. Los informes de situación periódicos sobre la Unión de la Seguridad reflejan los esfuerzos que se están realizando para garantizar una aplicación de las normas plena y correcta.

Además, la Comisión realizó un seguimiento de la aplicación de la Directiva sobre la inclusión de nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de «droga» y de la primera Directiva delegada adoptada con arreglo a esta. La Comisión también dio continuación a los procedimientos de infracción incoados por la no notificación de medidas nacionales de transposición para dos Directivas clave en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia grave: la Directiva sobre el registro del nombre de los pasajeros y la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo . Asimismo, la Comisión incoó procedimientos contra España , los Países Bajos y Finlandia en relación con la Directiva sobre el registro del nombre de los pasajeros. En cuanto a la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra Grecia y Luxemburgo .

Asimismo, la Comisión incoó procedimientos de infracción para salvaguardar la competencia externa exclusiva de la Unión en materia de seguridad en el marco de la normativa de la UE sobre este ámbito.

VII.Hacia una nueva política de migración

La política de migración de la Comisión tiene por objetivo dotar a la UE de las herramientas necesarias para gestionar mejor la migración a medio y largo plazo. Abarca todas las cuestiones pertinentes, entre las que se incluyen la gestión de fronteras, la política de visados, la migración irregular, el asilo y la migración legal. Un factor esencial para el éxito de la política es su aplicación de manera coherente, humana y eficaz.

En 2019, la Comisión siguió realizando un seguimiento de la aplicación por parte de los Estados miembros de la legislación de la UE en materia de migración y asilo, en particular de la Directiva sobre los procedimientos de asilo , la Directiva sobre las condiciones de acogida , la   Directiva de reconocimiento y la Directiva sobre el retorno . Estas Directivas establecen normas sobre la tramitación de las solicitudes de asilo, garantizan un nivel de vida digno para los solicitantes de asilo en la UE, prevén normas para el reconocimiento como refugiados de los ciudadanos de terceros países y establecen normas y procedimientos comunes según los cuales los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE que permanecen ilegalmente en el territorio de países de la UE pueden ser expulsados.

En cuanto a la migración legal, la prioridad de la Comisión es garantizar que existan verdaderas vías legales para entrar a la UE, en concreto mejorando la capacidad de la UE para atraer y retener trabajadores altamente cualificados, así como estudiantes e investigadores. Por consiguiente, es importante garantizar que las Directivas sobre la migración legal se apliquen de una forma plena y adecuada. En ellas se establecen una serie de condiciones comunes para la admisión y residencia de los nacionales de terceros países, se simplifican y armonizan los procedimientos migratorios y se prevé el derecho a un trato igualitario en comparación con los nacionales de la UE en una serie de ámbitos.

Otra de las prioridades de la Comisión durante 2019 fue la correcta aplicación de la normativa de la Unión sobre las fronteras y los visados Schengen.