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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2021, sección III — Comisión (2019/2213(BUD))

DO C 362 de 8.9.2021, p. 195–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Official Journal

8.9.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 362/195

P9_TA(2020)0166

Orientaciones para el presupuesto 2021 — Sección III

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2021, sección III — Comisión (2019/2213(BUD))

(2021/C 362/44)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de 8 de octubre de 2018, sobre el calentamiento global de 1,5 oC (1),

—	Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—	Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014, y la Decisión n.o 541/2014/UE, y se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2),

—	Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (3),

—	Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (4),

—	Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (5),

—	Vistos el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 (6) y las declaraciones conjuntas acordadas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que lo acompañan,

—

Vistos su Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 — Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo, de 14 de noviembre de 2018 (7), y su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos (8),

—	Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (9),

—	Vista su Resolución, de 13 de mayo de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los programas de la Unión: aplicación de un plan de contingencia del MFP (10),

—	Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (11),

—	Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.a reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (12),

—	Vistos el pilar europeo de derechos sociales y su Resolución sobre esta cuestión, de 19 de enero de 2017 (13),

—	Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (14),

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de febrero de 2020, sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2021 (06092/2020),

—	Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

—	Visto el artículo 93 de su Reglamento interno,

—	Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores,

—	Vista la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Vistas las cartas de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

—	Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A9-0110/2020),

A.	Considerando que la Unión Europea se enfrenta a una crisis sanitaria, económica, social y medioambiental inesperada y sin precedentes como consecuencia de la pandemia de COVID-19;

B.	Considerando que no se puede hacer frente a estas circunstancias excepcionales con un presupuesto concebido para una situación de normalidad;

C.	Considerando que, de conformidad con el artículo 311 del TFUE, la Unión debe dotarse de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas, y que su presupuesto debe financiarse íntegramente con cargo a los recursos propios;

D.	Considerando que, de conformidad con el artículo 312 del TFUE, el Consejo adopta por unanimidad el marco financiero plurianual (MFP) previa aprobación del Parlamento Europeo por mayoría de los miembros que lo componen;

E.	Considerando que el MFP actual expira a finales de 2020 y que 2021 debería ser el primer año de aplicación del próximo MFP en su versión revisada y redefinida;

Considerando que el Parlamento estaba dispuesto a negociar el MFP ya en noviembre de 2018, pero que el Consejo no ha entablado hasta la fecha conversaciones significativas con el Parlamento más allá de algunos contactos mínimos al margen del Consejo de Asuntos Generales; que el plazo para alcanzar un acuerdo en el Consejo Europeo se ha ampliado en varias ocasiones;

G.	Considerando que, el 27 de mayo de 2020, la Comisión presentó una propuesta actualizada para el próximo MFP;

Considerando que, en su último informe, los científicos del IPCC hacen un llamamiento para que se adopten medidas radicales con el fin de recuperar el atraso acumulado con respecto a la transición ecológica, habida cuenta de su advertencia de que las concentraciones de CO2 aumentaron tres veces más rápidamente en el período 2018-2019 que en la década de los 60 del siglo pasado, y hacen hincapié en que solo quedan algunos años para impedir que el cambio climático y su impacto sobre el medio ambiente escapen de forma irreversible a nuestro control;

Considerando que, en el contexto del brote de COVID-19, las víctimas de la violencia de género pueden estar expuestas a sus maltratadores durante largos períodos de tiempo y encontrarse sin acceso a la ayuda social e institucional, como lo demuestran los datos de varios Estados miembros de la Unión, y que las mujeres están sobrerrepresentadas en las profesiones con un elevado riesgo de contagio;

Hacer frente a la crisis de COVID-19: un presupuesto para proteger e innovar…

Insiste en que el presupuesto de la Unión es vital para responder a los desafíos a los que se enfrenta la Unión, que la crisis de COVID-19 ha agravado y hecho aún más visibles, y ha de reflejar el grado de ambición de los Estados miembros y las instituciones; insiste, por tanto, en que el presupuesto 2021 debe centrarse principalmente en mitigar los efectos del brote de COVID-19 y apoyar la recuperación, sobre la base del Pacto Verde Europeo y la transformación digital;

Destaca que la Unión y todos sus Estados miembros deben mostrar su plena solidaridad con los más necesitados, aunándose como comunidad y garantizando que ningún país deba luchar solo contra esta pandemia y sus consecuencias, en particular mediante un presupuesto para 2021 que esté a la altura de este desafío histórico;

Subraya, en este contexto, que el presupuesto para 2021 debe ser el primero de un MFP 2021-2027 actualizado, reorientado y extremadamente ambicioso;

Reitera, en consonancia con su Resolución de 13 de mayo de 2020, su llamamiento a la Comisión para que, a más tardar el 15 de junio de 2020, proponga un plan de contingencia del MFP, basado en la prórroga automática de los límites máximos de 2020, a fin de proteger a los beneficiarios de los programas de la Unión y garantizar la continuidad de la financiación; insiste en que este plan de contingencia del MFP debe permitir prorrogar los programas de la Unión existentes y reorientarlos para hacer frente a las consecuencias de la crisis, así como crear los nuevos instrumentos e iniciativas más urgentes; destaca la necesidad de evitar cualquier riesgo de discontinuidad o de prórroga desordenada del MFP y los programas actuales en 2021, así como de garantizar que la Unión estará en condiciones de proseguir sus actividades y de aportar una respuesta a la crisis y una estrategia de recuperación ambiciosas;

Subraya que ningún Estado miembro podrá financiar por sí solo un plan de recuperación a gran escala, durante todo el tiempo necesario, para hacer frente a la crisis de COVID-19, y que si los planes nacionales de recuperación se financiaran únicamente mediante deuda su importe y duración serían muy limitados; insiste en que el plan de recuperación debe incluir un componente de inversión a gran escala financiado por el presupuesto de la Unión a partir de 2021, y pide, por consiguiente, que el presupuesto para 2021 constituya una parte importante de este plan de recuperación;

Considera que el plan de recuperación ha de basarse en el Pacto Verde Europeo y en la transformación digital de nuestras sociedades con el fin de reconstruir nuestra economía, garantizar la resiliencia y la inclusión, respetando al mismo tiempo los límites del planeta, proteger el bienestar y la salud de las personas de nuevos peligros e impactos medioambientales, crear empleo de calidad y garantizar la cohesión y convergencia social, económica y territorial, en particular a través de las inversiones en las pymes y en los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, y en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos sostenibles y de sectores estratégicos, como el sector sanitario, que están en primera línea para hacer frente a la crisis; pide a la Comisión que presente un proyecto de presupuesto para 2021 acorde con estas prioridades;

Opina que los ingresos del presupuesto de la Unión deben considerarse un instrumento para la realización de las políticas de la Unión; destaca que, para cubrir los gastos adicionales derivados de la crisis y para mitigar la predominancia de las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB) al presupuesto de la Unión, los nuevos recursos propios adicionales que lleguen directamente al presupuesto de la Unión como ingresos generales tendrán que desempeñar un papel fundamental a partir de 2021; considera que la ausencia de nuevos recursos propios tendrá consecuencias políticas negativas para el presupuesto de la Unión para 2021 y pondrá en peligro la nueva agenda política de la Comisión; opina, en este contexto, que las propuestas de la Comisión sobre los recursos propios a partir de mayo de 2018 son un buen punto de partida que se ha seguir desarrollando a la luz de la crisis y los retos actuales; recuerda, tal como afirmó en su Informe provisional de 14 de noviembre de 2018 y en su Resolución de 10 de octubre de 2019, que el Parlamento Europeo no dará su aprobación al MFP 2021-2027 sin un acuerdo sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión, incluida la introducción de un conjunto de nuevos recursos propios;

Expresa su convencimiento de que la crisis actual no debe rebajar la ambición de avanzar hacia el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050, lo que exigirá una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % en comparación con los niveles de 1990 para 2030; recuerda que en el Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se solicita una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 7,6 % anual con el fin de contener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 oC, lo que supone una reducción aproximada del 6,8 % anual a escala de la Unión; resalta que ello representa un reto inmenso, especialmente en lo que se refiere a la transición sostenible y socialmente justa tan necesaria, que debe tener en cuenta los distintos puntos de partida de las regiones y los Estados miembros de la Unión e ir acompañada de la creación de empleo a gran escala; insiste en que, para que este reto sin precedentes se salde con éxito en tan solo diez años, se necesitan medidas urgentes que estén respaldadas por un presupuesto sólido de la Unión a partir de 2021;

Expresa su preocupación ante las consecuencias económicas, sociales y políticas adicionales de la crisis si la Unión no se dota rápidamente de instrumentos nuevos y eficaces para proteger la cohesión social, conservar el empleo e impedir despidos colectivos; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta relativa a un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) y el compromiso asumido por la presidenta de la Comisión de presentar una propuesta legislativa relativa a un régimen europeo de reaseguro de desempleo con la intención de aplicarlo cuanto antes;

… con el fin de aportar soluciones para los problemas sociales, ambientales, económicos y financieros agravados

10.

Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión relativas al Pacto Verde Europeo y al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible;

11.

Observa, no obstante, que la Comisión calcula que para alcanzar el objetivo de reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y tener presente el futuro aumento de este nivel de ambición será necesario colmar un déficit de financiación de al menos 260 000 000 000 EUR al año, al que se añadirán los costes adicionales de la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos y las medidas de adaptación social; considera que, con el fin de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión y su huella de carbono global, un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión y la legislación de la Unión sobre el clima deben contribuir plenamente a dar un salto cualitativo en los esfuerzos políticos y financieros; considera que una transición justa, como parte inherente de la respuesta a la crisis, exige una financiación justa y suficiente;

12.

Reitera que el mandato del Parlamento para el MFP se estableció en su Informe provisional de 14 de noviembre de 2018 en lo que respecta a los límites máximos, las dotaciones de los programas, los recursos propios y las disposiciones de flexibilidad, la revisión intermedia y los principios horizontales, como la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el clima y la igualdad de género; señala que los resultados de las negociaciones sobre el MFP determinarán en gran parte el nivel de financiación de los programas de la Unión para el próximo período de programación, y reitera su posición de que los créditos de compromiso para el período 2021-2027 deben fijarse en 1 324 100 000 000 EUR a precios de 2018, lo que representaría el 1,3 % de la RNB de la Europa de los Veintisiete; está decidido, en consonancia con esta posición, a defender un presupuesto para 2021 de 192 100 000 000 EUR, a precios corrientes, en créditos de compromiso; subraya que, además de esta suma, se necesitan considerables créditos adicionales para responder a la crisis actual;

13.

Recuerda su posición en el sentido de que los objetivos del MFP 2021-2027 en materia de integración de la biodiversidad y la dimensión climática deben ir más allá de los niveles de porcentaje de gasto previstos en su informe provisional; aspira, por consiguiente, a lograr un nivel de gasto en biodiversidad del 10 % y un nivel de gasto en integración de la dimensión climática del 30 % para 2021; reitera su llamamiento a la Comisión para que establezca criterios de admisibilidad claros para una nueva metodología rigurosa y exhaustiva, en forma de reglamento marco, para la definición y el seguimiento del gasto relativo al clima y la biodiversidad, en consonancia con el principio de «no ocasionar daños», junto con las medidas correctoras correspondientes, en su caso, y un mecanismo de comprobación que permita detectar posibles impactos perjudiciales de las acciones de la Unión en la biodiversidad y el clima, en consonancia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y su llamamiento en favor de la eliminación progresiva de las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles;

14.

Respalda la movilización de fondos y la flexibilidad para movilizar fondos de investigación y desarrollo (I+D) para medidas relacionadas con la COVID-19, como el desarrollo de vacunas, nuevos tratamientos, pruebas de diagnóstico y sistemas médicos con objeto de evitar la propagación del coronavirus y salvar vidas;

15.

Subraya con firmeza que los objetivos climáticos de la Unión requieren soluciones sostenibles y a largo plazo; destaca el papel fundamental que desempeña la I+D en la búsqueda de soluciones eficaces, realistas y aplicables para los ciudadanos, las empresas y la sociedad; subraya que Horizonte Europa será el principal programa para el desarrollo de nuevas soluciones para el clima; pide un aumento de la financiación para todos los programas de I+D que contribuyen a hacer de la Unión un líder mundial de las tecnologías ecológicas y a reforzar su competitividad mundial a mayor escala, a reducir su dependencia de tecnologías esenciales extranjeras, a convertirla en líder de las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, a desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades graves como el cáncer, y a crear capacidades de supercomputación y tratamiento de datos;

16.

Observa con gran preocupación que muchas propuestas excelentes de investigación no pueden aplicarse no por su mala calidad sino por la importante infrafinanciación de los programas pertinentes; destaca la elevada competitividad de los mercados de investigación e innovación, en los que los investigadores se ven atraídos por otras regiones del mundo debido a la falta de oportunidades de financiación en Europa; subraya que el Reino Unido pasará de ser el principal beneficiario de muchos programas de I+D de la Unión a convertirse en un potente competidor; pide al Consejo que tenga presente que cada reducción de 10 000 000 000 EUR en el programa Horizonte Europa conllevará una pérdida de PIB de 110 000 000 000 EUR durante los veinticinco años siguientes; concluye que unas ambiciones presupuestarias reducidas para la I+D serían contrarias a cualquier compromiso en favor de la competitividad o la lucha contra el cambio climático, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos que aún han de realizarse para alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 del 3 % del PIB;

17.

Subraya que las inversiones en infraestructuras de transportes pueden contribuir tanto a los objetivos de apoyo a la economía de la Unión en el contexto actual como a los esfuerzos destinados a luchar contra el cambio climático, como a la transición a una movilidad sostenible, basada en particular en la finalización de las políticas relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T), a Shift2Rail y al Mecanismo «Conectar Europa» («MCE»); pide a la Comisión que adapte todos los proyectos del MCE a los objetivos del Acuerdo de París;

18.

Reitera que la competitividad de la industria espacial es vital para el panorama empresarial de Europa, ya que ofrece puestos de trabajo de calidad e importantes actividades de I+D y garantiza la autonomía de una infraestructura europea de satélites; destaca las ventajas de los datos generados en el espacio como herramienta esencial para la vigilancia terrestre y medioambiental;

19.

Destaca que las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen el 99 % de todas las empresas de los Estados miembros y contribuyen significativamente a la creación de empleo, a la estabilidad económica y, cada vez más, a los esfuerzos por lograr la sostenibilidad, y que estas empresas serán probablemente las más afectadas por la recesión económica provocada por el brote de COVID-19; subraya que las pymes tienen dificultades para encontrar oportunidades de financiación, y recuerda el papel que desempeña a este respecto el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME); recuerda la posición del Parlamento sobre la duplicación de la dotación financiera de las líneas presupuestarias de su sucesor dentro del Programa sobre el Mercado Único para el próximo MFP, lo que permitirá, previsiblemente, alcanzar una tasa de éxito de propuestas de alta calidad de al menos el 80 %; destaca que el apoyo financiero a las pymes también debe canalizarse a través del componente del programa InvestEU para las pymes, con el fin de ofrecer productos y servicios listos para el mercado y facilitar su rápida expansión en los mercados mundiales; reitera la necesidad de seguir ampliando las posibilidades de creación y expansión de empresas emergentes y de insistir especialmente en la transformación digital de las pymes, apoyada asimismo por el portal Single Market Gateway, como facilitador de las actividades empresariales en el ámbito de la administración digital, en consonancia con unas políticas ambiciosas de protección del consumidor, así como su transición ecológica; acoge favorablemente, en este contexto, las diversas iniciativas del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en particular la movilización de 40 000 000 000 EUR para las pymes afectadas, los 5 000 000 000 EUR disponibles para las empresas del sector sanitario y el fondo de garantía de 25 000 000 000 EUR que será financiado por sus accionistas;

20.

Recalca que la crisis actual afectará considerablemente a numerosos sectores y regiones; expresa su convencimiento, en este contexto, de que la política de cohesión desempeñará un papel fundamental y será más esencial que nunca para estimular la recuperación económica en todos los territorios de la Unión y reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión, y necesitará fondos adicionales y una mayor flexibilidad para responder a los complejos retos medioambientales, sociales, económicos y demográficos que se avecinan; subraya que, si se retrasa la adopción del MFP 2021-2027 y de las bases jurídicas pertinentes, será indispensable un período de transición entre los dos períodos de programación;

21.

Considera que, en cuanto uno de los sectores que más afectados se han visto por la crisis, el turismo requiere una estrategia global respaldada por una asignación específica mediante un programa de la Unión aparte en el marco del próximo MFP; insiste en que se debe brindar especial atención y apoyo a las pequeñas empresas y a las empresas familiares, en particular en el caso del agroturismo y de la pequeña hostelería, que se encontrarán con más dificultades a la hora de cumplir las nuevas normas de seguridad, al igual que las regiones insulares y las regiones ultraperiféricas;

22.

Subraya, a la luz de las importantes repercusiones sociales negativas, inmediatas y a largo plazo, de la situación actual, la importancia de aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales en el presupuesto de la Unión para 2021, así como el papel fundamental que desempeñarán las medidas sociales reforzadas de la Unión, y concretamente el Fondo Social Europeo+, en la recuperación económica y, en particular, para hacer frente al desempleo de los jóvenes y de las personas de mayor edad, la pobreza infantil, el riesgo de pobreza y exclusión social y la discriminación, para garantizar un diálogo social reforzado, para abordar los cambios demográficos estructurales a largo plazo y para garantizar que todos los ciudadanos, y especialmente una población en proceso de envejecimiento, tengan acceso a servicios vitales y fundamentales como la asistencia sanitaria, la movilidad, una alimentación adecuada y una vivienda digna;

23.

Pide que el presupuesto para 2021 preste especial atención a las necesidades de los países y territorios de ultramar (PTU) y a las relaciones con ellos, ya que pueden ser especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático; hace hincapié, además, en la necesidad de mejorar el acceso a los fondos para los PTU, ya que disponen de recursos administrativos y conocimientos especializados limitados debido a su tamaño y especial naturaleza;

24.

Insiste en que la seguridad interior es parte integrante de las expectativas de los ciudadanos de la Unión respecto de una Unión que proteja; subraya que las amenazas a la seguridad, como los ataques terroristas, la delincuencia organizada transfronteriza y los nuevos tipos de delincuencia, como la ciberdelincuencia, plantean una amenaza constante para la cohesión de la Unión y exigen una respuesta europea firme y coordinada; considera que para ello será necesario intensificar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes; destaca que, para garantizar una cooperación rápida y eficaz entre los cuerpos policiales, el poder judicial y otras autoridades competentes, es imperativo el refuerzo y la modernización de los sistemas informáticos, centrados en la mejora de la interoperabilidad de los sistemas, la facilitación del acceso y la legibilidad de los datos; toma nota de que está previsto que en 2021 la Comisión proponga una nueva Estrategia de la UE para la Unión de la Seguridad, que comprenderá un conjunto de iniciativas en ámbitos clave relacionados con estas amenazas;

25.

Pide a la Comisión que asigne el presupuesto necesario para garantizar una mayor capacidad del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, de manera que esta esté mejor preparada y en condiciones de responder a todo tipo de catástrofes naturales, pandemias y emergencias, como las emergencias de naturaleza química, biológica, radiológica y nuclear; reitera la importancia que reviste el Mecanismo de Protección Civil de la Unión para proteger mejor a los ciudadanos frente a las catástrofes;

26.

Hace hincapié en el éxito del programa Erasmus+ a la hora de mejorar la movilidad, la formación y las capacidades de los jóvenes; destaca la necesidad de prever una financiación adecuada para este programa, en particular para que sea accesible para personas de toda condición y edad;

27.

Recuerda que la promoción de las culturas y los valores europeos desempeña un papel activo en el apoyo a la democracia, la no discriminación y la igualdad de género y en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas; destaca, a este respecto, la necesidad de prever una financiación suficiente para los programas «Justicia» y «Derechos y Valores» y de reforzar los recursos destinados a apoyar a las víctimas de la violencia de género en el marco de estos programas; subraya que los sectores cultural y creativo, junto con el turismo, están y estarán entre los sectores más afectados por la crisis que atraviesa la Unión; solicita medidas de emergencia para estos sectores y el refuerzo del programa Europa Creativa;

28.

Espera que para 2021 se haya implantado un sólido mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; subraya que el MFP 2021-2027 debe incluir una cláusula de condicionalidad para la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que garantice que, para recibir financiación de la Unión, los Estados miembros deban cumplir plenamente el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea;

29.

Considera que el Cuerpo Europeo de Solidaridad es una herramienta fundamental para promover el compromiso cívico en toda la Unión y reforzar la ciudadanía de la Unión; insiste en que el presupuesto 2021 destinado al Cuerpo Europeo de Solidaridad ha de estar a la altura de las numerosas expectativas que ha generado entre los jóvenes de toda Europa, en particular en el ámbito del voluntariado; pide que se asignen fondos suficientes para cubrir la elevada demanda de puestos de voluntario;

30.

Pide que se conceda financiación suficiente con carácter prioritario en apoyo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de otras partes interesadas activas en la promoción de los derechos y el fortalecimiento y la promoción de los valores de la Unión y del Estado de Derecho, en particular a través del futuro programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, en un momento en el que el espacio del que dispone la sociedad civil en varios Estados miembros es cada vez más reducido;

31.

Destaca la preocupante y creciente hostilidad hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres, así como la importancia de los instrumentos de la Unión, incluido el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), para luchar contra esta situación; lamenta que la Comisión no haya incluido un programa específico sobre igualdad de género en su propuesta, y pide que se prevean dotaciones presupuestarias ambiciosas y específicas para apoyar a las defensoras de los derechos humanos y para proteger y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos; destaca, por lo tanto, la necesidad de reforzar las dotaciones presupuestarias con las que se apoya el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a ellos;

32.

Señala que la política agrícola común (PAC) y la política pesquera común (PPC) constituyen pilares de la integración europea cuyo objetivo es garantizar un suministro de alimentos y una soberanía alimentaria seguros y de alta calidad para los europeos, el correcto funcionamiento de los mercados alimentarios, el desarrollo sostenible de las regiones rurales, el relevo generacional y la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad; recuerda que estas políticas desempeñan un papel fundamental al contribuir a que los agricultores y los pescadores obtengan unos ingresos estables y aceptables, especialmente en el difícil contexto actual; recuerda su posición para las negociaciones sobre el MFP 2021-2027, favorable al mantenimiento de las dotaciones para la PAC y la PPC; pide que se refuercen estas políticas y que se preste especial atención a la agricultura y la pesca a pequeña escala; toma nota de que la PAC, junto con otras políticas de la Unión, desempeñará un papel importante en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde;

33.

Pide a la Comisión que, en su propuesta y posterior acto modificativo del proyecto de presupuesto para 2021, tenga en cuenta el resultado del acuerdo político al que se ha de llegar sobre las medidas transitorias para el ejercicio 2021 (expuestas en la propuesta de la Comisión de 31 de octubre de 2019 (COM(2019)0581)); pide, por otra parte, a los Estados miembros que velen por que se asignen oportunamente recursos suficientes para la mejora continua de la calidad de los datos e indicadores comunicados a la Unión con el fin de cumplir plenamente la iniciativa «Presupuesto de la Unión basado en los resultados»; insiste en la necesidad de que los datos e indicadores sean de gran calidad para poder evaluar adecuadamente la PAC;

34.

Toma nota de la evolución más reciente en la situación migratoria en la frontera exterior de la Unión con Turquía, que ha llevado a la reciente adopción del presupuesto rectificativo n.o 1/2020 con el fin de reaccionar a la mayor presión migratoria; subraya que en el presupuesto para 2021 se debe garantizar un nivel adecuado de recursos en previsión de que esta situación continúe o incluso empeore; recuerda que, en este ámbito y de cara a una política de asilo común, es necesaria la solidaridad y cooperación entre todos los Estados miembros; hace hincapié en que el brote de COVID-19 conlleva la necesidad adicional de adoptar medidas específicas para los migrantes, como personas especialmente vulnerables, incluidas medidas de evacuación y reubicación preventivas; recuerda que durante el último período ha sido necesario reforzar periódicamente el Fondo de Asilo y Migración, para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a la crisis de los refugiados, y movilizar los instrumentos especiales a tal fin, dado que el límite de la rúbrica 3 era demasiado bajo, o recurrir a presupuestos rectificativos; espera que los Estados miembros comprendan cuáles son sus intereses y compensen los efectos del retraso en la adopción del Reglamento Dublín IV aprobando los créditos necesarios y aplicando el principio de solidaridad en este ámbito; recuerda la necesidad de prever una financiación suficiente para mejorar las condiciones de vida de los migrantes y refugiados en los campos de refugiados de la Unión, así como la necesidad de servicios policiales, de formación del personal de control de las fronteras y los guardacostas y de medidas eficaces para la integración de migrantes y refugiados;

35.

Señala que una gestión correcta de la migración legal es importante para garantizar una respuesta adecuada a la evolución del mercado laboral;

36.

Observa que Turquía sigue albergando la mayor cantidad de refugiados del mundo y que se está debatiendo cómo la Unión debe seguir apoyando a Turquía una vez venzan sus compromisos en el marco del Mecanismo de la Unión para los refugiados en Turquía;

37.

Destaca que deben adoptarse medidas de solidaridad inmediatas, en particular un programa de reubicación, a la espera de una reforma significativa de las normas de la Unión en materia de asilo; pide, por otra parte, que el presupuesto de la Unión siga previendo financiación para apoyar a los refugiados en Turquía;

38.

Solicita un presupuesto para 2021 ambicioso en lo que respecta a las políticas exteriores de la Unión que le permita superar los retos a los que se enfrenta; recuerda que la paz y la solidaridad constituyen valores fundamentales que deben recibir apoyo constante en el presupuesto de la Unión; hace hincapié en la necesidad de aumentar la financiación para los países de los Balcanes Occidentales y los países de la vecindad oriental y meridional con el fin de apoyar las reformas políticas y económicas, así como para otras regiones que necesitan apoyo financiero para su desarrollo;

39.

Considera que el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) debe concentrar su financiación en los ámbitos del funcionamiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la administración pública; celebra el visto bueno a la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, y pide que se prevean dotaciones económicas adecuadas a fin de apoyar las reformas políticas y la adaptación al acervo;

40.

Subraya que las dotaciones financieras del IAP III deben estar condicionadas al respeto de los valores europeos, como el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, el proceso democrático, el respeto de los valores fundamentales y las relaciones de buena vecindad; pide a la Comisión que supervise la aplicación de la condicionalidad; pide a la Comisión que utilice los fondos asignados actualmente en el marco del IAP III para apoyar, a través de la gestión directa de la Unión, a la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas turcos, así como para incrementar las oportunidades para los contactos interpersonales, el diálogo académico, el acceso de los estudiantes turcos a las universidades europeas y las plataformas de medios de comunicación para periodistas, con objeto de proteger y promover los valores y principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho;

41.

Subraya que el 4 de marzo de 2019 se adoptó la posición del Parlamento en primera lectura sobre el IVDCI, y que su mandato relativo al IVDCI se volvió a confirmar el 8 de octubre de 2019; recuerda su posición en favor de una asignación del 45 % de la dotación financiera total del IVDCI a los objetivos climáticos, a la gestión y protección del medio ambiente, a la biodiversidad y a la lucha contra la desertificación, así como para abordar las causas profundas de la migración y los desplazamientos forzosos, haciendo especial hincapié en la promoción de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, los niños, los refugiados, los desplazados, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las minorías étnicas y religiosas;

42.

Recuerda que la solución duradera al actual fenómeno migratorio reside en el desarrollo político, económico y social de los países de origen de los flujos migratorios; pide que se dote a los correspondientes programas de política exterior de recursos financieros suficientes para respaldar asociaciones justas y mutuamente beneficiosas entre la Unión y los países de origen y de tránsito, incluidos los situados en el continente africano; pide a la Unión, en este mismo contexto, y a la vista de la difícil situación financiera que atraviesa el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), que aumente su ayuda financiera al OOPS en 2021, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicios vitales a millones de refugiados palestinos;

43.

Manifiesta su preocupación por la rápida propagación de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias para los países afectados; se muestra convencido de que la cooperación internacional es esencial para superar esta crisis mundial; considera que la Unión debe asumir el liderazgo en los esfuerzos mundiales para contener la pandemia y mitigar sus consecuencias; considera que la Unión debe mostrar su solidaridad con los terceros países afectados, en particular movilizando recursos adicionales para ayudarles a reconstruir sus economías, mitigar las consecuencias socioeconómicas de esta crisis y reforzar las capacidades de los sistemas de salud pública en todo el mundo;

44.

Recuerda que los derechos humanos son parte integrante de la política de acción exterior de la Unión; insiste en la necesidad de aumentar la financiación destinada a defender los derechos humanos en todo el mundo, con especial atención a la protección de los defensores de los derechos humanos, en particular los más amenazados; subraya, a este respecto, la necesidad de mantener el mecanismo para los defensores de los derechos humanos (Protectdefenders.eu) y de aumentar su financiación; considera que la Unión debe abstenerse estrictamente de prestar asistencia a través del apoyo presupuestario a países que incumplen flagrantemente las normas internacionales en el ámbito de los derechos humanos y la democracia o que no demuestran su compromiso en la lucha contra la corrupción; destaca la importancia de las misiones de observación electoral, en especial por parte de grupos de la sociedad civil local, y pide que reciban un nivel adecuado de financiación;

45.

Solicita un aumento de la financiación para las acciones de comunicación estratégica a fin de contrarrestar las campañas de desinformación, que se utilizan cada vez más para socavar el orden democrático en la Unión y en los países de su vecindad inmediata; destaca la importancia que reviste el proyecto emblemático EUvsDisinfo (la Unión contra la desinformación) del Grupo de Trabajo East StratCom del Servicio Europeo de Acción Exterior en la lucha contra la desinformación, la propaganda y la influencia extranjera;

46.

Insiste en la importancia de proporcionar un apoyo financiero adecuado para crear una auténtica Unión Europea de Defensa, promover la autonomía estratégica y reforzar el papel de la Unión a nivel mundial; destaca, en particular, la importancia que revisten el mantenimiento de la posición del Parlamento con respecto a los importes del Fondo Europeo de Defensa y la movilidad militar; hace hincapié en que debe garantizarse un apoyo continuado y una mejor coordinación de la política de defensa y de las acciones en el marco de la Agencia Europea de Defensa, la Cooperación Estructurada Permanente, el Fondo Europeo de Defensa y otras iniciativas; insta a la Comisión a que prevea financiación para los gastos administrativos y operativos de la Agencia Europea de Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente con cargo al presupuesto de la Unión, restableciendo así la función presupuestaria del Parlamento contemplada en el artículo 41 del TUE;

47.

Reitera que la nueva arquitectura de los instrumentos de financiación de la acción exterior debe aumentar la coherencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la supervisión democrática; hace hincapié en la necesidad de una mayor participación del Parlamento en la dirección estratégica de los nuevos instrumentos; espera participar desde una fase temprana en la programación o preprogramación de los nuevos instrumentos;

48.

Insta a la Comisión a que evalúe y se prepare para todos los escenarios posibles con el fin de garantizar la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión, definiendo compromisos claros, proponiendo mecanismos y protegiendo el presupuesto de la Unión; pide a la Comisión que garantice que la futura participación del Reino Unido en los programas de la Unión respete un equilibrio justo en lo que se refiere a contribuciones y beneficios;

49.

Expresa su intención de que el Reino Unido siga siendo un socio cercano en cuantos programas de la Unión sea posible, en particular Erasmus+ y Horizonte Europa;

50.

Recuerda el papel crucial que desempeñan las agencias de la Unión en la aplicación de sus objetivos políticos, y reafirma la importancia de dotar a estos organismos de fondos y personal suficientes y previsibles para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia, al tiempo que rechaza cualquier recorte injustificado y arbitrario en sus presupuestos en términos reales; pone de relieve el papel esencial de la Agencia Europea de Medio Ambiente en la concienciación respecto del cambio climático, de la Autoridad Laboral Europea en la promoción de la movilidad laboral, y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y de la Agencia de los Derechos Fundamentales en el apoyo a los solicitantes de asilo que buscan protección en Europa;

51.

Insiste, al mismo tiempo, en la importante necesidad de luchar contra la trata y el tráfico ilícito de personas y de apoyar a las agencias de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión, que prestan ayuda a los Estados miembros en las fronteras exteriores, como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex); toma nota del papel que ha recaído en Frontex en el contexto de la crisis migratoria actual en las fronteras exteriores de la Unión con Turquía; pide que en el presupuesto para 2021 se prevean unos niveles de financiación adecuados para la gestión de las fronteras;

52.

Constata que cada vez se asignan más tareas a las agencias que operan en los ámbitos policial, de la seguridad y de la cooperación judicial penal; solicita un aumento de los recursos financieros y los puestos para estas agencias, y en particular para la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), así como financiación y personal suficientes para las agencias que se ocuparán de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

53.

Expresa su preocupación por el nivel insuficiente de financiación y de personal previsto para la Fiscalía Europea en el procedimiento presupuestario de 2020, y pide a la Comisión que, para 2021, aumente el personal y los recursos de este órgano institucional y proteja su autonomía presupuestaria; subraya que la creación de la Fiscalía Europea no debe mermar la capacidad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para funcionar correctamente;

54.

Exhorta a la Comisión, como consecuencia del reciente brote de COVID-19 en Europa y de la necesidad de ofrecer una respuesta rápida, coordinada y coherente de la Unión, a que facilite la financiación adecuada y necesaria a las agencias de la Unión que trabajan con la Comisión y los Estados miembros y los apoyan en sus esfuerzos por atajar esta epidemia, en particular el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); insiste en que la Comisión y el Consejo no deben reducir los recursos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA);

55.

Subraya la necesidad de reforzar sustancialmente la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, teniendo en cuenta las tareas adicionales que le han sido conferidas en virtud de la legislación reciente, incluido el paquete de medidas sobre energía limpia; recuerda, por otra parte, la necesidad de prever recursos adicionales para que la Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) desempeñe las funciones contempladas en el Reglamento del ORECE y en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas;

56.

Recuerda que no se podrá ejecutar adecuadamente ninguna política de la Unión, ya sea para hacer frente a la crisis de COVID-19 o para realizar el Pacto Verde Europeo, sin la ayuda de una función pública europea específica y sin suficientes fondos;

57.

Considera, dado el contexto político y económico actual, que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe recibir un apoyo adecuado también desde un punto de vista presupuestario, y que la Comisión, como otras instituciones implicadas en este proyecto, debe contar con los medios necesarios para que sea un éxito;

58.

Pide a la Comisión que dé ejemplo garantizando una contratación pública de alta calidad y socialmente responsable, de manera que los contratos se adjudiquen a empresas que respetan las normas medioambientales y laborales fundamentales, así como aplicando criterios mejorados y más estrictos para evitar conflictos de intereses;

59.

Pide que se lleve a cabo una evaluación sensible al género del período presupuestario anterior y que se aplique la presupuestación con perspectiva de género en el presupuesto de la Unión para 2021; espera, por tanto, que la Comisión incluya en su proyecto de presupuesto un anexo que reúna información específica de género sobre objetivos, insumos, realizaciones y resultados, y que presente compromisos financieros en materia de igualdad de género y las medidas de seguimiento correspondientes;

Un nivel de pagos suficiente y realista

60.

Está decidido a impedir una nueva crisis de los pagos, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19; reitera que el límite máximo global de los pagos también debe tener en cuenta el volumen sin precedentes de los compromisos pendientes a finales de 2020, que deberán liquidarse en el marco del próximo MFP; señala asimismo que en 2021 los créditos de pago se destinarán principalmente a completar los programas del período 2014-2020; insiste, no obstante, en que esta situación no debe impedir la puesta en marcha de nuevos programas;

61.

Hace hincapié, por tanto, en consonancia con las medidas de 2020, en la necesidad de seguir garantizando un elevado nivel de liquidez a los Estados miembros en el marco de la respuesta a la pandemia de COVID-19;

62.

Subraya que la cooperación entre los Estados miembros en materia de ingresos fiscales devolvería a sus presupuestos nacionales mucho más que cualquier recorte del gasto en los presupuestos anuales de la Unión;

63.

Pide a la Comisión que garantice que no se conceden fondos de la Unión a terceros sujetos a medidas restrictivas de la Unión (incluidos contratistas o subcontratistas, participantes en talleres o cursos y destinatarios de ayudas financieras a terceros);

64.

Expresa su convencimiento de que debe prohibirse que las personas jurídicas que sean titulares reales de entidades jurídicas que reciben fondos del presupuesto de la Unión reciban fondos del presupuesto europeo actual o futuro con arreglo a las normas del Reglamento del marco financiero plurianual para el período 2021-2017, incluidos los pagos agrícolas directos y todos los desembolsos, gastos, garantías u otras prestaciones abordados en este, si dichos titulares presentan un claro conflicto de intereses, tal y como se define en el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 (Reglamento Financiero);

65.

Reitera la posición que ha mantenido tradicionalmente de que las nuevas prioridades políticas y los próximos desafíos a los que se enfrenta la Unión deben financiarse con créditos nuevos y no reduciendo el importe de los créditos de los programas actuales; considera que este principio también debe aplicarse a los presupuestos rectificativos;

66.

Observa que, como primer ejercicio del próximo MFP pendiente de aprobación, el presupuesto para 2021 será el primero que refleje una nueva nomenclatura presupuestaria; pide a la Comisión que implique de manera adecuada en su preparación a la Autoridad Presupuestaria; considera que la nueva nomenclatura, además de ajustarse mejor a las prioridades políticas, debe ser lo suficientemente pormenorizada para que la Autoridad Presupuestaria pueda desempeñar eficazmente su papel decisorio y para que el Parlamento, concretamente, pueda desempeñar su función de supervisión y control democráticos;

67.

Observa que, como rama de la Autoridad Presupuestaria elegida directamente por los ciudadanos, el Parlamento debe desempeñar su función política y presentar propuestas de proyectos piloto y acciones preparatorias que expresen su visión política para el futuro; se compromete, en este contexto, a proponer un paquete de proyectos piloto y acciones preparatorias elaborado en estrecha cooperación con cada una de sus comisiones para encontrar un equilibrio adecuado entre la voluntad política y la viabilidad técnica evaluada por la Comisión;

o o

68.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

(1) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

(2) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.

(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.

(4) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.

(5) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.

(6) DO L 57 de 27.2.2020, p. 1.

(7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0449.

(8) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0032.

(9) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.

(10) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0065.

(11) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0124.

(12) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0015.

(13) DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.

(14) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.

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