COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 29.11.2019

COM(2019) 930 final/2

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Supervisión reforzada – Grecia, noviembre de 2019

{SWD(2019) 930 final}

CONTEXTO

La evolución de la economía y las políticas económicas en Grecia son objeto de seguimiento en el contexto del Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas y del marco de supervisión reforzada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 472/2013 ( 1 ). La aplicación de la supervisión reforzada para Grecia ( 2 ) reconoce que, a medio plazo, Grecia necesita seguir adoptando medidas para hacer frente a las causas reales o potenciales de dificultades económicas y financieras y aplicar al mismo tiempo reformas estructurales en apoyo de un crecimiento económico robusto y sostenible.

La supervisión reforzada ofrece un marco global para el seguimiento de la evolución económica y el impulso de las políticas necesarias para garantizar una recuperación económica sostenible. Permite la evaluación periódica de la evolución económica y financiera reciente en Grecia, así como el seguimiento de las condiciones de financiación de la deuda soberana y actualizaciones del análisis de la sostenibilidad de la deuda. La supervisión reforzada proporciona también el marco para evaluar el compromiso general asumido por Grecia en la reunión del Eurogrupo el 22 de junio de 2018, de proseguir y completar las reformas adoptadas con arreglo al programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad y garantizar la salvaguarda de los objetivos de las importantes reformas adoptadas al amparo de los programas de asistencia financiera. En este contexto, la supervisión reforzada hace el seguimiento de la puesta en práctica de los compromisos específicos relativos a la finalización, hasta mediados de 2022, de las reformas estructurales esenciales iniciadas en el marco del programa en seis ámbitos clave y dentro de los plazos acordados, a saber: i) políticas presupuestarias y presupuestario-estructurales, ii) bienestar social, iii) estabilidad financiera, iv) mercados de mano de obra y de productos, v) privatización y vi) modernización de la Administración pública ( 3 ). El plazo para quince de los compromisos específicos expiraba a mediados de 2019 y el presente informe evalúa los progresos realizados en su consecución.

Este es el cuarto informe de supervisión reforzada para Grecia. Se emite junto con la evaluación del proyecto de plan presupuestario de Grecia para 2020 y sirve también como informe de seguimiento específico con arreglo al procedimiento de desequilibrio macroeconómico en el contexto del Semestre Europeo con respecto a Grecia, que se consideró que experimentaba desequilibrios excesivos en el Semestre Europeo de 2019. El presente informe se basa en las conclusiones de una misión llevada a cabo en Atenas por la Comisión, en colaboración con el Banco Central Europeo, entre el 23 y el 26 de septiembre de 2019 ( 4 ). El Fondo Monetario Internacional participó en el contexto de su ciclo de supervisión del artículo IV de 2019, mientras que el Mecanismo Europeo de Estabilidad participó en el marco de su Sistema de Alerta Rápida y en consonancia con el Memorando de Entendimiento de 27 de abril de 2018 sobre las relaciones de trabajo entre la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Este informe podría servir de base para que el Eurogrupo decida sobre el desbloqueo del segundo conjunto de medidas relacionadas con la deuda en función de las políticas, por valor de 767 millones EUR. En su reunión de 22 de junio de 2018, el Eurogrupo convino en que el paquete de medidas de alivio de la deuda en favor de Grecia debía incluir incentivos para garantizar una aplicación firme y continua de las medidas de reforma acordadas con arreglo al programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad. A tal efecto, la aplicación de algunas de las medidas acordadas en relación con la deuda de Grecia se supeditará a la condición de que cumpla su compromiso de continuar y completar las reformas, sobre la base de informes positivos en el marco de la supervisión reforzada y por tramos semestrales hasta mediados de 2022. Dichas medidas incluyen: i) la devolución de los importes equivalentes a los ingresos derivados de las obligaciones griegas en manos de los bancos centrales en el marco del Programa para Mercados de Valores y el Acuerdo sobre los Activos Financieros Netos, y ii) una dispensa para el margen de interés progresivo para determinados préstamos concedidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera durante el período comprendido entre el 17 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

Este informe concluye que Grecia ha tomado las medidas necesarias para cumplir sus compromisos específicos de reforma para mediados de 2019. Serán esenciales nuevas medidas para completar y, en su caso, acelerar las reformas. Esta evaluación tiene en cuenta los esfuerzos de la nueva Administración durante los últimos meses para poner en práctica los compromisos, en el contexto del fomento de un programa de reformas más amplio, y su voluntad de prepararlas en estrecha cooperación con las instituciones.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

En el primer semestre de 2019 prosiguió el crecimiento económico en Grecia, y se prevé que siga resistiendo pese a los factores adversos de la coyuntura externa. Tras iniciar el año con más debilidad de lo previsto, se espera que el crecimiento recupere el impulso en el segundo semestre y alcance el 1,8 % en total en 2019, un poco por debajo de la tasa del 1,9 % alcanzada en 2018. Es probable que el consumo privado y la inversión sean los elementos que más contribuyan al crecimiento este año y el siguiente, gracias al fuerte crecimiento de la renta disponible y a los altos niveles de confianza de los consumidores, que, según los estudios de mercado, ya han superado los niveles anteriores a la crisis. La recuperación en Grecia se produce en un contexto de debilitamiento del entorno exterior. No obstante, se prevé que, al hilo de los recortes anunciados en los impuestos sobre el trabajo y el capital y los continuos aumentos de las cuotas de mercado de las exportaciones, el crecimiento se consolide hasta situarse en el 2,3 % en 2020, por encima de la media de la zona del euro, del 1,2 %.

El clima general y las expectativas ponen de relieve un impulso positivo. El Indicador de Clima Económico ha mejorado considerablemente desde las elecciones generales de julio y desde que se levantaron por completo los controles de capitales, y Grecia ha podido intervenir en los mercados internacionales de capitales, donde los diferenciales de los intereses se han reducido rápidamente a niveles históricamente bajos, por encima de la evolución generalmente favorable de los mercados europeos de deuda soberana. Ha habido mejoras en la evaluación de las agencias de calificación, lo que refleja también el compromiso positivo y constructivo con las instituciones europeas. El reto para las autoridades griegas, y también para los socios europeos, será mantener este impulso general muy positivo.

El crecimiento a medio plazo depende fundamentalmente del refuerzo de la inversión, que sigue estando por debajo de la media de la zona del euro. En 2018, la inversión en Grecia como porcentaje del PIB fue la más baja de la UE y 7,7 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona del euro, del 20,6 % del PIB. Aumentar los niveles de inversión para recuperar el terreno perdido durante los años de la crisis en que fue deficitaria es de vital importancia para el futuro crecimiento económico. Los proyectos emblemáticos de privatización y la atracción de inversión extranjera directa serán fundamentales para aumentar la inversión privada. El aumento de la inversión pública, en primer lugar alcanzando los límites máximos de gasto presupuestario y ampliando a continuación la inversión pública más allá de las posibilidades actuales del presupuesto, estimularía aún más el crecimiento debido al efecto multiplicador.

El mercado laboral ha continuado mejorando y el desempleo sigue disminuyendo a un ritmo constante. Se prevé que el empleo crezca por encima del 2 % en 2019 y 2020, lo que reducirá la tasa de desempleo del 19,3 % en 2018 a cerca del 17 % este año y en torno al 15 % en 2020. Se espera que la inflación sea mesurada a corto plazo, como consecuencia de los recientes recortes de los impuestos indirectos y la evolución de los precios del petróleo, y que aumente moderadamente a medio plazo.

La previsión está sujeta a riesgos al alza y a la baja, con unos riesgos a la baja más pronunciados. Los riesgos de revisión a la baja de las perspectivas se derivan de la ralentización de la demanda exterior, así como de la persistente infrautilización del presupuesto destinado a la inversión pública. Los riesgos de sobrestimación están relacionados con la marcada mejora de la confianza de las empresas y los consumidores, que aún no se ha traducido en aumentos significativos del gasto. Las previsiones están supeditadas al mantenimiento de la senda de reforma acordada en el marco de la supervisión reforzada, incluidas las reformas del marco de resolución de préstamos dudosos, diseñadas para garantizar una reducción suficiente de los préstamos dudosos y apoyar el crédito bancario.

POLÍTICAS Y PERSPECTIVAS PRESUPUESTARIAS

Grecia está en vías de superar el objetivo de superávit primario acordado del 3,5 % del PIB en 2019, quinto año consecutivo en el que se superarían los objetivos. Esto disipa las dudas suscitadas a principios de este año de que la adopción de medidas presupuestarias en mayo de 2019 supusiese un riesgo para la consecución del objetivo de superávit primario. La nueva Administración mantuvo esas medidas. Entre las medidas de mayo figuraban las siguientes: nuevos regímenes de pago (con 120 plazos) para las deudas tributarias y con las administraciones de seguridad social y los municipios; una reducción del impuesto sobre el valor añadido en una selección de artículos; el restablecimiento de un decimotercer pago mensual de la pensión; y la reversión de una reforma anterior de las pensiones de supervivencia. Además, se abandonó la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobada de forma provisional en 2017, que habría ampliado la base imponible y reducido los tipos sin incidencia presupuestaria a partir de 2020. El coste presupuestario de las medidas de mayo se estima actualmente en el 0,7 % del PIB, inferior al 1,1-1,4 % del PIB previsto en el informe de supervisión reforzada de junio, debido a una transferencia de deudas menor de la esperada de los regímenes de pago de impuestos vigentes al nuevo régimen. La idoneidad de estas medidas suscitó preocupación dado el objetivo de mejorar la calidad de las finanzas públicas y en lo tocante a su coherencia con las reformas adoptadas en el marco del programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad. En julio, la nueva Administración modificó el sistema de 120 plazos, con el fin de hacerlo más atractivo, especialmente para las empresas, y adoptó un pequeño recorte del impuesto sobre bienes inmuebles Enfia.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, la nueva Administración revisó a la baja los límites máximos de gasto, hasta niveles más realistas, mientras que los ingresos fiscales adicionales proporcionaron un margen presupuestario adicional. Las autoridades redujeron los límites presupuestarios tanto en el presupuesto ordinario (no inversión) como en el presupuesto de inversión pública para tener en cuenta su persistente sobreestimación. Esto mejorará el equilibrio presupuestario en un 0,6 % del PIB en 2019. La revisión se ha trasladado parcialmente al presupuesto de 2020. Las autoridades también han desarrollado un plan de acción para mejorar la previsión y el seguimiento del presupuesto de inversión pública. Además, adoptaron legislación para establecer las normas que rigen el desarrollo, la gestión, la financiación y la aplicación del componente nacional del presupuesto de inversión pública para corregir su escasa ejecución. Estos esfuerzos deberían haberse realizado hace mucho tiempo y son muy bien recibidos. Se anima a las autoridades a utilizar plenamente el margen presupuestario disponible dentro de los límites presupuestarios para impulsar la recuperación económica. Las perspectivas presupuestarias para 2019 también se han visto respaldadas por una evolución favorable de los ingresos, principalmente gracias a una participación superior a la prevista de los nuevos deudores en los regímenes de pago escalonado y a ingresos más elevados procedentes del impuesto sobre el valor añadido, derivados también de un fuerte crecimiento del gasto de los turistas.

En este contexto, las instituciones europeas prevén que el superávit primario, controlado según se define en el marco de la supervisión reforzada, llegue al 3,8 % del PIB en 2019. Las previsiones para 2019 asumen que el pago de la obligación de servicio público a la Empresa Pública de Electricidad de unos 200 millones EUR se cubrirá con la reserva para imprevistos, y no tienen en cuenta las posibles medidas puntuales adicionales que puedan adoptarse posteriormente en 2019 para utilizar el margen de maniobra presupuestario disponible.

Ello significa que se espera que Grecia alcance un superávit de las administraciones públicas del 1,3 % del PIB en 2019. Se trata de un resultado mucho mejor que la media de la zona del euro, con un déficit del 0,8 % del PIB. La hacienda pública de Grecia está en superávit desde 2016 gracias a los considerables esfuerzos de saneamiento presupuestario realizados durante el programa del MEDE, pero debido también a la ejecución incompleta de la inversión pública. La consecución de un superávit de las administraciones públicas es coherente con la disminución sustancial estimada del saldo estructural (del 5,8 % del PIB en 2016 al 3,0 % en 2019), lo que indica que la orientación presupuestaria subyacente se está relajando gradualmente.

Sobre la base de la información incluida en el proyecto de plan presupuestario para 2020, la Comisión prevé que Grecia cumpla el objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB (compromiso específico permanente), logre un superávit de las administraciones públicas del 1,0 % del PIB y satisfaga todos los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020. El proyecto de presupuesto incluye un paquete de nuevas medidas de fomento del crecimiento, equivalentes al 0,6 % del PIB, destinadas a reducir los impuestos distorsionadores e incrementar las prestaciones sociales orientadas a la familia. El paquete incluye una reducción de cuatro puntos porcentuales del impuesto de sociedades; la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que, entre otras cosas, reduce el tipo impositivo del 22 % al 9 % para los ingresos de hasta 10 000 EUR y aumenta el mínimo exento de impuestos para los contribuyentes con hijos; la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de un punto porcentual para los trabajadores asalariados a tiempo completo; y la reducción del impuesto sobre los dividendos del 10 % al 5 %. Además, el paquete incluye una nueva asignación por nacimiento de 2 000 EUR. El Gobierno también ha anunciado recortes fiscales adicionales para 2021 y años posteriores, pero estos no se aprobarán ahora. Para garantizar la neutralidad presupuestaria, el paquete se completa en el proyecto de plan presupuestario con medidas «de efecto presupuestario equivalente», principalmente de carácter paramétrico, pero también de carácter administrativo y de una magnitud similar. El objetivo de estas medidas es aumentar el rendimiento de los impuestos indirectos, actualizar la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles y reducir aún más los objetivos de gasto que no se han utilizado en años anteriores.

Aunque el conjunto de medidas es globalmente neutro desde el punto de vista presupuestario, se espera que mejore la calidad de las finanzas públicas e impulse el crecimiento en 2020. Los recortes de los impuestos sobre el capital y el trabajo son pasos positivos importantes para reducir el impuesto efectivo de sociedades de Grecia y la cuña fiscal sobre el trabajo. Se espera que todos los contribuyentes se beneficien de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en particular aquellos con los ingresos más bajos y los trabajadores por cuenta propia. Además, los trabajadores asalariados a tiempo completo, incluidos aquellos cuyos ingresos se sitúan por debajo del nivel exento de tributación, se beneficiarán de la reducción de la cotización a la seguridad social. Se espera que la evolución favorable al crecimiento de la fiscalidad, que reduce el peso de los impuestos distorsionadores y aumenta el de los tributos menos distorsionadores, como el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre bienes inmuebles, estimule la inversión privada y el empleo, y contribuya a aumentar el crecimiento de la productividad y el consumo privado. La reforma no aborda la cuantía relativamente elevada del tramo exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuya corrección formaba parte de la reforma fiscal acordada con las instituciones en el marco del programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en 2017 y que inicialmente debía entrar en vigor en 2020. El proyecto de ley definitivo por el que se introduce el paquete presupuestario para 2020 publicado para consulta pública incluye algunas medidas adicionales de poca entidad que no inciden en la evaluación de la política presupuestaria para 2020.

Sobre las finanzas públicas griegas siguen pesando importantes riesgos presupuestarios relacionados con las pensiones y los salarios del sector público. Si bien el Consejo de Estado ha confirmado recientemente la constitucionalidad de los principales pilares de la reforma de las pensiones de 2016, algunos de sus elementos (incluidas las disposiciones relativas a las pensiones complementarias y las tasas de acumulación por carreras largas en la pensión principal) deberán adaptarse. Es posible que la incidencia presupuestaria de abordar estos aspectos sea significativa, pero las autoridades se han comprometido a mantener los posibles costes fiscales adicionales dentro del límite presupuestario del Ministerio de Trabajo para 2020. Además, la posible incidencia presupuestaria negativa se verá sustancialmente limitada por el hecho de que algunas partes clave de la reforma de las pensiones de 2016 se consideraron constitucionales y que el Consejo de Estado no ha concedido el derecho a una compensación financiera retroactiva. Sin embargo, los derechos de pensión de los funcionarios siguen siendo objeto de control por parte del Tribunal de Cuentas. En cuanto a los salarios del sector público, el elevado número de personal temporal y los riesgos relacionados con la ampliación del ámbito de las exenciones de la tabla salarial unificada siguen siendo motivo de preocupación. El potencial de rebasamiento del objetivo presupuestario del 3,5 % del PIB al hilo de la infrautilización del presupuesto de inversión pública se mantiene, pero ha disminuido.

POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS ESTRUCTURALES

Sobre la base de los resultados de un estudio de apoyo técnico, las instituciones europeas acordaron que el ejercicio de actualización de los valores del impuesto sobre bienes inmuebles Enfia (compromiso específico para mediados de 2019) debería reprogramarse de modo que pueda llevarse a cabo, antes del plazo de mediados de 2020, una reforma más sustancial del sistema objetivo de valoración del impuesto sobre bienes inmuebles. En particular, el nuevo Gobierno convino en iniciar una ampliación importante de la base imponible del Enfia y de otros impuestos sobre bienes inmuebles. Se espera que la reforma, establecida en un calendario detallado, incremente la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles Enfia en más del 20 % a tiempo para el ejercicio de 2020 de ese tributo y mejore la equidad y la eficiencia del sistema impositivo sobre los bienes inmuebles.

Las autoridades anunciaron una suspensión, durante tres años, del impuesto sobre el valor añadido aplicado a los nuevos edificios, para impulsar el sector de la construcción. Se corre el riesgo de que la medida aumente la cuota de la economía sumergida, y actualmente está sometida a examen por lo que respecta al cumplimiento de la legislación de la UE. Las instituciones europeas han alentado a las autoridades a desarrollar medidas alternativas para abordar los problemas a los que se enfrenta el sector de la construcción en Grecia y combatir la economía sumergida.

Se han hecho avances en relación con algunas importantes medidas fiscales destinadas a aumentar la liquidez de los mercados nacionales de bonos de empresa mediante su apertura a inversores externos. Las autoridades suprimirán la retención en origen sobre los bonos de empresa cotizados en el mercado nacional aplicada a los no residentes, con lo que el tratamiento fiscal de esos bonos estará en consonancia con el de la mayoría de los Estados miembros de la UE. Se adoptará un tratamiento similar para las adquisiciones por parte de inversores internacionales de emisiones directas de bonos realizadas por bancos para cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.

Dada la acumulación de retrasos anteriores, es poco probable que se cumpla, para finales de 2019, el objetivo de los niveles de dotación de personal de la Autoridad Tributaria Independiente; sin embargo, el nuevo Gobierno ha asumido compromisos importantes en cuanto a la rápida adopción de las medidas complementarias acordadas para seguir reforzando la capacidad de la Autoridad Independiente y aumentar su atractivo para los candidatos muy cualificados. El nivel de dotación de personal de la Autoridad Independiente al final del tercer trimestre de 2019 invirtió la tendencia negativa observada en 2018, pero sigue estando en torno a 1 000 personas por debajo del objetivo fijado para finales de 2019. La reciente aprobación de 600 nuevas contrataciones constituye un paso en la dirección correcta. El nuevo Gobierno se ha comprometido a completar reformas pioneras en materia de recursos humanos para permitir que la Autoridad Independiente contrate y mantenga personal altamente cualificado, y ha asignado también el presupuesto necesario. Con ello se introducirá progresivamente, por primera vez en la Administración pública griega, un sistema de remuneración basado en el puesto. Las autoridades se han comprometido a adoptar la legislación de clasificación para finales de 2019 y la tabla salarial complementaria con tiempo suficiente para que el nuevo sistema entre en vigor el 1 de julio de 2020. Para garantizar un nivel suficiente de autonomía en las operaciones informáticas cotidianas, se ha acordado la elaboración de una hoja de ruta para finales de 2019 entre la Autoridad Independiente y la Secretaría General de Servicios de Información, con el fin de aclarar sus respectivas competencias. Por último, las autoridades han confirmado que se ha encontrado un edificio adecuado que permitirá albergar, para finales de 2020, todos los servicios de la sede de la Autoridad Independiente, que actualmente se encuentran dispersos en trece edificios.

Las autoridades modificarán el régimen básico de pago escalonado a fin de facilitar el reembolso de las deudas tributarias. Los cambios acordados hacen el régimen más flexible, al ampliar el número máximo de plazos a 24 o 48, dependiendo del tipo de impuesto (frente a los 12 y 24 plazos actuales), y al aumentar los incentivos para permanecer en el régimen hasta que la deuda se liquide completamente, entre otras cosas. Es importante para la credibilidad de este régimen revisado que las autoridades se hayan comprometido a no establecer nuevos regímenes de pago escalonado adicionales.

La nueva Administración ha adoptado un nuevo plan de acción general para liquidar, de aquí a 2021, los pagos atrasados acumulados a raíz de la falta de progresos del anterior plan desde el fin del programa. A finales de agosto de 2019, el volumen de atrasos acumulados controlados en el marco de la supervisión reforzada seguía siendo elevado, 1 300 millones EUR, frente a los 1 700 millones EUR del año anterior. Este volumen es sustancialmente superior al objetivo de morosidad cero cuando concluya el programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad. El nuevo plan de acción tiene por objeto reducir el volumen neto de atrasos a 1 000 millones EUR para diciembre de 2019 y liquidar completamente los atrasos para finales de 2020, a excepción de los 140 millones EUR correspondientes a las solicitudes de pensión, que se liquidarían a más tardar en junio de 2021. El plan aborda los principales retos de la liquidación de atrasos y va acompañado de una serie de acciones legales, administrativas e informáticas para alcanzar sus objetivos.

Se está trabajando en medidas para evitar la creación de nuevos atrasos (compromiso específico para mediados de 2019), pero su elaboración y plena aplicación requerirán más tiempo. El Tribunal de Cuentas griego señaló en su auditoría de seguimiento que se habían realizado progresos con respecto a la mayoría de sus recomendaciones; sin embargo, algunas de las recomendaciones clave requerirán más tiempo, habida cuenta también del brevísimo período transcurrido desde su primera auditoría. Como parte del nuevo plan de acción de liquidación, las autoridades establecerán, mediante una decisión ministerial, un comité director encargado de garantizar la aplicación oportuna del plan de liquidación y del plan contra la acumulación de nuevos atrasos. Las auditorías ex ante restantes a cargo del Tribunal de Cuentas griego en relación con los fondos extrapresupuestarios y los gobiernos locales se suprimieron progresivamente según lo previsto.

La aplicación de la Cuenta Única del Tesoro y del Plan Contable Unificado siguen su curso en líneas generales. La plena aplicación de la Cuenta Única del Tesoro a más tardar a finales de 2019 exigirá un esfuerzo adicional, pero, en general, avanza a buen ritmo. Por lo que respecta al Plan Contable Unificado, el nuevo Gobierno creó un comité director para supervisar el proyecto y adoptó algunas medidas iniciales para aplicar el plan contable también en el presupuesto de inversión pública; no obstante, es necesaria una mayor claridad en lo que respecta a su plena aplicación en este ámbito.

BIENESTAR SOCIAL

El Consejo de Estado ha confirmado la constitucionalidad de los principales elementos de la reforma de las pensiones de 2016, pero algunos aspectos deberán modificarse. Las autoridades están elaborando propuestas para abordar las cuestiones planteadas por la sentencia del Consejo de Estado y se han comprometido a buscar soluciones para contener el coste de las modificaciones necesarias en el presupuesto del Ministerio de Trabajo para 2020. Sin embargo, en relación con los derechos de pensión de los funcionarios del sector público, la Sala Segunda del Tribunal de Cuentas ha llegado recientemente a una conclusión contraria a la decisión del Consejo de Estado, lo que crea incertidumbre adicional.

Los cobros en virtud del dispositivo de 2018 de recuperación del gasto sanitario (compromiso específico para mediados de 2019) se han retrasado debido a los cambios introducidos en el calendario de reembolsos, aunque pronto entrará en vigor la legislación necesaria. El inicio de los cobros, inicialmente previsto para junio, se vio afectado por la decisión de las autoridades de ampliar hasta 120 mensualidades el período máximo de reembolso en virtud del dispositivo de recuperación. Aunque la mayoría de los proveedores están obligados a completar el reembolso en un plazo de cinco años, el cambio sigue dando lugar a una dilución general de los pagos y empeora la situación de liquidez del Fondo de Salud. Las instituciones europeas han alentado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos en este ámbito.

Las autoridades tienen previsto tomar una serie de medidas para racionalizar el gasto sanitario, lo que podría reducir la recuperación a medio y largo plazo, cuya ambición tendrá que ser coherente con algunas de las medidas recientes en sentido inverso. Las autoridades tienen previsto crear un registro nacional del cáncer y una Agencia de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, reforzar el Comité de Negociación de Medicamentos e intensificar el trabajo sobre el desarrollo de protocolos clínicos, así como otras medidas. Se trata de pasos en la dirección correcta, aunque se espera que su impacto solo se materialice a largo plazo. Al mismo tiempo, las autoridades han retrasado la actualización anual del boletín de precios, que normalmente da lugar a una revisión a la baja de los precios farmacéuticos, y se proponen eliminar la comisión de introducción del 25 % para los medicamentos innovadores. Ambas medidas podrían aumentar el importe de los fondos recuperados en los próximos meses.

Los avances realizados hacia los compromisos para mediados de 2020, de aumentar el porcentaje de la contratación pública centralizada para el gasto hospitalario y consolidar la red de proveedores de asistencia sanitaria, son lentos. No obstante, las autoridades siguen comprometidas con la reforma y el plan para remodelar el organismo central de contratación pública recientemente creado, con el fin de aumentar su flexibilidad y eficiencia a medio plazo. Con el apoyo técnico prestado a través de la Comisión Europea, las autoridades han avanzado también en la actualización del sistema de reembolso hospitalario. Será importante que las autoridades sigan aprovechando los avances realizados.

Las autoridades suspendieron la apertura de nuevos centros sanitarios para reconsiderar la estructura más adecuada de prestación de asistencia sanitaria primaria, aunque han manifestado su intención de conservar los fundamentos de la reforma ya aprobada. Como consecuencia de ello, en los próximos seis meses se considera factible la apertura de 10 nuevas unidades de atención primaria como máximo. Aún no se ha precisado el calendario para la introducción de los principales elementos de la reforma, como el registro obligatorio con un médico de familia y las funciones de control de acceso.

Por lo que respecta a la política social, la reforma del marco de prestaciones por discapacidad, compromiso específico para mediados de 2019, está avanzando, pero con retrasos técnicos importantes que escapan al control de las autoridades. Si bien progresan la mejora y simplificación de los procesos administrativos de determinación de la condición de discapacidad, el nuevo enfoque para determinar la condición de discapacidad sobre la base de una evaluación tanto médica como funcional sigue aún pendiente de adopción. La nueva metodología debería haberse desarrollado sobre la base de los resultados de un proyecto piloto que sufrió retrasos por motivos que escapan al control de las autoridades. Se acordará un calendario revisado cuando se reciba la evaluación: siempre que la evaluación esté disponible en breve, el documento de síntesis sobre la reforma debería estar disponible a más tardar en febrero y la reforma debería haberse emprendido para junio de 2020.

Los compromisos específicos para finales de 2019 sobre la finalización del régimen de Renta de Solidaridad Social y la revisión de las subvenciones destinadas al transporte público local siguen por buen camino. Las autoridades han completado el segundo pilar del régimen de Renta de Solidaridad Social (inclusión social) y se está trabajando en el tercer pilar, que se basa en la prestación de servicios activos del mercado de trabajo para ayudar a los beneficiarios del régimen a entrar o reintegrarse en el mercado laboral. Para ello, las autoridades están desarrollando un enfoque más sistemático de la concepción y la gestión de los servicios activos del mercado de trabajo, que ha sido probado y debería irse ampliando gradualmente tras su evaluación. Por lo que se refiere a la próxima revisión del sistema de subvenciones para el transporte público local, las autoridades han confirmado su compromiso de evaluar la idoneidad del sistema actual de tarifas subvencionadas para el transporte público local de aquí a finales de 2019 y de hacer un seguimiento de las posibles recomendaciones para mejorar el sistema.

POLÍTICAS DEL SECTOR FINANCIERO

La situación de liquidez de los bancos griegos ha seguido mejorando y hay indicios de que el acceso al mercado de los bancos se restablece gradualmente, pero los desafíos y riesgos heredados del pasado siguen siendo elevados. Los bancos siguen enfrentándose a un gran volumen de préstamos dudosos, mientras que persisten otros retos, como la frágil rentabilidad y el fuerte nexo entre los bancos y la deuda soberana, en particular a través del elevado porcentaje de créditos fiscales diferidos en el capital de los bancos. De cara al futuro, el sector bancario griego se enfrenta al reto de reforzar su resiliencia y acelerar la reducción de los préstamos dudosos, al tiempo que mejora su capacidad de financiar el crecimiento.

La mejora de la situación de liquidez de los bancos griegos y el aumento de la confianza de los depositantes dieron lugar al levantamiento total de los controles de capitales el 1 de septiembre de 2019 (compromiso específico continuo). En los primeros nueve meses de 2019, los depósitos del sector privado en los bancos se han incrementado en torno al 3,5 %, y la provisión de liquidez de emergencia se reembolsó íntegramente a principios de año. Si bien la supresión de los controles de capitales normaliza el funcionamiento de la economía griega y propicia la mejora de la confianza, subraya aún más la importancia de acelerar los esfuerzos para reforzar el sistema bancario y apuntalar la confianza de los depositantes.

El ritmo de reducción de los préstamos dudosos se aceleró en 2019, pero los niveles siguen siendo muy elevados. En el sistema bancario griego, los préstamos dudosos alcanzaron un máximo de 107 200 millones EUR en marzo de 2016, es decir, el 48,8 %. El ritmo de la disminución de esos préstamos se ha acelerado desde 2018, alcanzando el 45,4 % y el 43,6 % del total de los préstamos a clientes a finales de 2018 y mediados de 2019, respectivamente. Esto se ajustaba en general a los objetivos operativos fijados por los cuatro bancos sistémicos, bajo el control de la autoridad de supervisión. Aunque la ratio de préstamos dudosos sigue siendo muy elevada, la reciente aceleración del ritmo de su reducción es más pronunciada en términos absolutos: el volumen de préstamos dudosos se redujo a 75 400 millones EUR a finales de junio de 2019, es decir, una reducción de 13 500 millones EUR o de un 15 % interanual. En los próximos años, los cuatro bancos sistémicos tienen previsto seguir reduciendo sustancialmente los préstamos dudosos a 26 000 millones EUR o el 19,2 % para finales de 2021. A tal fin, tanto los bancos como las autoridades deberán hacer esfuerzos adicionales: los bancos tendrán que acelerar las actividades de resolución «orgánica» de los préstamos dudosos e intensificar los esfuerzos para identificar y abordar adecuadamente los impagos estratégicos, mientras se espera que las autoridades garanticen la capacidad del marco jurídico y del sistema judicial de apoyar eficientemente la resolución de tales préstamos.

Las iniciativas sistémicas, como el régimen de protección de activos "Hércules", pueden ayudar a sanear el balance de los bancos griegos. Con arreglo a ese régimen, cada banco puede transferir préstamos dudosos a entidades instrumentales gestionadas por separado, que pueden emitir valores junior, mezzanine y senior, con una garantía estatal para los valores senior. A cambio de la garantía ofrecida, el Estado recibirá una remuneración en condiciones de mercado. De la gestión de los activos se ocuparán empresas de administración externas. En octubre de 2019, la Comisión concluyó que el régimen, similar al régimen italiano de garantía sobre la titulización de préstamos dudosos bancarios, no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La atención se centra ahora en completar el diseño del sistema de protección de activos y comenzar su rápida aplicación. La participación en el régimen es voluntaria, mientras que la dotación de garantías podría contribuir a que se diese de baja un número sustancial de préstamos dudosos de todos los bancos. La actual mejora de las condiciones de financiación de la deuda soberana constituye una oportunidad para que los bancos obtengan la garantía estatal por un precio relativamente bajo, aunque hay que tener en cuenta el riesgo de mercado. El éxito del régimen dependerá, entre otras cosas, del saldo de las ganancias en términos de capital reglamentario, de los gastos relacionados con la garantía y de las pérdidas derivadas de las ventas de valores a los inversores. El régimen tendrá una duración de 18 meses, con posibilidad de renovación. Las autoridades también podrían explorar medidas adicionales, incluidos regímenes complementarios, para seguir apoyando la salud del sector bancario.

Las autoridades están trabajando en una serie de iniciativas para reforzar el marco de resolución de los préstamos dudosos, aunque hay margen para acelerar el ritmo de ejecución. La aplicación de las medidas que se describen a continuación es objeto de seguimiento y se evalúa en el marco de la supervisión reforzada como parte del compromiso específico continuo de «seguir aplicando reformas destinadas a restaurar la salud del sistema bancario, incluidos los esfuerzos de resolución de los préstamos dudosos».

·Subastas electrónicas: A pesar de los avances realizados en el primer semestre de 2019, la mayoría de las subastas electrónicas se siguen cancelando o suspendiendo, o han fracasado debido a la falta de interés entre los licitadores, y la mayoría de los activos inmobiliarios que se subastan siguen siendo adquiridos por bancos. Actualmente se están evaluando los obstáculos que llevan a la cancelación o la suspensión de las subastas electrónicas debido a irregularidades del procedimiento. Las autoridades griegas han creado un grupo de trabajo para evaluar la magnitud del problema, así como otros impedimentos potenciales, a fin de definir y recomendar las medidas paliativas necesarias. Las autoridades han facilitado un primer análisis de las razones de la situación anteriormente descrita y se han comprometido a presentar un informe completo en breve.

·Retrasos en los casos de insolvencia de los hogares: Siguen existiendo importantes retrasos por lo que respecta a la eliminación de la acumulación de asuntos pendientes ante los tribunales en el contexto del marco de insolvencia de los hogares (compromiso específico para finales de 2021). Es fundamental que las autoridades aumenten la capacidad de tramitación de los órganos jurisdiccionales competentes con el fin de eliminar por completo el retraso acumulado, incluidos los casos creados con arreglo al nuevo régimen de protección de la residencia principal, para finales de 2021, mediante la elaboración de un plan de acción actualizado adecuado para finales de diciembre de 2019. Las instituciones europeas han alentado a las autoridades a evaluar el cambio en el número de casos en el pasado (casos tramitados frente a entradas de nuevos casos) y a presentar medidas adecuadas para apuntalar la senda prevista de eliminación de los atrasos para finales de 2021.

·Tratamiento fiscal de las condonaciones de deuda: Actualmente se encuentra sometida a consulta pública una modificación que restablecería el tratamiento fiscal favorable de la condonación de préstamos que había expirado a finales de 2018 y lo extendería a las reestructuraciones realizadas hasta finales de 2019. La disposición pertinente estipula que el importe de la deuda condonada no se considerará una renta del deudor y quedará exento del impuesto sobre las donaciones. Con ello se abordan los efectos desincentivadores de las reestructuraciones inducidos por la expiración del régimen fiscal anterior.

·Protección de la residencia principal: Tras la puesta en marcha de la plataforma electrónica en el verano de 2019, la medida fue aprobada por la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. Las autoridades han emprendido modificaciones en el marco y la plataforma de TI para facilitar la presentación de solicitudes. Tienen la intención de prorrogar el régimen cuatro meses y clausurarlo para finales de abril de 2020. Si bien este aplazamiento técnico podría contribuir a que se hiciese un mayor uso del régimen frente a los bajos niveles actuales, retrasa la normalización de la cultura de pago. Las autoridades también se han comprometido a acelerar los trabajos de armonización de los marcos de insolvencia. Las instituciones informarán sobre la finalización de ambos elementos en el marco de la supervisión reforzada. Con arreglo al nuevo marco, estaría justificado garantizar la ejecución gratuita de todas las garantías reales, incluidas las residencias principales, lo que ayudaría a normalizar la concesión de créditos del sector bancario a la economía.

·Marco de insolvencia: Han comenzado los trabajos preparatorios sobre la armonización e integración de los regímenes de insolvencia y quiebra. La elaboración de un marco unificado bien definido y coherente desde el punto de vista sistémico es muy deseable y debe encomendarse a un comité de elaboración legislativa y realizarse sin precipitación y con rigor en los planos holístico y técnico. Las autoridades han elaborado un documento de reflexión como base para redactar un proyecto de nuevo marco de insolvencia único antes de finales de abril de 2020, y que establece los objetivos básicos de esta reforma.

·Código de Procedimiento Civil: Se está avanzando en la evaluación de la aplicación del Código de Procedimiento Civil reformado, pero va rezagada debido a los retrasos heredados. Sobre la base de la consulta de las partes interesadas, el grupo de trabajo pertinente está realizando actualmente una evaluación exhaustiva de la reforma. Su labor irá seguida de la creación de un comité de elaboración legislativa que redactará las enmiendas que puedan ser necesarias para su adopción antes de finales de 2020.

·Formación financiera de jueces: Según las autoridades, se han hecho nuevos avances en la impartición de formación financiera a los jueces, especialmente en el ámbito de la insolvencia de los hogares. Se presentaron al Consejo de Estado dos proyectos de Decretos Presidenciales para la evaluación de constitucionalidad requerida. Las autoridades prosiguen también con la contratación de personal administrativo para los tribunales, que ha sufrido retrasos considerables.

·Garantías jurídicas para el personal bancario que se ha ocupado de casos de reestructuración: Se ha adoptado una modificación del Código Penal que tiene por objeto abordar las cuestiones de los asuntos pendientes contra los agentes de la banca implicados en anteriores reestructuraciones de la deuda y la protección de esos agentes en el contexto de las reestructuraciones en curso y futuras. La incidencia de esta legislación en el contexto del marco jurídico griego será objeto de seguimiento con arreglo a la supervisión reforzada.

·Garantías estatales: En septiembre de 2019, la acumulación de las garantías estatales sobre préstamos ejecutadas seguía siendo considerable y había aumentado desde el informe anterior, debido en gran medida a un aumento de las solicitudes por parte del sector bancario, a pesar de los esfuerzos por acelerar el ritmo de tramitación. Las autoridades han presentado un plan de acción actualizado y el correspondiente plan de pagos de siete años para la liquidación de los 2 000 millones EUR de préstamos garantizados ejecutados por bancos comerciales. El plan de acción pretende abordar los puntos de estrangulamiento en cooperación con los bancos, reforzando al mismo tiempo los recursos humanos en la Oficina General de Cuentas y mejorando el marco de TI. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el largo plazo transcurrido desde el momento en que se ejecutaron las garantías, fecha que en algunos casos se remonta a 2012, las autoridades buscan margen para un perfil de pago que no exceda de cuatro años con medidas adecuadas para garantizar su credibilidad.

El Fondo Griego de Estabilidad Financiera siguió ejerciendo sus derechos de participación en los cuatro bancos sistémicos, contribuyó a las políticas de resolución de préstamos dudosos y mejoró su gobernanza. En su calidad de accionista, el Fondo evaluó y aprobó varias cesiones, cuestionó las estrategias y políticas de los bancos y contribuyó a las políticas de reducción de préstamos dudosos. En octubre de 2019, los bancos habían aplicado mayoritariamente las recomendaciones del Fondo derivadas de la revisión de la gobernanza y los resultados del consejo de administración de 2017, centradas principalmente en la cultura de gestión de riesgos y los marcos de cumplimiento y control interno de los bancos. La aplicación de la estrategia de desinversión del Fondo, aprobada en 2018, se encuentra en su primera fase, de carácter preparatorio, en la que el Fondo pretende cuestionar de manera efectiva las estrategias y los modelos de negocio de los bancos para promover iniciativas generadoras de valor. Aún no han concluido las conversaciones entre el Fondo y el Ministerio de Hacienda sobre la posible participación de otras autoridades en la fase final de la desinversión y la protección jurídica del personal y los órganos de gobierno del Fondo. El mantenimiento de la independencia del Fondo Griego de Estabilidad Financiera es una piedra angular del proceso de restablecimiento de la salud del sector bancario.

MERCADO LABORAL

Las autoridades se comprometieron a seguir supervisando la evolución del mercado laboral y de los salarios, y tienen la intención de llevar a cabo una evaluación ex post del reciente aumento del salario mínimo. Este ejercicio se beneficiará del apoyo técnico del Banco Mundial, prestado por medio de la Comisión Europea, y está previsto que sus resultados se tengan en cuenta en la próxima revisión del salario mínimo en 2020.

Las autoridades están en vías de completar, a finales de 2019, la aplicación de un plan de acción para luchar contra el trabajo no declarado (2017-2019) y están preparando medidas de seguimiento. El actual plan de acción promueve un enfoque integrado en relación con el trabajo no declarado que incluye medidas para reforzar la cooperación entre las distintas instituciones y mejorar la capacidad de detectar las prácticas correspondientes. Las autoridades diseñarán el seguimiento del plan de acción, una vez que se haya completado la evaluación ex post de todas las medidas aplicadas mediante el apoyo técnico proporcionado a través de la Comisión Europea. Estas medidas han ido acompañadas de otra serie de acciones recientes para fomentar el trabajo en la economía formal y limitar el uso abusivo del trabajo a tiempo parcial, que a menudo oculta trabajo a tiempo completo no declarado. Entre ellas se incluyen, en particular, el incremento de la remuneración de las horas extraordinarias para los trabajadores a tiempo parcial y la ampliación del sistema de registro de empleo para que abarque también las fórmulas atípicas de empleo. En 2020, el Gobierno también tiene previsto introducir un sistema digitalizado para el registro del tiempo de trabajo.

La nueva Ley de Desarrollo de octubre de 2019 introdujo una serie de cambios en el marco de la negociación colectiva. La Ley introduce la posibilidad de que determinadas empresas abandonen la negociación a nivel sectorial. También modifica el procedimiento de ampliación de los acuerdos sectoriales, que deja de ser automático pero queda sujeto a condiciones específicas a discreción del ministro de Trabajo. Entre otros elementos nuevos se incluye la creación de un registro público para las asociaciones de empresarios y los sindicatos, a fin de verificar mejor su representatividad, así como la restricción del recurso unilateral al arbitraje. Queda por ver cómo afectarán estos cambios a la negociación colectiva en la práctica. Si bien los nuevos requisitos para la ampliación de los convenios colectivos pueden reducir los incentivos para la negociación sectorial, las posibilidades de exclusión voluntaria, si son adoptadas por los interlocutores sociales, pueden promover el diálogo social tanto a nivel de las empresas como del sector.

El nuevo Gobierno ha emprendido un ambicioso programa de reformas destinadas a modernizar el sistema educativo y acercarlo a las buenas prácticas. Este impulso es positivo y largamente esperado, a la vista de los desafíos que se plantean desde hace tiempo, como la asignación ineficiente de recursos, la escasa autonomía, los malos resultados educativos, la inadecuación de las cualificaciones y las deficiencias en la gobernanza de los centros de enseñanza superior.

MERCADOS DE PRODUCTOS Y COMPETITIVIDAD

Aunque pocos compromisos de reforma de los mercados de productos y de la competitividad tienen un plazo pertinente para este ciclo de supervisión reforzada, cabe destacar que se han iniciado reformas estructurales clave en este ámbito vital en el marco del programa, y que requerirán varios años de aplicación sostenida a fin de garantizar una mejora duradera del entorno empresarial, la inversión y el crecimiento. Las amplias reformas estructurales iniciadas en los últimos años ya han comenzado a mejorar el funcionamiento de los mercados de productos de Grecia. Las cuotas de mercado de las exportaciones griegas se expanden y la inversión extranjera directa tiende al alza, aunque a partir de un nivel muy bajo. Sin embargo, será necesario redoblar los esfuerzos para cerrar la importante brecha de inversión de Grecia y mejorar la clasificación del país en los indicadores comparativos de competitividad internacional. Entre las deficiencias persistentes se incluyen el registro de la propiedad y la ejecución de los contratos, y también existe un margen significativo para el proceso de aproximación en los ámbitos de la economía digital, la regulación del mercado de productos y la competitividad a nivel regional.

La nueva Administración ha manifestado su intención de seguir un programa de políticas firmemente orientadas a la inversión y el crecimiento. Desde su entrada en funciones, el Gobierno ha tomado una serie de medidas iniciales que allanan el camino para la mejora del panorama empresarial. Esto incluye legislación para fomentar la transición a un «Estado digital», mejorar la calidad de la legislación y avanzar en la codificación jurídica. La Administración también está dando los primeros pasos hacia un enfoque coordinado para promover la orientación hacia el exterior de la economía griega, donde hay margen para una estrategia mucho más ambiciosa. Los avances en el reequilibrio de la economía hacia sectores prometedores orientados a la exportación, como los sectores agrícola y agroalimentario, el turismo, el transporte y la logística y la alta tecnología, también mediante el desarrollo de estrategias de especialización inteligente, contribuirían a reforzar la balanza por cuenta corriente y a corregir la posición de inversión internacional neta, actualmente muy negativa y en deterioro.

Se han introducido nuevas medidas a través de la Ley de Desarrollo recientemente aprobada. Se incluyen, entre otras, la adaptación de los sistemas de clasificación de molestias a la clasificación medioambiental, que está armonizada con los actos legislativos pertinentes de la UE, la reducción de los requisitos para la concesión de licencias, y el desarrollo de un mapa digital único para aportar claridad y transparencia en relación con las normas sobre el uso del terreno a los inversores, así como cambios en la ordenación territorial para acelerar los grandes proyectos de inversión.

El Gobierno va por el buen camino en cuanto a la puesta en marcha de iniciativas para reforzar el entorno empresarial y está planificando nuevas acciones para racionalizar los procesos reglamentarios y estimular la inversión en sectores clave. De hecho, es esencial proporcionar certeza constante y mayores incentivos a los inversores. Para ello, el Gobierno ha indicado que seguirá dando prioridad a nuevas medidas en materia de racionalización y agilización del proceso de concesión de licencias, especialmente en lo que se refiere a la concesión de licencias en materia de medio ambiente. Esto sería especialmente importante para impulsar la inversión, en particular en actividades de gran impacto económico, al igual que otras medidas para revisar el marco de uso del terreno y de concesión de licencias en el Ática, y reforzar los mecanismos de aplicación.

Para guiar la conclusión de la reforma de las licencias de inversión, que forma parte de los compromisos específicos hasta 2022, la nueva Administración ha elaborado planes de acción revisados. Según los planes revisados, las autoridades se comprometen a cumplir los plazos establecidos en el marco de supervisión reforzada. No obstante, los retrasos anteriores han dificultado el cumplimiento de algunos elementos de reforma (como la simplificación de la legislación en los 24 sectores aún no cubiertos por la reforma de las licencias de inversión y el desarrollo de herramientas para el ámbito medioambiental del marco de inspección). Por lo tanto, será fundamental que el Gobierno destine los recursos adecuados al proceso. Por lo que se refiere a la revisión de la clasificación de molestias, las autoridades se han comprometido a armonizar este sistema con el sistema de clasificación medioambiental para mediados de 2020, en consonancia con la disposición pertinente incluida en la Ley de Desarrollo recientemente adoptada, un año antes del plazo del compromiso. Además, los trabajos sobre el procedimiento de licitación relativo al sistema informático pertinente, cuya finalización está prevista para finales de 2019, parecen estar, en gran medida, encarrilados. Por último, las autoridades se han comprometido a salvaguardar la integridad de los logros críticos de la reforma y, a tal fin, se espera que se establezca un mecanismo formalizado.

Avanzan las reformas en el ámbito del uso del terreno. Se han completado los mapas forestales de aproximadamente el 95 % del país, alcanzando materialmente el objetivo de completar la elaboración de la última fase de los mapas forestales (compromiso específico para mediados de 2019). El 44 % de estos mapas han sido ratificados y, por tanto, se han convertido en definitivos. Se ha completado la cartografía catastral de alrededor de un tercio de los 39 millones de derechos de propiedad de Grecia, y se está avanzando en el resto. La declaración de propiedades para la cartografía catastral está mejorando, y las autoridades estudian nuevas medidas para acelerar el proceso. La configuración del marco institucional del catastro avanza, pero está resultando difícil. En particular, dado que en primavera la integración de las oficinas de crédito hipotecario en la nueva agencia catastral fue más lenta de lo previsto, las autoridades se han comprometido a acelerar la transición hacia la nueva entidad. Se han dado pasos legislativos positivos en el ámbito de la ordenación territorial, con el fin de acelerar la aplicación de los planes locales de ordenación territorial y la aprobación de grandes inversiones (planes especiales de ordenación territorial).

Las autoridades han hecho esfuerzos para estabilizar las finanzas de la sociedad energética histórica, la Empresa Pública de Electricidad, y han anunciado ambiciosas reformas del mercado de la energía, lo que afectará al calendario de aplicación del modelo objetivo para la electricidad (compromiso específico para mediados de 2019). Las medidas decisivas adoptadas por las autoridades para reforzar las finanzas de la Empresa Pública de Electricidad han quedado reflejadas en un informe financiero semestral positivo, que constituyó una señal importante para los mercados. Las autoridades desarrollan actualmente medidas para hacer frente a los retos a más largo plazo de los atrasos y los morosos estratégicos. Las autoridades decidieron anular la última subasta programada en octubre por NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité), que se había establecido como medida transitoria mientras se llevaban a cabo las reformas del mercado de la energía para abrirlo a la competencia. Una de estas reformas era la aplicación del modelo objetivo; esto está en vías de cumplir el nuevo plazo de junio de 2020. Debe ir seguido del acoplamiento con los mercados vecinos. Son bienvenidas las propuestas de las autoridades para acelerar la entrada del mercado a plazo.

Las autoridades han propuesto un ambicioso plan para la transformación a largo plazo del mercado de la energía en Grecia y han comunicado su intención de presentar formalmente soluciones revisadas en materia de defensa de la competencia en enero de 2020. En el núcleo de la estrategia energética figura el cierre de toda la capacidad de generación de electricidad a base de lignito para 2028, así como una proporción significativa de cierres mucho antes. El Gobierno también está considerando la posibilidad de adoptar nuevas medidas para abrir el mercado a la competencia. Si estos planes se aplican plenamente, en 2020 ya podría observarse una evolución importante hacia un mercado abierto, basado en el modelo objetivo, que dependa menos de los combustibles fósiles y esté abierto a la expansión de su capacidad de energías renovables. Aunque se acoge con satisfacción la dirección de esta estrategia a largo plazo, son necesarias medidas más inmediatas para abordar la posición dominante de la Empresa Pública de Electricidad en el mercado, por ejemplo a través del procedimiento de defensa de la competencia en curso. Los datos sobre las cuotas de mercado de la Empresa Pública de Electricidad indican que entran competidores en el mercado minorista y mayorista, pero su posición dominante y su acceso exclusivo a la generación eléctrica a base de lignito siguen siendo motivo de preocupación. En estas circunstancias, cabe señalar que, en un contexto de inseguridad jurídica y falta de transparencia, no se recibieron ofertas para la segunda ronda de la licitación para la cesión del lignito en julio de 2019 (compromiso específico para finales de 2018 pendiente, que había experimentado retrasos). El fracaso de esta cesión dio lugar a una infracción del compromiso relativo a la prevención de prácticas restrictivas de la competencia, por lo que es preciso encontrar una solución alternativa. Las autoridades comunicaron oficialmente su intención de presentar soluciones revisadas en enero de 2020.

El mercado del gas en Grecia sigue siendo pequeño, pero crece. La venta completada de la red de transporte, el Gestor del Sistema de Distribución de Gas Natural, así como la venta en curso de la Compañía Nacional de Gas, darán lugar a una mayor apertura del mercado e inversiones a nivel nacional, mientras que los avances en curso en proyectos como el Interconector Bulgaria-Grecia y el crecimiento de las importaciones de gas natural licuado muestran el potencial de Grecia para convertirse en un nodo energético regional. Las autoridades están revisando la venta prevista de la Compañía Nacional de Gas, aunque el plan revisado es alentador e implica la venta de una mayor participación pública y disposiciones para garantizar la plena desagregación.

SOCIEDAD HELÉNICA DE ACTIVOS Y PARTICIPACIONES Y PRIVATIZACIONES

El trabajo de la Sociedad Helénica de Activos y Participaciones en los ámbitos clave cubiertos por los compromisos del Eurogrupo sigue su curso. La aplicación del plan estratégico (compromiso continuo) está en curso y la revisión del consejo avanza. El consejo de administración de la Sociedad ha completado la revisión/sustitución de la mayoría de sus filiales de empresas estatales (compromiso específico para mediados de 2019), en consonancia con la viabilidad técnica. Esto incluye el nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración del Servicio de Correos Griego y de la Empresa Pública de Electricidad, facilitando así los cambios necesarios en estas empresas. Las autoridades han participado de manera significativa en la reforma de la Sociedad Helénica de Activos y Participaciones. Han mejorado considerablemente la situación de los límites bajos de remuneración de los directivos para las mayores empresas estatales que no cotizan en bolsa en el marco de la Sociedad, mediante una modificación jurídica, facilitando así el avance del proceso de revisión de los consejos de administración. Desde la publicación del tercer informe de supervisión reforzada en junio de 2019, la Sociedad ha seguido avanzando en la mejora de la gobernanza empresarial en las empresas estatales. Las primeras cuentas financieras consolidadas del grupo para el año 2018 se elaboraron y se sometieron a la aprobación de la Asamblea General. La aplicación del mecanismo de coordinación, que rige la interacción entre las autoridades y la Sociedad en relación con los mandatos y objetivos de las empresas estatales en el marco de la Sociedad, se relanzó en octubre dando prioridad a cuatro empresas estatales (los mercados centrales de Atenas y Salónica, el canal de Corinto y el organizador de ferias nacionales Helexpo). Se espera que los mandatos y los resultados concretos de estas empresas públicas se ultimen pronto, ya que la Sociedad ha realizado importantes trabajos preparatorios y los ha debatido con las autoridades competentes.

Las autoridades han reforzado notablemente el impulso dado al proceso de privatización. Se ha adoptado el Plan de Desarrollo de Activos actualizado (compromiso continuo), y los avances de las transacciones en curso se han acelerado en los últimos tres meses. Concretamente:

·Hellinikon, (desarrollo del solar del antiguo aeropuerto internacional de Atenas, compromiso específico para finales de 2018 pendiente): Las autoridades han concedido gran importancia a la transacción, en la que han participado activamente intensificando significativamente los esfuerzos para cumplir las condiciones necesarias y permitir la transferencia de acciones al inversor preferido, Lamda. El progreso general reciente es significativo y el cierre financiero de la operación podría tener lugar en los próximos meses.

·Puerto deportivo de Alimos (compromiso específico para mediados de 2019): el inversor preferido fue seleccionado el 16 de abril de 2019. El Tribunal de Cuentas aprobó el procedimiento de licitación el 26 de junio de 2019. Los próximos pasos son de procedimiento. Así pues, si bien se están registrando avances satisfactorios en la licitación relativa a la concesión a largo plazo del Puerto deportivo de Alimos, no se espera que el cierre financiero de la operación se produzca antes de finales de 2019.

·Hellenic Petroleum (compromiso específico para mediados de 2019): No se presentaron ofertas vinculantes para la venta conjunta (junto con PanEuropean Oil and Industrial Holdings S.A, el otro accionista estratégico de Hellenic Petroleum) de una participación mayoritaria (50,1 %) y, por lo tanto, la transacción no arrojó ningún resultado positivo. Por consiguiente, el cierre financiero de la operación está inevitablemente sujeto a importantes retrasos. El Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos (TAIPED) recibió el mandato técnico de examinar todas las opciones disponibles a fin de proceder con la transacción. La decisión definitiva sobre la estructura y el calendario corresponde a las autoridades griegas y debe determinarse sobre la base de qué aporta el mejor valor comercial y estratégico a Grecia. Se espera que el planteamiento se haya aclarado y el calendario esté finalizado para finales de 2019.

·Venta del 30 % del Aeropuerto Internacional de Atenas: Las cuestiones pendientes sobre la gobernanza empresarial, que habían retrasado la transacción, fueron resueltas por las autoridades. Por lo tanto, el procedimiento de licitación sigue adelante. El 29 de octubre de 2019 diez organismos de inversión manifestaron su interés (fase A) en adquirir una participación del 30 % de la empresa. Se espera que a principios de 2020 se presenten las ofertas vinculantes y que el cierre financiero de la operación se produzca antes del fin de 2020.

·Compañía Nacional de Gas: Las autoridades están considerando la posibilidad de introducir cambios en su reestructuración empresarial y su escisión en las unidades comercial (suministro de gas al por mayor y al por menor) y de infraestructuras (redes de distribución de gas), mientras que los intereses de la Compañía en proyectos internacionales estratégicos de infraestructuras de gas se transferirían a una nueva entidad empresarial. La elección de la estructura empresarial es una decisión política que deben tomar las autoridades, siempre que se ajusten a los principios de la hoja de condiciones acordada en junio de 2018. Las autoridades griegas han manifestado su intención de proceder a la cesión completa de su participación (65 %) tanto en la unidad comercial como en la de infraestructuras, aumentando así los ingresos previstos por la privatización y facilitando al mismo tiempo la desagregación del mercado del gas.

·Concesión de la autopista Egnatia: Habida cuenta de los retrasos y obstáculos anteriores, sigue siendo necesario adoptar una serie de medidas previas a la presentación ofertas vinculantes (relacionadas, entre otras cosas, con la aplicación de la política de precios de los peajes aprobada por la Comisión, la construcción y el funcionamiento de las estaciones de peaje y la certificación de seguridad de puentes y túneles). Las autoridades han subrayado su compromiso de desbloquear la operación; no obstante, será preciso hacer un seguimiento decidido.

·Puertos regionales: Las autoridades se muestran favorables con respecto a ofrecer flexibilidad para elegir la estructura de la operación de privatización (es decir, concesión principal, subconcesión, venta de capital) de cada puerto. Se espera que los consultores de TAIPED entreguen en breve el estudio pertinente y las autoridades aprueben la enmienda jurídica necesaria que proporcione a TAIPED la flexibilidad de elección, de modo que pueda iniciarse el procedimiento de licitación para los dos primeros puertos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

El proceso de selección de secretarios administrativos (compromiso para finales de 2018) ha sido cancelado y sustituido por la creación de un puesto de secretario permanente y por un cambio significativo en la delegación de poderes de firma de actos individuales desde el nivel político al administrativo. Sin embargo, a fin de salvaguardar los logros en términos de despolitización de la Administración pública y de continuidad institucional, las autoridades se han comprometido a que las medidas adoptadas se apliquen sin demora y el proceso de selección de directores y jefes de división continúe ajustándose al marco jurídico vigente. Las autoridades también se han comprometido a reintroducir un proceso de selección abierto para los puestos de alta dirección en entidades jurídicas de Derecho público y privado a más tardar para mayo de 2020 y a adoptar medidas para crear estructuras organizativas permanentes en la Oficina de la Presidencia. Se ha completado una evaluación independiente del proceso de selección de los secretarios administrativos (compromiso específico para mediados de 2019).

La legislación de gran alcance sobre el funcionamiento de la Administración central, que fue la primera legislación importante que presentó el nuevo Gobierno, introdujo una serie de disposiciones clave para modernizar la Administración pública, incluido el refuerzo de la capacidad de coordinación centralizada del Gobierno. Habida cuenta de que la escasa coordinación ha sido una de las deficiencias persistentes de la Administración pública, el refuerzo del papel y los recursos de la Oficina de la Presidencia del Gobierno constituye una reforma importante. Además, esta importante ley de codificación consolida el papel del Consejo de Ministros y establece disposiciones específicas para la programación y el seguimiento anuales de las prioridades del Gobierno. La ley también incluye disposiciones para armonizar y reforzar el proceso legislativo en toda la Administración central, incluida la mejora del proceso de evaluación de impacto.

Las reformas adoptadas durante el período del programa, como el régimen de movilidad y la evaluación de resultados, siguen aplicándose con una buena participación general. Es importante para la credibilidad de la reforma del régimen de movilidad que se aceleren las transferencias. A este respecto, las autoridades se han comprometido a introducir, para finales de 2019, disposiciones legales que garanticen que el proceso de selección del régimen de movilidad vaya más rápido. Se trata de una iniciativa bien acogida, ya que reforzaría la credibilidad de este régimen entre las entidades de la Administración pública.

La nueva Administración también ha tomado medidas para aplicar otras reformas en curso en este ámbito, como la estrategia de gestión de recursos humanos y la codificación jurídica, y para introducir mejoras específicas, demostrando con ello su compromiso con la reforma. El ciclo de movilidad iniciado en agosto de 2018 está avanzando con pequeños retrasos, mientras que se han completado las evaluaciones de resultados de 2018 (ambos son compromisos específicos para mediados de 2019). La nueva Administración se ha comprometido con una hoja de ruta para completar la estrategia de gestión de recursos humanos de aquí a 2023. Además, cada titular de un puesto de trabajo estará vinculado a una descripción específica del puesto o a un cargo específico para finales de 2019. Las entidades de la Administración pública incumplidoras no podrán solicitar nuevas contrataciones. En lo que se refiere a la codificación jurídica, es importante que la revisión en curso del portal nacional de codificación se complete con rapidez a fin de garantizar el inicio oportuno del procedimiento de licitación.

La contratación de personal permanente se mantiene dentro del objetivo correspondiente establecido por las autoridades en su presupuesto y la estrategia presupuestaria a medio plazo, y las autoridades están tomando medidas para recuperar el control de la contratación del personal temporal. Cuando se publicó el anterior informe de supervisión reforzada (cuyos datos abarcaban hasta febrero de 2019), se estimó que el valor de referencia de contratación de personal temporal (es decir, la media anual del personal temporal en 2016) se había superado en 1 500 personas, mientras que la estimación actual supera el valor de referencia en 5 200 personas (datos hasta septiembre de 2019). Una reciente enmienda eliminó algunas excepciones importantes de las normas de contratación estándar de personal temporal, lo que debería aumentar el control sobre la contratación por parte del Ministerio del Interior y, es de esperar, dar lugar a una reducción gradual del personal temporal.

Algunas disposiciones salariales recientes suscitan cierta inquietud en relación con la integridad de la tabla salarial unificada. Estas disposiciones salariales colocan a grupos específicos de personal de algunos servicios prioritarios en el grado de remuneración más elevado y amplían asimismo el alcance de la asignación de «diferencia personal». Las autoridades se han comprometido a reforzar y centralizar el control de la reforma de la tabla salarial unificada y los procedimientos de contratación mediante la creación de un grupo de trabajo interministerial con el mandato de presentar medidas específicas para finales de 2019, que se aplicarán a más tardar en enero de 2020.

El Gobierno ha adoptado legislación para promover la digitalización de los trámites públicos, y el nuevo Ministerio de Gobernanza Digital asume un papel de liderazgo. El Ministerio está encargado de crear una administración pública digital mediante la realización de una serie de importantes proyectos informáticos. Entre los proyectos que deben perseguirse a corto plazo se incluyen el desarrollo de una identidad digital única para la autenticación de todas las transacciones con el Estado, la simplificación de procedimientos administrativos específicos para los ciudadanos y las empresas, y la creación de una plataforma unificada (gov.gr) para agrupar la información y los servicios electrónicos ofrecidos por el Estado. A medio y largo plazo, el Ministerio pretende seguir desarrollando la infraestructura para las redes 5G y promover la interoperabilidad de los sistemas y registros públicos. Las autoridades también están revisando la actual estrategia digital nacional que establece el marco para la transformación digital de la Administración pública y de la economía en su conjunto.

La nueva Administración se ha comprometido a seguir adelante con la tercera fase de la reforma de la Autoridad Única de Pago, que ha sufrido retrasos significativos. La tercera fase creará un sistema de información integrado y ampliará el mandato de la autoridad para incluir tareas de compensación, mejorando así la gestión de las finanzas públicas. Esto requerirá una serie de acciones, incluidas enmiendas legislativas, un proyecto informático que se pondrá en marcha en enero de 2020 y la creación de un grupo de trabajo conjunto para revisar los actuales procesos de compensación.

Los avances en la aplicación de los compromisos en el ámbito de la justicia han sido desiguales. La legislación sobre la cumplimentación y el tratamiento electrónicos obligatorios de los documentos jurídicos en las jurisdicciones administrativas se adoptó en octubre de 2019, pero solo surtirá efecto a partir de enero de 2021, un año después de lo previsto en este compromiso específico para finales de 2019. Al mismo tiempo, está avanzando la ejecución de la segunda fase del Sistema Integrado de Gestión de Asuntos Judiciales, un compromiso para mediados de 2020. El procedimiento de licitación (compromiso específico para mediados de 2019), que había sufrido retrasos, se completó en noviembre de 2019, y la publicación de la licitación está prevista para diciembre de 2019, una vez concluidos los procedimientos administrativos en curso en el Ministerio de Gobernanza Digital. El objetivo clave de la reforma es mejorar la calidad y la eficiencia del sistema judicial a través de un entorno informático uniforme.

El marco de mediación obligatoria, que se había aplazado dos veces, pronto será efectivo. Las enmiendas garantizan la conformidad del marco de mediación con la Constitución griega y el Derecho de la UE, reducen las categorías de litigios sujetos a la mediación obligatoria y el coste mínimo de la mediación, y modifican una serie de aspectos técnicos y de procedimiento del marco.

Se está procediendo a la aplicación del plan de acción nacional de lucha contra la corrupción. Las autoridades dan por finalizada la mayor parte de las más de 100 acciones, y el resto se ha puesto en marcha. La aplicación sostenida será fundamental. En agosto de 2019, la aplicación del plan, que es un compromiso específico para mediados de 2021, pasó a formar parte del mandato de la nueva Autoridad Nacional de Transparencia, de carácter independiente, que estará plenamente operativa en 2020. Esta agencia reúne una serie de funciones previamente ejecutadas por diferentes órganos y contará con una mayor capacidad institucional para luchar contra la corrupción.

Las enmiendas legislativas adoptadas en junio de 2019, que modifican la calificación de corrupción activa, reduciéndola de delito a falta, son motivo de preocupación. Las enmiendas pertinentes del Código Penal y los Códigos de Procedimiento Penal suscitaron críticas del Grupo de Estados contra la Corrupción y del Grupo de lucha contra el cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los proyectos de posición publicados para consulta pública en octubre de 2019 no eliminan plenamente las reservas mencionadas. Los resultados de una misión conjunta prevista por el Grupo de Estados contra la Corrupción y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos podrían proporcionar orientaciones útiles a las autoridades sobre otras medidas adecuadas, incluidas enmiendas jurídicas.

La Comisión ha seguido vigilando la evolución de los litigios entablados contra los miembros del Comité de Expertos del TAIPED y contra el antiguo presidente y el personal directivo del Instituto de Estadística Griego. El litigio contra el antiguo presidente del Instituto de Estadística Griego, A. Georgiou, relativo a acusaciones presentadas por cuestiones relacionadas con las estadísticas presupuestarias, ha sido desestimado de manera definitiva. Está previsto que la apelación presentada por el Sr. Georgiou en un proceso civil por difamación se sustancie en mayo de 2020. Por lo que respecta al litigio contra el Comité de Expertos, se ha producido un nuevo avance positivo desde el último informe de supervisión reforzada: dado que no se ha interpuesto recurso contra la sentencia de la Sala del Tribunal de Apelación de Atenas, la desestimación de los cargos contra el Comité de Expertos es irrevocablemente firme.

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROGRESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE REFORMA

La nueva Administración no ha tardado en emprender su labor y ha confirmado, inmediatamente después de asumir sus funciones, su intención de mantenerse en la senda de la reforma acordada en el marco de la supervisión reforzada. El Gobierno ha establecido, con una actitud positiva y constructiva, un cauce de diálogo con las instituciones europeas, y existe un alto grado de apertura y disposición al compromiso extendido a todos los niveles. El Gobierno ha tomado importantes medidas para mejorar la coordinación de las políticas económicas, que será fundamental para garantizar el oportuno respeto de los compromisos específicos de Grecia.

Las reformas emblemáticas adoptadas hasta ahora por la nueva Administración y su discurso general favorable al crecimiento han sido bien recibidos por los mercados. El rendimiento de los bonos griegos ha descendido a mínimos históricos (con letras a tres meses a tipos negativos) por encima de la evolución generalmente favorable de los mercados europeos de bonos soberanos, los controles de capitales se han suprimido progresivamente antes de lo previsto y el clima económico está en los niveles anteriores a la crisis. La recuperación económica en curso continúa reduciendo la elevada tasa de desempleo y se prevé que el crecimiento se consolide en 2020 al hilo de los recortes de impuestos sobre el trabajo y el capital anunciados. La mejora de las perspectivas económicas ha empezado a dejarse sentir en las calificaciones de los bonos soberanos de Grecia, y será fundamental que la nueva Administración siga centrada, ya que estará en el visor de los inversores durante bastante tiempo, en un contexto de debilitamiento económico entre los socios comerciales de Grecia.

El Gobierno ha presentado un proyecto de plan presupuestario que se ajusta a los objetivos presupuestarios acordados, respeta todas las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y anuncia una importante reforma fiscal para 2020. La nueva Administración compensó el impacto presupuestario de las medidas adoptadas en mayo de 2019 revisando los límites máximos de gasto a la baja, a niveles más realistas, mientras que los ingresos impositivos adicionales proporcionaron un margen adicional. Además, el Gobierno ha diseñado para 2020 un paquete de medidas favorables al crecimiento que, por un lado, reduce el peso de los impuestos sobre el capital y la mano de obra y aumenta el de otros tributos menos distorsionadores (como el impuesto sobre el valor añadido o el que grava los bienes inmuebles), y, por otro, aumenta el gasto social en las familias con hijos. El paquete de medidas se aplicará de una manera que no afecte al balance y mejorará la calidad de las finanzas públicas e impulsará el crecimiento en 2020. Las instituciones europeas prevén que los objetivos acordados de superávit primario del 3,5 % del PIB se superarán en 2019 y se cumplirán en 2020, lo que equivale a un superávit de la Administración pública del 1,3 % del PIB en 2019 y del 1,0 % del PIB en 2020.

Si bien se han emprendido reformas importantes, será fundamental mantener el impulso para que los numerosos y ambiciosos planes de acción en curso resulten fructíferos. Los ámbitos clave de la privatización, el entorno empresarial y la gobernanza digital han experimentado un impulso positivo, y nuevas iniciativas se han adoptado para garantizar un marco de negociación colectiva eficaz o se están desarrollando para reforzar el sector bancario. En este contexto, las autoridades han ido más allá de los compromisos específicos asumidos ante el Eurogrupo. Están avanzando importantes reformas en los ámbitos del uso del terreno y del impuesto sobre bienes inmuebles, así como en la administración tributaria. Las autoridades han desarrollado planes de reforma sólidos para corregir los retrasos heredados, que habían afectado a una serie de compromisos contraídos con los socios europeos, especialmente en lo que se refiere a la liquidación de atrasos, la reforma de la Administración pública y las reformas del mercado de la energía. En su caso, estos planes incluyen medidas alternativas o complementarias de mérito equivalente a los compromisos asumidos ante el Eurogrupo. Las autoridades están poniéndose al día con las reformas del sector financiero, pero los planes deberán consolidarse en la etapa que ahora comienza. La aplicación continuada de estas reformas será objeto de un estrecho seguimiento en los sucesivos informes de supervisión reforzada, a fin de garantizar que los compromisos específicos contraídos con el Eurogrupo en junio de 2018 sigan siendo efectivos.

Grecia ha tomado las medidas necesarias para cumplir sus compromisos específicos de reforma para mediados de 2019. Serán esenciales nuevas medidas para completar y, en su caso, acelerar las reformas. Esta evaluación tiene en cuenta los esfuerzos de la nueva Administración durante los últimos meses para poner en práctica los compromisos, en el contexto del fomento de un programa de reformas más amplio, y su voluntad de prepararlas en estrecha cooperación con las instituciones.

FINANCIACIÓN SOBERANA

Alentada por la marcada reducción del rendimiento de los bonos, Grecia siguió desarrollando su presencia en el mercado de deuda pública mediante la emisión de bonos en julio y la reapertura de los registros de una emisión anterior en octubre. La Agencia de Gestión de la Deuda Pública tanteó el mercado por tercera vez este año en julio volviendo a ofrecer un bono a 7 años con un rendimiento del 1,9 %. En octubre se alcanzó otro récord de rendimiento mínimo con una emisión de bonos a 10 años al 1,5 %. Los diferenciales de rendimiento entre las emisiones de Grecia y los valores de renta fija alemanes siguieron reduciéndose, hasta los 1,9 puntos porcentuales para las emisiones a 10 años en septiembre de 2019, frente a los 3,5 puntos porcentuales de hace un año. La mejora de la situación de financiación ha empezado a reflejarse en las calificaciones de la deuda soberana de Grecia. La cuenta de colchón de efectivo no se utilizó en el período de referencia. Las reservas de tesorería estatales, que incluyen esa cuenta de colchón de efectivo de 15 700 millones EUR y otras reservas, se mantenían elevadas, en torno a los 20 300 millones EUR, a finales de septiembre de 2019. Las reservas disponibles son suficientes para cubrir las necesidades de financiación soberana durante más de dos años.

El reembolso anticipado parcial de los préstamos concedidos por el Fondo Monetario Internacional, que se espera que tenga lugar para finales de noviembre, es un paso bienvenido y una señal positiva importante. Una vez concluidos los procedimientos nacionales, los órganos de gobierno del Mecanismo Europeo de Estabilidad y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera renunciaron a su derecho a un reembolso proporcional el 28 de octubre. La operación se financiará con fondos ya recaudados este año y se espera que tenga un impacto positivo pero limitado en la sostenibilidad de la deuda, ya que la mayoría de los importes adeudados tendrían que pagarse a más tardar a finales de 2020. No obstante, se trata de un paso positivo, ya que ayuda a reducir el riesgo de tipo de cambio, genera ahorros y envía la señal adecuada a los mercados.

Se ha realizado una actualización del análisis de sostenibilidad de la deuda. Según el escenario de referencia, la deuda continúa su trayectoria descendente, aunque permanecerá por encima del 100 % del PIB hasta 2041. Las necesidades brutas de financiación de Grecia oscilarán en torno al 10 % del PIB hasta 2032 y permanecerán cerca del 14 % del PIB al final del periodo de previsión.

(1) ()    Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

(2) ()    Decisión de Ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativa a la activación de una supervisión reforzada para Grecia (DO L 211 de 22.8.2018, p. 1), Decisión de Ejecución (UE) 2019/338 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, relativa a la prórroga de la supervisión reforzada de Grecia (DO L 60 de 20.2.2019, p. 17), Decisión de Ejecución (UE) 2019/1287 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, relativa a la prórroga de la supervisión reforzada para Grecia (DO L 202 de 31.7.2019, p. 110).

(3) ()     https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf .

(4) ()    El personal del BCE participó en la misión de revisión de conformidad con las competencias del BCE y, por lo tanto, aportó su experiencia sobre las políticas del sector financiero y cuestiones esenciales desde el punto de vista macroeconómico, como los objetivos presupuestarios globales y las necesidades en materia de financiación y sostenibilidad. La misión de revisión fue precedida por una misión técnica del 16 al 20 de septiembre.