(-1 ter)

El contexto geopolítico de la Unión se ha modificado drásticamente en la última década. La situación en las regiones vecinas de Europa es inestable y la Unión se encuentra ante un entorno complejo y problemático en el que la aparición de nuevas amenazas, como los ataques híbridos y los ciberataques, viene acompañada del resurgir de desafíos más convencionales. Frente a este contexto, los ciudadanos europeos y sus dirigentes políticos comparten la idea de que es necesario un esfuerzo colectivo mayor en el ámbito de la defensa.

(-1 quater)

El sector de la defensa se caracteriza por los costes cada vez mayores de los equipos de defensa y por los elevados costes de investigación y desarrollo (I+D) que limitan la puesta en marcha de nuevos programas de defensa y repercuten directamente en la competitividad y la capacidad de innovación de la base industrial y tecnológica de la defensa europea. Habida cuenta de esta escalada de los costes, debe apoyarse a nivel de la Unión el desarrollo de una nueva generación de importantes sistemas de defensa y de nuevas tecnologías de defensa, a fin de aumentar la cooperación entre los Estados miembros a la hora de invertir en equipos de defensa.

(1)

En el Plan de Acción Europeo de Defensa, adoptado el 30 de noviembre de 2016, la Comisión se comprometió a complementar, favorecer y consolidar los esfuerzos de colaboración emprendidos por los Estados miembros para desarrollar capacidades tecnológicas e industriales en el ámbito de la defensa que respondan a los retos en materia de seguridad, así como a fomentar una industria europea de la defensa competitiva, innovadora y eficiente en toda la Unión y fuera de ella, apoyando de este modo la creación de un mercado de defensa más integrado en Europa y promoviendo la adquisición de productos y tecnología de defensa europeos en el mercado interior, lo que reforzaría la independencia frente a fuentes de terceros países . Propuso, en particular, poner en marcha un Fondo Europeo de Defensa («el Fondo») para apoyar las inversiones en la investigación y el desarrollo conjuntos de productos y tecnologías de defensa, fomentando así las sinergias y la rentabilidad, y para promover que los Estados miembros compartan los gastos de adquisición y mantenimiento de los equipos de defensa. Este Fondo complementaría la financiación nacional ya utilizada a estos efectos y serviría de incentivo para que los Estados miembros cooperen e inviertan más en defensa. El Fondo apoyaría la cooperación durante todo el ciclo de desarrollo de los productos y las tecnologías de defensa.

(2)

El Fondo contribuiría al establecimiento de una base industrial y tecnológica de la defensa europea fuerte, competitiva e innovadora, e iría de la mano de las iniciativas de la Unión en pos de una mayor integración del mercado europeo de la defensa y, en particular, de las dos Directivas (2) sobre contratación pública y transferencias de la UE en el sector de la defensa adoptadas en 2009.

(3)

Siguiendo un enfoque integrado y con el fin de contribuir al aumento de la competitividad y de la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión, debe establecerse el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo debe tener como objetivo mejorar la competitividad, wla innovación, la eficiencia y la autonomía tecnológica de la industria de la defensa de la Unión, contribuyendo de esta forma a la autonomía estratégica de la Unión mediante su apoyo a la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y a la cooperación entre las empresas, los centros de investigación, las administraciones nacionales, las organizaciones internacionales y las universidades en toda la Unión , tanto en la fase de investigación como en la fase de desarrollo de los productos y tecnologías de defensa. Para lograr soluciones más innovadoras y un mercado interior abierto, el Fondo debe respaldar y facilitar el incremento de la cooperación transfronteriza de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas de mediana capitalización que trabajan en el ámbito de la defensa.

Dentro de la Unión, las carencias en materia de investigación y capacidades de defensa comunes se determinan en el marco de la política común de seguridad y defensa ▌, en particular mediante ▌el Plan de Desarrollo de Capacidades , mientras que el Programa Estratégico General de Investigación determina también objetivos comunes de investigación en materia de defensa . Otros procedimientos de la Unión, como la revisión anual coordinada sobre defensa y la Cooperación Estructurada Permanente, respaldarán la ejecución de las prioridades pertinentes, detectando y aprovechando las posibilidades de mejorar la cooperación con vistas a colmar el nivel de ambición de la Unión en materia de seguridad y defensa. Cuando se considere adecuado, deben tenerse en cuenta las prioridades regionales e internacionales, incluidas las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si están en consonancia con las prioridades de la Unión y no impiden que un Estado miembro o un país asociado participe, teniendo en cuenta asimismo la obligación de evitar duplicaciones innecesarias.

(4)

La fase de investigación es ▌crucial, ya que condiciona la capacidad ▌y la autonomía de la industria europea para desarrollar productos, así como la independencia de los Estados miembros como usuarios finales de la defensa. La fase de investigación vinculada al desarrollo de las capacidades de defensa puede conllevar riesgos significativos, en particular, relacionados con el bajo nivel de madurez y el potencial de disrupción de las tecnologías. La fase de desarrollo, que suele seguir a la fase de investigación ▌, entraña también importantes riesgos y costes que entorpecen la posterior explotación de los resultados de la investigación e inciden negativamente en la competitividad y la innovación de la industria de defensa de la Unión. Así pues, el Fondo debe fomentar el vínculo entre las fases de investigación y desarrollo.

(5)

El Fondo no debe apoyar la investigación básica pura, que, a su vez, debe recibir el respaldo de otros instrumentos, pero puede cubrir la investigación fundamental orientada a la defensa que tenga visos de constituir la base de la solución a problemas o posibilidades reconocidos o esperados.

(6)

El Fondo podría apoyar acciones relativas tanto a nuevos productos y tecnologías como a la mejora de los existentes . Las acciones de mejora de productos y tecnologías de defensa existentes solo deben ser admisibles cuando la información ya existente necesaria para llevar a cabo la acción ▌no esté sujeta a  ninguna restricción por terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados que impida llevar a cabo la acción . Al solicitar la financiación de la Unión, las entidades jurídicas deben tener la obligación de facilitar la información pertinente para determinar la ausencia de restricciones. De no proporcionarse dicha información, no debe concederse la financiación de la Unión.

(6 bis)

El Fondo debe apoyar financieramente las acciones que propicien el desarrollo de tecnologías disruptivas para la defensa. Dado que las tecnologías disruptivas pueden basarse en conceptos o ideas procedentes de actores no convencionales en el ámbito de la defensa, el Fondo debe permitir flexibilidad suficiente a la hora de consultar a las partes interesadas y ejecutar las acciones.

(7)

Con el fin de garantizar que se respeten las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros en la ejecución del presente Reglamento, las acciones relativas a productos o tecnologías cuyo uso, desarrollo o producción estén prohibidos por el Derecho internacional no deben ser apoyadas financieramente por el Fondo. A este respecto, la admisibilidad de las acciones relacionadas con nuevos productos o tecnologías de defensa ▌también debe estar sujeta a la evolución del Derecho internacional. Tampoco deben poder optar al apoyo financiero del Fondo las acciones destinadas a desarrollar armas autónomas letales que no permitan un control humano significativo sobre las decisiones de selección e intervención cuando lleven a cabo ataques contra seres humanos, sin perjuicio de la posibilidad de financiar acciones para el desarrollo de sistemas de alerta rápida y contramedidas con fines defensivos.

(8)

La dificultad de llegar a un acuerdo sobre los requisitos consolidados de las capacidades de defensa y las especificaciones o normas técnicas comunes dificulta la colaboración transfronteriza entre Estados miembros y entre entidades jurídicas radicadas en diferentes Estados miembros. La ausencia de tales requisitos, especificaciones y normas ha llevado a una fragmentación cada vez mayor del sector de la defensa, a una gran complejidad técnica, a retrasos y costes desorbitados, a duplicaciones innecesarias, así como a una reducida interoperabilidad. El acuerdo sobre especificaciones técnicas comunes debe ser un requisito previo para las acciones que impliquen un nivel mayor de disposición tecnológica. También deben ser admisibles para optar al apoyo del Fondo , en particular cuando fomentan la interoperabilidad, las actividades ▌encaminadas a establecer requisitos comunes para las capacidades de defensa ▌, así como las actividades destinadas a ayudar a la creación de una definición común de las especificaciones o normas técnicas.

(9)

Puesto que el objetivo del Fondo es apoyar la competitividad , la eficiencia y la innovación de la industria de la defensa de la Unión favoreciendo y complementando las actividades colaborativas de investigación y tecnología en materia de defensa y reduciendo los riesgos de la fase de desarrollo de los proyectos de cooperación, las acciones relacionadas con la investigación y el desarrollo de un producto o una tecnología de defensa deben ser subvencionables. Lo mismo sucede con la mejora de los productos y tecnologías de defensa existentes, por ejemplo, en lo que respecta a su interoperabilidad.

(10)

Dado que el Fondo tiene especialmente por objeto aumentar la cooperación entre entidades jurídicas y Estados miembros de toda Europa, las acciones deben ser subvencionables cuando supongan la cooperación en el seno de un consorcio de al menos tres entidades jurídicas radicadas en, como mínimo, tres Estados miembros o países asociados diferentes. Al menos tres de estas entidades ▌admisibles, establecidas en al menos dos Estados miembros o países asociados diferentes, no deben estar bajo el control ▌directo o indirecto de la misma entidad, ni controlarse mutuamente. En este sentido, debe entenderse por «control» la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas. Teniendo en cuenta las particularidades de las tecnologías disruptivas para la defensa así como las de los estudios, estas actividades podrían llevarse a cabo por una sola entidad jurídica. Con el fin de impulsar la cooperación entre los Estados miembros, el Fondo también puede apoyar la contratación precomercial conjunta.

(11)

En virtud del [la referencia debe actualizarse según corresponda de acuerdo con una nueva Decisión sobre los PTU: artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo (3)], las entidades establecidas en los países y territorios de ultramar deben poder optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Fondo y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(12)

Puesto que el Fondo tiene por objeto aumentar la competitividad y la eficiencia ▌de la industria de la defensa de la Unión, solo las entidades establecidas en la Unión o en los países asociados y no controladas por terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados deben, en principio, ser admisibles. En este sentido, debe entenderse por «control» la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas. Además, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, las infraestructuras, las instalaciones, los activos y los recursos empleados por los beneficiarios y sus subcontratistas en las acciones apoyadas financieramente por el Fondo no deben estar situados en el territorio de terceros países no asociados y sus estructuras de dirección ejecutiva deben estar establecidas en la Unión o en un país asociado . Así pues, una entidad establecida en un tercer país no asociado o una entidad establecida en la Unión o en un país asociado cuya estructura de dirección ejecutiva se encuentre en un tercer país no asociado no puede optar a ser beneficiaria ni subcontratista participante en la acción. Con el fin de salvaguardar los intereses esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, esas condiciones de admisibilidad también deben aplicarse a la financiación proporcionada a través de la contratación, no obstante lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento Financiero.

(13)

En determinadas circunstancias ▌debe ser posible establecer una excepción al principio de que los beneficiarios y aquellos de sus subcontratistas que participan en una acción apoyada financieramente por el Fondo no estén sujetos a control por parte de terceros países no asociados ni entidades de terceros países no asociados. En este contexto , las entidades jurídicas establecidas en la Unión o en un país asociado que estén controladas por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado deben ser admisibles como beneficiarias o como subcontratistas que participan en una acción siempre que se cumplan condiciones ▌estrictas relativas a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros. La participación de tales entidades jurídicas no debe contravenir los objetivos del Fondo. Los solicitantes deben facilitar toda la información pertinente sobre la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos que vayan a utilizarse en la acción. A este respecto, también deben tenerse en cuenta los intereses de los Estados miembros en relación con la seguridad del suministro.

(13 -bis)

En el marco de las medidas restrictivas de la Unión, adoptadas al amparo del artículo 29 del TUE y del artículo 215, apartado 2, del TFUE, no se pueden poner, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos a disposición de personas, entidades u organismos designados o en beneficio de estos. Esas entidades designadas, así como las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, no pueden ser apoyadas financieramente por el Fondo.

(13 bis)

La financiación de la Unión debe concederse al término de una convocatoria de propuestas competitiva publicada con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo («Reglamento Financiero»)  (4) . No obstante, en determinadas circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, también puede concederse financiación de la Unión con arreglo al artículo 195, letra e), del Reglamento Financiero. Puesto que la concesión de financiación al amparo del artículo 195, letra e), del Reglamento Financiero constituye una excepción a la norma general de organizar convocatorias de propuestas competitivas, las citadas circunstancias excepcionales deben interpretarse de forma estricta. En este sentido, para que se pueda conceder una subvención sin una convocatoria de propuestas, la Comisión, asistida por el comité de Estados miembros (el «comité»), debe evaluar el grado en que la acción propuesta se ajusta a los objetivos del Fondo en lo que respecta a la colaboración y la competencia industriales transfronterizas en la totalidad de la cadena de suministro.

(14)

Si un consorcio desea participar en una acción admisible y la ayuda financiera de la Unión ha de tener forma de subvención, el consorcio deberá designar a uno de sus miembros como coordinador y este será el principal punto de contacto.

(15)

En caso de que una acción apoyada financieramente por el Fondo esté gestionada por un director de proyecto nombrado por los Estados miembros o los países asociados, la Comisión debe consultarle antes de ejecutar el pago a los beneficiarios , de forma que el director de proyecto pueda garantizar que los beneficiarios respeten los plazos. ▌El director de proyecto debe proporcionar observaciones a la Comisión sobre el progreso de la acción, de modo que esta pueda validar si se cumplen las condiciones para proceder al pago.

(15 bis)

La Comisión ejecutará el Fondo Europeo de Defensa en gestión directa, de manera que se maximice la eficacia y la eficiencia de su aplicación y se garantice la plena coherencia con otras iniciativas de la Unión. Por consiguiente, la Comisión debe seguir siendo responsable de los procedimientos de selección y adjudicación, también en lo relativo a las evaluaciones éticas. No obstante, en casos justificados, la Comisión puede confiar determinadas tareas de ejecución de acciones concretas apoyadas financieramente por el Fondo a los organismos contemplados en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero. Tal podría ser el caso de un director de proyecto que ha sido designado por los Estados miembros que cofinancian una acción, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento Financiero. De este modo se ayudaría a racionalizar la gestión de las acciones cofinanciadas y se garantizaría una buena coordinación del acuerdo de financiación con el contrato firmado entre el consorcio y el director del proyecto designado por los Estados miembros que cofinancian la acción.

(16)

Con el fin de garantizar que las acciones financiadas sean viables desde el punto de vista financiero, los solicitantes deben demostrar que los gastos de la acción no cubiertos por la financiación de la Unión están cubiertos por otros medios de financiación.

(17)

Los Estados miembros deben tener a su disposición diferentes tipos de acuerdo financiero para la adquisición y el desarrollo conjuntos de capacidades de defensa. ▌La Comisión podría proporcionar ▌diferentes tipos de acuerdo que los Estados miembros podrían utilizar de forma voluntaria para abordar los retos del desarrollo y adquisición colaborativos desde la perspectiva de la financiación. El uso de tales acuerdos de financiación podría fomentar en mayor medida el lanzamiento de proyectos de defensa colaborativos y transfronterizos, y aumentar la eficiencia del gasto en defensa, por ejemplo, en los proyectos apoyados por el Fondo ▌.

(18)

Debido a las particularidades de la industria de la defensa, en la que la demanda procede casi exclusivamente de los Estados miembros y los países asociados, que también acaparan la adquisición de productos y tecnologías relacionados con la defensa, incluidas las exportaciones, el funcionamiento del sector de la defensa es único y no sigue las normas y los modelos de negocio convencionales que rigen en mercados más tradicionales. La industria, por lo tanto, no puede emprender y autofinanciarse proyectos de investigación y desarrollo (I + D) esenciales, y los Estados miembros y los países asociados suelen sufragar la totalidad de los gastos de I + D. Para alcanzar los objetivos del Fondo, concretamente para incentivar la cooperación entre entidades jurídicas de distintos Estados miembros y países asociados, y teniendo en cuenta las particularidades del sector de la defensa, los costes subvencionables deben cubrirse en su totalidad en el caso de las acciones que tengan lugar antes de la fase de desarrollo del prototipo.

(19)

La fase de prototipo es una fase crucial en la que los Estados miembros o los países asociados suelen decidir sobre su inversión consolidada e iniciar el proceso de adquisición de sus futuros productos o tecnologías de defensa. Este es el motivo por el cual, en esta etapa concreta, los Estados miembros y los países asociados acuerdan los compromisos necesarios, como el reparto de los costes o la titularidad del proyecto. Para garantizar la credibilidad de su compromiso, la ayuda financiera de la Unión en el marco del Fondo no debe, por lo general, superar el 20 % de los costes subvencionables.

(20)

Para las acciones posteriores a la fase de prototipo, debe preverse hasta un 80 % de financiación. Estas acciones, que se encuentran más cerca de la finalización del producto o la tecnología, pueden suponer todavía costes muy importantes.

(21)

Las partes interesadas del sector de la defensa se enfrentan a costes indirectos concretos, tales como los costes de seguridad. Además, las partes interesadas trabajan en un mercado específico, en el que, sin que exista demanda por parte de los compradores, no pueden recuperar los costes de I + D , como sí sucede en el sector civil. Por lo tanto, está justificado conceder una financiación a tipo fijo del 25 %, así como la posibilidad ▌de cargar gastos indirectos calculados de conformidad con las prácticas contables habituales de los beneficiarios, en caso de que sus autoridades nacionales acepten dichas prácticas para actividades comparables en el sector de la defensa , de las que la Comisión haya sido informada. ▌

(21 bis)

Los proyectos con participación de pymes y empresas de mediana capitalización transfronterizas respaldan la apertura de las cadenas de suministro y contribuyen a los objetivos del Fondo. Por tanto, estas acciones deben poder optar a un mayor porcentaje de financiación que beneficie a todas las entidades participantes.

(22)

Con el fin de garantizar que las acciones financiadas contribuyan a la competitividad y a la eficiencia de la industria europea de la defensa, es importante que los Estados miembros tengan ▌la intención de adquirir conjuntamente el producto final o de utilizar en común la tecnología, en particular mediante contratación transfronteriza conjunta, lo que supone que los Estados miembros organicen conjuntamente sus procedimientos de contratación, en particular, con la utilización de una central de compras.

(22 bis)

Para garantizar que las acciones apoyadas financieramente por el Fondo contribuyan a la competitividad y a la eficiencia de la industria europea de la defensa, dichas acciones deben estar orientadas al mercado, basarse en la demanda y ser viables desde el punto de vista comercial a medio y largo plazo. Por tanto, los criterios de admisibilidad para las acciones de desarrollo deben tener en cuenta el hecho de que los Estados miembros se propongan, también mediante un memorando de entendimiento o una carta de intenciones, adquirir el producto de defensa final o utilizar la tecnología de forma coordinada. Los criterios de adjudicación para las acciones de desarrollo deben tener en cuenta asimismo el hecho de que los Estados miembros se comprometan, política o jurídicamente, a utilizar, poseer o mantener conjuntamente el producto o la tecnología de defensa final.

(23)

La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria de la defensa de la Unión debe llevarse a cabo de manera coherente con sus intereses de seguridad y defensa. En consecuencia, la contribución de la acción a dichos intereses y a las prioridades en cuanto a investigación y capacidades de defensa comúnmente acordadas por los Estados miembros debe servir como criterio de adjudicación. ▌

(24)

Las acciones admisibles desarrolladas en el contexto de la Cooperación Estructurada Permanente ▌en el marco institucional de la Unión deben garantizar una mayor cooperación entre entidades jurídicas de los diferentes Estados miembros de forma continuada y, por lo tanto, contribuir directamente a los objetivos del Fondo. De ser seleccionados, tales proyectos deben, pues, poder optar a un porcentaje de financiación mayor.

(25)

La Comisión tendrá en cuenta las demás actividades financiadas en el contexto del Programa Marco Horizonte Europa, con el fin de evitar duplicaciones innecesarias y garantizar el intercambio de ideas y las sinergias entre la investigación civil y la militar.

(26)

La ciberseguridad y la ciberdefensa son desafíos cada vez más importantes, y la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad reconocieron la necesidad de establecer sinergias entre las acciones en materia de ciberdefensa dentro del ámbito de aplicación del Fondo y las iniciativas de la Unión en el terreno de la ciberseguridad, tales como las anunciadas en la Comunicación conjunta en materia de ciberseguridad. En particular, el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad que está previsto crear debería buscar sinergias entre las dimensiones civil y de defensa de la ciberseguridad, y podría ayudar activamente a los Estados miembros y demás partes interesadas ofreciendo asesoramiento, compartiendo los conocimientos técnicos y facilitando la colaboración en lo que respecta a los proyectos y las acciones, así como a petición de los Estados miembros que actúen como directores de proyecto en relación con el Fondo ▌.

(27)

Debe garantizarse un enfoque integrado, reuniendo las actividades cubiertas por la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa, puesta en marcha por la Comisión en el sentido del artículo 58, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, establecido por el Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), con el fin de armonizar las condiciones de participación, crear un conjunto de instrumentos más coherente y aumentar la repercusión en términos económicos y de innovación y colaboración, todo ello evitando duplicaciones y fragmentaciones innecesarias. Con este enfoque integrado, el Fondo contribuiría también a mejorar la explotación de los resultados de la investigación en materia de defensa, salvando la distancia entre las fases de investigación y ▌desarrollo al tener en cuenta las particularidades del sector de la defensa, y promoviendo todas las formas de innovación, incluida la innovación disruptiva ▌. También cabe esperar, en su caso, efectos indirectos positivos en el ámbito civil.

(28)

Cuando sea pertinente a la vista de las particularidades de la acción, los objetivos del ▌Fondo deben abordarse también a través de instrumentos financieros y garantías presupuestarias de InvestEU.

(29)

La ayuda financiera debe utilizarse para subsanar los fallos de mercado o las situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y las acciones no deben duplicar o desplazar la financiación privada o distorsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben presentar ▌un claro valor añadido para la Unión .

(30)

Los tipos de financiación, así como los métodos de ejecución del Fondo , deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento previsto. A este respecto debe tomarse también en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como una financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo ▌125, apartado 1 ▌, del Reglamento Financiero.

(31)

La Comisión debe establecer programas de trabajo anuales ▌de conformidad con los objetivos del Fondo , y teniendo en cuenta la experiencia inicial adquirida con el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa . En el establecimiento de tales programas de trabajo, debe asistirla el comité ▌. La Comisión debe tratar de hallar soluciones que recaben el apoyo más amplio posible en el comité. En este contexto, el comité puede reunirse en la formación de expertos nacionales en defensa y seguridad para proporcionar a la Comisión asistencia específica y, en particular, para asesorarla en relación con la protección de la información clasificada en el marco de las acciones. Corresponde a los Estados miembros designar a sus representantes respectivos en dicho comité. Los miembros del comité deben tener la posibilidad efectiva de examinar en una fase temprana los proyectos de actos de ejecución y de manifestar su opinión.

(31 bis)

Las categorías de los programas de trabajo deben contener requisitos funcionales de modo que la industria tenga una idea clara de las funciones y tareas que deberán cumplir las capacidades que se desarrollen. Tales requisitos deben indicar claramente los resultados esperados, pero no deben apuntar a soluciones o entidades concretas ni impedir la competencia en las convocatorias de propuestas.

(31 ter)

Durante la elaboración de los programas de trabajo, la Comisión también debe garantizar, mediante las consultas oportunas con el comité, que se evite la duplicación innecesaria de las acciones de investigación o desarrollo propuestas. En este contexto, la Comisión puede realizar una evaluación previa de todos los posibles casos de duplicación con capacidades existentes o proyectos de investigación o desarrollo ya financiados en el marco de la Unión.

(31 ter ter)

La Comisión debe velar por la coherencia de los programas de trabajo durante todo el ciclo industrial de los productos y tecnologías de defensa.

(31 ter quater)

Los programas de trabajo deben garantizar asimismo que una proporción plausible del presupuesto general beneficie a acciones que permitan la participación transfronteriza de las pymes.

(31 quater)

Para aprovechar sus conocimientos especializados en el sector de la defensa, se concederá a la Agencia Europea de Defensa el estatuto de observador en el comité. Dadas las particularidades del sector de la defensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior también debe colaborar con el comité.

(32)

Al objeto de garantizar la uniformidad de las condiciones de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción del programa de trabajo, así como para la concesión de la financiación a las acciones de desarrollo seleccionadas. En particular, al ejecutar acciones de desarrollo, deben tenerse en cuenta las particularidades del sector de la defensa, especialmente la responsabilidad de los Estados miembros o los países asociados por lo que respecta al procedimiento de planificación y adquisición. Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o ▌182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ▌ (6).

(32 bis)

Tras evaluar las propuestas con la ayuda de expertos independientes, cuyas credenciales en materia de seguridad deben haber validado los Estados miembros correspondientes, la Comisión debe seleccionar las acciones que serán apoyadas financieramente por el Fondo. La Comisión debe crear una base de datos de expertos independientes que no debe hacerse pública. Los expertos independientes deben nombrarse en función de sus capacidades, experiencia y conocimientos, teniendo en cuenta las tareas que les serán asignadas. En la medida de lo posible, al nombrar a los expertos independientes, la Comisión debe adoptar las medidas oportunas para lograr una composición equilibrada dentro de los grupos de expertos y los grupos de evaluación en lo relativo a la diversidad de competencias, la experiencia, los conocimientos, la procedencia geográfica y el género, teniendo en cuenta la situación en el ámbito de la acción. Asimismo, se debe aspirar a una rotación adecuada de los expertos y a un buen equilibrio entre los sectores público y privado. Los Estados miembros deben recibir información sobre los resultados de la evaluación, que ha de incluir una clasificación de las acciones seleccionadas, y sobre el progreso de las acciones financiadas. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción y la ejecución del programa de trabajo, así como para la adopción de las decisiones de adjudicación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(32 ter)

Los expertos independientes no deben evaluar, asesorar o asistir cuando se trate de cuestiones en las que tengan algún conflicto de intereses, especialmente en atención al puesto que estén ocupando. En particular, no deben estar en situación de poder usar la información recibida en detrimento del consorcio al que evalúen.

(32 ter ter)

Cuando propongan nuevos productos o tecnologías de defensa o la mejora de los existentes, los solicitantes deben comprometerse a cumplir principios éticos como los relativos al bienestar de los seres humanos y a la protección del genoma humano, recogidos también en la legislación nacional, de la Unión e internacional pertinente, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en su caso, sus protocolos. La Comisión debe velar por que las propuestas se examinen sistemáticamente para detectar las acciones que planteen problemas éticos graves y someterlas a una evaluación ética.

(33)

A fin de apoyar un mercado interior abierto, debe alentarse la participación de pymes y empresas de mediana capitalización transfronterizas, ▌como miembros de consorcios, subcontratistas o entidades de la cadena de suministro .

(34)

La Comisión debe procurar mantener un diálogo con los Estados miembros y la industria a fin de garantizar el éxito del Fondo. A este respecto también debe recabarse la participación del Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador y de parte interesada de primer orden.

(35)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Fondo Europeo de Defensa, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del [nuevo acuerdo interinstitucional] entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (7). La Comisión debe garantizar la mayor sencillez posible en los procedimientos administrativos y que estos ocasionen unos gastos adicionales mínimos.

(36)

El Reglamento Financiero es aplicable al presente Fondo, salvo que se especifique lo contrario. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ayuda financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(37)

Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) . Establecidas en el Reglamento Financiero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(38)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95 del Consejo (9), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (10) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (11), los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades , incluido el fraude , la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir ▌ infracciones contra los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea con respecto a los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(39)

Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo EEE, que prevé la ejecución de los programas mediante una decisión en virtud del Acuerdo. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica para conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus respectivas competencias de manera exhaustiva.

(40)

De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar este Reglamento sobre la base de la información recabada mediante requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados miembros, una regulación y unas cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, dichos requisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos del Reglamento en la práctica. La Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia, a más tardar, cuatro años después del inicio de la ejecución del Fondo , en particular para presentar las propuestas de modificación del presente Reglamento que procedan, y una evaluación final cuando termine el período de ejecución, examinando las actividades financieras en función de su ejecución y, en la medida de lo posible en ese momento, de sus resultados y su repercusión. En este contexto, el informe de evaluación final también debe contribuir a determinar los ámbitos en que la Unión depende de terceros países para el desarrollo de productos y tecnologías de defensa. Este informe final debe analizar asimismo la participación transfronteriza de las pymes y las empresas de mediana capitalización en los proyectos apoyados financieramente por el Fondo, así como la participación de las pymes y las empresas de mediana capitalización en la cadena de valor mundial y la contribución del Fondo a la subsanación de las deficiencias detectadas en el Plan de Desarrollo de Capacidades, y ha de incluir información sobre el origen de los beneficiarios, el número de Estados miembros y estados asociados que participan en acciones individuales y el reparto de los derechos de propiedad intelectual e industrial generados . La Comisión podrá también proponer modificaciones al presente Reglamento para responder a las posibles novedades acaecidas durante la ejecución del Fondo.

(40 bis)

La Comisión debe realizar un seguimiento periódico de la ejecución del Fondo e informar con carácter anual de los progresos logrados, en particular de la forma en que las enseñanzas extraídas y asimiladas del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa se tienen en cuenta en la ejecución del Fondo. A tal fin, la Comisión debe establecer las modalidades de seguimiento necesarias. Ese informe debe ser presentado al Parlamento Europeo y al Consejo, y no debe contener información sensible.

(41)

Al hacerse eco de la importancia de abordar el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Fondo contribuirá a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión, así como a alcanzar el objetivo global de que el 25 % del gasto del presupuesto de la UE contribuya a los objetivos climáticos. Se definirán las acciones pertinentes del Fondo durante su preparación y ejecución, que se revisarán en el contexto de su evaluación intermedia.

(42)

Dado que el Fondo apoya únicamente las fases de investigación y desarrollo de productos y tecnologías de defensa, en principio, la Unión no debería poseer la titularidad ni los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI) de los productos o las tecnologías resultantes de las acciones financiadas, a no ser que la ayuda de la Unión se preste a través de la contratación pública. No obstante, para las acciones de investigación, los Estados miembros y los países asociados interesados deben tener la posibilidad de utilizar los resultados de las acciones financiadas y participar en el desarrollo cooperativo subsiguiente ▌.

(43)

La ayuda financiera de la Unión no debe afectar a la transferencia de productos relacionados con la defensa dentro de la Unión, de conformidad con la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), ni a la exportación de productos, equipos o tecnologías. La exportación de equipos y tecnologías militares por parte de los Estados miembros se rige por la Posición Común 944/2008/PESC.

(44)

El uso de información de referencia sensible , como datos, conocimientos técnicos o información, generada antes o al margen de la actividad del Fondo, o el acceso de personas no autorizadas a los resultados ▌generados en relación con acciones apoyadas financieramente por el Fondo puede tener efectos adversos en los intereses de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros. Por lo tanto, el tratamiento de ▌la información sensible debe regirse por el Derecho nacional y de la Unión aplicable ▌.

(44 bis)

A fin de garantizar la seguridad de la información clasificada al nivel requerido, deben cumplirse las normas mínimas de seguridad industrial cuando se firmen acuerdos clasificados de dotación de fondos o de financiación. Con ese objetivo, y de conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, la Comisión debe transmitir, con fines de asesoramiento, las instrucciones de seguridad del programa, incluida la guía de clasificación de seguridad, a los expertos designados por los Estados miembros.

(45)

A fin de poder complementar o modificar los indicadores de las vías de impacto cuando se considere necesario, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(46)

La Comisión debe gestionar el Fondo teniendo debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad y de seguridad, en particular, por lo que respecta a la información clasificada y la información sensible.