Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Fiscalidad/inversión privada y los objetivos de desarrollo sostenible — Cooperación con el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 97/01)

Ponente:

Krister ANDERSSON

Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
Decisión del Pleno	24.1.2019
Sección competente	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en la sección	29.11.2019
Aprobado en el pleno	11.12.2019
Pleno n.o	548
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	129/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las políticas fiscales son fundamentales para cumplir los ODS, ya que determinan el entorno económico en el que se producen la inversión, el empleo y la innovación, al tiempo que ofrecen al gobierno ingresos para financiar el gasto público. Una mayor armonización de las políticas y unas medidas de mejora de la credibilidad podrían contribuir claramente a aumentar la inversión privada y colmar la brecha de la inversión mundial, estimulando los flujos de capital desde los países que poseen mucho capital hacia las economías en desarrollo que necesitan inversión.

1.2.

Las empresas ofrecen bienes y servicios valiosos para la economía y son importantes impulsores de la inversión, la productividad, el crecimiento económico integrador y la creación de empleo. Dado que las empresas son diversas y abarcan desde pymes hasta multinacionales, representan una importante fuente de experiencia, creatividad e innovación que ayudan a resolver muchos de los retos del desarrollo sostenible.

1.3.

Un elevado porcentaje de actividad económica informal supone una escasa base tributaria, lo que reduce el potencial de recaudación de impuestos y aumenta las distorsiones. Las bases tributarias deben ser lo más amplias posible para que los tipos impositivos no distorsionen la competencia.

1.4.

El CESE desea enfatizar que una exitosa movilización de recursos internos exige que 1) los acuerdos tributarios se hagan de manera abierta y transparente; 2) se apliquen sistemas para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios rindan cuentas; 3) los gobiernos sean transparentes en lo que se refiere a los impuestos y los gastos, y 4) los impuestos sean visibles.

1.5.

El sector privado desempeña un papel importante en la promoción de la igualdad de género. Las políticas salariales, la formación y la educación en el lugar de trabajo son elementos importantes para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la progresión de la carrera y el crecimiento profesional. Las oportunidades vinculadas a la participación femenina en la economía global son enormes y deberían impulsar el crecimiento económico integrador, la innovación y la productividad.

1.6.

Las políticas relacionadas con la fiscalidad de la economía digitalizada deberían procurar promover —y no lastrar— el crecimiento económico y la inversión y el comercio transfronterizos. Ante la creciente importancia de las empresas digitalizadas, es necesario desarrollar una nueva metodología que vincule y asigne los beneficios para determinar los derechos tributarios entre el país de destino y el país en que tiene su sede la empresa multinacional digitalizada.

1.7.

El CESE considera importante que cualesquiera nuevas normas sobre la manera de asignar los derechos tributarios entre los países sean equitativas para los países consumidores pequeños y grandes y para los países desarrollados y en vías de desarrollo. Es preciso fijar una remuneración adecuada que reconozca las aportaciones en materia de innovación, espíritu empresarial, etc. Los ingresos procedentes del impuesto de sociedades, aunque escasos en relación con los ingresos fiscales totales, son importantes para movilizar recursos y financiar las infraestructuras necesarias, la investigación y el desarrollo, la educación y la asistencia sanitaria, etc.

1.8.

El CESE señala que los Estados miembros de la UE figuran entre los mejores cumplidores de los ODS. El Comité subraya que la UE y sus Estados miembros deben adoptar medidas destinadas a garantizar unos sistemas fiscales y tributarios sostenibles con el fin de alcanzar los ODS. La participación de la sociedad civil organizada en todos los niveles resulta esencial para llevar a cabo los ODS, ya que la sociedad civil representa a partes interesadas clave en la aplicación de la Agenda 2030 y una gran proporción de la inversión necesaria procederá del sector privado.

1.9.

El CESE celebra la creación de la Plataforma de Colaboración en materia Tributaria, una iniciativa conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, ya que facilita las interacciones entre el establecimiento de normas, la creación de capacidades y la asistencia técnica en la esfera de la fiscalidad internacional. El CESE cree que la UE también debería formar parte de la Plataforma.

1.10.

El CESE considera que el trabajo sobre fiscalidad e inversión privada y los objetivos de desarrollo sostenible del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas es de suma importancia para impulsar el diálogo global y contribuye en gran medida al aprendizaje entre iguales y al intercambio de buenas prácticas. El CESE destaca que la sociedad civil europea debe desempeñar un papel activo en este importante debate internacional.

2.   Introducción a la inversión, la fiscalidad y los ODS

2.1.

La Agenda 2030 se centra en 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (1) y 169 metas, que pretenden abordar los retos medioambientales, políticos y económicos a los que se enfrenta nuestro mundo.

2.2.

Para alcanzar los objetivos, la inversión privada desempeña un papel importante y es necesario impulsar una mayor armonización entre la inversión y las políticas fiscales para fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico sostenible a escala mundial. La OCDE ya ha realizado algunas labores importantes en esta dirección, como el proyecto Base Erosion Profit Shifting (2) y la iniciativa Policy Coherence for Sustainable Development (2018) (3).

2.3.

Las políticas fiscales son fundamentales para cumplir los ODS, ya que determinan el entorno económico en el que se producen la inversión, el empleo y la innovación, al tiempo que ofrecen al gobierno ingresos para financiar el gasto público. Una mayor armonización de las políticas y unas medidas de mejora de la credibilidad podrían contribuir claramente a aumentar la inversión privada y colmar la brecha de la inversión mundial, estimulando los flujos de capital desde los países que poseen mucho capital hacia las economías en desarrollo que necesitan inversión.

2.4.

La lucha contra la elusión fiscal y la reducción de la competencia fiscal a nivel mundial son esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Durante esta fase de austeridad y de restricciones presupuestarias, el declive de los ingresos fiscales procedentes de las empresas tiene efectos negativos en la sostenibilidad de los sistemas de protección social y puede dar lugar a una tributación regresiva al trasladarse la carga fiscal a los consumidores y trabajadores con ingresos bajos.

2.5.

Los países en desarrollo que más necesitan recursos siguen teniendo dificultades para recaudar impuestos. En los países en vías de desarrollo, la contribución de los impuestos sobre la renta de las personas físicas suele ser muy baja (solo un pequeño porcentaje del PIB), mientras que en los países desarrollados constituye el grueso de los ingresos fiscales, en particular si se incluyen las cotizaciones a la seguridad social.

2.6.

También es muy importante el modo en que se administran y utilizan los ingresos fiscales. Cabe señalar que algunos países, especialmente naciones africanas, utilizan un 25 %-35 % más de insumos en educación y sanidad para conseguir los mismos resultados que países más avanzados y eficientes (4). Por lo tanto, es importante garantizar que el gasto público sea rentable.

3.   La fiscalidad como instrumento para la protección del medio ambiente

3.1.

Varias de las metas de los ODS relacionadas con la protección del clima se beneficiarían de la creación de un marco coherente y de un plan de aplicación en el ámbito de la fiscalidad para la utilización de los recursos naturales. Las políticas fiscales medioambientales podrían utilizarse para combatir el cambio climático (objetivo 13) (5) y proteger los ecosistemas oceánicos y terrestres (objetivos 14 y 15) (6). Al afectar a las estructuras de tarificación de los insumos, la política fiscal puede utilizarse para fomentar una energía asequible y no contaminante (objetivo 7) (7) y estimular un uso responsable de los recursos naturales comunes (objetivo 12) (8).

3.2.

El propósito de los impuestos medioambientales, desde un punto de vista económico, es corregir las externalidades, es decir, las situaciones en las que los contaminantes pueden trasladar los costes derivados del daño medioambiental a la sociedad; un ejemplo es la emisión de gases de efecto invernadero. Al diseñar este tipo de impuestos, resultaría muy beneficioso involucrar a la sociedad civil y a las empresas en el proceso, ya que esto garantizaría que las políticas que refuerzan los marcos normativos armonizaran los incentivos del sector privado con los objetivos públicos (9).

3.3.

Un ejemplo de combinación de políticas en el ámbito de la fiscalidad podría ser eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes (meta 12.c) (10), lo que aportaría importantes ahorros presupuestarios a los gobiernos, al tiempo que disminuiría el atractivo de este tipo de combustibles para las empresas y los consumidores. Estos ahorros, si se destinan a aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas (meta 7.2) (11), pueden contribuir al acceso universal a la energía no contaminante (meta 7.1) (12). Si se aplicaran políticas adicionales para estimular las inversiones en infraestructuras de energía no contaminante (meta 7.B) (13), se facilitaría la desvinculación del crecimiento económico de la degradación del medio ambiente (meta 8.4) (14).

3.4.

El principio de armonizar incentivos empresariales con objetivos públicos coincide con la Agenda de Acción de Adís Abeba (15), que alienta a las empresas a adoptar un modelo empresarial básico que tenga en cuenta los efectos medioambientales, sociales y de gobernanza de sus actividades. Las empresas ofrecen bienes y servicios valiosos para la economía y son importantes impulsores de la inversión, la productividad, el crecimiento económico integrador y la creación de empleo. Dado que las empresas son diversas y abarcan desde pymes hasta multinacionales, representan una importante fuente de experiencia, creatividad e innovación que ayudan a resolver muchos de los retos del desarrollo sostenible. Para alcanzar los ODS en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, el sector privado debe suscribir un código de conducta que permita aumentar de manera significativa las inversiones verdes y reducir o eliminar las inversiones con efectos negativos sobre el medio ambiente.

3.5.

Teniendo en cuenta la interrelación de los ODS, la participación de la sociedad civil resulta vital para garantizar que el desarrollo sostenible tridimensional (económico, social y medioambiental) se refleje en el diseño y la aplicación de las políticas. Los impuestos medioambientales se han considerado tradicionalmente regresivos, es decir, tienen un mayor impacto sobre los hogares con bajos ingresos. Por consiguiente, es importante garantizar que las políticas sigan siendo socialmente sostenibles.

3.6.

El CESE no apoya la imposición de carácter arbitrario que afecte negativamente y afecte de manera desproporcionada a los pobres y menos favorecidos de la sociedad y perjudique también a varios de los ODS. Por ejemplo, el aumento sustancial de los impuestos sobre bienes y servicios en los que no existen alternativas viables solo sería una carga sin alcanzar sus objetivos.

3.7.

El CESE subraya la función que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil a la hora de supervisar la aplicación de los ODS y garantizar medidas que gocen de aceptación social y destaca la necesidad de revisar los indicadores (16).

3.8.

El CESE desea subrayar la necesidad de crear las condiciones adecuadas para garantizar que los fondos públicos y privados se destinen a las inversiones sostenibles a largo plazo necesarias para una economía sostenible (17).

4.   Fiscalidad de la economía informal

4.1.

Con el objetivo de financiar la inversión pública y el gasto público necesarios para cumplir los ODS, es importante ampliar la base tributaria de los gobiernos gravando la economía informal. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 61 % de la mano de obra mundial (2 000 millones de personas) gana su sustento en el sector informal, y el 93 % del empleo informal del mundo se concentra en países emergentes y en vías de desarrollo. Por este motivo, resulta vital diseñar políticas fiscales y un marco institucional que permita la integración del sector informal en la economía formal.

4.2.

El papel destacado de la economía informal, en especial en países en vías de desarrollo, implica que las actividades económicas cotidianas de ciudadanos y empresas permanecen fuera de la base tributaria. En muchos casos, la elección de operar al margen de la economía formal no es una elección activa sino más bien la única alternativa práctica para empresas y trabajadores que no pueden acceder al sector formal o que han sido excluidos de él. La inclusión de la economía informal debe fomentarse a través de instituciones eficaces (metas 16.A y 16.6) (18) que permitan a los trabajadores, empresas y consumidores contribuir a la base tributaria estatal, beneficiándose al mismo tiempo de la protección y los servicios sociales. En particular, la equidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de los regímenes fiscales deberían ser una prioridad como condición previa para el desarrollo sostenible.

4.3.

A muchas empresas les gustaría formalizar su situación, ya que existen costes ocultos para las pymes que operan al margen de la economía formal y hay numerosos beneficios para aquellas que formalizan su situación. Los beneficios que aporta tener una situación formalizada incluyen un acceso más fácil al crédito y a otros instrumentos financieros (meta 8.10) (19), programas de formación y apoyo, contratos públicos del gobierno, derechos de propiedad y la posibilidad de interactuar con empresas de mayor tamaño. Los costes asociados a la formalización son los costes de registro y licencias, los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales, el coste de cumplimiento de la legislación laboral y otras normativas gubernamentales. Simplificar los procedimientos de registro, concesión de licencias y administración del cumplimiento de las obligaciones fiscales incentivaría a las empresas a formalizar su situación.

4.4.

En muchas situaciones en las que la economía informal está muy extendida, una importante contribución a este proceso puede provenir de las empresas en general y, en ocasiones, de las empresas cooperativas en particular, que permiten a muchas personas sin recursos económicos iniciar actividades económicas y empresariales, incluso con una aportación mínima de capital.

4.5.

Fomentar la formalización de microempresas y pymes daría cabida a políticas que apoyan la creación de empleo y el crecimiento de las empresas (meta 8.5) (20). Es preciso respetar las normativas del mercado laboral destinadas a implantar unas condiciones de trabajo dignas (meta 8.5). De forma similar, una mayor supervisión y un control periódico de la actividad económica permitirían a los gobiernos adoptar políticas —en especial fiscales, salariales y de protección social— que lograrían progresivamente una mayor igualdad (meta 10.4).

4.6.

Aunque los beneficios de un sistema funcional para la recaudación de impuestos son evidentes, aún queda pendiente el reto de cómo aplicar los cambios necesarios para aumentar la capacidad de los Estados en este sentido. Las experiencias pasadas han demostrado que muchos de los esfuerzos que se han dirigido a este fin suelen acabar en distorsiones, bajos rendimientos, elevados costes de recaudación, problemas de cumplimiento e incluso fuga de capitales. Teniendo en cuenta que muchos Estados en vías de desarrollo cuentan con escasos recursos, debe darse prioridad a las medidas destinadas a mejorar la eficiencia y eficacia administrativas de los regímenes fiscales. El sector privado puede ofrecer asistencia en la creación de capacidades transfiriendo experiencias de países y economías altamente desarrollados (21).

4.7.

Los costes administrativos y los costes de cumplimiento deben tenerse en cuenta cuando los gobiernos intentan colmar las brechas de ingresos, ya sea a través de impuestos directos o indirectos. Ha de prestarse especial atención a la situación de los trabajadores con bajos ingresos y a la distribución de la presión fiscal entre los distintos niveles de renta. El aumento de las desigualdades puede poner en peligro la moral fiscal. El Comité considera que un régimen fiscal progresivo podría garantizar una distribución justa de la carga impositiva y contribuir considerablemente a disminuir las desigualdades y reducir la pobreza.

4.8.

Un elevado porcentaje de actividad económica informal supone una escasa base tributaria, lo que reduce el potencial de recaudación de impuestos y aumenta las distorsiones. Resulta importante destacar la necesidad de movilizar recursos con el fin de mejorar la recaudación nacional de impuestos (meta 17.1) (22) y combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Los países deben mejorar su cooperación contra los flujos financieros ilícitos y la UE debe considerar la posibilidad de elaborar una lista coordinada de posibles contramedidas.

4.9.

El CESE desea enfatizar que una exitosa movilización de recursos internos exige que 1) los acuerdos tributarios se hagan de manera abierta y transparente; 2) se apliquen sistemas para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios rindan cuentas; 3) los gobiernos sean transparentes en lo que se refiere a los impuestos y los gastos, y 4) los impuestos sean visibles (23).

5.   Fiscalidad e igualdad de género

5.1.

El ODS 5 tiene por objeto poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y promover políticas destinadas a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Una condición previa del empoderamiento femenino es garantizar igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales (meta 5.A) (24). Al perseguir la emancipación económica de las mujeres, se fomenta su participación plena y efectiva y se mejora la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública (meta 5.5) (25). Al alcanzar estos objetivos, garantizar los derechos económicos de las mujeres también refuerza otros ODS, como el objetivo 8 (trabajo digno y crecimiento económico) y el objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).

5.2.

El sector privado desempeña un papel importante en la promoción de la igualdad de género. Las políticas salariales, la formación y la educación en el lugar de trabajo son elementos importantes para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la progresión de la carrera y el crecimiento profesional. Las oportunidades vinculadas a la participación femenina en la economía global son enormes y deberían impulsar el crecimiento económico integrador, la innovación y la productividad.

5.3.

Existe un vínculo importante entre la reducción del sector informal y la igualdad de género. Si las empresas no pagan impuestos, la administración pública (estatal, regional y local) tiene menos fondos para los servicios públicos, las infraestructuras sostenibles y la protección social, que son importantes para la igualdad de género. Sin un gasto social adecuado y sin las infraestructuras apropiadas, los pobres se verán perjudicados y, a menudo, las mujeres se verán especialmente afectadas.

6.   La fiscalidad de la economía digitalizada

6.1.

La rápida digitalización de la economía es un motor importante para el crecimiento económico mundial. También permite que las autoridades fiscales recopilen información más eficazmente y los contribuyentes disfruten de un mejor servicio. Sin embargo, la digitalización de las economías ha planteado la cuestión de dónde se obtienen los ingresos y se generan los beneficios y cómo se distribuyen estos entre los países. Los servicios digitales pueden prestarse a distancia, sin presencia física alguna en la jurisdicción del mercado en el que se produce el consumo.

6.2.

Las políticas relacionadas con la fiscalidad de la economía digitalizada deberían procurar promover —y no lastrar— el crecimiento económico y la inversión y el comercio transfronterizos. Ante la creciente importancia de las empresas digitalizadas, es necesario desarrollar una nueva metodología que vincule y asigne los beneficios para determinar los derechos tributarios entre el país de destino y el país en que tiene su sede la empresa multinacional digitalizada (26).

6.3.

Esto exige hallar una solución que goce de reconocimiento internacional sobre el modo de gravar estos nuevos modelos de negocio, al tiempo que se tienen en cuenta las necesidades de los países desarrollados y los países en desarrollo (27). Para aplicar cualquier modelo de imposición en la economía digitalizada, debe crearse un marco de cooperación intensificada con la administración de las autoridades fiscales nacionales, así como un mecanismo de resolución de litigios entre varias partes.

6.4.

El informe intermedio de la OCDE «Tax Challenges Arising from Digitalisation — Interim Report 2018» (marzo de 2018) (28) define la línea de trabajo acordada sobre el marco integrador (29) en materia de digitalización y normas tributarias internacionales hasta 2020. También describe cómo afecta la digitalización a otros ámbitos del sistema tributario, ofreciendo a las autoridades tributarias nuevas herramientas que se traducen en mejoras de los servicios a los contribuyentes, aumentan la eficiencia de la recaudación de impuestos y detectan la evasión fiscal. En 2020 se espera un informe final sobre el marco integrador de la OCDE.

6.5.

El CESE considera importante que cualesquiera nuevas normas sobre la manera de asignar los derechos tributarios entre los países sean equitativas para los países consumidores pequeños y grandes y para los países desarrollados y en vías de desarrollo. Es preciso fijar una remuneración adecuada que reconozca las aportaciones en materia de innovación, espíritu empresarial, etc. Los ingresos procedentes del impuesto de sociedades, aunque escasos en relación con los ingresos fiscales totales, son importantes para movilizar recursos y financiar las infraestructuras necesarias, la investigación y el desarrollo, la educación y la asistencia sanitaria, etc.

7.   El papel de la inversión privada para cumplir los ODS

7.1.

El CESE señala que los Estados miembros de la UE figuran entre los mejores cumplidores de muchos de los ODS. El Comité subraya que la UE y sus Estados miembros deben adoptar medidas destinadas a garantizar unos sistemas fiscales y tributarios preparados para el futuro con el fin de alcanzar los ODS.

7.2.

La participación de la sociedad civil organizada en todos los niveles resulta esencial para llevar a cabo los ODS, ya que la sociedad civil representa a partes interesadas clave en la aplicación de la Agenda 2030 y una gran proporción de la inversión necesaria procederá del sector privado.

7.3.

Las empresas son los motores globales de la productividad, el crecimiento económico integrador, la creación de empleo, la inversión y la innovación. La experiencia del sector privado tiene la llave para desbloquear muchos de los retos vinculados al desarrollo sostenible.

7.4.

La inversión, incluida la inversión extranjera directa (IED), desempeña una importante función a la hora de erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y garantizar un crecimiento sostenible integrador (30). Por ejemplo, la consecución del objetivo 8 (31) exigirá más inversión del sector privado. La Agenda de Acción de Adís Abeba (2015) reconoce este hecho al afirmar que «la actividad comercial privada, la inversión y la innovación son los principales motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo».

7.5.

El CESE subraya que unas normas tributarias predecibles resultan esenciales para el comercio transfronterizo, la inversión empresarial, el empleo y el crecimiento. Los tratados relativos al impuesto sobre la renta podrían ayudar al crecimiento comercial al ofrecer una mayor seguridad a las empresas, reducir la doble imposición y proporcionar un mecanismo para combatir la planificación fiscal abusiva y la evasión fiscal. Los gobiernos deben acordar formas aceptables de competencia fiscal y las empresas deben adoptar normas y principios acordados en el seno de cada país y entre países.

7.6.

Recientemente, la OCDE y el FMI publicaron un informe conjunto sobre seguridad fiscal en respuesta a la gran preocupación expresada por los líderes del G-20 acerca de la inseguridad en asuntos fiscales y su efecto sobre el comercio transfronterizo y la inversión, en especial en el contexto de la fiscalidad internacional.

7.7.

El informe Paying Taxes 2018 (32) del Banco Mundial señala que, para muchas empresas de países en vías de desarrollo, la carga fiscal ya es bastante elevada. Por ejemplo, en el África Subsahariana los tipos impositivos efectivos a los que se ven sometidas las empresas de tamaño medio son un 7 % más elevados que la media mundial. Unas políticas fiscales que fomenten la inversión y la innovación, especialmente en países en desarrollo, contribuirían a atraer IED, lo que ofrecería oportunidades para impulsar el trabajo digno, la innovación y una mayor productividad a fin de aumentar de forma efectiva el producto interior bruto de los países.

7.8.

Las empresas deben ser transparentes con las autoridades fiscales. Según la OCDE, el principal objetivo de los informes por país es desarrollar una herramienta de evaluación de riesgos de alto nivel que proporcione a las autoridades fiscales una mejor visión general de las actividades globales de las multinacionales y de los impuestos pagados, sin ser expresamente la base de la propia fiscalidad. Además, también es necesario que los gobiernos sean más transparentes acerca de cuántos impuestos se recaudan y cómo se gastan.

7.9.

En ocasiones existe la idea errónea de que los fondos destinados al desarrollo podrían financiarse entera o principalmente «tomando medidas contra las cuestionables prácticas fiscales de las empresas multinacionales». Algunas estimaciones imparciales de la OCDE indican que la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de las multinacionales ascendían a 100 000-240 000 millones de dólares estadounidenses antes de adoptar contramedidas (33). En la UE, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios se estimaron en un 0,3 % del PIB (34). Aunque es significativa, esta cantidad no es suficiente para financiar la aplicación de los ODS. Además, estos ingresos no recaerían en aquellos países más necesitados de fondos de desarrollo. La fuente de ingresos más importante para financiar los ODS es el crecimiento económico sostenible. Por lo tanto, las políticas fiscales que fomentan un crecimiento económico, social y medioambiental sostenible deben cumplir estos objetivos.

7.10.

El CESE celebra la creación de la Plataforma de Colaboración en materia Tributaria, una iniciativa conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, ya que facilita las interacciones entre el establecimiento de normas, la creación de capacidades y la asistencia técnica en la esfera de la fiscalidad internacional. El CESE cree que la UE también debería formar parte de la Plataforma.

7.11.

El CESE considera que el trabajo sobre fiscalidad e inversión privada y los objetivos de desarrollo sostenible del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas es de suma importancia para impulsar el diálogo global y contribuye en gran medida al aprendizaje entre iguales y al intercambio de buenas prácticas. El CESE destaca que la sociedad civil europea debe desempeñar un papel activo en este importante debate internacional.

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(1)  https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals

(2)  http://www.oecd.org/tax/beps/

(3)  http://www.oecd.org/publications/policy-coherence-for-sustainable-development-2018-9789264301061-en.htm

(4)  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8325/wps3645.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(5)  Objetivo 13 — Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

(6)  Objetivo 14 — Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; Objetivo 15 — Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de modo sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

(7)  Objetivo 7 — Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

(8)  Objetivo 12 — Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

(9)  Para obtener más información, véase la «Carta de las empresas para un desarrollo sostenido — Contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible», elaborada por la CCI, https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/09/ICC-Business-Charter-for-Sustainable-Development-Business-contributions-to-the-UN-Sustainable-Development-Goals.pdf

(10)  12 c — Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto medioambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

(11)  7.2 — De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

(12)  7.1 — De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

(13)  7.b — De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

(14)  8.4 — Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al marco decenal de programas sobre consumo y producción sostenibles, con los países desarrollados a la cabeza.

(15)  https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35

(16)  Dictamen del CESE, en fase de elaboración, sobre La economía sostenible que necesitamos (no publicado aún), punto 1.10 — El CESE pide a la Comisión que establezca un plan rector para llevar a cabo una «reforma fiscal ecológica» en los Estados miembros de la UE que contribuya a concertar la fiscalidad, las subvenciones y las políticas «predistributivas» con el objetivo de lograr una transición justa hacia una economía del bienestar.

(17)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximos pasos para un futuro europeo sostenible» (DO C 345 de 13.10.2017, p. 91).

(18)  16 a — Refozar las instituciones nacionales pertinentes, también mediante cooperación internacional, para crear en todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

16.6 — Crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

(19)  8.10 — Reforzar la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

(20)  8.5 — De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todas las mujeres y todos los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

(21)  El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) ha iniciado tal programa.

(22)  17.1 — Reforzar la movilización de recursos internos, también mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

(23)  El artículo Promoting Tax Bargains in Uganda and Beyond: The Importance of Civil Society and Parliamentarians analiza algunos de estos asuntos.

(24)  5.a — Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

(25)  5.5 — Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública.

(26)  Dictamen del CESE sobre «La fiscalidad de la economía digitalizada» (DO C 353 de 18.10.2019, p. 17).

(27)  Véanse los Dictámenes del CESE sobre «La fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa» (DO C 367 de 10.10.2018, p.73), y «La fiscalidad de la economía digitalizada» (DO C 353 de 18.10.2019, p.17).

(28)  http://www.oecd.org/tax/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm

(29)  Marco integrador de la OCDE.

(30)  Véase la Carta de las empresas para un desarrollo sostenido, elaborada por la CCI (2015).

(31)  Objetivo 8 — Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos.

(32)  https://www.doingbusiness.org/en/reports/thematic-reports/paying-taxes.

(33)  Informe BEPS (2015), OCDE.

(34)  Véase el Dictamen del CESE «Fiscalidad — Votación por mayoría cualificada» (DO C 353 de 18.10.2019, p. 90).